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Menores – Dinero de Juventud e Infancia – Presupuesto – Análisis – (Córdoba entre la opacidad y la burocracia)

El Ministerio de Juventud e Infancia maneja cifras millonarias, pero

¿dónde termina realmente ese dinero y qué impacto tiene en nuestro entorno más cercano?

Analizado los la ejecución presupuestaria del ministerio y cruzando los datos con la realidad de la provincia de Córdoba, nos encontramos con un panorama desgajado entre prioridades concentradas, una ejecución a medio gas y un laberinto burocrático que dificulta el rastreo del euro público.

1.- El mapa del gasto estatal – (Análisis del Ministerio).juventud, presupuesto, análisis,

De un crédito definitivo de 125,2 millones de euros analizado en el presupuesto del Ministerio, solo se han ejecutado 61,3 millones de euros (apenas un 49 %), lo que implica que más de la mitad del presupuesto se queda sin ejecutar en el camino.

<-Si analizamos los 61,3 millones de euros efectivamente ejecutados, la distribución revela una clara prioridad en el gasto:

57,1 % (35,0 M€): Atención a menores extranjeros No acompañados (MENA).
20,4 % (12,5 M€): Instituto de la Juventud (INJUVE).
17,9 % (11,0 M€): Estructura, gastos corrientes y personal.
3,6 % (2,21 M€): Complementos de productividad de personal.
0,4 % (0,25 M€): Proyectos de lucha contra la pobreza infantil (EAPN).

<<Una brecha>>

Mientras más del 57 % del gasto ejecutado se concentra en la tutela y protección obligatoria de menores extranjeros no acompañados, **las políticas transversales destinadas a la emancipación juvenil, vivienda y empleo para la juventud general quedan relegadas o fragmentadas entre otros ministerios y autonomías**.

**Todo ello en un contexto donde:

1.- La tasa de emancipación juvenil en España está en mínimos históricos (14,5 % en 2025).

2.- La tasa de riesgo de pobreza infantil alcanza al 33,9 % de los menores de 16 años (INE).

2.- Radiografía local – (Córdoba vs. gestión).

***Para entender cómo aterrizan estas cifras en la provincia de Córdoba, es imprescindible diferenciar los niveles de competencia:

A.- Protección e infancia tutelada.

<-Competencia autonómica: La gestión directa de los centros de menores en Córdoba recae en la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía.

<-Financiación estatal: Los 35 millones de euros estatales se reparten mediante Conferencia Sectorial entre las CC. AA. para sostener la red de acogida (gestión directa y concertada con entidades como Cruz Roja, Fundación Diagrama o SAMU).

<-Datos en la provincia: En Córdoba hay entre 476 y 500 menores bajo medidas de protección:

*60 % – 65 % (aprox. 260-280 menores) en acogimiento familiar (extensa o ajena).

*130-150 menores en acogimiento residencial en centros de la provincia.

B.-Juventud cordobesa – (Un reto).

<-Emancipación y vivienda: La escasez de alquiler asequible y la precariedad laboral retrasan la emancipación en Córdoba por encima de la media nacional.

<-Pobreza urbana: Barrios como Las Palmeras o el Distrito Sur continúan figurando entre los de menor renta per cápita de España (indicador Urban Audit del INE).

<-Fuga de talento: La falta de diversificación económica genera una emigración interna constante de jóvenes hacia otras provincias, acentuando la despoblación en comarcas como el Valle del Guadiato o Los Pedroches.

3.- Radiografía de las ayudas – (Del nivel estatal al municipal).

¿Qué ayudas reciben concretamente las familias y jóvenes en Córdoba?

1.- Ingreso Mínimo Vital (IMV) e Infancia.

<-Hogares perceptores: Alrededor de 26.645 hogares en la provincia (casi 83.000 beneficiarios totales).

<-Menores alcanzados: 34.033 menores integrados en familias con IMV o Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI):

*0 a 2 años: 3.938 menores (CAPI: 115 €/mes).

*3 a 5 años: 6.048 menores (CAPI: 80,50 €/mes).

*6 a 17 años: 24.047 menores (CAPI: 57,50 €/mes).

2.- Cheques y programas para la juventud.

**Bono Cultural Joven: Más de 3.800 jóvenes cordobeses de 18 años reciben anualmente la ayuda directa de 400 € para consumo cultural.

**Sector Agrario: Cerca de 19 millones de euros destinados recientemente a 362 jóvenes agricultores y ganaderos para favorecer el relevo generacional en la provincia.

**Ámbito Local (Ayuntamiento y Diputación):

**Ayuntamiento de Córdoba: Mantiene el Cheque-Bebé (500 € por nacimiento/adopción, partida de 1 M€) y ayudas de urgencia social gestionadas por Servicios Sociales Comunitarios.

**Diputación de Córdoba: Centra sus partidas en ayudas a la natalidad/adopción en municipios menores (aprox. 600 €) y apoyo a los servicios sociales comunitarios.

4.- La gran asignatura pendiente – (Opacidad y falta de datos consolidados).

Una de las principales barreras para evaluar la eficiencia del gasto público es la *dificultad para acceder a datos desglosados y comparables*.

<<¿Por qué no conocemos el coste unitario por menor o plaza en Córdoba?>>

1.- Falta de datos agregados en origen: Las partidas estatales no detallan la asignación geográfica exacta por municipio ni el coste nominal por perfil de menor (nacional vs. extranjero) a nivel provincial.

2.- Fragmentación administrativa: La financiación pasa del Estado a la Comunidad Autónoma y, de ahí, a convenios con ONG y entidades privadas, lo que diluye la trazabilidad presupuestaria.

3.- Filtros automatizados vs. Criterios discrecionales:

**Mientras el IMV se gestiona mediante un filtro algorítmico y fiscal del INSS (con tasas históricas de denegación del 60 %-70 % por trabas formales), **las ayudas de urgencia social municipales dependen de informes de vulnerabilidad técnica**.

4.- Protección de datos: La normativa de protección del menor y de datos personales impide publicar listados nominativos o desgloses hiperlocales cuando las muestras son reducidas.

<<Conclusión>>

El análisis presupuestario pone de manifiesto dos realidades paralelas: “Por un lado, una notable concentración del gasto ejecutado en la protección de la infancia tutelada; por otro, un margen amplio de mejora en la ejecución global (donde más de la mitad de los fondos quedan sin aplicar) y en la transparencia de la información.

Para que los recursos públicos generen un impacto real en la juventud cordobesa -tanto en la protección de los colectivos más vulnerables como en la creación de oportunidades de emancipación, empleo y vivienda- es indispensable avanzar hacia una gestión más ágil, coordinada entre Administraciones y con un acceso transparente a los datos de ejecución.

N.B. Imagen. Distribución presupuestaria del Ministerio de Juventud e Infancia – Impacto Territorial – Menores extranjeros – (Caso Córdoba) – Opacidad y falta de datos – Arbitrariedad administrativa.

Córdoba, 16 de octubre de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado. ICA-Córdoba. – Inspector de Trabajo y Seguridad Social.

Exconcejal Ayuntamiento y Exdiputado provincial de Córdoba.

Exdiputado del Parlamento de Andalucía.

Córdoba – Un espejismo – Un cohete – (La distancia real entre la macroeconomía y la cesta de la compra)

El discurso económico oficial sostiene con optimismo que la economía de España “va como un cohete”. Las cifras macroeconómicas a menudo avalan esta narrativa: “El Producto Interior Bruto (PIB) crece por encima de la media europea, el turismo rompe récords históricos y las cifras de exportación muestran una indudable resiliencia”, sin embargo, al descender de las alturas macroeconómicas a la economía doméstica, se revela un abismo insondable frente a la percepción diaria de los ciudadanos.

<<La realidad crítica – (colapso del bienestar básico)>>

Más allá de la incomodidad, nos enfrentamos a una realidad crítica: “El trabajo ha dejado de ser un escudo garantizado contra la pobreza. Históricamente, un salario a jornada completa aseguraba la cobertura de las necesidades básicas y cierta capacidad de ahorro, pero hoy la inflación asimétrica –aquella que se ceba desproporcionadamente con la alimentación, la energía y la vivienda– está desmantelando las bases del bienestar material.

No estamos ante una simple fluctuación del mercado, sino ante una erosión estructural del nivel de vida. Cuando un ciudadano debe elegir entre encender la calefacción, asumir la subida del alquiler o comprar aceite de oliva, el marco normativo y las políticas públicas están fracasando en su deber primordial:

“Garantizar la dignidad de la persona”.

<<Córdoba – (Brecha abisal en crecimiemto)>>

Esta desconexión entre el triunfalismo estadístico y la vulnerabilidad financiera se siente con especial dureza en Córdoba, ya que, a pesar de su innegable atractivo turístico y su motor patrimonial, la provincia arrastra debilidades que amplifican la presión sobre el ciudadano:

*La paradoja agrícola: Mientras la provincia es una potencia en la producción de bienes esenciales como el aceite de oliva, el agricultor cordobés sufre por los altos costes de producción y la sequía, al tiempo que el consumidor local paga precios prohibitivos en el supermercado. La riqueza generada en el campo no se traduce en alivio para la ciudad.

*Estructura laboral y salarial: Córdoba lidia con una fuerte dependencia del sector servicios y la hostelería, áreas donde la temporalidad y los salarios ajustados dejan un margen de maniobra nulo frente a la subida del coste de la vida.

*La presión sobre la vivienda: La transformación del centro histórico para absorber el auge turístico desplaza a la población trabajadora hacia la periferia, donde el encarecimiento de la vida ahoga igualmente los presupuestos familiares.

<<Propuestas – (el parche a la protección estructural)>>

Para cerrar la brecha entre el “cohete” macroeconómico y la asfixia ciudadana, es imperativo abandonar las medidas paliativas temporales y adoptar políticas públicas que ofrezcan una verdadera seguridad jurídica frente a la especulación y la pérdida de poder adquisitivo:

1.- Auditoría y rigor en la Ley de la Cadena Alimentaria: Es urgente una intervención más estricta sobre la formación de precios. La legislación debe garantizar no solo que el productor primario (fundamental en Córdoba) no venda a pérdidas, sino aplicar mecanismos antimonopolio y de transparencia que impidan a los grandes distribuidores engrosar sus márgenes de beneficio a costa del consumidor final.

2.- Blindaje legal del poder adquisitivo: Más allá de las subidas puntuales del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), es necesario fortalecer la negociación colectiva y establecer mecanismos de indexación salarial que respondan al IPC de los productos básicos, impidiendo que la devaluación salarial sea la vía de escape de las crisis.

3.- Intervención estructural en el mercado de la vivienda: La vivienda no puede ser tratada exclusivamente como un bien de inversión. Se requiere un desarrollo urgente y masivo de un parque público de vivienda en alquiler social, acompañado de un marco regulatorio que frene la especulación y limite el impacto de los pisos turísticos en zonas tensionadas.

4.- Fiscalidad quirúrgica y adaptativa: Las bajadas del IVA en alimentos deben consolidarse, pero acompañadas de un sistema fiscal que alivie la carga sobre las rentas del trabajo más bajas y graves los beneficios extraordinarios de aquellos sectores (energético, bancario, grandes superficies) que han capitalizado la crisis inflacionaria.

<<El verdadero indicador del éxito>>

Una economía no puede considerarse un éxito rotundo si una gran parte de la población siente que está perdiendo calidad de vida. El verdadero progreso no se mide en la velocidad del despegue de las cifras macroeconómicas, sino en la solidez del suelo sobre el que pisan los ciudadanos. Si el marco normativo no protege la cesta de la compra, el cohete vuela vacío.

N.B. Imagen. Un espejismo – Un cohete – (La distancia real entre la macroeconomía y la cesta de la compra)

(Nota. Córdoba – Un cohete vs. Una cesta menguante. Desde el año 2021 la explosión del IPC sobre el bolsillo de los ciudadanos alcanza el 24%, según los datos oficiales, aunque los datos reales son una catástrofe al bolsillo de los ciudadanos.

Además existen facturas soterradas de la inflación: **Una es la actualización de las pensiones al IPC; y, otras **todas las partidas presupuestarias que contemplan la inflación para actualizarse (como el sueldo de los funcionarios, el IMV, etc. etc.).

Córdoba, 18de septiembre de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado. ICA-Córdoba. – Inspector de Trabajo y Seguridad Social.

Exdiputado provincial de Córdoba. Exdiputado del Parlamento de Andalucía.

Córdoba – Una ilusión del empleo – (Productividad, salarios y la realidad laboral)

Las noticias sobre la creación de empleo dibujan un panorama de optimismo macroeconómico en España, sin embargo, el reciente informe de la Comisión Europea ha venido a desmitificar estas cifras, revelando un problema estructural grave en nuestro mercado laboral:

“creamos empleo, sí, pero en sectores de muy bajo valor añadido”.

Como resultado, encontramos un “techo de cristal” para los salarios reales, neutralizando los esfuerzos por reducir la pobreza laboral mediante el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y provocando una grave compresión salarial.

A continuación, señalamos las claves y, lo que es más importante, cómo impacta esta realidad en nuestra provincia: Córdoba.

1.- Espejismo del empleo y la trampa de la baja productividad.

Los datos analizados por Bruselas arrojan características alarmantes a nivel nacional:

*Empleo precario en la base: Más del 82% de los nuevos puestos se ubican en sectores de baja productividad (principalmente servicios).

*El límite a los salarios: Si un sector no genera mayor valor añadido, los sueldos no pueden crecer de forma orgánica sin destruir empleo o disparar la inflación.

*Pobreza laboral estancada: Tener un trabajo en España ya no garantiza salir de la vulnerabilidad económica.

El informe europeo es contundente respecto a las subidas del SMI, así, aunque desde 2018 ha subido un 61% nominalmente, el incremento real del poder adquisitivo desde 2020 ha sido de un escaso 1,2%, devorado por la inflación, lo que unido a unas previsiones de crecimiento salarial casi nulo para 2026 y 2027, nos aboca a una compresión salarial:

“cada vez hay menos diferencia económica entre un trabajador no cualificado y uno de cualificación media”.

2.- Córdoba – (Tejido productivo – la realidad).

El panorama descrito por Europa se sufre de forma mucho más aguda en Córdoba debido a la propia configuración de nuestro tejido productivo.

<-Dependencia de servicios y agricultura. El “82% del empleo poco productivo” tiene nombre y apellidos en nuestra provincia. Dependemos de la hostelería, el comercio, el turismo y el sector primario, que son sectores intensivos en mano de obra y poco tecnologizados, el arquetipo exacto de la advertencia de Bruselas. Con el cierre de 2025, vemos que el sector servicios concentra a la inmensa mayoría de la masa laboral y a una cifra aproximada de 32.400 parados inscritos, a los que habría que sumar los inactivos que han abandonado la búsqueda de empleo desalentados.

<-El ahogo de los convenios colectivos locales. En la práctica de la negociación colectiva provincial, la realidad es compleja, ya que, con un salario medio histórico inferior a la media nacional, las subidas del SMI impactan a una enorme cantidad de trabajadores cordobeses.

<-Aplanamiento salarial. En convenios como comercio, limpieza o hostelería, el peón y el oficial de primera acaban cobrando prácticamente lo mismo.

<-Fuga de talento. Esta falta de diferenciación desincentiva la especialización, ya que, el esfuerzo por formarse apenas se ve recompensado en la nómina.

Además, la alta temporalidad intrínseca a nuestras campañas agrícolas o a la estacionalidad turística provoca que los ingresos anuales reales sigan siendo insuficientes para escapar de los umbrales de pobreza.

3.- La dependencia del sector público.

Para completar el diagnóstico de Córdoba, hay que mirar a la Administración Pública, ya que, en economías con menor tejido industrial, lo público no solo regula, sino que es el mayor empleador y cliente de las empresas privadas.

<-Falsa estabilidad: Gran parte del comercio y la hostelería local sobrevive gracias al consumo de los empleados públicos. Lo que conlleva, que el talento joven y cualificado centra sus esfuerzos casi exclusivamente en preparar oposiciones, drenando al sector privado del capital humano necesario para innovar.

<-Contratación pública y asfixia empresarial: Las licitaciones públicas externalizan servicios de escaso valor añadido tecnológico (limpieza, seguridad, ayuda a domicilio). Pese a la Ley de Contratos del Sector Público, el criterio rey sigue siendo el precio. Las empresas compiten a la baja y su única vía de supervivencia es recortar costes laborales. No hay margen para innovar.

<-El choque legal: La Ley de Desindexación prohíbe revisar los precios de los contratos públicos, de forma, que cuando el Gobierno sube el SMI, las empresas adjudicatarias están obligadas a subir el sueldo a su base, pero la Administración no les paga más por el contrato. ¿El resultado? Se congelan los salarios de mandos intermedios y personal cualificado.

Todo esto consolida un mercado laboral dual: los empleados del sector público, con salarios ajustados a la inflación y derechos blindados) frente a los trabajadores de pymes y subcontratas, anclados al SMI y a la temporalidad.

4.- Pensiones – (El sostén que cronifica el problema).

En una provincia marcada por el envejecimiento, las pensiones actúan como la verdadera columna vertebral de la economía local, evitando el colapso social a corto plazo, pero alimentando la trampa de la baja productividad.

Las pensiones enmascaran la precariedad de los más jóvenes operando como “Estado del Bienestar suplente” en los hogares, y además, dirigen el consumo. El gasto se orienta hacia la sanidad, cuidados, comercio tradicional y hostelería de proximidad; es decir, se financia exactamente el tipo de sector servicios de bajo valor añadido del que nos advierte Europa.

**Se crea así una dolorosa paradoja, ya que, en muchos casos, la pensión media de las nuevas altas supera el salario mediano de los jóvenes que se incorporan al mercado laboral.

<<Conclusión>>

El informe de la Comisión Europea es una enmienda a la totalidad de una política laboral que solo celebra la cantidad de contratos firmados.

El verdadero reto para territorios como Córdoba no es la simple intermediación contractual, sino la necesidad imperiosa de diversificar nuestro tejido hacia la industria y la tecnología.

Mientras nuestro principal cliente (la Administración) siga exigiendo servicios de bajo valor añadido y licitando a la baja, y mientras el empleo siga anclado en sectores poco productivos, cualquier intento de subir salarios por decreto administrativo solo ahogará a nuestras pymes, comprimirá los convenios y estancará el poder adquisitivo real de los cordobeses.

N.B. Imágenes. La ilusión del empleo – (Productividad, salarios y la realidad laboral de Córdoba).

1ª. Imagen. Brecha entre el esfuerzo (la productividad, representada por el enorme y pesado engranaje que empuja el trabajador) y la recompensa (los salarios, simbolizados por la diminuta moneda que recibe a cambio).

2ª.- Imagen. Productividad y empleo de calidad.

Córdoba, 16 de septiembre de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado, ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y Seguridad Social.

Exdiputado provincial de Córdoba. Exdiputado del Parlamento de Andalucía.

El subsidio de mayores de 52 años – (Red de seguridad o jubilación anticipada forzosa)

El debate sobre el subsidio para mayores de 52 años ha dejado de ser una simple discusión presupuestaria para convertirse en un desafío técnico y político prioritario. Los recientes análisis del Banco de España (en su Informe Anual) y de la AIReF han puesto cifras sobre la mesa que confirman una realidad perversa, concretamente, “que lo que nació como una red de seguridad crucial para un colectivo vulnerable se está comportando, en la práctica, como una barrera invisible para el retorno al mercado laboral”.

¿Por qué un mecanismo de protección social termina cronificando el desempleo?

Se analizan las causas de esta “trampa de la reinserción” y las reformas estructurales necesarias para transformarla en un auténtico trampolín.

1.- La radiografía del problema – (El salto estadístico).

El desempleo de larga duración en España muestra una anomalía radical justo al alcanzar la barrera de los 52 años.

**Los datos no dejan lugar a dudas:

*El efecto frontera: Según la AIReF, a los 50 años menos del 5% de los perceptores de prestaciones lleva más de un año en desempleo. Sin embargo, al cumplir los 52 años -coincidiendo exactamente con el acceso a este subsidio especial- la tasa de desempleo de larga duración se dispara por encima del 40% y roza el 50%.

*La cronicidad del reempleo: El Banco de España constata que la probabilidad de volver a trabajar de este colectivo es extraordinariamente reducida. De los beneficiarios que cobraban la ayuda y no trabajaron a lo largo de un año, apenas un 8,9% logró trabajar al menos un día al año siguiente. En comparación, casi un 30% de quienes perciben una prestación contributiva normal consigue regresar al mercado laboral.

*Un colectivo envejecido: Alrededor del 70% de todas las personas que reciben un subsidio por desempleo de larga duración en España pertenece al colectivo de 50 años o más.

<<El mecanismo de la “trampa” – (La sobrecotización)>>

El núcleo del problema no es la cuantía directa de la ayuda (el 80% del IPREM, en torno a los 500 € mensuales), sino su estructura de cotización. El Estado, a través del SEPE, cotiza por el trabajador al 125% de la base mínima de cotización vigente (impulsada por las subidas del SMI).

Esto genera un incentivo inverso, ya que, para muchos profesionales senior, aceptar un empleo mal pagado, a tiempo parcial o de alta incertidumbre les puede suponer una pérdida en la expectativa de su futura pensión respecto a quedarse cobrando el subsidio.

El diseño actual garantiza, en determinados perfiles, una mejor jubilación permaneciendo en la inactividad que aceptando los salarios precarios que ofrece el mercado para su rango de edad.

2.- Hacia una solución equitativa y justa – (Romper el “todo o nada”).

La rigidez actual del sistema obliga al trabajador a elegir entre el subsidio protegido o un empleo precario que penalice su jubilación.

***Para romper esta trampa sin recortar derechos, la clave es la flexibilización a través de tres ejes:

A.- El modelo del “Complemento Salarial”.

La medida más urgente es permitir la compatibilidad plena y generalizada entre el subsidio y un salario, eliminando el miedo a perder la red de seguridad. Si un beneficiario encuentra un empleo, el subsidio se transformaría automáticamente en un complemento a la contratación.

Blindaje de la jubilación: La empresa cotizaría por el salario real y el SEPE aportaría la diferencia hasta garantizar el 125% de la base mínima. Así, el trabajador gana más al mes, la Seguridad Social ahorra parte de la prestación y la pensión futura queda intacta.

B.- El “Cheque Formación Senior” contra la obsolescencia.

El desempleo a esta edad responde muchas veces a una falta de adaptación a un mercado digitalizado. El mantenimiento del subsidio debe vincularse a itinerarios de recualificación obligatoria, tutorizada y financiada en sectores de alta demanda (economía del cuidado, gestión sostenible, digitalización básica), premiando el éxito formativo con pluses económicos.

C.- Bonificaciones fiscales “espejo” para empresas.

**De nada sirve incentivar al trabajador si las empresas siguen descartando sus currículums. Proponemos:

*Exención del 100% de las cuotas empresariales a la Seguridad Social para contrataciones indefinidas de este colectivo.

*Un “Seguro de Adaptación” (subvención directa durante los primeros seis meses) destinado a la mentoría o adaptación del puesto de trabajo, reduciendo el riesgo percibido por el empleador.

3.- La doble pinza – (Edadismo cultural y sesgo de género).

Las distorsiones matemáticas del sistema conviven con una dura realidad sociológica. El mercado laboral opera con prejuicios que expulsan a los profesionales senior, cebándose especialmente con las mujeres.

Dimensión del problema	Manifestación en el mercado
Edadismo Cultural	Se camufla bajo la “falacia de la sobrecualificación” (pensar que se aburrirán o exigirán cobrar demasiado) o el prejuicio de que son incapaces de adaptarse a entornos digitales, ignorando el valor de su experiencia.
Factor Género	Las mujeres sufren una interseccionalidad penalizadora debido a la brecha por el cuidado de hijos en el pasado, la actual “crisis del sándwich” (cuidado de padres dependientes) y la devaluación de sus competencias informales por los algoritmos de cribado.

<-Para combatir esto de forma efectiva, la legislación debe ir un paso más allá del plano asistencial e introducir medidas vinculantes en los departamentos de Recursos Humanos: Currículum Ciego Obligatorio por ley para medianas y grandes empresas, Cuotas de Diversidad Generacional en los informes no financieros y Auditorías de los Algoritmos de IA para evitar que descarten perfiles con alta experiencia o periodos de inactividad.

4.- El nudo gordiano – (Cortoplacismo político vs. Cambio cultural).

Aquí radica la verdadera tragedia de las políticas públicas: El cortoplacismo electoral. Un plan educativo y de cambio cultural tarda entre 10 y 15 años en dar frutos. Para un político que piensa en ciclos de 4 años, invertir en una solución estructural cuyo éxito se apuntará el rival es un mal negocio. Se prefiere el “efecto foto” del subsidio inmediato porque calma la urgencia hoy, aunque cronifique el problema mañana.

Para que un plan a largo plazo funcione, debe blindarse mediante un Pacto de Estado Ciego a través de agencias independientes (como la AIReF o el Banco de España) con mandatos a 15 años y presupuestos protegidos por ley. Además, es imprescindible reescribir el concepto de “talento” en las escuelas de negocio e introducir programas de mentoría inversa en las escuelas desde la infancia. Las leyes cambian conductas, pero solo la educación cambia las mentalidades.

(Nota. Como jurista y profesional del derecho del trabajo, veo a diario cómo el subsidio de mayores de 52 años termina funcionando como una jubilación anticipada forzosa, no por falta de voluntad del trabajador, sino por la obsolescencia invisible que dicta el mercado).

N. B. Imagen.

Córdoba, 6 de julio de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Afiliados vs. Afiliaciones – (Una trampa estadística)

<<Precisión técnica – (El debate)>>

La publicación de los datos de empleo por parte del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones desata un debate sobre la verdad real y el engaño oficial, ya que, para entender la salud real de nuestra economía, es imperativo distinguir entre dos conceptos que a menudo se confunden de forma interesada: <-afiliados-> y “afiliaciones”, porque no son lo mismo, y, la brecha entre ambos es la clave para entender la precariedad de nuestro sistema laboral y de S. S..

1.- Afiliados (Personas): Es el trabajador individual, la persona física con independencia de cuántos empleos tenga, de forma, que cuenta como una sola unidad.

2.- Afiliaciones (Puestos/Contratos): Es la relación jurídica de alta en la Seguridad Social, de manera, que una sola persona puede generar varias afiliaciones simultáneamente.

La diferencia nace de dos realidades laborales: *el pluriempleo (dos contratos por cuenta ajena) y *la pluriactividad (alta en dos regímenes distintos, como el General y el RETA).

En España, siempre hay más afiliaciones que afiliados.

1.- Informe de situación – (Datos oficiales).

A cierre de marzo de 2026, los datos oficiales confirman que nos encontramos en un máximo histórico de “volumen”, pero con matices preocupantes en la <-calidad->:

*Afiliación Media: 21.882.147 (el dato que suele destacar el Gobierno).

*Afiliación desestacionalizada: Ha superado por primera vez el hito de los 22 millones (22.010.532).

*La Brecha Real: El número de personas físicas únicas (afiliados) se sitúa entre un 1,5% y un 3% por debajo de esas cifras. Es decir, hay millones de personas “contadas dos veces” en la estadística de empleo por necesidad de pluriempleo.

Concepto	Dato Marzo 2026 (Aprox.)	Significado Real
Afiliación (Puestos)	22 millones	Dinamismo y volumen de altas.
Afiliados (Gente)	21,4 – 21,5 millones	Ciudadanos reales trabajando.

2.- El impacto de la Reforma Laboral y el “ángulo muerto”.

Es un hecho patente que la reforma laboral ha cambiado la métrica del mercado, de forma, que aunque ha reducido la rotación extrema (el fin de los contratos de días), ha introducido distorsiones estadísticas:

<-Fijos-Discontinuos: En sus periodos de inactividad, no computan como afiliación en alta, pero mantienen el vínculo, lo que genera “enclaves” estadísticos que dificultan saber si el empleo cae o simplemente está pausado.

<-Paradoja de la estabilidad: La estabilidad del contrato indefinido no ha frenado el pluriempleo; al contrario, el auge de los contratos indefinidos a tiempo parcial obliga a muchos trabajadores a buscar una segunda afiliación para alcanzar un salario digno.

<-Horas Trabajadas: Aquí reside el “ángulo muerto”, ya que, a pesar de rozar los 22 millones de afiliaciones, el promedio de horas por trabajador ha caído. Solo con datos de la última EPA, 2,13 millones de ocupados computaron como afiliados, pero trabajaron cero horas en la semana de referencia.

3.- Productividad – (La asignatura pendiente).

España se ha convertido en una “máquina de contratar”, pero no en una “máquina de producir“, porque nuestro crecimiento es extensivo (metemos a más gente al sistema) en lugar de intensivo (hacemos que cada hora sea más valiosa).

*Productividad por hora: Un 15% por debajo de la media de la eurozona.

*Crecimiento anémico: Desde 2019, la productividad solo ha avanzado un 3% acumulado, frente a un PIB que crece al 2,7% impulsado únicamente por el volumen de horas totales (+2,8%).

4.- La trampa de la sostenibilidad y el “engaño” del Sistema.

A corto plazo, las cifras de afiliación récord y las regularizaciones masivas pueden ofrecer una imagen de bonanza, sin embargo, a medio y largo plazo, el sistema se enfrenta a una quiebra técnica debido a tres grietas estructurales:

1.- El déficit de la Caja Única: Los nuevos cotizantes entran con salarios bajos (SMI) y bases mínimas, de manera, que sus aportaciones apenas cubren el gasto corriente, pero generan derechos para pensiones futuras que el sistema no podrá pagar.

2.- El muro demográfico: Estamos pasando de 4 cotizantes por pensionista a una ratio estimada de 1 a 1 para 2050, lo que conlleva, que será matemáticamente imposible que un trabajador con sueldo bajo financie una pensión media-alta.

3.- Desfase de Pensiones: Los nuevos jubilados (baby boomers) tienen bases de cotización mucho más altas que los nuevos entrantes, de forma, que si un afiliado aporta 300 eur. y el sistema debe pagar 1.500 eur. al pensionista, el agujero solo se cubre con deuda en sus distintas formas.

Narrativa Política	Realidad Económica
“Récord de afiliados para salvar el sistema.”	Muchos afiliados con bases mínimas = menos recaudación.
“La inmigración resolverá el problema.”	Solo si su productividad y salarios son elevados.
“Las pensiones están garantizadas.”	La ley no imprime dinero; lo genera la productividad.

<<Conclusión>>

El sistema actual parte de un engaño contable, ya que, se prioriza el titular del “récord de afiliación”, mientras se ignora el estancamiento de la productividad y el colapso del contrato intergeneracional. La regularización masiva de personas con baja cualificación para sectores de bajo valor añadido solo pospone el problema, aumentando la deuda futura, con independencia, además, de que se colapsarán los servicios públicos y bajará su calidad.

Sin medidas reales -aumento de la edad de jubilación, cómputo de toda la vida laboral o modelos de capitalización mixtos-, España se encamina a una quiebra que ningún político se atreve a diagnosticar por puro cálculo electoral.

El que venga detrás, que lo arregle.

N. B. Imagen – Afiliados vs. Afiliaciones – (Trampa Estadística).

La trampa que la estadística camufla, pero que se puede ver a simple vista.

Córdoba, 12 de abril de 2026

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.