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Una adivinanza – Diputación de Córdoba (Se deja todo como está – Se aplican las mismas políticas de la Corporación Provincial anterior)

Un grupo de lectores me dice, que no entienden la política del Diputación de Córdoba que está llevando a cabo el Partido Popular,  pareciendo que está gobernada la Corporación de Córdoba por el mismo Gobierno Provincial anterior, ya que, nada ha cambiado y se sigue haciendo lo mismo, quedando, además, pejudicados los intereses de Córdoba, y, buena prueba de ello pueden ser: el asunto iresuelto del agua, la política de gasto incomprensible de empresas públicas como Emproacsa (aguas), Epremasa (basuras), el crecimiento del gasto corriente improductivo, etc. etc..

Me preguntan, que pueden hacer, pues se sienten engañados con su voto, ya que, ellos han querido votar un cambio y solo ven más de lo mismo.

La verdad es que, como llevan razón, no se que decirles, así que les planteo una adivianza.

Me explico, una adivinanza es un tipo de acertijo con enigmas sencillos en los que se describe una cosa de forma indirecta para que alguien lo adivine, incluyendo el enunciado pistas para su solución.

Lo haré en forma de algunas preguntas sencillas sin ánimo cerrado, así:

1ª.- ¿Quién responde con abrazos a los agravios que se hacen a los cordobeses en materia de agua, aumento necesario de potencia electrica, coversión de carreteras nacionales en autovías, etc. etc.?

2ª.- ¿Quién deja intactas todas las estructuras socialistas de la anterior corpporación y aprueba un presupuesto para la Diputación al que no se opone la oposición?

3ª.- ¿Quién se dedica a la propaganda gastando lo que no hay para cosas innecesarias y prescindibles, dejando los problemas provinciales reales sin resolver?

4ª.- ¿Quién permite en la Diputación de Córdoba perseguir a personas particulares en una actitud de acoso y derribo permanente, rechazando por Decreto las denuncias que se presentan en la Corporación Provincial por esos hechos?

5ª.- ¿Quién desconoce el Informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía sobre recaudación y el ICHL-Diputación del año 2020?

6ª.- ¿Quién anticipa 126 millones a los ayuntamientos en materia de recaudación, haciéndolos prisioneros y aumentando su deuda con el pago de intereses del prestamo bancario pedido para abonar esos anticipos?

El acertijo es sencillo, pues solo hay un responsable posible y único, de forma, que todos mis lectores lo saben, sin que sea necesario ponerle nombre y apellidos.

El verdadero problema está en encontrar una solución, pero si el arreglo inmediato no es posible, si cabe una propuesta de futuro, que está en que nunca más hay que votar a los que hacen lo mismo que los que no queremos votar.

Como se dice ahora y todos entienden: No es No, o lo que es lo mismo, nunca jamás votar a los que traicionan sus compromisos y promesas.

En la Diputación de Córdoba el respeto a la ley ha pasado a derribar el “valor justicia” y a un menosprecio de nuestro estado de Derecho, mientras se deterioran derechos y libertades fundamentales.

Frente a una situación de injusticia pública atrabiliaria e instaurada ha llegado la hora de defender nuestros derechos y libertades con una rebelión pacífica de todos los cordobeses, y, asociaciones y colectivos como “Córdoba Abierta ACOA” deben comenzar a moverse en defensa de la libertad, de la igualdad  y de la justicia.

N.B.  La adivinanza planteada es un acertijo fácil de resolver, solo hay que mirar, siendo el silencio complice atronador.

Córdoba, a 28 de noviembre de 2024.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado. ICA – Córdoba. Cd. 1316.

La falta de respeto a la ley está ya en todos los niveles del poder público (Principio de legalidad – Inseguridad jurídica)

Lo que se está viendo publicamente a nivel nacional sobre saltarse la ley por políticos y sus partidos (incluidas las Instituciones del Estado), produce una sensación de desamparo a los españoles de a pie sobre la aplicación de la ley y una completa una falta completa del principio de legalidad en la igualdad de todos los españoles.

Aunque lo verdaderamente preocupante, que da mucho miedo, es que la falta de respeto a la ley alcanza ya todos los niveles del poder público, quedando los ciudadanos de a pie como unas personas abandonadas por la ley y por poderes públicos que la deben de aplicar, que curiosamente deben su poder al Pueblo que someten contra toda ley.

Cualquier ciudadano deja de presentar un modeo obligatorio en Hacienda y/o deja de pagar una multa de tráfico (solo a título de ejemplo) y en horas veinticuatro tiene la la aplicación rigurosa de la ley encima de él, de manera, que no hay excusa ni pretexto alguno, que le libre de la fueza corecitiva de la ley aplicable.

Por el contrario si se trata de un político, sea cual sea su nivel de poder público, si incumple la ley la “amnistía es total”, de forma, que el ciudadano-pueblo solo le queda ir de entrada a un proceso juicial contencioso administrativo, pues si el ciudadano acude a presentar una denuncia penal, porque el político de turno enchido de poder incumple la ley, que prospere su denuncia es algo  casi increible y, además, siempre obtiene la misma respuesta: “Lo que denuncia no es delito, pues solo es un posible ilícito administrativo”.

Queda claro, que NO es NO, así que a fastidiarse y a jorobarse toca. (Lo digo con delicadeza).

En España ahora la igualdad de todos los españoles ante la ley ha pasado a un deterioro irreversible del “valor justicia” y a un menosprecio de nuestro estado de Derecho, mientras la democracia real y el poder del pueblo soberano ha pasado a un universo paralelo dominado por un poder político irresponsable, ininimputable y que se cree con toda la razón de que está por encima de la ley (eso es lo que se ve y se siente a diario).

Frente a una situación de injusticia pública atrabiliaria e instaurada en el poder, ha llegado la hora de defender nuestros derechos y libertades con una rebelión pacífica de todos los ciudadanos, y, creo que asociaciones y colectivos como “Córdoba Abierta ACOA” deben comenzar a moverse en defensa de la libertad, de la igualdad  y de la justicia.

N.B.  Es un hecho que la falta del respeto a la ley está ya istalada en todos los niveles de los poderes publicos, de manera, que si queremos justicia el principio de legalidad se debe imponer a la inseguridad jurídica de los españoles de a pie.

Si seguimos callados, silentes y cautivos unos pocos-muchos destruiran la democracia, haciendo papel mojado la Constitución Española de 1978.

Córdoba, a 25 de noviembre de 2024.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado. ICA – Córdoba. Cd. 1316.

La Ley solo es para el Pueblo Soberano (A todos los niveles España ya no es un Estado de Derecho).

Las noticias de los últimos días son descorazonadoras respecto al cumplimiento de la Ley por los poderes públicos, cualquiera que sea el nivel público objeto de examen.

Los poderes públicos en general y a cualquier nivel no cumplen ya con el principio de legalidad (art. 9., C. E.) y el valor justicia ha caído en desuso (art. 1.1., C. E.), de forma, que lo peor es que no pasa nada a esos poderes públicos (políticos, judiciales y/o administrativos), que inaplican la ley, ignoran la ley, omiten la ley, aplican la ley a demanda subjetiva sin reglas, aunque lo verdaderamente descorazonador es que cuando el ciudadano de a pie denuncia encima esos poderes públicos paralegales lo machacan sin piedad, a base de tasas, depósitos de para recursos, multas y amenazas de todo tipo.

Lo que digo, es duro de asumir y me dirán, que no es cierto, pero no hay más que salir a la calle, a la realidad diaria, y se verá que todo lo expuesto es la pura verdad, se manera que ejemplos sobran, así:

*Políticos. Lo del Sr. Errejón lo conocían sus compañeros políticos, siendo la Ministra Yolanda Díaz un ejemplo de responsabilidad compartida y de irresponsabilidad política.

*Judiciales. Que cualquier ciudadano de a pie ponga una denuncia ante el Consejo General del Poder Judicial contra un juez por inaplicar la ley y se verá, que no pasa nada, es más, ni siquiera se hará la mínima investigación, pues la ley solo se aplica al ciudadano que denuncia.

Administrativos. Los poderes públicos administrativos (alcaldes, presidentes del Diputaciones, presidentes de CC.AA. etc.) si inaplican la ley no pasa nada, pues frente a la responsabilidad completa y total del ciudadano de a pie, las personas de esos  poderes que ignoran la ley, la inaplican y solo la usan para cobrar impuestos y otros excesos contra el ciudadano, siendo irresponsables e impunes. Si alguien lo duda, que ponga una denuncia penal por inaplicar la ley contra un alcalde, un presidente de diputación, un consejero de una CC.AA., y, se verá que no prospera ninguna, ya que, salvo casos extremos de apoderamiento de lo público, todos son irresponsable, ya que, incumplir la ley goza de impunidad para esas personas.

Por otro lado, solo una pregunta: ¿Alguien asume su responsabilidad?

La respuesta es de dominio público: “NO”.

La falta de responsabilidad y la impunidad ante el incumplimiento repetido de la ley de algunos-muchos poderes públicos es demasiado incluso para sus incondicionales, de manera, que como, además, muchos son aforados se permiten el lujo de decir, “vayan a los tribunales”, es decir, la falta de respeto a la ley no es nada para esas personas que tienen un poder que emana del pueblo según la C. E.  

En definitiva, la conclusión es la inicial: “la aplicación de la ley solo es para el Pueblo Soberano”.

N.B.  En España la Ley solo es para el Pueblo Soberano, porque, se mire como se mire, los poderes públicos (políticos, judiciales y administrativos) pasan algunos-muchos de aplicar la ley según sea de su agrado o no, respetar y aplicar el principio de legalidad para todos por igual.

El Estado Social y Democrático de Derecho constitucional está en desuso entre algunos – muchos poderes públicos, que inaplican la ley por acción u omisión.

Córdoba, a 26 de octubre de 2024.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Cdo. 1316. Inspector de Trabajo y S. S.

Fiscal General – Tribunal Supremo (La oscuridad y la falta de respeto a la Ley – Hasta dónde llega)

El turbio asunto del Fiscal General es extremadamente grave para nuestro Estado de Derecho, aunque mirado en profundidad hay que señalar, que en nuestra democracia la falta de respeto a la Ley por algunos-muchos poderes públicos es algo que se extiende como una mancha de aceite venenosa inundándolo todo de injusticia.

Es cierto, que al Sr. Fiscal del Estado hay que exigirle la responsabilidad que tenga, pero debería ser también cierto, que esa responsabilidad debería exigirse a todos los niveles de los poderes públicos. No puede ser que un ayuntamiento y sus políticos que lo gobiernan, por ejemplo, actúen al margen de la ley y que no pase nada; además, cuando se denuncia ante un juzgado que un alcalde o un concejal actúan ignorando la ley y, a mayor inri, se demuestra, no pasa nada y el ciudadano de a pie además de pagar (abogados, recursos, etc. etc.) no tiene otra que envainársela.

Es un hecho patente, que el valor justicia constitucional (art. 1.1. C.E.) ha quedado fuera de cobertura legal con carácter general, de forma, que aquí está en mi opinión “el verdadero problema de la justicia en España” , pues un caso aislado, como puede ser el del Fiscal General no es nada y se arregla con facilidad, lo verdaderamente grave, que está ocurriendo, es la extensión y la generalidad de falta de respeto a la Ley por algunos-muchos poderes públicos de cualquier nivel administrativo y/o judicial. En resumen, la piel de toro está a rebosar de titulares de poderes púbicos, que incumplen la ley por acción o por omisión.

Se me dirá, que lo que expongo no es cierto, pero, digan lo que digan los voceros del aparataje oficial, es un hechos patente y probado, que la inaplicación de la Ley por el camino oscuro de ignorarla, “es un hecho que está ocurriendo a diario” en algunos-muchos poderes públicos, y, lo peor es, que cuando se denuncia en defensa de nuestras derechos y libertades consagradas en nuestro Estado Social y Democrático de Derecho no pasa nada, ya que, exigir responsabilidad a un poder público está muy mal visto, a parte de los venganzas posteriores que se materializan de inmediato contra el ciudadano, que solo pide que se cumpla la Ley.

En cualquier democracia con un Estado de Derecho en vigor real y efectivo el respeto a la ley por todos es la base de su libertad y de la igualdad de todos sus ciudadanos.

N.BLo peor es, que lo expuesto es cierto y patente, quizás, porque los presuntos implicados se consideran impunes, que como en el caso del Fiscal General, como dicen en Moncloa, “quedará en nada”, o, como dice el Ministro Bolaños: “Decir la verdad no puede ser delito”, aunque el T. S. diga por unanimidad que hay que investigar.

A pesar de todo si se abandona la esperanza, estamos muerto y esclavos, de forma,  que creo que existen soluciones pacíficas en la sociedad civil para combatir ese parásito perverso y contagioso, que lo está envenenando todo en España.  

No queda otra, que ir a una rebelión pacífica ciudadana en defensa de nuestros derechos y libertades como ciudadanos libres.

Córdoba, a 17 de octubre de 2024.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Cdo. 1316. Inspector de Trabajo y S. S.

Desequilibrios en España (Camino de servidumbre)

Llama en extremo la atención que España (ahora más que nunca) está preñada de desequilibrios de todo tipo (regionales, económicos, sociales, judiciales, administrativos y políticos), de manera, que la desigualdad o si se quiere “la falta de igualdad” es, quizás, el principal problema que gravita como un leivatán gigante sobre los españoles destruyendo sus derechos y libertades.

En el año 1944 Hayek publicó su libro Camino de Servidumbre y ahora España ha entrado en esa senda con múltiples desequilibrios, rompiendo la igualdad ante la ley de todos los españoles: Estamos de lleno en un camino de servidumbre.

En cualquier democracia con un Estado de Derecho en vigor la igualdad y el respeto a la ley con su cumplimiento por todos sus ciudadanos y todos sus poderes (legislativo, ejecutivo y judicial), es lo único que garantiza el “valor justicia” en la misma.

La Constitución Española de 1978 dice en su art. 1.1.,  que “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”.

Así mismo, en su art. 9. 1. garantiza el respeto a la ley, cuando dice, que “los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico”; diciendo en su número 3., que “la Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía jurídicas normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos”.

También dispone en su art. 14., que “los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.

Ocurre ahora, que la carcoma de los distintos y perversos desequilibrios nos lleva a un camino de servidumbre, que está anulando por la puerta de atrás nuestra Carta Magna, porque el estado de derecho está agujereado en su línea de flotación, de manera, que el respeto a la ley gal para todos los españoles ha desaparecido, arrastrando tras de sí la división de poderes y sepultando la igualdad de los españoles.

Los desequilibrios imperantes en España son tantos y tan dañinos, que conllevan que los españoles transitemos ya por un camino de servidumbre, donde unos pocos nos someten a todos, esa gran mayoría silenciosa, que, además, piensa que ya pasará, así, vemos algunos ejemplos de desequilibrios por donde caminamos callados y, al parecer, conformes:

*Tenemos 17 Comunidades Autónomas con normas distintas y contradictorias, que se quera ver o no son una selva intrincada de leyes, multiplicada por mil con la intervención de un Gobierno Central autoritario e intervencionista, de forma, que sin el llamado “cupo catalán” para demostrar una quiebra profunda de la igualdad de los españoles. En conclusión, existe un desequilibrio perverso y destructor de nuestro Estado de Derecho.

*En el mundo de la Justicia los desequilibrios son múltiples y dispares, porque ya no depende de la ley, sino del Tribunal o Juez que la aplica, encontrándose todo carcomido por las distintas ideologías, que están implantadas en el poder judicial. Lo que está pasando en el Tribunal Constitucional constituido en la segunda instancia rompedora del Tribunal Supremo es algo incomprensible en una sociedad democrática con un Estado de Derecho regido por el valor justicia.

*Las desigualdades entre el Sector Público y el Sector Privado ponen de relieve y señalan unos desequilibrios diversos y a cada cual más destructivo de la igualdad de los españoles.

*La ley de amnistía que discrimina a la mayoría de los españoles, supone implantar un desequilibrio por ley contrario a la C. E. de 1978, siendo un ataque perverso a la igualdad constitucional.

*El llamado “cupo catalán” destruye la igualdad fiscal, suponiendo algo parecido a la “amnistía fiscal” que el expresidente Rajoy impuso con su mayoría absoluta y que después el T. C. declaró inconstitucional por ser contrario al art. 14 de la C. E,, que consagra la igualdad de todos los españoles.

*Los ejemplos designados no son una lista cerrada, sino la llave que abre la injusticia de casos semejantes de discriminación y desigualdad.

Solo un movimiento ciudadano abierto, libre y levantado en armas pacíficas, puede hacer frente a un camino de servidumbre abierto por políticos irresponsables, que con sus normas y medidas abusivas están royendo nuestro estado de Derecho y destruyendo el valor justicia de todos los españoles.

No queda otra, que la autodefensa y la rebelión pacífica en defensa de nuestra Constitución de 1978.

N.BFrente a la carcoma de la desigualdad impuesta por la fuerza de una coyuntura política autodestructiva y malévola, solo queda la defensa del “Estado de Derecho” de todos los españoles.

El valor justicia es irrenunciable, de manera, que hay que abandonar el camino de servidumbre por el que algunos pocos quieren de caminemos.

Córdoba, a 1 de octubre de 2024.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Cdo. 1316. Inspector de Trabajo y S. S.