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Libertad por fases de cangrejo (siempre hacia atrás y en peligro con crecimiento exponencial)

Un Gobierno cada vez más autoritario (ya sin pudor), está adsorbiendo nuestras libertades, sin tregua y sin pausa, día a día, construyendo, desde la ocultación planeada de la verdad y una propaganda continuada con el dinero público, un estado policial marleskiano, así, qué sin ánimo de acotar al completo este asunto tan oscuro, porque sería imposible dada la cantidad de hechos liberticidas, bulos y mentiras, señalaré algunos hechos escandalosos, y, en muchos casos transparentes de una realidad peligrosa y perversa, así:

a. - Se declaró por el Gobierno un estado de alarma ilimitado en su contenido y por sus prórrogas múltiples, que se ha proyectado en la realidad diaria de un plan indeterminado por fases incomprensibles e ignotas inacabables en manos de un Gobierno incapaz. La última posible quinta prórroga de un mes y diez días, como una pena de presión, que es lo que significa en realidad esa ampliación inconstitucional del estado alarmante. La última, con toda la sorna posible, pero ¿alguien se lo cree?

b. - El control de Gobierno a las libertades.

El Jefe del estado Mayor de la Guardia Civil, General Santiago (declaraciones perversas) ha sido claro y transparente: “Nos están vigilando y controlado”.

Estamos de lleno en un agujero negro y tenebroso de un estado policial marleskiano liberticida. ¿Alguien lo duda?

c. - El CIS del demócrata Sr. Tezanos manipulando la opinión pública, a través de preguntas capciosas y dirigidas a malversar nuestra libertad.

d). - Por otro lado, mentiras sin fin, con absoluto desprecio a cualquier información veraz, convencidos sus autores de que la verdad y la realidad se construye con los bulos institucionales repetidos hasta la saciedad, siempre con nuestro dinero dilapidado al efecto sin vergüenza.

e). – Lo último, es el control de poder judicial, ya que como ha dicho la Sr.ª. Calvo, el estado de alarma no impide la renovación del CGPJ ni del Tribunal Constitucional, -vamos al límite total del control-.

En resumen, la eliminación de las libertades, en cualquiera de sus manifestaciones, en el estado alarmante super prorrogado ha alcanzado el límite de lo intolerable e inadmisible, ante una oposición adormecida, que ha hecho dejación de su deber principal de controlar al Gobierno, como es público y notorio para todos.

N.B. Un Gobierno autoritario, que ha asimilado sus poderes exorbitantes y excepcionales, pretende ejercerlos sin fin y no devolvernos nuestros derechos y libertades nunca jamás.

La libertad en todas sus vertientes en España está en peligro, y, todos nosotros confinados y cautivos, mientras un Gobierno incapaz, además, de ser ineficaz en el control de la pandemia, nos lleva a todos a la ruina; y la justicia durmiendo entre el pavor al Gobierno y el olvido a los derechos y libertades de los ciudadanos.

Córdoba, a 14 de mayo de 2020

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Misterios (hay cosas inexplicables, aunque comprensibles, pero hay otras inexplicables e incomprensibles)

 

Citaré tres casos inexplicables y veremos sin algunos de ellos se pueden comprender partiendo de criterios racionales con mayor o menor exactitud, así que veamos esos misterios:

**   El misterio de la figura gigante que apareció en un desierto de Australia, llamada “El Hombre de Marree”.

Hace unos 20 años un piloto de helicóptero que sobrevolaba la región central de Australia detectó la figura de un hombre gigante grabada en la superficie de la tierra. Parece que la tremenda figura de 4,2 km de altura, situada en una remota altiplanicie en el estado de Australia Meridional, corresponde a un cazador aborigen y es uno de los geoglifos más grandes del mundo. Al día de hoy persiste el misterio de ¿quién lo creó? y ¿por qué?

A pesar del misterio se puede comprender, haciendo un esfuerzo de lógica racional, que quien fuera que lo creo, quería, sin duda, enviar un mensaje positivo y, además, creo una obra de arte universal, y, como las figuras de Nasca descubiertas en Perú, quizá algún día pueda ser declarada dicha figura gigantesca patrimonio de la humanidad.

** Otro misterio, esta vez “lafferiano”, es que en Andalucía el Gobierno de la Junta ha conseguido una cuadratura del círculo, de forma que bajando los impuestos han conseguido aumentar la recaudación, así, concretando, el saldo desde enero hasta noviembre apunta que se ha producido un aumento de 101 millones de euros en los ingresos tributarios que maneja la Junta. Para ser precisos, el mismo periodo del año 2018 había generado 14.818 millones de euros, mientras que los once primeros meses de 2019 dejaron en la caja andaluza unos 14.919 millones.

A pesar del misterio se puede comprender con un razonamiento de lógica racional, que la política fiscal de la Junta de Andalucía con el Gobierno del Cambio ha acertado de lleno, sin la menor duda con su política de bajar los impuestos, produciéndose un efecto positivo, además, favorable para todos los andaluces, se quiera reconocer o no.

** Otro misterio, aunque esta vez “parece de política ficción”, y, es que la Ministra de Justicia -en funciones- de un día para otro ha pasado a ser Fiscal General, consiguiéndose, además, que el mundo de la justicia quede silente, callado e incluso satisfecho. Entiendo que dicho nombramiento puede ser legal, pero difícilmente es aceptable en un estado de derecho. Se mire como se mire, es un nombramiento que rechina y produce manifiesta inquietud a todos los que defendemos y creemos en una división de poderes real y verdadera.

Este misterio desde un razonamiento de lógica racional resulta inexplicable e incomprensible, no tanto por el nombramiento en sí, como por la falta de reacción del mundo de la justicia y por las consecuencias futuras qué para todos los españoles, tendrá esa mutilación evidente de la división de poderes.

Finalmente, poner a la vista de todos los misterios precitados para que se vea claramente la diferencia entre inexplicable e incomprensible, ya que cuando concurren los dos calificativos, la cuestión se enturbia de forma irreparable y los daños pueden ser exponencialmente crecientes en todos los sentidos.

N.B. En resumen, como decía, hay cosas inexplicables, aunque comprensibles, pero hay otras inexplicables e incomprensibles. Entiendo, qué a la vista de lo dicho en estos tres misterios, cada uno puede sacar sus conclusiones y elegir libremente, pero que no se equivoquen al elegir o/y aceptar supuestos contrarios a la libertad, hay sin duda un camino de no retorno.

Córdoba, a 15 de enero de 2020

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

II. FORMALISMOS EXCLUYENTES, FORMALIDADES INEXPUGNABLES Y CRITERIOS RESTRICTIVOS DE DERECHOS (la injusticia anida en el excesivo rigor formalista y excluyente en la aplicación de la justicia)

 

Hace unos días decía, que necesitamos, si o si, que la justicia sea justa de verdad, sin parapetos, ni excusas, ni restricciones de derechos. El Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional deben ser siempre, sin excepciones, una garantía de justicia para los españoles, debiendo primar en cualquier caso la tutela judicial efectiva sin la aplicación rigorista de formalismos excluyentes, sobre todo si se trata de derechos fundamentales, así:

**   Tribunal Supremo: Interés casacional y otros formalismos excluyentes.

Desde hace algunos años, pero cada vez con mayor rigor en el desamparo de los españoles, se han puesto en vigor y aplicación extrema “el llamado interés casacional” en los recursos que se interponen ante el Tribunal Supremo en cualquiera de sus Salas, así como, otros formalismos excesivos, como por ejemplo, sin ánimo de exclusividad,  el Acuerdo del Pleno No Jurisdiccional de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 27-01-2017, sobre criterios de admisión de los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal.

Todo recurso que llega al T. S. debe superar una serie de escollos (cada vez más y más exigentes) para que el recurso sea admitido, de forma, que hoy en día, todos los letrados de España saben que “el llamado interés casacional” y otros formalismos excluyentes se han convertido en una barrera de arrecifes intrincada y muchas veces infranqueable. Se mire como se mire, es así, de manera que nadie se libra de sortear, con mayor o menor éxito, todos los formalismos restrictivos de derechos de los ciudadanos.

Siempre he defendido y creído, que el Tribunal Supremo era el último asilo posible ante las injusticias, pero la aplicación cada vez más rigurosa del principio de interés casacional y otros formalismos excluyentes están convirtiendo a nuestro más Alto Tribunal en un lugar donde juegan más los poderes políticos, que los principios de asilo ante las injusticias de los españoles. Lo que debería ser un lugar abierto de asilo y protección (sobre todo cuando entran en juego derechos fundamentales), sin formalidades ni requisitos restrictivos de derechos, se va aproximando cada vez más a una fortaleza inexpugnable, donde realmente solo se admite lo que se quiere admitir. Se puede argumentar lo que se quiera, pero lo dicho es la realidad, ya que lo que debería ser, sin exclusiones y siempre entrando en el fondo de todos los asuntos planteados, un verdadero lugar de cobijo y amparo donde se diera respuesta todos los asuntos, se ha convertido en una jungla infranqueable dominada por el rigor formalista más extremo y por el llamado interés casacional.

Si el Tribunal Supremo no es de verdad un lugar de cobijo frente a cualquier injusticia, abierto completamente a los españoles sin trabas de clase alguna, máxime cuando se juzga sobre derechos fundamentales, nuestro Alto Tribunal no tiene razón de ser y camina hacia su desprestigio social.

En mi opinión todos los asuntos que lleguen al T. S. deben ser resueltos por Él, resolviendo sobre el fondo del asunto planteado, eliminándose cualquier formalismo y cualquier restricción de derechos al acceso a los recursos procedentes. Si no es así, el T. S. sobra y no tiene razón de ser.

**   Tribunal Constitucional: Interés constitucional y otros formalismos excluyentes.

Lo que decía antes del Tribunal Supremo se puede decir también del Tribunal Constitucional, pero, además, aquí el problema es mucho más patente. La realidad es que el Tribunal Constitucional se ha convertido en un tribunal de asuntos políticos, de forma, que lo que debería ser un tribunal abierto a los españoles mediante el recurso de amparo, sin formalismos de clase alguna, se ha transformado en un lugar donde solo se ven asuntos políticos con prioridad, quedando los recursos de amparo -verdadera alma de cualquier tribunal constitucional- en el agujero oscuro del “llamado interés constitucional” y otros formalismos excluyentes, que impiden el acceso de los españoles a la protección de sus derechos fundamentales. Si es así, si sigue así, el Tribunal Constitucional debe disolverse y desaparecer, pues no cumple la función para la que fue diseñado: “Proteger al pueblo, y, el pueblo son los españoles. Ningún asunto que llegue al T. C. planteado por un español puede ser rechazado, y, aquí no hay formalismos que valgan”.

**   La Constitución dice en algunos de sus artículos, sin ánimo de exclusividad, lo siguiente (de manera que cada uno saque sus conclusiones):

*Artículo 9. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.

Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.

La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

*Artículo 14. Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

 *Artículo 24. Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión.

Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia.

*Artículo 53. Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo del presente Título vinculan a todos los poderes públicos. Sólo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades, que se tutelarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 161, 1, a).

Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la Sección primera del Capítulo segundo ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Este último recurso será aplicable a la objeción de conciencia reconocida en el artículo 30.

El reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el Capítulo tercero informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Sólo podrán ser alegados ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen.

*Artículo 117. La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley.

*Artículo 120. Las sentencias serán siempre motivadas y se pronunciarán en audiencia pública.

*Artículo 123. El Tribunal Supremo, con jurisdicción en toda España, es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales.

*Artículo 161. El Tribunal Constitucional tiene jurisdicción en todo el territorio español y es competente para conocer:

a) Del recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley. La declaración de inconstitucionalidad de una norma jurídica con rango de ley, interpretada por la jurisprudencia, afectará a ésta, si bien la sentencia o sentencias recaídas no perderán el valor de cosa juzgada.

b) Del recurso de amparo por violación de los derechos y libertades referidos en el artículo 53, 2, de esta Constitución, en los casos y formas que la ley establezca.

*Artículo 162. Están legitimados:

a) Para interponer el recurso de inconstitucionalidad, el Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 Diputados, 50 Senadores, los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas y, en su caso, las Asambleas de las mismas.

b) Para interponer el recurso de amparo, toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, así como el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal.

Para finalizar, espero qué, en los dos casos precitados, se pueda llegar a unas soluciones prácticas y rápidas, que no sean discriminatorias y que nos lleven por el camino de la igualdad, de la justicia y de la verdadera tutela judicial efectiva.

N.B.  Es necesario e imprescindible, que la justicia sea justa de verdad, sin parapetos, ni excusas, ni restricciones de derechos. El Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional deben ser siempre, sin excepciones, una garantía de justicia para los españoles, debiendo primar en cualquier caso la tutela judicial efectiva y la protección real de los derechos de todos los españoles, con mayor rigor aun cuando entran en juego derechos fundamentales.

Córdoba, a 11 de enero de 2020

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

 

 

CONFIANZA EN LA JUSTICIA (las últimas resoluciones judiciales destruyen toda confianza de los ciudadanos en la justicia)

El   CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL aprobó su Código de Ética Judicial (Texto final acordado en la sesión celebrada el día 16 de diciembre de 2016), así, se dice:

 PRINCIPIOS DE ÉTICA JUDICIAL

PREÁMBULO.

Estos “Principios de Ética Judicial” aspiran a recoger los valores y reglas de conducta compartidos por la judicatura española. Pretenden servir de guía en el desempeño de la jurisdicción y promover el diálogo colectivo y la reflexión personal sobre los retos a los que se enfrentan quienes la ejercen, en un marco legal y social complejo y cambiante. Se proponen, además, fortalecer la confianza de la ciudadanía en la justicia al hacer explícitos los modelos de comportamiento con arreglo a los cuales jueces y juezas se comprometen a cumplir sus funciones.

N.B. No es verdad, la confianza en la justicia en España ha sido destruida sistemáticamente.

¿Quién es el responsable? ¿Quién pagará?

Córdoba, a 7 de noviembre de 2018

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S.S.

 

 

 

 

Mayoría silenciosa II (armonización fiscal hacia arriba y Presidentes autonómicos con acuerdo)

 

Ayer 17/01/2017 se celebró una Conferencia de Presidentes autonómicos con el pretexto de una armonización fiscal, pero ha quedado claro, que su objetivo último y unánime era aumentar la recaudación. Por supuesto de reducir gastos ningún presidente se lo planteo, todo lo más, todos iguales y armonización fiscal para arriba, es decir, la mano siempre en el bolsillo del ciudadano autonómico, como principio inalterable y compartido con total unanimidad y si alguno protesta es porque le parece poco lo que cobran

Los Presidentes reunidos están de acuerdo en  lo que les gusta denominar “reparto de la riqueza”; sin embargo, la opinión de la –mayoría silenciosa y pagana- no se pide ni siquiera se consulta. Para qué, a alguien de los que gobiernan le importa. Después ya sabemos lo que pasa: Trump, Brexit, populismos de todo signo, abstención electoral en aumento, menos clase media y más pobre, etc.

Que nadie se queje si la mayoría silenciosa quemada –o mejor achicharrada- sale con su voto por donde nadie se lo espera y en la dirección  que muchos de los establecidos en el sistema consideran un disparate, ya que llega un momento en que la vaca estrujada al máximo, pura y simplemente, le da todo igual.

Si solo fuera lo anterior el único problema real de España, la cosa podría arreglarse, pero desgraciadamente un sistema perverso per se tiende a desarrollar múltiples cabezas como una hidra misteriosa y  maligna, pues ¿qué pasa con la justicia discriminatoria en su impunidad vulneradora de la igualdad? ¿qué pasa con las diferencias vergonzantes entre las distintas comunidades en sanidad, educación, dependencia, libertades reales, infraestructuras de todo tipo, administración y resto de servicios públicos?

La Constitución dice que los españoles son iguales ante la ley, y aquí se termina la igualdad, de forma que si alguien lo duda, que salga a la calle y pregunte y, es más, sin salir a ningún sitio, que sostenga, mientras pueda, la atención en los medios de comunicación de cualquier clase y verá, como todos, lo ven, que en un juicio a unos acusados se les pide por la Fiscalía 44 años o 22 años de prisión, pero a otros se les imponen 2 años de prisión y a otros, simplemente, se les quita el pasaporte, aunque cualquier español sabe que sin pasaporte se puede ir por todos lados, de Grecia a Noruega y a donde se quiera.

N.B. La Reunión de Presidentes autonómicos ha servido para demostrar el espíritu conciliador de todos ellos, pero en la armonización fiscal hacia arriba a costa del bolsillo de los españoles, que desde luego en su mayoría cada vez son más iguales en su calidad de vida hacia abajo. Que nadie dude, que los españoles saberlo lo saben y lo sienten todo, así que, ya se verá. Igualdad real para todos y en todo.

Córdoba, a 18 de enero de 2017

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.