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Corrupción general ( y IV) (tenemos unos funcionarios dignos de todos los elogios)

Siguiendo con el tema de la corrupción, quiero destacar, que la web de Inspectores de Hacienda recoge un documento bajo el título: “EL GRAVE PROBLEMA DE LA CORRUPCIÓN EN ESPAÑA” (Congreso XXIV de IHE celebrado los días 16 y 17 de octubre en Bilbao), que resulta muy interesante en cuanto a la corrupción por sus diversas medidas y propuestas, así como, sus causas, que en parte comparto en su mayoría, pero que en otros puntos difiero de su contenido, aunque sí quiero destacar dos puntos:  su introducción (que no tiene desperdicio) y una de sus causas, la sensación de impunidad. De todas forma, recomiendo su lectura íntegra en la web citada.

**  Introducción:

Resulta escandaloso que a diario nos levantemos con el anuncio de nuevos casos de corrupción, ya sean relacionados con personas físicas, jurídicas o con instituciones, sin que las distintas partes responsables de atajar esta lacra -Administración Pública Estatal, Autonómica, Local y Partidos Políticos- hayan tomado las medidas para erradicar la situación.

Ello debe ser considerado un problema fundamental en el desarrollo de un Estado de Derecho.

Esta situación ha sido reiteradamente advertida por la Organización de Inspectores de Hacienda (IHE) desde el año 2005, que ha solicitado públicamente la adopción de medidas anticorrupción referidas a los ámbitos fiscal, administrativo, institucional, mercantil y penal. Los ciudadanos perciben este estado de corrupción como uno de los principales problemas de nuestro país.

La corrupción política se puede definir, en un sentido amplio, como el mal uso del poder público para conseguir una ventaja ilegítima, generalmente de forma secreta y privada. El término opuesto a corrupción política es transparencia. Por esta razón se puede hablar del nivel de corrupción o de transparencia de un Estado, y las llamadas medidas de transparencia suponen uno de los pilares básicos de la lucha contra la corrupción.

En el análisis de la lucha contra la corrupción se perciben tres problemas fundamentales pero para los que hay soluciones. El primero de ellos es que los casos que se descubren se deben a meras casualidades o denuncias, por lo que cabe preguntarse por el motivo de que no sean los órganos de control del Estado quienes descubran estos casos, y si existen medidas para cambiar la situación. Las medidas para solucionar el primer problema mencionado deben consistir en un reforzamiento de los órganos de control y supervisión que suponga una ampliación de sus facultadles legales de investigación, de sus medios y de su independencia.

Los organismos internacionales han obligado a modificar la legislación española sobre prevención de blanqueo de capitales, y ahora se establece que hay que vigilar a los políticos españoles y a sus allegados. Hagámoslo de verdad, y que lo reflejado en la norma no se quede en una mera declaración de intenciones.

El segundo problema se presenta cuando, una vez descubiertos, las condenas que se producen no suponen el ingreso en prisión, salvo algún caso excepcional. Incluso en el caso de una condena es posible que llegue después el indulto del Gobierno, o si hay también delito fiscal, el caso se solucione con el pago de lo que se defraudó más una pequeña multa, pero sin ingreso en prisión. Cosas como estas se solucionan con medidas legales, como el agravamiento de las penas, el cambio del régimen de aforamiento, la imposibilidad de que un imputado siga desempeñando cargos públicos, las penas agravadas para los testaferros, y otras posibles.

El tercer, y último problema, es que el dinero procedente de la actividad delictiva suele estar siempre a buen recaudo en los paraísos fiscales, a la espera de que tarde o temprano llegue una amnistía fiscal. Incluso puede suceder que el dinero se sienta tan seguro en esos territorios que se desprecie acogerse a una amnistía, como ha ocurrido con la última aprobada en el año 2012. A pesar de lo que manifiestan algunos, existen medidas contra la utilización de los paraísos fiscales.

Así pues, la corrupción no se puede combatir solamente con medidas judiciales y penales, sino que tienen una importancia especial las medidas de carácter preventivo que deben ser llevadas a cabo por los órganos de control y fiscalización del Estado. A la vista de la situación actual, los resultados se pueden calificar como de estrepitoso fracaso. Quizá por falta de medios, o de competencias para actuar, pero ciertamente no están sirviendo para evitar, frenar, ni prevenir la oleada de corrupción que sufre España desde hace muchos años”.

**    Sensación de impunidad.

“Que la corrupción en España es un grave problema se sabe desde hace muchos años, y el hecho de que no se hayan adoptado medidas eficaces para combatirla ha provocado una sensación de impunidad que se convierte automáticamente en un efecto llamada.

Al corrupto le resulta difícil resistirse a la tentación de situar unos millones de euros en paraísos fiscales, ante la casi certeza de su impunidad, porque es difícil que se descubra su conducta, y, si ocurriera, hay muchas probabilidades de que la única pena que tenga que sufrir es la llamada “pena del telediario”. Pero, a cambio, el corrupto tiene solucionada su vida, la de toda tu familia y la de las generaciones futuras, con los millones de euros situados en los paraísos fiscales”.

(N. B. Finalmente, como decía ayer, los técnicos e inspectores de hacienda trabajarán sin duda para eliminar la corrupción, solo hace falta que les dejen y les faciliten los medios necesarios para realizar su labor, que solo puede y debe tener una limitación nuestra Constitución y nuestros derechos fundamentales).

Córdoba, a 10 de noviembre de 2014

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado. Inspector de Trabajo y S. S.

 

Corrupción general (III) (viajes de diputados y senadores: ¿dónde está el límite?)

Ahora se ha conocido y hecho público, que un diputado del PP por Teruel ha realizado multitud de viajes “privados” a Canarias en los últimos años  con cargo a los fondos públicos de Congreso y que un senador, también, del PP ha realizado 32 viajes “privados” al  mismo sitio con cargo a los fondos públicos del Senado. El primero ha dicho que dimite de diputado y abandona la política y el segundo desde una tribuna pública en Cáceres ha dicho públicamente que devolverá has el último céntimo de dichos viajes al Senado, pero de dimitir nada de nada.

Los españoles se han enterado, que los diputados y senadores pueden viajar por toda España por tierra, mar o aire sin tener que justificar sus viajes y sin tener que decir a donde y por qué viajan, todos los gastos, por supuesto, con dinero público de todos los ciudadanos.

Quiero dejar claro, que me parece correcto que diputados y senadores viajen para ejercer sus “funciones públicas de representación y defensa de los españoles” con cargo a los fondos públicos del Congreso y del Senado, pero, para empezar, siempre, declarando a donde, como y cuando, es decir, que exista transparencia absoluta de esos gastos de viajes. En cambio, no me parece correcto ni moral, aunque pueda ser legal (cosa que dudo), que realicen viajes sin freno (con patente de corso) de carácter privado con cargo al dinero público de los ciudadanos. Curiosamente, todos suelen decir cuando se descubre el pastel corrupto, que devolverán todo lo disfrutado en su dudosa parcela de legalidad, llena de falta de pudor y de vergüenza.

Entiendo, que devolver lo disfrutado de forma poco ética por su origen (por ser moderado), es algo elemental, que ni siquiera se debería nombrar. En realidad no se trata de devolver, sino de comprobar seriamente por quien tenga la debida competencia, si ha existido en dichos casos una posible y presunta malversación de fondos públicos, apropiación indebida o cualquier otro posible delito. Además, es evidente, que dichos diputados o senadores han percibido una retribución en especie, que forma, sin duda, parte de su renta en el IRPF de cada año y que deben haberla declarado como tal en sus declaraciones sobre la renta. Me imagino a un ciudadano particular, llamado por una comprobación paralela por Hacienda, diciéndole al técnico o inspector de hacienda,  “si es cierto que he recibido de mi empresa una retribución en especie por viajes privados”,  pero como voy a devolver dichas cantidades, no he cometido ninguna defraudación a la Hacienda Pública, así que, no me haga ninguna liquidación para regularizar mi situación ni me cobren intereses de demora, ni me imponga la correspondiente sanción. Estoy seguro que el técnico o el inspector de hacienda le daría un ataque de risa, lo que considero lógico y normal, ya que su obligación es regularizar la situación fiscal, etc. y, además, si la cantidad está situada dentro del margen del delito por fraude fiscal obrar en consecuencia, enviando el caso a la Fiscalía a través de los procedimientos legales establecidos.

En los casos de los diputados y senadores estoy convencido, que dentro de sus competencias los técnicos e inspectores de hacienda obrarán con la misma diligencia y eficacia que siempre, aunque, también, estoy seguro, que la absoluta opacidad del Congreso y del Senado en estos asuntos dificultará al máximo su labor y la de la Fiscalía.

Para empezar, visto lo visto, el Congreso y el Senado deberían hacer públicas las listas de viajes (por ejemplo: últimos tres años) de todos los diputados y senadores, detallando como y cuando se han realizado dichos viajes y su importe, porque, no creo, que ningún español sea tan iluso de pensar, que el diputado del PP de Teruel y el senador del PP por Cáceres han sido los únicos parlamentarios nacionales que han realizado viajes “privados” con cargo a los caudales públicos de todos los españoles.

Es evidente, que todos estos señores (que forman el poder legislativo) tienen por ley, el máximo nivel de aforamiento (Tribunal Supremo), pero estoy convencido que los Inspectores de Hacienda competentes y la Fiscalía (a través de sus Fiscales de Sala y Secciones oportunas), podrán desenredar el ovillo y determinar las responsabilidades de todo tipo que resulten de sus actuaciones, solicitando, caso necesario, las autorizaciones procedentes en vía judicial concedidas por el Tribunal Supremo. El artículo 71 de nuestra Constitución exige, además, la autorización de las Cámaras (Congreso y Senado) para poder imputar o procesar a los diputados y senadores, pero es algo indiscutible, que las Cámaras estarán a la altura que se les ha concedido constitucionalmente y que no ignorarán las resoluciones de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, si es que se producen.

Conclusión: Los españoles en el límite de su indignación no están dispuestos a soportar más abusos de poder, corrupciones y privilegios desmedidos, además, los partidos políticos saben que se mueven en el filo de la navaja, de manera que se abren de par en par las puestas para que salga toda la corrupción o los partidos que no acepten la absoluta transparencia y la completa regeneración en sus filas dejan de existir más pronto o más tarde. El clamor ciudadano resulta atronador y hay que estar ciego, sordo o ser un bloque de granito para no sentirlo y reconocerlo.

Córdoba, a 9 de noviembre de 2014

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado. Inspector de Trabajo y S. S.

 

 

 

 

 

Corrupción general (la defensa del mal menor a la hora de votar ya no sirve ni se la cree nadie)

Hoy se ha conocido que más de medio centenar de personas (entre ellos el Sr. Granados) han sido detenidas por la Guardia Civil por un presunto caso de corrupción y que su arresto se enmarca en una operación de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) en los ayuntamientos madrileños de Pinto, Parla, Valdemoro y Villalba.

La lista de corrupción es interminable e inagotable, de manera que, solo el ejemplo verdadero a todos los niveles institucionales puede servir de bálsamo a la indignación mayoritaria de los españoles. Eso sí, como consuelo, el número total de parados se sitúa en 5.427.700, la tasa de paro es del 23,67% y los Bancos superan los test de confianza.

Hace unos días decía, que España entera lo sabe: los casos de corrupción se multiplican por todas partes. Los chorizos están incrustados en todas las instituciones del Estado, es increíble como dan explicaciones inimaginables sobre su nivel de vida, sus gastos y sus cuentas bancarias, pero resulta curioso que ninguno nos cuente su código de honor y los principios del mismo. No cabe duda que tienen un código de honor claro y preciso, como los miembros de las maras, la yakuza, la mafia y el resto de las bandas y organizaciones que se caracterizan por sus virtudes ciudadanas y su trabajo por el bien común. Los chorizos, con estos principios, se han apoderado de España, pero aquí nadie dimite ni devuelve un euro, y lo peor de la realidad de la corrupción existente, parece que está por llegar según todas las noticias e indicios”.

Creo que cuando escribí lo anterior, me quedé, no corto, sino a años luz de la podredumbre que corroe a España. A partir de ahora, los españoles ya saben cómo se las gastan estos políticos de casta (y similares) y no podrán decir, lo que he oído muchas veces: “no todos los políticos son iguales.

Si es cierto que no todos los partidos políticos (sindicatos, patronales, empresas públicas, etc.) son iguales, el Gobierno y todos los partidos políticos sin excepción (sindicatos, patronales, empresas públicas, instituciones de todas clases, etc.), ya pueden empezar a tomar medidas urgentes y adecuadas: Trasparencia total con documentos fehacientes, dejar de proteger por acción u omisión a sus miembros corruptos, denunciar ante los Jueces de Instrucción competentes todos los casos, etc.

No cito hoy más cifras ni datos, porque no lo creo necesario, ya que todos los españoles saben perfectamente lo que hay, lo que ya no estoy tan seguro es que sepan que deben de hacer ante la realidad que les aplasta por todos lados.

Han surgido partidos como “Podemos”, que están en una espiral de ascenso imparable; pero, aquí, solo una pregunta: ¿a alguien le extraña que estos partidos nazcan y se desarrollen sin control?

La preguntas (algunas) que la mayoría de los ciudadanos nos hacemos, son ¿qué podemos hacer ante esta situación generalizada de corrupción en los partidos, sindicatos, patronales, etc.? ¿a quién votamos? ¿es aceptable la teoría del mal menor? ¿se puede comenzar de nuevo con lo que hay establecido?

Cada uno debe juzgar de conformidad con lo que está viendo día a día y que piense: ¿si es posible una regeneración verdadera desde dentro del sistema partitocrático establecido y dominante?

En mi opinión, creo, sinceramente, que no. Hay que buscar una fórmula aceptada mayoritariamente para empezar de nuevo. Propongo el Partido de la Abstención Absoluta, de forma, que si en unas próximas elecciones nadie vota, al día siguiente el problema está en vías verdaderas de solución y habría que comenzar de nuevo.

Que quede claro, que se ejercita un derecho constitucional y no cuesta nada.

Córdoba, 27 de octubre de 2014

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado. Inspector de Trabajo y S.S.

 

Deuda publica 1.007.319 millones (Presupuesto Ayuntamiento de Córdoba 2015)

Hemos conocido la deuda pública del conjunto de las administraciones públicas al cierre del primer semestre, y, la verdad es que nos hemos quedado (al menos todos los que saben lo que significa la magnitud del endeudamiento público) acongojados y acojonados por el futuro que se nos viene encima: 1.007.319 millones de euros, sobre el 98,4% del PIB, son muchos millones para devolver con sus intereses por muchas generaciones y con muchos impuestos. Además, lo peor es que el crecimiento de la deuda pública se presenta imparable (la deuda ha crecido en 300 millones de euros al día) y esto no hay país que lo aguante, pero el Gobierno sigue sin hacer sus deberes: En lugar de realizar una reestructuración buscando una reducción del gasto público drástica, el Presidente Rajoy y su Gobierno siguen gastando más de lo que ingresan, de manera que la disminución del gasto público es la hidra de mil cabezas que ninguna administración pública quiere ni mencionar.

Sin reestructurar a la baja el gasto público (al menos de entrada de un 15% a un 20%) no hay recuperación económica real, por mucho que el Presidente del Gobierno se le llene la boca con la disminución del paro y con los signos de crecimiento. Mientras el sector privado continúa su proceso doloroso de recortes y sacrificios sin cuento, la deuda pública supone ya el montante total de lo que la economía española genera en una anualidad y, lo peor, es que vamos a más.

*Creo que un ejemplo de lo que hay que hacer en las administraciones públicas, se puede ver examinando el Presupuesto del Ayuntamiento de Córdoba de 2014 (resumen por capítulos económicos) y proponiendo una reducción para 2015:

Presupuesto 2014

Previsiones Ingresos

Total ingresos: 309.190.060,61.eur.

Reducción propuesta: 54.452.655,61.eur.

Presupuesto de Gastos

Total gastos: 303.110.930,13.eur.

Reducción propuesta: 54.738.061,18.eur.

Propuesta Presupuesto de 2015

Ingresos previstos: 254.738.060.eur.

Presupuesto gastos: 248.372.655,05.eur.

Reducción ingresos:

Impuestos directos: 34.309.015,09.eur.

Impuestos indirectos: 136.957,10.eur.

Tasas y otros ingr.: 20.006.683,42.eur.

Total reducción ingresos: 54.452.655,61.eur.

Reducción gastos:

Personal: 10.336.144,13.eur.

Bienes Ctes.: 2.878.925,20.eur.

Transf. Ctes.: 41.522.991,85.eur.

Total reducción gastos: 54.738.061,18.eur.

Se propone reducir los impuestos y tasas locales sobre 54.000.000 de euros bajando la imposición fiscal y, a su vez, reducir los gastos en una cantidad semejante, consiguiendo que los cordobeses tengan un respiro económico a nivel local y que el Ayuntamiento reduzca su presupuesto en la misma medida que sus ciudadanos han visto reducido su nivel de vida. En definitiva, se trata de lograr que los cordobeses mejoren su situación económica y su nivel de vida.

*Estoy seguro, que muchos (entre ellos el Gobierno Local) dirán que es una locura, que no se podrán cubrir los servicios de la Ciudad, que los impuestos no se pueden bajar, etc., pero lo cierto es que existen gastos municipales manifiestamente reducibles o eliminables de raíz, consiguiendo así, que la imposición fiscal a nivel local pueda bajar significativamente. Por ejemplo: si se eliminan de base todas las partidas de gastos destinadas a los partidos y grupos políticos (personal de confianza, despachos y dotación de los mismos, etc.), si se reducen transferencias corrientes al mínimo imprescindible, si se reduce la deuda y sus intereses con acuerdos razonables de pago, si se ajusta debidamente el gasto de personal al nivel general de la calle (sobre este punto se puede hacer un referendo a nivel local) y, en definitiva, si el Ayuntamiento se equipara en sus ingresos y gastos al nivel económico de sus ciudadanos, el presupuesto se puede reducir en las cuantías señaladas (es una realidad, además de lo dicho, que cosas como el aeropuerto, palacio de congresos sobredimensionado, festejos no confluentes con la situación económica de la Ciudad, aparcamientos públicos multiplicados, superdimensionados y mal gestionados, empresas municipales artificiales e innecesarias, etc., son claramente prescindibles y los cordobeses estarían de acuerdo en su mayoría en su eliminación). En resumen, hay que cortar cualquier gasto que no sea absolutamente imprescindible para la vida de la Ciudad, a la vez, que se explica pormenorizadamente a los cordobeses porque se hace cualquier gasto, como se lleva a cabo y cuáles son los beneficios para la Ciudad y sus habitantes, llevando la información a los ciudadanos a su nivel más extremo con sencillez, claridad y de todos los rincones del Ayuntamiento.

¡Un Ayuntamiento debe ser de cristal para sus ciudadanos!

En el resto de España, si las administraciones públicas se ataran los machos y confluyeran con la realidad económica de sus ciudadanos (en el sentido que se ha señalado para Córdoba), la situación económica mejoraría significativamente, el dinero fluiría a nivel de calle, se reduciría la deuda pública y el empleo neto crecería en todo el País.

Conclusión: Nuestra propuesta se puede llevar a cabo, si las administraciones públicas en su conjunto se adaptan a la realidad social y económica de los españoles, buscando como fin último e imprescindible el bien común (no hablo de corrupción porque la vergüenza no me deja).

Córdoba, 19 de agosto de 2014

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado. Inspector de Trabajo y S. S.

Corrupción de casta, política mafiosa y desvergüenza (aquí pasa lo de siempre nadie sabía nada)

El día 22 de julio de 2013 publicaba un artículo titulado: Código de honor (chorizos políticos), donde decía:

*España entera lo sabe: los casos de corrupción se multiplican por todas partes. Los chorizos están incrustados en todas las instituciones del Estado, es increíble como dan explicaciones inimaginables sobre su nivel de vida, sus gastos y sus cuentas bancarias, pero resulta curioso que ninguno nos cuente su código de honor y los principios del mismo. No cabe duda que tienen un código de honor claro y preciso, como los miembros de las maras, la yakuza, la mafia y el resto de las bandas y organizaciones que se caracterizan por sus virtudes ciudadanas y su trabajo por el bien común.

Después de observar y ver su comportamiento libre de limitaciones y restricciones he llegado a las siguientes conclusiones sobre los principios de su código de honor:

-Es irrenunciable: nunca se debe devolver nada de lo afanado.

-Siempre se enteran de sus trapisondas por los medios de comunicación.

-Opera en sus actuaciones la ley de la “omertá”.

-Nunca renunciar al aforamiento, si lo tienen.

-Está prohibido dimitir si son cargos electos, pues son elegidos por el pueblo.

-Dominan las finanzas internaciones y el uso de los paraísos fiscales.

-Sus partidos los cubren hasta el último minuto y, cuando pueden, salvo escándalo, les pagan los abogados.

-Su nivel de vida, al menos hasta que se hacen públicas sus trapisondas, es insultantemente elevado.

-Hacen frente, normalmente, a fianzas judiciales muy elevadas para salir cuanto antes del centro penitenciario.

-Operan, casi siempre, en cuadrilla con organización jerárquica piramidal.

-Atacan, sin restricciones y por cualquier medio, al poder judicial independiente, honesto y trabajador.

-Extienden sus redes por todo el País y a toda clase de instituciones o empresas públicas subvencionadas a cargo de los presupuestos del Estado, que les sirven de tapaderas.

*Concluía mi artículo diciendo: Los chorizos, con estos principios, se han apoderado de España, pero aquí nadie dimite ni devuelve un euro, y lo peor de la realidad de la corrupción existente, parece que está por llegar según todas las noticias e indicios.

El código de honor señalado, no les quepa la menor duda, existe vigoroso y se extiende como una plaga maligna, pues todos saben, salvo casos muy excepcionales, que nunca pasa nada y los comportamientos falsarios y corruptos quedan impunes por la aplicación sistemática del código innombrable públicamente.

*Ahora, hemos conocido con estupor y sin saber ya que decir, ante tanta mangancia, el comunicado del Sr. Jordi Pujol, que reproduzco porque creo que debe llegar a todos los españoles para que nadie se llame a engaño, así el citado comunicado dice:

<<“Ante las informaciones aparecidas desde hace casi dos años alrededor de los miembros de mi familia más directa y de las insinuaciones escritas sobre el origen de los medios económicos de la misma, me veo en la obligación de poner de manifiesto los siguientes extremos:

Mi padre Florenci Pujol y Brugat, dispuso como última voluntad específica que un dinero ubicado en el extranjero -diferente del comprendido en su testamento-, rendimiento de una actividad económica de la que ya se ha escrito y comentado, y que no estaban regularizados en el momento de su muerte en septiembre de 1980, fueran destinados a mis siete hijos y a mi esposa, porque él consideraba errónea y de incierto futuro mi opción por la política en lugar de seguir en el mundo de la actividad económica. Y más aún, porque habiendo vivido de cerca la época difícil de los años 30 y 40 tenía miedo de lo que podía pasar, y más de lo que podía pasarle a un político muy comprometido.

La repentina muerte de mi padre tuvo lugar a escasos cinco meses de mi toma de posesión como presidente.

En aquel momento la minoría de edad de la práctica totalidad de mis hijos me convertía en responsable legal de cualquier decisión, y pese a que mi conciencia y mi cargo me empujaban a rechazar esta herencia, la última voluntad de mi padre junto con su opinión y dudas sobre mi opción vital por la política pesaban todavía más, y finalmente decidí encargar su gestión y regularización a una persona de máxima confianza de mi padre y también mía, gestión de la que no quise saber nunca el más mínimo detalle, hasta que llegados a la mayoría de edad todos mis hijos se decidió que esta persona cediese esta gestión a uno de mis hijos. Es en este momento que mi error original contaminó directamente a mis siete hijos y a mi esposa.

Lamentablemente no se encontró nunca el momento adecuado para regularizar esta herencia, como sí han podido hacer el resto de personas que se encontraban en una situación similar en tres ocasiones excepcionales a lo largo de treinta años de vigencia del actual sistema tributario. Finalmente ha sido en estos últimos días que los miembros de mi familia han regularizado esta herencia, con las consecuencias del nuevo marco legal aprobado para incentivar la última regularización excepcional de noviembre de 2012 y para penalizar extremadamente las regularizaciones posteriores.

De los hechos descritos y de todas sus consecuencias soy el único responsable, y quiero manifestarlo de forma pública, con mi compromiso absoluto de comparecer ante las autoridades tributarias o si hace falta ante instancias judiciales para acreditar estos hechos y de esta forma acabar con las insinuaciones y los comentarios.

Expongo todo esto con mucho dolor por lo que significa para mi familia y para mí mismo pero sobre todo por lo que puede significar para tanta gente de buena voluntad que puedan sentirse defraudados en su confianza, a la cual pido perdón. Y también les pido que sepan separar los errores de una persona -por muy significativa que haya sido-, y que esta declaración sea reparadora en lo que sea posible del mal y de expiación por mí mismo.

Barcelona, 25 de julio de 2014

Jordi Pujol i Soley”>>.

*N.B. Conclusión: Creo que cuando escribí mi artículo sobre el código de honor de los chorizos, que quedé, no corto, sino a años luz de la podredumbre que corroe a la política en España. A partir de ahora, los españoles ya saben cómo se las gastan estos políticos de casta y no podrán decir, lo que he oído muchas veces: “no todos los políticos son iguales”. Si hay políticos honrados, cabales y fieles a España que lo demuestren, de manera radical y pongan a todos los falsarios, corruptos y ladrones donde deben estar, a buen recaudo, en una prisión de alta seguridad, pero exigiendo sin demora la devolución inmediata de lo afanado.

Para terminar: ¿Algún español de bien, que hay muchos, cree que lo del Sr. Pujol y todas las demás cosas del patio de monipodio que han convertido España, no lo sabía nadie?

Córdoba, 28 de julio de 2014

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado. Inspector de Trabajo y S.S.