Tag Archives: Estado de Derecho

División de poderes y estado de derecho (libertad de expresión y democracia)

En estos días, después de ver, lo que está pasando en las redes sociales con la libertad de expresión, la cuestión es:

¿dónde están los límites de la libertad de expresión y quién es el responsable de marcarlos?

No puede ser que cualquier ejecutivo del mundo mundial por su sola voluntad, sin la autorización motivada de un poder judicial independiente, diga a cualquiera lo que tiene que decir o lo que no puede decir, ya que, sin libertad de expresión y sin división de poderes real y efectiva no existe el estado de derecho ni democracia.

Si hay algo que destroce y elimine la seguridad jurídica y la confianza de los ciudadanos en la libertad y en la justicia eliminando sus libertades, es cuandocualquier poder, sea el que sea, ignorando la libertad de expresión infringe la Ley y aplica la suya sin más, tomando medidas arbitrarias sin ningún control judicial independiente eliminando o limitando la misma; de forma, que cuando nuestra Carta Magna consagra, que los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, la realidad contraria es, que sí alguien está tomando de hecho esas medidas de control de nuestra libertad de expresión (sin ninguna ley y sin ningún control judicial), solo existirá incertidumbre y desesperanza para todos nosotros sin verdadera libertad, es decir, para esos muchos, que, simplemente, vamos a pie.

En las redes sociales, cosa más que probada y de dominio público, reina un poder hegemónico y sin control verdadero, que genera una serie de situaciones extremadamente negativas, que nos lleva a un desastre contra la libre información y la democracia, produciendo a la sociedad civil con carácter general una indefensión manifiesta, que se concreta en una serie de estados desgraciados, así:

* Incertidumbre.

* Desconfianza.

* Desesperanza.

* Falta de seguridad jurídica.

* Pérdida de libertades y derechos.

* Desaparición de principios éticos.

Ese control desmedido de nuestras libertades está generando un drama social perverso, al que nos llevan esos poderes espurios, que solo buscan lo peor para conseguir sus fines oscuros, pero que nadie crea que a él no le afectaporque esta deriva autoritaria, destruyendo el principio de legalidad y la seguridad jurídica nos va a destruir a todos nosotros, eliminando nuestras libertades más queridas, como la libertad de expresión.

En resumensi no recuperamos la libertad de expresión plena y verdadera, a base de seguridad jurídica, certidumbre y respeto a nuestros derechos fundamentales, vamos directos a una situación desastrosa y peligrosa para todos los ciudadanos, mientras, una minoría poderosa ajena a la división de poderes y a la democracia se apodera de nuestras libertades, en base, además, a unos derechos humanos, que dice defender.

N.B.  Es un hecho peligroso y desgraciado, que la división de poderes, el estado de derecho, la libertad de expresión y la democracia están siendo arrasadas por unas redes sociales hegemónicas, que manejan sin reparo unos pocos potentados sin ningún control legal ni judicial independiente.

Se puede negar, pero realmente es así, de forma, que, si se siguen moviendo sin control verdadero, las consecuencias serán nefastas para la gran mayoría de ciudadanos de todo el mundo. Baste pensar, lo que puede pasar o que pueden hacer esos grupos todo poderosos e incontrolados, contra una sociedad indefensa y unas naciones entregadas a sus influencias perversas, si alguien, quien sea, Gobiernos o particulares intentan limitarlos de algún modo, como puede ser con un impuesto contrario a sus intereses, como la llamada tasa google.

Córdoba, a 19 de enero de 2020

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

 

Jueces embridados – ciudadanos desconfiados (sin división de poderes no existe estado de derecho)

En este tema vidrioso, podemos acudir al refranero popular tan rico y verdadero, cuando dice: El diablo solo tienta, a aquel con quien ya cuenta.

Durante muchos años los jueces han estado jugando a un juego peligroso y endiablado, formando asociaciones llenas de ideología y exigiendo puestos en el C.G.P.J. en razón de esas ideas, que componen ellos mismos, al señalarse como progresistas, conservadores, moderados de centro e incluso independientes (aunque, creía que todos lo eran).

Las consecuencias perversas de ese comportamiento ideológico están a la vista, sobre todo, cuando se dictan resoluciones, diciendo que proceden de un juez progresista o conservador para explicar su contenido, que exige apartarse de la ley y dirigiéndose a un terreno dominado por cualquier ideología excluyente, que se quiera reconocer o no, concita la desconfianza de los ciudadanos en la justicia. Ejemplos hay casi a diario, de forma, que en muchos casos ya se sabe por donde irá la resolución según el juez que lleva el caso, aunque siempre hay ingenuos que hablan de posibles recusaciones e incluso abstenciones.

Está muy claro, que cada uno puede vivir en el mundo de sus propios sueños, aunque está comprobado que dictar una resolución basada en interpretaciones ideológicas destruye la confianza en la justicia, que, aunque a veces no lo parezca, nace del poder soberano del pueblo.

Todo lo dicho viene, porque el Gobierno de España continúa empeñado en controlar el Poder Judicial, y, ayer miércoles, con al apoyo de PSOE y Podemos, la Mesa del Congreso ha aceptado tramitar por el procedimiento de urgencia la reforma para limitar las competencias al Consejo General del Poder Judicial mientras se encuentre en funciones, rechazando, además, solicitar informes de los jueces y la Comisión de Venecia sobre esa modificación. Así que, aprobada esa tramitación por la vía de urgencia, vamos camino de la ideología en la justicia, convalidada por el Congreso sin informes consultivos sobre la reforma de los jueces ni de la Comisión de Venecia.

Que el 17 de diciembre el CGPJ solicitara a la Cámara Baja emitir una opinión sobre la reforma, por afectar al núcleo esencial de las competencias, que la Constitución le atribuye expresamente en garantía de la independencia judicial, simplemente se ignora, y, lo peor es, que nadie hace nada dentro de sus competencias para evitar ese ataque sin precedentes a la división de poderes y a la independencia del poder judicial; de manera, que como decía al principio, “de aquellos polvos, estos lodos”, ya que, padecemos ahora las consecuencias nefastas de muchos errores garrafales, que pudiéndose evitar en su  momento, se consintieron y admitieron cuando hubo ocasión de realizar una propuesta contundente, que garantizara esa independencia.

Se dice, que los Vocales del Poder Judicial están indignados, porque este ataque a la justicia da miedo, pero la verdad es que no hacen nada eficaz para defender la independencia judicial, pues, si eso es lo que hay, podrían acudir a los tribunales españoles, a la Justicia Europea, a la Comisión de Venecia y a las instituciones de la U. E.

Por otro lado, es lo cierto, al margen de lo que lo que el CGPJ pueda hacer, la U. E (Europa) tendrá que decir algo, como hizo con Polonia, ya que, el derecho de la UE y la jurisprudencia de su Tribunal de Justicia exigen, que en toda iniciativa legislativa que afecte al poder judicial, se dé audiencia a todos los sectores implicados.

Esperemos, además, que esa iniciativa no afecte a la condicionalidad del estado de derecho, y, ningún estado miembro vete por esa causa los Fondos de Recuperación.

N. B.  La única verdad es, que, si hay jueces embridados, hay   ciudadanos desconfiados de la justicia, de manera, que sin división de poderes no existe estado de derecho.

El autoritarismo a la menor oportunidad limita las libertades, de forma, que si seguimos avanzando en esta carrera de despropósitos inconstitucionales acabaremos mal, ya que, en España, ahora mismo, nuestros derechos y libertades están en peligro, al no existir respeto a la Ley por los poderes públicos, ni libertad, ni justicia, ni igualdad, y, por si faltara algo, se quiere terminar con la división de poderes.

Córdoba, a 14 de enero de 2021

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

La opacidad como norma (respeto a la ley)

Según nuestra Constitución (art. 9) el respeto a la ley es el fundamento del orden político y de la paz social, significando la obligación de todos de acatar el ordenamiento jurídico.

Así mismo, el art. 20 reconoce y protege los derechos de libertad de expresión y de comunicar o recibir libremente información veraz.

Los mismos valores y derechos forman parte del estado de derecho de la U. E.

En España y en la U. E., por lo que se ve día a día, tenemos una clase política que vive en un mundo lejano y paralelo, donde solo ellos y sus comilitones (cúpulas elitistas políticas, euro-burócratas, funcionarios, asesores, etc.) tienen derecho a una información veraz, careciendo el ciudadano de cualquier relación real con los deberes que se le imponen desde cúpulas paralegales y extrañas.

Es extremadamente perverso, que a pesar de lo que consagra la Ley en España y en la U. E., que, además, nadie discute públicamente, en todo el territorio de la Unión y, por descontado, en todas sus Instituciones, la opacidad es la norma real que se aplica sin pudor, igual que ocurre en España, lo que, dicho en román paladino, significa, que no existe por los poderes públicos respeto a la Ley, que como decía, es el fundamento del orden político y de la paz social según la C. E., significando la obligación de todos de acatar el ordenamiento jurídico.

Digo lo anterior por la opacidad casi tenebrosa en el tema de las vacunas:

En España alguien sabe, ¿cuál es el precio de las vacunas?, ¿cuántas dosis habrá?, ¿cómo o con que criterio se distribuirán por las CC. AA.?, y, así, podríamos seguir en un larguísimo etc. casi interminable.

La norma de aplicación general es el silencio opaco y tenebroso en el asunto de las vacunas, eso sí, se pide-exige a los españoles cooperación y sumisión cautiva a todos los movimientos desconocidos del poder, ya que es algo manifiesto que los poderes públicos no están sometidos al respeto a la ley constitucional, pues para ellos cualquier limitación es una contrariedad inaceptable, aunque los ciudadanos de a pie estamos sometidos a la aplicación más rigurosa de la ley en todos sus sentidos y consecuencias.

Sin embargo, en la U. E. parece que la opacidad más oscura, también, reina en el asunto de las vacunas, no hay más que recordar, lo que se ha liado, cuando un miembro del Gobierno belga ha revelado en Twitter (mensaje borrado después) los precios de las vacunas, que la UE mantenía en secreto, concretamente, la “imprudente” ha sido la secretaria de Estado de Presupuesto y Protección de los Consumidores, Eva De Bleeker, que rápidamente, ha sido llamada al orden común del silencio cómplice.

Si pudor ante los ciudadanos de la U. E., la Comisión Europea se niega a desvelar esta información de forma oficial y aduce razones de confidencialidad. Según Bruselas, son los grupos farmacéuticos los que exigen incluir estas cláusulas en los contratos, pero, además, defiende algo increíble, que Bruselas está en mejor condición de negociar con las compañías si no se conocen los precios acordados con otros laboratorios.

Por si faltara poco, el portavoz de Salud del Ejecutivo Comunitario, Stefan de Keersmaecker, ha evitado detallar cuáles serán las consecuencias después de que se hayan incumplido estas cláusulas de confidencialidad, limitándose a afirmar (vaya disparate), que hay buenas razones para respetarlas, también, para el interés general. Para terminar de rematar el respeto a la Ley, el portavoz principal de la Comisión Europea, Eric Mamer declaraba que los Estados miembros (no los ciudadanos de a pie) disponen de la información sobre el precio pagado por cada candidato a vacuna, subrayado, que no hubiera habido contratos si no hubieran existido estas cláusulas de confidencialidad.

Esta es la realidad de lo que está pasando con las vacunas y su información inexistente, sin embargo, la duda es, si lo que dicen los poderes públicos, ¿es un privilegio inadmisible (una corruptela contra el estado de derecho en su manifestación del respeto a la ley) o es una super protección a los ciudadanos indefensos incapaces de hacer uso de su libertad?

En opinión del que escribe, la opacidad en el tema de las vacunas es algo inaceptable e inadmisible para los ciudadanos, y, que conlleva la desaparición del principio fundamental del respeto a la ley, significando la destrucción de los derechos fundamentales de libertad e igualdad, conllevando, así mismo, que la obligación de todos de acatar el ordenamiento jurídico es algo sin sentido, donde unos pocos-muchos tienen toda la información y todos los muchos-muchos, en inmensa mayoría, estamos hundidos en la ciénaga de la opacidad sin libertad ni igualdad.

N.B.  Se desconoce el estado de derecho y el derecho de los ciudadanos a una información veraz permanente e inmediata, de manera que solo se admite a ciudadanos silentes, cautivos de las élites políticas y sometidos en favor de una cúspide de políticos y euro-burócratas que viven en un mundo paralelolleno de privilegios de todo tipo.

No hay derecho a tanta desigualdad, es un hecho cierto, que nos situamos en la cumbre de la desconfianza, no solo dentro de España y con nuestros ciudadanos, sino, también, en Europa, y, mientras, unos pocos muchos nos dicen lo que hay que hacer a ciegas, de forma, que los que disienten son oficialmente aventureros, que dañan el interés general, cuando la verdad es, que solo defendemos nuestros derechos y libertades fundamentales.

Aquí, no caben más comentarios, ante tanto disparate lleno de ideología esclavizante, aunque algunas preguntas son imprescindibles:

¿por qué no se proporciona a los ciudadanos información veraz?

¿el respeto a la ley solo obliga y corresponde a los ciudadanos de a pie o los poderes públicos deben ser los primeros en ello?

¿ante tanta injusticia y desigualdad no pasa nada, pues eso es lo que hay?

Como se dice por los independentistas ajenos al estado de derechonos roban, pero no solo dinero (cosa que se podría soportar con dolor), sino también, derechos y libertades esenciales en un estado de derecho, lo que ya es algo insoportable.

Córdoba, a 27 de diciembre de 2020

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

INTERDICCIÓN DE LA ARBITRARIEDAD – LEGALIDAD – SEGURIDAD JURÍDICA (Derechos de libertad e igualdad)

En cualquier País la confianza y la reputación nacional e internacional no puede existir sin la aplicación real y efectiva de una serie de principios fundamentales en todo estado de derecho.

En España los principios constitucionales de irretroactividad, seguridad, interdicción de la arbitrariedad y todos los contenidos en el art. 9.3 de la Constitución -legalidad, jerarquía normativa, responsabilidad- son la base de nuestro el Estado Social y Democrático de Derecho, de forma, que todos ellos no son algo separado e independiente del resto, sino que, al contrario, cada uno de ellos cobra valor en función de los demás y en tanto sirven para promover los valores superiores del ordenamiento jurídico.  

Sin duda, la seguridad jurídica es la suma de todos esos principios y debe estar equilibrada, de tal suerte, que permita promover en nuestro orden jurídico, la justicia y la igualdad, en libertad.

Así mismo, los principios de seguridad jurídica y de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos exigen, que la norma sea clara para que los ciudadanos sepan a qué atenerse ante la misma.

La seguridad jurídica ha de ser entendida como la certeza sobre el Ordenamiento jurídico aplicable y los intereses jurídicamente tutelados, como la expectativa razonablemente fundada del ciudadano en cuál ha de ser la actuación del poder en la aplicación del Derecho. El contenido o las omisiones de las normas no pueden producir confusión o dudas que generen a los ciudadanos incertidumbre razonable insuperable acerca de la conducta exigible para su cumplimiento o sobre la previsibilidad de sus efectos, pues no sería posible la seguridad jurídica.

Sin que lo dicho, sea una realidad, no existirá la confianza y nuestra reputación (fáciles de perder y difíciles de ganar) en nuestra Nación, ni dentro ni fuera, de manera, que la pregunta es:

¿En España existe seguridad jurídica y se respetan nuestros derechos y libertades esenciales del Estado Social y Democrático de Derecho?

En resumen, que cada uno se responda como pueda y/o quiera, por mi parte solo quiero para empezar, que se respeten los derechos de libertad de expresión y de información veraz, garantizados en el artículo 20 de la C. E.

N.B.  Sin interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, sin legalidad y sin seguridad jurídica no existe la confianza ni una reputación respetada en ningún País del mundo, ya que, sin estado de derecho real no es posible que florezcan los derechos y libertades esenciales de las democracias, como los derechos de libertad e igualdad.

Así mismo, sin seguridad jurídica no pueden sobrevivir la libertad de expresión y libertad de información plenas y sin ellas, es imposible, que sobreviva nuestro Estado Social y Democrático de Derecho, que la Constitución Española garantiza, que consagra la división de poderes y todos nuestros derechos fundamentales.

La defensa de nuestro Estado de Derecho es tarea de todos, y, lo cierto es, que se vienen sucediendo en España hechos dirigidos a públicamente a liquidar, lo que llaman, el régimen del 78, que una gran mayoría de españoles decidimos conformar con renuncias de todo tipo y por todos.

Córdoba, a 22 de diciembre de 2020

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Advertencias, amenazas y respeto al estado de derecho (principio de legalidad – es de todos o de ninguno)

Se ha hecho público, que Bruselas ha dado un ultimátum de 24 a Hungría y Polonia para que levanten su veto, amenazando los Gobiernos de la Unión Europea con activar un plan B para poner en marcha el fondo europeo de recuperación sin el visto bueno de Hungría y Polonia. Es decir, o haces lo que digo, o me salto la ley imponiendo mi criterio por la fuerza.

En este punto, hay que decir unas cuantas cosas elementales con respecto al estado de derecho, así,

1.- El respeto a la ley es unos de los fundamentos del estado de derecho de la U. E.

Aquí, recordar a Cesare Beccaria y su pequeño gran libro “De los delitos y de las penas”, que publicó de forma anónima en 1764, que demuestra que aún no hemos aprendido casi nada.

2.- Si para defender el estado de derecho se vulnera la ley, se está atacando de lleno el corazón de ese estado, que se dice defender.

Aquí, recordar, por ejemplo, que uno de los principios básicos de todo estado de derecho es el “derecho a la presunción de inocencia”, que todos defienden a voz en grito, pero que, desgraciadamente, nadie respeta en el día a día, de forma, que, si las grandes Instituciones de la U. E. ponen como frontera todos los principios del estado de derecho, pero luego, en la práctica, a la menor dificultad soslayan sus principios y derechos fundamentales, están vulnerando las libertades de todos, haciendo que el estado de derecho desaparezca abducido por una concepción del mismo egoísta y arbitraria.

3.- La Presidente de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen ha aconsejado, pedido o impuesto, vete tu a saber, que Hungría y Polonia vallan a la Justicia de la Unión, pero claro, esa  es una propuesta con retroceso, ya que, Hungría y Polonia pueden devolverla, diciendo a la Presidente de la Comisión que vallan ellos a la Justicia de la U. E.

4.- Las amenazas no están dentro del estado de derecho, de forma qué, si eso se hace con dos estados miembros disconformes (que se admita o no están dentro de la Ley), ¿que no estará ocurriendo con el Brexit?, además, de que es una prueba de que los mandamases de la U. E. no negocian o no saben negociar.

¿También al R. U. se le va a dar un ultimátum de 24 horas?

¿No se le estará dando la razón al Reino Unido y se estará justificando su salida de la U. E. y su no acuerdo con la Unión?

5.- Hungría y Polonia, además de argumentar, que están dentro de la ley, se pueden preguntar y preguntar a las instituciones de la U. E.:

¿Todos los estados miembros están siendo tratados igual, respecto, a la condicionalidad del estado de derecho?

6.- El resto de los Estados Miembros de la U. E., con razón o sin ella, para eso están los Tribunales de Justicia, se pueden preguntar:

¿Si a nosotros nos pasa algo parecido o discutimos algo, también, se nos aplicará el estado de derechos invertido?

Como conclusión de lo dicho, es una realidad, se quiera ver o no, que las Instituciones de la U. E. están equivocadas e incurren en un error tremendo, ya que, si cumplen su ultimátum, se habrán cargado el estado de derecho, que dicen defender. Sin la menor duda, siempre existe una posibilidad de acuerdo, sin que sea necesario romper el principio de legalidad.

Es una realidad indiscutible, que, si se opta por la vía de la fuerza, se está pretiriendo el estado de derecho y, además, dando la razón a Hungría y Polonia, por no hablar del Brexit y del R. U.

Las consecuencias inmediatas son demoledoras para el pretendido estado de derecho, que presume defender la U. E., de forma, que si para conseguir un objetivo -legítimo o no- se salta uno el estado de derecho (la Ley), es una obviedad señalar, que todo esta permitido en aras de un pretendido “buen fin”, sea con la ley o contra la ley.

Aquí, es necesario citar el refrán popular, que sentencia: Quien mal anda mal acaba.

N.B.  Los líderes de la U. E. y los euro-burócratas de Bruselas deben empezar a asimilar, que el estado de derecho es de todos o de nadie, pero con una cautela ineludible, que ellos son un ejemplo para todos, de forma, que, si hay que respetar el estado de derecho, sin la menor duda, ellos deben ser los primeros en ese empeño, sin olvidar, además, el espíritu de consenso y los valores de la U. E. que deben ser iguales para todos sin distinciones ancladas en la arbitrariedad.

Solo si se cambian los Tratados de la Unión, se podrá ejecutar legalmente lo que los mandamases de la U. E. quieren imponer a Hungría y Polonia, lo demás, la aplicación de las amenazas y la aplicación de la Ley vigente “a fortiori” es un trágala inasumible del estado de derecho, que conlleva, se quiera admitir o no, la desaparición de ese estado de derecho.

Córdoba, a 7 de diciembre de 2020

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.