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Contratos temporales II – cuña de la misma madera (reforma laboral – indultos – engañar a nadie)

En estos días de cambalaches, acuerdos inexplicados e indefinición en la incertidumbre, solo hay una cosa clara, -“que el Gobierno de España no engaña a nadie, que no quiera ser engañado”-.

La CEOE, con el Sr. Garamendi al frente, tacha de -inaceptable- la propuesta del Gobierno sobre la reforma laboral, y, entre otras cosas dice, que rechaza:  que el contrato fijo sea el tipo de contrato ordinario, porque se parte de la desconfianza y la sospecha hacia la empresa.

Como planteamiento inicial de la CEOE no está nada mal, aunque habría que, hacerles a esos dirigentes empresariales agazapados en sus colectivos profesionales una pregunta:

¿Acaso esperaban otra cosa de un Ministerio de Trabajo dominado por una conocida ideología nunca escondida?

Con razón se dice, que no hay peor cuña que la de la misma madera.

Sin duda esta cuña sale de la misma madera de -los indultos-, que la CEOE aprobó sin distinciones (entre lloros) con aplausos unánimes a su Presidente Sr. Garamendi, cuando dijo lo que dijo; de forma, que ahora está recogiendo el fruto de sus apaños, aunque con una diferencia, la regulación colectivista llena de ideología extrema y excluyente, les llegará a todos los empresarios, con una regulación de la contratación temporal apartada de la realidad de la empresa en España.

Así mismo, es un hecho cierto, que la CEOE nadie sabe dónde está, a diferencia del Gobierno y de la Ministra de Trabajo que todos sabemos donde están y a donde van, de manera, que engañar no engañan a nadie, que no quiera ser engañado.

La norma, que se impone a la CEOE y que motiva su protesta cautiva, será una reforma laboral llevada a cabo contra la contratación temporal, de forma, que, aunque nadie desconoce los excesos de la temporalidad sin fin en nuestro tejido productivo, la Ley no puede ser un trágala, que paralice la contratación y el empleo, así:

a). – La ley que regule el tema, tiene que ser flexible y aplicable a la realidad, de forma, que, si no es así, la norma resultará inservible para sus propios fines.

b). – La dura realidad del desempleo en España imposibilita que se adopten normas, que de cualquier forma conlleven un aumento del mismo y/o impidan su reducción, penalizando la creación de empleo.

c). – Las medidas que afecten al mercado laboral, deben ser de desarrollo sostenido progresivo por sectores productivos y consensuadas, ya que, toda medida radical unilateral llevará al fracaso de la norma en algunos sectores, como pueden ser construcción, hostelería, agricultura, etc., que destacan por la especialidad y modalidad de sus tiempos productivos muy aleatorios.

d). – La litigiosidad se disparará con una regulación inflexible y alejada de la realidad, dando lugar a situaciones de colapso en los juzgados de lo social.

e). – No se debe olvidar, que toda norma que pretenda reformar el mercado laboral, necesita, con carácter imprescindible, un plan adecuado a la estructura real del tejido productivo, y, además, una dotación económica adjunta al mismo, que posibilite su realización concreta y verdadera. Es decir, es necesaria una inversión cuantificada y realista.

En resumen, la CEOE debe dejar de jugar a la política, a las subvenciones y a los artificios profesionales de sus dirigentes, dedicándose a sus fines verdaderos, que al poco que se mire van en una dirección, concretamente, el interés de los empresarios grandes y pequeños, incluidos, por supuesto,  los emprendedores autónomos.

N.B. A la CEOE y a sus dirigentes profesionalizados se les pide, simplemente, que hagan lo que tienen que hacer, que no es otra cosa, que contribuir a establecer un mercado laboral que funcione.

Si tienen alguna duda, que pregunten a la CEE y a su presidente M. Omella y Omella, que con seguridad es la misma madera, o si se prefiere la peor cuña.

Contraponer desde la unilateralidad ideológica -contratos temporales- y -trabajadores indefinidos-, distinguiendo entre lo malo y lo bueno en razón de un mantra dogmático (-entre lo que no se quiere reconocer que existe y lo que solo se quiere regular por ley extrema-), supone defender una ensoñación en la realidad diaria.

Hay que conseguir arbitrar una norma, que permita igualar en sus condiciones de trabajo a productores temporales e indefinidos, cosa que se puede lograr con un sistema flexible de contratación, equitativo y justo, que respete la igualdad que proclama el art. 14 de la C. E., sin necesidad de aniquilar todo lo demás.

En este asunto de la temporalidad es necesaria una actuación consensuada del Gobierno, de todos los poderes públicos y de la sociedad civil, en defensa de un sistema abierto de contratación justa, lo contrario, sería abjurar de la Constitución Española de 1978, que consagra en su artículo 1.: Que España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.

Córdoba, a 10 de julio de 2021

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Varas y embudos (ley – engaños – ancho, por un lado – doble por otro)

La doble vara de medir y la ley del embudo es lo mismo, consiste en aplicar a los que no están de acuerdo contigo tu verdad o tu mentira, según te convenga en cada caso.

En España la vara de medir en el respeto a la Ley, que es la base de la democracia y de estado de derecho, ha pasado a mejor vida, pues, por lo que se ve diario la ley solo se aplica en una dirección, a la vez, que nuestro tribunal Constitucional dormido y en espera, inane en su inutilidad.

En Alemania, por ejemplo, unos ciudadanos interesados plantean a su órgano Constitucional un asunto, como el de los Fondos de la U. E. y la legitimidad del endeudamiento de Alemania para conseguir esos fondos Europa y, curiosamente, en escasos meses el asunto esta resuelto y desbloqueada la paralización de los fondos.

En España ahora el Tribunal Constitucional empieza a discutir, si el primer estado de alarma en su contenido excesivo vulneró derechos fundamentales de los españoles, sobrepasando el contenido constitucional previsto para esta medida legal.

Diga lo que diga el T. C., una vez terminado el estado de alarma, no servirá para nada, salvo para demostrar, que deberían haber dimitido por inacción legal todos sus miembros hundidos en el -stand by-.

La Ley constitucional se ha vulnerado a la vista de todos los españoles, pero lógicamente no pasa nada, pues hay una -doble vara de medir-; es decir, se aplica con impunidad absoluta la ley del embudo, y, además, no pasa nada, porque la inseguridad jurídica, la arbitrariedad y la falta de respeto a la ley de los poderes públicos forma ya parte de nuestra vida diaria, reinando la incertidumbre, la desconfianza de los ciudadanos y la desesperanza.

Ahora nos abruman con los indultos como único tema posible de discusión, con varas de medir embudadas, pero, de verdad alguien cree, ¿que en España alguien respeta la ley?, o por en contrario, ¿se actúa por todos los poderes públicos a la contra con doble vara de medir y aplicando siempre la norma del embudo?

Los indultos no son sino la culminación de una serie de despropósitos legales, llevados a cabo por poderes públicos una y otra vez desde hace tiempo, al amparo de silencios de casi todos, donde participa el resto de los poderes del Estado -legislativo y judicial-, ya que, ninguno de ellos se ha preocupado de otra cosa, que no sean ellos mismos.

A pesar de ello, los ciudadanos han sido y son compelidos al cumplimiento de la ley estricto y severo bajo pena de los mayores males para ellos, de forma, que, por citar algunos casos de -doble vara de medir, claramente embudada hasta extremos increíbles-, señalaré algunos: *La policía parece que solo tiene una vara de medir contra los ciudadanos, de la que están excluidos los políticos, que solo aplican la vara de la falta de ejemplaridad y autenticidad, bajo el lema perverso –del tu más-; *los jueces y tribunales se parapetan de los ciudadanos con miles de obstáculos formales aplicados al límite, que impiden a los españoles pasar una barrera cortante de inadmisiones por variados motivos, como los llamados interés casacional o constitucional; *las Instituciones del Estado están tomadas al asalto, como por ejemplo, la Fiscalía General (pues eso), la Abogacía del Estado, la CNMV, las grandes Empresas públicas, y, así, un larguísimo etc. interminable.

Ante la evidencia, los españoles, como se ha visto en Madrid, solo piden que los dejen votar en unas elecciones libres cuanto antes mejor, aunque una cosa debe quedar clara, que los denostados por los indultos y otras muchas distorsiones legales, no engañan a nadie, que no se haya querido dejar engañar.

El Estado Social y Democrático de Derecho consagrado en la Constitución de 1978, que pretenden demoler unos pocos muchos, instituyó una división de poderes y una democracia plena, de forma, que ahora, solo falta que funcione esa división de poderes, aunque debe aceptarse por todos, que la libertad y el resto de nuestros derechos fundamentales no se defienden solos, sino que hay que luchar para defenderlos, ya que, eliminar la libertad, como se ha podido comprobar en estos dos años desgraciados para el respeto a la ley, es relativamente fácil, desde un poder público ejercido autoritariamente, bajo el paraguas fraudulento de un estado de alarma inconstitucional, y, un T. Constitucional en el mundo de los sueños y desactivado.

Si no se respeta la legalidad (arts. 9 y 10 C. E.) por todos, y, se sigue aplicando la ley de la doble vara de medir, la posible solución aparece muy lejana, ya que, solo por poner un ejemplo:

¿Existe respeto real a las minorías por los poderes públicos?, como decía un personaje ilustre –pues eso-.

Frente a la falta de respeto a la legalidad por los poderes públicos (todos sin exclusión), los particulares afectados por normas contra ley, solo les queda asistir mudos al desaguisado legal, ya que, según interpretan el T. Constitucional y el T. Supremo los ciudadanos nunca están legitimados para solicitarles amparo; de manera, que así nos va, aunque desde luego ellos los primeros, si visualizamos y comprobamos lo que está pasando en Europa con España, que sin duda, la concesión de los indultos de corazón y concordia ha terminado de arruinar.

El principio de igualdad de los españoles del art. 14 y el respeto a la Ley por todos del art. 10 de la C. E. han quedado eliminados en agua de borrajas, siendo lo peor, que, destruida la confianza interior y exterior en el estado de derecho, solo queda incertidumbre, inseguridad jurídica y desigualdad para todos, incluso para los autores del dislate legal.

Recuperar la reputación, dentro y fuera de España, en nuestro Estado de Derecho, en la división de poderes y en el respeto a la ley por todos los poderes públicos, sin duda, va a ser una tarea continuada de muchos años y harto difícil.

A partir de ahora la colaboración de Europa con la Justicia española será algo casi imposible. El Consejo de Europa ya ha advertido, que en España no se garantizan los derechos fundamentales y que se han dictado resoluciones injustas, no garantistas y contrarias a la ley.

¿Cómo va Europa creer en el Poder Judicial de España, si el Gobierno dice que los indultos existen para equilibrar a ese poder del Estado?

N.B.  Las varas de doble medida y las leyes del embudo significan siempre engaño a los ciudadanos, pues conllevan desigualdad e injusticia.

Contra la arbitrariedad y las resoluciones contra ley de los poderes públicos, solo cabe exigir el cumplimiento de la Ley, dejando claro, también, que ningún responsable debe quedar impune.

Las resoluciones injustas que violan el principio de legalidad,  vulneran la Constitución, produciendo efectos perversos en nuestras libertades fundamentales, pues el respeto a la ley por todos es el fundamento del orden político y de la paz social, según consagra el art. 10 de la C. E.

Córdoba, a 23 de junio de 2021

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Declaraciones sin sorpresas – certezas – Obispos y Empresarios (cantar la gallina)

Ahora, al Presidente de la CEOE, Antonio Garamendi Lecanda,  y, a los Obispos catalanes habría que darles las gracias por su claridad (dicho de otra forma, por cantar la gallina), en sus declaraciones sobre los indultos, pero a la vez, habría que pedirles, que renuncien a todos sus privilegios que procedan de los españoles, como las subvenciones a sus organizaciones y, que, por ejemplo, los Obispos catalanes pidan expresamente a los españoles no independentistas, que no pongan la cruz en su renta para la Iglesia Católica, sino solo en favor de servicios sociales.

Hay que acudir a la sabiduría popular, que en uno de sus refranes dice, que “nunca es tarde si la dicha es buena”, para agradecerles su hasta ahora escondida claridad, y, preguntarles:

¿si los empresarios españoles están de acuerdo con el Sr. Garamendi? y,

¿si los Obispos del resto de España están de acuerdo con sus compañeros catalanes? (especialmente la Conferencia Episcopal Española, a cuyo frente está el arzobispo de Barcelona, Monseñor Omella y Omella, Presidente de la misma).

Es algo indiscutible, que digan lo que digan están haciendo política, de manera, que deben ser tratados como cualquier otro político, y, sometidos a cualquier crítica sea la que sea y venga de donde venga, pues, como dice otro refrán popular, un vaso medio vacío es también uno medio lleno, pero una mentira a medias, de ningún modo es una media verdad”, de forma, que como están haciendo ellos unilateralmente, “no se puede estar en misa y repicando”.

El Sr. Garamendi se queja del revuelo sobre los indultos por sus palabras, pues, dice que -se saca punta a todo- (lo que dijo fue: si las cosas se normalizan, bienvenidos sean los indultos”; aunque, ahora afirma el condecorado, que se han sacado de contexto); de manera, que solo falta el Sr. Omella situado en posición de queja, también, aunque habría que preguntarles:

¿si están con la Constitución Española?

¿si están con el Estado Social y Democrático de Derecho español?

Lo de los Obispos catalanes y lo del Presidente de la CEOE es de libro de mucho miedo.

N.B.  A nadie le puede sorprender una certeza, aunque la claridad de los Obispos catalanes y del Presidente de la CEOE es muy de agradecer, ya que, por fin -canta la gallina-, aunque estaba claro desde el principio donde estaban en el asunto de los indultos, a pesar, de que, –un poco escondidos si estaban-.

La Constitución y sus derechos fundamentales consagrados, como la igualdad de los españoles (art. 14 C. E.), son el armazón de nuestra libertad y de nuestro Estado de Derecho, y, contra los abusos y las actuaciones contra ley de cualquiera, solo cabe exigir por todos los medios posibles e imaginables el máximo respeto a la misma, dejando claro, que ninguna actuación de cualquiera, sea quien sea, que afecte a derechos fundamentales, debe estar fuera de la crítica pública.

Los indultos que apoyan el Presidente de la CEOE, Sr. Garamendi, y los Obispos catalanes, el Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, en su Informe de Indulto de 26/05/2021 los rechaza, al no apreciar razones de justicia, equidad y utilidad pública (que justificarían la concesión de la medida de gracia), diciendo, que, “-la Sala INFORMA NEGATIVAMENTE la concesión de cualquier forma de indulto -total o parcial- a los condenados en la sentencia 459/2019, 14 de octubre, dictada en la causa especial núm. 20907/2017”-.

El indulto del Gobierno a los políticos catalanes condenados por varios delitos -supone poner en grave peligro nuestro Estado de Derecho y la separación de poderes en España-.

Córdoba, a 19 de junio de 2021

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Control de la Administración – división de poderes – estado de derecho (democracia – principio de legalidad – respeto a la ley)

Un lector de nuestra web pregunta sobre el control de la Administración, a la vista de los anteriores artículos argumentando, que no es posible controlar el funcionamiento de las administraciones públicas, porque, según dice, las autoridades y funcionarios públicos no quieren participar en ese control por corporativismo y defensa de sus propios intereses, ya que, si el control se hace real y  efectivo ven peligrar su estatus privilegiado, además, presume que los empleados públicos se consideran algo aparte del resto de los ciudadanos, cosa con la que personalmente, como funcionario que he sido, considero una apreciación equivocada, que implica desconocer la conducta diaria de la gran mayoría de los funcionarios o empleados públicos; de forma, que intentaré explicar mi postura y convicciones sobre este asunto complejo lleno de recovecos legales, y, desafortunadamente de costumbres desviadas, algunas veces, por una inercia trasnochada, que identifica poder con la aplicación de la ley de forma arbitraria e injusta, que se aparta del mandato constitucional.

En una democracia plena nacida de un estado social y democrático de derecho, la división real de poderes es la esencia de sus libertades y derechos fundamentales, de manera, que los tres poderes del estado (legislativo, judicial y ejecutivo) se controlan unos a otros en armonía dentro de la Ley, sin embargo, no basta con ello, es necesario una regulación propia de cada uno de esos poderes, así: el  legislativo se autocontrola con los distintos grupos que lo componen, realizando unos contra otros en armonía democrática un constante contraste de pareceres y opiniones; el judicial realiza a través de su órgano de gobierno una labor de fiscalización y control del funcionamiento de los distintos miembros de ese poder; y, finalmente, el ejecutivo lleva a cabo una labor de autocontrol de su propia administración mediante órganos establecidos legalmente para evitar arbitrariedades y desviación de poder de sus autoridades y empleados y/o funcionarios públicos, siempre al amparo de la legalidad en cumplimiento de sus fines de servir al bien común y a los ciudadanos (al pueblo).

Esta es la teoría, aunque es bien sabido, que la realidad muchas veces, quizás, demasiadas, se aparta del respeto a la ley, produciéndose distorsiones, que vulneran derechos y libertades fundamentales del estado de derecho. Aquí, reside el problema, que venimos denunciando del comportamiento torticero de la administración pública en algunas ocasiones, que en uso arbitrario de un poder que se le ha delgado por el pueblo, se convierte en verdugo de sus propios ciudadanos dejando a un lado el respeto a la ley y actuando arbitrariamente en su perjuicio; además, renunciando a su propio autocontrol con una dejación de funciones consciente o culposa, que impide toda reacción positiva de dar solución a hechos erróneos e injustos, nacidos de una endogamia perversa, que carga sobre los ciudadanos su propia responsabilidad negligente o dolosa, ya que, en vez de solucionar el asunto de oficio, resarciendo al particular agraviado todos sus daños y perjuicios sufridos y sancionando al empleado público arbitrario, se enroca en su falta de objetividad y justicia, obligando al ciudadano a hacer frente a los problemas ocasionados por sus autoridades y funcionarios públicos, al adoptar una postura inane, silente y carente de objetividad.

En España lo expuesto está ocurriendo casi a diario, ya que, las AA. PP. haciendo dejación de funciones, dejan, en algunos casos, a sus empleados campar a sus anchas adoptando resoluciones injustas a sabiendas y contra ley sin ejercer su debido control, aunque, lo peor viene, cuando producida la resolución contra ley, la misma se ejecuta con graves daños al ciudadano de a pie, y, la Administración lejos de actuar de oficio corriendo el estropicio, se pone de perfil dejando al particular agraviado solo y lejano, de manera, que, además, cuando reclama, a veces, saca su artillería pesada no para defender al ciudadano perjudicado, sino para amparar a funcionarios o empleados públicos, que flagrantemente han violado la ley, sin tomar ninguna medida sancionadora contra esos empleados públicos que han actuado fuera de la Constitución, sin objetividad, sin equidad y de forma injusta conscientemente.

Es decir, la Administración se desentiende del asunto e incluso batalla contra el particular afectado reclamante, haciendo del respeto a la ley que consagra la Constitución una falacia perversa, que destruye la democracia y la confianza de los ciudadanos en la justicia propia de un estado de derecho real y efectivo.

En España se vienen produciendo casos, donde se dictan resoluciones administrativas a sabiendas de su injusticia y de que son contra ley, asunto que es necesario resolver entre todos, participando la Administración en esa tarea, aunque quiero dejar claro, que tras bastantes años como funcionario público puedo afirmar que esa no es la norma general, ya que, la gran mayoría de los empleados públicos dan ejemplo diario de respeto a la ley. Sin embargo, siguen dándose casos de funcionarios y empleados públicos que aplican la ley según su criterio subjetivo con completa arbitrariedad, buscando solo y realmente la aplicación de su voluntad excluyente, y, sin duda, a estos casos hay que hacerle frente con la ley en la mano exigiendo su aplicación con respeto a la Constitución a sus libertades consagradas.         

A pesar de todo lo dicho, el sistema de contrapoderes diseñado por la C. E. funciona, de manera, que pueden darse altibajos como ahora, pero al final el sistema vigente se auto-controla al imponerse esa regulación de poderes constitucionales, como se ha visto ahora en diversos asuntos, como pueden ser, por ejemplo: La multa de 500 euros impuesta al Presidente Sr, Sánchez por la JEC, que ha sido confirmada por el tribunal Supremo y el Informe sobre el indulto emitido por la Sala de lo Penal del T. S., frente a la postura exenta de pudor del Presidente del Gobierno para los condenados del llamado “proces”.

También, es cierto, que siendo optimista, no dejo de ser un realista irredento, por la sencilla razón de que las libertades no se defienden solas, máxime, cuando los enemigos de la libertad no cejan en su empeño de dejarla en la nada, y, precisamente por eso, hay que dar la batalla contra las resoluciones administrativas injusta dictadas a sabiendas de ser contra ley, ya que, si no lo hacemos así, que nadie piense que la Administración lo hará de oficio, porque la realidad dice todo lo contrario, y, frente a la inacción administrativa solo cabe exigir por los particulares agraviados el cumplimiento de la ley y la sanción de los empleados públicos autores de los desafueros.

Por otro lado, no ignoro que el particular perjudicado, en aras de la justicia deberá realizar un esfuerzo ímprobo y en solitario frente a la maquinaria de la Administración, realizando gastos de todo tipo (personales, económicos, de pérdida de tiempo, etc.) para sacar adelante su denuncia en el expediente sancionador, de forma, que si algún ciudadano espera la menor ayuda o colaboración en su defensa por parte de la Administración, simplemente, está muy equivocado, ya que, la realidad demuestra, que cuando la Constitución Española dice, que la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho,de verdad, en la práctica diaria, esa declaración concluyente de la Carta Magna para la misma Administración, se convierte en -un brindis al sol-, cargado de inoperancia desfavorable casi en todos los casos al particular denunciante.

*** Dicho lo dicho, el control de la Administración forma, sin duda, parte de la división de poderes de nuestro estado de derecho, de manera, que la democracia española exige e impone la aplicación efectiva del principio de legalidad y el respeto a la ley por todos, especialmente, por los poderes públicos.

La Ley aplicable no deja margen para la duda, pero, es un hecho repetido, que algunos empleados públicos dictan resoluciones agresivas y destructoras de los derechos de los españoles, sin que su actuación injusta e ilegal realizada a sabiendas de su absoluta arbitrariedad tenga consecuencia alguna para sus autores, y, sin que, curiosamente nunca pase nada al responsable del desafuero, pues la Administración no suele actuar con objetividad, sino siempre en defensa del empleado público responsable, tal y como refleja el dicho popular: “con razón o sin ella”.

Es por ello, que la confianza de los ciudadanos en el estado de derecho, en la justicia y en la división de poderes se resquebraja a ojos vistas, por la razón, de que si la Administración no respeta la ley aplicándola cuando es exigible, todo el armazón de contrapoderes en que se basa nuestro estado social y democrático de derecho queda reducido a la nada, despareciendo la democracia real, que simplemente consiste en servir al pueblo soberado del que emana la soberanía.

Es así mismo, un hecho cierto, que el ciudadano en estos casos puede acudir solicitando amparo de los órganos judiciales contencioso-administrativos, aunque esa iniciativa que es un derecho fundamental conlleva para él gastos enormes de todo tipo;  posibles costas a favor de la administración,  que curiosamente pleitea con sus abogados pagados por los ciudadanos (también, por el particular recurrente); dilaciones temporales en todas las instancias y, en definitiva, un camino largo y espinoso para el particular, terminando, siempre, con un resultado incierto. Reclamar al ciudadano perjudicado, le producirá tremendos desajustes económicos y emocionales con resultados inciertos, y, posibles actuaciones vindicativas de una Administración endogámica, que, en muchos casos, protege a sus empleados o funcionarios públicos, apartándose de toda objetividad y del servicio al pueblo al que debe su existencia y su sustento económico.

Precisamente por todo lo dicho, es imprescindible en cualquier democracia plena como la nuestra, que los contrapoderes del estado funcionen con la máxima eficacia, de forma, que por lo que le toca, la Administración debe corregir y aumentar sus auto – controles sin excusa alguna, adoptando las medidas adecuadas de protección al ciudadano,  y, nombrando a funcionarios o empleados públicos independientes e imparciales, alejados de cualquier corporativismo excluyente, que garanticen un procedimiento justo.

Una cosa es, que el particular perjudicado no pueda o no quiera entrar en un berenjenal de gastos indeterminados y dificultades sin fin, y, otra cosa, que la Administración haciendo dejación de funciones de control propio, se ponga de perfil y desoiga la aplicación de la ley, abjurando de su obligación de actuar de oficio contra el funcionario empleado público que dicta una resolución injusta a sabiendas, ocasionando daños no solo al particular afectado perjudicado, sino, también, al pueblo que ha jurado o prometido defender cumpliendo el mandato constitucional, a la vez, que se destruye la confianza de los ciudadanos en la ley y en la justicia, situando en almoneda nuestro estado de derechos y todos sus derechos y libertades.

N.B.  El control de la Administración (interno y externo) forma parte de la división de poderes, en cualquier estado de derecho regido por la ley y los principios democráticos, como los que consagra nuestra Constitución en su artículo 9., de manera, que el hecho de dictar a sabiendas por autoridad, funcionario o empleado público una resolución injusta contra ley, solo por su propia voluntad que impone arbitrariamente, no puede quedar al margen de la ley para la propia Administración.

En estos casos, es necesaria, sin excusas ni pretextos, una actuación contundente de oficio por la propia Administración en defensa del particular afectado directamente y del bien común de toda la sociedad española, ya que, lo contrario, sería abjurar de la división de poderes y de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho consagrado en la Constitución Española de 1978.

Si la Administración se separa de la ley,  construyendo un mundo paralelo a ajeno a la realidad y contra la sociedad española, que la sostiene y le otorga su poder, se estará socavando nuestra democracia, en aras no de un bien común general, sino de intereses espurios nacidos de la arbitrariedad y de la injusticia, que se quiera reconocer o no destruye las libertades y derechos fundamentales. 

Córdoba, a 1 de junio de 2021

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Misterios y sueños – Proyecto 2050 España – Materia oscura del universo – (apartidista – legitimidad – 30 años)

El Presidente Pedro Sánchez en su arenga al presentar el Plan España 2050 ha destacado, que es -apartidista- y que se basa en -la evidencia empírica-, aunque una cosa es lo que se dice y otra el contenido, ya que, “con la que está cayendo” a los niveles económicos, políticos y sanitarios proyectarnos ahora a 30 años, olvidando la realidad del ya, parece cuando menos un sarcasmo, dirigido a los españoles con la pretensión ingeniosa de impresionarnos en su impostura.

Es significativo, que los olvidos del Plan son clamorosos, al no referirse, entre otras muchas cosas, a los nacionalismos independentistas excluyentes, a los derechos y libertades de los ciudadanos, a los ajustes y armonizaciones fiscales, etc., a la vez,  que nos sacude con una España de 2050 con sequías, incendios, olas de calor, lluvias torrenciales y enfermedades por tierra, mar y aire, que amenazarán el bienestar de todos nosotros, demostrando, que el Proyecto de propaganda está fuera de lugar encerrado un misterio y un mundo se sueños.

Pensando en el Plan España 2050, considero, que habría que hacer una remembranza de situaciones y principios, que nos aclaren los misterios y los sueños, así:

Primero.- “La Vida es Sueño” de Calderón de la Barca trata sobre la oposición y la dicotomía entre la realidad y elsueño, de forma, que el poema lo deja claro:

¿Qué es la vida? Un frenesí.

¿Qué es la vida? Una ilusión,

una sombra, una ficción,

y el mayor bien es pequeño:

que toda la vida es sueño,

y los sueños, sueños son.

(De -La Vida es Sueño-)

(El desajuste entre la realidad del Plan España 2050 y su contenido verdadero encierra una dicotomía misteriosa y ensoñadora)

Segundo.- Sabemos que existe un elemento en el universo, casi desconocido, que es la materia oscura, que supone aproximadamente al 85% de la materia del mismo. El astrónomo holandés Jan Oorts se dio cuenta de que la velocidad orbital de las estrellas no coincidía con la velocidad esperada, llegando a la conclusión de que no había suficiente materia como para retener a las estrellas y evitar que salieran proyectadas: –A ese déficit se le llama materia oscura-.

(Aquí hay un misterio del universo parecido en su complejidad y ensoñación al Plan España 2050)

Tercero.- El Gobierno presentó ayer su Proyecto de España para 2050 en un acto de propaganda como acostumbra, ya que, ha expuesto -un sueño-, aunque lo que ha planteado es un misterio, y, visto todo lo visto en la actuación del Ejecutivo, cuando menos,  se intuye, que le falta un poco-mucho de legitimidad y resiliencia adecuadas para lanzar un proyecto de país en una visión de 30 años.expuesto

La idea puede no ser mala, pero, sin duda, es inapropiado, presentar el Plan ahora con lo que está cayendo, olvidando la realidad y viajando al mundo de los sueños:

<< El paro, la deuda, el déficit, el gasto público incontrolado, la división política de España, los nacionalismos excluyentes, la inmigración, el retraso en la vacunación, el crecimiento de la pobreza y la ruina entre los españoles, las diferencias entre el sector público y el sector privado, etc. etc. parecen poner en duda la credibilidad de un Gobierno a la deriva; de forma, que cualquier persona ecuánime y sensata pondría en almoneda, el momento para la presentación parcializada y propagandista de un Plan de esas pretendidas ensoñaciones >>.

(El Plan España 2050 y su contenido verdadero presentan una oposición evidente entre la realidad y el mundo de los sueños, siendo un misterio en el tiempo y en el lugar, encerrando una dicotomía misteriosa y ensoñadora en su exhibición)

N.B.  El Plan España 2050 es una suma de misterios y sueños apartados de la realidad actual del País, semejante a la materia oscura del universo, apartidista per se, ilegitimo por sí y a 30 años de la Nación española actual; es decir, un dislate anclado en la oscuridad y en el misterio de un mundo paralelo, alejado de la realidad de España.

Por cierto, ¿que fue del Plan de Recuperación y Resiliencia enviado a la U.E?

Es una muestra más de la dejadez hacia a los españoles discrepantes, inclinándose a pensar la fábrica de sueños de la Moncloa, como suele hacer, que la arbitrariedad del poder se debe utilizar sin reparo y a bocajarro en asuntos de desinterés general, obviando la dureza de una España cautiva y arruinada en todos los sentidos.

Encima, aprietan el cinturón de los españoles sin pudor ni contemplaciones con más subidas de impuestos en estos momentos de crisis, manteniendo un gasto público superfluo sin medida, quizás, amparados por una auto – concesión proclamada de superioridad moral,  ya que, lo importante no es resolver problemas, sino instaurar otros nuevos que los tapen, nacidos de una fábrica de sueños sin fin.

Sin embargo, es lo cierto, que las maquinaciones insidiosas ya no surten efecto en los españoles, de forma, que cuanto más persistan en sus propósitos vacíos, mayor será su desajuste con la sociedad española, ansiosa de libertad, de igualdad y respeto a la realidad, que ven y aguantan sin visos de solución.

“El Plan España 2050 y su contenido verdadero presentan una oposición evidente entre la realidad y el mundo de los sueños”.

Córdoba, a 21 de mayo de 2021

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.