Explico con imágenes a mis nietos preguntones Gonzalo y Ángela donde están nuestros impuestos y porque los trenes no funcionan como debieran y las carreteras están llenas de baches y en mal estado de mantenimiento.
España atraviesa un momento de máximos históricos en recaudación fiscal, pero ese incremento no se traduce en una mejora equivalente de las infraestructuras. El ferrocarril y las carreteras reflejan un problema estructural: “Más ingresos públicos, pero un déficit persistente en inversión y mantenimiento”.
“Los servicios públicos clave, especialmente las infraestructuras, muestran señales de deterioro estructural y el retorno al ciudadano se percibe como ineficiente ”.
N.B. Imágenes. Impuestos todos. Infraestructuras bajo mínimos en mantenimiento y conservación.
(Nota.- Cuando el retorno al ciudadano por parte del Estado es alto y visible, aumenta la moral fiscal (la disposición de la gente a pagar impuestos). Si los ciudadanos perciben que las calles están limpias, los hospitales funcionan y la seguridad es efectiva, entienden el impuesto no como una pérdida, sino como una inversión colectiva.
En cambio, cuando el retorno es pobre o ineficiente, surge la percepción de que el impuesto es una carga injusta, lo que suele alimentar la evasión y el descontento social).
Cada ciudadano debe examinar lo que paga y lo que recibe de sus impuestos por el Estado en su conjunto.
1ª.- Imagen – La realidad – (Lo que hay y lo que se ve).
España nunca había recaudado tanto dinero en impuestos como ahora. En 2025, los ingresos tributarios alcanzaron los 325.356 millones de euros, un 10,4% más que el año anterior, impulsados principalmente por el IRPF (142.466 millones) y el IVA (99.532 millones). Así mismo, se dispara la deuda pública, que alcanza un máximo difícil de imaginar, de forma, que a la vista de lo que hay y lo que se ve existe un agujero oculto, que se traga todo el dinero de los ciudadanos con un destino ignoto.
2ª.- Imagen. Un agujero oculto.
3ª.- Imagen. Ciudadanos asombrados.
4ª.- Imagen. Soluciones. Gestión eficiente, transparencia y justicia tributaria.
(Nota. Es difícil explicar algo tan simple de ver y por lo visto tan difícil de ejecutar, razón por la que prefiero exponerlo en imágenes descriptivas de lo que hay, de lo que no hay, y, de lo que se debe hacer).
Córdoba, 3 de abril de 2026.
Fdo. Enrique Garía Montoya.
Abogado. ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.
El “veto invisible” que paraliza la provincia y la expropiación fiscal encubierta de los Ayuntamientos.veto, invisible
1.- Realidad Provincial – (Un déficit estructural que nadie quiere asumir).
A día de hoy la provincia de Córdoba sufre un bloqueo energético doble que actúa como freno estructural al desarrollo:
Zona
Problema principal
Estado actual (marzo 2026)
Norte (Pedroches)
Ausencia de eje de transporte 400 kV
Inversión de 100 M€ aprobada (Maguilla-Peñarroya-Lancha). Ejecución “a largo plazo” (léase: indefinida).
Sur (Subbética)
Saturación crónica de subestaciones y red de media tensión
Colapso técnico real. Endesa recibe reclamaciones administrativas por denegación sistemática de puntos de acceso.
Capital
Saturación de nudos de conexión (Lancha/Casillas)
Pendiente de ampliación de posiciones por REE para evacuar renovables.
(Nota. Mientras se publicitan “récords” de fotovoltaica, la energía generada no puede evacuarse, de forma, que el resultado es paradójico, ya que, Córdoba produce electricidad que no puede usar y, al mismo tiempo, impide que sus ciudadanos y empresas la consuman.)
2.- El veto eléctrico al desarrollo urbanístico – (la trampa perfecta).
El colapso de la red se ha convertido en un freno fáctico a los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU), y, los Ayuntamientos, lejos de presionar a Red Eléctrica o a la Junta, han encontrado en este bloqueo una cómoda coartada:
<-Inviabilidad de licencias: No pueden otorgar licencias de primera ocupación porque no existe boletín de enganche.
<-Costes inasumibles: Las distribuidoras (Endesa) exigen a promotores particulares que financien subestaciones públicas completas.
<-Paradoja renovable: Se genera energía limpia que se “tira” mientras se bloquea el crecimiento residencial e industrial.
3.- Caso crítico – (Sector “Belén”) – (Cabra) – La prueba de cargo contra el Ayuntamiento.
La Subestación Eléctrica de Cabra (SET Cabra) está saturada nominalmente. Los 1,6 M€ invertidos en “digitalización” son un simple parche anti-apagones, porque no aumentan ni un solo kW disponible para nuevos desarrollos. La nueva subestación compartida con Lucena sigue varada en el limbo administrativo por falta de conexión a las líneas de alta tensión de REE.
4.- La contradicción intolerable – (el “atropello” del IBI).
Aquí es donde el cinismo municipal se hace insoportable.
El Ayuntamiento de Cabra (y otros muchos) sigue cobrando IBI Urbano a pleno valor catastral sobre parcelas que, por informe técnico propio, no pueden urbanizarse por falta, básicamente, de suministro eléctrico básico. Es decir:
1.- El propio Ayuntamiento deniega licencias alegando que el suelo no dispone de los servicios básicos que exige el art. 7.2.b del Texto Refundido de la Ley de Suelo (TRLCI).
2.- Al mismo tiempo, exige el IBI como si el suelo ya estuviera urbanizado y servido.
Esta conducta vulnera la jurisprudencia clara del Tribunal Supremo (STS 30/05/2014 y doctrina posterior), ya que, el suelo urbanizable sin servicios reales ni ejecución material debe tributar como rústico.
5. Estrategia de defensa – (tres frentes contra la expropiación fiscal).
A.- Vía Tributaria (frente al Ayuntamiento): Recurso de reposición contra los recibos de 2026, con un argumento central, concretamente, <-la Administración no puede exigir tributación urbana por un suelo al que ella misma niega los servicios básicos que lo convierten en urbano->.
B.- Vía Catastral – (la madre de todas las batallas). Solicitud de subsanación de discrepancias ante la Gerencia del Catastro de Córdoba con base de una prueba de poder, que reside en el propio informe municipal que deniega la potencia en el Sector Belén.
Si el Catastro reclasifica el suelo como rústico, el Ayuntamiento estará obligado a devolver los ingresos indebidos de los últimos cuatro años.
C.- Vía Ejecutiva. Suspensión de embargos (art. 165.1 LGT) por error material manifiesto en la base imponible.
Conclusión – (la expropiación fiscal encubierta y el verdadero culpable).
Lo que está ocurriendo en Cabra -y en otros municipios de la Subbética- no es un “problema técnico”, sino que es una expropiación fiscal encubierta por parte de Ayuntamientos, que han decidido priorizar la recaudación inmediata sobre la defensa real de sus ciudadanos.
En lugar de exigir a la Junta de Andalucía, a Red Eléctrica y a Endesa una planificación seria de infraestructuras, optan por la vía más cómoda, que consiste en seguir cobrando IBI a precio de suelo urbano sobre parcelas, que, según sus propios informes, no tienen luz para encender una bombilla.
Lo expuesto no es “colaboración” con el desarrollo, sino que es esquilmar al contribuyente, mientras se esconde detrás de la inoperancia de terceros. El suelo no tiene valor de solar si no tiene vatios. Y el Ayuntamiento que lo sabe y sigue cobrando actúa con dolo.
N.B. Imagen – Refleja una injusticia y un abuso de poder los Ayuntamientos.
Suelo rústico a precio de suelo urbano – expropiación fiscal, y, el verdadero culpable es el Ayuntamiento de turno, que prefiere esquilmar a sus ciudadanos que hacer justicia, siendo el responsable de una expropiación radical y abusiva.
Córdoba, 30 de marzo de 2026.
Fdo. Enrique García Montoya.
Abogado. ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.
El Tribunal Constitucional ha establecido con nitidez y rotundidad, que “el Valor de Referencia Catastral (VRC) es constitucional”, ya que, en una sentencia unánime, el T. C. avala este sistema como una <-adecuada medición de la riqueza->, poniendo una puerta blindada a posibles impugnaciones genéricas contra la norma.
El inicio de un camino nuevo en una defensa justa es necesario por el cambio en las reglas de juego, de forma, que ya que no podremos no cuestionar la Ley, lo que determina que la defensa, frente a un debilitamiento del “valor justicia” (C. E. art. 1.), se debe dirigir contra valor asignado a cada inmueble.
1.- Las bases del Tribunal Constitucional – (Una sentencia impositiva).
El Tribunal Constitucional ha fundamentado su decisión en tres bases que todo contribuyente debería conocer:
<-Capacidad Económica (art. 31.1 CE), ya que, la sentencia considera que el VRC no es arbitrario, porque nace de un análisis estadístico de precios reales de notarios y registradores.
<-El Factor de Minoración (0,9), porque la sentencia considera, que ese “margen de seguridad” del 10% es suficiente para absorber posibles desviaciones y garantizar que no se tribute por encima del valor real.
<-Presunción Iuris Tantum, porque para la sentencia el valor se presume cierto, aunque deja un resquisio legal al admitir prueba en contrario, quedando claro, que la carga de la prueba ahora recae una vez más y exclusivamente en el ciudadano impostado por el valor de referencia catastral.
2.- Los caminos de la defensa.
Ante una liquidación basada en un Valor de Referencia superior al precio real de compra, se abren dos vías de defensa y la elección dependerá del perfil de riesgo del ciudadano:
Vía
Procedimiento
Ventaja
Riesgo
Conservadora
Autoliquidar por el VRC y solicitar Rectificación.
Evita intereses y sanciones.
Desembolso inicial de liquidez.
Combativa
Autoliquidar por valor de escritura.
No se paga de más inicialmente.
Intereses de demora y posible expediente sancionador.
(Nota. En la mayoría de los casos, la vía conservadora es la más adecuada y eficiente, pues permitirá impugnar con la tranquilidad de haber cumplido con la obligación tributaria, centrando el debate directamente en la valoración técnica del inmueble.
3.- El punto vulnerable del algoritmo catastral – (La prueba pericial).
El algoritmo del Catastro es ciego frente a la realidad física individualizada, de manera, que la defensa de una impugnación va a depender de que el perito arquitecto en su informe, ponga el foco en lo que el big data catastral no puede ver, así:
1.- Estado de conservación interno, porque el Catastro asume que el inmueble está en estado “normal”, de forma, que las humedades, instalaciones obsoletas o la necesidad de reforma integral son factores que el algoritmo del valor de referencia ignora.
2.-Deficiencias estructurales, ya que ITEs negativas o patologías no aparecen reflejadas en la ficha catastral.
3.- Distribución disfuncional del inmueble, pues pasillos excesivos, habitaciones ciegas o locales con poca fachada que penalizan el valor de mercado real, no se acogen por el valor de referencia catastral.
4.- Cargas y servidumbres y cualquier limitación urbanística que no aparecen reflejadas en el Mapa de Valores del valor de referencia y que por lo tanto no pondera.
4.- La impugnación del valor de referencia – (Los caminos).
Para poder impugnar el valor de referencia la ruta suele ser el siguiente:
<-Fase Administrativa con la presentación de la rectificación con informe pericial detallado. (Prepararse para el silencio o la desestimación sistemática).
<-Vía Económico-Administrativa (TEAR), que seguramente es el momento clave para revisar cómo elaboró el Catastro ese valor específico.
<-Vía Contencioso-Administrativa, que es la fase dónde la pericial de parte, ratificada judicialmente, adquiere su máxima importancia frente a la Administración.
<<Una propuesta>>
Si el valor de mercado real es sensiblemente inferior al VRC, es conveniente, no esperar a la liquidación oficial, de forma, que lo más eficaz, antes de firmar la escritura, es buscar un certificado de tasación de una entidad homologada por el Banco de España con fecha cercana al devengo.
(Nota. Tener esta prueba preconstituida hará que la balanza se incline a favor del contribuyente desde el principio del conflicto para poder destruir la presunción iuris tantum que opera en favor del valor de referencia.
N.B. La coraza tejida por el T. C. en favor del Valor de Referencia Catastral en su sentencia obliga a la defensa del contribuyente a demostrar el valor de mercado real, pues el TC ha puesto una puerta blindada a cualquier otra hipótesis de defensa.
Otra vez más al contribuyente se le sitúa en una posición de debilidad frente a la Administración Tributaria-Catastro, imponiéndole la carga de la prueba, cuando debería ser al contrario, ya que, la Administración es la parte más fuerte y la que cuenta con mayores medios de defensa de su posición contributiva, porque sin duda los impuestos son una necesidad para el mantenimiento de los servicios públicos, pero creo sinceramente que los derechos y libertades individuales deben prevalecer, máxime cuando estamos soportando una presión impositiva desaforada, a la que se unen unas condiciones económicas desfavorables para el ciudadano como la inflación y el deterioro de unos servicios públicos en retroceso en cantidad y calidad.
El deterioro institucional en España no es solo “acumulación de tensiones” ni un mero “estrés sistémico”, sino que es un fallo estructural alimentado por un sistema electoral (d’Hondt en circunscripciones pequeñas), que premia el bipartidismo polarizado, partidos que capturan instituciones como botín y una cultura política donde el adversario se trata como enemigo.
La renovación del CGPJ en 2024 fue un apaño en forma de parche, porque el Órgano Judicial sigue dividido con tensiones en comisiones (como la Permanente en 2025) y nombramientos cuestionados por proximidad partidista, de forma, que la “apariencia de imparcialidad” del TEDH se ha convertido en apariencia de captura, y, sin duda, las críticas políticas cruzadas a jueces y fiscales generan una “guerra de trincheras” que deslegitima el sistema ante los ciudadanos.
1.- Justicia (Superar la elección entre iguales).
La reforma pendiente del sistema de nombramiento de vocales judiciales es urgente (recomendación UE clave), pero insuficiente, porque los jueces eligen a los jueces, sí, pero
¿quién garantiza que las asociaciones judiciales (a menudo alineadas) no reproduzcan cuotas partidistas?
<<Propuestas innovadoras>>
<-Sistema híbrido: 70% elegidos por jueces (voto secreto, ponderado por antigüedad y méritos objetivos) + 30% por una Comisión Independiente Ciudadana (sorteo estratificado de 200 ciudadanos + expertos internacionales, con audiencias públicas televisadas y vetos razonados).
<-Plataforma digital compartida e inmutable para candidaturas: CV verificables, declaraciones de intereses inmutables, votación ponderada y auditoría pública automática.
<-Mandatos no renovables + rotación obligatoria en órganos directivos para evitar endogamia.
2.- Abuso del Decreto-Ley – (Calidad legislativa).
El uso excesivo de reales decretos-leyes viola el espíritu de <-extraordinaria y urgente necesidad-> y reduce el debate parlamentario, generando inseguridad jurídica real para abogados y ciudadanos.
**Su uso excesivo no es solo una cuestión técnica, sino que es una estrategia de gobiernos para eludir oposición y control social en temas sensibles.
**Propuesta innovadora:
<-Control previo automático por una Agencia Técnica Legislativa independiente (modelo similar a la Oficina de Presupuesto del Congreso, pero con veto suspensivo y dictamen vinculante sobre urgencia).
<-Cláusulas de caducidad obligatorias de 12-18 meses para decretos-leyes, con ratificación parlamentaria reforzada.
<-IA de apoyo legislativo obligatoria para conseguir un análisis de impacto regulatorio automático, una simulación de efectos y una comparación con mejores prácticas europeas/OCDE, con informes públicos.
3.- Contrapesos y captura de instituciones.
Fiscalía, Tribunal Constitucional, CIS, Banco de España y otros sufren percepción de dependencia. El caso del Fiscal General (proceso judicial y condena por filtraciones) ilustra el problema.
**Propuesta innovadora:
*Desvinculación total del Fiscal General, con nombramiento por mayoría cualificada en Congreso + ratificación por panel de expertos judiciales y ciudadanos (sorteo) y mandato fijo de 6 años no coincidente con legislatura con prohibición absoluta de cargos políticos previos/posteriores.
*<-Contrapeso ciudadano-> con un Defensor del Pueblo con poder sancionador propio y presupuesto autónomo; asambleas ciudadanas deliberativas (sorteo representativo) para evaluar anualmente la actuación de órganos constitucionales, con recomendaciones vinculantes o referéndum consultivo.
*Auditoría independiente anual de todos los órganos (por entidad mixta UE-nacional) con indicadores cuantitativos de independencia (percepción ciudadana, tiempos de resolución, tasa de revocaciones políticas).
4.- Transparencia, corrupción y pluralismo informativo.
La Ley de Secretos Oficiales de 1968 es anacrónica, ya que, las puertas giratorias y los grupo de personas opacos que busca influir en las decisiones de figuras de poder persisten, y, además, la financiación de partidos y contratación pública siguen como “riesgo elevado”
**Propuestas de innovaciones disruptivas:
*Contabilidad digital pública compartida e inmutable para contratación, subvenciones y agendas de altos cargos (inmutable, traceable en tiempo real).
*Registro de lobbies con IA de detección automática de conflictos + sanciones penales agravadas.
*Plataforma de personas denunciantes protegidos con recompensas económicas proporcionales al ahorro público generado.
*Dotación de medios adecuados, a través de un fondo público independiente gestionado por trust ciudadano (no gobierno) financiado por tasa a plataformas digitales, con asignación por audiencia + métricas de calidad (verificación de hechos, pluralismo interno, diversidad de fuentes). Finalmente, obligación de transparencia algorítmica para redes sociales en España.
*Educación obligatoria en alfabetización mediática e institucional desde primaria.
<<Mirada europea y reforma de fondo>>
Bruselas acierta en los puntos clave, pero sus recomendaciones son tímidas y dependen de gobiernos que las dilatan, de manera, que España debe ir más allá, a través de un Pacto Nacional por la Regeneración Democrática con participación ciudadana vinculante (plataforma digital + asambleas sorteadas), con una reforma electoral hacia proporcionalidad mejorada + voto preferencial para reducir polarización, y, revisión constitucional selectiva (vía referéndum) para blindar la independencia institucional.
**En resumen: El problema no es solo técnico ni europeo, sino que es de incentivos políticos y falta de rendición de cuentas a los ciudadanos. Las propuestas anteriores combinan estándares UE con innovación tecnológica, participación sorteada y mecanismos de control automáticos para hacer las instituciones resistentes a la captura partidista, de manera, que no basta con “consolidar reformas iniciadas”, sino que hace falta una regeneración profunda que devuelva la soberanía a los ciudadanos y restaure la confianza.
N.B. Frente al deterioro de nuestras Instituciones es necesaria una regeneración institucional en España de acuerdo con nuestras propuestas disruptivas para restaurar la democracia plena.
Es la pregunta que escucho a diario en los juzgados, en las reuniones de compañeros, expertos y en las calles de Córdoba: <-Si recaudamos más que nunca, ¿por qué? los servicios funcionan peor que siempre->.
Conociendo la Administración por dentro y por fuera, sé que las cuentas deben cuadrar o, al menos, tener una trazabilidad judicialmente defendible, sin embargo, la realidad de 2026 nos muestra un Estado, que, aunque ingresa cifras récord, se encuentra con las manos atadas por una estructura de gasto extremadamente rígida, de forma, que el dinero no se ha “evaporado”, pero, sin la menor duda, está atrapado en un bucle sin salida.
**Abriremos la “caja negra” del gasto público en España:
1.- Un “elefante” que no para de crecer – (Las Pensiones).
Es un hecho patente, que las pensiones son el sostén de nuestra paz social, pero también nuestro mayor desafío financiero, porque en 2026, su importe de gasto ha escalado hasta los 230.000 millones de euros.
<-Por un lado, un efecto automático, ya que, al estar indexadas al IPC (un incremento del 2,7% este año), cada décima de inflación dispara el gasto sin que se cree un solo servicio público nuevo, como puede ser un hospital o el arreglo integral de la una carretera.
<-Por otro lado, una cifra astronómica, de forma, que hoy gastamos un 62% más que hace una década, de manera, que ahora el Estado dedica más dinero a las pensiones, que a todos los sueldos de sus funcionarios y empleados públicos juntos.
2.- El “impuesto silencioso y revolucionario” de los mercados – (La Deuda).
Hubo un tiempo en que el dinero era “gratis” (tipos al 0%), pero esos días terminaron y ahora con una deuda que roza el 100% del PIB, los intereses son un gasto muerto, ya que, en este concepto 44.000 millones de euros se van directamente a los mercados financieros, de manera, que es dinero que sale de nuestros impuestos y no llega un servicio público, como una comisaría ni un aula.
Para que nos entendamos: “Pagamos en intereses casi lo mismo que cuesta toda la nómina de la Administración General del Estado”.
3.- El laberinto sin salida de las 17 Administraciones.
Aquí reside el centro de nuestras desgracias, pues el Estado Central recauda cada vez más, pero son las Comunidades Autónomas (CC.AA.) quienes ejecutan, por ejemplo, la sanidad y la educación, y, en 2026, las transferencias a las regiones han marcado un récord de 158.000 millones.
Afinando lo dicho, aquí tenemos un problema de gestión, pues “la saturación de los hospitales a menudo no es por falta de presupuesto <-en origen->, sino de una gestión autonómica ineficiente o un sistema de financiación obsoleto, que genera ciudadanos de primera y de segunda según su código postal”.
4.- La <-trampa-> de los Fondos Europeos.
Los españoles en mayoría nos preguntamos ¿por qué? hay dinero para poner paneles solares o digitalizar una PYME, pero no para arreglar las vías del tren, y, la respuesta es que esos fondos europeos tienen un uso finalista, de forma, que los fondos NextGenerationEU son para transformar, no para mantener, así que, no se pueden usar para pagar nóminas de médicos o baches en la calzada. Se trata de dinero “etiquetado” que, si no se gasta en lo que dice Bruselas, hay que devolverlo.
<<La radiografía de una dependencia pública>>
A día de hoy, España presenta una cifra que debería hacernos reflexionar, porque 17,3 millones de personas reciben su ingreso principal de un “cheque público” (pensionistas, funcionarios y beneficiarios de prestaciones).
<<Desglose del Censo de Empleados Públicos (Proyección 2026)>>
Administración
Empleados (Aprox.)
Competencias Clave
CC.AA.
1.862.000
Sanidad, Educación, Dependencia
Adm. Local
577.000
Servicios básicos, Urbanismo
Estado (AGE)
533.000
Ministerios, AEAT, Seguridad Social
Seguridad/Justicia
150.000
Policía, Jueces, Fiscales
TOTAL
3.640.000
Coste: 190.000 M.eur.
(Nota. Lo expuesto son datos oficiales, ya que, la cifra real es un misterio insondable, ya que, por ejemplo, la cifra real de empleados públicos en ayuntamientos, diputaciones y CC.AA. es un misterio profundo, de forma, que si alguien lo duda, no tiene más que mirar a su ayuntamiento para ver que su personal crece día a día, y, eso sin contar las contrataciones externas a través de empresas subcontratistas y personal de contratación externa.
<< La Paradoja. – (El dinero no se ve).
1.- Existe un evidente rigidez presupuestaria, porque el 60% del presupuesto está comprometido en nóminas, pensiones e intereses antes de que se levante la persiana cada 1 de enero.
2.- La inflación tiene un doble sentido, porque siendo cierto que el Estado recauda más por el IVA (precios caros), también es verdad que, por ejemplo, compra más caro el material sanitario y la energía.
<<Propuestas innovadoras – (Superando un parche)>>
No basta con diagnosticar, ya que, como sociedad civil activa, debemos exigir cambios estructurales, así:
<-Presupuestos de <-base cero->, de forma, que hay que dejar de prorrogar cuentas y debemos exigir que cada ministerio justifique cada euro desde cero cada año, eliminando todos los gastos superfluos que se arrastran por inercia.
<-Hay que exigir una auditoría de eficiencia a la AIReF, ya que, no se trata, solo fiscalizar si el dinero se gastó legalmente, sino si logró su objetivo (Ej. ¿Bajó la lista de espera con el aumento del presupuesto?).
<-Hay que digitalizar la trazabilidad, través, de un portal de transparencia real donde el ciudadano pueda ver, en tiempo real, en qué fase de ejecución se encuentra cada partida de los Fondos Europeos.
<-Es imprescindible llevar a cabo una reforma del Estatuto del Empleado Público, incentivando la productividad y la movilidad funcional para que los recursos humanos estén donde realmente se necesitan (menos ventanilla, más atención directa, porque tanta cita previa por ejemplo es un disparate).
**En conclusión: “Es un hecho patente y comprobado, que el dinero público en España no se pierde en un limbo, sino que se consume en sostener un sistema pesado, envejecido y con una deuda heredada. Si queremos que el dinero “se vea”, hay que pasar de una administración de “trámite” a una de <-resultados->.
N.B. El dinero público parece desaparecido, pero sobre todo está inexplicado.
Es un hecho patente, que en España tenemos una burocracia de hierro, de manera, que la endogamia de la administración a todos los niveles frena cualquier ejecución efectiva y, por supuesto, cualquier inversión en mantenimiento de las infraestructuras.
