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Incertidumbre, inseguridad, desconfianza y falta de información veraz (¿alguien sabe dónde está y qué hacer?)

La Constitución en su artículo 9 garantiza una serie de principios esenciales en nuestro Estado de Derecho y nuestro ordenamiento jurídico:

- El principio de legalidad.

- El principio de jerarquía normativa.

- El principio de publicidad de las normas.

- El principio de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales.

- El principio de seguridad jurídica.

- El principio de responsabilidad de los poderes públicos.

 y,
- El principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

Debiéndose hacer notar, que estos principios no son compartimentos separados y desconectados, sino que, forman un todo y solo tienen valor en base a los otros, y, además, solo se pueden comprender si sirven para promover los valores superiores del ordenamiento jurídico, que propugna el Estado Social y Democrático de Derecho.

Por otro lado, es lo cierto, que estos principios constitucionales han desaparecido del territorio nacional y actualmente en España reina la incertidumbre, la inseguridad, la desconfianza y la falta de información veraz, lo que se puede visualizar y concretar con una serie de preguntas completamente abiertas en su número, así:

¿Alguien sabe la cifra de fallecidos en España por la pandemia?

¿Alguien sabe la realidad para España de los Fondos de Recuperación y Resiliencia de la U. E y cuándo llegarán y como se van a distribuir por territorios y sectores productivos?

¿Alguien sabe por qué, se ha producido ahora la absorción de Bankia por CaixaBank y quien está haciendo este negocio fabuloso?

¿Alguien sabe la cifra real de parados que hay en España?

¿Alguien sabe algo de los Presupuestos que se pretenden presentar por el Gobierno?

¿Alguien sabe la situación financiera real de nuestro sistema de Seguridad Social?

¿Alguien sabe cuál es la realidad de nuestro mercado laboral y de nuestro tejido productivo?

¿Alguien sabe cuál es la situación real de nuestra economía y de los recorte y ajustes que vendrán?

Entiendo, que todas estas preguntas ahora no tienen contestación, de manera, que en España reina la incertidumbre, la inseguridad, la desconfianza y la absoluta falta de información veraz, pero si eso nos pasa y sentimos los españoles, ¿qué ocurrirá fuera de España? ¿Algún País tiene confianza en nosotros?

Las consecuencias de esta situación son terribles para todos nosotros y para España, sin embargo, entiendo que, a la vez, están ocurriendo cosas mucho más preocupantes, como es, la desaparición y destrucción de la división de poderes, que, curiosamente, se pone de manifiesto en una forma de gobernar a través de R. D. Ls. a destajo, pero no solo es esa terrible realidad, existen otras cosas tremendas en un supuesto Estado de Derecho donde se dice que vivimos, como la apropiación y uso de las instituciones del Estado sin pudor ni vergüenza por unos pocos, sobrando los ejemplos: Fiscalía, Abogacía del Estado, CIS, etc., etc.

A pesar de todo, no solo es el uso espurio de instituciones de todos los españoles por unos pocos, sino que, además, si acudes a los tribunales o la administración el ciudadano encima tiene que hacer frente a las costas y otros gravámenes; a la vez, sitios, que siempre deben ser lugares de cobijo y amparo para los españoles, como el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, se han convertido (cada vez más) en sitios peligrosos para el ciudadano de a pie, pues dominados por una selva intrincada de formalismos extremos excluyentes, se han transformado en  algo inaccesible, rodeados de una barrera de coral cortante e infecciosa, que con su exceso de requisitos casi incomprensibles impiden a los ciudadanos plantear ante ellos sus asuntos y que sean resueltos.

Si alguien lo duda, no hay más que ver, las Salas de admisión del T. S., los requisitos exigidos para que prospere un recurso de amparo, los conceptos exorbitantes de los intereses casacional y constitucional, y, así, una red intrincada e insuperable para el español necesitado de auxilio judicial, mientras, además, la Fiscalía, la Abogacía del Estado, la Inspección de Hacienda y de Trabajo y S. S.,  y un largo etc. de organismos, corporaciones e instituciones pagadas por los ciudadanos, se convierten en verdaderos enemigos para ellos.

Finalmente, se reitera el art. 9.3 de la Constitución, que dice: La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

Está claro, que la Constitución y el resto de nuestro ordenamiento no se cumplen, razón por la que, la incertidumbre, la inseguridad, la desconfianza y la falta de información veraz se han instalado en nuestra sociedad causando un manifiesto desequilibrio en la misma, ocasionando un acrecentamiento en el descontrol de la pandemia, que conlleva, que la recuperación de nuestra economía y la superación de la enfermedad se compliquen y dificulten hasta extremos incalculables, como están comprobando los españoles día tras día, y, si esto ocurre en España, sus efectos devastadores a nivel de Europa y resto del mundo son tremendos para nosotros en todos los sentidos, tal y como se está viendo con todas las medidas que adoptan muchos países contra España, que, sin duda, tienen consecuencias nefastas en nuestra recuperación social, económica y sanitaria, que será más larga y más lenta, con todos los efectos negativos que ello tiene y tendrá en nuestro mercado de trabajo y en el aumento exponencial de nuestras tasas de desempleo.

Frente a toda esta realidad, es una obviedad señalar, que la solución, sí o sí, es tarea de todos, aunque como está la piel de toro, la posibilidad de acuerdos generales con olvido y renuncias de las ideologías y de las ambiciones personales y partidistas, como hicimos en la olvidada transición, se presenta como algo vidrioso e improbable, como se ve meridianamente con lo que está pasando, donde rige el principio de todos contra todos hasta la eliminación lapidaria del adversario y, además, parece, que vale todo en esa finalidad de autodestrucción aceptada y consciente.

En resumen, todo lo expuesto, se quiera admitir o no, es algo insufrible e inadmisible en un Estado de Derecho regido por una Constitución democrática y donde se garantizan los principios constitucionales precitados.

N.B.  Ni España ni ningún país pueden superar una crisis como la que tenemos encima, si no desaparecen: la incertidumbre, la inseguridad jurídica, la desconfianza y la falta de información veraz.

Por otro lado, vivimos en un mundo globalizado donde todo se sabe al momento, de forma, que toda la U. E., toda Europa y el resto del mundo saben, sin la menor duda, lo que está ocurriendo en España, las medidas políticas que se están adoptando, la incapacidad de acuerdos a nivel general, la falta de medidas estructurales profundas siguiendo las indicaciones formuladas por la U. E., y, en definitiva, la imposibilidad de superar esta situación tan crítica en la que estamos, si no vamos todos unidos en los asuntos esenciales y nos dejamos de regir por ideologías trasnochadas, que Europa y el mundo occidental  tienen repudiadas y buscamos en el exterior nuestros verdaderos amigos.

Es un hecho, que todo se sabe, y, que la adopción de medidas ajenas a nuestro mundo democrático y la no adopción de otras medidas recomendadas, tiene sus consecuencias negativas para nosotros, como se pone de manifiesto, en un aumento exponencial del gasto público improductivo y la instauración de un mercado laboral incierto, rígido y sin flexibilidad, entre otras muchas cosas negativas.

Córdoba, a 19 de septiembre de 2020

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Formación del Espíritu Nacional – otra vez (memoria democrática – vergüenza y tristeza)

Sirva para iniciar este artículo, el PREÁMBULO de la Constitución vigente de 1978 que dice:

La Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de:

Garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo.

Consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular.

Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones.

Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos, una digna calidad de vida.

Establecer una sociedad democrática avanzada, y

Colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la Tierra. ]

Esto y muchas más cosas ejemplares es lo que quieren dinamitar, y, les vale todo, pero que no olviden que enfrente tienen a España.

Muchos españoles hicimos de tripas corazón y dijimos en su momento, no sin dolor y renuncias de todos: Nunca más. 

Ahora, unos pocos instalados en el poder precisamente por una Constitución que no hicieron, pero que aprovechan para sus intereses oscuros, perversos y llenos de odio interiorizado y a sabiendas de su propia maldad, han decido volver a “una nueva guerra civil”, construida sobre la autollamada “nueva normalidad” de un Presidente y un Gobierno con claros indicios de intentar acabar con nuestro Estado de Derecho.

Está claro, que España no tiene ningún problema, salvo la desquiciada “memoria democrática”, no les importa, que estemos en la ruina social, económica y sanitaria, que nuestra cifra de paro sea astronómica, que la Seguridad Social esté quebrada y las pensiones al límite del impago, que un gasto público desnortado esté fuera de control, que el Estado esté al borde de la quiebra, que tenemos la peor acción positiva contra la pandemia de Europa y de casi todo el mundo, que somos los últimos del mundo en el proceso de la recuperación, etc., etc., ya que, lo único importante para ellos es instaurar un sistema de odio institucional, que les sirva de pretexto y excusa de todos sus desafueros.

Son sin duda los nuevos demócratas, que quieren imponer de nuevo la “Formación del Espíritu Nacional” para todos nosotros sin exclusión alguna, además, les vale todo: “Cargarse una Constitución nacida de la unidad de todos, con olvido de odios ancestrales y ejemplo mundial de la inteligencia de un pueblo; destruir muchos años de la mejor convivencia que ha existo en toda nuestra historia; echar a la cuneta muchos años de prosperidad y de creación de riqueza en paz; y, en definitiva, de crear un enfrentamiento civil de los españoles de todos contra todos, construyendo campos de concentración ideológicos para los que no son ellos pocos.

Estoy seguro, que no lo conseguirán, pero, sin duda, van a causar mucho dolor, mucha tristeza y una gran desesperanza a los españoles, mientras tanto, verán esos odiadores de moqueta y consola de poder, que España ha superado siempre todo tipo de desgracias y dificultades. No podrán con todos nosotros, aunque el desafío va a ser largo y lleno de peligros, pues carecen de principios y solo les sostiene su propio odio interior.

Para terminar, citar el contenido del art. 9 de la C. E., que dice:

1. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.

2. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.

3. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

N.B.  La gran mayoría de los españoles no queremos más Formación del Espíritu Nacional ni nueva memoria democrática, de forma, que solo sentimos vergüenza y tristeza.

Que quede claro, que resistiremos y nunca podrán con notros, pues ya sabemos que “memoria” es la que quieren.

Córdoba, a 17 de septiembre de 2020

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Okupación y principio de legalidad (derecho constitucional a la propiedad y derecho a disfrutar de vivienda digna)

La C. E. en su artículo 9 garantiza el principio de legalidad, así dice:

1. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.

3. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

Así mismo, la Constitución establece y consagra los derechos fundamentales y las libertades públicas, diciendo en su artículo 24:

1. Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión.

2. Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia.

A su vez, cuando señala los derechos y deberes de los ciudadanos, consagra el derecho de propiedad en su artículo 33, diciendo:

1. Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia.

2. La función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes.

3. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes.

Por otro lado, la C. E. cuando se refiere a los principios rectores de la política social y económica, en su art. 47 dice:

Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.

El mandato constitucional es claro e indiscutible, es decir, no es posible ignorar lo que dice nuestra Carta Magna, cualesquiera, que sean las circunstancias sociales, económicas y/o sanitarias. Aquí no hay posibilidad de interpretaciones divergentes, aunque lo dicho no significa unanimidad, pero, por encima de todo, el principio de legalidad es algo ineludible e irrenunciables para todos los españoles y todos sus poderes públicos, ya que, sin aplicación efectiva y real de la Ley no puede existir el Estado de Derecho.

El hecho ilegal y violento de “la okupación” se viene produciendo en España desde hace años, aunque ahora está alcanzando proporciones preocupantes y en crecimiento continuo exponencial, de forma, qué ante la inacción casi completa de los poderes públicos, que simplemente no cumplen la Ley como están obligados, se están produciendo un fenómeno social peligroso e imparable, y, me refiero a la proliferación de “patrullas vecinales y de empresas desokupadoras”, que se quiera o no bordean los límites de la ley y pueden llegar a situaciones muy conflictivas.

Estimo, que no es necesario cambiar la ley vigente, sino que sea eficaz y rápida en su cumplimiento y aplicación por todos los poderes públicos, cada uno sin hacer dejación de sus obligaciones legales, pues la situación contra ley en todos los sentidos está poniendo en peligro nuestro Estado de Derecho.

El Estado de Derecho en España, como en cualquier otro País democrático donde prime como valor real la aplicación de la Ley, no puede descansar en la pretendida defensa de la misma por la sociedad civil en asuntos fundamentales garantizados por la C. E., ya que la inacción y dejadez imperdonable de los poderes públicos solo llevará a situaciones peligrosas y conflictivas, donde “la fuerza” fuera o al borde de la ley, aparezca como la única solución eficaz frente a un problema social, que solo corresponde controlar y hacer que deje de existir a los poderes democráticos de cualquier nación bajo el imperio de una ley eficaz y verdadera, lo demás, serán simple excusas de poderes incompetentes, negligentes y/o incursos en comportamientos maliciosos y dolosos.

En resumen, simplemente, reclamo la aplicación de la ley, de forma, que los poderes públicos (todos sin exclusión) adopten todas las medidas necesarias y posibles, para que se respete el derecho constitucional de la propiedad privada y, a la vez, se haga realidad el derecho al disfrute de una vivienda digna para los españoles.

N.B.  Sin que se cumpla el principio de legalidad por todos los poderes públicos y por la sociedad civil, sin exclusiones de ningún tipo ni excusas sean las que seanno existe el Estado de Derecho.  

El mandato constitucional es claro e indiscutible, es decir, no es posible ignorar esos derechos y obligaciones, cualesquiera, que sean las circunstancias sociales y económicas. La propiedad privada es un derecho esencial en nuestro estado de derecho, igual, que es un derecho constitucional de los españoles disfrutar de una vivienda digna, de forma, que ambos derechos, cada uno en su justa y legal medida, deben ser absolutamente cumplidos por los poderes públicos, ya que, así lo consagra, garantiza y exige nuestra Constitución.

Que nadie se escude en la imposibilidad de su cumplimiento, sin hacer, al menos, que se cumpla la ley vigente, ya que, si no se intenta, por falta de ideas o de compromiso legal efectivo, estaremos fuera del Estado de Derecho.

Córdoba, a 12 de septiembre de 2020

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Información veraz – Constitución – Estado de Derecho (falta información de los poderes públicos – se incumple la Ley)

La C. E. dice, entre otras cosas, en su artículo 20:

1. Se reconocen y protegen los derechos:

d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. …  …

2. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa.

3. La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España.

Así mismo, en su artículo 9 dice:

1. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.

3. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

El mandato constitucional es claro e indiscutible, es decir, no es posible ignorar ese derecho, cualquiera, que sean las circunstancias sociales, económicas o sanitarias. Aquí no hay posibilidad de interpretaciones divergentes: La información veraz es un derecho fundamental irrenunciable y debe ser absolutamente respetado por los poderes públicos.  La Ley en España así lo consagra, garantiza y exige.

Los ciudadanos (la sociedad civil en su conjunto) sin información veraz permanente e inmediata no pueden participar y colaborar en la solución de los problemas existentes, sobre todo, en épocas de crisis como en la que nos encontramos ahora, así que, todos los poderes públicos deben proporcionar a los españoles una información completa de todos los asuntos públicos, enmarcada absolutamente en la verdad.

Ocurre, sin embargo, que la información que se está facilitando a la sociedad civil española es vidriosa, engañosa y produce, además, desconcierto y confusión en la opinión pública, así, veamos algunos casos clamorosos:

a). – En relación de los fondos de recuperación acordados en la U. E., solo se habla de que recibiremos 140.000 millones, pero no se explica a los españoles, en que, condiciones se recibirán y cuáles serán nuestras obligaciones por la llamada condicionalidad, por no hablar de cuando y como se recibirán y como se distribuirán esos fondos y por quién. Todo esto, simplemente denunciado brevemente y sin entrar en mayores complejidades, que sin duda las hay.

b). – El Presidente Pedro Sánchez y las Ministras María Jesús Montero o Nadia Calviño vienen repitiendo sin pausa, que es necesario aprobar unos nuevos PGE, si España quiere recibir el dinero europeo, sin embargo, la Comisión Europea ha dicho, que nada tiene que ver una cosa con la otra, tal y como el Gobierno español viene informando de forma pública engañosa, induciendo a error a los españoles. La Comisión ha explicado, que “la presentación y valoración de los planes presupuestarios”, y, “de los planes de recuperación y resiliencia” son dos procesos separados y distintos.

Aunque, es evidente, que esos fondos estarán condicionados a reformas, advirtiendo la Comisión que, aunque no existe vinculación formal entre ambos (PGE y Fondos de la UE), es importante, que los objetivos de cada uno de ellos, sean concordantes y consistentes con el otro.

c). – Los casos parecidos de falta de información veraz son casi innumerables y notorios, no hay más que recordar al inefable Sr. Simón informando sobre los fallecidos y/o contagiados por el virus.

En resumenen España no existe información veraz de los poderes públicos y, sin ella, la sociedad civil está cegada y anulada, de manera, que quiera o no, no puede participar en la solución de los muchos problemas que tenemos en estos momentos.

N.B.  Sin que se cumpla el derecho fundamental de los españoles a una información veraz, no existe el Estado de Derecho y se incumple la Ley.

Reitero, que el mandato constitucional es claro e indiscutible, es decir, no es posible ignorar ese derecho, cualquiera, que sean las circunstancias sociales, económicas o sanitarias. La información veraz es un derecho fundamental irrenunciable y debe ser absolutamente respetado por los poderes públicos, ya que, así lo consagra, garantiza y exige la Ley.

Córdoba, a 10 de septiembre de 2020

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Desigualdad – recuperación y desempleo (los menos, tienen más y los más menos)

La C. E. dice en su artículo 14, que los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

El mandato constitucional es claro y meridiano, es decir, no es posible romper la igualdad de los españoles, cualquiera, que sean las circunstancias o condiciones personales o sociales. Aquí no hay interpretaciones sino certezas: Todos iguales, sí o sí.

Ocurre, sin embargo, que la recuperación económica en España está siendo la de la desigualdad, de forma, que solo unos pocos aparecen bendecidos por la recuperación, mientras el resto de sectores y personas se están quedando atrás e, incluso, olvidados.

Dicho de otra forma, se está produciendo una recuperación a medias que no está llegando a todos los españoles por igual, ya que, aquellas personas que estaban y están en posición de hegemonía en la crisis perciben que su situación económica mejora, pero los que están en la mitad o en los sectores o territorios castigados directamente por la pandemia y la crisis, ven que su situación empeora y muchas veces sin solución.

Se puede hablar de dos recuperaciones, una es positiva en algunos sectores, como, por ejemplo, la bolsa, los activos de riesgo y los bienes raíces; mientras, que, en otra, como muchos trabajos en el sector de servicios corren el riesgo de desaparecer para siempre. Los primeros ya pueden decir que se están recuperando e incluso que se han recuperado completamente, sin embargo, el empleo no puede decir lo mismo en su dimensión total, ya que no para de aumentar. Dicho de otra forma, se puede ver que se están recuperando, sin duda, algunos sectores del tejido productivo, como los mercados financieros, en cambio ocurre lo contrario con la economía real, y, es un hecho cierto, además, que el abismo que separa las dos “recuperaciones” aumenta, consolidándose una desigualdad real.

En España se está viviendo esa desigualdad real, ya que, por ejemplo, las empresas tecnológicas, las cadenas de distribución de alimentos, las farmacéuticas y algunas otras conocidas se sitúan en la recuperación buena de nuestra economía, mientras sectores tradicionales de nuestro tejido productivo, cómo por ejemplo, la energía, construcción y todo el amplio sector de servicios aparecen colocados en la parte bajista de la recuperación y de la crisis, de manera, que la irregularidad en la recuperación resulta manifiesta.

Por otro lado, el paro en España es una manifestación clara de esta dura realidad de desigualdad existente, así, es verdad, que mucho empleo se ha mantenido y recuperado, según ha ido impactado la crisis y según se ha ido abriendo la economía, pero en sectores como restaurantes, hoteles, viajes, etc. continúa en declive, cuando más y más empresas de hostelería y servicios auxiliares se han ido a la quiebra, ocurriendo lo mismo, en otros sectores de la economía,  cayendo en la ruina y en la insolvencia, tales como, aerolíneas, energía, centros comerciales, oficinas, hostelería, etc., lo que está creando una enorme desigualdad, que afecta  a nuestro tejido productivo y a la sociedad en general. Se está produciendo en el asunto del desempleo, se quiera ver o no, una desigualdad creciente, que se manifiesta tanto en la distribución de los ingresos como de la riqueza.

Es un hecho cierto, que los salarios se han mantenido o mejorado en algunos sectores (los menos), en razón del sector o empresa en las que se prestan servicios, pero la mayoría de los españoles están esperando una recuperación que no llega con la consiguiente desigualdad. No hay más que ver, la cifras de los ERTEs y su distribución territorial y sectorial, los números del desempleo y su distribución en todos los sentidos, el aumento exponencial de las personas inactivas en España y su crecimiento desigual en los distintos territorios y sectores.

En resumen, la desigualdad está aumentando en España día a día y la recuperación irregular va en aumento de manera injusta, dándose el caso, que cada vez, unos menos tienen más y unos más tienen menos, distribuyéndose la recuperación de la riqueza de forma asimétrica e irregular.

N.B.  La desigualdad en la recuperación es real y afecta de forma directa en el desempleo, con todos los efectos negativo que ello conlleva para la sociedad española, y, lo peor es, que nadie adopta medidas estructurales profundas, que cuando menos, atenúen esas irregularidades.

El mandato constitucional se debe cumplir, ya que, no es admisible romper la igualdad de los españoles, cualquiera, que sean las circunstancias o condiciones personales o sociales; aquí no puede haber posiciones dudosas, ni interpretaciones sospechosas, sino certezas: “Todos iguales, sí o sí”.

Si no existe trabajo en común de todos y para todos, la situación de España está condenada al desastre social, de forma que, sin duda, el plazo de recuperación de nuestro mercado laboral sufrirá un pico de retroceso, por lo que, sin duda, se alargará, sine die, dominado por la desigualdad.

Córdoba, a 8 de septiembre de 2020

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.