Amnistía – Estado de Derecho (Sin recovecos en ningún sitio)

Hoy es día para denunciar una Ley de Amnistía, que se carga de una patada la Constitución de 1978, deshaciendo la división de poderes y permitiendo que Magistrados del Tribunal Supremo (y, otros Jueces y Magistrados más) vayan a ser investigados y acusados de prevaricación y de todo lo que caiga.

Soy uno de los muchos españoles, que se consideran violentados en todos sus derechos y libertades fundamentales, de forma, que sirva lo que digo como manifestación absoluta de lo que creo y defiendo hasta el final sea el que sea.

He vivido media vida bajo una dictadura y ahora cuando creía, que entre todos habíamos acabado con cualquier tipo de autocracia dictatorial, vienen “unos pocos muchos, quizás demasiados* y me quieren meter de nuevo en otra dictadura privándome de mis libertades y derechos fundamentales.

Pase lo que pase, no lo aceptaré sublevándome desde ya en favor de la libertad y de la igualdad de todos los españoles.

Dicho lo dicho, nadie puede tener duda de donde estoy y ¿por qué?

Aclaro lo que digo, porque creo que la libertad y la Ley no admiten recovecos, de forma, que no se puede estar contra *la ley de amnistía del Presidente Sánchez, sus socios y demás comparsas, si admitimos excepciones o eximentes a cualquier tipo de amnistía, aunque se disfrace di cualquier cosa de apariencia buenista, realizando un salto mortal al vacío de la nada, creando recovecos opacos a la negación de toda amnistía.

Con ánimo abierto, fijaré algunos puntos libres, de cosas que ocurren, incluso a diario, que podrían servir de justificación a la ley de amnistía, que nos intentan colar por la puerta de atrás del Congreso y encima ciscándose en todos los españoles, así:

1.- Se dice, con verdad, que la ley de amnistía autoriza el llamado lawfare contra los jueces, señalándolos y acusándolos de prevaricar, cosa que repito es un disparate aprobado en una Comisión de Justicia del Congreso.

Sin embargo, hay jueces y magistrados que de una y mil formas comenten “lawfare” contra sus justiciables, sirvan de ejemplo abierto, casos donde jueces y/o magistrados dictan resoluciones contra ley, aunque las disfracen de sentencias y/o autos llenos de justicia, cuando, precisamente, se algo les falta a esas resoluciones es ”el valor justicia constitucional” del art. 1.1. de la C. E.

Es un hecho patente, que, en algunos muchos casos, quizás demasiados, se dictan resoluciones judiciales que, sin ninguna duda, están fuera de la ley y, encima, en muchos casos, esas resoluciones son irrecurribles, de forma, que solo queda el T. C con su ya estratosférico Recurso de Amparo y/o acudir al TJUE o al T.E.DD.HH.

En estos casos irrecurribles por ley judicial aplicada a fortiori en perjuicio directo del justiciable, la razón de las mismas es una libertad absoluta sin reglas del órgano judicial que las dicta, y, además, como son resoluciones irrecurribles el contenido de las mismas es puro y duro lawfare contra el ciudadano sufridor de las mismas.

DICHO DE OTRA FORMA, LA NEGACIÓN DEL *LAWFARE* DEBE OPERAR EN TODAS DIRECCIONES, PORQUE LO QUE NO PUEDE SER, ES QUE LOS JUECES NO PUEDAN SUFRIR “GUERRA SUCIA JUDICIAL” Y LOS CIUDADANOS JUSTICIALES LO SUFRAN CASI A DIARIO.

2.- Ahora, que todos estamos contra la Ley de Amnistía, hay cosas que no son de recibo, cuando algunos, muchos o pocos, que realizan declaraciones y se manifiestan contra la amnistía y la corrupción,  resulta que en sus centros de poder autonómico y local, vienen realizando “amnistías pequeñitas” a políticos y gestores políticos que malgastan dinero público en empresas públicas que llevan a la quiebra técnica o en proyectos faraónicos fallidos al 100 por 100, porque, por ejemplo, cuando las nuevas corporaciones locales salidas de las elecciones municipales pasadas, lejos de pedir responsabilidades a los dirigentes políticos de las anteriores corporaciones, exigiendo la devolución del dinero de todos derrochado sin mesura y sin producir ningún beneficio público, se limitan a decir, que quieren salvar a esas empresas públicas y a todos sus puestos de trabajo, poniendo dinero público a esos fines espurios, sin reclamar el dinero de todos tirado en gastos superfluos, y, corriendo un velo traslúcido de impunidad en favor de esos políticos manirrotos, olvidándose de exigir cualquier tipo de responsabilidad y de que ese dinero público dilapidado debería ser devuelto a los ciudadanos de a pie, es decir, al pueblo.

Solo por poner un ejemplo: En la Diputación Provincial de Córdoba, ahora gobernada por el P. P., los casos de las empresas públicas Emproacsa  (agua) y Epremasa (basura) son un paradigma de lo que digo, de forma, que si o si, el gobierno pepero ha concedido una amnistía “pequeñita” a los políticos y a sus gestores de la anterior Corporación Provincial del PSOE. Se habla de 50.000.000 de euros entre ambas dos empresas citadas, aunque, como, además, no hay auditorias independientes la cifra es un arcano perverso.

En resumen, el respeto a la ley y el estado de derecho solo obran en una dirección, de forma, que no valen los cambios de sentido y las dobles direcciones según quien sea y por la razón que sea, porque un Presupuesto Borrón para 2024 no merece la pena.

El PP en su “Declaración de Córdoba” se ha pronunciado con rotundidad y con toda la razón contra la amnistía y la corrupción política del PSOE, de manera, que en ello estamos en todos los sentidos, ya que, lo contrario es una simulación contradictoria y rayana en la mentira.

Lo que he expuesto, sin ánimo cerrado, exime de más explicaciones sobre lo que digo, porque no se puede estar con Ley y contra la amnistía del Presidente Sánchez y todos sus comilitones y, a la vez, aplicar amnistías, aunque puedan parecer “pequeñitas”, porque no se puede estar con Dios y con el diablo, ya que. la C. E. y sus derechos y libertades para todos los españoles sin igual y la verdadera división de poderes base de toda democracia no admite caminos paralelos, donde el valor justicia se convierte en una entelequia según de donde sople el viento.

N.BPor una España libre y abierta, donde las libertades y derechos de los españoles sean el pan de cada día para todos, y, donde el valor justicia de la igualdad se encuentre en una ley común de todos nosotros, de forma, que el respeto a la ley por cualquier poder público no tenga recovecos, donde algunos puedan cobijarse con absoluta impunidad.

La negación de la amnistía no puede tener dobles direcciones, que naveguen en favor de viento que sople.

Córdoba, a 10 de marzo de 2024.

Fdo. Enrique García Montoya.

Diputado del Parlamento de Andalucía – II Legislatura – Secretario del Parlamento de Andalucía por Alianza Popular.

Abogado ICA-Córdoba. Cdo. 1316. Inspector de Trabajo y S. S.

CITA PREVIA – Junta de Andalucía – OBLIGACION DEL CIUDADANO – DERECHO DE LA ADMINISTRACIÓN (DÍA DE ANDALUCIA – ¿Quién da más?).

Como el 28 de febrero es el día de los andaluces “felicidades a todos”.

He visto publicitado por aire, mar y tierra, que el Consejero de la Junta de Andalucía de Justicia, Administración Local y Función Pública D. José Antonio Nieto Ballesteros ha propuesto un Plan de Modernización de la Administración Pública Andaluza, que con lleva eliminación de trámites y una faciliciación a los andaluces de todos sus trámites con la Junta de Andalucía. 

En principio, enhorabuena a todos los andaluces, pues la Junta de Andalucía ha decidido poner la Administración Andaluza al servicio de todos nosotros.

Mi felicidad por lo dicho era manifiesta, por fin un Consejero ponía las cosas en su sitio, sin embargo, como dice el refrán popular “mi gozo en un pozo”, ya que, hoy 26/02/2024 he ido a presentar una demanda de conciliación ante el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación de Córdoba (Junta de Andalucía), sito en Avd. Gran Capitán nº. 12. 14001, Córdoba, a las 9, 05 horas, y, me ocurre lo siguiente:

1.- Me atiende un funcionario amablemente y me dice, que el CMAC no tiene Registro y que tengo que hacerlo todo vía digital, le indico amablemente, que mi cliente no tiene medios digitales disponibles para presentar la demanda, y, el funcionario junto con un Letrado del CMAC me dicen, que entonces tengo que pedir cita previa en un Registro de la Junta, pues sin cita previa no se puede presentar nada, y, cuando les digo, que la demanda debe ser presentada hoy mismo, me dicen que vaya a un Registro Público de la Junta y que lo intente sin cita previa, de forma, que me dicen, también, amablemente, que en la Tesorería de la Seguridad Social sita en Ronda de los Tejares en su Registro puedo presentar mi demanda sin cita previa y que también se pude hacer en el Registro Público de la Subdelegación del Gobierno sin cita previa.

Como he leído en muchos diarios lo de la modernización de la Administración de la Junta de Andalucía del Consejero Sr. Nieto Ballesteros, me digo, que en el CEMAC deben estar en un error, así, que, me persono en la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía sita en C/. San Felipe-Plaza de San Nicolas, una vez allí, lo primero que veo es un control con arco de seguridad, de manera, que ante el funcionario del mismo me identifico con mi DNI y le indico, que quiero presentar un escrito en el Registro de la Delegación del Gobierno; el funcionario amablemente me dice que es imposible pues necesito “cita previa”, aunque desde mi posición delante del arco de seguridad compruebo, que en el mostrador del Registro de la Delegación, que tengo a mi vista no hay nadie presentando documento alguno y, visto lo cual, le indico al funcionario de control de seguridad,  que consulte mi caso, ya que, mi escrito debe ser presentado hoy mismo en el Registro de la Junta de Andalucía, y, el funcionario, amablemente, después de consultarlo me dice que es imposible presentar mi escrito sin cita previa.

A la vista de esos hechos impeditivos de mis derechos fundamentales más elementales y de mi cliente, voy a la Central de Correos de la C/. Cruz Conde y por medio de carta certificada, con acuse de recibo y copia sellada, previo pago, envío al CMAC de Córdoba, ubicado a la vuelta a escasos cien metros, la carta de mi cliente al Centro de mediación, Arbitraje y Conciliación de Córdoba, sito en Avd. Gran Capitán nº. 12, 3ª. Pl. de Córdoba, siendo las 09:27:57 horas, según consta en el resguardo de admisión de Correos del día 26/02/2024.

Lo expuesto es mi pequeña historia, que dedico a todos los andaluces por el DÍA DE ANDALUCÍA, ya que, aunque es un asunto “pequeñito”, demuestra que las obligaciones son para los andaluces y los derechos para la Administración de la Junta de Andalucía.

(Nota. La Cita Previa Administrativa se impuso con la Pandemia, pero se ha quedado incrustada como un derecho de la ADMINISTRACIÓN, lo que, entiendo que es ilegal, porque vulnera derechos fundamentales de los españoles y de los andaluces, siendo un *ABUSO DE DERECHO”, que se mire como se mire, limita los derechos y libertades constitucionales de todos nosotros, de manera, que viola los arts. 1.1., 9., 10., 14., 103 y cc. de la C. E. de 1978 y nuestro Estatuto de Autonomía.

N.BPor una Andalucía en libertad.

Felicidades a todos los andaluces libres, iguales y solidarios.

Córdoba, a 26 de febrero de 2024.

Fdo. Enrique García Montoya.

Diputado del Parlamento de Andalucía – II Legislatura – Secretario del Parlamento de Andalucía por Alianza Popular.

Abogado ICA-Córdoba. Cdo. 1316. Inspector de Trabajo y S. S.

Andalucía – Un elogio – Una Cátedra de Derecho Constitucional (Octavio Salazar Benítez)

Hace muchos-bastantes años un joven Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba, concretamente, el hoy Catedrático de Derecho Constitucional Octavio Salazar Benítez se presentó en mi despacho de abogado, sito, entonces, en Ronda de Tejares, con la pretensión de aprender cómo funcionaba la justicia por dentro.

En seguida comprendí, que tenía delante una persona brillante, de mente abierta y que se salía por arriba (como dice el dicho popular), cosa que después he podido comprobar siguiendo su trayectoria de profesional altamente cualificada de destacado jurista.

(Nota. Solo su Comentario al Estatuto de Andalucía vale una cátedra.).

Es sabido, que suelo ser parco en elogios, sobre todo, porque no suelo estar de acuerdo ni conmigo mismo, pero este caso es primera necesidad.

Todo lo que digo, viene a colación por el nombramiento de Carmen Calvo Poyato (Profesora de Derecho Constitucional en la Universidad de Córdoba), porque, además, se da la coincidencia, que ambos dos son naturales de Cabra (Córdoba), como yo mismo.

Como ahora, todo el mundo ha abierto la veda contra la Sñrª. Calvo Poyato, yo quiero realizar un elogio como persona y como profesional -esta vez, si sin duda, de reconocido prestigio en el mundo del derecho- del Catedrático de Derecho Constitucional de Córdoba, mi admirado pasante y querido amigo, D. Octavio Salazar Benítez, que a su altísima cualificación jurídica une una personalidad arrolladora de bonhomía, de bondad, de cordialidad y de un cumulo abrumador de cualidades humanas.

Digo lo que digo, además, de lo dicho, porque Cabra (Córdoba) es cuna de personajes destacados de la historia de España y estoy seguro que el Profesor – Doctor Octavio Salazar Benítez pronto formará parte de ese acerbo inabarcable de personas de incalculable valor profesional y humano.

Mi elogio viene a colación, a mayor inri, porque el día 28/02/24 Andalucía celebra SU DÍA y apunto ya, que en la lista de hijos predilectos e ilustres de nuestra Tierra se debe ir apuntando, el de mi querido amigo el Profesor – Doctor Octavio Salazar Benítez, pues, si ya la U. E. lo ha distinguido como uno de los grandes expertos en igualdad, nosotros los andaluces no podemos ser menos.

Por una Andalucía libre y abierta donde el valor “justicia” (art. 1. C. E.) sea una realidad.

N.BUna Cátedra de Derecho Constitucional Andaluza y mi elogio para Octavio Salazar Benítez.

Valor justicia en Andalucía y felicidades a todos los andaluces.

Córdoba, a 24 de febrero de 2024.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Cdo. 1316. Inspector de Trabajo y S. S.

Un Borrón” de Presupuesto (P. P. y PSOE – ¿Quién da más?)

El Partido Popular en la Diputación de Córdoba ha aprobado un presupuesto con la “abstención” del PSOE, concretamente, por una cifra consolidada, que incluye empresas y organismos autónomos, que asciende a 385.950.579 euros, representando un aumento del 1,82%, destacándose, que las empresas públicas y de demás organismos de la Corporación Provincial se llevan 83.350.579 de euros de ese Presupuesto

Destaca el P.P. que el empleo y el emprendimiento, tendrá una asignación de 2.775.610 euros para impulsar estas áreas, evidenciando el compromiso de la Diputación con la actividad económica y el apoyo a los jóvenes.

Es decir, un disparate de fondos para combatir la lacra más grande que tiene Córdoba.

Destaca, también, el P. P. su “esfuerzo por sanear las empresas públicas”, con una inversión significativa, que se espera mejore la prestación de servicios a la población.

Traducido a lenguaje de ciudadano de a pie, se dedican a las empresas públicas para tapar sus agujeros unos 30.000.000 millones de euros, y, además, no se reclamarán los dineros públicos malgastados, que solo en Emproacsa han supuesto pérdidas por 10,5 millones en el año 2023. Es decir, se concede en aras de una conciliación cautiva un “amnistía pequeñita” a los gestores manirrotos. A destacar, “nunca se ha realizado una auditoría de las cuentas de Epremasa y Emproacsa por una entidad o empresa independiente”.

¿ESTÁ EXPLICADA LA ABSTENCIÓN DEL PSOE?

Pues, ESO.

Lo he dicho por activa y por pasiva y lo he comunicado a los dirigentes del P. P. de Córdoba y de Andalucía, que en la Diputación de Córdoba se están haciendo políticas socialistas, con claro aumento, además, del gasto público y una subida de tasas de agua y de basura confiscatorias.

El Presidente del P. P. – Diputación ha dicho que “va a luchar por mantener los 300 empleos de Emproacsa” y que eso es luchar contra el paro.

Es una forma espuria de ver justificadas las pérdidas inexplicadas y millonarias de la Empresa de Aguas, pues aunque sea cierto, que siempre que sea posible, hay que mantener los puestos de trabajo existente, hago una primera advertencia -siempre que esos empleos sean productivos y necesarios-, de forma, que no sean solo fruto de contrataciones arbitrarias, nacidas de una voluntad sin reglas en materia de contratos de personal, donde la igualdad de oportunidades para todos los cordobeses se sustituya por meras políticas de partido, y, donde la igualdad, mérito y capacidad se sustituyan por pago de favores y discriminación para los que no han sido contratados.

Dicho lo anterior, debe quedar claro, también, que mantener puestos de trabajo en Emproacsa no es crear empleo, sino sostener el que hay a cualquier precio, ya que, la situación de la Empresa de Aguas deriva de una gestión catastrófica, donde, se mire como se mire, no ha primado la lucha contra el paro y la creación de empleo productivo, sino que una gran parte de esas pérdidas mastodónticas y de derroche de gasto público solo han beneficiado a unos gestores y políticos manirrotos, que, a mayor inri, se van amnistiados e impunes, y, donde, además, el dinero dilapidado ha desaparecido sin retorno alguno.

El Presupuesto Borrón, mucho me temo, que sobre eso no dice nada, de manera, que “el que calla otorga”.

(Nota. Si alguien me lo explica razonablemente, me corregiré de inmediato)

Si el Presidente Fuentes Lopera, el responsable del Borrón para el año 2024, me explica y fundamenta porque a la Empresa de Residuos Epremasa, además, de la subida de tarifas del 41,8%, se le subvenciona con 2.000.000 de euros y a la de aguas Emproacsa se le dan solo para gasto corriente 5.000.000 de euros,  más 10 millones más a fondo perdido, enjugándose, además, todas sus pérdidas del año 2023, que superan los 10,5 millones de euros, más todo lo que ya ha caído y caerá, mientras que a desempleo se dedica por el presupuesto borrón la increíble cantidad de 2.000.000 de euros,me desdigo desde ya, pero me da la impresión, que el valor “justicia” (art. 1. C. E.) ha desaparecido de este Presupuesto P.P. de 2024.

POR UN MOVIMIENTO CIUDADANO LIBRE Y UNA CÓRDOBA ABIERTA

N.BEl valor “justicia” (art. 1. C. E.) ha desaparecido de este Presupuesto de la Diputación P.P. de 2024, que solo es el ejemplo vivo de una sumisión cautiva a políticas socialistas.

El P. P. de la Diputación de Córdoba tiene que explicar a los cordobeses

¿Cuál ha sido el acuerdo al que ha llegado el Partido Popular con el PSOE para que se abstenga en los Presupuestos?

Que ha sido de balde y sin contrapartida, que se lo digan a la Zona Norte sin agua y a una Córdoba a la que han mutilado su potencia eléctrica.

Córdoba, a 22 de febrero de 2024.

Fdo. Enrique García Montoya.

(Concejal y Diputado Provincial en la legislatura local 1983-1987 de Alianza Popular y Portavoz del Grupo Provincial de A. P.)

Abogado ICA-Córdoba. Cdo. 1316. Inspector de Trabajo y S. S.

Cuestión prejudicial – ante la duda hay que plantearla (La ley y la esperanza)

El presidente del Supremo Francisco Marín Castán ha dicho en defensa de los jueces, durante su participación en un coloquio sobre la independencia y responsabilidad del Poder Judicial, “que, si los jueces tienen dudas sobre la constitucionalidad o conformidad al derecho de la Unión Europea de una ley, deben plantear la cuestión prejudicial ante Europa”.

Así mismo, el presidente de la Sala de lo Contencioso del Supremo, Pablo Lucas, ha recalcado, que, “es obligación de los jueces a aplicar la ley, salvo que se dude de su constitucionalidad o conformidad al derecho de la Unión Europea, momento en el que podrían plantear una cuestión prejudicial o recurrir ante el Tribunal Constitucional”.

En definitiva, lo que han dicho es que todos -jueces incluidos- estamos sometidos al imperio de la ley, pero que hay mecanismos para combatir una ley como la de amnistía, si se entiende que puede ser inconstitucional o contraria a la aplicación e interpretación del derecho de la U. E., planteando una cuestión prejudicial ante el TJUE.

Es difícil no estar de acuerdo con lo expuesto, aunque, sin la menor duda, lo dicho también es aplicable de lleno a los abogados, cuando la ley presenta visos de inconstitucionalidad o se opone a la aplicación de interpretación del derecho de la Unión Europea en su opinión fundada.

Ocurre en la práctica, quizás, con demasiada frecuencia indeseada, que los jueces nacionales tienden a inadmitir la cuestión prejudicial presentada por un abogado no elevándola en consecuencia ante el TJUE y, a mayor inri, cuando se plantea un recurso de inaplicación del derecho de la U. E. contra la resolución que inadmite la cuestión prejudicial, lo inadmiten y no lo elevan a la Comisión Europea, porque dicen que no es procedente legalmente.

Después de lo que ha dicho el Presidente del T. S. Sr. Marín Castán, parece que puede haber un cambio de criterio general al respecto y que las cuestiones prejudiciales de los abogados sobre la interpretación y aplicación del derecho de la U. E. empezarán a ser admitidas y elevadas al TJUE por los jueces, aunque puedan no estar de acuerdo en principio, pues la ley, si o si, les impone esa obligación.

En conclusión, de lo dicho, parece que la ley de amnistía -a pesar de ser inconstitucional- puede que va a tener algún efecto favorable para el ciudadano, aunque sea algo forzado nacido de la necesidad defender los jueces su independencia.

En definitiva, como dice el refrán “no hay mal que por bien no venga”, pues hay que mantener una reflexión optimista de la realidad.

Todo esto que digo, viene al pairo, de que este abogado ha planteado al menos diez cuestiones prejudiciales sin que ninguna haya sido admitida, formulando, además, recurso por incumplimiento del derecho de la U. E., que, así mismo, tampoco ha sido admitido, incluso he presentado incidente de nulidad de actuaciones por violación de derechos fundamentales del art. 241 de la LOPJ, que ha sido inadmitido a trámite o rechazado de plano.

La esperanza es lo último que se pierde.

N.BLa cuestión prejudicial parece que se va abriendo camino para los abogados, de forma, que el propio Presidente del T. S. dice que “ante la duda hay que plantearla, aunque se respete la ley, de manera, que “la esperanza de un cambio de criterio de los jueces y tribunales nacionales se está convirtiendo en realidad”.

Solo hay que esperar, que sea verdad, de forma, que, a lo dicho, “no hay mal que por bien no venga”.

Córdoba, a 20 de febrero de 2024.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Cdo. 1316. Inspector de Trabajo y S. S.