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Los leones del Congreso II – contra Madrid – vale todo – (del dos al cuatro de mayo – después todos los demás)

Daoiz y Velarde, como llaman los madrileños a los leones del Congreso, son los capitanes Luis Daoiz y Torres y Pedro Velarde y Santillán, oficiales de artillería, que se sumaron al levantamiento del 2 de mayo de 1808 contra las tropas francesas, siendo declarado oficialmente día de la Comunidad de Madrid.

En estos tremendos días en la vida política española se han producido hechos que demuestran, que, mientras la pandemia asola a los españoles, el paro se dispara, la ruina se apodera del País, los fallecidos superan los 100.000, y, así un larguísimo etc. de desgracias para todos, unos pocos políticos desde el poder se han dedicado a realizar experimentos políticos y sociales, que han dado lugar distorsiones gravísimas en España, como por ejemplo: presentar mociones de censura con la finalidad de acaparar más poder, ocupar todas las instituciones del Estado con el mismo fin, la proposición de ley que limita las funciones del CGPJ, apoderarse de los Fondos de Recuperación de la U. E., etc. etc..

Sin embargo, un refrán popular dice, que la avaricia rompe el saco, que significa, que el ansia por conseguir algo excesivo o desmesurado frustra la obtención de cualquier ganancia o ventaja.

Pues bien, eso es lo que les ha ocurrido a los muñidores de tantas maldades políticas, pues ahora: habrá elecciones en Madrid convocadas, en tiempo y forma, por la Presidente Díaz Ayuso; la moción de censura de Murcia se ha encallado en lo imposible; Inés la bruja mala se ha pegado un tiro en el pie y ha suicidado a su partido; el Presidente Sánchez ha salido herido con todos sus corifeos; un partido a la baja resucita al alza; Europa nos ha puesto bajo vigilancia y en su punto de mira; y algunos Países miembros de la U. E. se entrenan con sus posibles vetos, de forma, que los Fondos de Recuperación entran en -stand by- (en espera).

*** El 27 de septiembre de 2020 colgué en la web un artículo bajo el título, Madrid y los leones del Congreso (Illa el comi-experto del cierre completo), donde decía, entre otras cosas:

<<Sr. Ministro de Sanidad, si su Gobierno, con su recomendación, cierra Madrid, permítame decirle que es Ud. un irresponsable total y absoluto, porque en una Nación regida por una Constitución, que instauró un estado de derecho social y democrático, las cosas no se hacen con la porra en la mano, sino con acuerdos, consensos y colaboración de unos con otros. Le recuerdo a Ud. y a todo su Gobierno, que la transición española, ejemplo del mundo, se hizo pacíficamente a base de renuncias y acuerdos de todos los españoles.

Reitero, Sr. Ministro Illa, Ud. no conoce ni de lejos a los madrileños. >>

Así mismo, el 11 de octubre de 2020 colgué en la web otro artículo con el título, Prevaricación administrativa (el filósofo y el capitán), dónde entre otras cosas decía:

<< ¿Alguien puede creer, que el Gobierno de España ha aprobado su R. D. L. de alarma de Madrid en base a la salud de los madrileños y de los españoles con arreglo a la Constitución, o, por el contrario, es más cierto que ha actuado movido por la soberbia y la prepotencia derivadas del rencor ideológico?

Es un hecho cierto, que el filósofo, su capitán y su gobierno están fuera de la ley y contra la Ley, simplemente, están fuera del Estado de Derecho y contra la división de poderes, ya que ni aceptan la Ley ni las resoluciones del Poder judicial, imponiendo un estado de alarma en Madrid, que, sin duda, bordea el delito de prevaricación administrativa, afectando no solo a los madrileños, sino a todos los españoles, porque, sí o sí, ocasiona y ocasionará gravísimos daños sociales y económicos a todos ellos. 

El estado de alarma impuesto a la C. C. A. A. de Madrid, no ha hecho otra cosa, que imponer por la fuerza y en fraude de ley las medidas que el TSJM declaró inconstitucionales, pasado por encima del Poder judicial sin disimulos y con toda la prepotencia posible. Vamos un dislate jurídico, que vulnera cualquier mesura y proporcionalidad en la aplicación de la Ley.

Los españoles estamos inmersos en la incertidumbre por la actuación del filósofo y su capitán, y, vemos, que estamos abocados al desastre, ya que, sin seguridad jurídica, sin libertades y sin principios éticos solo se vislumbran graves problemas, que llevarán a conflictos sociales derivados de la ruina económica y sanitaria.

Lo que el Gobierno ha hecho en Madrid, ¿lo haría en Cataluña o en el País vasco? (Derecho y principio de igualdad constitucional). >>

*** Es evidente, que me equivoqué, ya que, no era Illa era Sánchez, y, tampoco era el dos de mayo sino el cuatro de mayo, aunque lo que decía entonces, es de plena aplicación a lo que sucede ahora.

No se puede dudar, que nuestros de derechos y libertades están en peligro, acosados por un gobierno autoritario, para el que vale todo para cumplir sus intenciones perversas para los españoles y nuestra Constitución, de manera, que ahora le toca a Madrid salir a votar en mayoría y en libertad lo que se quiera, a, continuación será al resto de España cuando toque, pero después, que nadie se queje, “ya se sabe lo que hay”.

Solo una cosa, en este momento estamos en manos de la justicia (TSJM) y espero, que esté a la altura de las circunstancias, y, que rechace cualquier impugnación de unas elecciones convocadas conforme a la Ley, declarando contrarias a la misma, todas las mociones de censura presentadas y admitidas fraudulentamente a sabiendas.

Desde el punto de vista legal, conviene citar;

1º.- El artículo 404 del Código Penal tipifica el delito de prevaricación administrativa, en relación con la autoridad y/o funcionario público que dictare una resolución injusta a sabiendas, así dice: “A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince años”.

[La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, de la que puede ser exponente la STS 606/2017, de 7 de julio, para que aflore el delito de prevaricación será preciso:

a).    Que se dicte una resolución arbitraria por autoridad o funcionario en asunto administrativo;

b).   Que ocasione un resultado materialmente injusto;

c).    Que la resolución se dicte con la finalidad de hacer efectiva la voluntad particular de la autoridad o funcionario, consciente de que actúa contra el derecho; y

d).   Que la actuación sea intencionada, “a sabiendas”, en la terminología del precepto penal, es decir, que se adopte la resolución con pleno conocimiento de su injusticia. En relación con este último presupuesto, la STS 766/1999, de 18 mayo, afirma que este elemento subjetivo exige, que la autoridad o funcionario, teniendo plena conciencia de que resuelve al margen del ordenamiento jurídico y de que ocasiona un resultado materialmente injusto, actúe de tal modo porque quiere ese resultado y antepone el contenido de su voluntad a cualquier otro razonamiento o consideración, esto es, con intención deliberada y plena conciencia de la ilegalidad del acto realizado, (STS. 443/2008 de 1.7).

2º.- Nuestra Constitución dice en su artículo 14, que “los españoles son iguales ante la ley”, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”;

Sin embargo, lo expuesto no es lo únicoya que el artículo 9. 3. de la C. E. garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

3º.- El Código Civil dice en su artículo 6. 4. que: “Los actos realizados al amparo del texto de una norma, que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico, o contrario a él, se considerarán ejecutados en fraude de ley y no impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiere tratado de eludir”.

*** Con lo dicho, estimo que es suficiente, pero no quiero dejar de citar el poema de Martin Niemöller sobre la libertad y la apatía en su defensa:

«Cuando los nazis vinieron a buscar a los comunistas, guardé silencio, porque yo no era comunista.

Cuando encarcelaron a los socialdemócratas, guardé silencio, porque yo no era socialdemócrata.

Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas, no protesté, porque yo no era sindicalista.

Cuando vinieron a buscar a los judíos, no pronuncié palabra, porque yo no era judío,

Cuando finalmente vinieron a buscarme a mí, no había nadie más que pudiera protestar.»

*** Para terminar, que cada uno haga lo que quiera y/o lo que pueda, pero, está muy claro, que la libertad no se defiende sola, y, que es fácil de quitar y difícil de recuperar.

N.B.   Parece que contra Madrid – vale todo -, pero que nadie se llame a engaño, ahora es Madrid y mañana seremos todos los demás, y, está claro, que los leones del Congreso son de todos.

Los españoles estamos inmersos en la incertidumbre por la actuación de un Gobierno de tintes autoritarios, que quiere acabar con nuestras libertades, de forma, que, ahora ya dicen, que quieren prorrogar el estado de alarma (ya llevamos un año de estado alarmante y 37 Decretazos); sin duda, estamos abocados al desastre, ya que, sin seguridad jurídica, sin libertades y sin principios éticos solo se vislumbran graves problemas, que llevarán a conflictos sociales derivados de la ruina política, económica y sanitaria.

Una sola pregunta: “Lo que el Gobierno ha hecho en Madrid”¿lo haría en Cataluña o en el País Vasco

Así, no hay solución posiblepues sin consensos, sin acuerdos y sin generosidad de todos los españoles sin exclusión, y, siempre con respeto a nuestra Constitución y a sus derechos fundamentales consagrados y al resto de nuestras leyesno puede haber solución legítima y pacífica.

Córdoba, a 14 de marzo de 2021

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

 

Respeto a la Ley – poderes públicos (demolición de la ley y algunas cosas claras)

En estos días inciertos, dónde cada partido o poder público dependiente de él utiliza la Ley como un mazo de demolición de todo derecho, interpretando y aplicando la Ley a su libre capricho, conviene realizar una defensa del respeto a la ley, algo esencial en cualquier estado social y democrático de derecho, como es el nuestro según la C. E.

Sin respeto a la Ley no existe el estado de derecho, pero es lo cierto, que ese deber de respeto es exigible al máximo, cuando se trata de poderes públicos (también a los Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial), ya que, mientras los ciudadanos tienen un deber general negativo de abstenerse de cualquier actuación que vulnere el cumplimiento de la Ley, los titulares de los poderes públicos tienen, además, un deber general positivo de realizar sus funciones de acuerdo con la Ley.

Desde Cesare Beccaria, con su libro básico en la concepción del respeto a la ley por los poderes públicos, titulado De los delitos y las penas, ha sido y es una cuestión esencial el respeto a la Ley por ellos, de manera, que, si cualquier gobierno o poder público no respeta el principio de legalidad e incumple la Ley, no puede existir la democracia, que garantiza nuestros derechos y libertades.

** La Constitución Española establece lo siguiente:

Artículo 9: 1.  Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. 3.  La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

* Artículo 10: 1.  …   …, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social.

** En España el Tribunal Constitucional se apoya en el respeto a la ley, como fundamento del orden político y de la paz social, para avalar la obligación de respetar el ordenamiento jurídico.

Así, mantiene, que conforme al art. 10.1 CE, el respeto a la ley, esto es, el mantenimiento y preservación de una situación preexistente creada por las normas mediante las cuales se regula una determinada actividad o ámbito, es uno de los fundamentos del orden político y de la paz social.

** En nuestro País plurinacional se producen a diario dislates tremendos de falta de respeto de los poderes públicos a la Ley, así que señalaré dos casos distintos, que son ejemplos claros de perversión de la ley, pero que solo son la punta de un iceberg maligno, que lo inunda todo, así:

1º.- Presunción de inocencia invertida como base de cualquier desafuero.

Por ejemplo, en el Ayuntamiento de Córdoba una Delegada – Concejal se vio obligada a dimitir por hechos, más o menos dudosos en su legalidad, pero lo destacable aquí no es eso, sino que se le aplicó una presunción de inocencia invertida de principio a fin, de forma, que siempre fue culpable en vez de inocente, que es lo que consagra la C. E.

Escasos días después, una de sus mayores acusadoras se vio en la dura tesitura de afrontar una investigación penal, y, lo primero que reclamó (como haríamos todos, con toda la ley a favor), fue su derecho a la presunción de inocencia, ley que ella no había respetado con su compañera de capitulares.

Dicho de otra forma, doble vara de medir, dónde el respeto a la ley en este caso se fue por el sumidero de la injusticia, suponiendo, además, el desprecio más absoluto al principio de legalidad constitucional.

En resumen, un despropósito y un dislate jurídico incalificable, pero, que, sin duda, es un claro ejemplo de falta de respeto a la Ley, sobre todo si afecta a los ciudadanos de la calle, como está ocurriendo a diario.

2º.- Convocatoria de elecciones en Madrid y mociones de censura fraudulentas e ilegales.

La facultad de disolver la Cámara Autonómica de Madrid y convocar elecciones según la Ley es facultad de la presidenta de la autonomía. Es una realidad legal indiscutible e irrebatible.

Pues bien, parlamentarios disueltos, después de aprobarse la disolución de la Cámara de Madrid y la convocatoria de elecciones legalmente y con todos sus requisitos formales por la Presidenta Sñrª. Ayuso, a sabiendas de la legalidad de la convocatoria de las elecciones y de que la Asamblea ha sido disuelta, en tiempo y forma, presentan dos mociones de censura fraudulentas y contra ley, que, curiosamente, además, de forma, presuntamente prevaricadora resultan admitidas por el Presidente de la Asamblea, que conoce y sabe que la misma ha sido disuelta conforme a la ley.

Es un hecho fehaciente y probado, que la vulneración del principio de legalidad y del respeto a la Ley por los parlamentarios disueltos y por el Presidente de la Asamblea, que es sabedor de la disolución de la Cámara, es una ilegalidad manifiesta y constituye, sin la menor duda, un fraude de ley y, seguramente, mucho más.

De nuevo, un despropósito y un dislate jurídico incalificable, que erosiona nuestro estado de derecho, pero, que, sin duda, es un claro ejemplo de falta de respeto a la Ley de algunos poderes públicos o de quienes los representan, que entra, a todas luces, en el campo de lo posiblemente punible.

*** Algunas cosas claras.

A pesar de todo, siempre queda un halo de esperanza y algunas cosas están más claras:

1º.- El pueblo llano se desangra por la pandemia, el paro y la ruina, pero los partidos instalados en el poder y sus cúpulas dirigentes juegan a la ruleta rusa con los españoles, de manera, que viendo lo que se ve en España, les importa una higa lo que nos pase, ellos a lo suyo y vale todo.

2º.- Sabemos ya, sin duda, ¿por qué? quieren controlar el poder judicial y su independencia. Ellos no respetan la Ley, ni siquiera la suya, y, se van todos a pedir justicia a jueces y tribunales, esperando que les arreglen todos los estropicios legales que organizan.

Aquí solo cabe en comendarse a lo más alto, creer en la justicia y la división de poderes y esperar que los jueces, simplemente, apliquen la Ley sin condicionamientos ideológicos, y, que los poderes públicos sin respeto a la ley sean tratados como los ciudadanos de a pie (el pueblo), cuando acuden a los tribunales de justicia, es decir, sin privilegios y siempre en favor del pueblo dónde reside la soberanía, y, del que nace, crece y se sostiene la justicia en las democracias constitucionales.

N. B.   Sin respeto a la Ley por parte de los poderes públicos no existe el Estado de Derecho Constitucional.

Los dos casos citados diferentes, pero de profunda falta de respeto a la ley, desafortunadamente para España no son un caso aislado, sino, que se unen a una suma de despropósitos legales recurrentes, de forma, que cuando se le dice a cualquier ciudadano, que vive en un estado social y democrático de derecho, regido por la ley y que tiene una serie de derechos garantizados por la C. E., como es el derecho a la presunción de inocencia, seguro, que le puede dar un ataque de risa.

Sin ejemplaridad de los poderes públicos en el cumplimiento de la ley, es una ofensa a los españoles, que se les pida su cumplimiento, sea la ley que sea.

Sin embargo, lo peor es, que actúan así contra la ley algunos muchos, quizás demasiados, porque se sienten impunes, de forma, que les da igual, aunque puede ser cierto, que los culpables son los ciudadanos por su mala memoria.

Solo una pregunta: ¿alguien puede explicar lo que está ocurriendo en España y por qué se ignora por los poderes públicos la Ley?

Para terminar, es una realidad que algunas cosas empiezan a estar claras para los ciudadanos, de forma, que, a pesar de todo, siempre queda un halo de esperanza, y, solo queda, que los ciudadanos, en su momento, tengan buena memoria votando en defensa de sus derechos y libertades y del respeto a la ley por todos, a favor de todos.

Córdoba, a 13 de marzo de 2021

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

 

 

Tribunal Supremo – Tribunal Constitucional – reforma poder judicial (no son, demasiadas veces, lugares de cobijo y amparo)

En estos días los partidos políticos están empecinados en la renovación del C. G. P. J., cosa que todos ven lógica y normal, con indiferencia del trabajo de mercaderes persas con que se lleva a cabo, que por lo que se vislumbra, no llevará a la independencia del Poder Judicial, sino a un alambicado proceso de cambiarlo todo para seguir igual; es decir, no existe división de poderes real y efectiva (que es una de las bases de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho consagrado por la Constitución Española), sin la que la democracia no existe.

En este contexto tenebroso, donde domina la opacidad y la falta de transparencia y de información veraz a los españoles, se sitúa uno de los problemas que tiene la justicia en España, concretamente, el papel del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, que lejos de ser ambos tribunales un lugar de cobijo y amparo para los ciudadanos españoles, se han convertido en demasiados casos, en el día a día de la justicia, en barreras cortantes, como arrecifes de coral malignos, que impiden a los ciudadanos de a pie, acercarse a sus máximos Órganos de justicia en petición del último amparo judicial posible sobre el fondo del asunto.

Es un hecho desgraciado, que ocurre por variados motivos, pero la realidad es la que es: que cada día es más difícil para el ciudadano llegar a obtener una resolución de fondo en esos Órganos judiciales”, que ampare sus derechos preteridos o denostados por cualquier causa, y, que solo en último extremo podrían solucionar dichos Tribunales Superiores.

Detallaré varios principios y causas, que impiden el amparo de sus derechos a los españoles en el T. S. y en T. C., sin ánimo cerrado ni excluyente, pero que, cada vez, ocupan más espacio limitativo de sus derechos a una justicia verdadera:

* Primero señalar que:  

a).- El Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional solo tienen su razón de ser, si son un lugar de cobijo y amparo del ciudadano, que por la causa que sea, entiende que se han vulnerado alguno de sus derechos. Si no es así, ambos Tribunales no pueden tener existencia democrática en un estado de derecho real y efectivo.

b).- Todos los formalismos excluyentes de su competencia y amparo, que impidan a los ciudadanos de a pie acudir ante ellos pidiendo justicia y cobijo sobre el fondo de un asunto, deben desaparecer.

c).- Las costas en sus procedimientos deben ser eliminadas o reducirse a un mínimo equivalente a un salario mínimo, excluyendo siempre, los costes derivados de la participación de cualquier funcionario público, como pueden ser los abogados del estado y ese larguísimo etc. de supuestos servidores públicos pagados con nuestros impuestos, y, que, curiosamente, siempre están contra el ciudadano.

d).- Si el T. S. y/o el T. C. necesitan más medios de cualquier tipo (personales o materiales), -teniendo en cuenta el despilfarro actual del gasto público en España-, deben ser proporcionados de inmediato, sin excusas ni pretextos de clase alguna.

* Segundo, concretar algunas de las causas que impiden el acceso efectivo ante el T. S. y el T. C. de los españoles, que son muchas y variadas, además, en constante aumento cuantitativo y cualitativo, así que, señalaré algunas con ánimo abierto:

a).- Los formalismos excluyentes se han apoderado de ambos Tribunales, de forma, que, en aumento continuo, constituyen una barrera inaccesible, que siempre quedan libremente en las manos del Tribunal, como pueden ser las estimaciones o no de los llamados “intereses casacional o constitucional”.

Es un hecho cierto, que, en muchos casos, se quiera reconocer o no, el asunto termina con una Providencia de medio folio con mera apariencia de motivación, que se limita a decir, que no se cumple la Ley y que no existe ese interés, convirtiéndose todo en una arbitrariedad inadmisible para cualquier estado de derecho; de manera, que el ciudadano a su casa y con costas, lo que, simplemente, es un despropósito.

b).- Las llamadas Salas de Admisión son una barrera inexpugnable, donde se comprueba todo lo que impide el acceso al Tribunal sobre el fondo del asunto, como puede ser, por ejemplo, el número de folios del recurso, o cualquier otra formalidad a la que se le ha dado naturaleza de ley limitativa de derechos.

c).- Las normas procesales de admisión de los recursos se interpretan y aplican, casi siempre, en perjuicio del ciudadano que recurre, incluso llevando a cabo una interpretación “a fortiori” de las mismas. El problema para el ciudadano (que pide el amparo del Tribunal Supremo o Constitucional sin ni siquiera admitirse su recurso), está, en que después no hay otra opción, y, solo queda recoger la resolución de inadmisión y volverse a su casa.

* En estos días se habla de la politización del poder judicial”, pero volviendo a la realidad del ciudadano de a pie, es verdad, que la división política de poderes del Estado es muy importante para la toda la sociedad sin la menor duda, aunque hay otros asuntos de la justicia olvidados, que no funcionan o funcionan mal, como son los casos expuestos del T. S. y del T. C., de los que parece, que nadie se ocupa.

Si la justicia no está al alcance de los ciudadanos, sin barreras de obstáculos ni trámites formalistas aplicados con rigor extremo y en constante aumento, no se puede decir que estamos en un estado de derecho donde existe división real de poderes.

Se podrá estar o no de acuerdo con lo dicho, pero que el problema existe es una realidad incuestionable, lo mismo que, es un hecho indiscutible, que afecta a los ciudadanos, tanto o más, que la elección de los miembros del C. G. P. J.

Por todo lo dicho, al T. S. y al T. C. no solo deben ir los mejores juristas, sino, también, los mayores defensores de la justicia con mayúsculas, es decir, los que nunca se parapetan tras requisitos formales exprimidos contra el ciudadano sin entrar en el fondo del asunto, pues lo contrario es, simplemente, una injusticia que mina el estado de derecho.

Quizás, las circunstancias políticas dominantes en la España plurinacional no son las más apropiadas para hablar ahora de este problema: “una justicia que funcione de verdad sin excesos formalistas y abierta siempre en favor de los ciudadanos”.

Lo que ocurre, a veces, en el T. S. y en el T. C., no es, sino una manifestación más de la degradación de nuestro estado de derecho, algo inadmisible en cualquier democracia que se precie.

N.B. Es una realidad, que, a veces y en aumento, ni el Tribunal Supremo ni el Tribunal Constitucional son lugares de cobijo y amparo para los ciudadanos, quizás porque la verdad es, que casi todo en la justicia al mayor nivel está dedicado a “lo político”, de manera, que solo se habla y se falla, mayormente, por ejemplo, sobre el Procés, sobre Gurtel, sobre recursos de inconstitucionalidad, etc., etc., que no es que sean asuntos sin importancia, sino que, parece que se olvida, que la justicia es del pueblo donde reside la soberanía y de sus ciudadanos, de manera, que si se ignora ese hecho primigenio,  estamos listos.

Desde otra perspectiva, los efectos de lo expuesto sobre el T. S. y el T. C., solo pueden ser negativos para España y para la confianza exterior que proyectamos en la U. E. y en el resto de Europa; de forma, que la reforma de la justicia en España debe empezar en favor de sus ciudadanos, pues, no se debe olvidar de cara al exterior, como se dice vulgarmente, que todo se sabe”.

Como ejemplo, de lo que puede ocurrir en Europa: Ayer 23/02/2021, la Euro-cámara limitó el levantamiento de la inmunidad del fugado Puigdemont al caso de la euroorden pendiente en Bélgica, lo que traducido al román paladino, significa, que se hará lo que diga el juez belga. Es decir, la petición del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena al Parlamento Europeo (que versa sobre la orden de detención que quedó congelada en Bélgica cuando asumió el acta de eurodiputado el Sr. Puigdemont), queda en el limbo, lo que implica, una vez más, que el T. S. de España queda en Europa a los pies de los caballos en este asunto de los independentistas fugados.

Está bien defender la división de poderes, pero no solo en la política, la verdadera división de poderes está en la justicia del pueblo de donde nace, crece y se sostiene. Lo contrario es, simplemente, un error, siendo benévolo al calificar la situación.  

Córdoba, a 25 de febrero de 2021

Fo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

 

Inmatriculaciones de la Iglesia – Monseñor Omella (declaraciones prepotentes e impropias)

El cardenal Omella (arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal) ha declarado en Trece TV, que:

La Iglesia no es una multinacional, sino un servicio dirigido al bien común.

Remarcando, que: -No queremos privilegios-.

Diciendo, a continuación, que nosotros hemos seguido la ley, y, dudar de si se ha hecho bien o mal, es poner a los registradores de la propiedad en mal lugar, porque cumplen la ley.

Lo hemos hecho según la ley y se ha hecho bien. Es posible que en algún caso haya duda, pero lo resolverá el tribunal y no hay inconveniente.

Para finalizar, el presidente de la CEE ha precisado, que, si alguien cree que alguna propiedad le pertenece, lo diga, ya que los registradores dan un plazo largo para recurrir. Si no ha habido reclamaciones es que estaba bien hecho, pero si alguien no se enteró que tenía el título, lo puede recurrir. El cauce es dialogar con la Iglesia y, si no hay acuerdo, para eso están los jueces, como en todo litigio.

Esas han sido, en parte, las declaraciones públicas televisadas de D. Juan José Omella -presidente de la Conferencia Episcopal Española-, pero, con independencia de todo su contenido, que puede ser verdad o mentira, lo cierto es, que ha actuado con una prepotencia manifiesta, más propia de su amigo independentista Sr. Junqueras, que, del máximo responsable y representante de la Iglesia Católica en España, entre otras, por las siguientes razones:

** Ha dicho, que el cauce es dialogar con la Iglesia y, si no hay acuerdo, para eso están los jueces, como en todo litigio.

¿De verdad cree Monseñor Omella, que ese es el camino, que cualquier ciudadano debe y/o puede iniciar?

-Dejamos fuera a los poderes públicos (Gobierno Central, CC. AA., Provincias, Municipios, etc.) para que hagan lo que quieran o acuerden-.

A cualquier observador, mínimamente imparcial, lo primero que se le ocurre, es que, una reclamación judicial contra la Iglesia Católica es una lucha muy desigual, algo así, como la pelea de David contra Goliat, con la diferencia de que David tenía detrás un ejercito y la protección divina.

El ciudadano de a pie necesita tiempo, recursos de todo tipo, buscar y pagar profesionales y, así, un larguísimo etc., para poder plantear una reclamación contra la Iglesia Católica, no solo en su propio beneficio, sino, también, del interés general de la sociedad.

Solo en este punto, la prepotencia de M. Omella es manifiesta y patente.

** El presidente de la CEE ha precisado, también, que, si alguien cree que alguna propiedad le pertenece, lo diga, ya que los registradores dan un plazo largo para recurrir.

Esta declaración, por su propio contenido, es un abuso de poder patente, ya que, el ciudadano puede creer legítimamente que el bien pertenece a la sociedad en la que vive y paga sus impuestos; de manera, que debería tener claro el Sr. Omella, que la parte que debe demostrar públicamente y con toda transparencia la propiedad, sin duda, debe ser el beneficiado por la inmatriculación, que, por cierto, lo ha hecho con toda la oscuridad que la ley permite. Razón por la que escudarse, así mimo, en que los registradores dan “un plazo para recurrir” es una maldad superior, ya que, el ciudadano de a pie no tiene (salvo que sea un lector privilegiado de todos los boletines oficiales del País), ni tiempo ni dinero para realizar una investigación de esas proporciones.

De nuevo en este punto, la prepotencia de M. Omella es clamorosa, y, para cualquiera supone un despropósito rayano en la falta de transparencia y en la opacidad, incluso, de ética.

** El presidente de la CEE ha declarado, también, que, <<la Iglesia no es una multinacional, sino un servicio dirigido al bien común, remarcando, que, no queremos privilegios>>.

¿De verdad, cree el Sr. Cardenal Omella, que lo que la Iglesia ha hecho con las inmatriculaciones, no es un privilegio y que está al alcance de cualquiera?

No entro en discutir su afirmación del <<bien común>> o si es <<un servicio o no>>, pues eso depende de las creencias de cada uno y eso, además, la libertad de expresión es un derecho fundamental protegido por la Constitución, pero decir, que la Iglesia no quiere privilegios, se me antoja harto discutible, siendo un ejemplo contrario por sí mismo, todo este asunto de las inmatriculaciones.

Otra vez, las declaraciones del presidente CEE, sencillamente, para cualquier observador imparcial, entran en el terreno movedizo de la sospecha y apariencia de una posesión o situación privilegiada.

*** Con lo expuesto, es más que suficiente para ver, que salvo transparencia e información veraz al ciudadano de a pie, en el tema de las inmatriculaciones ha habido de todo, pues no basta con ser honrado, sino que, también, hay que parecerlo, de forma, que aquí, se mire como se mire, domina la opacidad y la falta de información a la sociedad, es decir, al pueblo español en el que reside la soberanía según la C. E. (art. 1.2).

Así mismo, la Constitución dice en su art. 20, entre otras cosas:

<<1.  Se reconocen y protegen los derechos:

d). A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión.

2.         El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa.>>

*** La postura de la Iglesia Católica, Sr. Omella, no debe ser la que Ud. ha declarado, sino que, ante cualquier duda, debe ser la Iglesia la que debe acudir a los jueces y tribunales, exigiendo resoluciones judiciales, que justifiquen y motiven la inmatriculación realizada. Estarse quieto, pidiendo justicia desde una situación encumbrada y prevalente, conlleva una injusticia manifiesta, que deja todo el peso de conseguir una resolución judicial en el ciudadano de a pie, situado en una posición de inferioridad.

Actuar de otra forma, se quiera admitir o no, es un privilegio rechazable, que, por descontado, no esta al alcance del pueblo soberano.

Para terminar, la C. E. dice en su art. 9:

<<1.  Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.

2.  Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones igualdad para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.

3.  La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía jurídica normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos

Así mismo, la C. E. en su art. 14 dice: <<Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.>>

N.B. Las declaraciones sobre las inmatriculaciones de la Iglesia Católica realizadas por el presidente de la CEE, Monseñor Omella, siendo benévolo, son manifestaciones impropias hechas a contraviento y sin mesura ni prudencia.

Sus efectos, además, solo pueden ser negativos para la Iglesia Católica, pero viniendo del Cardenal-arzobispo de Barcelona, Monseñor Omella, a nadie le pueden sorprender, ya que cuando habla, nadie sabe, si habla a España o a la Nación Catalana, donde están algunos de sus amigos, como el Sr. Junqueras.

Ruego a la Iglesia Católica, que rectifique el rumbo, y, aplique la C. E. a las inmatriculaciones realizadas, obrando en consecuencia, ya que la prepotencia nunca sale gratis para nadie, y, rompe, sí o sí, el principio de igualdad constitucional.

Córdoba, a 20 de febrero de 2021

Fo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Jueces embridados – ciudadanos desconfiados (sin división de poderes no existe estado de derecho)

En este tema vidrioso, podemos acudir al refranero popular tan rico y verdadero, cuando dice: El diablo solo tienta, a aquel con quien ya cuenta.

Durante muchos años los jueces han estado jugando a un juego peligroso y endiablado, formando asociaciones llenas de ideología y exigiendo puestos en el C.G.P.J. en razón de esas ideas, que componen ellos mismos, al señalarse como progresistas, conservadores, moderados de centro e incluso independientes (aunque, creía que todos lo eran).

Las consecuencias perversas de ese comportamiento ideológico están a la vista, sobre todo, cuando se dictan resoluciones, diciendo que proceden de un juez progresista o conservador para explicar su contenido, que exige apartarse de la ley y dirigiéndose a un terreno dominado por cualquier ideología excluyente, que se quiera reconocer o no, concita la desconfianza de los ciudadanos en la justicia. Ejemplos hay casi a diario, de forma, que en muchos casos ya se sabe por donde irá la resolución según el juez que lleva el caso, aunque siempre hay ingenuos que hablan de posibles recusaciones e incluso abstenciones.

Está muy claro, que cada uno puede vivir en el mundo de sus propios sueños, aunque está comprobado que dictar una resolución basada en interpretaciones ideológicas destruye la confianza en la justicia, que, aunque a veces no lo parezca, nace del poder soberano del pueblo.

Todo lo dicho viene, porque el Gobierno de España continúa empeñado en controlar el Poder Judicial, y, ayer miércoles, con al apoyo de PSOE y Podemos, la Mesa del Congreso ha aceptado tramitar por el procedimiento de urgencia la reforma para limitar las competencias al Consejo General del Poder Judicial mientras se encuentre en funciones, rechazando, además, solicitar informes de los jueces y la Comisión de Venecia sobre esa modificación. Así que, aprobada esa tramitación por la vía de urgencia, vamos camino de la ideología en la justicia, convalidada por el Congreso sin informes consultivos sobre la reforma de los jueces ni de la Comisión de Venecia.

Que el 17 de diciembre el CGPJ solicitara a la Cámara Baja emitir una opinión sobre la reforma, por afectar al núcleo esencial de las competencias, que la Constitución le atribuye expresamente en garantía de la independencia judicial, simplemente se ignora, y, lo peor es, que nadie hace nada dentro de sus competencias para evitar ese ataque sin precedentes a la división de poderes y a la independencia del poder judicial; de manera, que como decía al principio, “de aquellos polvos, estos lodos”, ya que, padecemos ahora las consecuencias nefastas de muchos errores garrafales, que pudiéndose evitar en su  momento, se consintieron y admitieron cuando hubo ocasión de realizar una propuesta contundente, que garantizara esa independencia.

Se dice, que los Vocales del Poder Judicial están indignados, porque este ataque a la justicia da miedo, pero la verdad es que no hacen nada eficaz para defender la independencia judicial, pues, si eso es lo que hay, podrían acudir a los tribunales españoles, a la Justicia Europea, a la Comisión de Venecia y a las instituciones de la U. E.

Por otro lado, es lo cierto, al margen de lo que lo que el CGPJ pueda hacer, la U. E (Europa) tendrá que decir algo, como hizo con Polonia, ya que, el derecho de la UE y la jurisprudencia de su Tribunal de Justicia exigen, que en toda iniciativa legislativa que afecte al poder judicial, se dé audiencia a todos los sectores implicados.

Esperemos, además, que esa iniciativa no afecte a la condicionalidad del estado de derecho, y, ningún estado miembro vete por esa causa los Fondos de Recuperación.

N. B.  La única verdad es, que, si hay jueces embridados, hay   ciudadanos desconfiados de la justicia, de manera, que sin división de poderes no existe estado de derecho.

El autoritarismo a la menor oportunidad limita las libertades, de forma, que si seguimos avanzando en esta carrera de despropósitos inconstitucionales acabaremos mal, ya que, en España, ahora mismo, nuestros derechos y libertades están en peligro, al no existir respeto a la Ley por los poderes públicos, ni libertad, ni justicia, ni igualdad, y, por si faltara algo, se quiere terminar con la división de poderes.

Córdoba, a 14 de enero de 2021

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.