A LA ATENCIÓN DEL DELEGADO PROVINCIAL DEL GOBIERNO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA EN CÓRDOBA
Asunto: Denuncia sobre la brecha entre el discurso de contención del gasto y la praxis institucional en la Diputación de Córdoba y la necesaria coherencia de la administración autonómica.
Estimado Sr. Delegado Provincial:
Me dirijo a usted de manera pública y formal para trasladarle una honda preocupación compartida por un amplio sector de la ciudadanía cordobesa respecto a la deriva de la gestión pública en nuestra provincia, caracterizada por una inaceptable brecha entre el discurso programático de contención del gasto público y el pragmatismo institucional que se adopta tras alcanzar el poder.
Como es de su conocimiento, el compromiso electoral asumido con la ciudadanía se fundamenta en principios claros: “Eficiencia en la gestión pública, rigor en el gasto, reducción de la hipertrofia administrativa, contención de la presión fiscal y una firme defensa de los valores de un proyecto político diferenciado. Sin embargo, la actuación del gobierno conservador al frente de la Diputación de Córdoba representa una contradicción flagrante con dicho mandato.
A través de esta carta, me veo en la obligación de denunciar los siguientes aspectos fundamentales:
1.- La paradoja ideológica y la consolidación del modelo de gasto: Tras asumir la presidencia de la Diputación de Córdoba, el actual gobierno provincial no solo ha mantenido, sino que ha ampliado el modelo intervencionista y el esquema de subvenciones directas a fondo perdido. A través de acuerdos presupuestarios que destinan fondos a políticas ideológicas pactadas con la izquierda radical (como la financiación de apertura de fosas), se ha priorizado la paz política y la gobernabilidad inmediata en detrimento de la coherencia ideológica y del contrato ético con sus electores.
2.- Perpetuación del clientelismo y endeudamiento bancario: En lugar de reestructurar organismos como el Instituto de Cooperación con la Hacienda Local (ICHL) para abaratar costes a los consistorios, se ha optado por inflar las cifras de anticipos (alcanzando los 129,07 millones de euros proyectados para 2026) mediante recurrencia masiva a operaciones de crédito con la banca privada (95 millones de euros en pólizas). Esta praxis convierte a la corporación en un «broker» financiero que encarece la administración y perpetúa un asistencialismo que frena la eficiencia municipal y penaliza al contribuyente.
3.- El silencio y la inacción de la Junta de Andalucía: Resulta especialmente grave la pasividad de la administración autonómica. Pretender ampararse exclusivamente en la autonomía local (arts. 137 y 141 CE) para justificar este “silencio clamoroso” constituye un argumento formalista que elude la realidad: “La Diputación de Córdoba recibe nutridos fondos autonómicos para materias clave de la provincia (como la resolución de la crisis hídrica de La Colada), sobre los cuales existe una innegable corresponsabilidad de seguimiento y tutela financiera marco. El silencio de la Junta denota una preocupante primacía de la estabilidad orgánica y la paz del partido por encima del cumplimiento estricto de la disciplina presupuestaria.
El distanciamiento entre las promesas electorales y la ejecución en las instituciones quiebra la confianza legítima de los ciudadanos. Un partido político no es una mera franquicia administrativa, sino un proyecto de valores. Gobernar la Diputación con las herramientas, las concesiones ideológicas y la hipertrofia de gasto propias de otros modelos supone la deserción de los propios principios y genera un inevitable escenario de abstención y desafección electoral.
Por todo ello, le insto, en su calidad de máximo representante del Gobierno de la Junta de Andalucía en la provincia de Córdoba, a abandonar la pasividad institucional, ejercer la autoridad moral y de fiscalización que le corresponde y velar por que la gestión de los recursos públicos de todos los cordobeses responda con rigor a los principios de eficiencia, transparencia y coherencia que la ciudadanía demandó en las urnas.
En Córdoba, a 23 de julio de 2026.
Atentamente,
Fdo. Enrique García Montoya.
Exconcejal del Ayuntamiento de Córdoba.
Exdiputado Provincial de Córdoba.
Exdiputado del Parlamento de Andalucía y Exsecretario del Parlamento.
Existe una aparente y preocupante paradoja en la España contemporánea:
“Mientras los éxitos deportivos de la Selección Española unen masivamente a la inmensa mayoría del país bajo una misma bandera, el devenir político parece estar condicionado por minorías separatistas que exigen privilegios exclusivos”.
Es ineludible plantear una pregunta:
¿Cómo es posible que una minoría imponga su agenda a toda una nación?
***Para comprender esta quiebra entre la realidad sociocultural y la política institucional, es necesario analizar los engranajes electorales, sociológicos y de poder que han conducido a la situación en la estamos hoy.
1.- La paradoja – (Sentimiento común frente a la realidad política).
El deporte actúa como un espacio neutro donde los símbolos compartidos suscitan una cohesión social espontánea, aunque la representación política en las Cortes Generales opera bajo reglas de ingeniería parlamentaria muy distintas:
<-El sistema de circunscripción provincial: La Ley D’Hondt y la división electoral por provincias priman extraordinariamente a las fuerzas regionalistas y nacionalistas. Al concentrar todo su voto en unas pocas circunscripciones, obtienen una representación en escaños desproporcionadamente alta en comparación con partidos nacionales cuyos votos se dispersan, de forma, que tienen menos votos pero duplican su número de diputados y senadores.
<-La trampa del parlamentarismo fragmentado: Tras la quiebra del bipartidismo, la gobernabilidad exige 176 diputados, de manera, que sin mayorías absolutas, *las minorías territoriales se han convertido en la «llave de gobierno», vendiendo su apoyo a cambio de competencias, financiación singular o concesiones ideológicas.
2.- Hegemonía en el territorio – (La dictadura del silencio).
En regiones como el País Vasco o Cataluña, el predominio político del independentismo no responde únicamente al recuento de urnas, sino a una estrategia sociológica y mediática de dominación del espacio público, así:
<-La espiral del silencio: Teorizada por Elisabeth Noelle-Neumann, explica cómo el ciudadano común, no nacionalista o con identidad dual, opta por recluir su sentimiento en la esfera privada para evitar la estigmatización social, laboral o la confrontación.
<-Inercia de la coacción y control institucional: Décadas de presión política, control de la educación, medios autonómicos subvencionados y, en el caso vasco, la pesada sombra del terrorismo de ETA, han consolidado una asimetría estructural.
El nacionalista está hiper-movilizado y la mayoría no nacionalista suele estar inhibida.
3.- El Gobierno Central y la cesión sistemática.
La percepción de que el Ejecutivo nacional concede todo cuanto piden los partidos separatistas para retener el poder a cualquier precio fractura la igualdad entre españoles. Concesiones como amnistías, amparos fiscales o traspasos exclusivos dinamitan la solidaridad interterritorial consagrada en la Constitución y *crean ciudadanos de primera y de segunda clase.
<-Reflexión crítica: La línea entre la negociación parlamentaria legítima y la desarticulación del Estado de derecho se ha vuelto peligrosamente difusa, ya que, mantener la gobernabilidad sacrificando la cohesión nacional expone al sistema a un desgaste sin precedentes.
4.- Los límites infranqueables.
Esta dinámica no es infinitamente elástica ni puede durar para siempre, pues existen barreras claras que marcarán el punto de inflexión de este modelo:
1.- El límite constitucional y europeo: El artículo 1.2 (la soberanía nacional reside en todo el pueblo español) y el artículo 2. de la Carta Magna, custodiados por el Tribunal Constitucional y el marco del Derecho Comunitario de la Unión Europea, imponen un muro legal contra pactos que pretendan fragmentar la soberanía.
2.- El límite electoral (El efecto péndulo): Las concesiones continuas provocan un profundo resentimiento en el resto de España. El desgaste acumulativo del partido gobernante terminará por activar un voto masivo de castigo que configure mayorías alternativas no dependientes del separatismo.
3.- La fatiga sociológica: La polarización identitaria agota a la propia ciudadanía local, cuyas prioridades terminan desplazándose hacia problemas reales como la economía, la vivienda o los servicios públicos.
<<Conclusión>>. España se encuentra en una encrucijada entre su cohesión sociocultural y el chantaje institucional, aunque los sistemas políticos son cíclicos: “El tope legal de la Constitución, el desgaste electoral y la fatiga social impondrán, más pronto que tarde, el fin de esta asimetría”.
La economía de la provincia de Córdoba ha empezado 2026 con una clara pérdida de impulso. Las estimaciones disponibles sitúan el crecimiento del PIB provincial en el 1,6%, por debajo de la media andaluza del 2,0%, lo que vuelve a colocar a Córdoba entre las provincias con menor dinamismo de la Comunidad Andaluza. Este enfriamiento se produce tras un 2025 en el que la provincia ya había crecido menos que Andalucía, y en un contexto donde el mercado laboral presenta una señal especialmente preocupante: “Córdoba fue la única provincia andaluza en la que disminuyó la ocupación al cierre de 2025”.
Sin embargo, el problema de fondo no es solo coyuntural, ya que, la desaceleración de 2026 actúa como una prueba de esfuerzo que revela tres debilidades estructurales: *Elevada exposición al ciclo agrario y climático, *escasa densidad industrial transformadora y *dependencia de infraestructuras de conectividad con limitada capacidad de sustitución ante incidencias graves. A este cuadro se suma una cuarta variable crítica y silenciosa:*la crisis demográfica y *la despoblación interior, que drenan capital humano en las comarcas rurales y cronifican el desequilibrio territorial.
Aun así, la Provincia conserva activos relevantes para una estrategia de reequilibrio:
“Fortaleza exportadora, dinamismo relativo del mercado de vivienda, centralidad geográfica y potencial de especialización en agroindustria avanzada, logística interior y turismo cultural de mayor valor añadido”.
2.- Marco económico – (de la desaceleración global al impacto provincial).
El contexto macroeconómico en el que opera Córdoba es claramente menos expansivo que el de años anteriores. Analistas Económicos de Andalucía prevé una moderación del crecimiento andaluz hasta el 2,0% en 2026, en un escenario marcado por tensiones comerciales, incertidumbre geopolítica y menor tracción del ciclo internacional. En el plano internacional, la OCDE anticipaba ya una ralentización del crecimiento mundial al 2,9% en 2026, con comercio e inversión afectados por la incertidumbre y por perturbaciones en costes energéticos y cadenas de suministro.
Para Córdoba, este escenario externo tiene un efecto asimétrico, porque la Provincia no está entre las economías andaluzas más abiertas ni más intensamente industrializadas, lo que reduce parcialmente su exposición directa a ciertos shocks del comercio internacional, aunque esa menor apertura no constituye una ventaja estructural, sino más bien un síntoma de su menor sofisticación productiva. En consecuencia, Córdoba resiste algo mejor ciertos vaivenes globales, pero crece desde una base menos robusta y con menor capacidad de capturar las fases expansivas del ciclo.
Esta falta de dinamismo estructural correlaciona directamente con la emigración de talento joven hacia polos regionales más atractivos, agravando el envejecimiento demográfico de la provincia.
3.- Factores de impacto.
3.1.- Clima, costes e incertidumbre.
Las previsiones para 2026 ya incorporan el efecto de las inundaciones y del tren de borrascas de comienzos de año sobre la actividad regional, con especial incidencia en territorios donde el sector agrario sigue teniendo peso relevante. En una provincia como Córdoba, esta sensibilidad climática tiene un efecto multiplicador: “No solo afecta a cosechas y rendimientos, sino también a renta agraria, empleo temporal, demanda local y actividad de industrias auxiliares”.
A ello se suma la presión de costes. El informe de Analistas Económicos de Andalucía advierte de que la energía sigue siendo una de las principales fuentes de riesgo para la actividad, dentro de un escenario internacional marcado por elevada incertidumbre. En una provincia con fuerte presencia agroalimentaria, cualquier encarecimiento persistente de energía, agua, transporte o fertilizantes no impacta de forma marginal, sino que deteriora directamente los márgenes empresariales y limita la inversión de modernización. El carácter estacional y precario del empleo derivado de esta vulnerabilidad climática y de costes acelera el abandono de las zonas rurales, ya que, las familias buscan una mayor estabilidad residencial y económica en entornos urbanos.
3.2.- El accidente ferroviario de Adamuz.
El accidente de Adamuz introdujo un shock extraordinario sobre la conectividad andaluza y sobre la percepción de fiabilidad del ferrocarril. Diversas informaciones apuntan a cancelaciones, alteraciones de itinerarios y caída de reservas ferroviarias tras el siniestro, con descensos de demanda de billetes de entre el 16% y el 30% en las semanas posteriores. Ello refuerza la idea de que la conectividad ferroviaria es un activo económico crítico para Córdoba, tanto por su función turística como por su papel de articulación territorial.
No obstante, conviene afinar el análisis. Los datos de coyuntura hotelera de enero y del conjunto de 2025 muestran que el impacto turístico provincial no fue lineal ni devastador en todos los indicadores: “En 2025 la provincia cerró con 1.162.915 viajeros, un 0,7% más que en 2024, aunque las pernoctaciones descendieron ligeramente hasta 1.990.921; y, además, en enero de 2026 el retroceso de viajeros fue moderado respecto a enero de 2025”.
La conclusión más rigurosa no es que Adamuz “hundiera” por sí solo el turismo cordobés, sino que evidenció la fragilidad de un modelo demasiado dependiente de un corredor de movilidad muy concreto y afectó a confianza, reservas y normalidad operativa en un momento delicado. Este aislamiento coyuntural recuerda la histórica brecha de infraestructuras secundarias en el norte y sur de la provincia, factor determinante para la desconexión socioeconómica de los municipios rurales y su consecuente sangría demográfica.
4.- Análisis estructural – (los límites del modelo cordobés y la brecha demográfica).
La principal debilidad de Córdoba no reside en sufrir shocks, sino en sufrirlos con una estructura productiva menos diversificada que otras provincias andaluzas. Mientras el crecimiento andaluz reciente ha descansado en mayor medida en servicios, industria, inversión y cierta capacidad exportadora, Córdoba sigue más expuesta al comportamiento del campo y a actividades de menor productividad relativa. Esa composición sectorial explica por qué la provincia queda rezagada en las fases de expansión y muestra menor capacidad de absorción ante perturbaciones simultáneas.
**El mercado laboral confirma ese problema de calidad estructural. Al cierre de 2025, Córdoba contaba con 318.000 ocupados y una tasa de paro del 17,0%, por encima de Andalucía (14,7%) y muy por encima de España (9,9%), siendo una de las tasas más altas de la comunidad. Dicho de otro modo: <-El crecimiento provincial no solo es bajo, sino además insuficiente para traducirse en una mejora laboral comparable a la del entorno->.
**Esta debilidad del mercado laboral guarda una relación de retroalimentación simbiótica con la despoblación. El éxodo rural hacia la capital cordobesa o hacia el exterior de la provincia genera un fenómeno de doble velocidad:
*Desvitalización rural: Los municipios medianos y pequeños pierden masa crítica de consumidores y trabajadores cualificados, lo que provoca el cierre de comercios, la pérdida de servicios esenciales (sanidad, educación) y la falta de relevo generacional en el campo e industria local.
*Fuga de capital humano: Al ser Córdoba la única provincia andaluza que destruyó empleo al cierre de 2025, la población joven con alta cualificación emigra de forma estructural, restando masa crítica para la innovación y reduciendo de forma alarmante la tasa de natalidad provincial.
También aparece un sesgo interpretativo importante en la aparente “convergencia” con Andalucía. Si Córdoba reduce muy levemente distancia relativa en ciertos escenarios de desaceleración, ello no responde necesariamente a una ganancia de competitividad propia, sino a que otras provincias más dinámicas pueden verse más penalizadas por shocks externos en determinados momentos. Esa convergencia por menor caída ajena no equivale a convergencia real en productividad, empleo cualificado, innovación o renta disponible; como tampoco maquilla la pérdida continuada de peso demográfico de la provincia en el conjunto regional.
5.- Elementos de resiliencia infrautilizados.
Aunque el cuadro general es exigente, Córdoba no parte de cero. En 2025 las compraventas de viviendas crecieron un 19,4%, por encima de la media andaluza, y las exportaciones de bienes aumentaron un 3,3%, alcanzando además un récord histórico provincial según la información publicada sobre el cierre del ejercicio. Estos datos indican que existen focos de tracción económica que pueden servir de base para una estrategia menos dependiente del ciclo agrario tradicional.
Además, el turismo cordobés presenta un rasgo relevante: “Mantiene capacidad de atracción de viajeros, pero muestra una estancia media contenida y una fuerte concentración en la capital, lo que limita el efecto arrastre sobre el conjunto provincial”.
La innovación, por tanto, no pasa solo por “más turismo”, sino por un turismo distinto: *Más distribuido territorialmente, *más vinculado a patrimonio, gastronomía, congresos, cultura y experiencias de mayor gasto medio. Esta redistribución del flujo turístico es una herramienta idónea contra la despoblación, ya que, puede inyectar rentas complementarias y fijar empleo estable en comarcas deprimidas como Los Pedroches, el Guadiato o la Subbética.
6.- Propuesta innovadora – (de provincia vulnerable a nodo de especialización inteligente y repoblación económica)
La modernización de Córdoba exige abandonar una visión puramente defensiva y pasar a una estrategia de especialización inteligente, de forma, que la Provincia puede posicionarse en cuatro vectores complementarios:
<-Agroindustria avanzada: No solo producción agraria, sino transformación, trazabilidad, regadío inteligente, valorización de subproductos, biotecnología aplicada y reducción de dependencia de insumos volátiles. Este vector busca profesionalizar y hacer atractivo el sector agrario para arraigar a los jóvenes en sus comarcas de origen.
<-Logística interior resiliente: Aprovechar su posición geográfica para reforzar nodos intermodales, almacenamiento, distribución agroalimentaria y planes de contingencia ante incidencias ferroviarias. La vertebración logística debe concebirse como un elemento de cohesión que conecte las comarcas más aisladas con los grandes ejes de transporte.
<-Turismo cultural de alto valor: Aumentar estancia media, diversificar producto más allá del excursionismo y conectar capital y provincia mediante rutas patrimoniales, naturaleza, vino, aceite y calendario congresual.
<-Industria tecnológica vinculada a sectores locales: Energía distribuida, digitalización del agua, automatización agroalimentaria, sensórica y servicios avanzados para pymes. La digitalización y el teletrabajo en sectores de servicios avanzados abren la puerta a la atracción de nuevos residentes hacia el entorno rural.
La clave innovadora consiste en conectar sectores tradiciones con capas tecnológicas y de conocimiento. Córdoba no necesita copiar el modelo de Málaga o Sevilla para mejorar su posición relativa, sino que necesita convertir sus ventajas existentes en cadenas de valor más largas, más exportables, menos vulnerables al clima o a incidentes puntuales de conectividad, y, capaces de generar un ecosistema habitable y próspero que revierta la tendencia demográfica contractiva.
<<Propuestas y recomendaciones>>
1.- Blindar el sector primario con riego eficiente, agricultura de precisión, seguros mejor diseñados, diversificación varietal y reducción de dependencia energética y química.
2.- Crear una agenda provincial de agroindustria para que más valor añadido se quede en Córdoba, mediante transformación, envasado, innovación alimentaria y comercialización exterior, priorizando la instalación de plantas transformadoras en los municipios rurales con mayores tasas de emigración.
3.- Reforzar la resiliencia logística, con protocolos de contingencia ferroviaria, mejora de conexiones por carretera y planificación de alternativas para turismo y mercancías ante disrupciones.
4.- Replantear la política turística hacia mayor estancia media, desconcentración territorial y oferta menos dependiente del acceso rápido de fin de semana, estructurando proyectos singulares que dinamicen las economías locales del interior de la provincia.
5.- Priorizar empleo, productividad y reto demográfico, no solo el crecimiento agregado, porque el verdadero rezago cordobés aparece *en la debilidad de la ocupación, *en la persistencia de una tasa de paro elevada y *en el envejecimiento del censo.
Las políticas económicas y los incentivos fiscales deben orientarse a la creación de empleo cualificado en el entorno rural como pilar básico para la retención y atracción de población.
1.- Análisis – (Más presupuesto, menos kilómetros).
El mantenimiento y la reforma de la red viaria en España no se enfrentan a un bloqueo institucional en términos absolutos, sino a una severa pérdida de poder adquisitivo en el sector de la construcción de infraestructuras. La realidad sobre el terreno es que el dinero rinde muchísimo menos que antes, lo que en la práctica ralentiza, encarece o deja desiertos muchos proyectos esenciales de reforma y conservación.
<-Déficit estructural: Se dice que España arrastra un bache de inversión acumulado en la red estatal de unos 5.600 millones de euros desde la crisis de 2008, aunque asociaciones como la Asociación Española de la Carretera (AEC) o la patronal de fabricantes de asfalto (Asefma) elevan la cifra necesaria para poner el contador a cero en todo el país a más de 13.400 millones de euros.
<-La paradoja de la inflación: A pesar de destinarse una cifra récord de casi 1.910 millones de euros a la conservación viaria, los sobrecostes diluyen el esfuerzo. Es un hecho fijado con prudencia, que el precio del asfalto se ha disparado más de un 25% desde la pandemia (el coste por kilómetro ha pasado de 42.000 a cerca de 50.000 euros) y la producción actual de mezcla asfáltica ha caído un 9%, situándose a la mitad de lo que el país requeriría para ponerse al día.
En resumen, los sobrecostes de las materias primas y la energía provocan que las licitaciones públicas se queden cortas, obligando a las administraciones a dilatar los plazos y empeorando visiblemente el firme de las carreteras.
2.- Radiografía del problema en Córdoba y Provincia.
Al descender al terreno local, la escalada de costes de las materias primas —donde el betún ha subido un 50% y la energía para la maquinaria un 47% debido a las últimas tensiones internacionales— provoca que los concursos públicos queden desiertos. Según datos de la patronal andaluza de la construcción (Ceacop), esta situación ha dejado 43 obras públicas desiertas en la provincia de Córdoba, bloqueando inversiones por valor de casi 11 millones de euros.
***El impacto directo en la red viaria cordobesa se sufre principalmente en tres frentes institucionales:
A.- Red Autonómica – (Junta de Andalucía).
<-El Plan Extraordinario de Asfaltado: Diseñado con un presupuesto de 140 millones de euros para vías autonómicas, sus contratos se calcularon antes de las últimas alzas de precios. Al no existir cláusulas dinámicas y automáticas de revisión, las constructoras asumen sobrecostes que superan el 30%, provocando que las licitaciones de mezclas en caliente (como las capas tipo AC-16 SURF en varias calzadas de la provincia) se queden directamente vacías porque las empresas prefieren no ofertar antes que perder dinero.
<-El Eje Córdoba-Jaén (A-306 por El Carpio hasta Torredonjimeno): La histórica conversión en autovía de esta calzada clave fue descartada a corto plazo por la Junta debido al prohibitivo contexto inflacionista actual, lo que ha encendido la polémica social (materializada en una campaña de 18.000 firmas vecinales que exigen la autovía). La alternativa actual es un proyecto de mejora de capacidad y seguridad para los 42 kilómetros restantes que faltan hasta El Carpio. Aunque hay 9 empresas compitiendo en la fase de diseño y redacción, el verdadero cuello de botella legal y técnico surgirá en la licitación del asfaltado real: “Si la Administración no actualiza los precios base por kilómetro, se corre el riesgo inminente de que quede desierta”.
B.- Red del Estado – (Ministerio de Transportes).
El Gobierno central licitó un paquete de 24,9 millones de euros para la conservación y explotación de carreteras estatales en Córdoba (Sector 01). No obstante, la falta de margen económico para reasfaltados profundos mantiene bajo una fuerte tensión a vías críticas que acumulan numerosas quejas:
<-N-432 (Badajoz – Córdoba – Granada): Afecta de lleno al tramo desde el límite provincial de Badajoz (Fuente Obejuna) hasta el límite con Jaén (Baena), ralentizando sus proyectos de conversión en autovía.
<-N-502: Especialmente tensionada en el tramo que va desde Espiel hasta el límite con Ciudad Real.
<-Autovía CO-31: Afecta a los accesos situados al noroeste de Córdoba capital. La Autovía CO-31 es una vía de acceso de la red estatal que conecta la autovía del Sur (A-4) con la carretera N-432 en la zona norte de Córdoba.
C.- Red Provincial y Caminos Rurales – (Diputación de Córdoba).
La red de carreteras secundarias y caminos de titularidad provincial sufre una acusada falta de mantenimiento operativo que los usuarios califican de abandono. En los desgloses presupuestarios de la institución provincial, las partidas destinadas el mantenimiento de carreteras se cifran en unos 10 millones, que se diluyen rápidamente al intentar cubrir la extensa red capilar de la provincia.
Nota. El Presupuesto de la Diputación asciende a 522,9 millones de euros en términos consolidados; incremento del 21,3% respecto a 2025; en cifras globales se traduce en 91,8 millones de euros más; y solo por señalar unos datos, *ej. Epremasa el año que viene tendrá unas pérdidas se eleven a los 6,74 millones de euros; y, Emproacsa irá a unas pérdidas el año que viene de 6,4 millones de euros, que se cubrirán sin más problemas por el Gobierno del P. P. de Salvador Fuentes.
<-La asfixia de las vías secundarias: Al igual que ocurre con las demás administraciones, los sobrecostes del betún y los áridos impiden que los fondos ordinarios alcancen para cubrir las actuaciones necesarias. Al tratarse de carreteras que comunican núcleos menores y explotaciones agrícolas, el encarecimiento de la maquinaria pesada y del gasoil hace inviables económicamente los parches licitados.
<-El descuido de los caminos vecinales: Las pequeñas constructoras rurales y los ayuntamientos medianos no disponen de fórmulas para reequilibrar contratos menores frente a pérdidas del 30%. Esto frena en seco el desbroce, la consolidación y el afirmado de caminos rurales esenciales para el sector agropecuario de las comarcas cordobesas, agravando la sensación de aislamiento de los municipios de la periferia.
3.- Impacto asimétrico – (Obras mayores vs. Obras menores).
La inflación no golpea a todos los proyectos por igual; de hecho, actúa con una asimetría jurídica y económica radical que perjudica al eslabón más débil de la contratación pública. En toda Andalucía, el problema ha escalado hasta dejar cerca de 300 obras públicas desiertas, sumando 116 millones de euros paralizados.
<-Obras Menores – (La “tormenta perfecta” del abandono): Son los contratos de menor cuantía (mejoras de accesibilidad, reurbanización de calles de barrio, parches locales o arreglos en colegios y caminos) que oscilan entre los 50.000 y los 300.000 euros. Al tener presupuestos tan ajustados, carecen por completo de margen de maniobra ante las subidas del betún o el gasoil. Además, los mecanismos excepcionales de revisión de precios de la Administración suelen exigir condiciones complejas -como que la obra dure más de un año-, que excluyen por ley a las obras menores, dejándolas desprotegidas.
El ejemplo real en Córdoba: El Ayuntamiento de Córdoba tuvo que declarar desierta la mejora de accesibilidad de la Avenida República Argentina (177.135 euros) porque la única empresa que se presentó no pudo aportar la documentación de forma viable. Lo mismo ocurrió con el proyecto de 4 viviendas de VPO en la calle Puente de Montoro (unos 580.000 euros). Las pequeñas constructoras locales no pueden arriesgar su supervivencia en contratos que las abocan a pérdidas inevitables.
<-Obras Mayores – (Ralentización sistemática o “parálisis por inanición”): En las grandes infraestructuras (autovías, variantes o macroplanes), las grandes constructoras cuentan con mayor músculo financiero, economías de escala y contratos de suministro a largo plazo. No suelen dejar los concursos vacíos con tanta facilidad porque abandonar la obra implicaría la pérdida de fianzas millonarias y duras penalizaciones legales. En su lugar, optan por ralentizar el ritmo de ejecución al mínimo legal, estirando los plazos a la espera de que el mercado se estabilice. Esto explica por qué grandes proyectos, como el Plan Extraordinario de Asfaltado de la Junta, continúan vivos pero avanzan de manera desesperadamente lenta mientras absorben sobrecostes del 30%.
4.- Contraste con el entorno urbano – (Córdoba Capital).
A diferencia de las carreteras interurbanas, el entorno urbano de Córdoba capital ha logrado sortear parcialmente el bloqueo en sus principales arterias mediante una estrategia de adaptación:
<-Plan de Asfalto (Fases 2 y 3): Se ha adjudicado formalmente este macroproyecto con una inversión de más de 7,1 millones de euros para renovar el firme de 133 calles y grandes avenidas repartidas en los 10 distritos de la ciudad entre este año y el siguiente.-
¿Por qué ha tenido éxito?: El Consistorio fragmentó el contrato en lotes atractivos y accesibles para las constructoras locales y, fundamentalmente, utilizó partidas presupuestarias actualizadas a los precios reales del mercado actual. Sin embargo, el blindaje no ha sido total: “Los sobrecostes de la construcción sí han dejado desiertas obras municipales menores en la periferia y promociones de vivienda protegida de alquiler donde los márgenes fijados por la administración eran excesivamente bajos”.
5.- Consecuencias a medio plazo para la Provincia.
La inflación industrial actúa como un impuesto invisible que fractura la modernización y la cohesión territorial de Córdoba de tres formas directas:
1.- El laberinto legal de las obras vivas: Al no contar con fórmulas ágiles de reequilibrio contractual, los plazos de ejecución se extienden indefinidamente, traduciéndose en carreteras cortadas y obras que se eternizan.
2.- Pérdida de kilómetros reales: Ante presupuestos similares o con ligeros incrementos nominales, el encarecimiento de los materiales obliga a la Diputación y a los ayuntamientos a realizar un “bacheo quirúrgico” de emergencia, posponiendo las reformas integrales necesarias en las travesías de zonas como el norte de la provincia (Los Pedroches y el Guadiato) y la Subbética.
3.- Freno a la cohesión territorial: Córdoba, situada históricamente a la cola de la inversión por habitante en Andalucía, ve cómo sus grandes ejes vertebradores (variantes de población, las mejoras de la N-432 o los terceros carriles de la A-306) se dilatan en el tiempo debido a la lenta burocracia que exige la actualización de los precios base de los proyectos.
N. B. Imagen. Inflación y sobrecostes en las Carreteras de Córdoba – (Freno a la conservación viaria).
La Diputación de Córdoba, bajo la gestión del Partido Popular, ha presentado su hoja de ruta para 2026: “Un presupuesto de 522,9 millones de euros” que se anuncia y publicita como “agresivo” e “histórico”, presumiendo de un crecimiento del 21,3%, sin embargo, tras los fuegos fatuos y la pirotecnia de las cifras, se esconde una realidad alarmante, ya que, la provincia no está ante un salto adelante, sino ante una huida hacia adelante financiada por el contribuyente.
<<Las cuentas del engaño>>
Un aumento de 91,8 millones de euros en un solo año no es un milagro económico, porque realmente es una mayor detracción de recursos del sector privado al público, de forma, que mientras las familias cordobesas hacen malabarismos con la inflación, la administración provincial engorda para la nada, porque este crecimiento negativo se sustenta en tres pilares peligrosos:
–Presión fiscal asfixiante, porque el incremento de las tasas de agua y basura no es una “actualización”, sino el rescate de una gestión ineficiente.
-Hipotecando el futuro, ya que, se anuncian 17 millones de euros en nuevos créditos por lo que estamos financiando el gasto corriente de hoy con la deuda que pagarán nuestros hijos.
-Gasto estructural desbocado, pues la verdad es, que bajo el epígrafe de “inversión”, se camuflan estructuras políticas duplicadas y una burocracia que se alimenta a sí misma.
<<El colapso de las empresas públicas (Una quiebra anunciada).
Es sorprendente que el mismo gobierno que presume de músculo financiero, admita que Epremasa y Emproacsa están en “quiebra técnica”, y, además, atribuye la situación de descalabro a que el ciudadano “paga poco”, insultando a la inteligencia de todos los cordobeses, porque estamos ante una doble imposición material:
1.- Si suben las tasas, el ciudadano paga más por el mismo (o peor) servicio.
2.- Si no las suben, la Diputación inyecta millones del presupuesto general -dinero que también sale del bolsillo del contribuyente para tapar agujeros negros de gestión.
¿Dónde está la responsabilidad de los administradores?
La ineficacia operativa no es un accidente, es una elección política.
<<La corrupción de la gestión>>
La corrupción de la Diputación Provincial de Córdoba no solo es el desvío de fondos públicos, sino que es la administración negligente del dinero de todos los cordobeses, porque *gestionar con opacidad, *permitir sobrecostes y *mantener empresas públicas y entes instrumentales de dudosa utilidad es una forma de corrupción sistémica, que erosiona la confianza en la democracia.
El “cambio” prometido del P.P. del Presiente Fuentes Lopera se ha convertido en una mímica de las peores prácticas del pasado, es decir, *más gasto, menos transparencia y una élite política blindada frente a sus propios fracasos*.
<<Transparencia completa (Preguntas)>>
Exigimos que la Diputación desglose, euro a euro, el origen de esos 91,8 millones adicionales:
1.-Ingresos Corrientes: ¿Cuánto sale exactamente del aumento de tasas e impuestos directos?
2.- Operaciones de Capital: Ese aumento del 76,3% en subvenciones, ¿son fondos estructurales garantizados o promesas coyunturales?
3.- Factura Financiera: Detallen las condiciones de los 17 millones en préstamos: ¿Qué intereses pagaremos y qué garantías se han comprometido?
<<Decálogo de Eficiencia>>
Desde Córdoba Abierta -ACOA- proponemos un plan de choque inmediato para rescatar las empresas públicas sin asfixiar a los cordobeses:
1.- Unificación de Servicios: Eliminar departamentos duplicados (RRHH, Informática, Legal) entre Diputación y sus empresas.
2.- Congelación de Estructura: Cerrazón a nuevas plazas no operativas sin memoria de necesidad vinculada a resultados.
3.- Central de Compras Real: Unificar la contratación de energía y suministros para lograr economías de escala.
4.- Subastas Inversas: Digitalización total de la contratación para evitar la adjudicación <a dedo> o por -inercia-.
5.- Optimización Logística: Inteligencia de datos para reorganizar rutas de residuos y reducir kilómetros en vacío.
6.- Auditoría de Flota: Sustituir la propiedad por leasing donde el mantenimiento sea una carga insostenible.
7.- Telegestión Hídrica: Inversión en sensores para detener las fugas de agua que hoy pagamos todos.
8.- Eficiencia Energética: Plan de choque en depuradoras y plantas de tratamiento para reducir la factura eléctrica.
9.- Techo de Gasto Operativo: Prohibir por norma que el gasto de estructura crezca por encima de la inflación.
10.- Auditoría Externa de Impacto: No basta con saber qué se gasta, hay que publicar el valor social devuelto por cada euro invertido.
<<Conclusión>>
El presupuesto de 2026 es un engaño contable, que se disfraza presentado a la ineficiencia de progreso. No podemos aceptar el “mal menor”, porque Córdoba necesita una administración que entienda que el dinero público es sagrado porque es el fruto del esfuerzo de sus ciudadanos.
Menos propaganda, más cuentas claras.
N.B. La cifra de aumento del presupuesto consolidado es, dicho mal y pronto, <-un engaño masivo-> disfrazado de inversión, que oculta la ineficiencia crónica.
Los ciudadanos cordobeses quedan en el limbo electoral, sin saber a quién votar, pues el criterio de “elegir al menos malo” ya no sirve en un panorama de promesas incumplidas y gestión opaca.
