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Datos S. S. y Registros Civiles (producen inquietud y preocupación)

En los últimos días, se han conocidos datos de la Seguridad Social sobre pensiones y de los Registros Civiles de fallecimientos, y, tanto unos como otros, producen una profunda desazón, así:

1.- Seguridad Social. Ha bajado el número de pensiones, porque España ha perdido jubilados y, a la vez, altas por jubilación, así, el número de pensiones contributivas fueron 9.754.137, según los registros de mayo, lo que supone 38.508 menos que el mes de abril, y, 45.258 menos si se cuentan los meses de marzo y abril (M. Inclusión, Seguridad Social y Migraciones).

Sin embargo, la disminución real de pensiones durante mayo ha sido cuando menos de 92.000, no de 38.508 contabilizada por el M. de S. S., ya que, a la disminución de las pensiones, se deben sumar las altas en el sistema no producidas.

2.- Por otro lado, los Registros Civiles revelan 43.034 muertos en la pandemia.

El Sistema de Monitorización de la Mortalidad diaria en España (Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), ha calculado, que, en el periodo comprendido entre el 13 de marzo hasta el 22 de mayo, se ha producido un exceso de 43.034 fallecimientos, cifra muy diferente de la que computa el M. de Sanidad, que la cifra de los fallecimientos por coronavirus supera por poco los 27.000.

El informe del Instituto destaca, además, que, en el momento actual, se observa un retraso en la notificación de defunciones en los registros civiles de varias Comunidades Autónomas, poniendo de relieve la situación de Barcelona, cuyo R. Civil ha notificado desde el 12 de marzo 1.091 defunciones, y, que el sistema MoMo contabiliza 1.426 defunciones por corrección por retraso, estimándose, que se están contando a la baja los fallecimientos en Barcelona, y, por tanto, en la Comunidad Autónoma.

En resumen, los datos citados van todos en la misma dirección, que nos dice, que toda la información facilitada por el mando único del Gobierno sobre la realidad del coronavirus, de principio a fin es inveraz en todos los sentidos, especialmente, en la cuenta de fallecidos y sobre su edad.

N.B. Los datos sobre pensiones del M. de Seguridad Social y sobre los fallecimientos de los Registros Civiles producen inquietud y preocupación.

Los españoles merecemos, como mínimo, que el Gobierno nos informe con veracidad sobre la epidemia del coronavirus y sus efectos, sin limitación de clase alguna, ya que, si somos capaces de votar a nuestros representantes políticos, también somos capaces de aguantar cualquier información por dura que sea.

Córdoba, a 28 de mayo de 2020

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

II. Libertad – Epidemia de autoritarismo y estado alarmante (derecho a criticar a los poderes públicos)

 

Decía ayer, que sentía que la libertad empezaba a estar en peligro y, además, cada día un poco más, pero parece que me equivocaba, porque es mucho peor de lo que podía imaginar.

Precisamente, ayer 19-04-20, el Jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, José Manuel Santiago, en rueda de prensa del Comité de Técnicos de la pandemia del coronavirus en el Palacio de la Moncloa, ha dicho algo gravísimo para nuestra democracia, concretamente: << Que el Instituto Armado está controlando y monitorizando las críticas que se están haciendo en redes sociales a la gestión que hace el Gobierno de la pandemia >>.

Asegurando, << que la labor de defensa del Ejecutivo es una de las dos líneas de trabajo de la Jefatura de Información de la Guardia Civil. La otra línea, ha dicho es evitar el estrés social que persiguen todos estos bulos >>.

Las palabras del Jefe de Estado Mayor de la Guardia Civil, hizo que los ministros del Interior, Fernando Grande Marlaska (del que depende el Jefe de la G. C, en asuntos operativos), y de Defensa, Margarita Robles (en temas de personal) negaran esos hechos, pero está muy claro, que nadie puede creer, que José Manuel Santiago se inventara por su cuenta lo que declaró públicamente.

La declaración del Jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil tiene un contenido muy preocupante para los que defendemos la libertad como bien supremo en un estado de derecho, pues lo que ha dicho públicamente en rueda de prensa, nada menos que en la Moncloa donde reside el Presidente del Gobierno, Sr, Sánchez, es algo que solo se realiza en regímenes autoritarios y en las dictaduras.

La libertad de información, en sus dos vertientes de los derechos a recibir información veraz y a criticar a los poderes públicos (art. 20 C. E.), es esencial para garantizar una sociedad democrática y no admite cortapisas, ni siquiera con un estado de alarma en vigor. Especialmente, la libertad de criticar a los poderes públicos, siempre dentro del respeto al resto de derechos fundamentales, está protegida y garantizada en la C. E.

Esta libertad es una de las bases de la democracia, y, una crisis sanitaria con miles de españoles muertos, como la que soportamos, comandada por un Gobierno inane y alejado de la verdad, no justifica limitarla ni amordazarla, evitando así el control al Gobierno.

Imponer el silencio informativo, por medio de la intervención de la Guardia Civil, deja indefensos a los ciudadanos ante la persecución de la crítica a la actuación del Gobierno, y, es lo cierto, qué no hay peor virus, se quiera reconocer o no por el Gobierno, que la censura, derivada de una vigilancia de las fuerzas de seguridad del estado, contra los ciudadanos españoles que lleven a cabo cualquier crítica que se realice al Gobierno.

Sin duda de ninguna clase, la libertad de expresión incluye el derecho a enunciar críticas a los poderes públicos, encontrándose este derecho garantizado por la Constitución, de manera, que ningún Estado de Alarma autoriza al Gobierno a vigilar, restringir, y, menos aún suspender, el derecho a la crítica a la acción del Gobierno reconocido en el artículo 20 de la Constitución Española.

La Constitución exige, que la libertad de información se ejerza permitiendo la critica a los poderes públicos, puesto que la libertad de información, junto a la celebración de elecciones libres y democráticas y el principio de división de poderes son los fundamentos irrenunciables y básicos de un estado de derecho democrático.

Es un principio constitucional irrenunciable, que la seguridad jamás debe subordinar a la libertad (bajo ninguna circunstancia), que se conforma constitucionalmente como el valor supremo del estado de derecho y es el derecho fundamental primigenio.

En otras palabras, la declaración del alto mando de la Guardia Civil en la rueda de prensa de ayer, es algo inadmisible en un estado de derecho, y, resulta difícil imaginar un ataque tan directo a nuestra democracia, significando su contenido, sin duda, un acto propio de en régimen autoritario.

Desgraciadamente, las declaraciones del responsable de la Guardia Civil no son un hecho aislado, sirva como antecedentes de lo dicho, los siguientes casos:

** La encuesta del CIS del Sr. Tezanos con preguntas capciosas de igual contenido.

** La entrada por la puerta de atrás del Sr. Iglesias en el CNI, aprovechando una norma que nada tenía que ver con el asunto.

**  La homilía a bocajarro, muy  preocupante, que lanzó el Presidente del Gobierno, prorrogando el estado de alarma hasta el 10 de mayo, razón por la que, dado el modelo de aplicación del estado de alarma, que se está llevando a cabo con eliminación de derechos y libertades básicas de todos los españoles (confinamientos, controles policiales excesivos, falta continuada de toda información veraz, eliminación de toda crítica a las incalificables negligencias del Gobierno, eliminación de la libertad de empresa, cerrojazo al Congreso, paralización casi total de la justicia, múltiples reales decretos ley liberticidas, autoritarismo sin medida y decisiones unilaterales, etc. etc.), la verdad es, que era para sentir una profunda inquietud, al ver que el Presidente realizaba una declaración altanera del ejercicio de un poder fuera de la Constitución.

Como se ve, a simple vista, lo peor es que, paso a paso, el Gobierno va comiéndose nuestras libertades, pues, es una realidad, que cuanto más sufrimos enclaustrados por la pandemia del Estado de Alama excesivo y que supera la ley constitucional, más pretende el Gobierno controlar nuestra libertad, de forma, que se mire como se mire, todo parece formar parte de un plan liberticida para destruir nuestra humanidad libre y limitar día a día nuestros  derechos y libertades y, además, de manera unilateral, sin consultar a nadie, en un alarde de autoritarismo que va acotando nuestra libertad, siempre un poco más.

N. B. El Gobierno no puede seguir con su política limitativa de derechos y libertades (máxime con declaraciones tan peligrosas como las de ayer en la rueda de prensa en Moncloa), y, si el Gobierno no lo hace así, los ciudadanos en masa debemos solicitar el control judicial (tribunales ordinarios, Tribunal Constitucional y a los tribunales de justicia de la UE) y, si no es posible, acudir a cualquier otro medio legal, contra los continuos  excesos y despropósitos legales del Gobierno, que pervierte la ley para conseguir sus fines limitativos de derechos, partiendo de la base cierta de que nuestra libertad constitucional es un derecho inderogable e irrenunciable, sea cual sea la radicalidad de la epidemia, pues, siempre, es preferible morir en libertad, que vivir sin derechos y libertades.

Córdoba, a 20 de abril de 2020

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba, Inspector de Trabajo y S. S.

III. El camino de la verdad – Libertad de información (derechos a información veraz y a criticar a los poderes públicos)

 

Al día de hoy, nadie sabe a ciencia cierta, el número de fallecidos en España, y, cada vez que el Ministro de Sanidad, Sr. Illa habla más se aparta de la verdad, ya que si todas las CC. AA. declarasen realmente el número de muertes por coronavirus, como mínimo, estaríamos en una cifra muy superior a las 40.000 personas fallecidas.

Por ello, se puede decir y reclamar al Gobierno que nos diga la verdad, iniciando así, el camino hacia una información veraz, pues los españoles no merecemos un Gobierno que nos desinforma y falta a la verdad una y otra vez.

Reitero, que está clarísimo, que cuando la Constitución en su art. 20 consagra el derecho de los españoles a “una información veraz”, eso no va con el Gobierno, que con el estado de alarma ha asumido, como cierto, que gran parte de los derechos fundamentales de todos nosotros han desaparecido, por obra de una conducta equivocada restrictiva de libertades esenciales en cualquier democracia, de forma, que el comportamiento del Sr. Illa en el Congreso faltando a la verdad, es la prueba fehaciente de que al Gobierno le importa un bledo, que la información que proporciona a los españoles sea veraz o no, seguramente, porque está seguro que se mueve en el terreno de la impunidad, con una oposición medrosa en su labor de control y con la justicia paralizada para los ciudadanos de a pie.

La información veraz comporta, que tengamos derecho a conocer debidamente lo que sucede. Es una verdad absoluta, que sólo estando verazmente informados podremos defender nuestros derechos fundamentales y libertades públicas y realizar una crítica fundada del Gobierno y actuar en consecuencia.

El camino de la verdad, está muy claro, que es algo que no va con el Gobierno, de manera, que, hoy como ayer. el número de fallecidos por covid-19 es incomprensiblemente desconocido, y, hoy nadie sabe cuántos españoles han muerto por la epidemia, lo que implica, una vez más, que el Gobierno, con la anuencia fluida de las oposición, ha destruido el derecho constitucional a “una información veraz”, lo que sumado a los múltiples Reales Decretos Ley impuestos sin control, escudándose en el estado de alarma, significa, se quiera ver o no, que nos movemos en la arenas movedizas de la arbitrariedad.

La libertad de información, en sus dos vertientes de los derechos a recibir información veraz y a criticar a los poderes públicos (art. 20 C. E.), es esencial para garantizar una sociedad democrática y no admite cortapisas, ni siquiera con un estado de alarma en vigor. La libertad de recibir información veraz y criticar a los poderes públicos, siempre dentro del respeto al resto de derechos fundamentales, está protegida en la C. E.

Esta libertad es una de las bases de la democracia, y, una crisis sanitaria con miles de españoles muertos, como la que soportamos, comandada por un Gobierno inane y alejado de la verdad, no justifica limitarla ni amordazarla, evitando así el control al Gobierno.

Imponer el silencio informativo, mediante la propaganda engañosa, limitando o suprimiendo la información veraz, deja indefensos a los ciudadanos ante la propaganda y la manipulación del Gobierno y, es lo cierto, qué no hay peor virus, se quiera reconocer o no por el Gobierno, que la censura encubierta derivada de una información falsaria.

Sin duda de ninguna clase, la libertad de expresión, además, del derecho a recibir información veraz, incluye el derecho a enunciar críticas a los poderes públicos, encontrándose ambos derechos garantizados por la Constitución, de manera, que ningún Estado de Alarma autoriza al Gobierno a restringir, y, menos aún suspender, el derecho a la información reconocido en el artículo 20 de la Constitución Española en cualquier de sus formas, que en todo caso,  exigirían la declaración de un estado de excepción.

La Constitución garantiza el derecho fundamental a recibir libremente información veraz, lo que obviamente no es lo mismo que información oficial, que siempre, como se ve, corre el riesgo de confundirse con la información que más conviene al gobernante de turno; siendo un hecho indubitado, que una fuente oficial como la del Sr. Illa no garantiza que lo que diga sea verdad.

La Constitución exige, que la libertad de información se ejerza respetando la veracidad de la información y permitiendo la critica a los poderes públicos, puesto que la libertad de información, junto a la celebración de elecciones libres y democráticas y el principio de división de poderes son los fundamentos irrenunciables y básicos de un estado de derecho democrático.

Es un principio constitucional irrenunciable, que la seguridad jamás debe subordinar a la libertad, que se conforma constitucionalmente como el valor supremo del estado de derecho y es el derecho fundamental primigenio, de manera, que debemos seguir la estela de la frase de Jefferson (Thomas, autor destacado de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de 1776 y uno de los Padres Fundadores) cuándo dijo, que cuando el gobierno teme a la gente, hay libertad y cuando la gente teme al gobierno, hay tiranía.

La Constitución reconoce el derecho a la información veraz y el derecho a la crítica de los poderes públicos, al mismo tiempo, que prohíbe cualquier tipo de censura disfrazada de información falsa (y menos si procede de los poderes públicos o del Gobierno), se presente como se presente; ni tan siquiera en estado de excepción o sitio, no digamos en el de alarma, que sólo permite ciertas limitaciones de derechos, prohibiendo, así mismo la C. E., que pueda establecerse ningún tipo de desinformación falsaria como tipo de censura. Lo dicho, es algo que también se consagra en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y en la Carta de Derechos Fundamentales de la UE.

La información veraz conlleva, sin duda de clase alguna, que los ciudadanos tengamos derecho a conocer debidamente y con verdad lo que ocurre. Sólo estando verazmente informados podremos defender nuestros derechos fundamentales y libertades públicas y realizar una crítica fundada del Gobierno y actuar en consecuencia. Además, la información veraz permitirá, si es preciso, como ocurre ahora, con la información falsa reiterada del Ministro de Sanidad, solicitar el control judicial sobre los continuos despropósitos del Gobierno en la información que facilita, por cuanto es, así mismo, una garantía irrenunciable.

N. B. Es evidente, que el Gobierno no puede seguir con su política de desinformación falsaria, y, sin duda, debe volver al camino de la verdad, restaurando la libertad de información, en sus vertientes de derechos a información veraz y a criticar a los poderes públicos, pues de otro modo, los ciudadanos en masa deberemos solicitar el control judicial (tribunales ordinarios, Tribunal Constitucional y a los tribunales de justicia de la UE) sobre los continuos despropósitos del Gobierno en la información que facilita, partiendo de la base cierta de que se trata de una garantía inderogable.

Córdoba, a 18 de abril de 2020

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

II. El camino de la verdad – fallecidos por covid-19 (nadie sabe cuántos españoles han muerto al día de hoy)

 

16/04/2020) El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, reconoce, que la cifra real de fallecidos es difícil de conocer, y, qué desde el ministerio se contabilizan todos los infectados que fallecen según informan las comunidades, asegurando que el ministerio contabiliza los fallecidos con pruebas realizadas. Traduciendo a román paladino las palabras del Sr. Simón, está muy claro, “no sabe o no lo quiere decir, ¿cuántos españoles han fallecido por la epidemia del coronavirus?”.

A su vez, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, aseguró ayer jueves en el Congreso (comparecencia en la Comisión de Sanidad), que las CC. AA.  han notificado un total de 19.130 defunciones por coronavirus. El Ministro Illa se olvidó de 3.341 nuevos fallecidos, que ha comunicado Cataluña (Sr. Torra), diciendo, además, que la evolución es descendente.

Por otro lado, la Comunidad de Madrid ha informado que los muertos en la región alcanzan los 10.326lo que aumenta en 3.449 los fallecidos de los que declara el Ministerio de Sanidad, que deja fuera a los fallecidos con síntomas en las residencias o en domicilios particulares, etc., lo que significa, que Madrid, al parecer, cuenta de otra manera que el Ministerio y se acerca más a la cifra real de fallecidos.

Lo dicho, significa, si o si, que el Ministro Illa en el Congreso se aparta de la verdad, ya que si el resto de CC. AA. hacen lo mismo que Madrid o Cataluña, el número de muertes por coronavirus en España, como mínimo se dobla, por lo que estaríamos en una cifra muy superior a las 40.000 personas fallecidas.

Sin duda, entiendo las declaraciones del Director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, al ser simplemente un mercenario político, supuestamente experto, del Gobierno, aunque me cuesta entender las declaraciones del Ministro Illa en el Congreso faltando a la verdad en sede parlamentaria, pues, desde cualquier punto de vista, la cifra de españoles fallecidos de que informó es notoriamente falsa. El motivo por el que el Ministro de Sanidad abandona el camino de la verdad es una cuestión ignota, salvo que crea, que los españoles no son capaces de admitir la dura realidad, cuando, además, la verdad diaria demuestra que la sociedad española en su conjunto está muy por encima de todos sus representantes públicos.

La conclusión de todo lo dicho, es que los españoles no merecemos un Gobierno que nos desinforma y falta a la verdad una y otra vez.

Está clarísimo, que cuando la Constitución en su art. 20 consagra el derecho de los españoles a “una información veraz”, eso no va con el Gobierno, que con el estado de alarma cree que gran parte de los derechos fundamentales de todos nosotros han desaparecido, por obra de una conducta equivocada restrictiva de libertades esenciales en cualquier democracia, de forma, que el comportamiento del Sr. Illa en el Congreso faltando a la verdad, es la prueba fehaciente de que al Gobierno le importa un bledo, que la información que proporciona a los españoles sea veraz o no, seguramente, porque está seguro que se mueve en el terreno de la impunidad, con una oposición medrosa en su labor de control y con la justicia paralizada para los ciudadanos de a pie.

N. B. El camino de la verdad está muy claro, que es algo que no va con el Gobierno, de manera, que el número de fallecidos por covid-19 es incomprensiblemente desconocido, y, hoy nadie sabe cuántos españoles han muerto por la epidemia, lo que implica, una vez más, que el Gobierno, con la anuencia fluida de las oposición, ha destruido el derecho constitucional a “una información veraz”, lo que sumado a los múltiples Reales Decretos Ley impuestos sin control, escudándose en el estado de alarma, significa, se quiera ver o no, que nos movemos en las arenas movedizas de la arbitrariedad. Vuelvo a decir, que quitar derechos y libertades básicas a los ciudadanos es fácil al parecer en España, pero ya veremos cuando nos devuelven esos derechos, pues nunca y bajo ningún pretexto se puede admitir, que cambiar seguridad por libertad es algo legítimo. Esta realidad jamás lleva a algo bueno, no hay más que ver los antecedentes históricos en todo el mundo, sin dejar ya de observar lo que desgraciadamente ahora existe.

Córdoba, a 17 de abril de 2020

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Coronavirus en España – contagios (¿cuándo se conoció su presencia y como se expandió?)

 

Al día de hoy oficialmente, los contagiados 172.541 y los fallecidos 18.056, con un dato extremadamente preocupante, que es el número de sanitarios infectados en una cifra superior a 26.000, por una evidente falta de material de prevención adecuado, por no hablar de las residencias de mayores, teniendo, además, en cuenta que España es el país que más fallecidos tiene del mundo en proporción a sus habitantes, y, que, la curva de la pandemia parece que no se consigue doblegar desgraciadamente por ahora, razón por la que conviene, si es posible, acercarnos al camino de la verdad para que los españoles tengamos una información veraz sobre el coronavirus y el ¿por qué? de su incidencia real y extremadamente grave en nuestro País.

Los españoles nos preguntamos cuando llegó la epidemia a nuestro País y como se ha expandido tan rápido hasta alcanzar el tremendo número de contagiados y fallecidos precitado, aunque solo hablamos de datos oficiales, que todos sabemos mal informados y apartados de la realidad (los contagiados reales desgraciadamente se desconocen por ahora, aunque su número se estima muy superior a los datos oficiales, y los fallecidos triplican los números oficiales), de forma que examinemos algunos hechos contrastados, que podrían explicar o arrojar luz sobre la expansión de la enfermedad de manera incontrolada por toda España, buscando siempre el camino de la verdad:

1.- La Audiencia Nacional (Sala de lo Social) en tres Autos, todos de fechas 6 de abril de 2020, ha dejado en sus hechos como probado, que, cuando menos, el día 24/01/20 el Gobierno conocía perfectamente, que la epidemia del coronavirus se había propagado por España. Partiendo de esta fecha cierta (verdad judicial), es lógico llegar a la conclusión razonable de que el Gobierno, cuando menos, unos 15 días antes de la fecha 24/01/20 conocía que la epidemia estaba extendida por España

Al mismo tiempo, fuera de toda lógica, conociendo perfectamente lo que se sabía, se autorizaron por el Gobierno actos multitudinarios, como las manifestaciones del 8M en toda España o el acto de Vox, mientras los españoles recibíamos oficialmente información manifiestamente falsa, en un bombardeo de noticias menospreciando la incidencia y los efectos de la epidemia, de forma, que llegamos tarde y mal al control de la enfermedad del coronavirus, propagándose la epidemia de forma descontrolada.

Según los autos núms. 18/20, 19/20 y 20/20 de la Audiencia Nacional (Sala de lo Social), es evidente, que el Gobierno conocía a fecha 24-1-2020 la existencia de la pandemia. Es un hecho probado judicialmente, tal y como, se detalla claramente en el auto 19-20 de la A. N., Sala de lo Social, diciendo dicha resolución en su hecho probado 2º.: “Que el día 24-1-2020 por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Dirección General de la Policía se emitió y se produjo un comunicadoalertando sobre los riesgos de contagio en España.

Diciendo, a mayor abundamiento, el Auto 18/20 de la A. N, (Sala de lo Social) en su hecho probado cuarto“Que el 5 de marzo de 2020el Ministerio de Sanidad publicó el “Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al nuevo coronavirus (SARS-COV-2)”.

Participaron en su redacción el Ministerio de Trabajo y Economía Social, el Centro Nacional de Medios de Protección, la Sociedad Española de Medicina y Seguridad en el Trabajo, la Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo, la Asociación Nacional de Medicina del Trabajo en el Ámbito Sanitario, la Sociedad Española de Salud Laboral en la Administración Pública, la Federación Española de Enfermería del Trabajo, Comisiones Obreras, Unión General de Trabajadores, la Asociación Nacional de Servicios de Prevención Ajenos y  Servicios de Prevención Ajenos ASPA-ANEPA.

2.- Por otro lado, el Gobierno ignoró dos advertencias sobre el coronavirus, realizadas el 6 de marzo en el Consejo de Sanidad de la UE, al que asistió el Ministro de Sanidad, Salvador Illa.

Los avisos fueron hechos por la Comisaria de Salud de la UE (Stella Kyriakides) y por el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades ECDC.

La Comisaria de Salud, pidió a los Estados miembros reflexionar sobre la celebración de grandes actos públicos para frenar la propagación de los contagios del coronavirus, y, destacó la importancia de asegurar la disponibilidad de protección para los sanitarios, y, de informar a los ciudadanos de la importancia de la higiene personal.

Por parte del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC), la representante del Centro dijo, que es esencial, que los países intenten controlar los contagios desde los casos iniciales, debiendo los Estados activar los mecanismos de alarma nacional y planes para asegurar el control con medidas sanitarias, especialmente la disponibilidad de equipamiento para los trabajadores sanitarios y de camas hospitalarias, y, también, dijo la representante del ECDC, que había que garantizar, que la población esté informada de que el coronavirus puede afectar gravemente a su sociedad, de forma, que un alto grado de entendimiento de las medidas aplicadas por parte de la población es esencial para prevenir los contagios.

A pesar de lo dicho, en España el Gobierno permitió las manifestaciones del 8 de marzo en todo el país (se dice, que a la marcha del 8-M en Madrid acudieron más de 120.000 personas), y, además, se autorizaron otros actos colectivos multitudinarios.

3.- Así mismo, seis días antes de las manifestaciones del 8M, el Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades, desaconsejó celebrar actos multitudinarios para evitar la propagación del coronavirus e instó a los gobiernos a anticiparse al contagio de la pandemia. Todos sabemos, que hizo el Gobierno con esos consejos, ya que, ignorando la advertencia, propició las marchas, cuando la propagación de la epidemia era ya una realidad en España, y, ya sabemos lo que pasó. De forma, que solo hasta 12 días después del aviso de la agencia europea (de la que es asesor el responsable del Centro de Alertas y Emergencias de Sanidad, Fernando Simón), el Gobierno acordó el estado de alarma. 

4.- Finalmente, apuntar, también, que el Departamento de Seguridad Nacional (DSN) avisó al Gobierno horas antes de las multitudinarias marchas del 8 de marzo, que el incremento de casos por coronavirus era mayor de lo habitual en España.

N.B.   Con lo dicho, podemos tener una idea, de lo que ocurrió, sabemos por una verdad judicial cuando se conoció la presencia del coronavirus y ¿por qué? se expandió tan rápido y de forma tan severa, sorprendiendo y colapsando los medios sanitarios del País, sin que nadie estuviera preparado, cometiendo, además, el Gobierno error tras error y demostrando graves negligencias, de forma que incluso hoy, seguimos sin estar preparados, pues siguen faltando medios de protección para sanitarios y resto de trabajadores, por no hablar la población confinada; es lo cierto, que faltan tests masivos, descubrimiento de contagiados real, especialmente, de asintomáticos, y medios de protección para todos los españoles (mascarillas, guantes, ropa, etc.). Se han hecho mal muchas cosas y las consecuencias para España están a la vista de todos, pero lo peor está, en que la duración de la pandemia se alargará desgraciadamente, y, los efectos sobre la actividad económica, el empleo y el paro serán un verdadero cataclismo.

Córdoba, a 14 de abril de 2020

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.