{"id":3282,"date":"2021-05-23T08:43:42","date_gmt":"2021-05-23T06:43:42","guid":{"rendered":"https:\/\/www.andalucialegal.com\/?p=3282"},"modified":"2021-05-23T10:34:57","modified_gmt":"2021-05-23T08:34:57","slug":"deber-de-abstencion-autoridades-y-personal-aa-pp-motivos-legalidad-respeto-a-la-ley","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.andalucialegal.com\/?p=3282","title":{"rendered":"Deber de abstenci\u00f3n – autoridades y personal AA. PP. (motivos – legalidad – respeto a la ley)"},"content":{"rendered":"\n

La Ley 40\/2015, de 1 de octubre, de R\u00e9gimen Jur\u00eddico del Sector P\u00fablico dice en su art\u00edculo 23 sobre la abstenci\u00f3n, <\/strong>lo siguiente:\u00a0<\/p>\n\n\n\n

<<<\/u><\/strong> 1.<\/strong> Las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones,<\/em> en quienes se den algunas de las circunstancias se\u00f1aladas en el apartado siguiente, se abstendr\u00e1n de intervenir en el procedimiento y lo comunicar\u00e1n a su superior inmediato<\/em>, quien resolver\u00e1 lo procedente.<\/p>\n\n\n\n

2. <\/strong>Son motivos de abstenci\u00f3n los siguientes<\/em>:<\/p>\n\n\n\n

a)<\/strong> Tener inter\u00e9s personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resoluci\u00f3n pudiera influir la de aqu\u00e9l; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuesti\u00f3n litigiosa pendiente con alg\u00fan interesado<\/em>.<\/p>\n\n\n\n

b)<\/strong> Tener un v\u00ednculo matrimonial o situaci\u00f3n de hecho asimilable y el parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y tambi\u00e9n con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento, as\u00ed como compartir despacho profesional o estar asociado con \u00e9stos para el asesoramiento, la representaci\u00f3n o el mandato.<\/p>\n\n\n\n

c)<\/strong> Tener amistad \u00edntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en el apartado anterior<\/em>.<\/p>\n\n\n\n

d) Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate.<\/p>\n\n\n\n

e) Tener relaci\u00f3n de servicio con persona natural o jur\u00eddica interesada directamente en el asunto, o haberle prestado en los dos \u00faltimos a\u00f1os servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar.<\/p>\n\n\n\n

3.<\/strong> Los \u00f3rganos jer\u00e1rquicamente superiores a quien se encuentre en alguna de las circunstancias se\u00f1aladas en el punto anterior, podr\u00e1n ordenarle<\/em>, que se abstengan de toda intervenci\u00f3n en el expediente.<\/p>\n\n\n\n

4.<\/strong> La actuaci\u00f3n de autoridades y personal al servicio de las Administraciones P\u00fablicas en los que concurran motivos de abstenci\u00f3n no implicar\u00e1, necesariamente, y en todo caso, la invalidez de los actos en que hayan intervenido.<\/p>\n\n\n\n

5.<\/strong> La no abstenci\u00f3n en los casos en que concurra alguna de esas circunstancias dar\u00e1 lugar a la responsabilidad que proceda<\/em>. >><\/u><\/strong><\/p>\n\n\n\n

*** La Ley de R. J. S. P., seg\u00fan se puede comprobar, es clara y terminante en relaci\u00f3n con la abstenci\u00f3n de las autoridades y personal de las administraciones p\u00fablicas, pero, curiosamente, es una norma que pr\u00e1cticamente resulta raramente aplicable, aunque la Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola establece en su art\u00edculo 9<\/em>, que \u201c<\/strong>los ciudadanos y los poderes p\u00fablicos est\u00e1n sujetos a la Constituci\u00f3n y al resto del ordenamiento jur\u00eddico\u201d<\/strong>, y, que \u201c<\/strong>se garantiza el principio de legalidad, la jerarqu\u00eda normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jur\u00eddica, la responsabilidad y la interdicci\u00f3n de la arbitrariedad de los poderes p\u00fablicos\u201d<\/strong>; a\u00f1adiendo en su art\u00edculo 10<\/em>, que \u201c<\/strong>\u2026   \u2026 el respeto a la ley es uno de los fundamentos del orden pol\u00edtico y de la paz social\u201d<\/strong>, y, en su art\u00edculo 103<\/em>, que \u201c<\/strong>la Administraci\u00f3n P\u00fablica sirve con objetividad los intereses generales y act\u00faa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarqu\u00eda, descentralizaci\u00f3n, desconcentraci\u00f3n y coordinaci\u00f3n, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho\u201d<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

As\u00ed mismo, la Ley R. J. S. P. en su art\u00edculo 3.  sobre Principios Generales dice:<\/p>\n\n\n\n

<<<\/u><\/strong> 1. Las Administraciones P\u00fablicas sirven con objetividad los intereses generales y act\u00faan de acuerdo con los principios de eficacia, jerarqu\u00eda, descentralizaci\u00f3n, desconcentraci\u00f3n y coordinaci\u00f3n, con sometimiento pleno a la Constituci\u00f3n, a la Ley y al Derecho.<\/p>\n\n\n\n

Deber\u00e1n respetar en su actuaci\u00f3n y relaciones los siguientes principios:<\/p>\n\n\n\n

a) Servicio efectivo a los ciudadanos.<\/p>\n\n\n\n

b) Simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos.<\/p>\n\n\n\n

c) Participaci\u00f3n, objetividad y transparencia de la actuaci\u00f3n administrativa.<\/p>\n\n\n\n

d) Racionalizaci\u00f3n y agilidad de los procedimientos administrativos y de las actividades materiales de gesti\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

e) Buena fe, confianza leg\u00edtima y lealtad institucional.<\/p>\n\n\n\n

f) Responsabilidad por la gesti\u00f3n p\u00fablica. >><\/u><\/strong><\/p>\n\n\n\n

Por otro lado, la Ley 39\/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Com\u00fan de las Administraciones P\u00fablicas establece en su art\u00edculo 13. sobre los derechos de las personas en sus relaciones con las administraciones p\u00fablicas,  que \u201c<\/strong>quienes tienen capacidad de obrar ante las Administraciones P\u00fablicas, son titulares, en sus relaciones con ellas, de los siguientes derechos:<\/p>\n\n\n\n

f) A exigir las responsabilidades de las Administraciones P\u00fablicas y autoridades, cuando as\u00ed corresponda legalmente.<\/p>\n\n\n\n

h) A la protecci\u00f3n de datos de car\u00e1cter personal, y en particular a la seguridad y confidencialidad de los datos que figuren en los ficheros, sistemas y aplicaciones de las Administraciones P\u00fablicas.<\/p>\n\n\n\n

i) Cualesquiera otros que les reconozcan la Constituci\u00f3n y las leyes\u201d<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

*** La Ley, en relaci\u00f3n con la obligaci\u00f3n de abstenerse las autoridades y personal de las AA. PP., es clara y terminante, de forma, que sobra cualquier duda en la aplicaci\u00f3n de la misma en los casos en que procede la abstenci\u00f3n<\/em>, sin embargo, como se ha dicho, resulta extra\u00f1o, que se produzcan abstenciones en las administraciones por parte de sus autoridades y personal<\/em>, hecho que es frecuente en los \u00f3rganos de la administraci\u00f3n de justicia, aunque, lo verdaderamente sorprendente es<\/em>, que cuando se incumple de forma patente el deber de abstenci\u00f3n en la Administraci\u00f3n,  nunca ocurre nada<\/em>, y, ni la autoridad o personal administrativo es objeto del preceptivo expediente sancionador<\/em>, quedando todo en una flagrante impunidad.<\/p>\n\n\n\n

Es cierto, que siempre habr\u00e1 qui\u00e9n se escude en el derecho de recusaci\u00f3n del ciudadano<\/em>, pero esa no es la cuesti\u00f3n, ya que, cuando el interesado particular ejercita su derecho a la recusaci\u00f3n, siempre cabe la posibilidad, de que el \u00f3rgano administrativo en quien recae el trabajo del recusado act\u00fae de forma irregular contra el ciudadano<\/em>, hecho que se puede discutir, sobre si ocurre as\u00ed o no, pero de lo que no hay duda, es que el interesado recusador, siente sobre s\u00ed una espada invisible, que le anima a desistir de su reclamaci\u00f3n contra la autoridad o funcionario recusado<\/em>, por lo que le pueda caer encima.<\/p>\n\n\n\n

Se insistir\u00e1 por los defensores de la validez de las recusaciones<\/em>, en que lo expuesto no sucede, pero lo cierto es, que como dice el refr\u00e1n -\u201cdonde las dan las toman<\/em>\u201d-, que como todo el mundo sabe, se emplea para advertir, <<a quien ha hecho alguna faena que seguramente recibir\u00e1 la r\u00e9plica correspondiente<\/em>>>.<\/p>\n\n\n\n

Por lo dicho, el derecho a la recusaci\u00f3n en forma alguna justifica, la falta de la debida abstenci\u00f3n por la autoridad o funcionario p\u00fablico<\/em>, pues el primer derecho de ninguna manera anula el deber de abstenci\u00f3n<\/strong>, sino que, simplemente, lo complementa, siendo<\/em>, dicho mal y pronto, el \u00faltimo recurso<\/em>.<\/p>\n\n\n\n

Es verdad, que la Ley dice, que \u201cla no abstenci\u00f3n en los casos en que concurra alguna de esas circunstancias dar\u00e1 lugar a la responsabilidad que proceda<\/em>\u201d, pero claro ocurre, que eso no hay quien se lo crea entre los ciudadanos de -a pie-.<\/p>\n\n\n\n

La cosa es muy simple<\/em>, no hay m\u00e1s que examinar los casos de responsabilidades efectivas de autoridades y personal administrativo en casos reales en que se haya procedido y\/o sancionado a esos responsables administrativos a abstenerse y que no lo hayan hecho: Su n\u00famero, con bastante certeza, ser\u00e1 cero o casi cero<\/em>.<\/p>\n\n\n\n

Tambi\u00e9n, es cierto, que se puede acudir a la justicia pidiendo amparo<\/em>, pero esto ya supone entrar en un laberinto de costas y gastos impredecibles y de resultados aleatorios (con todos los sin\u00f3nimos que se quieran: ambiguos, arriesgados, azarosos,  improbables, inseguros, oscuros, problem\u00e1ticos y remotos).<\/p>\n\n\n\n

La \u00fanica conclusi\u00f3n razonable para el ciudadano es<\/em>, -que la Administraci\u00f3n est\u00e1 obligada a realizar un ejercicio de vigilancia rigurosa de los derechos de los interesados en esta cuesti\u00f3n-, llevando a cabo una protecci\u00f3n real de los mismos, que garantice la realidad de su derecho y el deber de la autoridad o funcionario p\u00fablico de abstenerse<\/em>.<\/p>\n\n\n\n

*** Completando lo expuesto, constatar que los poderes p\u00fablicos, entre ellos la Administraci\u00f3n, tienen un deber positivo de cumplir la Ley, mientras los ciudadanos tienen la obligaci\u00f3n de respetar la Ley, pero no el mandato de hacer que se cumpla<\/em>, tal y como ocurre con la Administraci\u00f3n y el resto de poderes p\u00fablicos. <\/p>\n\n\n\n

Como se ha se\u00f1alado, la C. E. en sus art\u00edculos 9. y 10. consagra el principio de legalidad y el respeto a la ley. El principio de legalidad constitucional supone, que <\/em>todos los poderes p\u00fablicos se encuentran sujetos a la ley<\/em>. El Pre\u00e1mbulo de la Carta Magna lo se\u00f1ala como finalidad de la misma: \u201c<\/strong>Consolidar un Estado de Derecho que asegura el imperio de la ley como expresi\u00f3n de la voluntad popular<\/em>\u201d<\/strong>.  Y seg\u00fan el Tribunal Constitucional (STC 108\/1986, de 26 de julio) estamos ante un dogma b\u00e1sico de todo sistema democr\u00e1tico. Por todo ello, este principio cobra un especial significado en el \u00e1mbito de la Administraci\u00f3n, que se concreta en la sumisi\u00f3n a la ley de la actividad administrativa -art\u00edculo 103.1 CE-.<\/p>\n\n\n\n

N.B.<\/u><\/strong>  El deber legal de abstenci\u00f3n de las autoridades y personal AA. PP. es algo indiscutible<\/em>, cuando concurren los motivos normativos de la abstenci\u00f3n se\u00f1alados, de manera, que, -si la autoridad o personal de la administraci\u00f3n obligados legalmente a abstenerse no lo hacen-, deber\u00eda siempre iniciarse de oficio el procedimiento sancionador correspondiente<\/em>, exigi\u00e9ndose a los mismos la responsabilidad que proceda, pues el principio de legalidad y el respeto a la ley as\u00ed lo imponen.<\/p>\n\n\n\n

Toda desviaci\u00f3n de poder<\/em>, como puede ser el incumplimiento del deber de abstenci\u00f3n en los casos previstos, es lo contrario al respeto a la Ley<\/em>, siendo sin\u00f3nimo de arbitrariedad<\/em>, significando todo lo contrario al mundo del derecho, agrav\u00e1ndose todo cuando, adem\u00e1s, media la injerencia pol\u00edtica.<\/p>\n\n\n\n

\u201c<\/strong>La realidad es, que sin aplicaci\u00f3n efectiva del principio de legalidad y del respeto a la ley no puede existir el estado de derecho<\/em>\u201d<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

C\u00f3rdoba, a 23 de mayo de 2021<\/p>\n\n\n\n

Fdo. Enrique Garc\u00eda Montoya<\/p>\n\n\n\n

Abogado ICA-C\u00f3rdoba. Inspector de Trabajo y S. S.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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