Tag Archives: incapacidad

Incapacitados permanentes sociales (Ingreso mínimo vital)

El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha dado este jueves un dato, que exige ser examinado con atención y preocupación: Un tercio” de los perceptores de la renta mínima -no son empleables- a día de hoy, lo que implica, que no tienen las capacidades que exige el mercado laboral para encontrar cualquier empleo. El Ministro Escrivá ha puesto como ejemplo, a personas que cobrarán la ayuda y tienen problemas de “drogadicción”, “psicológicos” o a las que, debido al “abandono escolar”, tienen una “formación precaria”, a día de hoy, calculando una cifra de personas de 280.000 no empleables.

Sin entrar a hablar del IMV ni de sus condiciones, que al menos una gran mayoría consideramos necesario (principalmente, en tiempos de crisis, por la sencilla razón, de que ninguna nación se puede permitir abandonar a su suerte a ninguno de sus nacionales o por cualquier causa legal equiparados), es lo cierto, que el Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Sr. Escrivá, ha planteado un asunto de enorme importancia, que reside en la existencia en España de un grupo numeroso de personas, que se puede llamar “incapacitados permanentes sociales”.

Entiendo, por principio, que estas personas no deben estar incluidas en el colectivo del IMV, pues dicha prestación asistencial únicamente debe ir dirigidas a personas empleables, ya que de otra forma se produce una contradicción con la naturaleza íntima del IMV. La solución debe estar, en determinar claramente quienes son esas personas, y, excluirlas del IMV, pero incluyéndolas en “una prestación de incapacidad permanente no contributiva de la Seguridad Social en la modalidad precisa”.

Se evitaría, así, cualquier confusión, se clarificaría el sistema asistencial del IMV y se controlarían muchas complicaciones administrativas, a la vez, que se reduciría el fraude en la percepción del IMV, y, ese colectivo no empleable pasaría a estar ubicado en el lugar a que pertenece, ya que nunca, ninguno de sus miembros, va a encontrar un trabajo y son, sin duda, incapacitados permanentes sociales en cualquiera de sus grados.

La Ley lo permite sin ningún género de dudas, no hay más, que ver nuestra Constitución y lo que dice la L. G. S. S., que solo precisaría una ligera reforma, así:

** La Constitución Española dice en su artículo 41: Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres.

** Por otro lado, la L. G. S. S. establece en los artículos que se citan, lo siguiente:

Artículo 1. Derecho de los españoles a la seguridad social. 

El derecho de los españoles a la Seguridad Social, establecido en el artículo 41 de la Constitución, se ajustará a lo dispuesto en la presente ley.

Artículo 2. Principios y fines de la seguridad social.

1. El sistema de la Seguridad Social, configurado por la acción protectora en sus modalidades contributiva y no contributiva, se fundamenta en los principios de universalidad, unidad, solidaridad e igualdad.

2. El Estado, por medio de la Seguridad Social, garantiza a las personas comprendidas en el campo de aplicación de esta, por cumplir los requisitos exigidos en las modalidades contributiva o no contributiva, así como a los familiares o asimilados que tuvieran a su cargo, la protección adecuada frente a las contingencias y en las situaciones que se contemplan en esta ley.

Artículo 193. Concepto.

1. La incapacidad permanente -contributiva- es la situación del trabajador que, después de haber estado sometido al tratamiento prescrito, presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente definitivas, que disminuyan o anulen su capacidad laboral. No obstará a tal calificación la posibilidad de recuperación de la capacidad laboral del incapacitado, si dicha posibilidad se estima médicamente como incierta o a largo plazo.

Artículo 194. Grados de incapacidad permanente.

1. La incapacidad permanente, cualquiera que sea su causa determinante, se clasificará, en función del porcentaje de reducción de la capacidad de trabajo del interesado, valorado de acuerdo con la lista de enfermedades que se apruebe reglamentariamente en los siguientes grados:

a) Incapacidad permanente parcial.

b) Incapacidad permanente total.

c) Incapacidad permanente absoluta.

d) Gran invalidez.

2. La calificación de la incapacidad permanente en sus distintos grados se determinará en función del porcentaje de reducción de la capacidad de trabajo que reglamentariamente se establezca.

A efectos de la determinación del grado de la incapacidad, se tendrá en cuenta la incidencia de la reducción de la capacidad de trabajo en el desarrollo de la profesión que ejercía el interesado o del grupo profesional, en que aquella estaba encuadrada, antes de producirse el hecho causante de la incapacidad permanente.

***   En resumen, lo que propongo se puede hacer, sin ningún tipo de problema de singular importancia, de forma, que se reduciría el gasto administrativo en la gestión y control del IMV y, además, se clarificaría la situación un colectivo no empleable, que cualquiera puede ver que está mal ubicado en el IMV, y, de lo que solo se derivarán problemas constantes para todo el sistema.

N.B.  Las personas no empleables de las que habla el Ministro Escrivá, realmente, son incapacitados permanentes sociales, qué al estar fuera del mercado de trabajo, están indebidamente incluidos en el llamado Ingreso Mínimo Vital (IMV), ya que todos saben, que no podrán encontrar un puesto de trabajo, por la sencilla razón, de que no existe trabajo para ellos y nunca van a trabajar en ningún sector.

Mantener 280.000 personas nunca empleables, como mínimo, incluidos en el colectivo del IMV, es una distorsión profunda del sistema asistencial conocida y admitida, ya que esa masa de población afectada, podría llegar a 700.000 personas, dado el número de inactivos (16.525.900 – EPA – 1T – 2020) y la cifra prevista por el M. de S. S. de perceptores del IMV, siendo, sin duda, contraproducente para el sistema asistencial y de S. S. de España. Si no sabemos con toda claridad a donde va destinado el gasto, nunca sabremos de donde debe salir el dinero necesario para cubrir ese gasto, y, está muy claro, que no se debe aplicar una cantidad de fondos públicos, sin conocer su verdadera estructura final.

Córdoba, a 15 de junio de 2020

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

VII. Paro larga duración (en mayores de 50 años una realidad demoledora)

 

Según INE el paro de larga duración -personas que llevan más de un año en esta situación- supone a final de 2019 en España el 44,3% del total de desempleados y en Andalucía el 44,6%.

Así mismo, destacar:

*Que las personas más afectadas en el sector de parados de larga duración, son las que tienen más de 50 años.

*Que, es un hecho más que probado, que estas personas apenas han sentido en su situación la bonanza económica de estos últimos años, y, además, son las que tienen mayores obligaciones familiares.

*Qué en 2019 el 60,4% de los parados mayores de 50 años llevaba en esta situación más de un año, y, muchos de ellos han perdido la esperanza de encontrar otro empleo, de forma, que sienten, que están fuera del mercado de trabajo de forma permanente y para siempre.

*Que las consecuencias del paro de larga duración en estas personas, les produce olvido de su propia experiencia laboral y de sus conocimientos adquiridos, que aumenta proporcionalmente cuanto más dura su situación de desempleo, lo que conlleva más dificultades para encontrar otro empleo, ya que pierden facultades laborales y es muy difícil para ellas asimilar otras nuevas y/o diferentes.

*Que socialmente suelen entrar en el sector de la pobreza, sintiéndose desplazados y excluidos, llegando en muchos casos a necesitar tratamientos psicológicos.

Todo lo expuesto, viene porque hace unos días he defendido en un Juzgado de lo Social a un trabajador accidentado gravemente, que tenía más de 50 años y que el INSS le había reconocido solamente una incapacidad total para su profesión habitual (55% de su base reguladora de 1.245 euros), cuando por todo lo dicho, resultaba manifiesto, que, además de su grave lesión e invalidez, en razón de su edad y de la situación de desempleo en Córdoba (tasa  general del 23,74%), ese sector de trabajadores se encuentran colocados en una tasa de paro, según el tramo de edad, del 38 al 48 por ciento, por lo que su situación real de incapacidad que le correspondería era la absoluta con todos sus efectos económicos, ya que le será prácticamente imposible encontrar un trabajo. Lo contrario, sería, tratándose de un trabajador con dos hijas en paro y casado, enviarlo al sector de la pobreza, se quiera reconocer o no, razón por la que su incapacidad debe ser graduada de absoluta.

N. B. En resumen, el paro de larga duración, en mayores de 50 años es una realidad demoledora y, además, parece una realidad invisible, que no se quiere combatir por las administraciones públicas con medidas estructurales, dirigidas al núcleo del problema.

Córdoba, a 28 de febrero de 2020

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Incapacidad temporal R. D. 625/2014 (coordinación, máximo control a los trabajadores y a los médicos)

Ayer reproducía unos comentarios oficiales sobre la Incapacidad Temporal regulada por el Gobierno (Ministerio de Empleo y S. S.), Real Decreto 625/2014, de 18 de julio, por el que se regulan determinados aspectos de la gestión y control de los procesos por incapacidad temporal en los primeros trescientos sesenta y cinco días de su duración. (Boe.  21/07/2014, Núm. 176, Lunes, Sec. I. Pág. 57579).

Hoy, a la vista del Real Decreto, se pueden señalar otras consideraciones sobre la nueva regulación de la incapacidad temporal, que básicamente se puede simplificar en mayor control del proceso, sobre todo para el trabajador y el médico, junto con una mejora de la coordinación en general, pero que conduce de nuevo al control. La idea, en principio, aparece como positiva y dirigida a un buen fin de mejora del proceso, pero creo que conlleva un trampa añadida y soterrada contra el trabajador que caiga enfermo.

*La exposición de motivos del R. D. recoge algunos párrafos como los siguientes:

-   “… puesto que las nuevas tecnologías permiten tanto el intercambio de datos médicos para el control de la incapacidad temporal, como el acceso por vía telemática de los inspectores médicos adscritos a las entidades gestoras de la Seguridad Social, a la documentación clínica que poseen los distintos servicios públicos de salud de los trabajadores del sistema de la Seguridad Social, se hace necesario adaptar también determinados aspectos del control de la prestación económica de la Seguridad Social por incapacidad temporal a las nuevas herramientas de las administraciones públicas, en la era de las comunicaciones por vía electrónica”.

-   “Actualmente, se ha dado un nuevo paso técnico en la estimación teórica de la duración de una situación de incapacidad temporal teniendo en cuenta no sólo la patología del trabajador, sino también su edad y su ocupación, pretendiendo así dotar al facultativo de una herramienta de respaldo técnico, fundamentada en el análisis de amplias bases de datos y en la experiencia de profesionales expertos en la materia que le oriente en su decisión”.

-   “El real decreto se sitúa también en línea con la recomendación 10 del Informe de Evaluación y Reforma del Pacto de Toledo, en la cual la Comisión no permanente de seguimiento y evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo considera también que deben potenciarse los mecanismos de colaboración y las posibilidades de control por parte del Instituto Nacional de la Seguridad Social y las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, en relación con los diferentes procesos de incapacidad temporal de los trabajadores del sistema de la Seguridad Social.

*Finalmente señalar, que el Real Decreto citado tiene unos fines encomiables, sin duda, pero, también, un afán controlador sin límites en relación con la incapacidad temporal, así:

1.- A partir de ahora, el trabajador de baja estará controlado desde el primer día en todos los frentes posibles e imaginables.

2.- Los médicos han sido nombrados (por ley) controladores implacables de los trabajadores en baja .

3.- Todos los sistemas informáticos se ponen al servicio de la vigilancia y control de la I. T., pues como dice la exposición de motivos del R. D.: “… introduce o mejora los mecanismos establecidos al objeto de aligerar los trámites y cargas burocráticas existentes en la actualidad para centrar los procesos de incapacidad temporal en la protección del trabajador afectado y en su pronta recuperación, mecanismos que adicionalmente suponen un mejor control de los procesos”.

(N.B. Conclusión: Estoy seguro que empresas como Gowex, Bankia, resto de cajas de ahorros, entidades, sindicatos, partidos políticos, etc., han estado deseando un control tan eficaz e inmediato como el que el Gobierno quiere ejercer con mano de hierro sobre la incapacidad temporal (las bajas laborales). En España, como dice el artículo 14 de la Constitución: Los españoles son iguales ante la ley,…. ¿Alguien lo duda?

 

Córdoba, 21 de julio de 2014

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado. Inspector de Trabajo y S. S.

 

Incapacidad temporal (Real Decreto aprobado en el Consejo de Ministros el 18/07/2014)

La prestación por Incapacidad Temporal es el subsidio que recibe el trabajador cuando por razón de enfermedad o accidente común o profesional se ve imposibilitado temporalmente para desempeñar su trabajo habitual. En este sentido, las normas aprobadas tratan de mejorar los niveles de eficacia y transparencia en el procedimiento desde su inicio.

Las Mutuas Colaboradoras de la Seguridad Social podrán actuar desde el primer día de la baja laboral. Cuando consideren -con la información clínica de que dispongan- que el beneficiario podría no estar impedido para el trabajo, tendrán la posibilidad de formular propuestas motivadas de alta médica dirigidas a la Inspección Médica de los Servicios Públicos de Salud. Las Mutuas comunicarán simultáneamente al trabajador afectado y al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), para su conocimiento, que se ha enviado la mencionada propuesta de alta.

*Emisión o denegación del alta.

La Inspección Médica de los Servicios Públicos de Salud deberá comunicar a la Mutua y al INSS, en un plazo máximo de cinco días hábiles, la emisión del alta o su denegación. En el caso de que el Servicio Público de Salud desestime la propuesta de alta de la Mutua o no conteste en forma y plazo, la Mutua podrá solicitar el alta al INSS, que deberá contestar en un plazo de cuatro días.

En este sentido hay que matizar que el Real Decreto que se incluye en este paquete normativo, relativo a la regulación de determinados aspectos de la Incapacidad Temporal en los primeros 365 días, se establece un régimen transitorio en cuanto a los plazos de contestación durante los seis meses siguientes a la entrada en vigor, a la espera de que la futura Ley de Mutuas culmine su tramitación parlamentaria y entre en vigor. En el caso de los Servicios Públicos de Salud, será de once días, mientras que para el INSS serán ocho.

Por tanto, serán siempre los facultativos de los Servicios Públicos de Salud o del Instituto Nacional de la Seguridad Social quienes tengan la última palabra para que los trabajadores se reintegren a su puesto de trabajo, una vez restablecidos.

De acuerdo con lo aprobado en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014, se regula expresamente la posibilidad de suspender la prestación cautelarmente cuando el trabajador no se presente a un reconocimiento médico. Si en el plazo de cuatro días no ha justificado debidamente la ausencia, se extinguirá la situación de Incapacidad Temporal. De esta forma, si la ausencia ha sido por causa justificada, no se extingue automáticamente la prestación como ocurría previamente a la modificación.

*Base de datos.

Además, los informes y resultados de las pruebas efectuadas se incorporarán a la base de datos de los Servicios Públicos de Salud y pasarán a formar parte del historial clínico del paciente. De esta forma, se coordinarán mejor con el médico del sistema público de salud.

La reducción de plazos y la colaboración entre las mutuas, sistemas públicos de salud y Administración de la Seguridad Social tendrá como resultado una protección más completa de la salud de los trabajadores, un beneficio para las empresas y ahorro de costes para el Sistema.

Por otra parte, con el objetivo de potenciar el aprovechamiento de los centros asistenciales adscritos a las Mutuas, la norma facilita su utilización por los Servicios Públicos de Salud, por las Entidades Gestoras y por otras Mutuas Colaboradoras de la Seguridad Social. Los ingresos que obtengan por esta actividad generarán crédito en el presupuesto de gastos de la Mutua que preste el servicio, en los conceptos correspondientes a los gastos de la misma naturaleza.

*Incapacidad Temporal en los primeros 365 días.

El paquete normativo contempla, asimismo, ajustes y modificaciones que afectan a la prestación de la baja laboral en los primeros 365 días, a través del Real Decreto que regula determinados aspectos de la gestión y control de los procesos de Incapacidad Temporal en el primer año de duración.

Uno de los aspectos más destacados es la reducción de cargas burocráticas al modificarse la periodicidad de los partes de confirmación de baja. Además, favorecerá a los trabajadores y sus familiares, que no deberán desplazarse al centro de salud cada siete días para recoger dichos partes, sino que estará ajustado a la previsión del seguimiento clínico. También favorece a la empresa, ya que reduce las cargas de tramitación de la confirmación de la baja del trabajador.

A partir de ahora el parte de confirmación se extenderá de acuerdo a la duración estimada por el médico:

-   Hasta cinco días de baja, se podrá expedir el parte de baja y de alta en la misma visita médica.

-   Entre cinco y treinta días de baja, cada catorce días

-   Entre treinta y uno y sesenta días de baja, cada veintiocho días

-   En procesos de larga duración, más de 61 días, la confirmación se expedirá cada 35 días.

Por otra parte, será obligatorio que en los partes de confirmación conste la duración probable de la Incapacidad Temporal y la fecha del nuevo reconocimiento médico. Ello permitirá al empresario y trabajador tener una previsión del proceso.

Los médicos dispondrán de tablas de duración estándar por patologías que tienen en cuenta la enfermedad que padece el trabajador, su edad y la actividad laboral que realiza.

*Transmisión de datos.

El Real Decreto incluye también la regulación de la transmisión diaria por vía telemática de los partes de baja y alta desde los Servicios Públicos de Salud de las Comunidades Autónomas al INSS y de este organismo a las Mutuas, cuando sean responsables de la protección del trabajador. De esta forma, el control se efectuará desde el primer día de la baja por Incapacidad Temporal.

La nueva regulación hará posible el control desde el primer momento de las deducciones que de esta prestación hacen las empresas al ingresar las cuotas de la Seguridad Social. De esta forma, se da cumplimiento a la recomendación del Tribunal de Cuentas en su último informe sobre gestión y control de la Incapacidad Temporal.

Finalmente, se potenciará la colaboración en sus distintos aspectos con los Servicios Públicos de Salud de las Comunidades Autónomas para el control de la prestación por Incapacidad Temporal.

(http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias).

 

Derechos de personas con discapacidad (una Ley necesaria e importante)

Casi cuatro millones de personas en España tienen discapacidad y ofrecen a diario “un ejemplo de superación y esfuerzo para superar situaciones de adversidad debidas tanto a las barreras físicas que todavía tienen que sortear como a algunos prejuicios que aún existen”, así lo ha asegurado la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato (03/12/13). En su intervención en el acto institucional con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, celebrado en la sede del CERMI, la Ministra ha dicho, así mismo, que la  Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social,  ”supone el reconocimiento expreso de que las personas con discapacidad son titulares de derechos y los poderes públicos están obligados a garantizar su ejercicio pleno”.

El Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. (BOE. Núm. 289. Martes. 3 de diciembre de 2013 Sec. I. Pág. 95635), entró en vigor el día 4 de diciembre,  teniendo por objeto:

Garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades y de trato, así como el ejercicio real y efectivo de derechos por parte de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones respecto del resto de ciudadanos y ciudadanas, a través de la promoción de la autonomía personal, de la accesibilidad universal, del acceso al empleo, de la inclusión en la comunidad y la vida independiente y de la erradicación de toda forma de discriminación, conforme a los artículos 9.2, 10, 14 y 49 de la Constitución Española y a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y los tratados y acuerdos internacionales ratificados por España”.

En 2012 había un total de 1.450.800 personas con certificado de discapacidad en edad de trabajar (de 16 a 64 años), lo que supuso el 4,8% de la población total en edad laboral.

Por otro lado, alrededor de 140.000 niños menores de 16 años padecen algún tipo de discapacidad en España, según datos del Estado Mundial de la Infancia 2013 presentado  por UNICEF en Madrid.

La directora ejecutiva del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Pilar Villarino, ha lamentado en el mismo acto la “grandísima falta de datos” fiables en España sobre este tema. La última encuesta oficial al respecto es la elaborada en 2008 por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que “no es muy detallada”, ha explicado Villarino. Esa falta de datos afecta incluso al número de niños con discapacidad que sufren violencia. Según la directora de CERMI, los actuales recortes que se están llevando a cabo en España para reducir el déficit del Estado están afectando de forma muy especial a las entidades territoriales, sobre todo a las comunidades autónomas, y, por tanto, a la sanidad y a la educación, los dos principales vectores para atender a los niños con discapacidad.

Por todo lo dicho, entiendo que la nueva Ley General de Incapacidad es de una enorme importancia, solo falta que el Gobierno dote económicamente de forma adecuada los fondos dedicados a la discapacidad, en todas sus formas y variantes, especialmente a ese número de niños que se encuentran necesitados y a sus familias que hacen una labor encomiable y sin apenas medios reales.

Córdoba, 9 de diciembre de 2013

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado. Inspector de Trabajo y S.S. (excedente)