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Teletrabajo – IV – Inspección de T. y S. S. – sanciones (así no)

Decía el otro día, hablando del R. D. L. sobre el trabajo a distancia, que veía difícil su aplicación por exceso de regulación, que impediría una aplicación flexible, limitando la libertad de las partes implicadas, y, que las sanciones no servirían para nada.

Según el INE (datos 2T-2020) unos 3.015.200 ocupados en España teletrabajan de manera habitual, lo que significa, que más de la mitad de los días que trabajaron, lo hicieron desde sus domicilios, aunque calculo que los trabajadores a distancia han sido muchos más, si tenemos en cuenta a los empleados públicos, que el R. D. L. ha colocado fuera de la norma.

La cuantía de los trabajadores a distancia es solo un anuncio o indicio de su importancia en nuestro mercado de trabajo, de forma que señalaré una serie de puntos negativos de la nueva regulación sin ánimo de exhaustividad, que pueden dar al traste con una manera de trabajar, que se quiera reconocer o no, ya es el futuro presente en medio mundo civilizado, y, que por ello no podemos perder la ocasión, así:

1º.- La forma de regularlo mediante un R. D. L. en vez de una Ley ordinaria es un error por su apresuramiento, ya que un asunto como este con repercusiones a largo plazo de enorme importancia para España, hubiera necesitado mucho más cuidado, más consenso productivo y más mesura.

2º.- Existe un riego evidente de que los que los empresarios opten por no apostar por el teletrabajo por todas las rigideces y costes que genera derivados del contenido del R. D. L., qué, sin duda, es un problema perverso real.

3º.- El R. D. L. deja demasiados asuntos en manos de la negociación colectiva, con lo que se perderá flexibilidad, ya que por su propia naturaleza el trabajo a distancia y el teletrabajo exigen una gran libertad de movimientos a empresa y trabajador.

4º.- La norma aprobada no prevé instrumentos específicos para su correcto cumplimiento, cargando un peso inasumible a la Inspección de Trabajo y S. S., ya que, es público y notorio, que no tiene medios suficientes legales, personales y materiales para llevar a término las exigencias de la ley, de forma, que las amenazas de sanciones por si solas no ayudan precisamente y pueden producir un efecto disuasorio de la implantación del teletrabajo.

5º.- Las empresas van a tener que hacer un esfuerzo económico importante, aunque el R. D. L. aprobado no aclara, ni por asomo, cuánto ni cómo, ni concreta, si habrá ayudas para las unidades productiva que quieran implantarlo. Es decir, la nueva regulación legal va a suponer un aumento del coste empresarial, aunque se desconocen sus verdaderas cuantías, y, en una situación de ruina económica como la que sufre España, cargar a las empresas con gastos añadidos nuevos y muchas exigencias administrativas, también, de nuevo cuño, es, cuando menos, un poco temerario.

Si el teletrabajo se encarece, sólo le hará perder su fuerza atractiva, desincentivando a las empresas a que lo implanten, justo el efecto contrario al que pretende conseguir.

¿Qué atractivo o estímulo tiene una empresa para dejar que su productor trabaje fuera de su centro habitual de trabajo si es más caro para ella?

6º.-  La Ley prevé el derecho a la desconexión del trabajador y a la intimidad, pero no dice, como se llevará a cabo, porque solo con sanciones, como se ha dicho, no se consigue nada, teniendo en cuenta, que la empresa tendrá un cierto poder de supervisión y control de la productividad de su empleado.

La Inspección de T. y S. S. tendrá muchas limitaciones en su trabajo, además, de la falta de medios precitada, para comprobar a las empresas que se comuniquen con sus empleados fuera de su horario laboral, pues solo para empezar, el trabajador se encuentra en su domicilio normalmente, y, este lugar, es un sitio protegido constitucionalmente de intromisiones extrañas al mismo.

En conclusión, las condiciones para la implantación del trabajo a distancia, regladas por el R. D. L. aprobado de urgencia, son muy negativas para su implantación real, de forma, que como será inviable con su regulación actual, habrá tiempo para conseguir una buena Ley eficaz, flexible y realista, que haga posible la implantación de esta modalidad de trabajo en España.

N.B. Insisto, en que veo difícil la aplicación de la nueva Ley por exceso su exceso de regulación y por alejarse de la realidad productiva española, ya que sin flexibilidad y sin libertad de las partes implicadas no podrá existir una aplicación efectiva, y, además, las sanciones no servirán para nada.

Habrá que ver su desarrollo en la práctica, pero las primeras impresiones son muy negativas, y, que conste que creo que es una posibilidad de futuro ineludible para nuestra recuperación económica y de empleo, a la vez de fomentar el desarrollo digital en España.

Córdoba, a 25 de septiembre de 2020

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Okupación y principio de legalidad (derecho constitucional a la propiedad y derecho a disfrutar de vivienda digna)

La C. E. en su artículo 9 garantiza el principio de legalidad, así dice:

1. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.

3. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

Así mismo, la Constitución establece y consagra los derechos fundamentales y las libertades públicas, diciendo en su artículo 24:

1. Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión.

2. Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia.

A su vez, cuando señala los derechos y deberes de los ciudadanos, consagra el derecho de propiedad en su artículo 33, diciendo:

1. Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia.

2. La función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes.

3. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes.

Por otro lado, la C. E. cuando se refiere a los principios rectores de la política social y económica, en su art. 47 dice:

“Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos”.

El mandato constitucional es claro e indiscutible, es decir, no es posible ignorar lo que dice nuestra Carta Magna, cualesquiera, que sean las circunstancias sociales, económicas y/o sanitarias. Aquí no hay posibilidad de interpretaciones divergentes, aunque lo dicho no significa unanimidad, pero, por encima de todo, el principio de legalidad es algo ineludible e irrenunciables para todos los españoles y todos sus poderes públicos, ya que, sin aplicación efectiva y real de la Ley no puede existir el Estado de Derecho.

El hecho ilegal y violento de “la okupación” se viene produciendo en España desde hace años, aunque ahora está alcanzando proporciones preocupantes y en crecimiento continuo exponencial, de forma, qué ante la inacción casi completa de los poderes públicos, que simplemente no cumplen la Ley como están obligados, se están produciendo un fenómeno social peligroso e imparable, y, me refiero a la proliferación de “patrullas vecinales y de empresas desokupadoras”, que se quiera o no bordean los límites de la ley y pueden llegar a situaciones muy conflictivas.

Estimo, que no es necesario cambiar la ley vigente, sino que sea eficaz y rápida en su cumplimiento y aplicación por todos los poderes públicos, cada uno sin hacer dejación de sus obligaciones legales, pues la situación contra ley en todos los sentidos está poniendo en peligro nuestro Estado de Derecho.

El Estado de Derecho en España, como en cualquier otro País democrático donde prime como valor real la aplicación de la Ley, no puede descansar en la pretendida defensa de la misma por la sociedad civil en asuntos fundamentales garantizados por la C. E., ya que la inacción y dejadez imperdonable de los poderes públicos solo llevará a situaciones peligrosas y conflictivas, donde “la fuerza” fuera o al borde de la ley, aparezca como la única solución eficaz frente a un problema social, que solo corresponde controlar y hacer que deje de existir a los poderes democráticos de cualquier nación bajo el imperio de una ley eficaz y verdadera, lo demás, serán simple excusas de poderes incompetentes, negligentes y/o incursos en comportamientos maliciosos y dolosos.

En resumen, simplemente, reclamo la aplicación de la ley, de forma, que los poderes públicos (todos sin exclusión) adopten todas las medidas necesarias y posibles, para que se respete el derecho constitucional de la propiedad privada y, a la vez, se haga realidad el derecho al disfrute de una vivienda digna para los españoles.

N.B.  Sin que se cumpla el principio de legalidad por todos los poderes públicos y por la sociedad civil, sin exclusiones de ningún tipo ni excusas sean las que sean, no existe el Estado de Derecho.  

El mandato constitucional es claro e indiscutible, es decir, no es posible ignorar esos derechos y obligaciones, cualesquiera, que sean las circunstancias sociales y económicas. La propiedad privada es un derecho esencial en nuestro estado de derecho, igual, que es un derecho constitucional de los españoles disfrutar de una vivienda digna, de forma, que ambos derechos, cada uno en su justa y legal medida, deben ser absolutamente cumplidos por los poderes públicos, ya que, así lo consagra, garantiza y exige nuestra Constitución.

Que nadie se escude en la imposibilidad de su cumplimiento, sin hacer, al menos, que se cumpla la ley vigente, ya que, si no se intenta, por falta de ideas o de compromiso legal efectivo, estaremos fuera del Estado de Derecho.

Córdoba, a 12 de septiembre de 2020

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Sujeción a la Ley e información veraz (ley de todos y para todos o para nadie – mentiras del poder)

Es un hecho más que cierto, que en España muchos poderes públicos (aquí incluyo a los partidos políticos y asociaciones públicas) y muchos ciudadanos, aunque conocen y saben que están sujetos a la Ley (a toda ley), la ignoran una y otra vez, porque la experiencia demuestra que su respeto a la Ley les es algo extraño y siempre pesaroso, máxime, si la ley aplicable resulta contraria a sus intereses, a la vez, que ignoran el derecho de todos los ciudadanos a recibir información veraz, de forma que, además, no tienen ningún pudor de acudir a la mentira, tanto por acción como por omisión.

Como ejemplo de lo que digo, basta citar un caso probado de mentira pública reiterada, concretamente, Fernando Simón, responsable del Centro de Alertas y Emergencias del Ministerio de Sanidad, mintió sobre el inexistente comité de la desescalada, declarando a los periodistas, además, “que no les voy a dar nombres de ninguna persona del equipo, porque, en todo este proceso que llevamos de varios meses, las presiones que sufre cualquier persona de la que se da el nombre, por parte de la sociedad en general y de los medios de comunicación en particular, acaban haciendo muy difícil que pueda trabajar con la suficiente libertad”.

Así mismo, el Ministro de Sanidad, Salvador Illa, reconoció ayer, que el comité de expertos, que asesoró al Gobierno sobre qué comunidades podían pasar de fase y cuáles no, simplemente, no existió.

Todo, después de que el Ministerio de Sanidad y el Gobierno de Pedro Sánchez admitiesen, que el comité de expertos, que supuestamente marcaba el ritmo de la desescalada, nunca existió.

Lo dicho, no por reiterado en muchos frentes, deja de ser una realidad extraordinaria y nociva, pero lo peor para todos nosotros es que, a pesar de que ese hecho espurio haya sido admitido públicamente por sus máximos responsables, no ocurre nada a sus autores, envolviéndose todo en un velo oscuro de absoluta impunidad y habiendo desaparecido, también, el derecho de todos nosotros a una información veraz.

[Es así mismo, un hecho cierto, que nuestra Constitución dice lo siguiente:

*Artículo 9. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.

Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas;

La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

*Artículo 14. Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

*Artículo 20. Se reconocen y protegen los derechos:

d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión.

El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa.]

Está muy claro, que muchos poderes públicos no respetan ni cumplen nuestra Constitución y el resto de nuestras normas aplicables, sin embargo, lo más sorprendente es que no pasa absolutamente nada e, incluso, la sociedad civil parece admitirlo como algo, que forma parte de la normalidad nacional. Un Estado de Derecho regido por las libertades fundamentales esenciales, la división de poderes y otros muchos derechos y principios democráticos de aplicación real y efectiva, no puede existir sin respeto a la Ley y sujeción de todos los poderes públicos y los ciudadanos al principio de legalidad.

Cualquiera puede entender, que así no podemos seguir, si queremos seguir viviendo en una sociedad libre, sobre todo con la situación política, sanitaria y económica, que sobrellevamos mal que bien: “Cabe citar los rebrotes de la pandemia, la ruina económica de una España parada y varada, nuestra deuda pública, el déficit, la situación del mercado de trabajo con un desempleo descontrolado y en ascenso continuo, un Estado con ingresos a la baja, un gasto público improductivo creciente, un sistema de S. S. cuasi quebrado, etc.; aunque para terminar esta enumeración lastimosa, poner de relieve la situación política que soportamos de todos contra todos por la destrucción de España”.

N.B.  Sin una verdadera sujeción a la Ley de todos los poderes públicos y de los ciudadanos y una información veraz, no puede existir el Estado de Derecho, pues la ley e de todos y para todos o no es nadie, máxime, cuando desde los poderes públicos se miente a la vista de todos sin pudor con completa impunidad.

Córdoba, a 31 de julio de 2020

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

II. Defensa de la ley y de la libertad (sin cumplimiento de la ley no existe estado de derecho)

En estos días de grandes incertidumbres para todos (INE. Población total: 47.100.396) se habla de la ley y se exige a los españoles un cumplimiento inapelable de la ley, cuando los poderes públicos, especialmente, el Gobierno vienen haciendo de su capa un sayo en cuanto al cumplimiento de la ley, pues si hay algo esencial en cualquier estado de derecho, es que la ley deben cumplirla todos por igual, especialmente los poderes públicos; así mismo, es evidente, que el Ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, se ha saltado la Ley a la torera en la destitución teledirigida del Sr. Pérez de los Cobos, y, no lo dice solamente el que esto escribe, sino que es criterio general del mundo jurídico, entre ellos, la propia Juez de Instrucción que ordenó al Jefe de la Guardia Civil destituido guardar silencio como policía judicial, y, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), principal asociación profesional de magistrados de España, con el agravante, de que el Sr. Grande Marlaska, siendo juez, lo ha hecho plenamente a sabiendas.

Sin embargo, lo verdaderamente importante, como ha pedido la APM, el Ministro del Interior debe, “explicar los motivos de su decisión y restituir al Sr. Pérez de los Cobos hasta que finalice la investigación”.

La Constitución en su art. 9 dice lo siguiente: “Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico”.

Por lo expuesto, la C. E. no puede ser más clara, la ley es para todos por igual, especialmente, para los poderes públicos, sin exclusión alguna, pero la realidad ha sido y es, que una cosa es ser ciudadano de a pie y otra es ser Ministro del Interior de un Gobierno, que ha traspasado todos los límites de la Ley. ¿Alguien puede poner en duda lo que digo?

La APM recuerda al Sr. Ministro del Interior, “que los funcionarios policiales comisionados por la autoridad judicial, para realizar una investigación, cumplirán las órdenes del juez sin interferencias de ningún otro tipo”, lo que significa, que la policía solo responde ante el juez de instrucción, actuando siempre a sus únicas órdenes.

Es decir, los policías judiciales responden exclusivamente frente al Juez Instructor, de forma, que cualquier intento ilegal e indebido de conocer el contenido o resultado de unas diligencias, o peor, de influir en su contenido, supone una interferencia en la instrucción judicial, que destruye el principio de independencia constitucionalmente protegido del poder judicial con todos sus efectos y consecuencias, debiendo ser exigidas.

Además, reitero, que el incumplimiento de la ley por el Sr. Grande Marlaska no solo es nefasto por sí mismo, sino que sus efectos están destruyendo nuestros derechos y libertades. Se viene produciendo, progresivamente en aumento, una enajenación de toda la población, teledirigida hacia una sociedad sometida y cautiva a un poder gubernamental autoritario y excesivo, cuya finalidad parece ser, destruir contra ley nuestra libertad individual con la motivación recurrente de la lucha contra la pandemia.

Por otro lado, nadie sabe ¿dónde está y que hace el Órgano de gobierno del poder judicial, CGPJ?

Soy uno de otros muchos, que no estoy dispuesto a soportar, que, después de 40 años de opresión, los años que me quedan de vida, se construya, como se está haciendo, un Gobierno sobre la libertad, que con tantos trabajos y sacrificios conseguimos edificar. No quiero una sociedad igualitaria de poder colectivo, mantenida en la pobreza de “todos iguales”, sin que se permita y se premie el esfuerzo individual, ya que no estoy dispuesto a cambiar cromos de libertad por seguridad. No se puede permitir, que un Gobierno trilero saque provecho de la terrible situación que estamos atravesando para acometer sus derivas liberticidas, ni que nuestro futuro sea una sociedad dependiente y subvencionada, cada vez más pobre y menos libre.

En resumen, el respeto a la ley por todos es la libertad de todos nosotros, de forma, que todos los poderes públicos deben respetar y cumplir la ley que les hemos dado, nosotros el pueblo, y, si alguien pone en peligro nuestras libertades, tenemos el derecho natural de defendernos contra el opresor con todos los medios a nuestro alcance, pues nadie está por encima de la ley.

N. B.  Ante la actuación ilegal del Sr. Grande Marlaska tenemos que defender, por todos los medios posibles e imposibles, el respeto a la ley y nuestra libertad en todas sus vertientes, ya que, o todos cumplimos la ley -incluido el Gobierno- y defendemos la libertad, o el estado de derecho desaparecerá sin remedio.

Reitero, que no puede existir ninguna circunstancia, ninguna pandemia, que elimine nuestra libertad individual, pues tenemos unos derechos irrenunciables, de forma, que es siempre preferible defender la libertad, incluso con cualquier sacrificio si es preciso, que tener que soportar vivir en una sociedad cautiva sometida a un poder colectivo autoritario.

Córdoba, a 27 de mayo de 2020

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Defensa de la ley y de la libertad (todos cumplimos la ley -incluido el Gobierno- y defendemos la libertad o el estado de derecho desaparece)

En estos días difíciles para todos los españoles (INE. Población total: 47.100.396) se oye hablar con frecuencia de la ley, sobre todo, cuando en cualquier sitio o medio de comunicación se pide a los ciudadanos, que cumplan con las normas en la lucha contra la pandemia, incluso existe una vigilancia policial excesiva y agobiante para los españoles,  de forma que cualquiera ha comprobado el enorme celo con el que la policía exige a cualquiera que cumpla los horarios de la “desescalada por fases (desfases), a veces incomprensible”, por no hablar de la vigilancia sufrida por los ciudadanos de a pie para el cumplimiento de un confinamiento llevado al límite en su rigor de condiciones (incluso es muy difícil encontrar otro país con semejante rigor en el confinamiento). Lo que digo, no es una exageración caprichosa, sino una realidad que todos los ciudadanos han podido comprobar y sufrir.

Que conste, que soy, incluso maniático, en el cumplimiento de la ley, pero me produce una enorme decepción comprobar, que mientras se exige a los españoles un cumplimiento inapelable de la ley, los poderes públicos, especialmente, el Gobierno vienen haciendo de su capa un sayo en cuanto al cumplimiento de la ley, pues si hay algo esencial en cualquier estado de derecho, es que la ley deben cumplirla todos por igual, especialmente los poderes públicos. Es evidente, para cualquier jurista, que el Gobierno, en la aprobación y aplicación del estado de alarma (art. 116 C.E.) con sus cinco prórrogas, se ha pasado muchos pueblos, a la vez, que el llamado mando único del estado alarmante ha cometido toda clase de desafueros legales, en base parece ser, a que “eso lo que hay”. Los ejemplos conocidos por todos son innumerables y eximen de cualquier comentario al respecto, pero está muy claro que los incumplimientos legales gubernamentales alcanzan una pirámide interminable.

La Constitución en su art. 9 dice lo siguiente: “Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.

Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.

La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos”.

Por lo expuesto, la C. E. no puede ser más clara, la ley es para todos por igual, especialmente, para los poderes públicos, sin exclusión alguna, pero la realidad ha sido y es, que una cosa es ser ciudadano de a pie y otra es ser Gobierno. ¿Alguien puede poner en duda lo que digo?

A pesar de todo, el incumplimiento de la ley gubernamental no solo es lo más nefasto de todo lo que sufrimos los españoles, sino que sus efectos están destruyendo nuestros derechos y libertades. Se viene produciendo, progresivamente en aumento, una enajenación de toda la población, teledirigida hacia una sociedad sometida y cautiva a un poder gubernamental autoritario y excesivo, cuya finalidad parece ser, destruir contra ley nuestra libertad individual con la motivación recurrente de la lucha contra la pandemia.

Nuestra libertad en todas sus vertientes está en serio peligro inminente, pues no solo tenemos que afrontar una epidemia y una quiebra económica escandalosa, sino que, además, y, sobre todo, un Gobierno autoritario está construyendo un régimen de sumisión a su poder, aprovechando unas circunstancias extraordinarias derivadas de una enfermedad generalizada y de un estado alarmante inconstitucional superlativamente prorrogado.

Por lo dicho, no estoy dispuesto a soportar, que, después de 40 años de opresión, los años que me quedan de vida, se construya por el Gobierno, sobre la libertad, que con tantos trabajos y sacrificios conseguimos edificar, una sociedad cautiva y sumisa. No quiero una sociedad igualitaria de poder colectivo, mantenida en la pobreza de “todos iguales”, sin que se permita y se premie el esfuerzo individual, ya que no estoy dispuesto a cambiar cromos de libertad por seguridad. No se puede permitir, que un Gobierno trilero saque provecho de la terrible situación que estamos atravesando para acometer sus derivas liberticidas, ni que nuestro futuro sea una sociedad dependiente y subvencionada, cada vez más pobre y menos libre.

En resumen, el respeto a la ley por todos es la libertad de todos nosotros, de forma, que todos los poderes públicos, especialmente el Gobierno, deben respetar y cumplir la ley que no hemos dado, nosotros el pueblo, y, si alguien pone en peligro nuestras libertades, tenemos el derecho natural de defendernos contra el opresor con todos los medios a nuestro alcance, pues nadie está por encima de la ley que garantiza nuestras libertades y derechos.

N. B.  Tenemos que defender por todos los medios posibles e imposibles el respeto a la ley y nuestra libertad en todas sus vertientes, ya que, o todos cumplimos la ley -incluido el Gobierno- y defendemos la libertad, o el estado de derecho desaparecerá sin remedio.

No puede existir ninguna circunstancia, ninguna pandemia, que elimine nuestra libertad individual, pues tenemos unos derechos irrenunciables, de forma, que es siempre preferible defender la libertad, incluso con cualquier sacrificio si es preciso, que tener que soportar vivir en una sociedad cautiva sometida a un poder colectivo y autoritario.

Córdoba, a 22 de mayo de 2020

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.