El fundamento de nuestro Estado Social y Democr\u00e1tico de Derecho es la aplicaci\u00f3n justa de la ley, de manera, que cuando cualquier poder p\u00fablico se salta la ley, la democracia entra en fase de destrucci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Viene esto al caso, porque es un hecho patente y probado que algunos Juzgados de lo Contencioso Administrativo de C\u00f3rdoba han optado por aplicar de forma recurrente el Procedimiento Abreviado del art. 78 de la LJCA, cuando seg\u00fan la Ley de la Jurisdicci\u00f3n en su art. 42.2 deber\u00edan de aplicar el Procedimiento Ordinario, que tiene mayores garant\u00edas de defensa para el recurrente.<\/p>\n\n\n\n
Lo dicho, produce frustraci\u00f3n, sobre todo cuando se enfrenta uno a situaciones repetitivas en las que los recursos no surten efecto y, adem\u00e1s, se imponen costas, lo que genera una sensaci\u00f3n de injusticia, as\u00ed que, profundizaremos un poco en este asunto:<\/p>\n\n\n\n
**Cuando se interponen varias pretensiones en un recurso contencioso-administrativo, *algunas de las cuales son evaluables econ\u00f3micamente y *otras no evaluables econ\u00f3micamente, el procedimiento ordinario debe ser utilizado<\/strong>, ya que los tribunales deben garantizar una tutela efectiva, que no puede resolverse con garant\u00edas en un procedimiento abreviado. (Art. 42.2. de la LJCA).<\/p>\n\n\n\n El procedimiento abreviado (art. 78 de la LJCA) solo ser\u00e1 aplicable, si todas<\/u> las pretensiones se refieren a aspectos evaluables econ\u00f3micamente<\/strong> sin involucrar derechos o cuestiones no valorables.<\/em><\/p>\n\n\n\n El art\u00edculo 42.2 de la LJCA establece, que cuando se plantea un recurso contencioso-administrativo con *pretensiones no evaluables econ\u00f3micamente<\/strong> y *una pretensi\u00f3n evaluable econ\u00f3micamente, la cuant\u00eda del recurso es<\/strong> indeterminada<\/strong>. Y, en consecuencia, se debe aplicar el procedimiento ordinario, independientemente de la cuant\u00eda de la pretensi\u00f3n evaluable.<\/p>\n\n\n\n El art\u00edculo 42.2 de la Ley 29\/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicci\u00f3n Contencioso-Administrativa establece lo siguiente:<\/p>\n\n\n\n \u201c<\/strong>Cuando se trate de pretensiones no evaluables econ\u00f3micamente, la cuant\u00eda ser\u00e1 indeterminada, sin perjuicio de la cuant\u00eda de las pretensiones evaluables econ\u00f3micamente. En tal caso, se tramitar\u00e1 el recurso por el procedimiento ordinario\u201d<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n Dicho de otra forma, que cuando el recurso contiene varias pretensiones, de las cuales algunas son evaluables econ\u00f3micamente y otras no lo son, \u201cla cuant\u00eda se considera indeterminada\u201d para efectos procesales y \u00b4-siempre se tramitar\u00e1 por el procedimiento ordinario-<\/strong>, tal como se establece en el art\u00edculo 42.2. de la LJCA.<\/p>\n\n\n\n ***Procedimiento Ordinario.<\/p>\n\n\n\n El procedimiento ordinario se aplica en estos casos debido a la indeterminaci\u00f3n de la cuant\u00eda del recurso. A pesar de que se pueda evaluar econ\u00f3micamente una de las pretensiones, las pretensiones no evaluables modifican la determinaci\u00f3n de la cuant\u00eda del recurso, lo que implica que el procedimiento ser\u00e1 ordinario<\/em>. Este procedimiento es m\u00e1s detallado y con plazos m\u00e1s largos en comparaci\u00f3n con el procedimiento abreviado, suponiendo mayores garant\u00edas de defensa.<\/p>\n\n\n\n ***Procedimiento Abreviado.<\/p>\n\n\n\n El procedimiento abreviado (art. 78 de la LJCA) se aplica solo cuando la cuant\u00eda del recurso no excede de 30.000 euros, y en casos en los que todas las pretensiones sean evaluables econ\u00f3micamente. Sin embargo, cuando existen pretensiones no evaluables econ\u00f3micamente<\/u>, no se podr\u00e1 utilizar el procedimiento abreviado<\/em>, incluso si la pretensi\u00f3n evaluable es inferior a los 30.000 euros.<\/p>\n\n\n\n En definitiva, cuando, por ejemplo, se plantea un \u00fanico recurso contencioso-administrativo con tres pretensiones (una evaluable econ\u00f3micamente y dos no evaluables), el art\u00edculo 42.2 de la LJCA establece que la cuant\u00eda del recurso ser\u00e1 indeterminada, lo que implica, que el recurso deber\u00e1 tramitarse por el procedimiento ordinario<\/em><\/strong>, sin importar la cuant\u00eda de la pretensi\u00f3n evaluable econ\u00f3micamente.<\/p>\n\n\n\n El problema real aparece, cuando el Juzgado se inclina siempre sin motivaci\u00f3n razonable a aplicar el Procedimiento Abreviado, citando al recurrente a juicio oral, de forma, que, aunque se recurra nadie libra al justiciable de acudir a un acto oral donde sus derechos fundamentales y la ley aplicable son preteridos, dict\u00e1ndose una sentencia irrecurrible por ley<\/strong>, lo que causa un d\u00e9ficit total en su tutela judicial efectiva, causado a la parte afectada indefensi\u00f3n manifiesta.<\/p>\n\n\n\n En la pr\u00e1ctica diaria se puede comprobar, que eso es lo que hay, de manera que se impone la ley subjetiva del Juzgado frente a una aplicaci\u00f3n justa de la ley, que respete el \u201cvalor justicia constitucional\u201d. (Art. 1.1. C. E.).<\/em><\/p>\n\n\n\n N.B.<\/u><\/strong>\u00a0<\/strong>El Procedimiento Abreviado de la LJCA es de uso y abuso recurrente por algunos Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de C\u00f3rdoba, con todos los efectos negativos que ello conlleva.<\/p>\n\n\n\n Nuestro Estado Social y Democr\u00e1tico de Derecho se basa en la aplicaci\u00f3n justa de la ley, de manera, que cuando cualquier poder p\u00fablico se salta la ley, la democracia entra en fase de destrucci\u00f3n.<\/em><\/p>\n\n\n\n C\u00f3rdoba, a 8 de enero de 2025<\/p>\n\n\n\n Fdo. Enrique Garc\u00eda Montoya<\/p>\n\n\n\n Abogado ICA-C\u00f3rdoba. Inspector de Trabajo y S. S.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" El fundamento de nuestro Estado Social y Democr\u00e1tico de Derecho es la aplicaci\u00f3n justa de la ley, de manera, que cuando cualquier poder p\u00fablico se salta la ley, la democracia entra en fase de destrucci\u00f3n. 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