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Okupación y principio de legalidad (derecho constitucional a la propiedad y derecho a disfrutar de vivienda digna)

La C. E. en su artículo 9 garantiza el principio de legalidad, así dice:

1. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.

3. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

Así mismo, la Constitución establece y consagra los derechos fundamentales y las libertades públicas, diciendo en su artículo 24:

1. Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión.

2. Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia.

A su vez, cuando señala los derechos y deberes de los ciudadanos, consagra el derecho de propiedad en su artículo 33, diciendo:

1. Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia.

2. La función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes.

3. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes.

Por otro lado, la C. E. cuando se refiere a los principios rectores de la política social y económica, en su art. 47 dice:

Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.

El mandato constitucional es claro e indiscutible, es decir, no es posible ignorar lo que dice nuestra Carta Magna, cualesquiera, que sean las circunstancias sociales, económicas y/o sanitarias. Aquí no hay posibilidad de interpretaciones divergentes, aunque lo dicho no significa unanimidad, pero, por encima de todo, el principio de legalidad es algo ineludible e irrenunciables para todos los españoles y todos sus poderes públicos, ya que, sin aplicación efectiva y real de la Ley no puede existir el Estado de Derecho.

El hecho ilegal y violento de “la okupación” se viene produciendo en España desde hace años, aunque ahora está alcanzando proporciones preocupantes y en crecimiento continuo exponencial, de forma, qué ante la inacción casi completa de los poderes públicos, que simplemente no cumplen la Ley como están obligados, se están produciendo un fenómeno social peligroso e imparable, y, me refiero a la proliferación de “patrullas vecinales y de empresas desokupadoras”, que se quiera o no bordean los límites de la ley y pueden llegar a situaciones muy conflictivas.

Estimo, que no es necesario cambiar la ley vigente, sino que sea eficaz y rápida en su cumplimiento y aplicación por todos los poderes públicos, cada uno sin hacer dejación de sus obligaciones legales, pues la situación contra ley en todos los sentidos está poniendo en peligro nuestro Estado de Derecho.

El Estado de Derecho en España, como en cualquier otro País democrático donde prime como valor real la aplicación de la Ley, no puede descansar en la pretendida defensa de la misma por la sociedad civil en asuntos fundamentales garantizados por la C. E., ya que la inacción y dejadez imperdonable de los poderes públicos solo llevará a situaciones peligrosas y conflictivas, donde “la fuerza” fuera o al borde de la ley, aparezca como la única solución eficaz frente a un problema social, que solo corresponde controlar y hacer que deje de existir a los poderes democráticos de cualquier nación bajo el imperio de una ley eficaz y verdadera, lo demás, serán simple excusas de poderes incompetentes, negligentes y/o incursos en comportamientos maliciosos y dolosos.

En resumen, simplemente, reclamo la aplicación de la ley, de forma, que los poderes públicos (todos sin exclusión) adopten todas las medidas necesarias y posibles, para que se respete el derecho constitucional de la propiedad privada y, a la vez, se haga realidad el derecho al disfrute de una vivienda digna para los españoles.

N.B.  Sin que se cumpla el principio de legalidad por todos los poderes públicos y por la sociedad civil, sin exclusiones de ningún tipo ni excusas sean las que seanno existe el Estado de Derecho.  

El mandato constitucional es claro e indiscutible, es decir, no es posible ignorar esos derechos y obligaciones, cualesquiera, que sean las circunstancias sociales y económicas. La propiedad privada es un derecho esencial en nuestro estado de derecho, igual, que es un derecho constitucional de los españoles disfrutar de una vivienda digna, de forma, que ambos derechos, cada uno en su justa y legal medida, deben ser absolutamente cumplidos por los poderes públicos, ya que, así lo consagra, garantiza y exige nuestra Constitución.

Que nadie se escude en la imposibilidad de su cumplimiento, sin hacer, al menos, que se cumpla la ley vigente, ya que, si no se intenta, por falta de ideas o de compromiso legal efectivo, estaremos fuera del Estado de Derecho.

Córdoba, a 12 de septiembre de 2020

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.