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INTERDICCIÓN DE LA ARBITRARIEDAD – LEGALIDAD – SEGURIDAD JURÍDICA (Derechos de libertad e igualdad)

En cualquier País la confianza y la reputación nacional e internacional no puede existir sin la aplicación real y efectiva de una serie de principios fundamentales en todo estado de derecho.

En España los principios constitucionales de irretroactividad, seguridad, interdicción de la arbitrariedad y todos los contenidos en el art. 9.3 de la Constitución -legalidad, jerarquía normativa, responsabilidad- son la base de nuestro el Estado Social y Democrático de Derecho, de forma, que todos ellos no son algo separado e independiente del resto, sino que, al contrario, cada uno de ellos cobra valor en función de los demás y en tanto sirven para promover los valores superiores del ordenamiento jurídico.  

Sin duda, la seguridad jurídica es la suma de todos esos principios y debe estar equilibrada, de tal suerte, que permita promover en nuestro orden jurídico, la justicia y la igualdad, en libertad.

Así mismo, los principios de seguridad jurídica y de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos exigen, que la norma sea clara para que los ciudadanos sepan a qué atenerse ante la misma.

La seguridad jurídica ha de ser entendida como la certeza sobre el Ordenamiento jurídico aplicable y los intereses jurídicamente tutelados, como la expectativa razonablemente fundada del ciudadano en cuál ha de ser la actuación del poder en la aplicación del Derecho. El contenido o las omisiones de las normas no pueden producir confusión o dudas que generen a los ciudadanos incertidumbre razonable insuperable acerca de la conducta exigible para su cumplimiento o sobre la previsibilidad de sus efectos, pues no sería posible la seguridad jurídica.

Sin que lo dicho, sea una realidad, no existirá la confianza y nuestra reputación (fáciles de perder y difíciles de ganar) en nuestra Nación, ni dentro ni fuera, de manera, que la pregunta es:

¿En España existe seguridad jurídica y se respetan nuestros derechos y libertades esenciales del Estado Social y Democrático de Derecho?

En resumen, que cada uno se responda como pueda y/o quiera, por mi parte solo quiero para empezar, que se respeten los derechos de libertad de expresión y de información veraz, garantizados en el artículo 20 de la C. E.

N.B.  Sin interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, sin legalidad y sin seguridad jurídica no existe la confianza ni una reputación respetada en ningún País del mundo, ya que, sin estado de derecho real no es posible que florezcan los derechos y libertades esenciales de las democracias, como los derechos de libertad e igualdad.

Así mismo, sin seguridad jurídica no pueden sobrevivir la libertad de expresión y libertad de información plenas y sin ellas, es imposible, que sobreviva nuestro Estado Social y Democrático de Derecho, que la Constitución Española garantiza, que consagra la división de poderes y todos nuestros derechos fundamentales.

La defensa de nuestro Estado de Derecho es tarea de todos, y, lo cierto es, que se vienen sucediendo en España hechos dirigidos a públicamente a liquidar, lo que llaman, el régimen del 78, que una gran mayoría de españoles decidimos conformar con renuncias de todo tipo y por todos.

Córdoba, a 22 de diciembre de 2020

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Escándalo prejubilaciones – Pacto de Toledo – Bancos – (el pez grande se come al chico)

El Ministro de S. S., Sr. Escrivá, viene anunciando una reforma de la jubilación anticipada y diciendo que se oponía a las prejubilaciones. Así mismo, la Comisión del Pacto de Toledo acuerda y anuncia a los españoles que tendrán que jubilarse más tarde.

Sin embargo, la BANCA (Santander, Sabadell, BBVA, etc.) ha lanzado un órdago a la Seguridad Social, al Ministro Escrivá, al Pacto de Toledo, al Gobierno, y, a todo el personal del mundo mundial, planteando prejubilaciones anticipadas hasta con 50 años, de forma, que la pretendida intención del Ejecutivo del Sr. Sánchez de desincentivar las pre-jubilaciones se ha quedado en un brindis al sol, aunque claro, solo para la gran banca, los demás, empresas de todo tipo (especialmente, pymes) y ciudadanos en general discriminados, a tragar y tragar como siempre.

El mensaje tipo “mantra” es muy claro, las prejubilaciones bancarias, no tienen coste para la S. S., mensaje que se repetirá hasta alcanzar su objetivo discriminatorio a la sociedad española y al colectivo de los trabajadores.  (Por cierto, es mentira, pues existen muchos más costes ocultos o no).

Aunque, hay que señalar, un pequeño, pero, ya que, a pesar de que la Seguridad Social (ese Ente maravilloso, como vengo diciendo) no tenga que hacer frente a las cotizaciones de los trabajadores que se acojan a prejubilaciones, la “notitia críminis” (información obtenida por la policía judicial acerca de la comisión de un acto constitutivo de delito) que llega a los españoles agobiados y empobrecidos, es una discriminación admitida por los poderes públicos y sus “allegados financieros”, que rompe por mitad el principio de igualdad constitucional, que, por otro lado, se separa un abismo del mensaje que el Gobierno lanza a la ciudadanía, aunque, en este caso, miel sobre hojuelas, digan lo que digan.

Se pide a los españoles jubilarse más tarde, pero, grandes empresas de España, como son Sabadell, Santander, BBVA, Bankia, etc. se apuntan sin pudor a retiradas del trabajo a edades más tempranas, mientras, el Pacto de Toledo y sus firmantes, el Ministro o Ministros del Ejecutivo, los Partidos Políticos, los sindicatos, etc. etc. asienten en silencio a una tropelía discriminatoria, que rompe toda igualdad social, económica y financiera, asentándose desvergonzadamente en la más absoluta arbitrariedad del ejercicio del poder.

Los defensores de las prejubilaciones (incluso, 17 años antes de la edad de jubilación general) dicen que realmente no son prejubilaciones sino despidos, porque en un Ere no hay prejubilaciones.

La pregunta es: ¿Estas prejubilaciones-despidos están al alcance de todos los españoles?

La respuesta casi unánime es, No.

Solo por apuntar un detalle:  La solicitud del convenio especial debe realizarse durante el procedimiento de despido colectivo. El convenio especial es suscrito, por un lado, por el empresario y el trabajador, y, por otro lado, por la Tesorería General de la Seguridad Social.

¿Hay quien dé más?, pues eso.

Finalmente, es un hecho cierto, que nos movemos en dos mundos paralelos, aunque curiosamente regidos por la misma Ley, cosa que es imposible y lleva a la melancolía y a la desesperanza producidas por la desigualdad de trato, siempre en favor de los poderosos.

La C. E. en sus arts. 14 y 9.3, respectivamente, consagra la igualdad de todos los españoles y sanciona la arbitrariedad, estando muy claro, que eso no es, precisamente, lo que ocurre con las prejubilaciones precitadas.

N.B. El escándalo de las prejubilaciones bancarias, contrarias al acuerdo del Pacto de Toledo y a la doctrina del propio M. de la S. S. auspiciada desde siempre por el Sr. Escrivá, se quiera ver o no, es como el refrán popular hecho realidad, que el pez grande se come al chico.

Eso es lo que hay, además, a callar, aunque parece algo desproporcionado e injusto, que mientras los ciudadanos de a pie se desangran en la penuria y en un desastre económico sin precedentes, ellos, unos pocos, se sitúen en el nivel del privilegio desmedido, aupados, a mayor inri, por los que dicen defendernos, consiguiendo, así, una desigualdad manifiesta anclada en la arbitrariedad.

Córdoba, a 8 de diciembre de 2020

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Discapacidad – sintiendo la realidad (una cuestión de necesidad social)

Cuando se acerca uno a la discapacidad, voluntariamente o involuntariamente, sobre todo, cuando esa inmersión es brusca y repentina, lo primero que se siente, es que se adentra uno en un mundo ignoto del que no sabe nada.

Las necesidades de las personas con discapacidad nacen de los derechos humanos. Es decir, las personas con discapacidad deben y pueden tener iguales oportunidades, como las demás de personas, en el diseño y desarrollo de su vida, así: Debe ser una realidad en la vida de cualquier discapacitado el respeto por la dignidad humana, la igualdad y la libertad personal absoluta, dentro de una inclusión social verdadera, y, en base a los valores fundamentales de toda persona: independencia, no discriminación, accesibilidad universal, igualdad de oportunidades y normalidad completa en sus relaciones sociales.

Para una persona alejada de la discapacidad es sorpresivo, que la mayoría de los discapacitados no quieren más ayuda, que la absolutamente necesaria y siempre adecuada a su situación personal. Todos ellos cuentan la misma realidad, la mejor ayuda es la normalidad sin más, es decir, el discapacitado no es una persona diferente y solo quiere no sentirse desigual, razón por la que, incluso una buena intención puede resultar regresiva para él.

Dicho lo dicho, cuando se convive, directa o indirectamente, con una persona discapacitada, te das cuenta progresivamente de una realidad durísima, que no es ni puede ser del propio discapacitado; me refiero a una cosa elemental y evidente, estas personas no necesitan lástima sino ayudas reales de todo tipo, pues, a mayor necesidad superiores son todos los condicionantes, sean económicos y/o sociales.

En el sentido expuesto, todos podemos observar, que los artículos y medios de todo tipo referidos a los incapacitados alcanzan una elevación progresiva en su costo, de forma, qué, por ejemplo, una silla para una persona no discapacitada cuesta una cifra muchísimo menor que la silla de un discapacitado, y, así progresivamente todo. Aquí es donde las políticas públicas deben incidir reduciendo esa desigualdad, de forma, que solo hay que adoptar medidas de toda clase, que consigan restablecer la igualdad.

Lo importante, no es solo, que los que estamos unidos a un incapacitado, hagamos todo lo posible por normalizar esa situación, ya que, lo verdaderamente esencial es, que todos interioricen, que la desigualdad con los discapacitados es inasumible para una sociedad basada en valores democráticos y en el respeto absoluto a los derechos humanos.

Mi hijo Cisco, amigos muy queridos discapacitados, madres y padres de discapacitados, y, un interminable conjunto de afectados, me han enseñado, que aquí no caben medias tintas, sino entrega desinteresada y permanente en la lucha contra la desigualdad y la normalización, de forma, que cada uno haga lo que pueda, lo que quiera, pero que haga algo por un colectivo social muy desprotegido, tanto en sus personas como en todos los afectados.

N. B.  La discapacidad es sentir una realidad y que detrás de ella existe una necesidad social, que hunde sus raíces profundas en los derechos humanos.

En estos días oscuros y difíciles de pandemia no se puede olvidar al colectivo de discapacitados, ya que, si una persona sin discapacidad está sintiendo la enfermedad del coronavirus con temor, preocupación y desesperanza, los discapacitados, simplemente, doblan todos esos sentimientos, ya que, entre otras cosas ven que de sus medios se distraen recursos de los escasos que ya tienen.

Córdoba, a 16 de noviembre de 2020

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Rosa – Rosa – No hay derecho a tanta desigualdad (colores, posturas y otros dislates)

Ante tantas noticias dislocadas, llama la atención el Informe del Ministerio de Igualdad sobre la desigualdad de las niñas, porque es una cosa segura, que el gasto público debe ir dirigido a temas importantes, cuando España está asolada por la pandemia y en la ruina económica y sanitaria, es decir, en la ruina social.

El Informe del M. de Igualdad, entre otros dislates, dice:

** Que existe una opresión del color rosa sobre las niñas de manera constante, un color que oprime y reprime a las niñas.

** Que la postura sentada de las niñas en los catálogos de juguetes refuerza la desigualdad. Se asignan papeles más pasivos a las niñas y con mayor actividad y dinamismo para los niños.

No cabe más remedio, que darle la razón al Informe del M. de Igualdad, pues lo dicho es algo frustrante y debe ser situado, sin duda, entre los problemas más acuciantes de España, y, sobre todo, es algo incuestionable, que el color rosa de las niñas y sus posturas esclavas afectan negativamente a la lucha de todos contra el coronavirus y su prevalencia lleva a la ruina económica y social de España.

Ayer conocimos los datos de la EPA 3T – 2020, de forma, que la demografía decreciente, el paro disparado exponencialmente, la tasa de actividad preocupante, el número de ocupados que no trabajan, la cifra tremenda de inactivos, la subida de los hogares con todos sus miembros parados, el aumento de los parados y toda una serie de datos extremadamente preocupantes, no tienen la menor importancia para el M. de Igualdad, ya que, lo verdaderamente esencial para España es la lucha contra el color rosa maligno, que debe ser erradicado.

En España lo morado representa U. Podemos, lo azul al PP, lo rojo al PSOE, lo naranja a Ciudadanos, lo verde a VOX y un largo etc. de colores por distintos motivos e ideas, pero todos esos colores son neutros para el M. de Igualdad, siendo por el contrario el rosa un color agresivo, perverso y que lleva a la esclavitud a todas las niñas. La libertad de elegir, aunque sea un color, debe ser sometida y eliminada, ya que lo verdaderamente importante es imponer una ideología esclavizaste, aunque en España muchos ciudadanos están muriendo por enfermedad y/o por hambre.

N.B.  Rosa, rosa al paredón, pues no hay derecho a tanta desigualdad, siendo este color la manifestación de la desigualdad, aunque con excepciones inexplicables para el M. de Igualdad, ya que, cuando se ve a una mujer con un pañuelo rosa en la cabeza, debemos pensar que es una persona sometida y esclavizada, en vez de ser lo que realmente son heroínas y ejemplo de valentía, resistencia ante la adversidad (ante una enfermedad terrible).

El espectáculo político diario en nuestro País es, simplemente, una vergüenza, siendo la lucha contra el color rosa en las niñas del M. de Igualdad, un ejemplo de estulticia perversa y un dislate en todos los sentidos posible, donde la ideología liberticida se impone ante cualquier bien verdadero. Es decir, como no tenemos ningún problema grave en España, debemos exterminar el color rosa en las niñas sometidas a su poder oscuro y maligno.

Estamos escalando día a día y sin pausa a la cumbre de la desconfianza, no solo dentro de España y con nuestros ciudadanos, sino, también, en Europa y en el resto del mundo, y, mientras el M. de Igualdad del Gobierno de España lucha denodadamente y sin tregua contra el color rosa, siendo un ejemplo de eficacia y coherencia en defensa de nuestros derechos y libertades constitucionales.

Aquí, no caben más comentarios, ante tanto disparate lleno de ideología esclavizante, aunque una pregunta es imprescindible: ¿Cuánto cuesta todo esto?

Córdoba, a 28 de octubre de 2020

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Cuarentena por coronavirus – Estado de Alarma (derecho de igualdad constitucional politizado).

 

La Constitución dice en su art. 14: “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.

Así mismo, la visión general del principio de igualdad ante la ley y no discriminación se encuentra en las grandes declaraciones internacionales de derechos: La Declaración Universal de Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948 (artículos 1, 2 y 7); el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 19 de diciembre de 1966 (artículos 2.1º y 2º, 20.2, 26 y 27); el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 19 de diciembre de 1966 (artículos 2.2º y 3º); la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1959 (artículos 1 y 10); el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Públicas de 4 de octubre de 1950 (artículo 17), y la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea proclamada solemnemente en Niza el 7 de diciembre de 2000 (artículos 20, 21 y 23).

Por otro lado, parece, que ha nacido un intérprete del derecho de igualdad constitucional de reconocido prestigio internacional, ya que el Director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha declarado este viernes, en el caso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, que está justificado que no guarden el periodo de cuarentena establecida para todos los españoles. Simón ha dicho “urbi et orbi”, qué, aunque la recomendación de cuarentena es de carácter general, hay situaciones en las que, por múltiples razones, determinadas personas por su actividad laboral están excluidas de dicha norma general.

Los españoles hemos aprendido, sin más remedio, por las múltiples declaraciones mal formativas del Sr. Simón, que su politización ha ido aumentando progresivamente con la pandemia, de forma, que ahora, aunque se escude en la Dirección del Centro de Coordinación precitado es un “mandado” sin ningún pudor del Gobierno; y qué,  por cierto, dados todos los pufos que ha metido a los españoles debería, por vergüenza ajena, haber dimitido hace tiempo (recordemos, a título de ejemplo: es una simple gripe, no afectará a España, está todo controlado, etc. etc., no hay más que ver sus comparecencias desde el inicio de la pandemia).

Llama la atención en él, además, algo extraordinario, pues ya no solo se limita mal formar la información sobre el coronavirus y sus efectos perversos como un pretendido experto, sino qué transmutándose en jurisconsulto maravilloso, se convierte en intérprete de la Constitución y de su derecho fundamental de igualdad de todos los españoles, convalidando sin pudor una violación de la ley en favor de aquellos que deben ser siempre sus máximos garantes y que le mantienen en el cargo.

La gravedad de los hechos invita a que el epidemiólogo y/o politólogo abandone hasta su profesión por el bien de todos, ya que su conducta como experto consejero ha sido destructiva para España, siendo estas últimas declaraciones justificando al Presidente y a su Vicepresidente en su salto de la cuarentena, determinante final de su falta de adecuación al puesto que ocupa, probando con ello, que exclusivamente se mueve por criterios políticos partidistas y que causa con su conducta arribista un perjuicio gravísimo al control de la pandemia en detrimento de todos los españoles. Si el Presidente Sánchez y el Vicepresidente Iglesias se saltan la cuarentena dejando al resto de los españoles con el culo al aire y con cara de tontos de capirote por respetar sus propias normas generales, y, además, se les justifica atropelladamente por el mal llamado experto Sr. Simón, el coronavirus acabará con todos nosotros.

N.B. Está muy claro, que se ha roto derecho fundamental de los españoles consagrado en el art. 14 de la C. E., ya el salto de la cuarentena por coronavirus en el Estado de Alarma, protagonizado por el Presidente y su Vicepresidente, justificado, además, sin pudor por el Sr.  Simón, pone fin al principio de igualdad constitucional, iniciándose por ello, un camino peligroso hacia la arbitrariedad más absoluta.

Córdoba, a 20 de marzo de 2020

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.