Sujeción a la Ley e información veraz (ley de todos y para todos o para nadie – mentiras del poder)

Es un hecho más que cierto, que en España muchos poderes públicos (aquí incluyo a los partidos políticos y asociaciones públicas) y muchos ciudadanos, aunque conocen y saben que están sujetos a la Ley (a toda ley), la ignoran una y otra vez, porque la experiencia demuestra que su respeto a la Ley les es algo extraño y siempre pesaroso, máxime, si la ley aplicable resulta contraria a sus intereses, a la vez, que ignoran el derecho de todos los ciudadanos a recibir información veraz, de forma que, además, no tienen ningún pudor de acudir a la mentira, tanto por acción como por omisión.

Como ejemplo de lo que digo, basta citar un caso probado de mentira pública reiterada, concretamente, Fernando Simón, responsable del Centro de Alertas y Emergencias del Ministerio de Sanidad, mintió sobre el inexistente comité de la desescalada, declarando a los periodistas, además, “que no les voy a dar nombres de ninguna persona del equipo, porque, en todo este proceso que llevamos de varios meses, las presiones que sufre cualquier persona de la que se da el nombre, por parte de la sociedad en general y de los medios de comunicación en particular, acaban haciendo muy difícil que pueda trabajar con la suficiente libertad”.

Así mismo, el Ministro de Sanidad, Salvador Illa, reconoció ayer, que el comité de expertos, que asesoró al Gobierno sobre qué comunidades podían pasar de fase y cuáles no, simplemente, no existió.

Todo, después de que el Ministerio de Sanidad y el Gobierno de Pedro Sánchez admitiesen, que el comité de expertos, que supuestamente marcaba el ritmo de la desescalada, nunca existió.

Lo dicho, no por reiterado en muchos frentes, deja de ser una realidad extraordinaria y nociva, pero lo peor para todos nosotros es que, a pesar de que ese hecho espurio haya sido admitido públicamente por sus máximos responsables, no ocurre nada a sus autores, envolviéndose todo en un velo oscuro de absoluta impunidad y habiendo desaparecido, también, el derecho de todos nosotros a una información veraz.

[Es así mismo, un hecho cierto, que nuestra Constitución dice lo siguiente:

*Artículo 9. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.

Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas;

La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

*Artículo 14. Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

*Artículo 20. Se reconocen y protegen los derechos:

d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión.

El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa.]

Está muy claro, que muchos poderes públicos no respetan ni cumplen nuestra Constitución y el resto de nuestras normas aplicables, sin embargo, lo más sorprendente es que no pasa absolutamente nada e, incluso, la sociedad civil parece admitirlo como algo, que forma parte de la normalidad nacional. Un Estado de Derecho regido por las libertades fundamentales esenciales, la división de poderes y otros muchos derechos y principios democráticos de aplicación real y efectiva, no puede existir sin respeto a la Ley y sujeción de todos los poderes públicos y los ciudadanos al principio de legalidad.

Cualquiera puede entender, que así no podemos seguir, si queremos seguir viviendo en una sociedad libre, sobre todo con la situación política, sanitaria y económica, que sobrellevamos mal que bien: Cabe citar los rebrotes de la pandemia, la ruina económica de una España parada y varada, nuestra deuda pública, el déficit, la situación del mercado de trabajo con un desempleo descontrolado y en ascenso continuo, un Estado con ingresos a la baja, un gasto público improductivo creciente, un sistema de S. S. cuasi quebrado, etc.; aunque para terminar esta enumeración lastimosa, poner de relieve la situación política que soportamos de todos contra todos por la destrucción de España.

N.B.  Sin una verdadera sujeción a la Ley de todos los poderes públicos y de los ciudadanos y una información veraz, no puede existir el Estado de Derecho, pues la ley e de todos y para todos o no es nadie, máxime, cuando desde los poderes públicos se miente a la vista de todos sin pudor con completa impunidad.

Córdoba, a 31 de julio de 2020

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.