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Tribunal Supremo – Tribunal Constitucional – reforma poder judicial (no son, demasiadas veces, lugares de cobijo y amparo)

En estos días los partidos políticos están empecinados en la renovación del C. G. P. J., cosa que todos ven lógica y normal, con indiferencia del trabajo de mercaderes persas con que se lleva a cabo, que por lo que se vislumbra, no llevará a la independencia del Poder Judicial, sino a un alambicado proceso de cambiarlo todo para seguir igual; es decir, no existe división de poderes real y efectiva (que es una de las bases de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho consagrado por la Constitución Española), sin la que la democracia no existe.

En este contexto tenebroso, donde domina la opacidad y la falta de transparencia y de información veraz a los españoles, se sitúa uno de los problemas que tiene la justicia en España, concretamente, el papel del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, que lejos de ser ambos tribunales un lugar de cobijo y amparo para los ciudadanos españoles, se han convertido en demasiados casos, en el día a día de la justicia, en barreras cortantes, como arrecifes de coral malignos, que impiden a los ciudadanos de a pie, acercarse a sus máximos Órganos de justicia en petición del último amparo judicial posible sobre el fondo del asunto.

Es un hecho desgraciado, que ocurre por variados motivos, pero la realidad es la que es: que cada día es más difícil para el ciudadano llegar a obtener una resolución de fondo en esos Órganos judiciales”, que ampare sus derechos preteridos o denostados por cualquier causa, y, que solo en último extremo podrían solucionar dichos Tribunales Superiores.

Detallaré varios principios y causas, que impiden el amparo de sus derechos a los españoles en el T. S. y en T. C., sin ánimo cerrado ni excluyente, pero que, cada vez, ocupan más espacio limitativo de sus derechos a una justicia verdadera:

* Primero señalar que:  

a).- El Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional solo tienen su razón de ser, si son un lugar de cobijo y amparo del ciudadano, que por la causa que sea, entiende que se han vulnerado alguno de sus derechos. Si no es así, ambos Tribunales no pueden tener existencia democrática en un estado de derecho real y efectivo.

b).- Todos los formalismos excluyentes de su competencia y amparo, que impidan a los ciudadanos de a pie acudir ante ellos pidiendo justicia y cobijo sobre el fondo de un asunto, deben desaparecer.

c).- Las costas en sus procedimientos deben ser eliminadas o reducirse a un mínimo equivalente a un salario mínimo, excluyendo siempre, los costes derivados de la participación de cualquier funcionario público, como pueden ser los abogados del estado y ese larguísimo etc. de supuestos servidores públicos pagados con nuestros impuestos, y, que, curiosamente, siempre están contra el ciudadano.

d).- Si el T. S. y/o el T. C. necesitan más medios de cualquier tipo (personales o materiales), -teniendo en cuenta el despilfarro actual del gasto público en España-, deben ser proporcionados de inmediato, sin excusas ni pretextos de clase alguna.

* Segundo, concretar algunas de las causas que impiden el acceso efectivo ante el T. S. y el T. C. de los españoles, que son muchas y variadas, además, en constante aumento cuantitativo y cualitativo, así que, señalaré algunas con ánimo abierto:

a).- Los formalismos excluyentes se han apoderado de ambos Tribunales, de forma, que, en aumento continuo, constituyen una barrera inaccesible, que siempre quedan libremente en las manos del Tribunal, como pueden ser las estimaciones o no de los llamados “intereses casacional o constitucional”.

Es un hecho cierto, que, en muchos casos, se quiera reconocer o no, el asunto termina con una Providencia de medio folio con mera apariencia de motivación, que se limita a decir, que no se cumple la Ley y que no existe ese interés, convirtiéndose todo en una arbitrariedad inadmisible para cualquier estado de derecho; de manera, que el ciudadano a su casa y con costas, lo que, simplemente, es un despropósito.

b).- Las llamadas Salas de Admisión son una barrera inexpugnable, donde se comprueba todo lo que impide el acceso al Tribunal sobre el fondo del asunto, como puede ser, por ejemplo, el número de folios del recurso, o cualquier otra formalidad a la que se le ha dado naturaleza de ley limitativa de derechos.

c).- Las normas procesales de admisión de los recursos se interpretan y aplican, casi siempre, en perjuicio del ciudadano que recurre, incluso llevando a cabo una interpretación “a fortiori” de las mismas. El problema para el ciudadano (que pide el amparo del Tribunal Supremo o Constitucional sin ni siquiera admitirse su recurso), está, en que después no hay otra opción, y, solo queda recoger la resolución de inadmisión y volverse a su casa.

* En estos días se habla de la politización del poder judicial”, pero volviendo a la realidad del ciudadano de a pie, es verdad, que la división política de poderes del Estado es muy importante para la toda la sociedad sin la menor duda, aunque hay otros asuntos de la justicia olvidados, que no funcionan o funcionan mal, como son los casos expuestos del T. S. y del T. C., de los que parece, que nadie se ocupa.

Si la justicia no está al alcance de los ciudadanos, sin barreras de obstáculos ni trámites formalistas aplicados con rigor extremo y en constante aumento, no se puede decir que estamos en un estado de derecho donde existe división real de poderes.

Se podrá estar o no de acuerdo con lo dicho, pero que el problema existe es una realidad incuestionable, lo mismo que, es un hecho indiscutible, que afecta a los ciudadanos, tanto o más, que la elección de los miembros del C. G. P. J.

Por todo lo dicho, al T. S. y al T. C. no solo deben ir los mejores juristas, sino, también, los mayores defensores de la justicia con mayúsculas, es decir, los que nunca se parapetan tras requisitos formales exprimidos contra el ciudadano sin entrar en el fondo del asunto, pues lo contrario es, simplemente, una injusticia que mina el estado de derecho.

Quizás, las circunstancias políticas dominantes en la España plurinacional no son las más apropiadas para hablar ahora de este problema: “una justicia que funcione de verdad sin excesos formalistas y abierta siempre en favor de los ciudadanos”.

Lo que ocurre, a veces, en el T. S. y en el T. C., no es, sino una manifestación más de la degradación de nuestro estado de derecho, algo inadmisible en cualquier democracia que se precie.

N.B. Es una realidad, que, a veces y en aumento, ni el Tribunal Supremo ni el Tribunal Constitucional son lugares de cobijo y amparo para los ciudadanos, quizás porque la verdad es, que casi todo en la justicia al mayor nivel está dedicado a “lo político”, de manera, que solo se habla y se falla, mayormente, por ejemplo, sobre el Procés, sobre Gurtel, sobre recursos de inconstitucionalidad, etc., etc., que no es que sean asuntos sin importancia, sino que, parece que se olvida, que la justicia es del pueblo donde reside la soberanía y de sus ciudadanos, de manera, que si se ignora ese hecho primigenio,  estamos listos.

Desde otra perspectiva, los efectos de lo expuesto sobre el T. S. y el T. C., solo pueden ser negativos para España y para la confianza exterior que proyectamos en la U. E. y en el resto de Europa; de forma, que la reforma de la justicia en España debe empezar en favor de sus ciudadanos, pues, no se debe olvidar de cara al exterior, como se dice vulgarmente, que todo se sabe”.

Como ejemplo, de lo que puede ocurrir en Europa: Ayer 23/02/2021, la Euro-cámara limitó el levantamiento de la inmunidad del fugado Puigdemont al caso de la euroorden pendiente en Bélgica, lo que traducido al román paladino, significa, que se hará lo que diga el juez belga. Es decir, la petición del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena al Parlamento Europeo (que versa sobre la orden de detención que quedó congelada en Bélgica cuando asumió el acta de eurodiputado el Sr. Puigdemont), queda en el limbo, lo que implica, una vez más, que el T. S. de España queda en Europa a los pies de los caballos en este asunto de los independentistas fugados.

Está bien defender la división de poderes, pero no solo en la política, la verdadera división de poderes está en la justicia del pueblo de donde nace, crece y se sostiene. Lo contrario es, simplemente, un error, siendo benévolo al calificar la situación.  

Córdoba, a 25 de febrero de 2021

Fo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

 

Inmatriculaciones de la Iglesia – Monseñor Omella (declaraciones prepotentes e impropias)

El cardenal Omella (arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal) ha declarado en Trece TV, que:

La Iglesia no es una multinacional, sino un servicio dirigido al bien común.

Remarcando, que: -No queremos privilegios-.

Diciendo, a continuación, que nosotros hemos seguido la ley, y, dudar de si se ha hecho bien o mal, es poner a los registradores de la propiedad en mal lugar, porque cumplen la ley.

Lo hemos hecho según la ley y se ha hecho bien. Es posible que en algún caso haya duda, pero lo resolverá el tribunal y no hay inconveniente.

Para finalizar, el presidente de la CEE ha precisado, que, si alguien cree que alguna propiedad le pertenece, lo diga, ya que los registradores dan un plazo largo para recurrir. Si no ha habido reclamaciones es que estaba bien hecho, pero si alguien no se enteró que tenía el título, lo puede recurrir. El cauce es dialogar con la Iglesia y, si no hay acuerdo, para eso están los jueces, como en todo litigio.

Esas han sido, en parte, las declaraciones públicas televisadas de D. Juan José Omella -presidente de la Conferencia Episcopal Española-, pero, con independencia de todo su contenido, que puede ser verdad o mentira, lo cierto es, que ha actuado con una prepotencia manifiesta, más propia de su amigo independentista Sr. Junqueras, que, del máximo responsable y representante de la Iglesia Católica en España, entre otras, por las siguientes razones:

** Ha dicho, que el cauce es dialogar con la Iglesia y, si no hay acuerdo, para eso están los jueces, como en todo litigio.

¿De verdad cree Monseñor Omella, que ese es el camino, que cualquier ciudadano debe y/o puede iniciar?

-Dejamos fuera a los poderes públicos (Gobierno Central, CC. AA., Provincias, Municipios, etc.) para que hagan lo que quieran o acuerden-.

A cualquier observador, mínimamente imparcial, lo primero que se le ocurre, es que, una reclamación judicial contra la Iglesia Católica es una lucha muy desigual, algo así, como la pelea de David contra Goliat, con la diferencia de que David tenía detrás un ejercito y la protección divina.

El ciudadano de a pie necesita tiempo, recursos de todo tipo, buscar y pagar profesionales y, así, un larguísimo etc., para poder plantear una reclamación contra la Iglesia Católica, no solo en su propio beneficio, sino, también, del interés general de la sociedad.

Solo en este punto, la prepotencia de M. Omella es manifiesta y patente.

** El presidente de la CEE ha precisado, también, que, si alguien cree que alguna propiedad le pertenece, lo diga, ya que los registradores dan un plazo largo para recurrir.

Esta declaración, por su propio contenido, es un abuso de poder patente, ya que, el ciudadano puede creer legítimamente que el bien pertenece a la sociedad en la que vive y paga sus impuestos; de manera, que debería tener claro el Sr. Omella, que la parte que debe demostrar públicamente y con toda transparencia la propiedad, sin duda, debe ser el beneficiado por la inmatriculación, que, por cierto, lo ha hecho con toda la oscuridad que la ley permite. Razón por la que escudarse, así mimo, en que los registradores dan “un plazo para recurrir” es una maldad superior, ya que, el ciudadano de a pie no tiene (salvo que sea un lector privilegiado de todos los boletines oficiales del País), ni tiempo ni dinero para realizar una investigación de esas proporciones.

De nuevo en este punto, la prepotencia de M. Omella es clamorosa, y, para cualquiera supone un despropósito rayano en la falta de transparencia y en la opacidad, incluso, de ética.

** El presidente de la CEE ha declarado, también, que, <<la Iglesia no es una multinacional, sino un servicio dirigido al bien común, remarcando, que, no queremos privilegios>>.

¿De verdad, cree el Sr. Cardenal Omella, que lo que la Iglesia ha hecho con las inmatriculaciones, no es un privilegio y que está al alcance de cualquiera?

No entro en discutir su afirmación del <<bien común>> o si es <<un servicio o no>>, pues eso depende de las creencias de cada uno y eso, además, la libertad de expresión es un derecho fundamental protegido por la Constitución, pero decir, que la Iglesia no quiere privilegios, se me antoja harto discutible, siendo un ejemplo contrario por sí mismo, todo este asunto de las inmatriculaciones.

Otra vez, las declaraciones del presidente CEE, sencillamente, para cualquier observador imparcial, entran en el terreno movedizo de la sospecha y apariencia de una posesión o situación privilegiada.

*** Con lo expuesto, es más que suficiente para ver, que salvo transparencia e información veraz al ciudadano de a pie, en el tema de las inmatriculaciones ha habido de todo, pues no basta con ser honrado, sino que, también, hay que parecerlo, de forma, que aquí, se mire como se mire, domina la opacidad y la falta de información a la sociedad, es decir, al pueblo español en el que reside la soberanía según la C. E. (art. 1.2).

Así mismo, la Constitución dice en su art. 20, entre otras cosas:

<<1.  Se reconocen y protegen los derechos:

d). A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión.

2.         El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa.>>

*** La postura de la Iglesia Católica, Sr. Omella, no debe ser la que Ud. ha declarado, sino que, ante cualquier duda, debe ser la Iglesia la que debe acudir a los jueces y tribunales, exigiendo resoluciones judiciales, que justifiquen y motiven la inmatriculación realizada. Estarse quieto, pidiendo justicia desde una situación encumbrada y prevalente, conlleva una injusticia manifiesta, que deja todo el peso de conseguir una resolución judicial en el ciudadano de a pie, situado en una posición de inferioridad.

Actuar de otra forma, se quiera admitir o no, es un privilegio rechazable, que, por descontado, no esta al alcance del pueblo soberano.

Para terminar, la C. E. dice en su art. 9:

<<1.  Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.

2.  Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones igualdad para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.

3.  La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía jurídica normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos

Así mismo, la C. E. en su art. 14 dice: <<Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.>>

N.B. Las declaraciones sobre las inmatriculaciones de la Iglesia Católica realizadas por el presidente de la CEE, Monseñor Omella, siendo benévolo, son manifestaciones impropias hechas a contraviento y sin mesura ni prudencia.

Sus efectos, además, solo pueden ser negativos para la Iglesia Católica, pero viniendo del Cardenal-arzobispo de Barcelona, Monseñor Omella, a nadie le pueden sorprender, ya que cuando habla, nadie sabe, si habla a España o a la Nación Catalana, donde están algunos de sus amigos, como el Sr. Junqueras.

Ruego a la Iglesia Católica, que rectifique el rumbo, y, aplique la C. E. a las inmatriculaciones realizadas, obrando en consecuencia, ya que la prepotencia nunca sale gratis para nadie, y, rompe, sí o sí, el principio de igualdad constitucional.

Córdoba, a 20 de febrero de 2021

Fo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Jueces embridados – ciudadanos desconfiados (sin división de poderes no existe estado de derecho)

En este tema vidrioso, podemos acudir al refranero popular tan rico y verdadero, cuando dice: El diablo solo tienta, a aquel con quien ya cuenta.

Durante muchos años los jueces han estado jugando a un juego peligroso y endiablado, formando asociaciones llenas de ideología y exigiendo puestos en el C.G.P.J. en razón de esas ideas, que componen ellos mismos, al señalarse como progresistas, conservadores, moderados de centro e incluso independientes (aunque, creía que todos lo eran).

Las consecuencias perversas de ese comportamiento ideológico están a la vista, sobre todo, cuando se dictan resoluciones, diciendo que proceden de un juez progresista o conservador para explicar su contenido, que exige apartarse de la ley y dirigiéndose a un terreno dominado por cualquier ideología excluyente, que se quiera reconocer o no, concita la desconfianza de los ciudadanos en la justicia. Ejemplos hay casi a diario, de forma, que en muchos casos ya se sabe por donde irá la resolución según el juez que lleva el caso, aunque siempre hay ingenuos que hablan de posibles recusaciones e incluso abstenciones.

Está muy claro, que cada uno puede vivir en el mundo de sus propios sueños, aunque está comprobado que dictar una resolución basada en interpretaciones ideológicas destruye la confianza en la justicia, que, aunque a veces no lo parezca, nace del poder soberano del pueblo.

Todo lo dicho viene, porque el Gobierno de España continúa empeñado en controlar el Poder Judicial, y, ayer miércoles, con al apoyo de PSOE y Podemos, la Mesa del Congreso ha aceptado tramitar por el procedimiento de urgencia la reforma para limitar las competencias al Consejo General del Poder Judicial mientras se encuentre en funciones, rechazando, además, solicitar informes de los jueces y la Comisión de Venecia sobre esa modificación. Así que, aprobada esa tramitación por la vía de urgencia, vamos camino de la ideología en la justicia, convalidada por el Congreso sin informes consultivos sobre la reforma de los jueces ni de la Comisión de Venecia.

Que el 17 de diciembre el CGPJ solicitara a la Cámara Baja emitir una opinión sobre la reforma, por afectar al núcleo esencial de las competencias, que la Constitución le atribuye expresamente en garantía de la independencia judicial, simplemente se ignora, y, lo peor es, que nadie hace nada dentro de sus competencias para evitar ese ataque sin precedentes a la división de poderes y a la independencia del poder judicial; de manera, que como decía al principio, “de aquellos polvos, estos lodos”, ya que, padecemos ahora las consecuencias nefastas de muchos errores garrafales, que pudiéndose evitar en su  momento, se consintieron y admitieron cuando hubo ocasión de realizar una propuesta contundente, que garantizara esa independencia.

Se dice, que los Vocales del Poder Judicial están indignados, porque este ataque a la justicia da miedo, pero la verdad es que no hacen nada eficaz para defender la independencia judicial, pues, si eso es lo que hay, podrían acudir a los tribunales españoles, a la Justicia Europea, a la Comisión de Venecia y a las instituciones de la U. E.

Por otro lado, es lo cierto, al margen de lo que lo que el CGPJ pueda hacer, la U. E (Europa) tendrá que decir algo, como hizo con Polonia, ya que, el derecho de la UE y la jurisprudencia de su Tribunal de Justicia exigen, que en toda iniciativa legislativa que afecte al poder judicial, se dé audiencia a todos los sectores implicados.

Esperemos, además, que esa iniciativa no afecte a la condicionalidad del estado de derecho, y, ningún estado miembro vete por esa causa los Fondos de Recuperación.

N. B.  La única verdad es, que, si hay jueces embridados, hay   ciudadanos desconfiados de la justicia, de manera, que sin división de poderes no existe estado de derecho.

El autoritarismo a la menor oportunidad limita las libertades, de forma, que si seguimos avanzando en esta carrera de despropósitos inconstitucionales acabaremos mal, ya que, en España, ahora mismo, nuestros derechos y libertades están en peligro, al no existir respeto a la Ley por los poderes públicos, ni libertad, ni justicia, ni igualdad, y, por si faltara algo, se quiere terminar con la división de poderes.

Córdoba, a 14 de enero de 2021

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Libertad por fases de cangrejo (siempre hacia atrás y en peligro con crecimiento exponencial)

Un Gobierno cada vez más autoritario (ya sin pudor), está adsorbiendo nuestras libertades, sin tregua y sin pausa, día a día, construyendo, desde la ocultación planeada de la verdad y una propaganda continuada con el dinero público, un estado policial marleskiano, así, qué sin ánimo de acotar al completo este asunto tan oscuro, porque sería imposible dada la cantidad de hechos liberticidas, bulos y mentiras, señalaré algunos hechos escandalosos, y, en muchos casos transparentes de una realidad peligrosa y perversa, así:

a. - Se declaró por el Gobierno un estado de alarma ilimitado en su contenido y por sus prórrogas múltiples, que se ha proyectado en la realidad diaria de un plan indeterminado por fases incomprensibles e ignotas inacabables en manos de un Gobierno incapaz. La última posible quinta prórroga de un mes y diez días, como una pena de presión, que es lo que significa en realidad esa ampliación inconstitucional del estado alarmante. La última, con toda la sorna posible, pero ¿alguien se lo cree?

b. - El control de Gobierno a las libertades.

El Jefe del estado Mayor de la Guardia Civil, General Santiago (declaraciones perversas) ha sido claro y transparente: “Nos están vigilando y controlado”.

Estamos de lleno en un agujero negro y tenebroso de un estado policial marleskiano liberticida. ¿Alguien lo duda?

c. - El CIS del demócrata Sr. Tezanos manipulando la opinión pública, a través de preguntas capciosas y dirigidas a malversar nuestra libertad.

d). - Por otro lado, mentiras sin fin, con absoluto desprecio a cualquier información veraz, convencidos sus autores de que la verdad y la realidad se construye con los bulos institucionales repetidos hasta la saciedad, siempre con nuestro dinero dilapidado al efecto sin vergüenza.

e). – Lo último, es el control de poder judicial, ya que como ha dicho la Sr.ª. Calvo, el estado de alarma no impide la renovación del CGPJ ni del Tribunal Constitucional, -vamos al límite total del control-.

En resumen, la eliminación de las libertades, en cualquiera de sus manifestaciones, en el estado alarmante super prorrogado ha alcanzado el límite de lo intolerable e inadmisible, ante una oposición adormecida, que ha hecho dejación de su deber principal de controlar al Gobierno, como es público y notorio para todos.

N.B. Un Gobierno autoritario, que ha asimilado sus poderes exorbitantes y excepcionales, pretende ejercerlos sin fin y no devolvernos nuestros derechos y libertades nunca jamás.

La libertad en todas sus vertientes en España está en peligro, y, todos nosotros confinados y cautivos, mientras un Gobierno incapaz, además, de ser ineficaz en el control de la pandemia, nos lleva a todos a la ruina; y la justicia durmiendo entre el pavor al Gobierno y el olvido a los derechos y libertades de los ciudadanos.

Córdoba, a 14 de mayo de 2020

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Misterios (hay cosas inexplicables, aunque comprensibles, pero hay otras inexplicables e incomprensibles)

 

Citaré tres casos inexplicables y veremos sin algunos de ellos se pueden comprender partiendo de criterios racionales con mayor o menor exactitud, así que veamos esos misterios:

**   El misterio de la figura gigante que apareció en un desierto de Australia, llamada “El Hombre de Marree”.

Hace unos 20 años un piloto de helicóptero que sobrevolaba la región central de Australia detectó la figura de un hombre gigante grabada en la superficie de la tierra. Parece que la tremenda figura de 4,2 km de altura, situada en una remota altiplanicie en el estado de Australia Meridional, corresponde a un cazador aborigen y es uno de los geoglifos más grandes del mundo. Al día de hoy persiste el misterio de ¿quién lo creó? y ¿por qué?

A pesar del misterio se puede comprender, haciendo un esfuerzo de lógica racional, que quien fuera que lo creo, quería, sin duda, enviar un mensaje positivo y, además, creo una obra de arte universal, y, como las figuras de Nasca descubiertas en Perú, quizá algún día pueda ser declarada dicha figura gigantesca patrimonio de la humanidad.

** Otro misterio, esta vez “lafferiano”, es que en Andalucía el Gobierno de la Junta ha conseguido una cuadratura del círculo, de forma que bajando los impuestos han conseguido aumentar la recaudación, así, concretando, el saldo desde enero hasta noviembre apunta que se ha producido un aumento de 101 millones de euros en los ingresos tributarios que maneja la Junta. Para ser precisos, el mismo periodo del año 2018 había generado 14.818 millones de euros, mientras que los once primeros meses de 2019 dejaron en la caja andaluza unos 14.919 millones.

A pesar del misterio se puede comprender con un razonamiento de lógica racional, que la política fiscal de la Junta de Andalucía con el Gobierno del Cambio ha acertado de lleno, sin la menor duda con su política de bajar los impuestos, produciéndose un efecto positivo, además, favorable para todos los andaluces, se quiera reconocer o no.

** Otro misterio, aunque esta vez “parece de política ficción”, y, es que la Ministra de Justicia -en funciones- de un día para otro ha pasado a ser Fiscal General, consiguiéndose, además, que el mundo de la justicia quede silente, callado e incluso satisfecho. Entiendo que dicho nombramiento puede ser legal, pero difícilmente es aceptable en un estado de derecho. Se mire como se mire, es un nombramiento que rechina y produce manifiesta inquietud a todos los que defendemos y creemos en una división de poderes real y verdadera.

Este misterio desde un razonamiento de lógica racional resulta inexplicable e incomprensible, no tanto por el nombramiento en sí, como por la falta de reacción del mundo de la justicia y por las consecuencias futuras qué para todos los españoles, tendrá esa mutilación evidente de la división de poderes.

Finalmente, poner a la vista de todos los misterios precitados para que se vea claramente la diferencia entre inexplicable e incomprensible, ya que cuando concurren los dos calificativos, la cuestión se enturbia de forma irreparable y los daños pueden ser exponencialmente crecientes en todos los sentidos.

N.B. En resumen, como decía, hay cosas inexplicables, aunque comprensibles, pero hay otras inexplicables e incomprensibles. Entiendo, qué a la vista de lo dicho en estos tres misterios, cada uno puede sacar sus conclusiones y elegir libremente, pero que no se equivoquen al elegir o/y aceptar supuestos contrarios a la libertad, hay sin duda un camino de no retorno.

Córdoba, a 15 de enero de 2020

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.