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II. Respeto a la Ley – Estado de Derecho (principio de legalidad y derechos fundamentales)

En estos días de inseguridad jurídica conviene realizar una defensa del respeto a la ley, algo esencial en cualquier estado social y democrático de derecho, como es el nuestro según la C. E.

Sin respeto a la Ley no existe el estado de derecho, pero es lo cierto, que ese deber de respeto es exigible al máximo, cuando se trata de poderes públicos (también a el CGPJ y los Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, que están silentes y en posición de espera), ya que, mientras los ciudadanos tienen un deber general negativo de abstenerse de cualquier actuación que vulnere el cumplimiento de la Ley, los titulares de los poderes públicos tienen, además, un deber general positivo de realizar sus funciones de acuerdo con la Ley.

** La Constitución Española establece lo siguiente:

<< – Artículo 9: 1.  Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. 3.  La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

Artículo 10: 1.  …   …, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social.>>

Además, en España el Tribunal Constitucional se apoya en el respeto a la ley, como fundamento del orden político y de la paz social, para avalar la obligación de respetar el ordenamiento jurídico.

En España se están produciendo a diario dislates tremendos de falta de respeto a la Ley, así que señalaré supuestos claros de falta de respeto a la ley, que son ejemplos de perversión de la ley, pero que son como un el lago de los muertos o piélago, que lo inunda todo, así:

 * Admisión generalizada de la presunción de inocencia invertida como base de cualquier desafuero, de forma, que poderes públicos (incluso una Ministra del Gobierno), televisiones, radios, y muchos medios de comunicación, etc. aceptan algo contrario a la Constitución, que consiste, en defender contra ley que siempre se es culpable en vez de inocente.

La Constitución Española dice:

<< – Artículo 24.

1. Todas las personas tienen derecho a obtener tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión.

2. Asimismo, todos tienen derecho …   … a la presunción de inocencia.>>

Como se ve, constitucionalmente se trata de un despropósito y un dislate jurídico incalificable, pero, que, sin duda, es un claro ejemplo de falta de respeto a la Ley, sobre todo si afecta a los ciudadanos de la calle, como está ocurriendo a diario, ya que, se encuentran indefensos ante la pasividad de los poderes públicos y de un T. C. silente y cautivo, de forma, que cuando se ve la resolución del T. C. alemán sobre la paralización del fondo de recuperación de la U. E., se siente un poco de envidia, al comprobar, que allí existe un contrapoder real.

* La policia sin orden judicial derriba una puerta y entra en un domicilio particular, vulnerando el art. 18. 2 de la Constitución y el derecho fundamental de “la inviolabilidad del domicilio” por una infracción administrativa, cuando acudiendo al Juzgado de Guardia, en minutos, podían haber obtenido una orden judicial.

(Nota: Los particulares implicados está muy claro, que son necios, gilipo…, y unos irresponsables absolutos, pero, sin duda, hay otros métodos legales menos invasivos de las libertades y que no vulneran derechos fundamentales. Algún poder público competente debería tomar medidas inmediatas y serias, para que hechos tan fuera del estado de derecho no se repitieran).

A este respecto la Constitución dice:

<< – Artículo 17. 1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la ley. 3. Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata, y de modo que le sea comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar. Se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales, en los términos que la ley establezca.

– Artículo 18. 2. El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá del domicilio hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito.>>

Aquí hay que recordar, la conocida frase de Winston Churchill de que la democracia consiste en que, cuando suena el timbre de madrugada, uno puede estar seguro de que es el lechero.

En consecuencia, sobra cualquier comentario, pues lo que no podemos, de ninguna manera, es aguantar un estado autoritario y policial con derechos fundamentales suprimidos y coartados; de otra forma, la Constitución no existe ni viviremos en un Estado Social y Democrático de Derecho.

Está claro, que se trata, una vez más, de un ejemplo de falta de respeto a la Ley incalificable e inadmisible en un estado de derecho, donde, se supone, existe la división de poderes constitucionalmente.

* Vivimos desde hace casi un año bajo un estado de alarma inconstitucional, se mire como se mire, con nuestros derechos fundamentales y nuestras libertades suprimidos y/o limitados.

La C. E. dice:

<< – Artículo 116.

1.  Una ley orgánica regulará los estados de alarma, de excepción y de sitio, y las competencias y limitaciones correspondientes. 2.  El estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante alarma decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de quince días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo. El decreto determinará el ámbito territorial a que se extienden los efectos de la declaración. 5. No podrá procederse a la disolución del Congreso mientras estén declarados algunos de los estados comprendidos en el presente artículo, quedando automáticamente convocadas las Cámaras si no estuvieren en período de sesiones. Su funcionamiento, así como el de los demás poderes constitucionales del Estado, no podrán interrumpirse durante la vigencia de estos estados.

6.      La declaración de los estados de alarma, de excepción y de sitio no modificarán el principio de responsabilidad del Gobierno y de sus agentes reconocidos en la Constitución y en las leyes.

– Artículo 53.

1.      Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo Segundo del presente Título vinculan a todos los poderes públicos. Sólo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades, que se tutelarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 161, 1, a).

2.      Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la Sección 1.ª del Capítulo Segundo ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Este último recurso será aplicable a la objeción de conciencia reconocida en el artículo 30.

3.      El reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el Capítulo Tercero informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Sólo podrán ser alegados ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen.

– Artículo 55.

1.  Los derechos reconocidos en los artículos 17, 18, apartados 2 derechos y 3, artículos 19, 20, apartados 1, a) y d), y 5, artículos 21, 28, apartado libertades 2, y artículo 37, apartado 2, podrán ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio en los términos previstos en la Constitución. Se exceptúa de lo establecido anteriormente el apartado 3 del artículo 17 para el supuesto de declaración de estado de excepción.

2.  Una ley orgánica podrá determinar la forma y los casos en los que, de forma individual y con la necesaria intervención judicial y el adecuado control parlamentario, los derechos reconocidos en los artículos 17, apartado 2, y 18, apartados 2 y 3, pueden ser suspendidos para personas determinadas, en relación con las investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas.

La utilización injustificada o abusiva de las facultades reconocidas en dicha ley orgánica producirá responsabilidad penal, como violación de los derechos y libertades reconocidos por las leyes.>>

De nuevo, otro ejemplo mayúsculo de falta de respeto a la Ley incalificable e inadmisible en un estado de derecho, con el poder judicial sometido y cautivo, el T. C. en “stand by” (en espera), el Congreso anulado, los ciudadanos confinados y restringidos en sus derechos fundamentales en un País de puertas derribadas contra ley.

*** Algunas cosas claras.

A pesar de todo, siempre queda un halo de esperanza y algunas cosas están más claras:

1º.- España se desangra por la pandemia, el paro y la ruina, pero los poderes públicos dominantes y sus dirigentes juegan a la ruleta rusa con los españoles, de manera, que ellos a lo suyo y vale todo.

2º.- Sabemos ya, ¿por qué? quieren controlar el poder judicial y su independencia. Ellos no respetan la Ley, ni siquiera la suya, y, además, a mayor inri, ocupan en exclusividad la justicia, yendo todos en tropel a pedir amparo a jueces y tribunales, mientras los ciudadanos de a pie ven, como sus solicitudes de cobijo y amparo judicial se inadmiten una tras otra.

Solo queda creer en la justicia y en la división de poderes, esperando que los jueces, apliquen la Ley sin condicionamientos ideológicos, y, siempre en favor del pueblo dónde reside la soberanía, y, del que nace, crece y se sostiene la justicia en las democracias constitucionales.

N. B.   Sin respeto a la Ley por todos y, especialmente, por los poderes públicos no existe el Estado de Derecho Constitucional.

Sin ejemplaridad de los poderes públicos en el cumplimiento de la ley, es una ofensa a los españoles, que se les pida su cumplimiento.

Sin embargo, lo peor es, que actúan así contra la ley algunos muchos, quizás demasiados, porque se sienten impunes, de forma, que les da igual, aunque puede ser cierto, que los culpables son los ciudadanos por su mala memoria.

Solo una pregunta: ¿alguien puede explicar lo que está ocurriendo en España y por qué se ignora por los poderes públicos la Ley?

No se puede poner en duda, que las cosas están muy claras, luego que nadie se queje.

Córdoba, a 30 de marzo de 2021

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Estado sin derecho – U.E. – un paso más (Estado Social y Democrático de Derecho ¿de verdad?)

La vicepresidenta de la Comisión Europea responsable del Estado de Derecho, Vera Jourova ha avisado, de todas las formas posibles y de manera reiterada, sobre la necesidad de que los Estados no socaven el Estado de Derecho.

La U. E. ha realizado, en ese sentido al Gobierno de España sobre la necesidad del Estado de Derecho, varias advertencias, aunque parece, que el Presidente Sánchez y su Gobierno siguen instalados en el mundo de los justos y de los ajenos a la verdad, pues la condicionalidad del Estado de Derecho no va con ellos.

En estos días, el Gobierno de España ha traspasado todas las líneas de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho consagrado en la C. E. y que la U. E. considera esencial en sus Estados Miembros, así:

1º.- Reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que está realizando el Gobierno, a través de una proposición de ley socialista y podemista.

2º.- Nuevo Estado de Alarma: Seis meses sin control del Gobierno por el Parlamento.  La intención del Presidente Sánchez es someter un Decreto Ley de Alarma a una prórroga extralegal de hasta seis meses y, por tanto, a una única votación parlamentaria, con todos los excesos que hemos visto del Gobierno en el anterior Estado de Alarma.

Eso implica que el Gobierno habrá eliminado el control de las Cámaras, al eliminar las prórrogas que, según la C. E., deberían ser de quince días.

Por otro lado, el T. C. de vacaciones permanentes, en un estado perfecto de eliminación de la división de poderes en un “estado sin derecho”.

3º.- Gobernando permanentemente a través de R. D. Ls. sin control ni mesura.

Sin más comentarios: ¿Cuántos R. D. Ls? ha aprobado el Gobierno?

4º.- Ataque sin precedentes a los derechos fundamentales de los españoles, que resultarán eliminados por un Gobierno liberticida durante seis meses. Veremos cuando se recuperan los derechos y libertades, pues perderlas es muy fácil, pero volverlas a tener es más complicado, no hay más que ver la historia de España, que algunos hemos vivido de primera mano en los últimos 40 años previos a nuestra Constitución democrática.

Todo, además, sin derecho de información veraz, qué, por ciento, nadie políticamente, quiere reconocer ni aplicar de verdad.

Al final, todo quedará en la culpa de Europa, que como siempre nos ha abandonado, siendo los políticos españoles unos mártires de la maltratada España. Si no al tiempo.

Las advertencias de la U. E. sobre la vigencia del Estado de Derecho, no iban dirigidas solo Hungría, no iba dirigidas a un Estado en particular, sino a todos en general.

Entre otras cosas, la atribución de poderes excepcionales, la proporcionalidad y, especialmente, el control es lo que más preocupa a Bruselas. En el informe sobre el Estado de Derecho en la UE, publicado el pasado septiembre, se analizan precisamente los mecanismos activados en cada país para hacer frente a la pandemia. En el caso español, se destacan especialmente la capacidad de control parlamentario y por parte del Tribunal Constitucional. La proporcionalidad, también es un factor clave en el examen de la U. E., al señalarse, que el Constitucional puede también controlar si el Gobierno ha rebasado su margen de actuación legal dentro de un Estado de Derecho.

El Gobierno ha buscado el vacío legal para plantear un estado de alarma largo, puesto que la Constitución no dice nada sobre la duración de las sucesivas prórrogas.

N.B. Es manifiesto, que entramos en un Estado sin derecho fuera de las directrices de la U.E. y a un paso más del incumplimiento de esa condicionalidad esencial en Europa. Después, vendrán las consecuencias negativas para España, pero la culpa será de la U. E. y de sus hombres de negro, ya que, los políticos españoles son mártires de la libertad, de la solidaridad, del gasto público desnortado y del sacrificio permanente por los españoles.

Entra en el olvido, que la única solución está en los españoles libres e iguales en un Estado Social y Democrático de Derecho, siempre, con información veraz permanente e inmediata y en la implantación de una libertad plena y en todos los sentidos. Sin derechos y libertades no existe Estado de Derecho, sin división de poderes no existe Estado de Derecho y sin un poder judicial realmente independiente no existe Estado de derecho, de forma que un Estado de Alarma de seis meses es un despropósito legal inconstitucional, que la U. E. nos acabará cobrando por todos lados y por todos los medios posibles.

Mientras tanto, además, PGE con más gasto innecesario, más impuestos para las clases medias especialmente, y, esperando complacidos cuando llegarán los 70.000 millones o los 140.000 millones, pues seguimos sin saber, si el Gobierno reclamara todos los Fondos del Recuperación, o, solo las partidas a fondo perdido. En definitiva, todo inseguridad jurídica, arbitrariedad, ilegalidad y un paso más hacia los terrenos movedizos de los recortes de libertades y derechos.

Córdoba, a 27 de octubre de 2020

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Prevaricación administrativa (el filósofo y el capitán)

Según cuenta Platón en su diálogo de la Apología de Sócrates, este se defendió de una acusación falsa ente el Tribunal de los 500 de Atenas y fue condenado a beber la cicuta por defender la verdad.

En España, muchos vamos a tener que beber la cicuta, ante la mentira y una prevaricación administrativa de libro de nuestro filósofo catalán independentista al que apoya sin fisuras su Gobierno, si los españoles no toman cartas en el asunto, unidos en defensa de nuestros derechos y libertades y del Estado de Derecho Constitucional.

Desde el punto de vista legal, conviene citar;

1º.- El artículo 404 del Código Penal tipifica el delito de prevaricación administrativa, en relación con la autoridad y/o funcionario público que dictare una resolución injusta a sabiendas, así dice: “A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince años”.

[La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, de la que puede ser exponente la STS 606/2017, de 7 de julio, para que aflore el delito de prevaricación será preciso:

a).    Que se dicte una resolución arbitraria por autoridad o funcionario en asunto administrativo;

b).   Que ocasione un resultado materialmente injusto;

c).    Que la resolución se dicte con la finalidad de hacer efectiva la voluntad particular de la autoridad o funcionario, consciente de que actúa contra el derecho; y

d).   Que la actuación sea intencionada, “a sabiendas”, en la terminología del precepto penal, es decir, que se adopte la resolución con pleno conocimiento de su injusticia. En relación con este último presupuesto, la STS 766/1999, de 18 mayo, afirma que este elemento subjetivo exige, que la autoridad o funcionario, teniendo plena conciencia de que resuelve al margen del ordenamiento jurídico y de que ocasiona un resultado materialmente injusto, actúe de tal modo porque quiere ese resultado y antepone el contenido de su voluntad a cualquier otro razonamiento o consideración, esto es, con intención deliberada y plena conciencia de la ilegalidad del acto realizado, ( STS. 443/2008 de 1.7), lo que permite excluir aquellos supuestos en los que el funcionario tenga “dudas razonables” sobre la injusticia de su resolución. Estima la doctrina que en esta última hipótesis nos hallaríamos en el ámbito del derecho administrativo-sancionador.]

2º.- Nuestra Constitución dice en su artículo 14, que “los españoles son iguales ante la ley”, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social;

Sin embargo, lo expuesto no es lo único, ya que el artículo 9. 3. de la C. E. garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

3º.- El Código Civil dice en su artículo 6. 4. que: “Los actos realizados al amparo del texto de una norma, que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico, o contrario a él, se considerarán ejecutados en fraude de ley y no impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiere tratado de eludir”.

** Por lo dicho, es algo muy claro, que el estado de alarma constitucional no está para aplicarlo en fraude de ley sin mesura y sin proporcionalidad, rompiendo, además, la igualdad entre los españoles que garantiza el art. 14 de la Constitución.

Por ello, muchos españoles sentimos miedo, peligro e incertidumbre, ya que si hay algo que destroce y elimine la seguridad jurídica y la confianza de los ciudadanos, eliminando sus libertades, es cuando, los poderes públicos desoyendo el art. 9 de la Constitución ignoran la aplicación justa de la Ley, adoptando medidas desproporcionadas y aprobando normas arbitrarias, desconociendo, a sabiendas, que nuestra Carta Magna consagra, que “los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico”.

¿Alguien puede creer, que el Gobierno de España ha aprobado su R. D. L. de alarma de Madrid en base a la salud de los madrileños y de los españoles con arreglo a la Constitución, o, por el contrario, es más cierto que ha actuado movido por la soberbia y la prepotencia derivadas del rencor ideológico?

** Es un hecho cierto, que el filósofo, su capitán y su gobierno están fuera de la ley y contra la Ley, simplemente, están fuera del Estado de Derecho y contra la división de poderes, ya que ni aceptan la Ley ni las resoluciones del Poder judicial, imponiendo un estado de alarma en Madrid, que, sin duda, bordea el delito de prevaricación administrativa, afectando no solo a los madrileños, sino a todos los españoles, porque, sí o sí, ocasiona y ocasionará gravísimos daños sociales y económicos a todos ellos.  

El estado de alarma impuesto a la C. C. A. A. de Madrid, no ha hecho otra cosa, que imponer por la fuerza y en fraude de ley las medidas que el TSJM declaró inconstitucionales, pasado por encima del Poder judicial sin disimulos y con toda la prepotencia posible. Vamos un dislate jurídico, que vulnera cualquier mesura y proporcionalidad en la aplicación de la Ley.

N.B.  Los españoles estamos inmersos en la incertidumbre por la actuación del filósofo y su capitán, y, vemos, que estamos abocados al desastre, ya que, sin seguridad jurídica, sin libertades y sin principios éticos solo se vislumbran graves problemas, que llevarán a conflictos sociales derivados de la ruina económica y sanitaria.

Lo que el Gobierno ha hecho en Madrid, ¿lo haría en Cataluña o en el País vasco? (Derecho y principio de igualdad constitucional).

Repito, que así, no hay solución posible, pues sin consensos, sin acuerdos y sin generosidad de todos los españoles sin exclusión, y, siempre con respeto a nuestra Constitución y a sus derechos fundamentales consagrados y al resto de nuestras leyes, no puede haber solución legítima y pacífica.

Córdoba, a 11 de octubre de 2020

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Sexta prórroga estado alarmante – se acabó la libertad (consecuencias perversas en todos los sentidos)

Ayer se aprobó en el Congreso otra prórroga del estado alarmante hasta el día 21/06/2020 y sus efectos nocivos para los españoles se verán pronto, además, de los que ya operan en España, así que veremos algunos, sin ánimo de exhaustividad, pero con fines preventivos:

a.- Llevamos desde el día 14/03/2020 con muchos nuestros derechos suspendidos y/o eliminados (libertad de circulación y residencia, libertad de reunión, libertad para obtener una información veraz, libertad de empresa, derecho a la igualdad de todos los españoles, etc. etc. y, a la vez, desaparece la división de poderes fundamental en cualquier estado de derecho).

b.- La economía está parada y ha iniciado un camino hacia la destrucción total de nuestro tejido productivo, siendo constantes las normas de Gobierno, que nos llevan directos al abismo, que puede ser el “nunca jamás”. A título de ejemplo, el Gobierno aprobó sorpresivamente y de forma unilateral una cuarentena para cualquier persona que venga a España, que ha producido respuestas de otros países (Francia impone una cuarentena a todos los españoles que vayan a Francia, y, Alemania levanta para el día 15/06/30 la recomendación de no viajar a Europa a 25 de los 26 socios de la Unión Europea (UE, así como tres de los cuatro asociados al espacio Schegen, en este caso Islandia, Suiza y Liechtenstein-, además del Reino Unido, dejando fuera a España y Noruega);   por ello, España se enfrenta a un desplome del turismo sin precedentes, tras encadenar cuatro meses de pérdidas y perder 27 millones de visitantes extranjeros.

c.- El Gobierno, una y otra vez, incumple la Ley (véanse, arts. 9, 14, 19, 21, 51, 53, 116, y, cc. de la C. E,), mientras impone a los españoles una normativa selvática de fases inciertas y desfases claras, rompiendo la igualdad entre españoles.

d.- Los españoles carecemos de cualquier información veraz, de manera, que como ejemplo citaré dos de múltiples casos conocidos por todos:

1.- ¿Cuántas son las personas fallecidas en España en estos días aciagos de pandemia?

2.- ¿Por qué el Ministro del Interior, Sr. Grade-Marlaska, falta a la verdad repetidamente, en cualquier lugar, y, además, concretamente, en el Congreso y en el Senado?

e.- El paro se extiendo por toda España sin control, alcanzado ya, una cifra mínima de 7.500.000 personas, y, una tasa de paro del 33,2% de la población activa.

f.- La deuda pública se dispara al 150% del PIB, y, el déficit público alcanza el 14,5% del PIB.

g.- La Seguridad Social está en estado comatoso, y, el Ministro Sr. Escriba dice, que todo se controlará pagando las políticas de empleo con cargo a los presupuestos del estado.

h.- Se dice por el Gobierno, que se derogará toda la reforma laboral completamente, mientras Europa aprueba fondos de reconstrucción, pero imponiendo condiciones, entre ellas, que la reforma laboral no se toca y que habrá que reestructurar el gasto no productivo.

g.- Se anticipa con el Gobierno nuevos impuestos y subidas a los ya existentes, pero sin mencionar para nada la reducción del gasto público.

Se podría seguir de forma interminable, pero es hora de soluciones y no solo de señalar desperfectos políticos y sociales, razón por la que reitero, que hay que abrir todas las puertas en todos los sentidos y acabar con el confinamiento, con todas las precauciones que se quieran, porque lo único claro, es que así no podemos seguir, y, sacrificar la libertad en aras a una seguridad empobrecedora,  nos llevará, sin duda, al altar de los sacrificios colectivos dirigidos por un gobierno populista de poder popular y allí nos quedaremos.

En resumen, la nueva prórroga del estado alarmante, no servirá para nada y es algo perfectamente prescindible e innecesario, ya que un Gobierno preñado de errores, negligencias y normas ininteligibles nos lleva camino del desastre irrecuperable, de manera, que gritar un Presiente impudente en el Congreso ayer  “viva el 8 M”, es cuando menos un disparate, y, si a la vez, dice, que el Ministro del Interior Grande-Marlaka está combatiendo, con la destitución del Coronel Pérez de los Cobos “la policía  patriótica”, está claro, que, además, de un insulto para todas las fuerzas armadas, es una declaración  de guerra civilismo triste y repugnante, que nos llevará a todos a la desigualdad y a la perdida de nuestras libertades, directos a un abismo insondable.

N.B. La sexta prórroga del estado alarmante acabará con nuestra libertad y tendrá consecuencias perversas en todos los sentidos, por una sencilla razón, no era necesaria y, además, aumentará la paralización de España, mientras todos los países de nuestro entorno despegan sacándonos meses de ventaja esenciales, con el añadido, de que los españoles seguimos confinados, presos y sin libertades, dirigidos por un poder popular autoritario, que grita vivas sin sentido dirigidos a la desunión y la desigualdad.

Córdoba, a 4 de junio de 2020

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Partido Popular y Cs (rendirán cuentas por complicidad con un Gobierno liberticida)

Ayer (06/05/20) en el Congreso se ha producido otro ataque a nuestras libertades, ya que el Gobierno del Sr. Sánchez ha sacado adelante otra prórroga del estado alarmante y, aquí, solo cabe repetir, lo que dijo en su poema Martin Niemöller, acerca de las consecuencias de no ofrecer resistencia a las tiranías: “Cuando vinieron a buscarme, ya no había nadie más que pudiera protestar”.

Sin embargo, lo más significativo, no ha sido la postura política del Gobierno del Sr. Sánchez, cosa completamente comprensible por todos los españoles, estén o no a favor o en contra, sino las posturas casi impúdicas de la Sñrª. Arrimadas y del Sr. Casado; la primera por su completa desvergüenza votando a favor de la prórroga del estado alarmante, y, el segundo por su postura abstencionista cómplice, que equivale a un si tácito, pues, quiera o no, Sr. Casado, es un sí, a la conducta liberticida hacia los españoles en sus derechos y libertades del Presidente en su nueva prórroga inconstitucional.

Ninguno de ellos (Arrimadas y Casado), con sus votaciones en el Congreso interesadas y temerosas (según sus asesores bien pagados y de sus grupos de diputados agradecidos), son conscientes, y si lo son, pecan de complicidad; los españoles esperábamos otra cosa de ellos, concretamente, que defendieran nuestras libertades esenciales, ya que después de 54 días de confinamiento contrario a nuestra Ley Fundamental, de múltiples mentiras, de abusos de poder manifiestos y eliminación de nuestra libertades, esperábamos, que su votación en el Congreso sería la defensa, sin tapujos, de todos nosotros.

Es decir, votar contra la prórroga del estado alarmante a dos manos, sin excusa ni pretexto alguno. No les quepa duda de clase alguna, tanto a una como a otro, qué en su momento, tendrán la respuesta de los ciudadanos, pues no se puede jugar con las cartas marcadas dirigidas al engaño masivo de los ciudadanos. No somos ni menores de edad ni sufridores profesionales (súbditos), de forma, qué, aunque Uds. dos no se lo crean, queremos ser ciudadanos en una sociedad libre donde el poder surge del pueblo y no al revés.

Uds. dos, Sñres. Casado y Arrimadas (por su edad) se ha criado en plena libertad, han crecido en un país libre, y, ahora ocupan puestos en el Congreso y en Senado llenos de privilegios, que les ha otorgado el pueblo, pensando que Uds., pasase lo que pasase, defenderían su libertad y su modo de vida, ganado después de superar, más cuarenta años de dictadura y de haber creado, todos con renuncia a muchas cosas y principios, pensando siempre en el bien común.

Frente a esa renuncia a todo privilegio, Uds. (Sñres. Casado y Arrimadas y otros comparsas) nacidos y sostenidos en libertad con nuestras renuncias, sacrificios y generosidad, sin pedir nunca nada a cambio, salvo nuestras libertades ganadas a pico de pala, han venido demostrando un desprecio inexplicable, que solo puede nacer de un egoísmo extremo, basado sin duda en la creencia errónea, de que todos los llamados mayores somos una carga inasumible por un grupo dirigente prepotente, que, además, tiene asumido, que no debe nada a nadie, pues Uds. son  el principio y el fin de todo. No vale, que seamos más de nueve millones de personas, pues Uds. están convencidos, que nunca nos subleváremos, que siempre estaremos sumisos y sometidos, porque ese es nuestro papel de cautivos per se, antes postrados ante nuestros padres y mayores sin derechos a decir nunca nada ni hacer nada fuera del “mando único” (como se intenta hacer ahora), y. después sometidos a la crianza desmedida de nuestros hijos (Uds.), siempre sin derecho a replicar ni quejarnos, durante más de cuarenta años, y, ahora Uds. con sus votos, por acción (Arrimadas) u omisión (Casado),  a favor de un  Gobierno autoritario, nos confinan de nuevo sin piedad ni compasión alguna.

Sñres. Casado y Arrimadas, de verdad no comprenden, ¿que 54 días de confinamiento ahora para nosotros son una eternidad?, cuando hemos aguantado 40 años bajo una dictadura, con todo lo que eso lleva consigo en todos los aspectos de nuestra vida. Con toda sinceridad, no tiene Uds. vergüenza ni el mínimo respeto a sus mayores, que somos todos, los que hemos logrado, que Uds. dos y otros muchos crezcan y se desarrollen en una sociedad libre, y, que tras muchos años y esfuerzos no estamos dispuestos a renunciar a esas libertades, que nos hemos dado y a las que no estamos dispuesto a entregar pacíficamente. El número indecente de mayores fallecidos en residencias y en sus hogares son una barrera, que ninguno de Uds. pueden ignorar y que nosotros no vamos a olvidar, aunque sea lo último que hagamos.

Si les queda un poco de vergüenza y dignidad, aún están a tiempo de acudir al Tribunal Constitucional para plantear una interpretación legítima del art. 116 de la Constitución, pues, salvo Uds. dos, la gran mayoría de los juristas, abogados y profesores de derecho constitucional estimamos, que el Gobierno del Sr. Sánchez ha sobrepasado con mucho todas las garantías de nuestra libertad, que nuestra Carta Magna reconoce a los españoles en protección de su libertad en todas sus manifestaciones, como derecho fundamental.

N.B. Que nadie lo dude, tanto el Partido Popular como Cs tendrán que rendir cuentas por complicidad con un Gobierno liberticida, pues la nueva prórroga del estado alarmante, va a suponer una continuación de la limitación inadmisible de nuestras libertades, y, además, la ruina económica y social de España.

¿Cuántos españoles han muerto por la negligencia de un Gobierno inane? y de esos, ¿cuánto mayores?, ¿cuántos contagiados hay en España?incluidos incontables sanitarios– y ¿cuántas empresas y familias están paradas y en la ruina?, pues bien, de todo ese mundo misterioso, desconocido y lúgubre, también, son Uds. dos y toda su comparsa, responsables como cómplices o cooperadores necesarios de un Gobierno autoritario y peligroso para España y sus ciudadanos, especialmente sus mayores, que han fallecido como moscas y en condiciones deplorables .

Córdoba, a 7 de mayo de 2020

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.