Tag Archives: España

Tribunal Constitucional – Tribunal Supremo (Seguir así solo llevará a una democracia paticoja)

El Tribunal Constitucional ha comenzado su trabajo tal como se esperaba (salvo algún ingenuo), demoliendo todas las sentencias del Tribunal Supremo de los EREs y de todo lo que se le pone por delante contrario al Gobierno del Presidente Sánchez, de manera, que está haciendo aquello para lo que se le eligió en su gran mayoría de miembros políticos.

¿De quién depende el T. C.?, pues ESO.

El Tribunal Supremo es el máximo representante del poder judicial, de forma, que el enfrentamiento de ambos máximos tribunales, uno político y otro judicial estaba decidido desde el inicio por su composición, sus objetivos y sus fines.

Solo una cosa me produce extrañeza, que consiste en asistir a una lucha desigual, ya que, frente el T. C. que actúa con rigor extremo y sin cortarse un pelo, el T. S. continúa amarrado al cumplimiento de la Ley, incluso aunque esa Ley sea inconstitucional y contraria al valor justicia supremo.

¿El T. S. está utilizando todos sus poderes y conocimientos ante el ataque sin precedentes que está sufriendo a la vista de todos los españoles?, entiendo que no, simplemente la impresión que da es que se bate en retirada estratégica esperando  lo que sabe que no va a llegar.

El cumplimiento de cualquier función exige llevarla a cabo, de manera, que retirarse al castillo, cuando se encuentra rodeado y no hay salida, es una estrategia que solo lleva al suicidio.

Aunque en verdad, creo que el T. S., incluso dentro del poder judicial, se ha quedado solo, pues no veo en el resto de órganos judiciales de cualquier nivel (salvo casos honorosos, que los hay), que se esté dando la cara por la defensa de la ley igual para todos y en defensa del valor justicia.

Pensar, que todos los órganos judiciales de España no pueden hacer nada unidos al respecto, es simplemente inadmisible, es lo mismo que los partidos políticos que gobiernan el Senado, la mayoría de la CC. AA., cientos de ayuntamientos, la mayoría de las Diputaciones, y muchas cosas más, que parece que solo ven por un ojo unidireccional, donde no cabe otra cosa que aceptar silentes y cautivos la  opresión injusta y contra ley.

A la vista de lo dicho, que es una realidad patente y perversa, es manifiesto que hace falta un movimiento ciudadano abierto, libre y levantado en armas pacíficas para recuperar nuestro Estado de Derecho y el valor justicia de todos los españoles, pues si los que pueden hacerlo no lo hacen, está claro que no queda otra.

N.BEl valor justicia constitucional(art. 1.1. C. E.) es algo irrenunciable, de manera, que la esperanza solo está en un movimiento social amplio, libre y constitucional pacífico, que defienda sin límites a los españoles en lucha abierta en  defensa de su igualdad y libertad.

Córdoba, a 18 de julio de 2024.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Cdo. 1316. Inspector de Trabajo y S. S.

Iguales ante la Ley (Unas veces no y otras veces tampoco)

El valor justicia (art. 1.1. C. E.) es irrenunciable.

El Tribunal Constitucional ha declarado el lawfare a todos los españoles convirtiéndolos en desiguales ante la ley, pues es claro y transparente que las sentencias del T. S. son papel mojado cuando la ley se aplica a ciertos políticos, de forma, solo queda el respeto a la Ley y la defensa social activa del Estado de Derecho.

Por otro lado, en España el pueblo soberano está sometido a una presión, que le está hundiendo en una confusión perversa, porque, ocurre, ahora, que una carcoma constitucional autoritaria está anulando por la puerta de atrás nuestra Carta Magna, y, porque el estado de derecho y el respeto a la ley están en almoneda y en stand by (en espera), llevándose tras de sí la división de poderes.

La Constitución Española de 1978 dice en su art. 1.1., que “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”.

Así mismo, en su art. 9. 1. garantiza el respeto a la ley, cuando dice, que “los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico”; diciendo en su número 3., que “la Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía jurídicas normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos”.

También dispone en su art. 14., que “los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.

Lo del T. C. casi todos los españoles lo entienden, es un Órgano Político que hace política y la aplica sin pudor, lo que es difícil de entender por los españoles de a pie, es que algunos órganos judiciales estén haciendo lo mismo, porque no aplican la ley de forma igual a todos los españoles, de manera, que en algunos casos simplemente no aplican la ley por el medio atrabiliario de ignorar que existe esa ley, pasando del valor justicia de la ley igual para todos a la ley personal, que aplican de forma subjetiva y arbitraria por acción y/o por omisión, sobre todo, cuando dictan resoluciones que amparándose en la ley procesal son irrecurribles.

Sin embargo, a pesar de lo dicho, sigo pensando que es algo evidente, “que en cualquier democracia con un Estado de Derecho en vigor” el respeto a la ley y su cumplimiento por todos sus ciudadanos y todos sus poderes (legislativo, ejecutivo y judicial), es lo único que garantiza el “valor justicia” en la misma.

La conclusión es, que visto lo que hay, hace falta un movimiento ciudadano abierto, libre y levantado en armas pacíficas para recuperar nuestro Estado de Derecho y el valor justicia de todos los españoles.

N.BLas cosas que están pasado en España, demuestran que la ley no es igual para todos los españoles, de forma, que callar ahora ante la injusticia, esté donde esté y aunque se quiera ver, en algunos casos judiciales, como “pequeñita”, es ser cómplice de misma y coautor silente, aceptando, además, que somos cautivos voluntarios del secuestro de la democracia y de la desaparición de nuestro estado de derecho.

Córdoba, a 16 de julio de 2024.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Cdo. 1316. Inspector de Trabajo y S. S.

Empleo y paro en Córdoba II (Mayores de 50 años)

Algunos lectores del blog me preguntan sobre empleo y paro de los mayores de 50 años, pues dicen que desconocen datos reales sobre su situación, pero que ellos conocen bastantes casos de mayores de esa edad parados desde hace mucho tiempo, así, que trataré de explicarles ¿por qué? su estimación es desgraciadamente acertada y ¿por qué? hay que cuidar especialmente este colectivo de trabajadores desempleados.

Citaré una serie de datos sobre el asunto y algunas afirmaciones sobre el mismo, que justifican lo que digo, así:

1º.- Los datos oficiales sobre estos trabajadores en desempleo son una incógnita, que se hunde en su profundo desconocimiento y donde falta, sin la menor duda, una información veraz.

2º.- Según he podido comprobar en mi trabajo y hablando con trabajadores, empresas, y, asociaciones sobre estos trabajadores mayores de 50 años, que cerca del 50% de los parados en España pertenecen a este colectivo (según informa CEOMA el 46,5% de los parados en España son mayores de 50 años).

3º.- A mayor afrenta y preocupación por el colectivo el paro de las mujeres en él es el doble del de los hombres. Traducido en porcentaje es una realidad, que aproximadamente el 61% de los parados mayores de 50 años son mujeres.

4º.- Además, es un hecho comprobado, que conforme aumenta la edad la situación de desempleo en este colectivo crece de forma exponencial, llegando a su peor dato los trabajadores ubicados en la franja de 59 a 65 años, donde la situación es dramática, porque no solo no encuentran jamás trabajo, sino que a mayor inri sus futuras pensiones de jubilación se verán deterioradas a la baja por falta de cotización o cotizaciones residuales.

5º.- He podido comprobar, también, que muchos de estos trabajadores desesperados se pasan al grupo de inactivos voluntarios, de manera que ya no cuentan como parados, saliendo de las listas oficiales del desempleo, razón por la que estimo, que el número de parados reales del colectivo se podría aumentar como mínimo en un 15%.

6º.- Así mismo, he comprobado que cuando estos trabajadores encuentran un trabajo sus condiciones en todos los aspectos suelen ser precarias, siendo, además, siempre contratados con carácter temporal y por horas o a tiempo parcial.

Podría seguir en mi relato preocupante sobre este colectivo de trabajadores, pero entiendo, que con lo que he señalado es más que suficiente.

Lo que digo, es la realidad del colectivo de trabajadores mayores de 50 años en relación con su empleo y paro, aunque para mí lo más desesperante, a mayor demérito, es ver como se desaprovechan unos conocimientos y una experiencia de valor incalculable en el vacío de la nada.

N.BEs una necesidad social y económica, que todas las Instituciones Públicas presten una mejor y mayor atención a este colectivo de trabajadores, que, además, ha sido durante muchos años el soporte vital de nuestro sector productivo y social.

Desaprovechar unas experiencias y unos conocimientos acumulados de este colectivo de trabajadores mayores es un descrédito para todos nosotros, que raya en la infamia.

Córdoba, a 11 de julio de 2024.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Cdo. 1316. Inspector de Trabajo y S. S.

La desigualdad anida bajo (el respeto a la Ley está cayendo en desuso)

 Se dice por activa y por pasiva que Ley de Amnistía, se ha cargado de una patada la Constitución de 1978, deshaciendo la división de poderes y permitiendo que Magistrados del Tribunal Supremo (y, otros Jueces y Magistrados más) vayan a ser investigados y acusados de prevaricación y de todo lo que caiga.

Ya he dicho en varios foros públicos, que soy uno de los muchos españoles, que se consideran violentados en todos sus derechos y libertades fundamentales, de forma, que sirva lo que digo como manifestación absoluta de lo que creo y defiendo hasta el final sea el que sea.

Creo que la aplicación justa de la Ley no admite excepciones, de forma, que no se puede estar contra *la ley de amnistía del Presidente Sánchez, sus socios y demás comparsas, y, a la vez, admitir excepciones o eximentes a cualquier tipo de violación de la ley, sea por acción, sea por omisión, aunque se disfrace de cualquier cosa de apariencia buenista, realizando un salto mortal al vacío de la nada, creando espacios opacos donde se niega una aplicación de la ley igual para todos.

Con ánimo abierto, fijaré algunos puntos abiertos, de cosas que ocurren, incluso a diario, que podrían servir de justificación a la inaplicación de la ley cuando conviene el políticos de turno, así:

1.- Se dice, con verdad, que la ley de amnistía autoriza el llamado lawfare contra los jueces, señalándolos y acusándolos de prevaricar, cosa que repito es un disparate aprobado en una Comisión de Justicia del Congreso.

Sin embargo, hay políticos, jueces y autoridades públicas (corporaciones locales, entidades publica varias, y, así, un larguísimo etc.) que de una y mil formas comenten “lawfare” contra los ciudadanos de a pie, sirviendo como ejemplo abierto, casos **donde jueces y/o magistrados dictan resoluciones contra ley por acción u omisión, **donde Alcaldes dictan decretos saltándose la ley, etc. etc., siendo evidente que a sus resoluciones les falta ”el valor justicia constitucional” del art. 1.1. de la C. E., porque pasan por encima de la Ley aplicable, situándose, además, en un mundo paralelo de impunidad.

DICHO DE OTRA FORMA, HAY *LAWFARE* CASI A DIARIO CONTRA LOS CIUDADANOS DE A PIE, MIENTRAS QUE PARA POLÍTICOS Y JUECES SE DENUNCIA QUE SUFREN “GUERRA SUCIA JUDICIAL” EN ESCLUSIVA, CUANDO LA REALIDAD ES QUE LA IGUALDAD Y EL RESPETO A LA LEY HA DESAPARECIDO PARA  CASI TODOS LOS ESPAÑOLES.

Ahora, que casi todos estamos en defensa de igualdad y de la Ley para todos igual, hay cosas que no son de recibo, cuando algunos políticos, muchos o pocos, que realizan declaraciones y se manifiestan contra la amnistía y la corrupción,  resulta que en sus centros de poder (autonómico, local, etc.) vienen realizando “amnistías pequeñitas” mediante el sistema de no respetar la ley aplicable por acción u omisión.

En resumen, el respeto a la ley y el estado de derecho solo obran en una dirección, de forma, que no valen los cambios de sentido y las dobles direcciones según quien sea y por la razón que sea, porque eso va contra el bien común de los españoles.

2.- Es un hecho patente, que no se puede estar con Ley y contra la ley, aplicando amnistías varias cuando conviene, aunque puedan parecer “pequeñitas”, porque no se puede estar con Dios y con el diablo, ya que. la C. E. y sus derechos y libertades para todos los españoles sin igual y la verdadera división de poderes base de toda democracia no admite caminos paralelos, donde el valor justicia se convierte en una entelequia según de donde sople el viento.

N.BLa defensa de una España libre y abierta, donde las libertades y derechos de los españoles sean el pan de cada día para todos, y, donde el valor justicia de la igualdad se encuentre en una ley común de todos nosotros, es ineludible y prioritaria, de forma, que el respeto a la ley por cualquier poder público no tenga excepciones, donde algunos puedan cobijarse con absoluta desigualdad e impunidad.

El respeto a la ley no puede tener dobles direcciones, que naveguen en favor de viento que sople, porque la igualdad es de todos los españoles.

Córdoba, a 8 de julio de 2024.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Cdo. 1316. Inspector de Trabajo y S. S.

La Ley III – Gasto público – Derecho a información veraz (No solo gastar, también, explicar)

¿Cuánto cuesta?, aunque, se pueda decir, “que el dinero público no es de nadie”. PUES, ESO.

Estamos en tiempo de elecciones, de manera que hay que inaugurar lo que sea, publicitarlo a voz en grito y abrazarse todos por una obra pública, curiosamente, siempre bien hecha, de forma, que *el costo total, *el presupuesto, *los gastos de mantenimiento y personal y *quien paga quedan en el profundo pozo del olvido, aunque siempre una cosa está clara, lo paga el pueblo soberano, es decir, todos nosotros.

Lo dicho viene a colación, porque se ha inaugurado con trompetas y muchos abrazos la Biblioteca Cántico en Córdoba (Jardines de Agricultura), que comenzó a construirse hace 20 años, que ha tenido un costo final desconocido, que se ignora cuál será su costo de mantenimiento y personal, y, quién pagará todos los gastos de funcionamiento.

Lo que digo, ni mucho menos va contra la Biblioteca, que considero un bien social de gran prioridad, ni contra cualquier otro gasto público necesario y/o conveniente, sino que, pido una información veraz y completa sobre el costo total de la misma y de sus gastos de funcionamiento, ejerciendo mi derecho constitucional consagrado en el art. 20 .1, c. de la C. E. de 1978, que dice:

1.  Se reconocen y protegen los derechos: d). A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión.

En apoyo de lo que digo, es un hecho “que en cualquier democracia con un Estado de Derecho en vigor” el respeto a la ley y su cumplimiento por todos sus ciudadanos y todos sus poderes (legislativo, ejecutivo y judicial), es lo único que garantiza el “valor justicia” en la misma.

Lo expuesto, significa, que, en el gasto público, cualquiera que sea su naturaleza y/o finalidad, existe un orden de prioridades y de adecuación de su coste a la realidad económica y social de la sociedad a la que se dirige.

Quizás, un ejemplo me sirva para explicar lo que digo, así:

Si una familia necesita una freidora, estando compuesta la unidad familiar de cinco personas, y, realiza una compra de freidora de para doce personas, por la causa que sea, como puede ser, que esté rebajada de precio, es un hecho patente que esa familia ha hecho una compra excesiva, se mire como se mire, pues es evidente que no necesita esa freidora si no una para cinco personas.

Dicho de otra forma, la unidad familiar ha malgastado su dinero en una compra innecesaria y alejada del resto de sus prioridades de gasto.

Curiosamente, dicho lo anterior, es una realidad, que en España se malgasta por los gestores políticos, con demasiada frecuencia, el dinero público  realizándose obras innecesarias, excesivas y/o de un coste desmedido sin control alguno, que producen al ciudadano de a pie profunda desazón, máxime, además, cuando el gasto se lleva a cabo sin que exista la mínima -información veraz-, de manera, que el dinero de todos no se gasta, sino que se derrocha, y, sin que exista obligación de devolución del importe malgastado  a la bolsa común de todos de donde salió.

Visto lo anterior, me ratifico en “exigir una información veraz” de cualquier gasto público en todos sus aspectos (necesidad, costo real, prioridad, utilidad social, etc. etc.), pues en España el pueblo soberano de a pie está inmerso en un bucle perverso de desinformación por activa y por pasiva, que, se salta sin pudor el estado de derecho y el respeto a la ley.

Es un hecho, que hace falta un movimiento ciudadano abierto, libre y levantado en armas pacíficas para recuperar nuestro Estado de Derecho y el valor justicia de todos los españoles, porque, sin excusa ni pretexto alguno, todo gasto público debe ser sensato, pertinente, necesario, útil y prioritario, lo que implica, además, UNA INFORMACIÓN VERAZ SOBRE EL MISMO AL PUEBLO SOBERANO.

N.BTodo gasto público conlleva el derecho de los ciudadanos a una información veraz, pues no vale solo gastar, también, hay que explicar, salvo, que se acepte, el ya dicho popular de que el dinero público no es de nadie.

Las cosas que están pasado en España demuestran, que peligra el respeto a la Ley y nuestro Estado de Derecho, lo que conlleva que hay que defender todos nuestros derechos y uno de ellos es UNA INFORMACIÓN VERAZ.

Córdoba, a 10 de febrero de 2024.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Cdo. 1316. Inspector de Trabajo y S. S.