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IV. Paro España – Empleo (recuperar ya, derechos fundamentales y libertades públicas)

 

Reitero que debemos de restablecer y recuperar en toda su integridad todos nuestros derechos y libertades suspendidos, limitados o constreñidos de cualquier forma, y, que se recogen en la Constitución (arts. 10 a 52, ambos inclusive), ya que con el Estado de Alarma el Gobierno se está pasado varios pueblos y, además, continúa un camino preocupante, de forma que como siempre digo, eliminar derechos fundamentales es fácil para cualquier gobierno, aunque devolverlos históricamente se ha demostrado complicado y difícil.

Al respecto, leo hoy (07-04-20 – editorial – aislamiento interior) en OK Diario, literalmente, lo siguiente:

<<El Gobierno ha lanzado al aire una idea inquietante: el aislamiento precoz y obligatorio de los asintomáticos en instalaciones públicas, si bien el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha asegurado que sería sólo para «las personas que así lo deseen». La propuesta es inquietante, porque fue el propio ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien dijo que se estudiarían «todas las posibilidades legales, porque hay un principio fundamental: garantizar la salud pública como bien constitucional del conjunto de los ciudadanos españoles». Es decir, qué de voluntario, nada”.>>

En el artículo de ayer decía, que “la situación que padecemos todos de confinamiento y actividad económica paralizada no se puede mantener, salvo que queramos ahogarnos, de manera, que hay que dejar claro ya, que es una falsedad contraponer economía y salud, porque sanar a los españoles y empezar a crecer económicamente no son alternativas excluyentes, por el contrario, son realidades que confluyen y no pueden existir la una sin la otra.

Y que, se mire como se mire, debemos de mantener una vida económica y social relativamente normal, con retenes en el tejido productivo y medidas de implicación progresiva al trabajo, a la vez, que eliminamos el coronavirus o al menos lo controlamos, pues la salida a esta crisis, tanto en el aspecto sanitario como en el económico, va a ser muy larga y complicada. Esta lucha por la supervivencia, por nuestro estilo de vida y por la conservación de nuestras libertades, salvo el milagro de una vacuna que se prevé lejano, por ahora, desde el punto de vista sanitario y económico es un drama y un problema de larga duración, no solo en España sino en el mundo entero, máxime si consideramos que nuestro País tiene en el sector servicios, especialmente en el turismo, su principal fuente de ingresos. Podemos morir del coronavirus, pero, también podemos morir de hambre”.

Y, así mismo, decía, “que en España debemos seguir combatiendo la pandemia, pero a la vez, debemos ya, reactivar y poner en marcha nuestra economía, razón por la que de forma inmediata hay que diseñar un plan que combine, una ampliación de nuestra capacidad sanitaria pública y privada (más, camas UCI, respiradores, personal, equipos de protección, mascarillas y guantes para todos los ciudadanos, tests masivos -sanitarios, trabajadores en primera línea, productores desparalizados, y, resto de españoles de cualquier edad o condición- y cualquier otra cosa que se nos pueda ocurrir), y, medidas urgentes que refloten nuestra economía, dejando de lado, los odios a la libre empresa y a los empresarios, pues ellos por sus capacidades de gestión serán muy necesarios, tal y como ha quedado demostrado con los múltiples errores e incompetencias del mando único del Ministerio de Sanidad. Es un hecho indubitado, que si queremos salir de este trance debemos salvar nuestra estructura productiva”.

Para conseguir todo lo expuesto, lo primero de todo es recuperar nuestros derechos y libertades, levantando de forma inmediata, aunque progresivamente los confinamientos, y, de forma efectiva toda paralización de la actividad económica, con controles reales a todos los trabajadores que se incorporen a la actividad laboral en cualquier sector productivo, dotándoles, además, de todos los medios de protección personal adecuados para el desarrollo de su trabajo en cada actividad (epis) y tomando las medidas colectivas de protección precisas.

N.B. En resumen, para luchar contra el paro y crear empleo, lo primero de todo, debe ser recuperar ya, nuestros derechos fundamentales y libertades públicas. Si el Gobierno no lo hace así, y, sigue por el camino equivocado, apaga y vámonos.

Córdoba, a 7 de abril de 2020

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

VII. Derechos fundamentales, entre ellos, derecho a recibir información veraz (¿porque nos quitan nuestros derechos básicos y nadie nos defiende?)

 

Decía ayer, que ante tantos R. D. Leyes que están recortando nuestros derechos y libertades fundamentales, no podía, sino manifestar, que creo, que el Gobierno junto a una oposición complaciente y con dejación manifiesta de sus deberes, nos están expoliando en esos derechos que nuestra Constitución consagra, y, así, no podemos seguir, nos va en ello la libertad.

Así mismo, decía, desconocer la razón por la que se nos oculta información veraz, matizando, que quizás fuera para ocultar errores y/o negligencias graves en materia de equipamientos sanitarios elementales, como pueden ser, la ausencia masiva de tests de control de la epidemia, o, en razón de las fechas declaradas de la pandemia en España, etc., etc.

 Y sigo afirmando, que lo qué si tengo claro, es que los españoles merecemos, sin excusas si pretextos de clase alguna, que se nos proporcione una información veraz.

Curiosamente, ocurren unas cosas extraordinarias en España, así:

*  Entiendo que el Gobierno, aunque no lo comparto, por los motivos de sea, no esté facilitando información veraz a los españoles; que apruebe R. D. Leyes uno tras otro saltándose las leyes, incluida la Constitución, a la torera; que haya cerrado de facto el Congreso; que envíe mítines casi a diario a los españoles desde las televisiones; que celebre ruedas de prensa filtrando las preguntas que desea contestar; que haya cometido errores o negligencias de bulto en el control de la pandemia; que no se estén  realizando tests masivos y que no se haya proveído de material sanitario en tiempo y forma; que vaya por libre y sin consultar con nadie; que improvise una y otra vez en sus medidas sanitarias, económicas, sociales y políticas; que esté sobrepasando una y otra vez los poderes extraordinarios que le concede el Estado de Alarma y, así, etc. etc.

* Por el contrario, no entiendo, que los partidos de la oposición hayan desaparecido, ya que no están ni se les oye, de manera que me gustaría preguntar al Sr. Casado, al Sr. Abascal y a la Sñrª. Arrimadas, ¿dónde están y que hacen para defender a los españoles, incumpliendo, además, su deber de controlar al Gobierno?

Que conste, que nos les pido resultados concretos, sino que al menos lo intenten, que aparezcan por algún lado; simplemente están silentes y parecen complacidos en su mudez. La lealtad demostrada con el Gobierno es pura y simplemente sumisión, además, sin reciprocidad alguna (eso que es correspondencia mutua de una persona o cosa con otra), olvidando, que tienen una obligación ineludible de lealtad mayor con todos los españoles, pues si nos expolian nuestros derechos fundamentales y nuestras libertades, con su inacción silenciosa y sumisa, serán responsables y cómplices siempre de esos desafueros del Gobierno.

Por ejemplo, en relación con el derecho de los españoles a una “información veraz”, tal como consagra al art. 20 de la Constitución, ayer se conoció, que según los datos de los Registros Civiles hay  sorprendentemente -excesos de mortalidad-; es decir, hay muchas más muertes de la previstas, aunque no se computen como derivadas del coronavirus, lo que implica que no solo se falsean las cifras de personas contagiadas, sino, también, el número de personas fallecidas por la pandemia, que son bastantes más de las reconocidas oficialmente, lo que confirma, que las informaciones de todos estos días anteriores sobre el número de personas contagiadas y fallecidas por coronavirus son falsas, sea por error, por negligencia o por una conducta dirigida conscientemente a la mentira.

Visto lo visto, cualquiera se pregunta sin ánimo de fastidiar,

¿los partidos de la oposición van a preguntar, cuando menos, al Gobierno sobre ese asunto?

¿van a preguntar por qué no se está facilitando a los españoles “información veraz”?

¿por qué el Gobierno está expoliando derechos fundamentales de los españoles vulnerando la Constitución?

Si el Gobierno no contesta debidamente o se pone de espalda y mira para otro lado, hay, sin duda, muchos medios legales, informativos y judiciales para que los españoles nos sintamos defendidos y arropados en nuestros derechos básicos por unos partidos cuya principal tarea es controlar al Gobierno, sin escusas ni pretextos. Esperemos que comprendan, que la lealtad la tienen que demostrar y practicar primero con los españoles, cumpliendo con su deber principal y, si no es así, que se vallan, pues simplemente sobran.

N.B. Se reitera, que entiendan, que no podemos renunciar a nuestros derechos y libertades, por ejemplo, a nuestro derecho fundamental a recibir información veraz, estemos en Estado de Alarma o en cualquier otro estado constitucional, pues si renunciamos a defenderlos o nos quitan esos derechos torticeramente, no los recuperaremos jamás. Los españoles somos libres e iguales como consagra la C. E., y, esos derechos junto con otros, nos han costado muchas vidas y esfuerzos, para que, los entreguemos sin luchar, sea cual sea la pandemia y su gravedad, aunque, nos prometan, que será con carácter temporal, porque, puede que luego nos cueste muchos esfuerzos de todo tipo para recuperarlos.

Córdoba, a 2 de abril de 2020

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

V. Derechos fundamentales y R. D. L. 10/2020, de 29 de marzo (las empresas pagarán el 100% del permiso retribuido recuperable, aun teniendo su negocio cerrado)

 

El Gobierno aprobó (como hace siempre, sin consultar a nadie) el Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19.

Decía ayer, que el R. D. L. 10/2020 sobrepasa con mucho los poderes que la Constitución reconoce al Gobierno en un estado de alarma, pues dicha norma afecta a derechos constitucionales básicos, de forma, que es una norma manifiestamente inconstitucional, infringiendo, además, principios constitucionales esenciales en nuestro estado de derecho: legalidad, seguridad jurídica e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos (art. 9 C.E.)

Así mismo, decía, que el Gobierno, sin duda, podrá planificar la actividad económica, pero lo que no puede es anular, bajo ninguna circunstancia de alarma, la iniciativa privada eliminando la libertad de empresa y otros derechos básicos, al aprobar unas vacaciones generales para algunos trabajadores, castigando, por otro lado, a las empresas, (sean recuperables o no), a golpe de R. D. L. y, aquí, la oposición no puede hacer dejación de sus deberes, ni, ante normas arbitrarias que atentan a libertades fundamentales, debe bajar la guardia en ningún momento, así, que, asumiendo sus obligaciones ineludibles debe ponerse las pilas sin excusa ni pretexto.

Resumiendo, decía, también, que es algo claro y manifiesto, que el Gobierno al decretar que todos los trabajadores no esenciales están obligados a un permiso de dos semanas, retribuido y recuperable, y, las empresas a reconocerlo y admitirlo, ha superado claramente sus poderes en cualquier grado de un estado de alarma, sobrepasando, se mire como se mire, los límites recogidos en la C. E.

Por lo dicho, conviene ver, solo, dos artículos del R. D. L para comprender lo que decía, así:

** El R. D. L. en su art. 2, bajo el título de permiso retribuido, dice lo siguiente:

1. Las personas trabajadoras que se encuentren dentro del ámbito de aplicación del presente real decreto-ley disfrutarán de un permiso retribuido recuperable, de carácter obligatorio, entre el 30 de marzo y el 9 de abril de 2020, ambos inclusive.

2. El presente permiso conllevará que las personas trabajadoras conservarán el derecho a la retribución que les hubiera correspondido de estar prestando servicios con carácter ordinario, incluyendo salario base y complementos salariales.

** Así mismo, en su artículo 3., bajo el título de “recuperación de las horas de trabajo no prestadas durante el permiso retribuido”, dice lo siguiente:

1. La recuperación de las horas de trabajo se podrá hacer efectiva desde el día siguiente a la finalización del estado de alarma hasta el 31 de diciembre de 2020.

2. Esta recuperación deberá negociarse en un periodo de consultas abierto al efecto entre la empresa y la representación legal de las personas trabajadoras, que tendrá una duración máxima de siete días.

En el supuesto de que no exista representación legal de las personas trabajadoras, la comisión representativa de estas para la negociación del periodo de consultas estará integrada por los sindicatos más representativos y representativos del sector al que pertenezca la empresa y con legitimación para formar parte de la comisión negociadora del convenio colectivo de aplicación. La comisión estará conformada por una persona por cada uno de los sindicatos que cumplan dichos requisitos, tomándose las decisiones por las mayorías representativas correspondientes. En caso de no conformarse esta representación, la comisión estará integrada por tres personas trabajadoras de la propia empresa, elegidos conforme a lo recogido en el artículo 41.4 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

En cualquiera de los supuestos anteriores, la comisión representativa deberá estar constituida en el improrrogable plazo de cinco días.

Durante el periodo de consultas, las partes deberán negociar de buena fe, con vistas a la consecución de un acuerdo. Dicho acuerdo requerirá la conformidad de la mayoría de las personas que integran la representación legal de las personas trabajadoras o, en su caso, de la mayoría de los miembros de la comisión representativa siempre que, en ambos casos, representen a la mayoría de las personas que se hayan visto afectadas por este permiso extraordinario.

Las partes podrán acordar en cualquier momento la sustitución del periodo de consultas por los procedimientos de mediación o arbitraje previstos en los acuerdos interprofesionales de ámbito estatal o autonómico a los que hace referencia el artículo 83 del de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

El acuerdo que se alcance podrá regular la recuperación de todas o de parte de las horas de trabajo durante el permiso regulado en este artículo, el preaviso mínimo con que la persona trabajadora debe conocer el día y la hora de la prestación de trabajo resultante, así como el periodo de referencia para la recuperación del tiempo de trabajo no desarrollado.

De no alcanzarse acuerdo durante este periodo de consultas, la empresa notificará a las personas trabajadoras y a la comisión representativa, en el plazo de siete días desde la finalización de aquel, la decisión sobre la recuperación de las horas de trabajo no prestadas durante la aplicación del presente permiso.

3. En cualquier caso, la recuperación de estas horas no podrá suponer el incumplimiento de los periodos mínimos de descanso diario y semanal previstos en la ley y en el convenio colectivo, el establecimiento de un plazo de preaviso inferior al recogido en el artículo 34.2 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, ni la superación de la jornada máxima anual prevista en el convenio colectivo que sea de aplicación. Asimismo, deberán ser respetados los derechos de conciliación de la vida personal, laboral y familiar reconocidos legal y convencionalmente.

***   Son muchas cosas, las que llaman la atención de este R. D. L. inconstitucional y limitativo de derechos fundamentales básicos, así que veamos algunas, sin ánimo de exhaustividad:

a). Sorprende mucho, que el R. D. L. establezca, “que la recuperación del permiso retribuido, deberá negociarse en un periodo de consultas abierto al efecto entre la empresa y la representación legal de las personas trabajadoras”.

Un Gobierno, que para aprobar e imponer el permiso retribuido, como es público y notorio, no ha consultado con nadie (ni empresas, ni trabajadores, ni grupos de la oposición, etc.), de nuevo saca su ideología radical para imponer una negociación entre empresas y trabajadores, lo que pone de manifiesto, que considera a las empresas y a sus empresarios solo sujetos pasivos de obligaciones sin derechos, convencido de que las empresas son siempre un colectivo explotador, que nunca debe ser consultado para nada, en razón de su propia perversidad innata.

b). Invadiendo, sin complejo alguno e ilegalmente, derechos fundamentales, el Gobierno impone a los empresarios el pago del 100% de la retribución de sus trabajadores, aun teniendo su negocio cerrado, sin aprobar ninguna medida complementaria, lo que conlleva necesariamente a otra limitación y anulación del derecho de libre empresa y, que, además, producirá una grieta profunda en los costes productivos de las empresas afectadas.

c). Igualmente, el Gobierno aprueba el R. D. L. sin aviso previo a nadie y con aplicación inmediata, lo que supone un desconocimiento profundo del funcionamiento de las empresas, ya que cualquier empresa para parar su funcionamiento necesita, al menos, un período razonable de tiempo, que variará según cual sea su actividad, a parte, que antes de parar, debe planificar la reanudación de su actividad. De nuevo, se produce un ataque radical, ilegítimo y contrario a derecho por el R. D. L. al derecho a la libre empresa consagrado en el art. 38 de la C. E.

N. B.   Reitero lo dicho, los derechos a la libre empresa y a la negociación colectiva son derechos fundamentales y el R. D. L. 10/2020, de 29 de marzo, por ello, resulta inconstitucional, aun en el Estado de Alarma prorrogado.

Por otro lado, son muchas cosas, las que llaman la atención de este R. D. L. limitativo de derechos fundamentales básicos, tal y como se ha puesto de relieve de esta norma inconstitucional, que ahondará en la crisis económica de muchas empresas e impedirá o retrasará su recuperación y puesta en marcha de nuevo.

Córdoba a 31 de marzo de 2020

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

IV. Derechos fundamentales y Estado de Alarma (derechos a la libre empresa y a la negociación colectiva -R. D. L. 10/2020, de 29 de marzo-)

 

** El art. 116 de la Constitución establece que:

Una ley orgánica regulará los estados de alarma, de excepción y de sitio, y las competencias y limitaciones correspondientes.

El estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de quince días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo. El decreto determinará el ámbito territorial a que se extienden los efectos de la declaración.

El estado de excepción será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, previa autorización del Congreso de los Diputados. La autorización y proclamación del estado de excepción deberá determinar expresamente los efectos del mismo, el ámbito territorial a que se extiende y su duración, que no podrá exceder de treinta días, prorrogables por otro plazo igual, con los mismos requisitos.

El estado de sitio será declarado por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, a propuesta exclusiva del Gobierno. El Congreso determinará su ámbito territorial, duración y condiciones.

No podrá procederse a la disolución del Congreso mientras estén declarados algunos de los estados comprendidos en el presente artículo, quedando automáticamente convocadas las Cámaras si no estuvieren en período de sesiones. Su funcionamiento, así como el de los demás poderes constitucionales del Estado, no podrán interrumpirse durante la vigencia de estos estados.

Disuelto el Congreso o expirado su mandato, si se produjere alguna de las situaciones que dan lugar a cualquiera de dichos estados, las competencias del Congreso serán asumidas por su Diputación Permanente.

La declaración de los estados de alarma, de excepción y de sitio no modificarán el principio de responsabilidad del Gobierno y de sus agentes reconocidos en la Constitución y en las leyes.

** Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19.

A la vista de lo expuesto hay que aclarar lo siguiente, así:

a). Los derechos fundamentales en estado de alarma deben estar afectados al mínimo, de forma, que las libertades recortadas en extremo y cualquier disposición radical, sobre esos derechos esenciales de los españoles, deben estar condicionadas y reducidas en sus efectos al mínimo absolutamente necesario, sin ninguna excusa, estando prohibidas todas las normas que anulen o menoscaben estos derechos.

b). Después de realizar un análisis del R. D. L. citado, resulta, manifiesto, que la norma se debería modificar substancialmente, ya que existen motivos más que razonables para afirmar que su contenido presenta más defectos graves que ventajas para todos (ciudadanos, empresas y trabajadores), ya que afecta a derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I de la Constitución, vulnerando derechos fundamentales.

Está claro que el R. Decreto-Ley aprobado por el Gobierno excede sus prerrogativas constitucionales y, por tanto, constituye un ataque a los derechos fundamentales de los españoles y, por ende, a la Constitución misma. Porque, además, tanto el derecho a la libertad de empresa como el derecho a la negociación colectiva no pueden ser suspendidos bajo ninguna circunstancia, ni el estado de alarma lo justifica en ningún sentido.

c). Es inconstitucional establecer, para todos los trabajadores en empresas con producción no esencial, un permiso retribuido y recuperable, constituyendo, desde cualquier consideración y/o interpretación jurídica, una vulneración clara de los derechos a la libertad de empresa y a la negociación colectiva en las relaciones de trabajo consagrados en la Constitución: El artículo 38 consagra “la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado”; y, el artículo 37. 1 “consagra el derecho a la negociación colectiva”.

Dicho de otra forma, el R. D. L. 10/2020 sobrepasa con mucho los poderes que la Constitución reconoce al Gobierno en un estado de alarma, lo que implica, si o si, que dicha norma afecta a derechos constitucionales básicos, de forma, que es una norma manifiestamente inconstitucional, infringiendo, además, principios constitucionales esenciales en nuestro estado de derecho: legalidad, seguridad jurídica e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos (art. 9 C.E.)

El Gobierno, sin duda, podrá planificar la actividad económica, pero lo que no puede es anular, bajo ninguna circunstancia de alarma,  la iniciativa privada eliminando la libertad de empresa y otros derechos básicos, al aprobar unas vacaciones generales para algunos trabajadores, castigando, por otro lado, a las empresas, (sean recuperables o no), a golpe de R. D. L. y, aquí, la oposición no puede hacer dejación de sus deberes, ni, ante normas arbitrarias que atentan a libertades fundamentales,  debe bajar la guardia en ningún momento, así, que, asumiendo sus obligaciones ineludibles debe ponerse las pilas sin excusa ni pretexto.

En resumen, es algo claro y manifiesto, que el Gobierno al decretar que todos los trabajadores no esenciales están obligados a un permiso de dos semanas, retribuido y recuperable y las empresas a reconocerlo y admitirlo, ha superado claramente sus poderes en cualquier grado de un estado de alarma, sobrepasando, se mire como se mire, los límites recogidos en la C. E.

N. B.   Los derechos a la libre empresa y a la negociación colectiva son derechos fundamentales y el R. D. L. 10/2020, de 29 de marzo, por ello, resulta inconstitucional, aun en el Estado de Alarma prorrogado.

Córdoba, a 30 de marzo de 2020

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

III. Derechos fundamentales y Estado de Alarma (derecho a recibir información veraz)

 

El artículo 20 de la C. E. dice y recoge lo siguiente:

1. Se reconocen y protegen los derechos:

d). A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión.

2. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa.

**  El sábado por la noche en su sorprendente comparecencia en televisión el Presidente Sánchez, entre otra cosas, dijo, “que recurriéramos a canales de información fiables, evitando noticias engañosas que provocan alarma y pánico”, y, dados los fiascos de información del Gobierno, la verdad es, que muchos españoles nos quedamos maravillados y sorprendidos, ya que en su anterior comparecencia dijo que por estas fechas andaríamos por los 10.000 contagios y lo cierto es que se superan los 33.000; así mismo, los mensajes del Gobierno han sido escasamente fiables: -Es como una simple gripe-,  -la posibilidad de infección será muy baja-, -el riesgo está controlado-, -nuestros hospitales están preparados y aguantarán la presión, serán capaces de soportar la presión. Por otro lado, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Fernando Simón Fernando Simón, (el doctor Simón al que todos debemos escuchar), no alertó con su tranquilidad (más bien negligencia) de lo que venía, además, Simón insistía en que en España “la posibilidad de infección era muy baja”; es más, llego a decir: <<que si su hijo le preguntaba si podía ir a la manifestación del Día de la Mujer él le diría que “haga lo que quiera“, añadiendo que “no proponía suspender ningún evento”.>>

Por lo dicho, es evidente, que el Gobierno nunca ha manejado información fiable, lo que supone, que teniendo en cuenta el artículo 20 de la C. E. precitado, al no estar el derecho fundamental a “recibir información veraz” suspendido ni limitado, en forma alguna, por el Estado de Alarma, el Gobierno ha vulnerado una y otra vez dicho derecho fundamental.

 ** Al igual, que los españoles estamos confinados y los que se saltan esa obligación, son lógicamente sancionados por la autoridad, el Gobierno debería tomar medidas coercitivas y/o sancionadoras contra los responsables de la desinformación proporcionada; y, si el Gobierno no toma medidas la oposición debería pedir las responsabilidades exigibles sin escusas de clase alguna, y, si el Congreso está cerrado arbitrariamente por el Gobierno, acudir a los tribunales (ordinarios, constitucional o/y UE), todo menos incumplir su sagrado deber de controlar al Gobierno, tal y como se hace en todas las democracias serias y consolidadas, pues, no hay duda alguna, que el derecho a información veraz no está suspendido ni limitado, en forma alguna, por el Estado de Alarma.

Finalmente, poner de manifiesto, que exigir el Gobierno información veraz, nunca puede suponer deslealtad de clase alguna en este momento complicado de la pandemia del coronavirus, por el contrario, implica ejercer un derecho fundamental de todos los españoles consagrado en el art. 20 de la C. E, no solo por todas las inexactitudes anteriores, sino también por las informaciones presentes y futuras debidas.

N. B. El derecho fundamental a recibir información veraz, no ha quedado suspendido ni limitado por el Estado de Alarma, razón por la que el Gobierno debe cumplir con su obligación de información verdadera y exacta y la oposición, si o si, debe exigir al Gobierno esa información sin excusas de clase alguna, si no la proporciona, pues nuestra Constitución es la ley suprema de España.

Córdoba, a 23 de marzo de 2020

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.