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Huelga LAJs – SINDICATOS (tocando el cajón)

Es de cajón.

El Rey en Cádiz toca el cajón y ahora todos a tocar el mismo cajón.

La Constitución consagra en su art. 14 que todos somos iguales en derechos y obligaciones.

Los LAJs. llegan a un acuerdo con el M. de Justicia y acaban su huelga, cosa que bueno para todos, pero hay un pero, que es el “resto de funcionarios de la justicia” (los demás funcionarios y empleados públicos, también).

Si alguna vez los sindicatos llevan razón, esta ocasión es de libro:

Llevan más que razón, todos en el mismo cajón.

La huelga de Letrados ha servido para poner de relieve que el que no llora no mama.

Los españoles ahora también pueden tocar el cajón el 28M, pues como no pueden hacer huelga, su derecho a la huelga es votar en masa a quien quieran.

La cosa es clara, todos a tocar el cajón.

N.B. Es de cajón, de forma, que ahora todos podemos tocar el cajón.

Habrá que escoger y votar, aunque para poder tocar el cajón hay que saber lo que es posible y lo que es imposible, aunque algo es seguro: que los españoles son cualquier menos tontos, como ya se demostró con la Constitución de 1978.

Córdoba, a 28 de marzo de 2023

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Desempleo – Ayuntamientos – Elecciones (lucha contra el paro desde el poder local)

El desempleo en Andalucía no es un problema es “EL PROBLEMA”, de manera, que no queda otra que tratar de reducir ese paro que lo ahoga todo, quedando claro que la solución es de todos, no sirviendo hablar de lo público y de lo privado si no se aportan soluciones reales y eficaces.

En Andalucía el paro de jóvenes, mujeres y mayores de 50 años es algo inasumible e inaceptable.

Digo esto, porque se dice que el desempleo no es un asunto competencia de los Ayuntamientos y de las Diputaciones, lo que, sin duda, es una verdad relativa, al ser cierto que desde las Entidades Locales se pueden adoptar muchas medidas para combatir el paro y crear empleo.

Pronto habrá elecciones municipales, de forma, que hay que estar atento a las propuestas de los partidos políticos en materia de empleo en el ámbito de las competencias de las entidades locales, no sirviendo el postulado negacionista de que el paro y el empleo quedan fuera del campo de actuación de Ayuntamientos y Diputaciones.

Las Entidades Locales pueden y deben hacer mucho para que en sus territorios competenciales se cree empleo y se reduzca el paro.

En el sector público estricto las posibilidades directas de empleo de estas entidades locales son muy limitadas, pero en colaboración con el sector privado se pueden llevar a cabo muchas iniciativas, empezando por realizar un gasto público productivo y eficaz, de manera, que no se distraiga ningún recurso ni se gaste dinero público en asuntos que signifiquen dilapidación de lo que es de todos. La buena administración de los recursos públicos no solo es una necesidad, sino que es algo exigible a los representantes locales elegidos sin excusa ni pretexto alguno.

Los casos conocidos como el llamativo tranvía de Jaén donde se han dilapidado impunemente miles de euros en el vacío de la nada es algo inaceptable, pero es solo un ejemplo límite, pues hay otros casos de gastos públicos tirados al descampado de la inanición, como pude ser en el Ayuntamiento de Córdoba, determinadas inversiones vinculadas a la limpieza y basura, que están inmóviles y sin desarrollar, sin que nadie les ponga fin para ponerlas en funcionamiento real o para abandonarlas dada su imposible puesta en práctica si eso es así.

La eficiencia del gasto público es algo irrenunciable.

Aclarado lo dicho sobre el gasto productivo, eficaz y dirigido a cubrir de verdad necesidades locales realizables, hay que seguir creando opciones reales de empleo desde las entidades locales, porque la realidad es, que muchas cosas, se pueden alcanzar desde las competencias de los ayuntamientos y diputaciones en la lucha ineludible contra el paro en Andalucía.

Se puede recaudar más, exigir el pago de más o menos impuestos, pero, sin duda, hay que administrar mejor.

Es una necesidad admitir una realidad, que desde las Entidades Locales se puede crear empleo y reducir el paro, aunque para ello hay que aceptar una serie de principios denostados y cambiar muchas cosas que se dan por sentadas equivocadamente, así:

*Lo Público y lo privado no son excluyentes entre sí, sino que son sectores complementarios, de forma, que no pueden existir el uno sin el otro, de manera, que enfrentar el uno con el otro es un suicidio colectivo, que solo perjudica al ciudadano de a pie.

*Los Ayuntamientos y las Diputaciones tienen competencias de sobra, que les permiten crear las condiciones precisas para establecer las bases para una colaboración entre lo público y lo privado para luchar contra el paro en sus territorios municipales y provinciales.

*Las administraciones locales deben mejorar su eficiencia, temiendo como norte de su actuación el servicio a sus ciudadanos, nunca al contrario como desgraciadamente ocurre ahora en muchos casos, pues es una verdad patente que no pueden existir sino volcadas al bien común, de conformidad con lo que dice el artículo 103.1 de la Constitución de 1978, cuando establece, que “la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho”.

Todas las corruptelas existentes en algunas muchas corporaciones locales de preeminencia de ellas mismas sobre sus ciudadanos se deben erradicar, pues los políticos locales solo existen en cuanto representan a sus votantes.

Es una realidad legal que las administraciones públicas deben estar al servicio de sus ciudadanos y no estos subordinados a ellas, de forma, que hay que arrancar y desterrar de raíz la idea perversa de que solo existen como sujetos pasivos del pago de impuestos.

Un ejemplo de la realidad diaria: pruebe a llamar a un teléfono del Ayuntamiento de Córdoba para informarse sobre algo, verá que es difícil conectar, situándose en modo de espera, y, si pide cita previa obligatoria a esperar. Si lo que intenta aclarar el ciudadano es una reclamación sobre el pago de un impuesto (IBI, plusvalía, etc.), que se vaya preparando, primero a pagar, después si está en desacuerdo una legión de funcionarios y abogados le podrán en su sitio, y, si se pretende hablar con el concejal de turno los trabajos de Hércules son una minucia comparados con conseguir esa finalidad. Que conste que es solo un ejemplo, pues se pueden citar muchas Administraciones en igual situación y mucho peor.

Otro ejemplo de lo que nunca debe ser, es la actuación normalizada de la Hacienda Local de Córdoba (Diputación de Córdoba), que simple y llanamente ignora la legalidad y cualquier respeto a la ley, moviéndose, además, por criterios ideológicos en su actividad coercitiva, de manera que en vez de estar al servicio de los contribuyentes dicta resoluciones injustas a sabiendas contra ellos en perjuicio buscado de los mismos.

Lo dicho se puede discutir y disentir, pero la verdad absoluta es, que los derechos y libertades constitucionales reales son los cimientos de cualquier democracia que sea digna de tal, de manera, que si los Ayuntamientos y Diputaciones ignoran la legalidad y el respeto a la ley aplicable, es un hecho patente que no sirven a los ciudadanos, sino que intentan convertirlos en súbditos, tratándolos como sirvientes, ignorando la Constitución Española que consagra que todos los poderes proceden y nacen del Pueblo Soberano.

“Solo cumpliendo la Ley pueden crear empleo y combatir el paro”, aunque eso solo es posible hacerlo estableciendo unas condiciones flexibles y abiertas, que permitan en los municipios y en las provincias que la creación de riqueza aflore en aras del interés general, estando esas administraciones al servicio del bien común siempre y sin excusas ni pretextos.

Por otro lado, se considera por muchos políticos, como se está viendo a diario, a las personas como siervos de la clase política dominante y/o como algo a exprimir, no como lo que realmente son, ciudadanos libres que poseen unos derechos fundamentales personales, innatos e irrenunciables. Debiendo quedar claro, que los responsables de esas disfunciones son los políticos que mandan, por acción u omisión, que, además, se consideran impunes sin serlo, ya que, solo llevan razón, cuando el ciudadano se achanta o calla refugiándose en un silencio oprobioso.

Hay que dejar claro, que afortunadamente no son todos, aunque lo peor es que estos muchas veces callan, quizás, impelidos por un sistema de listas cerradas perverso y contra la libertad, que habría que erradicar de raíz.

N.B. Es una realidad indiscutible que el desempleo se puede combatir desde los ayuntamientos y ahora que vienen elecciones, hay que incentivar la lucha contra el paro desde el poder local.

Las administraciones locales no tienen razón de ser si no están al servicio de sus ciudadanos, de forma, que sin verdadera libertad, sin igualdad, sin justica social y sin un Estado de Derecho que funcione, es imposible que exista una corporación local que cumpla sus fines constitucionales.

EL PROBLEMA de Andalucía es el problema de todos, pero en primer lugar de todas y cada una de sus administraciones públicas, por supuesto, entre ellas, los ayuntamientos y diputaciones, aunque solo sea por su cercanía al ciudadano.

Lo contrario, simplemente, es faltar a la verdad y soslayar el cumplimento de la C. E. de 1978.

Córdoba, a 7 de octubre de 2022

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Legítima defensa II – democracia y respeto a la Constitución (resoluciones injustas – derechos y libertades)

Con carácter previo, recomiendo leer un artículo titulado “La dictadura de la Agencia Tributaria” de Jesús Cacho (publicado 06/06/2021 04:45 en el diario digital Vozpópuli), del que reproduzco entrecomillados varios párrafos, por su enorme trascendencia en defensa de la democracia constitucional:

<< “Aunque es notable la nómina de funcionarios de la AEAT que deben ser calificados como perfectos demócratas, hay una parte que solo concibe su existencia actuando en funciones de inspección, que pasan 20 o 30 años de su vida haciendo lo mismo y que terminan con la mente deformada, de modo y manera que el contribuyente que tiene la desgracia de caer en sus manos puede tener la seguridad de ser considerado como un defraudador y tratado como tal. No hay derechos y libertades que valgan”.

“Nadie se atreve a denunciar la indefensión en que se encuentran los inspeccionados por miedo a represalias”. “Nadie, a revelar la sistemática conculcación de derechos fundamentales reconocidos por la Constitución”. “El resultado es que la Agencia Tributaria causa miedo, terror, acojono”.

“Las cosas no han hecho sino empeorar, porque nada puede mejorar en una democracia cuya proverbial pobre calidad viene siendo conculcada en los últimos tiempos por todo tipo de atropellos, muchos de ellos tolerados, si no inducidos, desde la propia esfera del poder político”.

“Urge democratizar la Agencia Tributaria, acabar con la tiranía” … …

“Urge emprender una reforma como la que en su día llevó a cabo el presidente Reagan en Estados Unidos con un Internal Revenue Service (IRS) en profunda crisis, víctima de los mismos abusos que hoy se denuncian en la AEAT, para convertirlo en una institución encargada del cumplimiento de las leyes tributarias y de la recaudación fiscal perfectamente democrática, es decir, respetuosa con los derechos y libertades del ciudadano contribuyente”. >>

*** Lo dicho por Jesús Cacho en su artículo precitado, nos introduce de lleno en la legítima defensa, que –se basa en el derecho natural que tiene un pueblo o una persona de protegerse para rechazar una agresión ilegítima grave e inminente-.

La legítima defensa es un derecho y un deber frente a todo autoritarismo e injusticia, y, contra cualquier resolución injusta de los poderes públicos, sean quienes sean sin exclusión alguna.

En las democracias cuando un poder público y sus empleados sobrepasa sus poderes y se adentra en la senda del autoritarismo y de la arbitrariedad, actuando ilegítimamente contra los derechos de los ciudadanos anulando sus libertades fundamentales, la legítima se debe ejercitar por los ciudadanos (el pueblo soberano)de conformidad con la Ley constitucional contra cualquier abuso contra ley, pues esos poderes y/o administraciones nunca actúan de oficio defendiendo al ciudadano agraviado.

Reitero, que la C. E. de 1978 dice en sus arts. 9 y 10, que “los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico” y que “el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social“.

En España por la actuación de algunos poderes públicos y algunos pocos de sus empleados, los ciudadanos sienten la falta de libertad, y, que se conculcan sus derechos constitucionales, de manera, que no queda otra que la legítima defensa por el pueblo y sus ciudadanos, como forma de protección frente a las agresiones contra las libertades, precisamente por la inacción de esos poderes públicos y sus autoridades responsables, que frente a la vulneración de derechos constitucionales, adoptan una posición silente e inane, incumpliendo su deber de proteger al particular agraviado.

La reforma democrática de esos poderes públicos y sus empleados, que actúan sin reparo contra ley y contra los ciudadanos, es, sin duda, una urgencia democrática, pues, el particular sometido a decisiones injustas, aunque se defienda “-acongojado y cautivo en su temor-”, solo consigue, si es que llega a ello, una pequeña reparación, mientras esos pocos empleados (que enmierdan con su rencor injusto al resto mayoritario de compañeros) que sacrifican contra ley injustamente al pueblo, que dicen servir, quedan impunes ante una administración -en espera- y -paralizada-, que casi nunca acude en defensa de los derechos de sus ciudadanos, que la mantienen política y económicamente.

Por todo lo dicho, es necesaria y urgente una reforma democrática de las actuaciones de los poderes públicos, que evite comportamientos injustos para los ciudadanos de esos pocos empleados y administraciones, que imponen sus resoluciones injustas, además, utilizando amenazas e imponiendo el terror a un pueblo del que nace su poder, ejercitado irresponsablemente y, hasta hoy, con arbitrariedad desde una impunidad casi absoluta.

N.B. Legítima defensa es justicia en una democracia desviada frente a resoluciones injustas del poder público, que socavan nuestros derechos y libertades fundamentales.

Reitero,que la legítima defensa es necesaria frente a los abusos de poderes públicos que actúan contra la Ley, que es la base de nuestro Estado social y democrático de Derecho, al consagrar la C. E. que es el fundamento del orden político y de la paz social

Es de justicia, que, si un poder público y sus representantes se separan de la ley, admitiendo actuaciones fraudulentas con una apariencia de legalidad, y, contra los principios que sostienen el Estado de Derecho, la legítima defensa es un derecho y un deber de los ciudadanos.

La Instituciones del Estado en una democracia plena deben estar al servicio de los ciudadanos y no al contrario, sin excusa ni pretexto alguno.

Córdoba, a 9 de junio de 2021

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

No hagas a los demás, lo que no quieras que te hagan a ti – Derecho a la presunción de inocencia (Constitución – derechos y libertades)

Quizás, es un principio moral, que se puede considerar como uno de los puntos de partida de los derechos humanos, de manera, que quién acepte el principio enunciado, tratará con consideración y respeto a todos los seres humanos, y, no solo los miembros de su colectivo.

La filosofía lo considera, uno de los fundamentos de la ética entendida como sistema de principios universales de convivencia, que todos los hombres pueden aceptar en libertad.

Karl Popper para justificar su Estado mínimo dice, utilizándolo en negativo, “que el Estado no debe imponer afirmativamente determinadas conductas a los hombres, sino que sólo debe impedir que éstos se causen mal los unos a los otros”; es decir, que no hagan a los otros, lo que no querrían para sí mismos.

Lo dicho viene a colación, porque en estos días aciagos, donde los enemigos del Estado de Derecho y de la Constitución están eliminado y poniendo en el vacío nuestros derechos y libertades, se vienen produciendo ataques feroces al derecho a la presunción de inocencia, usando todos los medios existentes de comunicación (televisión, radio, redes sociales prensa escrita, etc.), al grito del “si es si” o cualquier otro disparate semejante, aunque solo se admite, cuando va en una sola dirección, ya que, cuando se trata de ellos y de sus comilitones, apelan sin pausa ni tregua a todas sus libertades y derechos, que los mismos creen, que solo son de su colectivo minoritario.

Así que, no hay más que encender una televisión a cualquier hora, ver las redes sociales u oír algunas declaraciones políticas para comprobar, que el derecho a la presunción de inocencia ha desaparecido de la Constitución por obra y gracia del oficialismo autoritario, a la vez que se ve, como, por ejemplo, todos los líderes políticos del llamado “proces catalán”, acuden en tropel ante el T. C. contra el magistrado Conde – Pumpido, cosa que no reprocho en forma alguna, pues, por mi parte, haría exactamente lo mismo, con la salvedad, de que para mi es un derecho de todos los españoles por igual.

(Nota: Junqueras, Romeva, Rull, Turull y Sánchez piden la recusación de Conde-Pumpido, como hizo antes el expresidente Carles Puigdemont, por unas declaraciones en el Congreso de 2017).

El TC sobre el derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 de la C. E.), señala, que, “la presunción de inocencia ha dejado de ser un principio general del derecho para convertirse en un derecho fundamental”, que vincula a todos los poderes públicos y que es de aplicación inmediata.

Lo destacable aquí y ahora, es comprobar, cómo están demoliendo la Constitución y nuestros derechos y libertades, que, por cierto, ya no son de todos (art. 14 C. E.), sino de unos pocos elegidos, que se rigen por el autoritarismo excluyente de cualquiera, que no sean ellos mismos.

Sin la menor duda, la gran mayoría de los españoles consideran la Constitución de 1978 como norma suprema de convivencia, de manera, que es una vergüenza increíble, lo que está pasado en España a la vista de todos, sin que ningún poder del presunto Estado Social y Democrático de Derecho salga a defender nuestra Carta Magna y el respeto a la Ley; razón por la que nuestros derechos, como la presunción de inocencia, son una mera entelequia en manos de unos poderes públicos inanes, que aceptan silentes y cautivos el empoderamiento del autoritarismo y el despojo de las libertades.

Parece por la propaganda masiva del oficialismo, que lo expuesto es la voluntad mayoritaria de los españoles, aunque, sinceramente, creo que no es así, sino que, la enorme mayoría de ciudadanos en España están convencidos de que la Constitución de 1978, nos ha proporcionado más de 40 años de derechos y libertades fundamentales, y, no están dispuestos a renunciar a ellos/as.

Espero, que, en las próximas elecciones, sean las que sean, se verá un terremoto (un tsunami) de libertad, que lo arrasará todo defendiendo el Estado de Derecho.

Puede ocurrir, que no pase así, pero que nadie se llame a engaño, pues está muy claro lo que hay, de manera, que no nos ocurra como al personaje del poema de Martin Niemöller sobre la libertad y la apatía en su defensa: “Cuando finalmente vinieron a buscarme a mí, no había nadie más que pudiera protestar”.

En conclusión, el derecho a la presunción de inocencia ha desaparecido en España, y, por ello, que cada uno haga lo que quiera y/o lo que pueda, pero, está muy claro, que la libertad no se defiende sola, y, que es fácil de quitar y difícil de recuperar.

N.B. El principio ético de “no hagas a los demás, lo que no quieras que te hagan a ti” está en pleno vigor, de forma, que, si no defendemos la Constitución y nuestros derechos, como la presunción de inocencia, perderemos la libertad.

La sociedad española está ahogada en la incertidumbre por la pérdida de libertades, de forma, que estamos abocados al desastre si no reaccionamos, ya que, sin seguridad jurídica, sin libertades y sin principios éticos solo existe la nada, que llevará a conflictos sociales derivados de la ruina política, que se está construyendo sin descanso por los enemigos de la libertad.

Sin derechos y libertades por igual para todos los españoles sin exclusión (art. 14 C. E.), y, siempre con respeto a nuestra Constitución y a sus derechos fundamentales consagrados, no existe la democracia, de manera, que, si no obramos en consecuencia con firmeza y sin temor, quedaremos sometidos a la arbitrariedad de unos pocos, que no respetan la Ley de todos iguales y con los mismos derechos.

Córdoba, a 23 de marzo de 2021

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

El si expreso (la Ministra de Igualdad quiere que el consentimiento -el si- para mantener relaciones sexuales sea expreso, si no es una violación)

En principio, la propuesta de la Ministra de Igualdad es una buena idea, pero se deben hacer algunas consideraciones previas, sin ánimo de exhaustividad, así:

.- El consentimiento expreso precitado en razón del principio de igualdad constitucional (art. 14), se extiende a hombres con mujeres y viceversa, a mujeres con mujeres, a hombres con hombres, a transexuales, y, en definitiva a todas las personas, sin exclusión alguna.

.– El consentimiento expreso debe constar por escrito con fecha y hora, siendo debidamente firmado por las partes individualmente y de carácter recíproco.

.- El consentimiento al ser un derecho fundamental debe ser gratuito y facilitado por el Estado.

A lo dicho, se formulan las siguientes propuestas, que podrán completarse por otras que mejoren la aplicación del si expreso:

** El Ministerio de Igualdad debe facilitar a toda persona el impreso del “si expreso”, que necesite o requiera. Un cálculo podría ser la cifra inicial de 100.000.000 de impresos, cantidad regulable vistos los resultados.

Lo anterior implica que el Ministerio de Igualdad debe colocar en todos los lugares públicos o privados una mesa bien visible con todos los impresos que se consideren necesarios y utilizables, con un rótulo del Ministerio de Igualdad que diga claramente “impreso del si expreso”, así: En todos los Ministerios con todas sus delegaciones, empresas públicas y organismos dependientes, incluida la Moncloa y la Zarzuela; en todas las comunidades autónomas y sus servicios públicos; en todos los ayuntamiento y corporaciones locales; en todas las empresas y asociaciones; en colegios e institutos y universidades; y, en un largo etc. si excluir a nadie ni a nada.

** El impreso del si expreso, una vez firmado -con fecha, hora y DNI- debe ser intercambiado entre las partes participantes y guardado en lugar seguro y para siempre, ya que el presunto delito no prescribe. Así mismo, es necesario un impreso del si expreso para cada ocasión, de forma que si existen relaciones a las 7 horas y a las 23 horas del mismo día se deben utilizar dos impresos. Se podrían excluir los casados/as o parejas de hecho legalizadas, siempre que en el acta correspondiente figure la autorización del -si expreso-, mientras el consentimiento no sea revocado por los mismos medios.

** Será necesario, que el receptor/a del impreso, relleno y firmado, del si expreso, lo guarde (para siempre) por riguroso índice cronológico en un lugar muy seguro -caja de seguridad, cofre, escondite seguro, etc.-, pues la responsabilidad por dicho delito no desaparece nunca, y, ya se ven denuncias con muchos años de antigüedad.

** Se aconseja contratar un seguro de responsabilidad civil con una cobertura completa de 1.000.000 de euros mínimo.

N.B. El “si expreso” es un derecho fundamental. Es cierto que resultará molesto para todos/as, pero los derechos fundamentales se deben priorizar. La Ministra de Igualdad tiene buenas ideas en todos los aspectos y que nadie se preocupe por el coste, pues el dinero público no es de nadie.

Córdoba, a 14 de julio de 2018

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de T. y S. S.