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SEMEJANZAS III (TJUE, interés casacional e interés constitucional -tres historias de muchas injusticias-)

 

Puestos en materia de semejanzas creo que se pueden señalar tres asuntos que tienen muchas semejanzas y que los tres conllevan verdaderas cargas de profundidad en su injusticia, así:

1.- Europa (todos sus miembros son Europa -UE-) lleva años ninguneando de todas las formas posibles a España, lo último (una especie de regalo navideño) ha sido la decisión del Tribunal Europeo de Luxemburgo de conceder la inmunidad parlamentaria al Sr. Junqueras, pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo el 19 de diciembre de 2019.

En relación con el ninguneo de Europa a España, culminado en la resolución infame del TJUE, es lo cierto, que toda humillación tiene un límite y aquí se ha sobrepasado ya en demasía, de manera que la fabrica de euroescépticos que es la UE, nos hace comprender a los británicos, pero sobre todo es la prueba infalible de que esta Europa no es la EU de los ciudadanos, sino la Europa de los políticos desnortados que solo atienden a sus intereses más mezquinos, que llevarán al fin de Europa, si no cambia hacia la UE de los ciudadanos.

2.- Interés casacional en el Tribunal Supremo.

Desde hace algunos años, pero cada vez con mayor rigor en el desamparo de los españoles, se ha puesto en vigor y aplicación extrema “el llamado interés casacional” en los recursos que se interponen ante el Tribunal Supremo en cualquiera de sus Salas.

En base a dicho principio de interés casacional todo recurso que llega al T. S. debe superar una serie de escollos (cada vez más y más exigentes) para que el recurso sea admitido, de forma, que hoy en día, todos los letrados de España saben que “el llamado interés casacional” se ha convertido en una barrera de arrecifes intrincada y muchas veces infranqueable. Se mire como se mire, es así, de manera que nadie se libra de sortear, con mayor o menor éxito, el interés casacional.

Siempre he creído, que el Tribunal Supremo era el último asilo posible ante las injusticias, pero la aplicación cada vez más rigurosa del principio de interés casacional está convirtiendo a nuestro más Alto Tribunal en un lugar donde juegan más los poderes políticos, que los principios de asilo ante las injusticias de los españoles. Lo que debería ser un lugar abierto de asilo y protección, sin formalidades ni requisitos restrictivos de derechos, se va aproximando cada vez más a una fortaleza inexpugnable, donde realmente solo se admite lo que se quiere admitir. Se puede argumentar lo que se quiera, pero lo dicho es la realidad, ya que lo que debería ser, sin exclusiones y siempre entrando en el fondo de todos los asuntos planteados, un verdadero lugar de cobijo y amparo donde se diera respuesta todos los asuntos, se ha convertido en una jungla infranqueable dominada por el rigor formalista más extremo y por el llamado interés casacional.

Si el Tribunal Supremo no es de verdad un lugar de cobijo frente a cualquier injusticia, abierto completamente a los españoles sin trabas de clase alguna, nuestro Alto Tribunal no tiene razón de ser y camina hacia su desaparición. Puede ser que haya otras opiniones, pero la verdad es que el Tribunal Supremo hoy día es un tribunal cerrado, lleno de formalismos y dominado por criterios restrictivos de derechos, donde la admisión de los recursos es una lotería que aboca a la injusticia, y, encima, con costas en la inadmisión de los recursos.

En mi opinión todos los asuntos que lleguen al T. S. deben ser resueltos por Él, resolviendo sobre el fondo del asunto planteado, eliminándose cualquier formalismo y cualquier restricción de derechos al acceso a los recursos procedentes. Si no es así, el T. S. sobra y no tiene razón de ser.

3.- Interés constitucional en el T. C.

Lo que decía antes del Tribunal Supremo se puede decir también del Tribunal Constitucional, pero, además, aquí el problema es mucho más patente. La realidad es que el Tribunal Constitucional se ha convertido en un tribunal de asuntos políticos, de forma, que lo que debería ser un tribunal abierto a los españoles mediante el recurso de amparo, sin formalismos de clase alguna, se ha transformado en un lugar donde solo se ven asuntos políticos con prioridad, quedando los recursos de amparo -verdadera alma de cualquier tribunal constitucional- en el agujero oscuro del “llamado interés constitucional”, que impide el acceso de los españoles a la protección de sus derechos fundamentales. Si es así, si sigue así, el Tribunal Constitucional debe disolverse y desaparecer, pues no cumple la función para la que fue diseñado: “Proteger al pueblo, y, el pueblo son los españoles. Ningún asunto que llegue al T. C. planteado por un español puede ser rechazado, y, aquí no hay formalismos que valgan”.

Para finalizar, espero qué en los tres casos precitados, se pueda llegar a unas soluciones que no sean discriminatorias y que nos lleven por el camino de la igualdad, de la justicia y de la verdadera tutela judicial efectiva.

N.B. Las semejanzas son evidentes y necesitamos, si o si, que la justicia sea justa de verdad, sin parapetos, ni excusas, ni restricciones de derechos. El Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional deben ser siempre, sin excepciones, una garantía de justicia para los españoles, debiendo primar en cualquier caso la tutela judicial efectiva.

Córdoba, a 24 de diciembre de 2019       

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo (deben estar contentos, especialmente, los Magistrados de esta Sala del T. S. con el dislate jurídico de sus compañeros con las hipotecas)

Siempre he mantenido que en el Tribunal Supremo están los mejores jueces, salvando la proporción de errores lógica como en cualquier otra actividad.

Sin embargo, me gustaría saber, que opinan de este estropicio jurídico de las “hipotecas” entre otros Magistrados del T. S., los miembros de la Sala Segunda de lo Penal inmersos en el tremendo problema del “procés” con todas sus consecuencias.

El Tribunal Supremo, se mire como se mire, en su conjunto (todas las Salas del mismo) ha sufrido una vacuna de desprestigio a todos los niveles, que con toda seguridad ha hundido su meritorio trabajo, en general, a la altura de las cloacas y, además, se ha destruido la “confianza en la justicia entre los españoles”. Sinceramente, creo que los Magistrados del T. S. en su inmensa mayoría y en todas sus Salas son unas personas humanas y profesionalmente admirables en muchos sentidos y con los que los españoles tenemos una deuda de gratitud impagable.

Lo dicho no implica, ni mucho menos, que esté defendiendo su impunidad, como en todos los sitios el que lo hace debe asumir su responsabilidad, libremente o impuesta en caso necesario. Aquí, precisamente, reside la base para recuperar la confianza en la justicia ante el dislate de las hipotecas. Hay que aclarar ¿quién o quiénes son los responsables?, ya que no basta con decir, como ha hecho el Presidente Sr. Lesmes, que la causa de todo está en “la falta de claridad de la ley”. El desprestigio del T. S. y el destrozo de la confianza en la justicia, no puede ni debe recaer sobre todos los Magistrados del Tribunal Supremo sin distinción, metiéndolos a todos en el mismo saco. Es una injusticia que se haga así, ya que la lógica y la razón nos dicen una cosa de aceptación general: Que se designen y señalen a los culpables y que asuman su responsabilidad, voluntariamente o forzosamente. Lo contrario sería premiarlos y castigar injustamente a la inmensa mayoría de los Magistrados del T.S.

N.B.: Los Magistrados del T. S., en su gran mayoría, deben estar contentos, especialmente, los miembros de la Sala Segunda implicados en el “procés” con el dislate jurídico de sus compañeros con las hipotecas.

 Córdoba, a 8 de noviembre de 2018

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

 

 

 

 

Jueces del Tribunal Supremo (están los que son, pero no están todos los que son)

En relación con los Sñres. Magistrados del T. S., antes de abordar este pequeño escrito, hago las siguientes precisiones:

* En el T. S. no existen jueces estrellas, por una razón muy clara, todos por unas razones u otras lo son.

* Su número es limitado, razón por la que están los mejores jueces, pero no todos, solo los que caben.

* Casi nadie de la población española conoce quienes son por norma general, salvo los profesionales del derecho y cualquiera que quiera visitar su portal de transparencia.

Establecido lo anterior, entro de lleno en mi pequeño comentario:

Primero.- Soy partidario de eliminar el Tribunal Constitucional y sustituirlo por una Sala Especial en el Tribunal Supremo, con el número de miembros suficiente y que todos ellos tengan carácter vitalicio. La forma de su elección, debe ser entre los magistrados del T. S., que después deberán ser nombrados por el Congreso y el Senado, previo examen en profundidad de sus candidaturas.

Segundo.- De vez en cuando, un magistrado del T. S. sale, por supuesto sin quererlo, a la luz pública y, entonces, los españoles nos damos cuenta de su valía personal y profesional. Es el caso de D. Pablo Llanera, magistrado de la Sala Segunda, ejemplo de inteligencia y prudencia profesional, ya que donde todo un Gobierno hace, en opinión de la mayoría de los españoles, el ridículo por muchos motivos, entre ellos su inanición, blandura de autoridad, etc., se erige por méritos propios en ejemplo de todos y refleja la calidad de todos sus compañeros magistrados del T. S.

Tercero.- Para conocer a los magistrados del Tribunal Supremo, no hay nada como leer sus sentencias -dos por semana como media-, además, del resto de todas las gabelas que resuelven o llevan a cabo, en cualquier Sala del mismo.

Las sentencias se pueden leer por cualquier persona, sea o no jurista, ya que la gran mayoría están tan bien escritas que es un placer leer algo redactado y escrito con verdadero acierto. Cierto es, que la comprensión jurídica de las mismas, exige conocimientos profesionales, muchas veces muy especializados según las diferentes materias o asuntos tratados en la sentencia.

Cuarto.- En España, gracias especialmente a los magistrados del T. S., existe una verdadera división de poderes, aunque, a veces, se dude de ello por “verdaderos comecocos, ignorantes y maliciosos vocingleros”, que se parapetan como independentistas y/o marionetas de oscuros intereses, que todos los españoles conocemos -corrupción, paraísos fiscales, empresas pantalla multi-ubicuas, tráfico de drogas, contrabando, sedición separatista, y un largo, y, casi, inacabable etc.

Quinto.- Todo lo dicho, no significa, que haya que compartir, si o si, el sentido de sus sentencias y su doctrina casacional, porque es evidente e incluso conveniente disentir y criticar sus sentencias y resoluciones, pues opiniones y criterios hay para todos y para todo, aunque, lo esencial es que la gran mayoría de sus sentencias están muy bien razonadas, fundadas –de hecho y de derecho- y escritas.

N. B. Para terminar este comentario personal, formulo una sola pregunta:

¿Qué quien quiera compare a los magistrados del T. S. con cualquier colectivo y saque sus consecuencias? –dejo a un lado los políticos por no ponerlo muy fácil a quien me lea-

Córdoba, a 31 de marzo de 2018

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Cdo. 1316.

Inspector de Trabajo y S. S.

Jueces y Tribunales Especiales y privilegios judiciales (jarabe de palo para un ex ministro)

** Nunca, en mi larga vida dedicada al derecho, me han gustado “los jueces o tribunales especiales”, siempre he sentido la impresión íntima de que eran y son órganos del poder judicial innecesarios, injustos y de manifiesta inutilidad.

Es España históricamente y con verdadero fundamento han existido varios órdenes judiciales aceptados por todos los juristas (cualquiera que fuera su ideología), sin grandes excepciones: civil, penal, contencioso-administrativo y social (dejando a un lado, las instancias constituciones nacionales, los tribunales internacionales y la justicia militar, por razones obvias).

Siempre, he observado en la existencia de jueces y tribunales especiales, que detrás, sin excepción de clase alguna, había una vulneración de derechos fundamentales,  muchos privilegios escondidos y/o situaciones que podemos definir, sin duda, como anormales, razón, por la que, en todos los casos de referencia he sentido “el imperio de una guadaña injusta dominando la situación”.

** Esta situación de injusticia, no es nueva, sino que ha existido siempre, más o menos velada, así: durante el franquismo (por no extenderme en demasía) existían los tribunales de orden público, etc. y, ahora, en democracia, existen (no hay calificativos definidores) los tribunales especiales para aforados, habiendo aparecido, además, una serie de jueces y tribunales especiales, que, sin duda, rompen la unidad en la aplicación de la justicia (véanse, solo a título no exhaustivo, los juzgados de violencia de género, los juzgados de familia, los juzgados mercantiles, y, la existencia -para mi increíble- de la Audiencia Nacional, causa de múltiples disfunciones en ámbito de la justicia).

En estos días, un  conocido ex-ministro ha  soportado (aunque en grado mínimo y con todos los privilegios posibles conocidos e inventados) la horma de su propia madera y, eso, que, nuestro reconocidísimo “amigo” no ha sentido la dureza e injusticia de su propia Ley (Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género de 28/12/2004. Fecha Publicación: 29/12/2004. BOE. nº 313), que le ha permitido (con gran escándalo para todos los españoles):

* Por ser aforado una situación de privilegio inaudita.

* No verse ante por juzgados de excepción, como los demás imputados, para eso tiene al Tribunal Supremo, y evita, torticeramente, los Juzgados de Violencia contra la Mujer y sus circunstancias especiales de trato.

* Ha podido dormir placenteramente en su casa, eludiendo, como casi todos los denunciados, los calabozos de las comisarias.

* Sigue siendo diputado, con todos su privilegios económicos y sociales.

* Etc. etc. etc…

El resto de los españoles varones en su caso, se ven privados, si o si, de su presunción de inocencia y de todos sus otros derechos económicos y sociales (como el trabajo, su honor, etc.), ya que su Ley consagró algo increíble: todos son culpables, porque todos lo hacen y son iguales.

(Conclusiónes: Por todo lo expuesto y por muchos motivos más, estimo que:

1º.-   Los Jueces y Tribunales Especiales, con todos sus privilegios judiciales, públicos o sobreentendidos, deben erradicarse de raíz, ya que, se quiera o no producen, lo que llamo el agrupamiento:

a).- Todos estos órganos acumulan a todos aquellos, que ideologizados tratan de imponer sus criterios sectarios, haya justicia o no en su conclusiones y resoluciones. Además, curiosamente, estos Órganos Judiciales consiguen algo, que puede parecer, casi imposible de conseguir: Todos los integrantes de dichos órganos, si o si, coinciden o piden formar parte de los mismos con todas las consecuencia negativas que se producen (agrupamiento ideológico). Si alguien lo duda, que pregunte, a los profesionales que frecuentan necesariamente dichos órganos parciales (presuntamente especializados) y de criterio único, así como, todas sus circunstancias de funcionamiento y trato diario a los que no comparten los criterios ideológicos imperantes, que se imponen sin pudor.

b).- Todos estos órganos de justicia, sin que nadie pueda explicarlo, se deforman día a día, llegando a conseguir un criterio único de interpretación en la aplicación de la Ley; ¿alguien puede poner en duda lo dicho?

2º.-   El ex-ministro de justicia, tan “querido y añorado”, ha probado la cuña de su propia madera (claro que con todos los privilegios citados), pero, al fin y al cabo, la cuña duele; todos debemos aprender y tener conciencia, que, si nos privan de la presunción de inocencia y del resto de nuestros derechos económicos y sociales, en razón de una finalidad (sea aceptable, en principio, o no), en el futuro nos podrán quitar, el resto de nuestros derechos fundamentales en base a algo que se considera justo “per sé”!.

3.- No todos los derechos fundamentales se pueden limitar por “muy justa que resulte la causa”; y,  que siendo un poco vulgar en el mundo del derecho, reitero, que siempre es preferible que un culpable quede libre, a que un inocente sea castigado injustamente, aunque sea en base, a lo que se considere más sagrado.

Córdoba, 13 de abril de 2015

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Posible nepotismo en el Tribunal de Cuentas (donde está la diferencia en el resto de España)

El presidente del Tribunal, Ramón Álvarez de Miranda, comparece hoy en el Congreso para tratar de explicar, como se convirtieron en personal fijo laboral del Tribunal de Cuentas cerca de 200 personas de las 700 que emplea.

El País (investigación@elpais.es , 07/07/14) destapó el pasado 24 de junio: “Que más de un centenar de empleados del Tribunal de Cuentas tienen lazos familiares entre ellos y/o con altos cargos del tribunal, y también con los dos últimos presidentes del Comité de Empresa (ambos de UGT) del órgano que tiene la misión de velar porque las administraciones desvíen a un fin legal el dinero de las arcas públicas. Solo los dos últimos presidentes del comité de empresa, acumulan a 16 familiares o allegados en el tribunal entre primos, hermanos, cuñados, primera y segunda esposa y nueras”.

Francamente, me extraña que esta noticia del País se haya convertido en tema nacional y, al parecer, de importancia capital, de manera que el Sr. Presidente tenga que comparecer en el Congreso para dar cumplidas (espero) razones y explicaciones de semejante casualidad en la contratación de personal en el Tribunal de Cuentas.

Me gustaría saber, que pasaría, si se hiciera una auditoria laboral y de empleo, en general, en ayuntamientos, diputaciones, CC. AA., organismos públicos (legales y paralegales), parlamentos en general, empresas públicas de todas las administraciones, defensores del pueblo, cámaras de cuentas autonómicas, consejos consultivos, mancomunidades y resto de entidades públicas sin excluir a ninguna.

Me malicio, que las cifras de nepotismo que se han dado del Tribunal de Cuentas, no tendrían nada que envidiar al resto de los organismos públicos citados, es más, estoy seguro, que en muchos casos el personal contratado como fijo, bajo cualquiera de las modalidades admitidas por la ley sorprendería a propios y extraños.  Alguien puede dudar de que lo que afirmo no sea cierto, cuando el problema del nivel de corrupción y fraude, según el Barómetro del CIS (avance, junio 2014), sube y  alcanza la cifra del 38,8% para los españoles y los/as políticos/as en general, los partidos y la política lleguen al 28,0%.

Se habla sin parar de la regeneración de los partidos políticos y creo que con razón, pero ¿cómo será posible regenerar la vida política, si la clase dirigente de la sociedad participa, sin pudor, en el festín y el resto (la gran mayoría) lo soporta con silencio en todos los niveles?

En las pasadas elecciones europeas los españoles empezaron a mostrar su hartazgo con la situación existente, aunque creo, que no fue suficiente, pues no se trata de votar a unos u a otros, sino de modificar el sistema de raíz erradicando todas las corrupciones.

El asunto del Tribunal de Cuentas se debe aclarar hasta el final con luz y total transparencia, pero no solo en dicha Entidad, sino en toda la sociedad española para que no quede ningún escalón de la escalera sin comprobar y clarificar. Es más, en estos días, se comenta por toda España el asunto Gowex y parece que nadie tiene una explicación aceptable de por qué cosas así pueden pasar y para qué sirven los organismos reguladores.

Creo que la memoria de mucha gente es olvidadiza:

¿Qué diferencia existe realmente entre la ruina de las Cajas de Ahorros controladas (teóricamente) por el Banco de España (Bankia, etc.), el asunto de Gowex contralada al parecer  por MAB, los auditores y la CNMV, y, las contrataciones paralegales del Tribunal de Cuentas?

Creo, que todo es parte de la misma realidad, ya que existe un colectivo privilegiado, que sin decoro utiliza todos los mecanismos a su alcance, de los que el resto de la población carece, para su beneficio personal sin dejar ninguna parcela de poder libre de manipulación, corrupción y compadreo. Es más, el último Barómetro del CIS (avance, junio 2014) pone de relieve algo inquietante (desigualdad, hogares al límite e ingresos cercanos a la pobreza de muchos españoles), así, en sus preguntas 45 y 46, se recoge:

*Pregunta 45: Actualmente, entre todos los miembros del hogar (incluida la persona entrevistada) y por todos los conceptos, ¿de cuántos ingresos disponen por término medio en su hogar al mes, después de la deducción de impuestos (o sea, ingresos netos)? (No le pido que me indique la cantidad exacta, sino que me señale en esta tarjeta en qué tramo de la escala están comprendidos los ingresos de su hogar).

No tienen ingresos de ningún tipo 0,9; Menos o igual a 300 € 0,9; De 301 a 600 € 7,3; De 601 a 900 € 11,9; De 901 a 1.200 € 15,6; De 1.201 a 1.800 € 15,8; De 1.801 a 2.400 € 8,9; De 2.401 a 3.000 € 5,2; De 3.001 a 4.500 € 2,7; De 4.501 a 6.000 € 0,7; Más de 6.000 € 0,4; N.C. 29,8; (N) (2.485).

*Pregunta 46: ¿Y en qué tramo de esa misma escala están comprendidos sus ingresos personales, después de las deducciones de impuestos, es decir, sus ingresos netos?

No tiene ingresos de ningún tipo 20,1; Menos o igual a 300 € 2,7; De 301 a 600 € 13,4; De 601 a 900 € 13,8; De 901 a 1.200 € 13,4; De 1.201 a 1.800 € 10,0; De 1.801 a 2.400 € 4,0; De 2.401 a 3.000 € 0,7; De 3.001 a 4.500 € 0,3; De 4.501 a 6.000 € 0,2; Más de 6.000 € 0,0; N.C. 21,4; (N) (2.485).

(N. B. Conclusión: ¿a alguien le puede extrañar el asunto del posible nepotismo del Tribunal de Cuentas?

Córdoba, a 8 de julio de 2014

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado. Inspector de Trabajo y S.S.