Escribir sobre este asunto, es lo más parecido que conozco a pegarse un tiro en el pie, pues con seguridad, muchos están abducidos por una propaganda torticera pública y privada, otros simplemente están interesados por su propia situación de perceptores de una prestación, otros son políticos que solo buscan votos a cualquier precio y, finalmente, otros están convencidos de estar en posesión de la verdad. A pesar de ello, después de muchos años dedicado e implicado en la S. S., dentro y fuera, asumo la obligación de explicar mi opinión sobre un tema vidrioso y del que todos tienen formada una visión, que consideran acertada e indiscutible.

Al día de hoy, por la situación de ruina que arrastramos, es extremadamente delicado hablar del Pacto de Toledo y de sus últimos acuerdos, ya que, estando de acuerdo con su contenido (¿quién no puede estar de acuerdo con subir la pensiones y unirlas al IPC anual?), es imposible compartirlo, si se quiere ir a un Sistema de S. S. viable y posible, cosa, que no solo dice el que escribe, sino el B. de España, la Airef, la U. E., el FMI, y casi todos los expertos e instituciones, públicas y privadas, que conocen e informan sobre el tema.

En el Pacto de Toledo Gobierno y oposición han aprobado una “reforma profunda” de las pensiones (ruego perdonen el dislate), acordando anexar las pensiones al IPC y llevando a cabo un engaño masivo, que implica un aumento del gasto imposible de sostener, imponiendo un sistema con caída al vacío y hurtando a los españoles la realidad del fracaso de un modelo agotado y ruinoso.

El sistema no da más de sí, pero “todos los políticos sin exclusión” siguen empeñados en ocultar y solapar esta clamorosa realidad, porque en el electorado español son significativos más de 9 millones de pensionistas. Piensan, que el último es tonto de remate y lo demás les da igual (pan para hoy y hambre para mañana).

Ligar las pensiones al IPC es mantener un imposible y un ejercicio de demagogia disparatado. En España un tercio del gasto público se destina al pago de pensiones (160.000 millones en 2021), cifra que no hará más que aumentar, ya que, nuestro País presenta una tasa de esperanza de vida en crecimiento exponencial y una de natalidad en decrecimiento continuado.

Las pensiones en su estructura actual son insostenibles, diga lo que diga, el Pacto de Toledo, ya que, la población activa no podrá sostener un sistema atrabiliario y dislocado.

(Datos EPA. 3T. 2020. Población total: 47.329.981. Activos. Ocupados: 19.176.900 + Parados: 3.722.900 = 22.899.800. Pensiones: Octubre – 2020 – 9,77 millones, lo que implica que hay más de 9 millones de pensionistas).

Racionalmente, resulta admitido casi por unanimidad por todos los expertos, que el objetivo para mantener el sistema debería ser avanzar hacia un tipo contributivo, aunque la parte asistencial seguiría existiendo por imposición del artículo 41 de la C E., por lo que se precisaría, recuperar el factor de sostenibilidad, mejorar a los trabajadores que retrasen su jubilación, fomentar el ahorro privado con planes de empresa, abrir una cuenta de ahorro a largo plazo a los mayores de edad con cargo al Estado y, así, un largo etc. de medidas, que el Pacto de Toledo ha ignorado, haciendo un brindis al sol.

El Acuerdo del Pacto de Toledo, con su aprobación inexplicable de la realidad y complaciente con una temerosa alianza de todos contra todos y caiga quien caiga, se limita a engañar a los españoles, ya que, sí o sí, con lo aprobado, se está expoliando el ahorro conjunto de los activos para sufragar unas pensiones desfasadas, que impedirán sostener a sus perceptores futuros.

Finalmente, no se puede olvidar, que la Constitución Española establece en su artículo 41, “que los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres”.

Es por ello, que nadie pude obviar, que todos los españoles tienen derecho a unas prestaciones suficientes y que el desempleo, se quiera o no se quiera, esta dentro del Sistema de S. S., razón por la que cuando de habla de -gastos impropios-, que se quieren sacar de las cuentas de la S. S., entiendo que se está olvidando nuestra Carta Magna en estos supuestos.

El problema no está en subir las prestaciones cuando no se puede financieramente, sino que en España los recursos del Sistema de S. S. no se distribuyen en base al principio de igualdad constitucional (art. 14 C. E.), de forma, que entre la prestación por ejemplo, de una viuda/o y la prestación máxima de jubilación existe un abismo de desigualdad, y, no me sirve, que se diga, que la diferencia está en que se ha cotizado más al Sistema (aunque siempre con aportaciones topadas), ya que cuando la S. S. pasa a ser financiada con impuestos de todos los ciudadanos (en 2020 los prestamos del Estado han sido de 51.000 millones, sin hablar del déficit de la S. S. que será pagado siempre por el Estado),  ese argumento no sirve ni puede tener valor alguno.

N. B.  Creo, el acuerdo del Pacto de Toledo sobre las pensiones indexándolas al IPC es un disparate, aunque todos los políticos benefactores, a sabiendas, han creado a los españoles un buen sueño imaginario, tan bueno que nos lo podemos creer, es decir, la S. S. es un Ente maravilloso, que flota en el vacío de los gastos impropios, de los préstamos y de las transferencias del Estado benefactor inacabable.

Discutir una cosa tan buena, se presenta complicado, aunque todos los españoles perciben, que es un engaño y que la realidad es mucho más perversa, aunque, ¿quién se atreve con la verdad oficial, aplaudida por todos los políticos y todos los medios de comunicación buenistas de un bienestar necesario, según el Pacto de Toledo talismán indiscutible y oráculo de la verdad?

Sin embargo, el final desequilibrado está más cerca, así, que, o corregimos en rumbo, o cabalgamos hacia el desastre final. Es necesario volver a la realidad, pues, se diga lo que diga el Pacto de Toledo y sus voceros, no se podrá aguantar un gasto público alejado de la verdad, y, los ajustes llegarán impuestos por la U. E., por la simple razón, de que la Unión sabe que el sistema actual es inviable.

La S. S. no podrá seguir flotando en el vacío intemporal de su propia realidad deficitaria, razón por la que muchos esperamos, que la cordura y la responsabilidad vuelvan cuanto antes.

Córdoba, a 22 de noviembre de 2020

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.