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Adivinanza política: Además de misóginos contra la Constitución (fácil de resolver)

Esta es una cuestión de principios y de respeto a los derechos y libertades que garantiza la Constitución Española, ya que, si las cúpulas dirigentes de los Partidos ignoran el estado de derecho,  destrozan derechos fundamentales, rompen la igualdad de los españoles y martirizan intentando someter cautivos a los que disienten (sobre todo si son mujeres), es un imposible, que los españoles podamos votar a esos partidos misóginos y liberticidas.

Al mismo tiempo, es casi imposible caer en error tras error de ese calibre sin buscarlo intencionadamente o ser un necio papanatas, así:

**  Según el Diccionario de la RAE misoginia es: Aversión a las mujeres.

** La Constitución Española vigente de 1978 dice en su artículo 6: Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.

En España hay un Partido Político cuya cúpula dirigente, *tiene aversión a las mujeres y, además, *en su estructura interna y en su funcionamiento no es democrático.

Es público y notorio, que tiene dos cargos públicos desempeñados brillantemente por dos mujeres, a las que su cúpula dirigente está machacando sin piedad, ante el silencio cómplice de muchos voceros silentes -sometidos y sometidas- (todos estos, también, son responsables). Todos saben sus nombres -Cayetana e Isabel- y encima a las dos les abren un expediente torticero, esgrimiendo amenazas de todo tipo y rigor.

En la democracia española regida por el Estado de Derecho constitucional, si alguien y, a mayor inri, cualquier autoridad o responsable público sugiere tener datos fiscales y bancarios sobre la supuesta comisión de un ilícito penal o administrativo para eso están los Juzgados de Guardia y las Autoridades Administrativas competentes, lo demás es llenarse de porquería el que habla -tira la piedra- y esconde la mano; de forma, que exigirle, además, públicamente a una persona, sea quien sea, que aclare un ilícito públicamente sin acudir a la justicia a denunciarlo, es una bajeza tremenda y supone el incumplimiento de un deber, que está tipificado como delito en el Código Penal.

Está visto, que los derechos fundamentales, como la presunción de inocencia, el derecho de defensa, el derecho a la prueba, etc. les importan una higa, pues creen firmemente, que son impunes y están por encima del bien y del mal, pues las obligaciones son para el Pueblo.

El máximo responsable del partido ha dicho: {A mí me llegó una información a finales de diciembre con datos fiscales y bancarios, se podría inferir que venía de una institución pública}. Según el mismo responsable, la información emanaría de entidades públicas, datos -de posibles transferencias y datos fiscales-.

Si es verdad lo dicho, nos encontramos con algo gravísimo y la Justicia debería intervenir de oficio, por no hablar de la AEAT-Hacienda y la Agencia Española de Protección de Datos.

Debe quedar claro, que esos dirigentes misóginos, trileros, atrabiliarios y  amenazantes son repudiados por cualquiera, que crea, que todas las mujeres, sin exclusión alguna, merecen todos los respetos y aprecios sin ninguna distinción y siempre, máxime, cuando, a mayor inri, destacan por sus propios méritos y capacidades, situándose por encima de esos dirigentes espurios, que las persiguen y amenazan sin pudor ni vergüenza. Además, que sin  acatamiento a la Constitución y a sus derechos y libertades no existe democracia ni estado de derecho.

La solución a la adivinanza es fácil y clara, de manera, que como se dice ahora en España: Pues, ESO.

N.B. La adivinanza política es fácil, ya que, los dirigentes misóginos e inconstitucionales de ese partido político se han retratado y, sin duda, están contra las mujeres y la Constitución a la vista de todos, de forma, que es sencillo y diáfano de vaticinar.

Lo más indignante, lo peor de lo peor, es que, los muñidores responsables del latrocinio a los españoles creen firmemente que el pueblo es tonto de capirote, que son impunes y que pueden hacer lo que quieran, aunque seguro que se equivocan, si no que esperen a las elecciones y vean votar al pueblo ese, que ellos creen tontorrón sin solución. Entonces verán, que los votantes son demasiado inteligentes para ellos y que su poder delegado por el pueblo declinará para siempre, siendo sustituidos por otras personas, que esperemos sean ejemplares y trabajen con el bien común, erradicando la búsqueda de todo beneficio personal dañino para España a través del ejercicio perverso de un poder, que nunca les ha pertenecido.

La conclusión, resuelta la fácil adivinanza, es que muchos españoles sienten lo mismo: profundo asco y vergüenza por haberlos votado y/o apoyado de alguna forma, los que lo hayan hecho.

Espiar durante meses a una persona, preparar y filtrar un expediente con datos personales fiscales y bancarios, decirlo públicamente en un alarde de torpeza infinita, y, encima, cuando esa persona se defiende, se le abre un expediente torticero sancionador y, además, todo sin prueba de clase alguna, es un hecho de una gravedad extraordinaria, que merece el máximo reproche de cualquiera, aunque resulta indignante para el español de a pie, que no pase nada, quizás porque son mujeres de las llamadas de derechas.

Los defensores de los derechos y libertades que ocupan cargos públicos (eurodiputados, diputados, senadores, parlamentarios autonómicos, concejales, diputados provinciales, etc.) y las Instituciones Públicas de la Justicia y de todas las Administraciones, hay que preguntar a voz en grito:

¿Dónde están y por qué no hacen nada?

Quizás, las listas abiertas y por distritos ayudarían a eliminar la podredumbre política, que el sistema de listas cerradas conlleva, aunque algo debe quedar claro, que los voceros silentes ante el abuso son, también, responsables de la inmundicia.

Córdoba, a 19 de febrero de 2022

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Universos paralelos – Metaverso España (avatares – realidad y fantasías)


Parece, que ya vivimos en un mundo paralelo, donde todo está permitido, incluso mentir a la vista de todos, ya que, el que falta a la verdad es un avatar al que todo le está consentido y del que todo debe ser aceptado, pues detenta el poder delegado del pueblo, aunque lo use con abuso y desprecio hacia ese pueblo que lo eligió.

En España hemos entrado de lleno en ese universo virtual, quizás por un desarrollo tecnológico sin control, quizás por la pandemia y sus efectos perversos, como un confinamiento inconstitucional, quizás por la aceptación masiva del teletrabajo o la sumisión a lo colectivo y a lo público, aunque lo único cierto es que hemos aceptado un metaverso falso y ficticio, donde toda conducta espuria está permitida, máxime, si viene con el marchamo de poder público.

En España por la -no guerra- de Ucrania nos han introducido en un mundo paralelo lleno de avatares irresponsables, aunque muchos los abracen como devotos seguidores, encantados de recibir a este universo en el que podemos jugar, trabajar, transigir, reunirnos con amigos y familiares avatares, con lo que seremos lo que queramos ser, porque somos una realidad artificial.  

Sin embargo, la verdad es que vivimos en un universo de hechos reales, donde todos somos personas sin los apaños conciliadores y somnolientos del mundo artificial de los avatares públicos.

Los avatares replicantes proliferan por doquier sin al parecer responsabilidad alguna, porque, sin duda, se consideran y son impunes, ya que nadie puede exigir rendición de cuentas a un ente virtual.

El último ejemplo ha sido la exhibición casi obscena del avatar Tezanos con su encuesta del CIS sobre las elecciones de CyL, que, aunque pagada por los impuestos de todos, sirve exclusivamente a su dueño, de forma, que todos ellos viven en un mundo virtual de mieles y frutos sin par, mientras los demás permanecemos en el mundo real donde reina la inflación, las normas prohibitivas y sancionadoras, etc. etc., porque hemos entrado en una sociedad cautiva donde las libertades y la justicia están siendo sustituidas por el autoritarismo colectivo excluyente, donde solo existe el universo paralelo de lo público dominado por un poder unidireccional incrustado en la impunidad, al que todo le está permitido.

N.BEspaña es ya un universo paralelo lleno de avatares públicos, donde distinguir entre la realidad y la fantasía es casi imposible, pues esta última parece ya mas verdad, que la realidad de lo que está ocurriendo.

Una sociedad cautiva de los avatares públicos, donde los derechos y libertades constitucionales son ignorados sin más, sin que, además, se pueda acudir a la justicia, porque nadie está legitimado según  dice el Tribunal Supremo, es una sociedad civil en vías de destrucción, pero que quede claro, que la realidad implantada es para todos, luego que nadie se queje, si solo queda él ante la injusticia prevalente y autoritaria.

Como decía el otro día, está tronando, de forma, que hay que acudir a Santa Bárbara ya, porque la igualdad (art. 14 C.E.) y todos nuestros derechos y libertades fundamentales (arts. 19., 20., 24. y cc. C. E.) no pueden quedar anclados en un mundo virtual inalcanzable.

Córdoba, a 27 de enero de 2022

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Formalidades excluyentes – Justicia en peligro (solo cuando truena)

Es una frase conocida y repetida, que solo se acuerda uno de Santa Barbara cuando truena, lo que viene a significar, que solo se molesta uno en hacer o pensar algo, –sólo cuando los nefastos efectos de no haberlo hecho antes (a su debido tiempo y por dejadez) se dejan sentir-.

La Justicia en España emana del Pueblo, así la Constitución en su artículo 1. dice:

1. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.

2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.

Viene lo dicho a cuenta, de la noticia difundida -urbi et orbe- de que la Sala Ordinaria (no el Pleno de la Sala) de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ha inadmitido a trámite los recursos de ciertos partidos políticos planteados contra ciertos indultos por falta de legitimación.

Quede claro, desde ya, que considero esa resolución, que imagino que será por Auto, equivocada y que producirá efectos perversos para la justicia, pues negar a los representantes del Pueblo legitimidad ante el Tribunal Supremo solo puede llevar a consecuencias indeseadas para los españoles.

Aunque el objeto de este pequeño artículo no es esa resolución antedicha del T. S., sino poner de manifiesto, el hecho patente y repetido de que las formalidades excluyentes -por encima de la justicia- se han apoderado del Tribunal Supremo, salvo casos donde prima la justicia frente a meras formalidades, por supuesto, más en unas Salas del mismo que en otras, afortunadamente, como ocurre con la Sala Segunda de lo Penal del T. S. donde las formalidades tienen menor peso que la justicia de sus resoluciones.

Es evidente, que esta postura crítica es una opinión personal, pero si quieren saber algo más sobre el tema pregunten a los abogados, con libre ejercicio de su profesión, sobre sus recursos al T. S., sobre las inadmisiones de sus recursos y sobre el “interés casacional y otros dislates”, aunque siempre, como no, la culpa de todo la tiene el abogado que ha planteado mal su recurso.

Cuando cualquiera acude en súplica de justicia cabe, sin duda, exigir ciertos requisitos, pero cuando meras cuestiones formales impiden el acceso a la justicia del pueblo soberano de donde emanan los poderes del Estado, es lo cierto, que algo no funciona bien, máxime, cuando son españoles de a pie con recursos económicos limitados y escasos. No es lo mismo, que una formalidad excluyente impida el acceso a la justicia a un partido político, que maneja fondos públicos de los impuestos de todos, y que cuenta, además, con una legión de abogados y asesores, que cuando la formalidad exclusiva recae sobre una persona particular sometiéndola al silencio oprobioso.

Cuando eso ocurre, la injusticia es manifiesta, aunque resulta curioso, que solo ocupa un lugar destacado en los medios de comunicación y redes sociales, cuando el hecho repudiable por un exceso en la formalidad afecta a grupos sociales privilegiados o destacados, a pesar de que debería ser, al contrario, ya que, a mayor inri, los particulares se enfrentan en los Juzgado y Tribunales, además, a un ejercito de abogados públicos (fiscales, abogados del estado, letrados de la S. S., abogados de la CC. AA., abogados de los Ayuntamientos y Diputaciones, etc.) con todas sus consecuencias perversas, como pueden ser las costas judiciales.

La realidad, sin embargo, no rueda en favor del pueblo soberano sino en su contra, no solo en muchas resoluciones judiciales, sino, también, en el trato que los abogados de los particulares reciben, en comparación con los abogados de los Órganos Públicos, hecho del que cualquier abogado puede dar fe de ello.

Que un Juez o Tribunal no entre a juzgar el fondo de un asunto por una mera formalidad excluyente, es una injusticia tremenda, se mire como se mire, y, además, una equivocación manifiesta, ya que, si la justicia no es real los perjudicados serán todos los ciudadanos y los propios jueces y tribunales, de manera, que si la confianza en justicia desaparece peligra la democracia y todos nuestros derechos y libertades.

N.B. Por todo lo dicho, es evidente, que el exceso en la aplicación de las formalidades excluyentes ponen la justicia en peligro, razón por la que la frase conocida y repetida, de que “solo se acuerda uno de Santa Barbara cuando truena”, viene como anillo al dedo en el asunto expuesto, de manera, que solo molestarse uno en hacer o pensar algo, cuando los efectos nocivos de no haberlo hecho en su tiempo, por dejadez u otras causas, se ponen de manifiesto, es un error tremendo con consecuencias irreparables para todos los españoles.

Córdoba, a 24 de enero de 2022

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Estulticia – vergüenza y mentiras (Don Tancredo en su mirador)

Antes de empezar, como fundamento de lo que se expone a continuación, citar la Constitución Española de 1978 que en su artículo 1 dice:

1.      España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.

2.      La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.

Como se dice, en estos tiempos de incertidumbre e inseguridad jurídica, pues -ESO-.

Entrando de lleno en el tema de este artículo, diré, que una persona que admiro por su hombría de bien y por su valentía ante la adversidad, me envía la foto de un Restaurante sito en la c/. Alcalá, de Madrid, 28014, donde se refugió D. Tancredo, de tenebroso recuerdo, para ponerse ciego de “whisky”, mientras, que, con su escaño vacío, España se despeñaba hacia lo que es hoy, consumando una traición altanera, maliciosa y cargada de indignidad a 11.000.000 de españoles.

Vine esto a cuento, porque ahora, tan pobre personaje, anda exhibiéndose por sitios públicos, televisiones y faltando a la verdad en el Congreso a la vista de todos los españoles, que en su mayoría le miramos espantados frente a tanta impudicia y falta de decencia personal y política, ya que, cuando debería estar callado, recluido y avergonzado por su falta de moral y de ética, se pavonea desvergonzado, creyendo que su impunidad le permite cualquier despropósito.

Lo que si es cierto, es que todos los españoles sabemos que miente, que lo sabía y que, si no lo sabía, peor aún, pues la ignorancia lo retrata como lo que es, una vergüenza atemorizada, inane, amoral y sin la mínima ética exigible a un representante elegido por su pueblo.

Dice Platón en su diálogo “La Apología de Sócrates”, que este prefirió tomar la cicuta a faltar a la verdad, cosa que por descontado ni siquiera se plantea nuestro Don Tancredo, ya que, cualquiera con un mínimo de decencia personal estaría escondido de todos los españoles, que traicionó, que fuimos muchos.

Ahora con su herencia existe una política fragmentada con muchos partidos, que se reparten el poder, y con una oposición en parte popular desnortada, pero ese no era el caso con D. Tancredo. Él tenía una mayoría absoluta sobrada, y, lo que hizo, fue lanzarse a una política de traición a sus electores, produciendo un daño tremendo a España.

Son tantos sus despropósitos que es casi imposible reducirlos a unos pocos o enumerarlos, aunque siempre se pueden señalar algunos de ellos, así:

* Obtuvo una mayoría absoluta apabullante y, en vez de tomar medidas por el bien de los españoles, traicionó todo lo que había prometido, fisgándose en el bien de España por mucho tiempo y sin remedio, por lo que estamos pasando ahora y sufriendo sus consecuencias.

* Dijo con altanería, que los que se quieran ir que se vayan, y, claro, se fueron una mayoría de españoles hartos de mentiras y chulerías inanes.

* Mintió en el Congreso y ha vuelto a mentir de nuevo en el mismo sitio, pues resulta extraño, raro y casi imposible, que no supiera nada, y, además, si no se enteró peor aún.

* El asunto de Cataluña y su “amnistía fiscal” lo retratan, de manera que incidir en más asuntos es innecesario, pues todos los españoles conocen su canguelo whiskero.

* A pesar de todo, lo que resulta insoportable para cualquiera es su exhibición impúdica actual, cuando debería estar encerrado, avergonzado y rindiendo cuenta de su incapacidad consciente o culposa.

Como decía al inicio citando la Constitución:

España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.

Pues -ESO-.

Finalmente, pedir encarecidamente, que no salga más D. Tancredo a pavonearse en su iniquidad y que rinda cuentas a los españoles, simplemente, diciendo la verdad solo para empezar.

N.B. Es patente su estulticia, sus vergüenzas y sus mentiras, aunque Don Tancredo está feliz en su mirador, porque se sabe impune en su falta de respeto a los votantes confiados en su palabra y a la Constitución Española.

Los españoles a mirar y aguantar, mientras el que nunca se movía, ahora, se publicita sin pudor ni vergüenza por tierra, mar y aire, haciendo ver, que la ley no es igual para todos (art. 14 C. E.), de manera, que la tristeza se transforma en cabreo creciente.

Como se dice ahora, pues -ESO-.

Córdoba, a 16 de diciembre de 2021

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Plusvalía – III- Ayuntamiento Córdoba (más de lo mismo)

Leo en el Diario Córdoba de ayer en papel (07-11-21- Domingo – págs. 4 y 5) una entrevista a Salvador Fuentes -Teniente de alcalde de Hacienda y Urbanismo del Ayuntamiento de Córdoba-, firmada por Irina Marzo, donde se dice, entre otras cosas:

<< ** “Yo no puedo prescindir en una semana de 15 millones”.

**  Tras la sentencia del Tribunal Constitucional ha cifrado en 15 millones lo que supondrá la eliminación del impuesto de plusvalías en Córdoba. ¿Cómo les afectará a los cordobeses?

De forma cautelar, a partir del 26 de octubre suspendimos la liquidación de este impuesto, lo que sí está obligado todo el mundo es a declarar

** Por lo que sabemos a través de la FEMP, el Ministerio de Hacienda se ha comprometido a buscar una solución. Tenemos la esperanza de que antes de que acabe el año el Gobierno de España o bien saque una nueva norma que permita restablecer el impuesto con justicia de recaudación vía real decreto, o si no tendrán que poner encima de la mesa una cuantía suficiente. En cualquier caso, exigimos al Gobierno que acabe con el limbo legal al que nos ha llevado por su inacción con las plusvalías. >>

Lo dicho por el Teniente Alcalde de Hacienda y Urbanismo del Ayuntamiento de Córdoba, Salvador Fuentes, es la expresión manifiesta del dislate, que repiten los políticos todos, cuando hablan del Impuesto de Plusvalía declarado inconstitucional y nulo por la Sentencia del Tribunal Constitucional -Pleno- de fecha 26-10-2021.

Está muy claro, que el problema-asunto del Impuesto de Plusvalía no es de ahora, sino que viene de muy lejos en el tiempo, porque para todos los políticos lo que sienten los ciudadanos ante un impuesto tan injusto y tan abusivo es lo de “menos”, lo esencial para ellos es exprimir al español de a pie a cualquier precio, aunque siempre ha existido un grupo de políticos que han manifestado su desacuerdo ante un impuesto tan falto de equidad.

El nefasto Presidente Sr. Rajoy con su mayoría absoluta no solo no bajó el rigor impositivo, sino que subió los impuestos en contra de lo que había prometido, y, además, por si alguien tenía duda de su actuación mendaz, aprobó una “ley de amnistía”, declarada inconstitucional después, para favorecer a la mayoría de los españoles defraudadores. Aquí solo decir, que la actual situación del impuesto de plusvalía es la historia de un disparate impositivo permitido y auspiciado por casi todos los políticos, enfrascados en el gasto público al precio que sea, dejando a los ciudadanos a los pies de los de los caballos. 

De lo que se trata ahora, no es de buscar recursos públicos con una figura impositiva justa, proporcional y equitativa, sino de imponer, sí o sí, otra trapisonda contra el criterio del T. C. en su sentencia sobre la plusvalía. Se quiera ver de una u otra forma, la plusvalía impositiva es un impuesto abusivo e injusto, ya que, entre otras cosas realiza una triple imposición, en origen gravando la adquisición, y, a continuación, con las plusvalías municipales y las que recaen sobre el IRPF, de manera, que es un hecho probado, que todos los políticos están de acuerdo en saquear al ciudadano, además, realizando una actuación que destierra la ética tributaria, ya que, deslegitima el sistema y anula la Constitución:

Todos los políticos corren, con la Ministra de Hacienda a la cabeza,  a ver quien hace renacer el impuesto de plusvalía con más rapidez e inquina impositiva.

Finalmente, es curioso y significativo, que todos los grupos y políticos que reclaman más y más recursos públicos a través de más impuestos, raramente se ocupan del gasto público, de explicar al ciudadano como se gastan sus impuestos y de eliminar gastos innecesarios, conllevando, dicha actitud generalizada entre la clase política, a destruir la responsabilidad social e impositiva de los contribuyentes, poniendo, se quiera reconocer o no, en peligro el sistema tributario, al desaparecer su legitimación y su fundamento ético.

N.B. Reitero una verdad absoluta: [Que todos los políticos en activo están de acuerdo en restituir, cuanto antes mejor, el impuesto de plusvalía, que llamaran como quieran , pero que en esencia es lo mismo: -injusticia-, -desproporción- y -falta de equidad-].

Que el Tribunal Constitucional haya declarado inconstitucional y nulo el Impuesto de Plusvalía es lo de menos, se le da la vuelta y se obvia al Tribunal, y, los ciudadanos de nuevo a pagar, pues ya se ha visto la reacción pública de todos los poderes elegidos por el pueblo, de manera, que nada de alegrías.

El principio de legalidad y el respeto a la Ley por todos los poderes públicos consagrados en la C. E. en sus artículos 9 y 10 al cajón del olvido, además, sin anestesia.

Los españoles contemplamos atónitos a las declaraciones del Gobierno, de los Partidos Políticos, de los representantes populares elegidos por el Pueblo soberano, que solo se plantean renacer el impuesto de plusvalía municipal de mil formas diferentes (incluso con efectos retroactivos), por descontado, sin reducción del gasto público innecesario.

Si los poderes públicos continúan su camino esquilmando a los ciudadanos en su patrimonio, los españoles seguiremos presos de la injusticia y de la inseguridad jurídica, derivadas del nulo respeto a la ley demostrado por esos poderes, consiguiendo deslegitimar el sistema tributario, al despojarlo de su base ética y de los principios de equidad que lo sostienen.

Córdoba, a 8 de noviembre de 2021

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.