Daily Archives: 07/06/2021

Legítima defensa – derecho y deber (abusos – despotismo – resoluciones injustas)

Se considera la legítima defensa una construcción filosófica y jurídica de valor universal, ya que, está aceptada por todas las naciones del mundo y desde tiempo inmemorial, de forma, que se puede defender -como una verdad absoluta-. Se basa en el derecho natural que tiene un pueblo o una persona de protegerse para rechazar una agresión ilegítima grave e inminente.  

Es preciso para que se acepte la legítima defensa, que se cumplan ciertas condiciones, como la existencia de una agresión ilegítima. que ponga en peligro derechos y libertades esenciales del estado de derecho, y, que haga necesaria una intervención eficaz para impedir el asalto.

Conviene citar para aclarar este asunto la Declaración de Independencia 4 de julio de 1776 de los Estados Unidos de América, qué, concretamente, recoge el siguiente párrafo sobre el derecho a la legítima defensa:

“Sostenemos como evidentes estas verdades: que todos los hombres son creados iguales; que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables; que entre éstos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad; que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos, que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados; que cuando quiera que una forma de gobierno se haga destructora de estos principios, el pueblo tiene el derecho a reformarla o abolirla e instituir un nuevo gobierno que se funde en dichos principios, y a organizar sus poderes en la forma que a su juicio ofrecerá las mayores probabilidades de alcanzar su seguridad y felicidad. La prudencia, claro está, aconsejará que no se cambie por motivos leves y transitorios gobiernos de antiguo establecidos; y, en efecto, toda la experiencia ha demostrado, que la humanidad está más dispuesta a padecer, mientras los males sean tolerables, que a hacerse justicia aboliendo las formas a que está acostumbrada. Pero cuando una larga serie de abusos y usurpaciones, dirigida invariablemente al mismo objetivo, demuestra el designio de someter al pueblo a un despotismo absoluto, es su derecho, es su deber, derrocar ese gobierno y establecer nuevos resguardos para su futura seguridad.

La legítima defensa es un derecho y un deber frente a todo autoritarismo e injusticia, a todo despotismo, y, contra cualquier resolución injusta, vengan de donde vengan, sean individuales o colectivos, procedan de los poderes públicos establecidos o de grupos de personas particulares.

En las democracias cuando un gobierno, un poder público o un empleado público sobrepasa sus poderes y se adentra en la senda del autoritarismo y de la arbitrariedad, actuando ilegítimamente contra los derechos de los ciudadanos anulando sus libertades fundamentales, la legítima defensa natural reside en el derecho de votar en libertad contra ellos con la finalidad de erradicar los abusos, de conformidad con lo que dispone la Ley constitucional, pero, mientras tanto, es lo cierto, que el pueblo tiene derecho defenderse de cualquier ataque ilegítimo de los poderes públicos por todos los medios legales a su alcance (pues esos poderes y/o administraciones nunca actúan de oficio defendiendo al ciudadano agraviado): con la libertad de expresión y de prensa, la libertad de reunión y de manifestación, a través de las redes sociales y todos los medios de comunicación admisibles,  acudiendo a los jueces y tribunales en solicitud de amparo y cobijo, así como, por cualquier medio lícito en un régimen democrático para defender su libertad.

Por otro lado, es cierto, que en España la división de poderes, consagrada por la C. E. en nuestro Estado social y democrático de Derecho, está resquebrajada y cayendo al vacío; el Gobierno está ocupando todas la instituciones del Estado; se está legislando, sobrepasando con mucho la legalidad constitucional, a través de Reales Decretos Ley; el poder judicial independiente está en entredicho por su inacción contra el poder y la politización ideológica del sistema, y, las actuaciones de jueces dominados por su ideología; el Tribunal Constitucional en situación de espera (stand by) politizado  al máximo y convertido en una trampa para los ciudadanos, en vez, de ser un lugar amparo para los mismos.

Así, podíamos seguir hasta lo innumerable, como, actuaciones policiales de patadas en las puertas violando derechos fundamentales; medios de comunicación públicos, pagados con el dinero de todos, (TVE, radio, etc.) convertidos en mera propaganda de ideas liberticidas; la libertad de expresión atacada; el poder publico ejercitado arbitrariamente en multitud de actuaciones, que sobrepasan con mucho el espíritu de la Ley, como por ejemplo, resoluciones administrativas injustas dictadas a sabiendas contra ley, los posibles indultos; y, un largo etc.; lo último, la Resolución de 4 de junio de 2021, de la Secretaría de Estado de Sanidad, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud sobre la declaración de actuaciones coordinadas frente a la COVID-19 (Boe. 05-06-2l) disparatada, ilegal y que resultará inaplicable.

A pesar de lo dicho, es cierto, que la C. E. de 1978 dice en sus arts. 9 y 10, que “los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico” y que “el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social”.

Así mismo, es cierto, que el Gobierno del Presidente Sánchez utiliza la trampa del señuelo una y otra vez sin mesura, aunque es evidente, que –se puede engañar a todo el mundo algún tiempo y se puede engañar a algunos todo el tiempo, pero no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo-, razón por la estimo, que se equivocan al juzgar al pueblo indeciso, fácil de convencer y con mala memoria, pues se vislumbra la impresión, de que no va a funcionar el señuelo engañoso como hasta ahora, al estar los españoles preocupados por sus libertades y más que hartos de que les tomen el pelo.

En resumen, en España por la actuación de los poderes públicos se ve y se siente, que estamos entrando de lleno en el territorio de la legítima defensa del pueblo y sus ciudadanos, como forma de protección frente a las agresiones contra nuestros derechos y libertades.

Visto lo expuesto, es evidente, que por algún sitio habrá que empezar, y, salvo otras posibles propuestas, requiero el cumplimiento de todos (-poderes públicos y ciudadanos-) del “respeto a la ley” consagrado en la Constitución, que posibilite la concordia y la confluencia política en el bien común de la sociedad española.

N.B.  Legítima defensa es un “derecho-deber” frente a los abusos, las resoluciones injustas, el despotismo y contra todas las actuaciones de los poderes públicos contra la Ley, cuyo respeto es la base de nuestro Estado social y democrático de Derecho, al decir la Constitución que es el fundamento del orden político y de la paz social

El respeto a la Ley por todos, -eliminando las trampas engañosas deliberadas-, es la única forma clara de empezar a trabajar por la recuperación de España en democracia y libertad.

Si el poder público y sus representantes se separan de la ley, permitiendo actuaciones fraudulentas a través de señuelos tramposos, con la finalidad de crear una apariencia de legalidad asaltando nuestra democracia, los principios que sostienen el Estado de Derecho desaparecerán y con ellos nuestros derechos y libertades fundamentales, siendo necesaria la legítima defensa.

Córdoba, a 7 de junio de 2021

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.