Monthly Archives: July 2021

Injuriar en borrador (es constitucional)

La técnica es simple, se realiza un escrito injurioso y descalificativo sobre determinadas personas (se llama borrador), se publicita por tierra, mar y aire antes de la resolución que se quiere denigrar, pasándolo por las redes sociales donde quedará para siempre y será imposible borrarlo.

Las personas injuriadas por el borrador quedan marcadas para siempre y el mensaje malévolo llega a millones de personas, quedándose en sus cabezas, sí o sí; después el autor trilero del llamado borrador, cuando llega el momento de la verdad presenta otro escrito diferente, eliminando las frases injuriosas, y, haciendo público su arrepentimiento por su faena maliciosa.

La consecuencia de todo es, que el daño a las personas injuriadas ya está hecho, de manera, que el agravio a su reputación profesional y personal nunca quedará reparado, siguiendo el autor del borrador su camino como si no hubiera pasado nada.

Quizás, con un ejemplo se entenderá mejor, así:

Un abogado cuando conoce la sentencia del juzgado o tribunal y antes de que se haga pública, elabora un escrito de recurso injurioso, que llama borrador, y, lo difunde por el juzgado o tribunal publicitando su contenido de principio a fin. A continuación, cuando toca realmente, presenta su recurso eliminando las frases injuriosas o los apartados malévolos para la reputación del juez o tribunal, diciendo a la vez, que su anterior escrito era solo un borrador y que siente mucho las frases malévolas recogidas en el mismo.

Imagino, que con toda la razón el juez o tribunal deducirá testimonio y mandará el escrito borrador injurioso al CGPJ, al juzgado de guardia y/o a la Fiscalía, al entender que se ha dañado gravemente su reputación y se les ha ocasionado daños irreparables.

Lo dicho, más o menos, es lo que ha ocurrido con la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el estado de alarma y su inconstitucionalidad, donde seis miembros del Tribunal han aprobado por mayoría la resolución denostada, recibiendo como es muy normal votos particulares, aunque antes se ha publicitado  “un borrador de voto particular” ofensivo para esa mayoría del Tribunal que aprobó la sentencia.

Lo expuesto, resulta casi de chiste, si no fuera por su gravedad extrema, pues debe quedar claro, que esos seis miembros del T. C. nunca recuperarán su reputación profesional y personal, quedando para los restos a los pies de los caballos.

En España están pasado cosas “maravillosas” de una perversidad extrema, que ponen en peligro el respeto a la ley, la división de poderes del Estado y nuestro Estado social y democrático de Derecho, en definitiva, la democracia y sus derechos y libertades fundamentales.

En democracia el respeto a las decisiones mayoritarias válidamente adoptadas es ley, de manera, que en virtud de la libertad de expresión se pueden criticar y contradecir, con el límite aceptado por todos, que está en respeto a los derechos de los demás.

Por otro lado, las resoluciones aprobadas por mayoría en los órganos judiciales son la realidad, siendo los votos particulares una manifestación de contradicción a la resolución adoptada, que en nada afecta a su validez, de manera, que se quiera aceptar o no esa es la ley.

El “respeto a la ley” es la base esencial de una democracia plena.

N.B.  Injuriar en borrador es una técnica nueva de denigrar en la impunidad, pero, por lo que se ve, es constitucional, aunque, cabe la duda, de si esa forma de actuar torticera es utilizable por todos los españoles o solo por unos pocos privilegiados perdidos en la impunidad de su poder.

La legalidad para todos es la única forma de democracia plena, lo que impide aplicar la ley del embudo, “porque lo que no quieres para ti, no se lo puedes aplicar a los demás”, todo lo que se añada para justificar un abuso de poder, son excusas inadmisibles, máxime cuando las tropelías se llevan a término en el plano institucional.   

Si cualquier poder político se separa de la ley, aunque sea creando una mera apariencia de legalidad, la democracia deriva, sin remedio,   hacia el autoritarismoy, nuestros derechos y libertades fundamentales entran en un peligroso vacío.

Córdoba, a 21 de julio de 2021

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Estado de alarma – – C. E. E. (doble vara de medir – respeto a la Ley)

El T. C. ha declarado inconstitucional el Estado de Alarma, como siempre tarde, aunque sin la menor duda es una buena noticia para “el respeto a la ley”, pues la Constitución (art. 10.1. C. E. – Derechos de la persona-) dice, que la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social”.

Sin embargo, han sido muchas las voces que han defendido que el respeto a la Ley no es lo esencial, sino el contenido político de su ideología optando por la seguridad sin libertad, razonando que la sentencia sobre la inconstitucionalidad del estado de alarma, debería haberse adoptado con base a un fin político, admitiendo como deseable y aceptable el principio: –De que el fin justifica los medios-.

Si admitimos ese proceder político ideológico, simplemente, nos hemos cargado la Constitución y el Estado social y democrático de Derecho que consagra.

Que conste, que ese desafuero legal lo sostienen enjundiosos juristas, ministras, y, voceros varios del poder, así:

* La Ministra de Defensa Sñrª. Robles ha dicho, que la sentencia contiene –elucubraciones doctrinales sin sentido de estado-.

*   El Sr. Cándido Conde-Pumpido, miembro del T. C., en su voto particular publicitado a los cuatro vientos, ha hecho uso de su ideología política, diciendo “que no se ha producido ninguna suspensión de derechos”, “que la sentencia no responde en absoluto a verdaderos criterios jurídicos, pues utiliza un mero atajo argumental para estimar la inconstitucionalidad de una medida sanitaria solicitada por un partido político”, y, -otras muchas cosas más-, denigrando la sentencia y a sus propios compañeros que la han apoyado y aprobado por mayoría.

La formulación es demoledora: “Hay que hacer legal lo que nos conviene”.

La elección del estado de alarma consciente y premeditada es la prueba del nueve.

Esta muy claro, que eso es lo que hay, aunque la sentencia dictada por mayoría, dice lo que dice, de forma, que es una resolución válida según la Constitución y nuestro ordenamiento jurídico.

Aquí solo decir, que, si no lo quieres para ti, tampoco lo quieras para los demás, ya que, la doble vara de medir implica hipocresía y falsa moral en función de intereses políticos espurios llenos de ideología excluyente, siendo, además, más reprobable cuando esa doble vara se aplica insidiosamente en un entorno institucional.

Queda trasparente lo que hay, pero, también, es evidente, que no engañan a nadie, de manera, que van a lo que van sin disimulos ni caretas, concretamente, van a imponer si o si su ideología autoritaria y excluyente, razón por la que no queda otra que defender el estado de derecho y nuestras libertades, pues ni uno ni otras se defienden solas.

Siguiendo el hilo, hay que poner sobre la mesa, también, que la Conferencia Episcopal Española (C. E. E.) apoyó los indultos del Gobierno a los condenados del -Proces- contra el criterio del T. S., y, curiosamente, ahora el Obispado de Córdoba presenta  alegaciones al anteproyecto de la Ley de Patrimonio del Gobierno, que considera -propia de países dictatoriales-, diciendo el Sr. Obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, que considera, que la norma que prepara el Gobierno -no tiene en cuenta la libertad religiosa-, y, que -se trata de una ley invasiva-, con la mentalidad del Estado soy yo, y, legislo sobre todo lo humano y lo divino.

Es lo malo de estar en misa y repicando, de la doble vara de medir, que impide, se quiera reconocer o no, que no se puede estar en dos sitios a la vez,  de manera, que los Obispos con su Presidente Mons. Omella y Omella deben aclarar a los españoles, si están con la Ley o escorados hacia una aplicación excluyente y unilateral de la misma, según convenga en cada momento a sus intereses.

La verdad es, que en los dos sitios a vez no se puede estar, la diga Agamenón o su porquero.

La C. E. de 1978 dice (art. 9), que “los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico”.

Ocurre, que, en España están en desuso el respeto a la ley y el principio de legalidad, además, unos pocos demasiados políticos y sus corifeos quieren demoler la Constitución.

El cumplimiento por todos (poderes públicos y ciudadanos) del “respeto a la ley” es una necesidad y/o finalidad permanente e inderogable.

N.B.  La inconstitucionalidad del estado de alarma y la postura de la C. E. E. son ejemplos de falta de respeto a la Ley, porque, se quiera admitir o no, la legalidad para todos es la única forma de democracia plena, lo que impide aplicar una doble vara de medir, porque -el fin nunca justifica los medios-, y, siempre es preferible la libertad que la seguridad que la sacrifica.

Si el poder político y los representantes de la sociedad civil se separan de la ley, aunque sea creando una mera apariencia de legalidad con el pretexto de una pretendida seguridad sin libertad, la democracia deriva hacia un régimen autoritario, despareciendo los principios que sostienen el Estado de Derecho, y, con ellos nuestros derechos y libertades fundamentales.

Córdoba, a 18 de julio de 2021

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Tribunal Constitucional – alarma confinada – tarde, demasiado tarde (los daños ya están hechos y la reparación imposible)

Que el Tribunal Constitucional haya declarado, que el Estado de Alarma (02/20) vulneró derechos fundamentales y que por ello fue inconstitucional es “una buena noticia”.

Así mismo, es una verdad indiscutible, que el T. C. ha fallado tarde, cuando el daño ya estaba hecho y la reparación resulta imposible.

También es indudable, que ha existido abuso de poder por parte del Gobierno del Presidente Sánchez, y, que las libertades públicas de los españoles se han visto duramente afectadas.

Ahora se habla de multas nulas y otras cosas menores, pero lo realmente importante es saber, que va a hacer el Gobierno para desfacer parte del siniestro cometido sobre los españoles, aunque parece por las declaraciones de los portavoces del Ejecutivo (aunque vaya en dirección contraria por la autopista), que solo ellos llevan la razón y que todos los demás estamos equivocados. Lo dicho, en dirección contraria y gritando a los que van en la dirección correcta.

El Gobierno dice, que no están de acuerdo con el fallo del T. C., y, que han salvado 450.000 vidas para justificar su actuación inconstitucional, cosa aceptable como derecho que tiene a la libertad de expresión, pero resulta penoso defender algo así, cuando los españoles carecemos de -información veraz-, al no saber, por ejemplo, aún el número real de fallecidos, el número de contagiados, etc. etc. etc., y, ellos tienen la certeza del número de vidas salvadas por su actuación inconstitucional.

Cuando el Presidente Pedro Sánchez anunció el estado de alarma el 14 de febrero de 2020, se pasó de frenada y traspasó varios pueblos, anulando derechos fundamentales de los españoles, que de alguna forma deberían ser indemnizados, reparándose el daño causado, que no solo es cuestión de dinero, sino sobre todo de dignidad, de libertad y de respeto a la ley.

El Gobierno del Sr. Sánchez debería empezar por asumir responsabilidades, -reconociendo públicamente su error o lo que sea-, -comprometiéndose a dar ejemplo de respeto a la ley-, -mostrando arrepentimiento por haber vulnerado derechos fundamentales de los españoles- y -solicitando a los mismos “un indulto”-, que los ciudadanos deberían conceder o no mediante la celebración de un referéndum al efecto.

Es cierto, que soy un optimista irredento, pues todos dirán que lo que pido es un imposible, cosa que puede ser verdad, pero lo que es indiscutible, es que se han eliminado nuestras libertades durante muchos días mediante un abuso de poder del Gobierno de la Nación, que el T. C. ha declarado inconstitucional, digan lo que digan los voceros oficiales del Ejecutivo.

Con independencia de lo dicho, es también cierto, que otras posibilidades y otras soluciones eran posibles sin vulnerar derechos fundamentales de los españoles, que países como Suecia o Noruega han puesto de manifiesto, que se pueden hacer. A todo ello, hay que añadir la profusión de noticias distorsionadas gubernamentales y la absoluta opacidad con carencia absoluta de información veraz, de manera, que la solución inconstitucional ha sido el confinamiento de los españoles sin derechos y libertades y en total oscuridad informativa, solo aplausos con acoso y derribo.

Oficialmente la culpa de todo la tiene el Tribunal Constitucional que ha adoptado una resolución atrabiliaria contra el Gobierno de España.

La suyas son (ha dicho la Sñr.ª Robles) –elucubraciones doctrinales– sin –sentido de Estado-, aunque, sin duda, su deslegitimación del T. C. comporta desprecio a la división de poderes.

*** Finalmente, dejando todo lo anterior al pairo, lo mejor es lo que se quiere hacer en Andalucía para dar ejemplo, que consiste en aprobar –que haya sueldos vitalicios para los expresidentes de la Junta-, que es algo, que todos los andaluces estamos esperando como agua de mayo para olvidar la vulneración de nuestros derechos fundamentales; es decir, una especie de bálsamo de Fierabras, que lo curará todo, incluidas las presiones reconocidas del Gobierno a miembros de Tribunal Constitucional.

N.B. El Tribunal Constitucional ha fallado contra el Estado de Alarma tarde, demasiado tarde (17 meses), cuando los daños ya están hechos y la reparación resulta imposible, aunque, más vale tarde que nunca.

La reacción del Gobierno un dislate fuera del sentido común, que, de nuevo, pone en peligro la seguridad jurídica y el estado de derecho.

El que piense, que este asunto ha terminado con la sentencia del T. C., se equivoca de principio a fin, ya que,  ante la reacción airada del Gobierno y sus corifeos, es más necesaria que nunca una actuación de todos los poderes públicos y de la sociedad civil en defensa de la Constitución y del Estado de Derecho.

Resulta evidente la intención del Gobierno de seguir demoliendo nuestro Estado social y democrático de Derecho, que consagra como los valores superiores de nuestra democracia: la -libertad-, la -justicia-, la -igualdad-, el -respeto a la ley-, la -división de poderes- y el -pluralismo político.

Diga lo que diga el Gobierno y sus voceros: El fin nunca justifica los medios”.

Córdoba, a 16 de julio de 2021

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Contratos temporales III – productividad – absentismo – precariedad (flexibilidad – confianza – seguridad jurídica)

El Ministerio de Trabajo quiere acabar con la contratación temporal, con una reforma laboral diseñada desde la ideología extrema de la Sñrª. Díaz, lo que no implica, que esté equivocada en todo, sino que su reforma así construida, basada en la rigidez normativa y en el trágala unilateral esta condenada a ser inaplicable, ya que, un asunto de esta importancia para el empleo (o mejor para el desempleo) debe nacer de un consenso de todos y de una ley flexible que permita la adecuación del mercado de trabajo legal a la realidad.

La norma de la reforma laboral no puede ser una imposición nacida de una visión colectivista del mercado de trabajo, dominada a la vez solo por una ideología extrema y excluyente de los demás, pues una ley aplicable no puede paralizar la contratación y el empleo, aumentando el paro endémico que padecemos, sobre todo en algunas zonas de España como Andalucía, así:

a). – La ley que reforme el mercado de trabajo en España,  tiene que ser flexible e insertada en la realidad laboral, de forma, que, si no es así, la norma resultará inservible para sus propios fines, llevando a situaciones límites de inaplicación y a consecuencias perversas.

b). – La norma que soslaye el gravísimo problema del desempleo en España, partirá de un imposible, conllevando un crecimiento del paro y/o impidiendo su reducción, porque penalizará la creación de empleo.

c). – Las normas que afecten al mercado laboral, deben ser de desarrollo sostenido progresivo por sectores productivos y consensuadas, ya que, toda medida radical unilateral llevará al fracaso de la norma en algunos sectores, que destacan por la especialidad y modalidad de sus tiempos productivos muy aleatorios.

d). – La Ley que se está publicitando desde el Gobierno se basa en una apuesta unidireccional, que disparará la litigiosidad colapsando los juzgados de lo social.

e). – La ley exige un plan adecuado a la estructura real del tejido productivo, y, además, un estudio económico adjunto a la misma,   que ha posible su realización concreta. Es decir, es necesaria una inversión cuantificada y adecuada a la realidad de nuestro mercado de trabajo sin inmersiones en posturas ideológicas excluyentes.

f). – La Ley no puede olvidar, que los defectos que provocan desequilibrios en la contratación residen en la baja productividad, en el alto absentismo, en la baja cualificación profesional de los trabajadores y en la falta de un modelo consensuado de incentivos laborales (económicos y sociales).

g). – La ley debe devolver la confianza en el respeto a la norma y la seguridad jurídica, ya que, sin ellas será imposible crear empleo estable y de calidad, pues el problema de la temporalidad no está solo en la duración de los contratos, sino en algo tan evidente como la calidad del puesto de trabajo y las retribuciones del mismo.

*** Sin mejora de la productividad no habrá empresas competitivas, que creen puestos de trabajo estables y de calidad; de igual manera, que sin trabajadores cualificados no existirá mejora productiva.

Se quiera ver o no, solo hay una manera de salir del bucle destructivo del desempleo crónico y enquistado que soportamos, que reside no en eliminar la temporalidad al grito de basta ya sin tener una solución al problema, sino en crear las condiciones económicas y productivas que permitan empresas competitivas, y, ello solo será posible con una legislación ágil y flexible, que devuelva la confianza y la seguridad jurídica.

Que hay que mejorar la temporalidad, por supuesto que sí, pero antes hay que fabricar el cesto, que admita crear empleo estable y sólido, y, donde las diferencias entre trabajadores indefinidos y temporales sea solo la duración del contrato, de forma, que hay que empezar, por eliminar las diferencias entre ambas modalidades de contratación en retribuciones y calidad en el trabajo en todos los sentidos.

Finalmente, la lucha contra la precariedad laboral debe ser un objetivo prioritario de la ley y de la reforma laboral.

N.B. Los contratos temporales precarios se sostienen por la baja productividad y el absentismo generalizado, de ahí, que la reforma laboral solo puede descansar en la flexibilidad, la confianza y la seguridad jurídica.

El que piense, que este asunto de la temporalidad se puede llevar a cabo en una sola dirección, se equivoca de principio a fin, ya que,  es necesaria una actuación consensuada de todos los poderes públicos y de la sociedad civil, en defensa de un sistema abierto de contratación justa, lo contrario, sería abjurar de nuestro Estado social y democrático de Derecho, que consagra como valores superiores la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.

Contraponer desde la unilateralidad ideológica -contratos temporales- y -trabajadores indefinidos-, distinguiendo entre lo malo y lo bueno supone implantar la nada.

La finalidad debe ser igualar en sus condiciones a trabajadores indefinidos y temporales, cosa que solo es posible con un sistema flexible de contratación, equitativo y justo, que respete la igualdad que proclama el art. 14 de la C. E., sin necesidad de cargarse incluso lo que funciona.

Córdoba, a 14 de julio de 2021

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Contratos temporales II – cuña de la misma madera (reforma laboral – indultos – engañar a nadie)

En estos días de cambalaches, acuerdos inexplicados e indefinición en la incertidumbre, solo hay una cosa clara, -“que el Gobierno de España no engaña a nadie, que no quiera ser engañado”-.

La CEOE, con el Sr. Garamendi al frente, tacha de -inaceptable- la propuesta del Gobierno sobre la reforma laboral, y, entre otras cosas dice, que rechaza:  que el contrato fijo sea el tipo de contrato ordinario, porque se parte de la desconfianza y la sospecha hacia la empresa.

Como planteamiento inicial de la CEOE no está nada mal, aunque habría que, hacerles a esos dirigentes empresariales agazapados en sus colectivos profesionales una pregunta:

¿Acaso esperaban otra cosa de un Ministerio de Trabajo dominado por una conocida ideología nunca escondida?

Con razón se dice, que no hay peor cuña que la de la misma madera.

Sin duda esta cuña sale de la misma madera de -los indultos-, que la CEOE aprobó sin distinciones (entre lloros) con aplausos unánimes a su Presidente Sr. Garamendi, cuando dijo lo que dijo; de forma, que ahora está recogiendo el fruto de sus apaños, aunque con una diferencia, la regulación colectivista llena de ideología extrema y excluyente, les llegará a todos los empresarios, con una regulación de la contratación temporal apartada de la realidad de la empresa en España.

Así mismo, es un hecho cierto, que la CEOE nadie sabe dónde está, a diferencia del Gobierno y de la Ministra de Trabajo que todos sabemos donde están y a donde van, de manera, que engañar no engañan a nadie, que no quiera ser engañado.

La norma, que se impone a la CEOE y que motiva su protesta cautiva, será una reforma laboral llevada a cabo contra la contratación temporal, de forma, que, aunque nadie desconoce los excesos de la temporalidad sin fin en nuestro tejido productivo, la Ley no puede ser un trágala, que paralice la contratación y el empleo, así:

a). – La ley que regule el tema, tiene que ser flexible y aplicable a la realidad, de forma, que, si no es así, la norma resultará inservible para sus propios fines.

b). – La dura realidad del desempleo en España imposibilita que se adopten normas, que de cualquier forma conlleven un aumento del mismo y/o impidan su reducción, penalizando la creación de empleo.

c). – Las medidas que afecten al mercado laboral, deben ser de desarrollo sostenido progresivo por sectores productivos y consensuadas, ya que, toda medida radical unilateral llevará al fracaso de la norma en algunos sectores, como pueden ser construcción, hostelería, agricultura, etc., que destacan por la especialidad y modalidad de sus tiempos productivos muy aleatorios.

d). – La litigiosidad se disparará con una regulación inflexible y alejada de la realidad, dando lugar a situaciones de colapso en los juzgados de lo social.

e). – No se debe olvidar, que toda norma que pretenda reformar el mercado laboral, necesita, con carácter imprescindible, un plan adecuado a la estructura real del tejido productivo, y, además, una dotación económica adjunta al mismo, que posibilite su realización concreta y verdadera. Es decir, es necesaria una inversión cuantificada y realista.

En resumen, la CEOE debe dejar de jugar a la política, a las subvenciones y a los artificios profesionales de sus dirigentes, dedicándose a sus fines verdaderos, que al poco que se mire van en una dirección, concretamente, el interés de los empresarios grandes y pequeños, incluidos, por supuesto,  los emprendedores autónomos.

N.B. A la CEOE y a sus dirigentes profesionalizados se les pide, simplemente, que hagan lo que tienen que hacer, que no es otra cosa, que contribuir a establecer un mercado laboral que funcione.

Si tienen alguna duda, que pregunten a la CEE y a su presidente M. Omella y Omella, que con seguridad es la misma madera, o si se prefiere la peor cuña.

Contraponer desde la unilateralidad ideológica -contratos temporales- y -trabajadores indefinidos-, distinguiendo entre lo malo y lo bueno en razón de un mantra dogmático (-entre lo que no se quiere reconocer que existe y lo que solo se quiere regular por ley extrema-), supone defender una ensoñación en la realidad diaria.

Hay que conseguir arbitrar una norma, que permita igualar en sus condiciones de trabajo a productores temporales e indefinidos, cosa que se puede lograr con un sistema flexible de contratación, equitativo y justo, que respete la igualdad que proclama el art. 14 de la C. E., sin necesidad de aniquilar todo lo demás.

En este asunto de la temporalidad es necesaria una actuación consensuada del Gobierno, de todos los poderes públicos y de la sociedad civil, en defensa de un sistema abierto de contratación justa, lo contrario, sería abjurar de la Constitución Española de 1978, que consagra en su artículo 1.: Que España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.

Córdoba, a 10 de julio de 2021

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.