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Información veraz – Constitución – Estado de Derecho (falta información de los poderes públicos – se incumple la Ley)

La C. E. dice, entre otras cosas, en su artículo 20:

1. Se reconocen y protegen los derechos:

d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. …  …

2. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa.

3. La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España.

Así mismo, en su artículo 9 dice:

1. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.

3. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

El mandato constitucional es claro e indiscutible, es decir, no es posible ignorar ese derecho, cualquiera, que sean las circunstancias sociales, económicas o sanitarias. Aquí no hay posibilidad de interpretaciones divergentes: La información veraz es un derecho fundamental irrenunciable y debe ser absolutamente respetado por los poderes públicos.  La Ley en España así lo consagra, garantiza y exige.

Los ciudadanos (la sociedad civil en su conjunto) sin información veraz permanente e inmediata no pueden participar y colaborar en la solución de los problemas existentes, sobre todo, en épocas de crisis como en la que nos encontramos ahora, así que, todos los poderes públicos deben proporcionar a los españoles una información completa de todos los asuntos públicos, enmarcada absolutamente en la verdad.

Ocurre, sin embargo, que la información que se está facilitando a la sociedad civil española es vidriosa, engañosa y produce, además, desconcierto y confusión en la opinión pública, así, veamos algunos casos clamorosos:

a). – En relación de los fondos de recuperación acordados en la U. E., solo se habla de que recibiremos 140.000 millones, pero no se explica a los españoles, en que, condiciones se recibirán y cuáles serán nuestras obligaciones por la llamada condicionalidad, por no hablar de cuando y como se recibirán y como se distribuirán esos fondos y por quién. Todo esto, simplemente denunciado brevemente y sin entrar en mayores complejidades, que sin duda las hay.

b). – El Presidente Pedro Sánchez y las Ministras María Jesús Montero o Nadia Calviño vienen repitiendo sin pausa, que es necesario aprobar unos nuevos PGE, si España quiere recibir el dinero europeo, sin embargo, la Comisión Europea ha dicho, que nada tiene que ver una cosa con la otra, tal y como el Gobierno español viene informando de forma pública engañosa, induciendo a error a los españoles. La Comisión ha explicado, que “la presentación y valoración de los planes presupuestarios”, y, “de los planes de recuperación y resiliencia” son dos procesos separados y distintos.

Aunque, es evidente, que esos fondos estarán condicionados a reformas, advirtiendo la Comisión que, aunque no existe vinculación formal entre ambos (PGE y Fondos de la UE), es importante, que los objetivos de cada uno de ellos, sean concordantes y consistentes con el otro.

c). – Los casos parecidos de falta de información veraz son casi innumerables y notorios, no hay más que recordar al inefable Sr. Simón informando sobre los fallecidos y/o contagiados por el virus.

En resumenen España no existe información veraz de los poderes públicos y, sin ella, la sociedad civil está cegada y anulada, de manera, que quiera o no, no puede participar en la solución de los muchos problemas que tenemos en estos momentos.

N.B.  Sin que se cumpla el derecho fundamental de los españoles a una información veraz, no existe el Estado de Derecho y se incumple la Ley.

Reitero, que el mandato constitucional es claro e indiscutible, es decir, no es posible ignorar ese derecho, cualquiera, que sean las circunstancias sociales, económicas o sanitarias. La información veraz es un derecho fundamental irrenunciable y debe ser absolutamente respetado por los poderes públicos, ya que, así lo consagra, garantiza y exige la Ley.

Córdoba, a 10 de septiembre de 2020

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Igualdad – privilegios – derechos fundamentales (los derechos y obligaciones son de todos o de nadie)

La noticia: Un magistrado del Tribunal Constitucional es detenido por violencia de género. La Guardia Civil ha detenido a Fernando Valdés Dal-Ré tras a una denuncia por presunta violencia de género presentada por su mujer.

Nuestra Constitución dice en su artículo 14, que “los españoles son iguales ante la ley”, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social;

así mismo, el artículo 9 de la misma consagra el principio de legalidad, diciendo, que:

1.    Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.

2.      Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.

3.      La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos;

y, finalmente, señalar, que la C. E. en su TÍTULO I consagra los derechos y deberes fundamentales de los españoles, garantizando en su CAPÍTULO SEGUNDO nuestros derechos y libertades, entre ellos, por lo que viene al caso, el derecho a la presunción de inocencia.

Aquí hay que poner de manifiesto varias cosas, así:

1.- Debido a su condición de magistrado del Tribunal Constitucional, el Sr. Valdés Dal-Ré, se encuentra aforado ante el Tribunal Supremo, por lo que sólo este órgano podrá investigarle.

2.- El mismo día de los hechos, el TC emitía una nota informativa reivindicando su “presunción de inocencia”.

3.- El Magistrado del T. C. Sr. Valdés ha participado en una reciente sentencia dictada por el Constitucional, que exige a los jueces hacer una investigación “suficiente y eficaz” antes de acordar el archivo de denuncias por violencia de género.

4.- La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 7 del Majadahonda (Madrid) ha acordado elevar una exposición razonada a la Sala Segunda del Supremo a los efectos de la supuesta e indiciaria comisión de un delito de malos tratos en el ámbito familiar, recogido en artículo 153 del Código Penal.

5.- Se habla y consta en todos los medios, públicos y privados, de un posible archivo del caso de violencia doméstica que afecta al magistrado del Tribunal Constitucional, Fernando Valdés.

6.- Muchos juristas opinan, sin embargo, que la investigación debe continuar, lo que eso no significa que sea culpable, pero que se debe investigar, ya que, tras la detención del magistrado del TC, lo más lógico, lo normal, sería que al menos declarase ante el Supremo para esclarecer los hechos tras haber sido arrestado, al tratarse de un asunto muy grave.

7.- Es algo extraordinario, que el Magistrado Valdés de 75 años y con mandato expirado no haya presentado su dimisión, ni que el T. C. no le haya suspendido de sus funciones temporalmente, mientras se resuelve su caso.

En resumen, hay que respetar y cumplir la C. E., máxime cuando se trata de una persona que goza del privilegio del aforamiento, ya que todos los españoles somos iguales por mandato constitucional, especialmente, cuando se trata del cumplimiento de la ley, aunque siempre, siempre, sin exclusión alguna, con absoluto respeto a todos y cada uno de nuestros derechos fundamentales.

N.B.  El derecho a la igualdad de todos presupone la inexistencia de más privilegios, que los admitidos por la ley, de la misma forma, que los derechos fundamentales son de todos o de nadie y siempre se deben respetar, pues sin una aplicación efectiva y real de esos derechos no existe el Estado de Derecho.

La Ley debe ser igual para todos sin exclusiones de clase alguna.

Córdoba, a 4 de septiembre de 2020

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

IV. Paro España – Empleo (recuperar ya, derechos fundamentales y libertades públicas)

 

Reitero que debemos de restablecer y recuperar en toda su integridad todos nuestros derechos y libertades suspendidos, limitados o constreñidos de cualquier forma, y, que se recogen en la Constitución (arts. 10 a 52, ambos inclusive), ya que con el Estado de Alarma el Gobierno se está pasado varios pueblos y, además, continúa un camino preocupante, de forma que como siempre digo, eliminar derechos fundamentales es fácil para cualquier gobierno, aunque devolverlos históricamente se ha demostrado complicado y difícil.

Al respecto, leo hoy (07-04-20 – editorial – aislamiento interior) en OK Diario, literalmente, lo siguiente:

<<El Gobierno ha lanzado al aire una idea inquietante: el aislamiento precoz y obligatorio de los asintomáticos en instalaciones públicas, si bien el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha asegurado que sería sólo para «las personas que así lo deseen». La propuesta es inquietante, porque fue el propio ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien dijo que se estudiarían «todas las posibilidades legales, porque hay un principio fundamental: garantizar la salud pública como bien constitucional del conjunto de los ciudadanos españoles». Es decir, qué de voluntario, nada”.>>

En el artículo de ayer decía, que “la situación que padecemos todos de confinamiento y actividad económica paralizada no se puede mantener, salvo que queramos ahogarnos, de manera, que hay que dejar claro ya, que es una falsedad contraponer economía y salud, porque sanar a los españoles y empezar a crecer económicamente no son alternativas excluyentes, por el contrario, son realidades que confluyen y no pueden existir la una sin la otra.

Y que, se mire como se mire, debemos de mantener una vida económica y social relativamente normal, con retenes en el tejido productivo y medidas de implicación progresiva al trabajo, a la vez, que eliminamos el coronavirus o al menos lo controlamos, pues la salida a esta crisis, tanto en el aspecto sanitario como en el económico, va a ser muy larga y complicada. Esta lucha por la supervivencia, por nuestro estilo de vida y por la conservación de nuestras libertades, salvo el milagro de una vacuna que se prevé lejano, por ahora, desde el punto de vista sanitario y económico es un drama y un problema de larga duración, no solo en España sino en el mundo entero, máxime si consideramos que nuestro País tiene en el sector servicios, especialmente en el turismo, su principal fuente de ingresos. Podemos morir del coronavirus, pero, también podemos morir de hambre”.

Y, así mismo, decía, “que en España debemos seguir combatiendo la pandemia, pero a la vez, debemos ya, reactivar y poner en marcha nuestra economía, razón por la que de forma inmediata hay que diseñar un plan que combine, una ampliación de nuestra capacidad sanitaria pública y privada (más, camas UCI, respiradores, personal, equipos de protección, mascarillas y guantes para todos los ciudadanos, tests masivos -sanitarios, trabajadores en primera línea, productores desparalizados, y, resto de españoles de cualquier edad o condición- y cualquier otra cosa que se nos pueda ocurrir), y, medidas urgentes que refloten nuestra economía, dejando de lado, los odios a la libre empresa y a los empresarios, pues ellos por sus capacidades de gestión serán muy necesarios, tal y como ha quedado demostrado con los múltiples errores e incompetencias del mando único del Ministerio de Sanidad. Es un hecho indubitado, que si queremos salir de este trance debemos salvar nuestra estructura productiva”.

Para conseguir todo lo expuesto, lo primero de todo es recuperar nuestros derechos y libertades, levantando de forma inmediata, aunque progresivamente los confinamientos, y, de forma efectiva toda paralización de la actividad económica, con controles reales a todos los trabajadores que se incorporen a la actividad laboral en cualquier sector productivo, dotándoles, además, de todos los medios de protección personal adecuados para el desarrollo de su trabajo en cada actividad (epis) y tomando las medidas colectivas de protección precisas.

N.B. En resumen, para luchar contra el paro y crear empleo, lo primero de todo, debe ser recuperar ya, nuestros derechos fundamentales y libertades públicas. Si el Gobierno no lo hace así, y, sigue por el camino equivocado, apaga y vámonos.

Córdoba, a 7 de abril de 2020

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

VII. Derechos fundamentales, entre ellos, derecho a recibir información veraz (¿porque nos quitan nuestros derechos básicos y nadie nos defiende?)

 

Decía ayer, que ante tantos R. D. Leyes que están recortando nuestros derechos y libertades fundamentales, no podía, sino manifestar, que creo, que el Gobierno junto a una oposición complaciente y con dejación manifiesta de sus deberes, nos están expoliando en esos derechos que nuestra Constitución consagra, y, así, no podemos seguir, nos va en ello la libertad.

Así mismo, decía, desconocer la razón por la que se nos oculta información veraz, matizando, que quizás fuera para ocultar errores y/o negligencias graves en materia de equipamientos sanitarios elementales, como pueden ser, la ausencia masiva de tests de control de la epidemia, o, en razón de las fechas declaradas de la pandemia en España, etc., etc.

 Y sigo afirmando, que lo qué si tengo claro, es que los españoles merecemos, sin excusas si pretextos de clase alguna, que se nos proporcione una información veraz.

Curiosamente, ocurren unas cosas extraordinarias en España, así:

*  Entiendo que el Gobierno, aunque no lo comparto, por los motivos de sea, no esté facilitando información veraz a los españoles; que apruebe R. D. Leyes uno tras otro saltándose las leyes, incluida la Constitución, a la torera; que haya cerrado de facto el Congreso; que envíe mítines casi a diario a los españoles desde las televisiones; que celebre ruedas de prensa filtrando las preguntas que desea contestar; que haya cometido errores o negligencias de bulto en el control de la pandemia; que no se estén  realizando tests masivos y que no se haya proveído de material sanitario en tiempo y forma; que vaya por libre y sin consultar con nadie; que improvise una y otra vez en sus medidas sanitarias, económicas, sociales y políticas; que esté sobrepasando una y otra vez los poderes extraordinarios que le concede el Estado de Alarma y, así, etc. etc.

* Por el contrario, no entiendo, que los partidos de la oposición hayan desaparecido, ya que no están ni se les oye, de manera que me gustaría preguntar al Sr. Casado, al Sr. Abascal y a la Sñrª. Arrimadas, ¿dónde están y que hacen para defender a los españoles, incumpliendo, además, su deber de controlar al Gobierno?

Que conste, que nos les pido resultados concretos, sino que al menos lo intenten, que aparezcan por algún lado; simplemente están silentes y parecen complacidos en su mudez. La lealtad demostrada con el Gobierno es pura y simplemente sumisión, además, sin reciprocidad alguna (eso que es correspondencia mutua de una persona o cosa con otra), olvidando, que tienen una obligación ineludible de lealtad mayor con todos los españoles, pues si nos expolian nuestros derechos fundamentales y nuestras libertades, con su inacción silenciosa y sumisa, serán responsables y cómplices siempre de esos desafueros del Gobierno.

Por ejemplo, en relación con el derecho de los españoles a una “información veraz”, tal como consagra al art. 20 de la Constitución, ayer se conoció, que según los datos de los Registros Civiles hay  sorprendentemente -excesos de mortalidad-; es decir, hay muchas más muertes de la previstas, aunque no se computen como derivadas del coronavirus, lo que implica que no solo se falsean las cifras de personas contagiadas, sino, también, el número de personas fallecidas por la pandemia, que son bastantes más de las reconocidas oficialmente, lo que confirma, que las informaciones de todos estos días anteriores sobre el número de personas contagiadas y fallecidas por coronavirus son falsas, sea por error, por negligencia o por una conducta dirigida conscientemente a la mentira.

Visto lo visto, cualquiera se pregunta sin ánimo de fastidiar,

¿los partidos de la oposición van a preguntar, cuando menos, al Gobierno sobre ese asunto?

¿van a preguntar por qué no se está facilitando a los españoles “información veraz”?

¿por qué el Gobierno está expoliando derechos fundamentales de los españoles vulnerando la Constitución?

Si el Gobierno no contesta debidamente o se pone de espalda y mira para otro lado, hay, sin duda, muchos medios legales, informativos y judiciales para que los españoles nos sintamos defendidos y arropados en nuestros derechos básicos por unos partidos cuya principal tarea es controlar al Gobierno, sin escusas ni pretextos. Esperemos que comprendan, que la lealtad la tienen que demostrar y practicar primero con los españoles, cumpliendo con su deber principal y, si no es así, que se vallan, pues simplemente sobran.

N.B. Se reitera, que entiendan, que no podemos renunciar a nuestros derechos y libertades, por ejemplo, a nuestro derecho fundamental a recibir información veraz, estemos en Estado de Alarma o en cualquier otro estado constitucional, pues si renunciamos a defenderlos o nos quitan esos derechos torticeramente, no los recuperaremos jamás. Los españoles somos libres e iguales como consagra la C. E., y, esos derechos junto con otros, nos han costado muchas vidas y esfuerzos, para que, los entreguemos sin luchar, sea cual sea la pandemia y su gravedad, aunque, nos prometan, que será con carácter temporal, porque, puede que luego nos cueste muchos esfuerzos de todo tipo para recuperarlos.

Córdoba, a 2 de abril de 2020

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

V. Derechos fundamentales y R. D. L. 10/2020, de 29 de marzo (las empresas pagarán el 100% del permiso retribuido recuperable, aun teniendo su negocio cerrado)

 

El Gobierno aprobó (como hace siempre, sin consultar a nadie) el Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19.

Decía ayer, que el R. D. L. 10/2020 sobrepasa con mucho los poderes que la Constitución reconoce al Gobierno en un estado de alarma, pues dicha norma afecta a derechos constitucionales básicos, de forma, que es una norma manifiestamente inconstitucional, infringiendo, además, principios constitucionales esenciales en nuestro estado de derecho: legalidad, seguridad jurídica e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos (art. 9 C.E.)

Así mismo, decía, que el Gobierno, sin duda, podrá planificar la actividad económica, pero lo que no puede es anular, bajo ninguna circunstancia de alarma, la iniciativa privada eliminando la libertad de empresa y otros derechos básicos, al aprobar unas vacaciones generales para algunos trabajadores, castigando, por otro lado, a las empresas, (sean recuperables o no), a golpe de R. D. L. y, aquí, la oposición no puede hacer dejación de sus deberes, ni, ante normas arbitrarias que atentan a libertades fundamentales, debe bajar la guardia en ningún momento, así, que, asumiendo sus obligaciones ineludibles debe ponerse las pilas sin excusa ni pretexto.

Resumiendo, decía, también, que es algo claro y manifiesto, que el Gobierno al decretar que todos los trabajadores no esenciales están obligados a un permiso de dos semanas, retribuido y recuperable, y, las empresas a reconocerlo y admitirlo, ha superado claramente sus poderes en cualquier grado de un estado de alarma, sobrepasando, se mire como se mire, los límites recogidos en la C. E.

Por lo dicho, conviene ver, solo, dos artículos del R. D. L para comprender lo que decía, así:

** El R. D. L. en su art. 2, bajo el título de permiso retribuido, dice lo siguiente:

1. Las personas trabajadoras que se encuentren dentro del ámbito de aplicación del presente real decreto-ley disfrutarán de un permiso retribuido recuperable, de carácter obligatorio, entre el 30 de marzo y el 9 de abril de 2020, ambos inclusive.

2. El presente permiso conllevará que las personas trabajadoras conservarán el derecho a la retribución que les hubiera correspondido de estar prestando servicios con carácter ordinario, incluyendo salario base y complementos salariales.

** Así mismo, en su artículo 3., bajo el título de “recuperación de las horas de trabajo no prestadas durante el permiso retribuido”, dice lo siguiente:

1. La recuperación de las horas de trabajo se podrá hacer efectiva desde el día siguiente a la finalización del estado de alarma hasta el 31 de diciembre de 2020.

2. Esta recuperación deberá negociarse en un periodo de consultas abierto al efecto entre la empresa y la representación legal de las personas trabajadoras, que tendrá una duración máxima de siete días.

En el supuesto de que no exista representación legal de las personas trabajadoras, la comisión representativa de estas para la negociación del periodo de consultas estará integrada por los sindicatos más representativos y representativos del sector al que pertenezca la empresa y con legitimación para formar parte de la comisión negociadora del convenio colectivo de aplicación. La comisión estará conformada por una persona por cada uno de los sindicatos que cumplan dichos requisitos, tomándose las decisiones por las mayorías representativas correspondientes. En caso de no conformarse esta representación, la comisión estará integrada por tres personas trabajadoras de la propia empresa, elegidos conforme a lo recogido en el artículo 41.4 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

En cualquiera de los supuestos anteriores, la comisión representativa deberá estar constituida en el improrrogable plazo de cinco días.

Durante el periodo de consultas, las partes deberán negociar de buena fe, con vistas a la consecución de un acuerdo. Dicho acuerdo requerirá la conformidad de la mayoría de las personas que integran la representación legal de las personas trabajadoras o, en su caso, de la mayoría de los miembros de la comisión representativa siempre que, en ambos casos, representen a la mayoría de las personas que se hayan visto afectadas por este permiso extraordinario.

Las partes podrán acordar en cualquier momento la sustitución del periodo de consultas por los procedimientos de mediación o arbitraje previstos en los acuerdos interprofesionales de ámbito estatal o autonómico a los que hace referencia el artículo 83 del de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

El acuerdo que se alcance podrá regular la recuperación de todas o de parte de las horas de trabajo durante el permiso regulado en este artículo, el preaviso mínimo con que la persona trabajadora debe conocer el día y la hora de la prestación de trabajo resultante, así como el periodo de referencia para la recuperación del tiempo de trabajo no desarrollado.

De no alcanzarse acuerdo durante este periodo de consultas, la empresa notificará a las personas trabajadoras y a la comisión representativa, en el plazo de siete días desde la finalización de aquel, la decisión sobre la recuperación de las horas de trabajo no prestadas durante la aplicación del presente permiso.

3. En cualquier caso, la recuperación de estas horas no podrá suponer el incumplimiento de los periodos mínimos de descanso diario y semanal previstos en la ley y en el convenio colectivo, el establecimiento de un plazo de preaviso inferior al recogido en el artículo 34.2 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, ni la superación de la jornada máxima anual prevista en el convenio colectivo que sea de aplicación. Asimismo, deberán ser respetados los derechos de conciliación de la vida personal, laboral y familiar reconocidos legal y convencionalmente.

***   Son muchas cosas, las que llaman la atención de este R. D. L. inconstitucional y limitativo de derechos fundamentales básicos, así que veamos algunas, sin ánimo de exhaustividad:

a). Sorprende mucho, que el R. D. L. establezca, “que la recuperación del permiso retribuido, deberá negociarse en un periodo de consultas abierto al efecto entre la empresa y la representación legal de las personas trabajadoras”.

Un Gobierno, que para aprobar e imponer el permiso retribuido, como es público y notorio, no ha consultado con nadie (ni empresas, ni trabajadores, ni grupos de la oposición, etc.), de nuevo saca su ideología radical para imponer una negociación entre empresas y trabajadores, lo que pone de manifiesto, que considera a las empresas y a sus empresarios solo sujetos pasivos de obligaciones sin derechos, convencido de que las empresas son siempre un colectivo explotador, que nunca debe ser consultado para nada, en razón de su propia perversidad innata.

b). Invadiendo, sin complejo alguno e ilegalmente, derechos fundamentales, el Gobierno impone a los empresarios el pago del 100% de la retribución de sus trabajadores, aun teniendo su negocio cerrado, sin aprobar ninguna medida complementaria, lo que conlleva necesariamente a otra limitación y anulación del derecho de libre empresa y, que, además, producirá una grieta profunda en los costes productivos de las empresas afectadas.

c). Igualmente, el Gobierno aprueba el R. D. L. sin aviso previo a nadie y con aplicación inmediata, lo que supone un desconocimiento profundo del funcionamiento de las empresas, ya que cualquier empresa para parar su funcionamiento necesita, al menos, un período razonable de tiempo, que variará según cual sea su actividad, a parte, que antes de parar, debe planificar la reanudación de su actividad. De nuevo, se produce un ataque radical, ilegítimo y contrario a derecho por el R. D. L. al derecho a la libre empresa consagrado en el art. 38 de la C. E.

N. B.   Reitero lo dicho, los derechos a la libre empresa y a la negociación colectiva son derechos fundamentales y el R. D. L. 10/2020, de 29 de marzo, por ello, resulta inconstitucional, aun en el Estado de Alarma prorrogado.

Por otro lado, son muchas cosas, las que llaman la atención de este R. D. L. limitativo de derechos fundamentales básicos, tal y como se ha puesto de relieve de esta norma inconstitucional, que ahondará en la crisis económica de muchas empresas e impedirá o retrasará su recuperación y puesta en marcha de nuevo.

Córdoba a 31 de marzo de 2020

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.