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El Obispo – el Jemad – algunos políticos (actos de bondad y caradura – impunidad)

En estos días de vacunación escasa, representantes de la sociedad española, sobre todo, algunos de los que ejercen liderazgo en la misma, de cualquier clase, se están retratando, colándose sin pudor en una vacunación privilegiada, que de ninguna forma les toca, y, además, esos supuestos líderes sociales y políticos ni siquiera muestran arrepentimiento, presentando excusas y explicaciones vergonzosas de su comportamiento incalificable y lleno de cinismo cainita, que pone al descubierto su desprecio a los españoles, así:

** El obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, se vacunó colándose en una residencia de curas ancianos.

El Sr. Obispo dice, que se vacunó, -porque quería dar ejemplo-, aunque, es un hecho notorio y manifiesto, que no vive en la residencia; que lo hizo como un acto de bondad hacia los demás, para dar ejemplo; asegurando en sus declaraciones, que -yo no me apunté en la lista, me apuntaron a mí-, y, afirmando, con absoluto desparpajo independentista, -no entender por qué se ha desatado tanta polémica-.

En resumen, dejó las reliquias y se coló poniéndose la vacuna. Un ejemplo de solidaridad, sacrificio y entrega a los necesitados.

** El Jemad, Miguel Ángel Villarroya (que adelantó su vacunación junto a otros altos mandos militares) explica, que ha presentado su dimisión para no perjudicar la imagen de las Fuerzas Armadas y que lo ha hecho -con la conciencia tranquila-, destacando, en su carta, que en sus 45 años de carrera militar siempre ha procurado servir a España, cosa que, sin duda, ha denostado con su vacunación indebida y haciendo una defensa cerrada de su honradez.

La explicación defensiva del Sr. General Jemad sorprende por su desmesura, envolviéndose en la manta protectora de las fuerzas armadas y sus años de servicio, como si eso justificara cualquier dislate, como el cometido al vacunarse cuando no le tocaba.

** Políticos de todo signo, se han colado en la vacunación, saltándose cualquier control y con excusas explicativas sin ningún pudor, inaceptables y de vergüenza ajena, son noticias, que cada día que pasa crecen más y más.

*** Los saltos al vacío del egoísmo descritos entre muchos, no solo demuestran falta de ética, son, también, un ejemplo del escaso respeto a la Ley de muchos, que dicen, ser servidores de lo público, de los humildes y de los más necesitados.

La razón está, además, de la absoluta falta de sentimientos, porque se saben (o consideran) impunes, y, no tienen empacho alguno de ejercer sus privilegios, que ellos soportan estoicamente como una dolorosa penitencia, asfixiada por el yugo del poder personal, que se supone nace del pueblo soberano o de las creencias religiosas, que mancillan en el altar de su propio beneficio sin remordimientos y sin preocupaciones legales de culpabilidad. Es decir, aceptan sin limitaciones, que no tienen responsabilidad ni nadie que se la exija.

La prueba mayor de lo dicho, son sus propias explicaciones exculpatorias, que indican, sin la menor duda, que están convencidos de que ejercen un derecho casi divino a saltarse las normas sociales, éticas, políticas y religiosas, ya que, están preñadas de altanería y falta de respeto a todos nosotros españoles de a pie.

Lo peor de todo, es que no pasa nada de nada, unos se quedan donde no debían estar y otros se van llenos de altanería convencidos de su propia sin razón, mientras los ciudadanos y feligreses ahítos de desengaños y sobresaltos asistimos a una orgía de impunidad moral y/o legal.

N.B.  Sin duda, el Obispo, el Jemad y algunos políticos están llenos de bondad y desvergüenza torera en un mar inmenso de impunidad, es más, hay algunos, que defienden esa conducta infame, en base a múltiples motivos disfrazados de justificación falsa y mentirosa.

En una sociedad democrática regida por la ley, el derecho y los principios éticos más elementales, solo vale la ejemplaridad en el comportamiento de cualquier líder social, político o religioso, lo demás, son brindis al sol y desprecio público al pueblo, que detenta la soberanía.

Córdoba, a 26 de enero de 2021

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

 

La opacidad como norma (respeto a la ley)

Según nuestra Constitución (art. 9) el respeto a la ley es el fundamento del orden político y de la paz social, significando la obligación de todos de acatar el ordenamiento jurídico.

Así mismo, el art. 20 reconoce y protege los derechos de libertad de expresión y de comunicar o recibir libremente información veraz.

Los mismos valores y derechos forman parte del estado de derecho de la U. E.

En España y en la U. E., por lo que se ve día a día, tenemos una clase política que vive en un mundo lejano y paralelo, donde solo ellos y sus comilitones (cúpulas elitistas políticas, euro-burócratas, funcionarios, asesores, etc.) tienen derecho a una información veraz, careciendo el ciudadano de cualquier relación real con los deberes que se le imponen desde cúpulas paralegales y extrañas.

Es extremadamente perverso, que a pesar de lo que consagra la Ley en España y en la U. E., que, además, nadie discute públicamente, en todo el territorio de la Unión y, por descontado, en todas sus Instituciones, la opacidad es la norma real que se aplica sin pudor, igual que ocurre en España, lo que, dicho en román paladino, significa, que no existe por los poderes públicos respeto a la Ley, que como decía, es el fundamento del orden político y de la paz social según la C. E., significando la obligación de todos de acatar el ordenamiento jurídico.

Digo lo anterior por la opacidad casi tenebrosa en el tema de las vacunas:

En España alguien sabe, ¿cuál es el precio de las vacunas?, ¿cuántas dosis habrá?, ¿cómo o con que criterio se distribuirán por las CC. AA.?, y, así, podríamos seguir en un larguísimo etc. casi interminable.

La norma de aplicación general es el silencio opaco y tenebroso en el asunto de las vacunas, eso sí, se pide-exige a los españoles cooperación y sumisión cautiva a todos los movimientos desconocidos del poder, ya que es algo manifiesto que los poderes públicos no están sometidos al respeto a la ley constitucional, pues para ellos cualquier limitación es una contrariedad inaceptable, aunque los ciudadanos de a pie estamos sometidos a la aplicación más rigurosa de la ley en todos sus sentidos y consecuencias.

Sin embargo, en la U. E. parece que la opacidad más oscura, también, reina en el asunto de las vacunas, no hay más que recordar, lo que se ha liado, cuando un miembro del Gobierno belga ha revelado en Twitter (mensaje borrado después) los precios de las vacunas, que la UE mantenía en secreto, concretamente, la “imprudente” ha sido la secretaria de Estado de Presupuesto y Protección de los Consumidores, Eva De Bleeker, que rápidamente, ha sido llamada al orden común del silencio cómplice.

Si pudor ante los ciudadanos de la U. E., la Comisión Europea se niega a desvelar esta información de forma oficial y aduce razones de confidencialidad. Según Bruselas, son los grupos farmacéuticos los que exigen incluir estas cláusulas en los contratos, pero, además, defiende algo increíble, que Bruselas está en mejor condición de negociar con las compañías si no se conocen los precios acordados con otros laboratorios.

Por si faltara poco, el portavoz de Salud del Ejecutivo Comunitario, Stefan de Keersmaecker, ha evitado detallar cuáles serán las consecuencias después de que se hayan incumplido estas cláusulas de confidencialidad, limitándose a afirmar (vaya disparate), que hay buenas razones para respetarlas, también, para el interés general. Para terminar de rematar el respeto a la Ley, el portavoz principal de la Comisión Europea, Eric Mamer declaraba que los Estados miembros (no los ciudadanos de a pie) disponen de la información sobre el precio pagado por cada candidato a vacuna, subrayado, que no hubiera habido contratos si no hubieran existido estas cláusulas de confidencialidad.

Esta es la realidad de lo que está pasando con las vacunas y su información inexistente, sin embargo, la duda es, si lo que dicen los poderes públicos, ¿es un privilegio inadmisible (una corruptela contra el estado de derecho en su manifestación del respeto a la ley) o es una super protección a los ciudadanos indefensos incapaces de hacer uso de su libertad?

En opinión del que escribe, la opacidad en el tema de las vacunas es algo inaceptable e inadmisible para los ciudadanos, y, que conlleva la desaparición del principio fundamental del respeto a la ley, significando la destrucción de los derechos fundamentales de libertad e igualdad, conllevando, así mismo, que la obligación de todos de acatar el ordenamiento jurídico es algo sin sentido, donde unos pocos-muchos tienen toda la información y todos los muchos-muchos, en inmensa mayoría, estamos hundidos en la ciénaga de la opacidad sin libertad ni igualdad.

N.B.  Se desconoce el estado de derecho y el derecho de los ciudadanos a una información veraz permanente e inmediata, de manera que solo se admite a ciudadanos silentes, cautivos de las élites políticas y sometidos en favor de una cúspide de políticos y euro-burócratas que viven en un mundo paralelolleno de privilegios de todo tipo.

No hay derecho a tanta desigualdad, es un hecho cierto, que nos situamos en la cumbre de la desconfianza, no solo dentro de España y con nuestros ciudadanos, sino, también, en Europa, y, mientras, unos pocos muchos nos dicen lo que hay que hacer a ciegas, de forma, que los que disienten son oficialmente aventureros, que dañan el interés general, cuando la verdad es, que solo defendemos nuestros derechos y libertades fundamentales.

Aquí, no caben más comentarios, ante tanto disparate lleno de ideología esclavizante, aunque algunas preguntas son imprescindibles:

¿por qué no se proporciona a los ciudadanos información veraz?

¿el respeto a la ley solo obliga y corresponde a los ciudadanos de a pie o los poderes públicos deben ser los primeros en ello?

¿ante tanta injusticia y desigualdad no pasa nada, pues eso es lo que hay?

Como se dice por los independentistas ajenos al estado de derechonos roban, pero no solo dinero (cosa que se podría soportar con dolor), sino también, derechos y libertades esenciales en un estado de derecho, lo que ya es algo insoportable.

Córdoba, a 27 de diciembre de 2020

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Miedo – peligro – incertidumbre (principios de legalidad y seguridad jurídica)

Los españoles sentimos miedo, peligro e incertidumbre, ya que si hay algo que destroce y elimine la seguridad jurídica y la confianza de los ciudadanos, eliminando sus libertades, es cuando, los poderes públicos desoyendo el art. 9 de la Constitución ignoran la Ley, adoptando medidas y aprobando normas arbitrarias desconociendo, a sabiendas, que nuestra Carta Magna consagra, que los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.

Sin embargo, lo expuesto no es lo único, ya que el artículo 9. 3. de la C. E. garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

Aquí cabe una pregunta para quien quiera recibirla:

¿Alguien cree que el Gobierno de España y su Ministro de Sanidad, Sr. Illa, respetan el principio de legalidad con sus actos, y, que no usan en su propio interés algo que pertenece a todos los españoles, ignorando el principio de legalidad, y, sin ser responsables y no arbitrarios?

En principio, parece que la respuesta tiene que ser negativa, de manera, que se quiera aceptar o no, los españoles sienten miedo, peligro, desconfianza e incertidumbre al haber desaparecido su seguridad jurídica y estar perdiendo sus libertades.

Todo se complica aún más, cuando una y otra vez, los poderes públicos (en este caso todos) desconocen el art. 20 de la Constitución que consagra el derecho a una información veraz, lo que impide que los ciudadanos, que la sociedad civil, participe en la toma de decisiones para solucionar la terrible situación que tenemos social, económica y sanitaria. Está más que claro, qué en esta lucha permanente y peligrosa de vanidades políticas de todos los poderes públicos de la Nación, obviando e impidiendo, además, la partición de los españoles en cualquier solución nos llevará al abismo y al desastre total; dicho de otra forma, nos conducirá a la ruina social, económica y sanitaria, apareciendo necesidades sociales extremas que causarán gravísimas distorsiones en la paz social.

Todo lo expuesto, viene a colación y con ocasión de lo ocurrido con la norma del Ministerio de Sanidad publicada en el día de ayer (01/10/20 – BOE 260. Entrada en vigor 30/09/20), concretamente, la “Resolución de 30 de septiembre de 2020, de la Secretaría de Estado de Sanidad, por la que se da publicidad al Acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud sobre la Declaración de Actuaciones Coordinadas en Salud Pública para responder ante situaciones de especial riesgo por transmisión no controlada de infecciones causadas por el SARS-Cov-2, de fecha 30 de septiembre de 2020).

En España reinan, por cómo se comporta el poder, una serie de situaciones extremadamente negativas, que nos llevan a un desastre social, especialmente, propiciado por los poderes públicos, abanderados por el Gobierno de la Nación, y, que repito:

* Incertidumbre.

* Desconfianza.

* Desesperanza.

* Falta de seguridad jurídica.

* Pérdida de libertades y derechos.

* Desaparición de principios éticos.

Nuestros problemas tremendos como el paro, el descontrol de la pandemia, la desolación económica, etc., que están generando un drama social perverso, al que nos llevan los poderes públicos, como está ocurriendo en Madrid con una norma atrabiliaria y sin sentido de la mesura, basada solo en criterios políticos espurios que solo busca lo peor para conseguir sus fines oscuros de cuanto peor mejor, es un ejemplo determinante de lo que está ocurriendo, pero que nadie crea que a él no le afecta, porque esta deriva autoritaria, destruyendo el principio de legalidad y la seguridad jurídica, mañana a ese que pasa y a todos nosotros nos llegará la ola maligna, espesa e infecciosa de esa norma arbitraria e injusta, que, sin duda, va a arruinar Madrid primero y después a todos nosotros.

Es una realidad, que, sin seguridad jurídica, sin certidumbre, sin conservación del tejido productivo y un largo etc. de principios, derechos y realidades sociales desaparece la confianza, y, aparecen la incertidumbre, la desconfianza, la desesperanza y el miedo social, tal y como está ocurriendo en España, acrecentándose todos los problemas sociales.

El Ministro de Sanidad, que solo se mueve por motivos políticos catalanes, es cuando menos un imprudente que lo confía todo a su interés personal, pero, estoy seguro, que pronto una sociedad machacada con normas paralegales no puede aguantar mucho si quiere sobrevivir, así, que no le arriendo la ganancia.

En resumen, si no recuperamos la confianza y desterramos la desesperanza a base de seguridad jurídica, certidumbre y respeto a nuestros derechos y libertades, vamos directos a una situación desastrosa y peligrosa para la sociedad española.

N.B.  Los españoles empezamos a sentir miedo, peligro, incertidumbre y desesperanza, porque vemos, qué sin seguridad jurídica, sin libertades y sin principios éticos estamos abocados al desastre y ya se vislumbran graves problemas, que pueden degenerar conflictos sociales derivados de la ruina económica y sanitaria.

 Reitero, que la solución es de todos o de ninguno, pues sin consensos, sin acuerdos y sin generosidad de todos los españoles sin exclusión, y, siempre con respeto a nuestra Constitución y a sus derechos consagrados y al resto de nuestras leyes, no puede haber solución legítima y pacífica. Si alguien lo duda, al tiempo.

Córdoba, a 2 de octubre de 2020

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Teletrabajo – IV – Inspección de T. y S. S. – sanciones (así no)

Decía el otro día, hablando del R. D. L. sobre el trabajo a distancia, que veía difícil su aplicación por exceso de regulación, que impediría una aplicación flexible, limitando la libertad de las partes implicadas, y, que las sanciones no servirían para nada.

Según el INE (datos 2T-2020) unos 3.015.200 ocupados en España teletrabajan de manera habitual, lo que significa, que más de la mitad de los días que trabajaron, lo hicieron desde sus domicilios, aunque calculo que los trabajadores a distancia han sido muchos más, si tenemos en cuenta a los empleados públicos, que el R. D. L. ha colocado fuera de la norma.

La cuantía de los trabajadores a distancia es solo un anuncio o indicio de su importancia en nuestro mercado de trabajo, de forma que señalaré una serie de puntos negativos de la nueva regulación sin ánimo de exhaustividad, que pueden dar al traste con una manera de trabajar, que se quiera reconocer o no, ya es el futuro presente en medio mundo civilizado, y, que por ello no podemos perder la ocasión, así:

1º.- La forma de regularlo mediante un R. D. L. en vez de una Ley ordinaria es un error por su apresuramiento, ya que un asunto como este con repercusiones a largo plazo de enorme importancia para España, hubiera necesitado mucho más cuidado, más consenso productivo y más mesura.

2º.- Existe un riego evidente de que los que los empresarios opten por no apostar por el teletrabajo por todas las rigideces y costes que genera derivados del contenido del R. D. L., qué, sin duda, es un problema perverso real.

3º.- El R. D. L. deja demasiados asuntos en manos de la negociación colectiva, con lo que se perderá flexibilidad, ya que por su propia naturaleza el trabajo a distancia y el teletrabajo exigen una gran libertad de movimientos a empresa y trabajador.

4º.- La norma aprobada no prevé instrumentos específicos para su correcto cumplimiento, cargando un peso inasumible a la Inspección de Trabajo y S. S., ya que, es público y notorio, que no tiene medios suficientes legales, personales y materiales para llevar a término las exigencias de la ley, de forma, que las amenazas de sanciones por si solas no ayudan precisamente y pueden producir un efecto disuasorio de la implantación del teletrabajo.

5º.- Las empresas van a tener que hacer un esfuerzo económico importante, aunque el R. D. L. aprobado no aclara, ni por asomo, cuánto ni cómo, ni concreta, si habrá ayudas para las unidades productiva que quieran implantarlo. Es decir, la nueva regulación legal va a suponer un aumento del coste empresarial, aunque se desconocen sus verdaderas cuantías, y, en una situación de ruina económica como la que sufre España, cargar a las empresas con gastos añadidos nuevos y muchas exigencias administrativas, también, de nuevo cuño, es, cuando menos, un poco temerario.

Si el teletrabajo se encarece, sólo le hará perder su fuerza atractiva, desincentivando a las empresas a que lo implanten, justo el efecto contrario al que pretende conseguir.

¿Qué atractivo o estímulo tiene una empresa para dejar que su productor trabaje fuera de su centro habitual de trabajo si es más caro para ella?

6º.-  La Ley prevé el derecho a la desconexión del trabajador y a la intimidad, pero no dice, como se llevará a cabo, porque solo con sanciones, como se ha dicho, no se consigue nada, teniendo en cuenta, que la empresa tendrá un cierto poder de supervisión y control de la productividad de su empleado.

La Inspección de T. y S. S. tendrá muchas limitaciones en su trabajo, además, de la falta de medios precitada, para comprobar a las empresas que se comuniquen con sus empleados fuera de su horario laboral, pues solo para empezar, el trabajador se encuentra en su domicilio normalmente, y, este lugar, es un sitio protegido constitucionalmente de intromisiones extrañas al mismo.

En conclusión, las condiciones para la implantación del trabajo a distancia, regladas por el R. D. L. aprobado de urgencia, son muy negativas para su implantación real, de forma, que como será inviable con su regulación actual, habrá tiempo para conseguir una buena Ley eficaz, flexible y realista, que haga posible la implantación de esta modalidad de trabajo en España.

N.B. Insisto, en que veo difícil la aplicación de la nueva Ley por exceso su exceso de regulación y por alejarse de la realidad productiva española, ya que sin flexibilidad y sin libertad de las partes implicadas no podrá existir una aplicación efectiva, y, además, las sanciones no servirán para nada.

Habrá que ver su desarrollo en la práctica, pero las primeras impresiones son muy negativas, y, que conste que creo que es una posibilidad de futuro ineludible para nuestra recuperación económica y de empleo, a la vez de fomentar el desarrollo digital en España.

Córdoba, a 25 de septiembre de 2020

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Okupación y principio de legalidad (derecho constitucional a la propiedad y derecho a disfrutar de vivienda digna)

La C. E. en su artículo 9 garantiza el principio de legalidad, así dice:

1. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.

3. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

Así mismo, la Constitución establece y consagra los derechos fundamentales y las libertades públicas, diciendo en su artículo 24:

1. Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión.

2. Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia.

A su vez, cuando señala los derechos y deberes de los ciudadanos, consagra el derecho de propiedad en su artículo 33, diciendo:

1. Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia.

2. La función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes.

3. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes.

Por otro lado, la C. E. cuando se refiere a los principios rectores de la política social y económica, en su art. 47 dice:

Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.

El mandato constitucional es claro e indiscutible, es decir, no es posible ignorar lo que dice nuestra Carta Magna, cualesquiera, que sean las circunstancias sociales, económicas y/o sanitarias. Aquí no hay posibilidad de interpretaciones divergentes, aunque lo dicho no significa unanimidad, pero, por encima de todo, el principio de legalidad es algo ineludible e irrenunciables para todos los españoles y todos sus poderes públicos, ya que, sin aplicación efectiva y real de la Ley no puede existir el Estado de Derecho.

El hecho ilegal y violento de “la okupación” se viene produciendo en España desde hace años, aunque ahora está alcanzando proporciones preocupantes y en crecimiento continuo exponencial, de forma, qué ante la inacción casi completa de los poderes públicos, que simplemente no cumplen la Ley como están obligados, se están produciendo un fenómeno social peligroso e imparable, y, me refiero a la proliferación de “patrullas vecinales y de empresas desokupadoras”, que se quiera o no bordean los límites de la ley y pueden llegar a situaciones muy conflictivas.

Estimo, que no es necesario cambiar la ley vigente, sino que sea eficaz y rápida en su cumplimiento y aplicación por todos los poderes públicos, cada uno sin hacer dejación de sus obligaciones legales, pues la situación contra ley en todos los sentidos está poniendo en peligro nuestro Estado de Derecho.

El Estado de Derecho en España, como en cualquier otro País democrático donde prime como valor real la aplicación de la Ley, no puede descansar en la pretendida defensa de la misma por la sociedad civil en asuntos fundamentales garantizados por la C. E., ya que la inacción y dejadez imperdonable de los poderes públicos solo llevará a situaciones peligrosas y conflictivas, donde “la fuerza” fuera o al borde de la ley, aparezca como la única solución eficaz frente a un problema social, que solo corresponde controlar y hacer que deje de existir a los poderes democráticos de cualquier nación bajo el imperio de una ley eficaz y verdadera, lo demás, serán simple excusas de poderes incompetentes, negligentes y/o incursos en comportamientos maliciosos y dolosos.

En resumen, simplemente, reclamo la aplicación de la ley, de forma, que los poderes públicos (todos sin exclusión) adopten todas las medidas necesarias y posibles, para que se respete el derecho constitucional de la propiedad privada y, a la vez, se haga realidad el derecho al disfrute de una vivienda digna para los españoles.

N.B.  Sin que se cumpla el principio de legalidad por todos los poderes públicos y por la sociedad civil, sin exclusiones de ningún tipo ni excusas sean las que seanno existe el Estado de Derecho.  

El mandato constitucional es claro e indiscutible, es decir, no es posible ignorar esos derechos y obligaciones, cualesquiera, que sean las circunstancias sociales y económicas. La propiedad privada es un derecho esencial en nuestro estado de derecho, igual, que es un derecho constitucional de los españoles disfrutar de una vivienda digna, de forma, que ambos derechos, cada uno en su justa y legal medida, deben ser absolutamente cumplidos por los poderes públicos, ya que, así lo consagra, garantiza y exige nuestra Constitución.

Que nadie se escude en la imposibilidad de su cumplimiento, sin hacer, al menos, que se cumpla la ley vigente, ya que, si no se intenta, por falta de ideas o de compromiso legal efectivo, estaremos fuera del Estado de Derecho.

Córdoba, a 12 de septiembre de 2020

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.