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II. Defensa de la ley y de la libertad (sin cumplimiento de la ley no existe estado de derecho)

En estos días de grandes incertidumbres para todos (INE. Población total: 47.100.396) se habla de la ley y se exige a los españoles un cumplimiento inapelable de la ley, cuando los poderes públicos, especialmente, el Gobierno vienen haciendo de su capa un sayo en cuanto al cumplimiento de la ley, pues si hay algo esencial en cualquier estado de derecho, es que la ley deben cumplirla todos por igual, especialmente los poderes públicos; así mismo, es evidente, que el Ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, se ha saltado la Ley a la torera en la destitución teledirigida del Sr. Pérez de los Cobos, y, no lo dice solamente el que esto escribe, sino que es criterio general del mundo jurídico, entre ellos, la propia Juez de Instrucción que ordenó al Jefe de la Guardia Civil destituido guardar silencio como policía judicial, y, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), principal asociación profesional de magistrados de España, con el agravante, de que el Sr. Grande Marlaska, siendo juez, lo ha hecho plenamente a sabiendas.

Sin embargo, lo verdaderamente importante, como ha pedido la APM, el Ministro del Interior debe, “explicar los motivos de su decisión y restituir al Sr. Pérez de los Cobos hasta que finalice la investigación”.

La Constitución en su art. 9 dice lo siguiente: “Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico”.

Por lo expuesto, la C. E. no puede ser más clara, la ley es para todos por igual, especialmente, para los poderes públicos, sin exclusión alguna, pero la realidad ha sido y es, que una cosa es ser ciudadano de a pie y otra es ser Ministro del Interior de un Gobierno, que ha traspasado todos los límites de la Ley. ¿Alguien puede poner en duda lo que digo?

La APM recuerda al Sr. Ministro del Interior, “que los funcionarios policiales comisionados por la autoridad judicial, para realizar una investigación, cumplirán las órdenes del juez sin interferencias de ningún otro tipo”, lo que significa, que la policía solo responde ante el juez de instrucción, actuando siempre a sus únicas órdenes.

Es decir, los policías judiciales responden exclusivamente frente al Juez Instructor, de forma, que cualquier intento ilegal e indebido de conocer el contenido o resultado de unas diligencias, o peor, de influir en su contenido, supone una interferencia en la instrucción judicial, que destruye el principio de independencia constitucionalmente protegido del poder judicial con todos sus efectos y consecuencias, debiendo ser exigidas.

Además, reitero, que el incumplimiento de la ley por el Sr. Grande Marlaska no solo es nefasto por sí mismo, sino que sus efectos están destruyendo nuestros derechos y libertades. Se viene produciendo, progresivamente en aumento, una enajenación de toda la población, teledirigida hacia una sociedad sometida y cautiva a un poder gubernamental autoritario y excesivo, cuya finalidad parece ser, destruir contra ley nuestra libertad individual con la motivación recurrente de la lucha contra la pandemia.

Por otro lado, nadie sabe ¿dónde está y que hace el Órgano de gobierno del poder judicial, CGPJ?

Soy uno de otros muchos, que no estoy dispuesto a soportar, que, después de 40 años de opresión, los años que me quedan de vida, se construya, como se está haciendo, un Gobierno sobre la libertad, que con tantos trabajos y sacrificios conseguimos edificar. No quiero una sociedad igualitaria de poder colectivo, mantenida en la pobreza de “todos iguales”, sin que se permita y se premie el esfuerzo individual, ya que no estoy dispuesto a cambiar cromos de libertad por seguridad. No se puede permitir, que un Gobierno trilero saque provecho de la terrible situación que estamos atravesando para acometer sus derivas liberticidas, ni que nuestro futuro sea una sociedad dependiente y subvencionada, cada vez más pobre y menos libre.

En resumen, el respeto a la ley por todos es la libertad de todos nosotros, de forma, que todos los poderes públicos deben respetar y cumplir la ley que les hemos dado, nosotros el pueblo, y, si alguien pone en peligro nuestras libertades, tenemos el derecho natural de defendernos contra el opresor con todos los medios a nuestro alcance, pues nadie está por encima de la ley.

N. B.  Ante la actuación ilegal del Sr. Grande Marlaska tenemos que defender, por todos los medios posibles e imposibles, el respeto a la ley y nuestra libertad en todas sus vertientes, ya que, o todos cumplimos la ley -incluido el Gobierno- y defendemos la libertad, o el estado de derecho desaparecerá sin remedio.

Reitero, que no puede existir ninguna circunstancia, ninguna pandemia, que elimine nuestra libertad individual, pues tenemos unos derechos irrenunciables, de forma, que es siempre preferible defender la libertad, incluso con cualquier sacrificio si es preciso, que tener que soportar vivir en una sociedad cautiva sometida a un poder colectivo autoritario.

Córdoba, a 27 de mayo de 2020

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Defensa de la ley y de la libertad (todos cumplimos la ley -incluido el Gobierno- y defendemos la libertad o el estado de derecho desaparece)

En estos días difíciles para todos los españoles (INE. Población total: 47.100.396) se oye hablar con frecuencia de la ley, sobre todo, cuando en cualquier sitio o medio de comunicación se pide a los ciudadanos, que cumplan con las normas en la lucha contra la pandemia, incluso existe una vigilancia policial excesiva y agobiante para los españoles,  de forma que cualquiera ha comprobado el enorme celo con el que la policía exige a cualquiera que cumpla los horarios de la “desescalada por fases (desfases), a veces incomprensible”, por no hablar de la vigilancia sufrida por los ciudadanos de a pie para el cumplimiento de un confinamiento llevado al límite en su rigor de condiciones (incluso es muy difícil encontrar otro país con semejante rigor en el confinamiento). Lo que digo, no es una exageración caprichosa, sino una realidad que todos los ciudadanos han podido comprobar y sufrir.

Que conste, que soy, incluso maniático, en el cumplimiento de la ley, pero me produce una enorme decepción comprobar, que mientras se exige a los españoles un cumplimiento inapelable de la ley, los poderes públicos, especialmente, el Gobierno vienen haciendo de su capa un sayo en cuanto al cumplimiento de la ley, pues si hay algo esencial en cualquier estado de derecho, es que la ley deben cumplirla todos por igual, especialmente los poderes públicos. Es evidente, para cualquier jurista, que el Gobierno, en la aprobación y aplicación del estado de alarma (art. 116 C.E.) con sus cinco prórrogas, se ha pasado muchos pueblos, a la vez, que el llamado mando único del estado alarmante ha cometido toda clase de desafueros legales, en base parece ser, a que “eso lo que hay”. Los ejemplos conocidos por todos son innumerables y eximen de cualquier comentario al respecto, pero está muy claro que los incumplimientos legales gubernamentales alcanzan una pirámide interminable.

La Constitución en su art. 9 dice lo siguiente: “Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.

Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.

La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos”.

Por lo expuesto, la C. E. no puede ser más clara, la ley es para todos por igual, especialmente, para los poderes públicos, sin exclusión alguna, pero la realidad ha sido y es, que una cosa es ser ciudadano de a pie y otra es ser Gobierno. ¿Alguien puede poner en duda lo que digo?

A pesar de todo, el incumplimiento de la ley gubernamental no solo es lo más nefasto de todo lo que sufrimos los españoles, sino que sus efectos están destruyendo nuestros derechos y libertades. Se viene produciendo, progresivamente en aumento, una enajenación de toda la población, teledirigida hacia una sociedad sometida y cautiva a un poder gubernamental autoritario y excesivo, cuya finalidad parece ser, destruir contra ley nuestra libertad individual con la motivación recurrente de la lucha contra la pandemia.

Nuestra libertad en todas sus vertientes está en serio peligro inminente, pues no solo tenemos que afrontar una epidemia y una quiebra económica escandalosa, sino que, además, y, sobre todo, un Gobierno autoritario está construyendo un régimen de sumisión a su poder, aprovechando unas circunstancias extraordinarias derivadas de una enfermedad generalizada y de un estado alarmante inconstitucional superlativamente prorrogado.

Por lo dicho, no estoy dispuesto a soportar, que, después de 40 años de opresión, los años que me quedan de vida, se construya por el Gobierno, sobre la libertad, que con tantos trabajos y sacrificios conseguimos edificar, una sociedad cautiva y sumisa. No quiero una sociedad igualitaria de poder colectivo, mantenida en la pobreza de “todos iguales”, sin que se permita y se premie el esfuerzo individual, ya que no estoy dispuesto a cambiar cromos de libertad por seguridad. No se puede permitir, que un Gobierno trilero saque provecho de la terrible situación que estamos atravesando para acometer sus derivas liberticidas, ni que nuestro futuro sea una sociedad dependiente y subvencionada, cada vez más pobre y menos libre.

En resumen, el respeto a la ley por todos es la libertad de todos nosotros, de forma, que todos los poderes públicos, especialmente el Gobierno, deben respetar y cumplir la ley que no hemos dado, nosotros el pueblo, y, si alguien pone en peligro nuestras libertades, tenemos el derecho natural de defendernos contra el opresor con todos los medios a nuestro alcance, pues nadie está por encima de la ley que garantiza nuestras libertades y derechos.

N. B.  Tenemos que defender por todos los medios posibles e imposibles el respeto a la ley y nuestra libertad en todas sus vertientes, ya que, o todos cumplimos la ley -incluido el Gobierno- y defendemos la libertad, o el estado de derecho desaparecerá sin remedio.

No puede existir ninguna circunstancia, ninguna pandemia, que elimine nuestra libertad individual, pues tenemos unos derechos irrenunciables, de forma, que es siempre preferible defender la libertad, incluso con cualquier sacrificio si es preciso, que tener que soportar vivir en una sociedad cautiva sometida a un poder colectivo y autoritario.

Córdoba, a 22 de mayo de 2020

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Cláusulas suelo (historia de una injusticia interminable)

Hay que partir de una declaración general: “El importe de lo abonado por los perjudicados o afectados  por las clausulas suelo a las entidades financieras, debe ser reintegrado a los mismos, con sus intereses, de manera inmediata en su totalidad, con gastos de todo tipo, y sin ningún coste para ellos”.

Lo expuesto como norma general encuentra su base en las siguientes consideraciones entre otras:

1ª.- El TSJUE en sentencia reciente ha sentado la doctrina de que las cláusulas suelo son nulas de pleno derecho y deben ser devueltas en su totalidad.

2ª.- Los Jueces y Tribunales españoles han asumido, que la aplicación de la sentencia del TSJUE, es de aplicación plena y total en España.

3ª.- Algunas entidades financieras han sido “rescatadas” en España con una cifra que está entre 62 mil millones y 120 mil millones de euros con el dinero, si o si, de todos los españoles, aunque nadie del pueblo llano conoce la cifra exacta.

4ª.- El Gobierno, por medio de sus representantes, ha fijado la incidencia del cumplimiento de la sentencia sobre cláusulas suelo de TSJUE en una cantidad, que fluctúa, sobre los 4 mil millones de euros.

5ª.- Hasta la fecha, todos (Gobierno, CC.AA., Asociaciones de Consumidores, Entidades Financieras involucradas, etc.) no saben o no quieren señalar donde se debe empezar y que procedimiento se debe emplear que garantice el derecho completo y total de los afectados, por supuesto sin gastos sorprendentes para ellos.

6ª.- El Ministro de Justicia ha declarado  que “el Gobierno busca una alternativa extrajudicial para las cláusulas suelo”.

7ª.- Aquí conviene recordar el asunto desgraciado y funesto del accidente del YAK-42, el Informe del Consejo de Estado (muy lento desde luego) y las palabras de la Ministra de defensa Srª.  Cospedal sobre el tema, como ejemplo de un asunto mal llevado de principio a fin.

8ª.-  Dado, que la vía judicial constitucionalmente no se puede cerrar por nadie, el Gobierno, a través del Sr. Fiscal General, debería instar a la Fiscalía a intervenir judicialmente en todos los procesos judiciales de cláusulas suelo, cuando el asunto derivara a la vía judicial, interviniendo como en casos semejantes, por ejemplo al igual que ocurre en el supuesto de incapacitados o menores, en defensa completa y gratuita de sus derechos.

9ª.- El acuerdo de todos los partidos debe ser rápido, eficaz y, a ser posible, unánime.

10.- Para terminar, la Ley que ejecute la sentencia del TSJUE, en sus justos términos, debe establecer normas sancionadoras, que dupliquen las cuantías de las cantidades a devolver con sus intereses en caso de impago y/o de resistencia enconada al mismo, importes que deberán quedar ingresados en el Tesoro Público, afín de que los españoles puedan recobrar algo que le es debido.

N.B.  Por descontado, esta  opinión admite mejoras de todas clases, pero hay algo irrenunciable para todos: rapidez, eficacia y aplicación completa de la justicia (ya que no puede ser, que siempre paguen los mismos y cobren los mismos con los impuestos y sacrificios de la gran mayoría de los españoles).

Córdoba, a 11 de enero de 2017

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de T. y S. S.

El derecho a un recurso efectivo en el orden penal (II)

** Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966. Entrada en vigor: 23 de marzo de 1976, de conformidad con el artículo 49). del que, nos fijamos y concretamos, lo siguiente:

-           Preámbulo

<<Los Estados Partes en el presente Pacto,

Considerando que, conforme a los principios enunciados en la Carta de las Naciones Unidas, la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad inherente a todos los miembros de la familia humana y de sus derechos iguales e inalienables,

Reconociendo que, estos derechos se derivan de la dignidad inherente a la persona humana,

Reconociendo que, con arreglo a la Declaración Universal de Derechos Humanos, no puede realizarse el ideal del ser humano libre en el disfrute de las libertades civiles y políticas y liberado del temor y de la miseria, a menos que se creen condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos civiles y políticos, tanto como de sus derechos económicos, sociales y culturales,

Considerando que la Carta de las Naciones Unidas impone a los Estados la obligación de promover el respeto universal y efectivo de los derechos y libertades humanos,>>

-           Artículo 9

1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta.

-           Artículo 10

3. El régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los penados.

(Ver en este punto su coincidencia con nuestra Constitución art. 25. 2 que establece: “que las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social”).

-           Artículo 14

1. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia.

5.   Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley.

-           Artículo 53

1. El presente Pacto, cuyos textos en chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, será depositado en los archivos de las Naciones Unidas.

2. El Secretario General de las Naciones Unidas enviará copias certificadas del presente Pacto a todos los Estados mencionados en el artículo 48.

** Asimismo, como complemento del Pacto citado, destacamos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos (documento declarativo adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 217 A (III), el 10 de diciembre de 1948 en París), como parte de la Carta de las Naciones Unidas, de la que, nos fijamos y concretamos, lo siguiente:

-           Artículo 3.

Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.

-           Artículo 8.

Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.

-           Artículo 9.

Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.

-           Artículo 30.

Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración.

**  A mayor abundamiento, el Convenio para la protección de  los derechos y de las libertades fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950 (también conocido como la Convención Europea de Derechos Humanos) y la jurisprudencia que los desarrolla y aplica del TEDH.

 El Convenio  para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales (Roma, 4 de noviembre de 1950) dice al respecto:

•          ARTÍCULO 5. Derecho a la libertad y a la seguridad.

1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad.

•          ARTÍCULO 6. Derecho a un proceso equitativo.

1.Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa, públicamente y dentro de un plazo razonable, por un Tribunal independiente e imparcial, establecido por ley, que decidirá los litigios sobre sus derechos y obligaciones de carácter civil o sobre el fundamento de cualquier acusación en materia penal dirigida contra ella. La sentencia debe ser pronunciada públicamente, pero el acceso a la sala de audiencia puede ser prohibido a la prensa y al público durante la totalidad o parte del proceso en interés de la moralidad, del orden público o de la seguridad nacional en una sociedad democrática, cuando los intereses de los menores o la protección de la vida privada de las partes en el proceso así lo exijan o en la medida en que sea considerado estrictamente necesario por el tribunal, cuando en circunstancias especiales la publicidad pudiera ser perjudicial para los intereses de la justicia.

•          ARTÍCULO 13. Derecho a un recurso efectivo.

Toda persona cuyos derechos y libertades reconocidos en el presente Convenio hayan sido violados tiene derecho a la concesión de un recurso efectivo ante una instancia nacional, incluso cuando la violación haya sido cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.

•          ARTÍCULO 17. Prohibición del abuso de derecho.

Ninguna de las disposiciones del presente Convenio podrá ser interpretada en el sentido  actividad o a realizar un acto tendente a la destrucción de los derechos o libertades reconocidos en el presente Convenio o a limitaciones más amplias de estos derechos o libertades que las previstas en el mismo.

•          ARTÍCULO 18. Limitación de la aplicación de las restricciones de derechos.

Las restricciones que, en los términos del presente Convenio, se impongan a los citados derechos y libertades no podrán ser aplicadas más que con la finalidad para la cual hayan sido previstas.

**  La Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales (BOE. 28/11/2014,  N. Boletín: nº 288). (Rango: Leyes y Decretos Legislativos Autonómicos)

Modifica a: Deroga el Decreto 801/1972, de 24 de marzo, sobre ordenación de la actividad de la Administración del Estado en materia de tratados internacionales.

Preámbulo 

I

La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, de 23 de mayo de 1969, codifica con vocación universal las cuestiones esenciales del proceso de celebración y entrada en vigor de los tratados internacionales celebrados entre Estados, así como su observancia, aplicación e interpretación. Si bien no abarca la regulación de cuestiones como la sucesión de Estados en materia de tratados o la responsabilidad derivada del incumplimiento, puede seguir considerándose como ‘el Tratado de los tratados’ y el reflejo del Derecho consuetudinario en la materia.

La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados entre Estados y Organizaciones internacionales o entre Organizaciones internacionales, de 21 de marzo de 1986, que aún no ha entrado en vigor, completa el ámbito de aplicación material de la Convención de 1969 y regula los tratados entre uno o varios Estados y una o varias organizaciones internacionales, así como los tratados celebrados entre organizaciones internacionales.

España es Estado parte de la Convención de Viena de 1969 sobre el Derecho de los Tratados y prestó el consentimiento en obligarse por la Convención de 1986 el 24 de julio de 1990. Ambas Convenciones configuran el marco de referencia de la presente Ley.

Título I. Disposiciones generales

 Capítulo I. Objeto y definiciones

Artículo 1. Objeto.

La presente Ley tiene por objeto regular la celebración y aplicación por España de los tratados internacionales, los acuerdos internacionales administrativos y los acuerdos internacionales no normativos definidos en el artículo 2.

Capítulo IV. Aplicación e interpretación de los tratados internacionales

Artículo 28. Eficacia. 

1. Las disposiciones de los tratados internacionales válidamente celebrados solo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales de Derecho Internacional.

2. Los tratados internacionales válidamente celebrados y publicados oficialmente producirán efectos en España desde la fecha que el tratado determine o, en su defecto, a partir de la fecha de su entrada en vigor.

Artículo 30. Ejecución. 

1. Los tratados internacionales serán de aplicación directa, a menos que de su texto se desprenda que dicha aplicación queda condicionada a la aprobación de las leyes o disposiciones reglamentarias pertinentes.

2. El Gobierno remitirá a las Cortes Generales los proyectos de ley que se requieran para la ejecución de un tratado internacional.

3. El Gobierno, las Comunidades Autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla adoptarán las medidas necesarias para la ejecución de los tratados internacionales en los que España sea parte en lo que afecte a materias de sus respectivas competencias.

Artículo 31. Prevalencia de los tratados. 

Las normas jurídicas contenidas en los tratados internacionales válidamente celebrados y publicados oficialmente prevalecerán sobre cualquier otra norma del ordenamiento interno en caso de conflicto con ellas, salvo las normas de rango constitucional.

Artículo 35. Reglas de interpretación. 

1. Las disposiciones de los tratados internacionales se interpretarán de acuerdo con los criterios establecidos por las normas generales de Derecho Internacional, los consagrados en los artículos 31 a 33 de la Convención de Viena de 23 de mayo de 1969 sobre Derecho de los Tratados y los contenidos en el propio tratado.

2. En la interpretación de los tratados internacionales constitutivos de Organizaciones internacionales y de tratados adoptados en el ámbito de una organización internacional, se tendrá en cuenta toda norma pertinente de la organización.

3. Las disposiciones de tratados internacionales afectadas por declaraciones formuladas por España se interpretarán conforme al sentido conferido en ellas.

4. Las disposiciones dictadas en ejecución de tratados internacionales en los que España sea parte se interpretarán de conformidad con el tratado que desarrollan.

5. Las dudas y discrepancias sobre la interpretación y el cumplimiento de un tratado internacional del que España sea parte se someterán al dictamen del Consejo de Estado, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado, por el Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación en coordinación con el ministerio competente por razón de la materia.

Disposición final cuarta. Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Córdoba, a 9 de diciembre de 2014

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado. Inspector de Trabajo y S. S.

Derechos de personas con discapacidad (una Ley necesaria e importante)

Casi cuatro millones de personas en España tienen discapacidad y ofrecen a diario “un ejemplo de superación y esfuerzo para superar situaciones de adversidad debidas tanto a las barreras físicas que todavía tienen que sortear como a algunos prejuicios que aún existen”, así lo ha asegurado la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato (03/12/13). En su intervención en el acto institucional con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, celebrado en la sede del CERMI, la Ministra ha dicho, así mismo, que la  Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social,  ”supone el reconocimiento expreso de que las personas con discapacidad son titulares de derechos y los poderes públicos están obligados a garantizar su ejercicio pleno”.

El Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. (BOE. Núm. 289. Martes. 3 de diciembre de 2013 Sec. I. Pág. 95635), entró en vigor el día 4 de diciembre,  teniendo por objeto:

“Garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades y de trato, así como el ejercicio real y efectivo de derechos por parte de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones respecto del resto de ciudadanos y ciudadanas, a través de la promoción de la autonomía personal, de la accesibilidad universal, del acceso al empleo, de la inclusión en la comunidad y la vida independiente y de la erradicación de toda forma de discriminación, conforme a los artículos 9.2, 10, 14 y 49 de la Constitución Española y a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y los tratados y acuerdos internacionales ratificados por España”.

En 2012 había un total de 1.450.800 personas con certificado de discapacidad en edad de trabajar (de 16 a 64 años), lo que supuso el 4,8% de la población total en edad laboral.

Por otro lado, alrededor de 140.000 niños menores de 16 años padecen algún tipo de discapacidad en España, según datos del Estado Mundial de la Infancia 2013 presentado  por UNICEF en Madrid.

La directora ejecutiva del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Pilar Villarino, ha lamentado en el mismo acto la “grandísima falta de datos” fiables en España sobre este tema. La última encuesta oficial al respecto es la elaborada en 2008 por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que “no es muy detallada”, ha explicado Villarino. Esa falta de datos afecta incluso al número de niños con discapacidad que sufren violencia. Según la directora de CERMI, los actuales recortes que se están llevando a cabo en España para reducir el déficit del Estado están afectando de forma muy especial a las entidades territoriales, sobre todo a las comunidades autónomas, y, por tanto, a la sanidad y a la educación, los dos principales vectores para atender a los niños con discapacidad.

Por todo lo dicho, entiendo que la nueva Ley General de Incapacidad es de una enorme importancia, solo falta que el Gobierno dote económicamente de forma adecuada los fondos dedicados a la discapacidad, en todas sus formas y variantes, especialmente a ese número de niños que se encuentran necesitados y a sus familias que hacen una labor encomiable y sin apenas medios reales.

Córdoba, 9 de diciembre de 2013

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado. Inspector de Trabajo y S.S. (excedente)