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Carta abierta al Alcalde de Córdoba J. Bellido (Presidente F. A. M. P.)

Ya te he dicho varias veces, que la Base Logística del Ejército de Tierra es un logro para ti y para Córdoba, que justifica cualquier legislatura municipal, pero te vuelvo a repetir algo elemental, que el desarrollo y logro completo de la misma es tarea de todos sin exclusión alguna, te apunto, por ejemplo, la Estación de Córdoba que bajo la batuta del Alcalde Herminio Trigo y con la participación en primera línea de Alianza Popular, tal como recoge el Sr. Herminio Trigo en sus Memorias Políticas (ver pags. 72 y ss.), cuya lectura te recomiendo si aún no lo has hecho, así como, que hables con los Concejales del A. P. de esa legislatura (Antonio de la Cruz Gil -AP-, Pilar Sarazá Cruz -AP-, Pedro Moreno Campos (AP), Francisco Mansilla Cuevas -PDP- y el que esto escribe Concejal de A. P.) y veas con detenimiento la moción de A. P. desbloqueando el tema de la Estación de Córdoba en los archivos de su Ayuntamiento.

Así mismo, te pido encarecidamente, que en la medida de lo posible, se excluya de esa colaboración conjunta para la B. L. E. T. de Córdoba al Presidente de la Diputación (digital) de la Diputación de Córdoba del P. P., D. Salvador Fuentes Lopera, mientras no dimita o corrija de raíz su “amnistía pequeñita”, ya que, “lo cortés no quita lo valiente”, pues es contrario a la Ley, a la doctrina del P. P. y a todos los que votamos al Partido Popular en las elecciones municipales el abrazar sin medida las políticas socialistas sin contrapartida alguna para Córdoba y los cordobeses, y, te pongo por ejemplo de lo que digo, <<la falta de solución del problema del agua en la Zona Norte (80.000 personas y más de 11 meses sin agua potable) donde el P. P. se ha quedado solo, entre otras muchas razones, porque el Sr. Fuentes Lopera ha quemado sus naves en la nada>>.

El Estado de Derecho garantiza la igualdad ante la ley, la participación social en la toma de decisiones y la legalidad sin arbitrariedad.

N.B. La Base Logística del Ejército de Tierra es un proyecto de todos, de forma, que te ruego Alcalde que unas a todos en su entorno y esfuerzo, pues, tal como he señalado hay precedentes de lograr un fin común.

La Constitución de 1978 es un ejemplo de consenso real en torno a una gran obra de construcción nacional

Córdoba, a 7 de enero de 2024

Fdo. Enrique García Montoya.

(Concejal y Diputado Provincial en la legislatura local 1983-1987 de Alianza Popular y Portavoz del Grupo Provincial de A. P.).

Abogado ICA-Córdoba. Cdo. 1316. Inspector de Trabajo y S. S. -en excedencia-.

La Brecha – S. S. – a más (Comunidades – Estado civil y Sexo)

Un Grupo de mis lectores me reprende, seguramente con razón, porque llevo tiempo que no escribo nada sobre la Seguridad Social, de forma, que como creo que llevan todas las de ganar en su opinión, me pongo a ello, así:

Primero. – Desigualdad en las pensiones y demás prestaciones, incluido el desempleo.

**Si comparamos una pensión de viudedad de alguna Comunidad Autónoma con la media general las diferencias son tremendas, pero, si calculamos, por ejemplo, las pensiones de viudedad entre Andalucía y Extremadura con el País Vasco, Cataluña y/o Madrid las diferencias son para llorar por su desigualdad e injusticia.

Es cierto, que las bases de cotización han sido y son muy diferentes, pero, precisamente, aquí reside la base se la injusticia, en una desigualdad económica dilatada en el tiempo y que lejos de disminuir se incrementa.

**Si comparamos una pensión de viudedad y una pensión máxima de jubilación los resultados son discriminatorios, se mire como se mire, así, la pensión máxima es 3.175 euros y la pensión contributiva mínima 799,70 euros, siendo la pensión de viudedad mínima 616 euros, lo que implica, que las diferencias son claramente contrarias a la Constitución de 1978 y a nuestro Estado Social y Democrático de Derecho. (Arts. 1., y, 14. C. E.).

*Un último apunte la pensión no contributiva mínima es de 484 euros.

**Paro. – 2023.  Las cuantías del paro, o prestación por desempleo, 560 euros como mínimo hasta un máximo de 1.575 euros mensuales.

**Paro. – 2024. Mínimo: 95% del IPREM (570 euros al mes en la actualidad) durante los primeros seis meses; 90% del IPREM (540 euros al mes) durante los siguientes seis meses; y, 80% del IPREM (480 euros) a lo largo del resto del periodo. El máximo 1.675 euros mensuales.

*Aquí, si comparamos una prestación de paro de alguna Comunidad Autónoma con la media general las diferencias son muy grandes, pero, si calculamos, por ejemplo, las prestaciones de paro entre Andalucía y Extremadura con el País Vasco, Cataluña y/o Madrid las diferencias son inasumibles e insostenibles.

Es cierto, que las bases de cotización han sido y son muy diferentes, pero, precisamente, aquí reside la base se la injusticia permanente, en una desigualdad económica dilatada en el tiempo y que lejos de disminuir se incrementa.

Segundo. – El Estado Social y Democrático Constitucional (art. 1. C. E.) impone el sometimiento y cumplimiento de la ley, la justicia, y, el principio de que todos los españoles somos iguales ante la Ley.

El Estado de Derecho garantiza la igualdad ante la ley, la participación social en la toma de decisiones y la legalidad sin arbitrariedad.

N.B. Mi opinión sobre la S. S. ya le ha detallado muchas veces, de forma, que después de lo expuesto, mis lectores comprenderán porque no escribo más sobre la misma, ya que, la Brecha en la Seguridad Social, desde cualquier punto de vista que se mire, es insostenible e injusta.

Reitero lo dicho, la C. E. de 1978 deja muy claro que “todos los españoles sin exclusión son iguales ante la ley”.

Córdoba, a 7 de enero de 2024

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Cdo. 1316. Inspector de Trabajo y S. S. -en excedencia-.

Por encima de la Ley (impunidad y desigualdad)

Ahora que solo se habla de lawfare judicial, leo, que la Secretaria General del P. P. Srñª. Gamarra ha dicho públicamente, “que los políticos no están por encima de la ley”, lo que, siendo cierto, solo es una media verdad, ya que, según la Constitución Española de 1978, hasta hora vigente, lo que dice <<es que nadie está por encima de la Ley> (ver art.9. C. E.), salvo lo que establece el art. 56.3 de la misma, al decir que “la persona del Rey es inviolable y no está sujeto a responsabilidad”.

Entiendo, que lo dicho significa, que cualquier ciudadano español puede ser llamado a declarar por el Congreso y el Senado de acuerdo con la ley. Dejando claro, *primero, que las Cámaras mencionadas deben justificar suficientemente el ¿por qué? de su citación para que el ciudadano en cuestión pueda ejercer su derecho a comparecer o no, y/o, -bien declarar o no-, y, *segundo, que todos los diputados y senadores, para que no lo olviden, también, están sometidos a la Ley (C. E.).

El Estado Social y Democrático Constitucional (art. 1. C. E.) impone el sometimiento y cumplimiento de la ley, y, el principio por el que todas las personas, instituciones y entidades, incluido el Estado, están sometidas a leyes, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, leyes que deben ser compatibles con las normas y principios internacionales de derechos humanos.

El Estado de Derecho garantiza la igualdad ante la ley, la separación de poderes, la participación social en la toma de decisiones y la legalidad sin arbitrariedad.

N.B. La C. E. de 1978 deja muy claro que “todos los españoles sin exclusión son iguales ante la ley”, de forma, que por encima de la Ley solo hay impunidad y desigualdad.

Córdoba, a 2 de enero de 2024

Fdo. Enrique García Montoya.

(Concejal y Diputado Provincial en la legislatura local 1983-1987 de Alianza Popular y Portavoz del Grupo Provincial de A. P.).

Abogado ICA-Córdoba. Cdo. 1316. Inspector de Trabajo y S. S. -en excedencia-.

Rebelión – Deber y derecho (sociedad civil libre y abierta)

La democracia es lo opuesto a un gobierno absoluto, que incumple la ley, de forma, que eso define un sistema político injusto y corrupto.

Después del día de los inocentes con la toma de Pamplona, es algo que se palpa, concretamente, que España es ya una tiranía parlamentaria dirigida por un poder ejecutivo excluyente, que con la compra obscena de votos instalada deroga de facto la Constitución, porque el Gobierno de la Nación, a través del Congreso, no puede, por lógica constitucional, arrogarse, al amparo de mayorías ocasionales que no son titulares de la soberanía nacional, recayendo una y otra vez en la destrucción de nuestro Estado de Derecho, dinamitando la Ley en su provecho.

Estamos y aguantamos un Poder Ejecutivo totalitario que invade las instituciones o ataca las que no puede controlar, a un Legislativo secuestrado que ni siquiera hace un control formal del Gobierno, y, con un Poder Judicial acosado y sentenciado de “prevaricador” por una diputada de  Junts sin que pase nada.

Por otro lado, no podemos conformarnos con la existencia de una oposición meramente funcional cautiva del poder establecido, así que, hay que recordar la Declaración Universal de Derechos Humanos, que considera la rebelión como el recurso extremo contra cualquier poder tirano y cualquier opresión.

(Por si alguien lo duda, un gran pacto constitucional de P.P. y PSOE cambiar la palabra *disminuidos por *discapacitados. Según el diccionario de la RAE es sinónimo de disminuido = discapacitado.

Aquí sobra cualquier comentario más).

Por todo lo expuesto, hay que articular un movimiento ciudadano libre y abierto, con el propósito de una sublevación y/o una rebelión democrática hasta la restauración plena de la Constitución. Una democracia sin Estado de derecho no es otra cosa, que el vacío de la nada, es decir, una colección de formalidades sin consecuencias ni valor práctico alguno

La tiranía impone el deber de rebelión democrática, ya que, lo que hay en España es Sánchez y PSOE o democracia. Por eso debemos llevara a término todas las posibilidades legítimas para librarnos de ese poder antidemocrático, desde movilizaciones pacíficas en la calle a declaraciones e iniciativas institucionales, sociales y políticas, llegando si fuera necesario a la no colaboración y a la huelga pacífica.

John Locke estableció que, si el gobierno incumple sistemáticamente la legalidad, rompe el pacto social con los gobernados y obliga a regresar al punto de partida: la instauración o la restauración de un poder constitucional que garantice las libertades básicas y el Estado de derecho.

El *respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales es el primer elemento esencial de la democracia*, de forma, que el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho, junto con la -separación e independencia de los poderes públicos-, y, el régimen plural de partidos y organizaciones sociales y políticas son los únicos que hacen posible unas -elecciones periódicas libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía popular-.

El Estado Social y Democrático Constitucional impone el sometimiento y cumplimiento de la ley, y, el principio por el que todas las personas, instituciones y entidades, incluido el Estado, están sometidas a leyes que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, leyes que deben ser compatibles con las normas y principios internacionales de derechos humanos.

El Estado de Derecho garantiza la “primacía e igualdad ante la ley, la separación de poderes, la participación social en la toma de decisiones y la legalidad no trufada de arbitrariedad.

En España lo que hay ahora, es la simulación de una democracia, que es la característica definitoria de todos los socialismos no democráticos, que, sin duda, son dictaduras electoralistas en las que el ciudadano <<puede votar, pero no elegir>>, siendo manifiesto que las listas cerradas contribuyen a ello.

N.B. La rebelión es un deber y un derecho en cualquier nación que quiera seguir siendo una sociedad civil libre y abierta.

Seguir callados y resignados asumiendo una situación cautiva, ya no puede, ser una opción aceptable, de manera, que es urgente iniciar un movimiento ciudadano libre y abierto a todos los cordobeses.

Córdoba, a 31 de diciembre de 2023

Fdo. Enrique García Montoya.

(Concejal y Diputado Provincial en la legislatura local 1983-1987 de Alianza Popular y Portavoz del Grupo Provincial de A. P.).

Abogado ICA-Córdoba. Cdo. 1316. Inspector de Trabajo y S. S. -en excedencia-.

Amnistía VI – Impunidad política y sus gestores (La Diputación de Córdoba sirve de ejemplo)

Es un hecho patente, que “Quien permite la injusticia. Quien permite la impunidad. Participa en ella”.

Cuando un político malgasta el dinero público, que debe cuidar, ocurre que no pasa nada, sea cual sea el importe del despilfarro, ocurriendo lo mismo cuando comente cualquiera otra ilegalidad, pues bien, eso es impunidad e injusticia, y, cuando los políticos que mandan no hacen nada para recuperar el dinero malgastado ni exigen responsabilidad alguna a esos políticos y gestores, están concediendo una “amnistía”.

El ciudadano de a pie cuando le ponen una multa está obligado a pagarla y si no lo hace se le persigue por tierra, mar y aire, con embargo de cuentas, etc.. Si hablamos de Hacienda y sus métodos coercitivos la situación diaria es demoledora, conque olvides una simple declaración formal multa y recargo.

La Constitución dice que el poder procede el pueblo, pero se ha impuesto un ejercicio de ese poder espurio y perverso contra el ciudadano de a pie y un ejercicio, también, perverso, pero en sentido contrario, cuando son políticos los que realizan actos injustos gastando lo que no deben y/o incumpliendo la ley con plena impunidad.

Los casos de malgasto del dinero público de todos sin consecuencia alguna para el político despilfarrador son incontables, quizás porque, como se dice “perro no muerde a perro”, así que citaré algunos penosos e indignantes, así:

**El tranvía fantasma de Jaén.

**La recogida neumática de basuras en Córdoba.

**Aeropuertos construidos sin aviones.

**Etc. etc.  (Sobra citar más casos, pues los ejemplos están a la vista de todos).

Ocurre, qué en la Diputación de Córdoba gobernada por el P. P., su Presidente (digital) Sr. Fuentes se empodera cubriendo irregularidades económicas de todo tipo y color, concediendo amnistía e impunidad a políticos y gestores de la anterior Corporación provincial,, así:

 *Convalida con una ordenanza una fiscalidad provincial contra ley, según ha dejado claro la Cámara de Cuentas de Andalucía sobre el ICHL – Diputación en su Informe de 2020 y sobre el Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblo Nuevo de 2019, apoyándose en informes y dictámenes procedentes del muro socialista, sin exigir y decretar la necesidad de una auditoría independiente realizada por profesionales libres e independientes.

*Salva Empresas Públicas con el dinero de todos los cordobeses, eliminando, así mismo, cualquier responsabilidad de políticos y gestores socialistas concediéndoles amnistía del dinero público evaporado en una gestión de malgasto del dinero de todos, sin exigir, además, ninguna devolución.

Ni siquiera ha reclamado la existencia de pólizas de seguro para cubrir responsabilidades de gestión.

*Negación reiterada a una auditoría independiente de las cuentas de la Diputación, basándose en exclusiva en las personas que sostienen el muro socialista, negándose, incluso, a solicitar un Informe a la Cámara de Cuentas de Andalucía y a pedir a las Diputaciones de Málaga, Sevilla o Huelva in informe de cómo se han adaptado en su fiscalidad a la Ley 40/2015- LRSP en su art. 49.

*Aceptar sin un pero el gasto del dinero público de la Diputación en políticas socialistas incumplidas y en promesas contraídas de los anteriores políticos y gestores socialistas, de manera, que paga y paga en aras de su tranquilidad.

A destacar, que mientras El Presidente Sánchez va tomando una a una cualquier institución de la Nación (ahora, ha sido la Agencia EFE), el Presidente Sr. Fuentes concilia sin pudor con los adversarios, a la vez, que lanza Decretos contra los que hemos votado al P. P.

Por todo lo dicho, hay que impulsar un cambio, de forma, que el movimiento cívico contra la amnistía y la gracia del perdón (política, económica, administrativa y legal) hacia los perdedores de las elecciones municipales, debe dar un paso adelante, y más allá de siglas y de deseos personales abandonando todo confort, avanzando en la creación de una asociación o como se la quiera llamar con vocación de cambio en Córdoba y Provincia activa, en defensa de la Constitución y de una España unida de ciudadanos libres e iguales.

La acción cívica organizada y la oposición política responsable tienen el deber de corregir desviaciones de poder y cambios de rumbo de lo que se ha votado, de forma, qué si el que manda, como ocurre en la Diputación de Córdoba ha virado buscando solo su conveniencia personal, olvidando las promeses del P. P., sepa, y, sepan los que le han elegido digitalmente, que la oposición verdadera defensora de la libertad, de la igualdad y del estado de derechos está en la calle organizada y viva.

La dimisión del Presidente digital del P.P. de la Diputación llegara.

N.B.  La amnistía y la impunidad política y sus gestores de la anterior Corporación realizada, día a día, por el Sr. Fuentes en la Diputación de Córdoba es un ejemplo de estulticia política.

La acción cívica no callará y reclamará en cualquier frente sus derechos fundamentales, de forma, que ni un paso atrás en defensa de la libertad.

Córdoba, a 11 de diciembre de 2023

Fdo. Enrique García Montoya

(Concejal y Diputado Provincial en la legislatura local 1983-1987 de Alianza Popular y Portavoz del Grupo Provincial de A. P.).

Abogado ICA-Córdoba. Cdo. 1316. Inspector de Trabajo y S. S. -en excedencia-.