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Radiografía del sueldo cordobés – (mileurismo – inmigración)

Si el panorama salarial en España ya es complejo -con tres de cada diez asalariados atrapados en la franja de los 11.000 a los 20.000 euros brutos anuales-, en Córdoba la cuerda se tensa todavía más.¡, porque nuestra estructura económica, históricamente ligada al sector servicios, a las campañas agrícolas y al minifundismo empresarial, cronifica una realidad:

“Somos una de las provincias con los salarios medios más bajos del país”.

A partir de los últimos datos consolidados de la Agencia Tributaria y el INE (con todas las advertencias sobre su verdad real), analizamos las tripas del mercado laboral cordobés, sus brechas y los factores que explican por qué el sueldo más frecuente apenas roza el umbral de la supervivencia.

1.- Cuadro general – (Córdoba vs. España).

Mientras la media nacional se sitúa en torno a los 29.500 € brutos anuales (un dato muy inflado por los sueldos altos de Madrid o el País Vasco), las retribuciones reales en Córdoba juegan en otra liga. Un trabajador cordobés percibe, de media, unos 4.600 € menos al año que la media nacional, moviéndose en una horquilla provincial de entre 17.500 y 19.400 € anuales.

Gran parte de la población asalariada se encuentra pegada al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), pero no todo el territorio se comporta igual, ya que, existe una marcada diferencia entre el centro urbano y la mayoría de los municipios de la provincia:

Ámbito Territorial	Salario Medio Anual (Bruto)	Perfil del Mercado Laboral
Córdoba Capital	21.663 €	Concentra el sector público, servicios avanzados y comercio central.
Provincia (Media)	17.509 €	Alta dependencia de campañas agrícolas y microempresas. Precarización en municipios pequeños.

2.- Los motores – (Abismo público-privado y el minifundismo).

La convivencia entre el empleo público y el privado define de manera directa los ingresos de la provincia, ya que, mientras el sector privado soporta el grueso del empleo en condiciones de alta fragmentación, el sector público actúa como un auténtico “colchón” de estabilidad, así:

<-El Sector Privado (sobre 210.000 trabajadores): Representa el 80,3% de los asalariados, pero su salario medio estimado se queda en unos discretos 15.200 € al año, aproximadamente.

<-El Sector Público (sobre 51.522 trabajadores): Supone el 19,7% del empleo. Su salario medio supera los 26.500 € al año, impulsado por la Junta de Andalucía (sanidad y educación), que absorbe más del 61% de este bloque.

<-El problema estructural de la empresa cordobesa: En Córdoba hay registradas unas 28.500 empresas, pero el 52% no tiene asalariados (autónomos puros) y el 35% tiene entre 1 y 5 trabajadores. Las empresas de más de 20 empleados apenas representan el 3% del tejido. Sin tamaño ni músculo financiero, la capacidad de ofrecer sueldos altos es mínima.

3.- Sectores, brechas y el factor de la inmigración.

Para entender por qué el sueldo más frecuente se estanca y no despega, hay que mirar los sectores que concentran la mano de obra y cómo influyen las variables de género y nacionalidad.

**El mapa sectorial de la precariedad.

*Comercio y Hostelería: Es el gran motor de empleo (más de 70.000 trabajadores), pero el salario medio apenas llega a los 13.575 € anuales debido a la temporalidad estructural y al abuso de las jornadas parciales o fijos-discontinuos.

*Construcción: Se alinea con la media nacional sectorial, rondando los 16.585 €.

*Industria: Es el oasis del sector privado, con el mejor pago de la provincia (19.962 €), pero su peso en el empleo total sigue siendo minoritario.

**La brecha de género y la brecha de nacionalidad.

La estadística vuelve a sangrar al cruzar las variables demográficas: los hombres promedian 19.243 € frente a los 15.555 € de las mujeres (una diferencia de casi 3.700 € anuales). Esto se debe a que las mujeres asumen mayoritariamente las jornadas parciales en los sectores de comercio y cuidados.

**Sin embargo, el verdadero “suelo del suelo” lo sufre la población trabajadora de origen extranjero, que actúa como el soporte invisible de la economía provincial:

1.- Exclusión del refugio público: Al tener un acceso residual al sector público (por barreras de nacionalidad o retrasos en la convalidación de títulos), los inmigrantes dependen al 100% del precario sector privado.

2.- Sub-mileurismo en el campo y el hogar: Su presencia se concentra de forma forzosa en la agricultura intensiva y las campañas de recogida de la provincia, así como en el sector doméstico. Al estar sujetos a la alta discontinuidad de las campañas y a la parcialidad severa, sus ingresos reales caen habitualmente por debajo del SMI.

4..- La paradoja de la productividad cordobesa.

La incorporación de la mano de obra inmigrante genera en el tejido de microempresas cordobesas un efecto contradictorio:

<-Rentabilidad sin modernización: La facilidad para cubrir puestos de baja cualificación a costes laborales mínimos permite que la hostelería o la agricultura sigan siendo rentables a corto plazo. No obstante, esto desincentiva la inversión en tecnología, digitalización y capital físico, cronificando la baja productividad por empleado.

<-El tapón de la cualificación: Existe un preocupante fenómeno de sobrecualificación en el segmento extranjero. Profesionales cualificados en sus países de origen terminan ejerciendo tareas de limpieza o recogida agrícola debido a la lentitud burocrática en la homologación de perfiles, perdiendo un talento que podría aportar un alto valor añadido a la provincia.

5.- Una ventana a la esperanza – (El efecto BLET).

Aun que tenemos una esperanza, ya que, todo el diagnóstico no es inmovilismo. El gran factor corrector a corto y medio plazo para la economía local tiene nombre propio: la futura Base Logística del Ejército de Tierra (BLET).

Este proyecto requerirá inicialmente unos 1.600 puestos de trabajo directos. Excluyendo el personal militar, unos 1.200 serán empleos civiles de alta cualificación (ingenierías, áreas tecnológicas y digitalización avanzada). Este hito tiene el potencial de inyectar en el mercado privado local puestos de alto valor que, por fin, rompan el techo de cristal de la franja de los 11.000-20.000 euros.

<<Conclusión>>.

Es un hecho indudable, que la inflación y el coste de la vida siguen presionando al alza, pero la estructura del mercado laboral mantiene a la mayoría de los trabajadores cordobeses encasillados en el <-mileurismo estable-> o el -sub-mileurismo- de subsistencia. La sostenibilidad del modelo actual descansa, en gran medida, sobre la flexibilidad de la fuerza de trabajo inmigrante y la estabilidad del funcionario. Si Córdoba quiere dejar de liderar los vagones de cola de la estadística salarial, *la estrategia no solo debe pasar por atraer proyectos tecnológicos como la BLET; *exige también ganar tamaño empresarial, *industrializar la provincia y dignificar salarialmente los sectores esenciales que hoy sostienen nuestra economía desde la sombra.

N. B. Imagen. Dicotomía oculta. La realidad se ve y se siente.

Córdoba, 3 de junio de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Córdoba y la paradoja del bienestar – (La trampa del dinero público)

Quien visita Córdoba durante su mayo festivo asiste a un espectáculo desconcertante. Ver las casetas de la feria llenas, los patios desbordantes y un ambiente de celebración absoluta choca frontalmente con los fríos datos macroeconómicos: “Nos encontramos ante una de las provincias con mayor despoblación de la región y, simultáneamente, la segunda con más paro de toda España”.

¿Cómo es posible que este equilibrio se sostenga sin que la provincia, su capital y sus pueblos no salten socialmente por los aires?

La respuesta a esta paradoja no se reduce a un solo factor, sino a una compleja red de contrapesos económicos, dinámicas de resistencia social y, fundamentalmente, a un modelo de dependencia pública tan profundo que define tanto nuestra estabilidad diaria como nuestro estancamiento estructural.

<<Los amortiguadores – Por qué no explota Córdoba>>

El aparente bienestar que se respira en las calles durante las épocas de esplendor responde a mecanismos muy arraigados en la sociedad cordobesa:

1.- La economía sumergida y la estacionalidad: “Una parte sustancial de la actividad económica no computa en las estadísticas oficiales”. El sector agrícola (olivar, dehesa, campiña) funciona mediante campañas que los trabajadores alternan con periodos de subsidio por desempleo (como el PER). En paralelo, la hostelería vive su temporada de oro en primavera, ya que, el mayo cordobés inyecta una liquidez inmediata a través de contratos temporales y peonadas extras que las familias, que en gran medida, reinvierten en la propia fiesta.

2.- La red familiar como institución económica: “Los lazos familiares actúan como el verdadero colchón de la provincia”. La solidaridad intergeneracional permite que las pensiones de los mayores o los sueldos fijos de los funcionarios sostengan a hijos y nietos desempleados, a lo que, sin duda, hay que sumar a un alto índice de vivienda en propiedad (heredada o compartida), lo que reduce drásticamente el coste de la supervivencia básica en comparación con las grandes metrópolis.

3.- La cultura del ahorro para el disfrute: “El mayo festivo no se percibe en Córdoba como un lujo superfluo, sino como una válvula de escape psicológica y un derecho cultural”. Se dice, no sé si con razón, que muchas familias economizan al máximo durante el invierno con el único fin de reservar un fondo para estas fechas a lo que se añade, el acceso democrático a la fiesta (patios gratuitos y casetas de feria mayoritariamente públicas) lo que permite la participación colectiva sin necesidad de desembolsos prohibitivos.

4.- La ilusión de la concentración demográfica: “Aunque el norte de la provincia (Los Pedroches, el Guadiato) y las áreas rurales sufren una despoblación sangrienta, la capital y los municipios mayores (Lucena, Puente Genil, Montilla) retienen su dinamismo”. Es por eso, que en mayo, la convergencia de toda la provincia en la capital genera la falsa sensación de que “allí no falta nadie”.

<<La radiografía real – (Una provincia subsidiada).

Sin embargo, es un hecho patente, que más allá de la resiliencia social y la informalidad laboral, el verdadero pilar que sostiene la economía cordobesa es el flujo de dinero público, . Si ampliamos el concepto de “sector público” más allá de los funcionarios tradicionales e incluimos a toda la población cuyos ingresos principales provienen de las arcas del Estado, las cifras desvelan un escenario perturbador.

Oficialmente, sobre una población total de unos 770.000 habitantes, la radiografía de la dependencia pública en Córdoba se distribuye de la siguiente manera:

*Pensionistas (contributivas y no contributivas): La cifra se puede fijar prudentemente en 185.300 personas., lo que implica que el envejecimiento demográfico hace que casi una de cada cuatro personas en la provincia sea pensionista.

*Empleados públicos: Unos 51.500 trabajadores repartidos entre la administración local, autonómica y estatal. (Un cálculo más realista se situaría la cifra por encima de las 200.000 personas).

*Parados con prestación y subsidios (incluido PER/PROFEA): Unas 53.800 personas con cobertura de desempleo o ayudas asistenciales.

*Ingreso Mínimo Vital (IMV) y rentas de integración: Unos 25.500 beneficiarios.

**El indicador definitivo es demoledor: “Una cifra superior a 350.500 cordobeses reciben su principal ingreso mensual directamente de los presupuestos públicos”. Esto equivale aproximadamente al 42,5% de la población total, una proporción que se dispara y roza las dos terceras partes si filtramos el análisis únicamente hacia la población adulta que se encuentra en edad o disposición de percibir ingresos.

<<Las consecuencias de la trampa pública – (A la cola)>>

Esta colosal dependencia presupuestaria funciona como un excelente escudo contra la miseria extrema, pero actúa al mismo tiempo como un cepo para el desarrollo, ya que, este modelo condena a Córdoba a estar persistentemente en el vagón de cola debido a varias debilidades estructurales:

*Una ratio de sostenibilidad al límite: “En una economía equilibrada se requiere una base sólida de cotizantes privados”. En Córdoba, la relación es crítica: <Apenas existen 1,9 trabajadores ocupados por cada pensionista, una cifra notablemente inferior a la media nacional>.

*El dinero público como “suelo” y no como “motor”: “Las pensiones, subsidios y rentas mínimas se destinan casi íntegramente al consumo básico diario y al comercio local”. Es un capital que estabiliza el día a día, pero que no genera valor añadido, no patenta, no innova ni se reinvierte en la creación de tejido industrial autónomo.

*El “efecto imán” – Debilidad privada: Al carecer de grandes industrias y corporaciones multinacionales que ofrezcan salarios competitivos, el talento cordobés se canaliza de forma masiva hacia el sector público (oposiciones, contratos públicos, etc.), siendo un hecho perverso que los mejor preparados emigran y/o dedican su tiempo y sus mejores años productivos al estudio de temarios públicos en lugar de emprender, lo que conlleva que el sector privado queda sin innovación, hipertrofiado en sectores de baja productividad (hostelería y agricultura estacional) y compuesto casi exclusivamente por microempresas y autónomos sin posibilidades financieras.

La comparación con provincias vecinas evidencia la brecha: “Mientras que en territorios como Málaga la dependencia del dinero público cae al 29% gracias al empuje de la inversión extranjera, el turismo tecnológico y la iniciativa privada, Córdoba ha convertido al trabajo público en su única estructura sólida.

<<El horizonte de cambio>>

Existe, no obstante, un punto de inflexión en el futuro cercano, concretamente, la implantación de la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET) General de Ejército Javier Varela, ya que, aunque se trata de una inversión de origen público, su verdadero valor estratégico radica en su capacidad para actuar como un imán para empresas privadas de alta tecnología, inteligencia artificial, robótica y mantenimiento industrial. Representa, posiblemente, la oportunidad histórica más clara que ha tenido Córdoba para diversificar su tejido productivo.

Mientras esa posible transición se consolida, la realidad de la provincia sigue atrapada en una dolorosa contradicción. *Una tierra que fía su estabilidad económica al Boletín Oficial del Estado y al de la Junta de Andalucía, a la Diputación y a los Ayuntamientos estará siempre blindada contra el colapso absoluto, pero permanecerá presa bajo un techo de cristal que le impide competir con economías dinámicas*.

Mientras la principal fuente de sustento de casi la mitad de sus habitantes dependa de las transferencias del Estado y del dinero público, y, no de la riqueza que produce su propia población, revertir la despoblación y el desempleo estructural seguirá siendo una tarea de enorme envergadura, que hasta la fecha nadie ha querido transformar, por lo que seguiremos a la cola y paralizados.

N. B. Imagen. Córdoba dual.

Córdoba, 24 de mayo de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado. ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Infraestructura Eléctrica en Córdoba – (Bloqueo energético – atropello del IBI)

El “veto invisible” que paraliza la provincia y la expropiación fiscal encubierta de los Ayuntamientos.veto, invisible

1.- Realidad Provincial – (Un déficit estructural que nadie quiere asumir).

A día de hoy la provincia de Córdoba sufre un bloqueo energético doble que actúa como freno estructural al desarrollo:

Zona	Problema principal	Estado actual (marzo 2026)
Norte (Pedroches)	Ausencia de eje de transporte 400 kV	Inversión de 100 M€ aprobada (Maguilla-Peñarroya-Lancha). Ejecución “a largo plazo” (léase: indefinida).
Sur (Subbética)	Saturación crónica de subestaciones y red de media tensión	Colapso técnico real. Endesa recibe reclamaciones administrativas por denegación sistemática de puntos de acceso.
Capital	Saturación de nudos de conexión (Lancha/Casillas)	Pendiente de ampliación de posiciones por REE para evacuar renovables.

(Nota. Mientras se publicitan “récords” de fotovoltaica, la energía generada no puede evacuarse, de forma, que el resultado es paradójico, ya que, Córdoba produce electricidad que no puede usar y, al mismo tiempo, impide que sus ciudadanos y empresas la consuman.)

2.- El veto eléctrico al desarrollo urbanístico – (la trampa perfecta).

El colapso de la red se ha convertido en un freno fáctico a los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU), y, los Ayuntamientos, lejos de presionar a Red Eléctrica o a la Junta, han encontrado en este bloqueo una cómoda coartada:

<-Inviabilidad de licencias: No pueden otorgar licencias de primera ocupación porque no existe boletín de enganche.

<-Costes inasumibles: Las distribuidoras (Endesa) exigen a promotores particulares que financien subestaciones públicas completas.

<-Paradoja renovable: Se genera energía limpia que se “tira” mientras se bloquea el crecimiento residencial e industrial.

3.- Caso crítico – (Sector “Belén”) – (Cabra) – La prueba de cargo contra el Ayuntamiento.

La Subestación Eléctrica de Cabra (SET Cabra) está saturada nominalmente. Los 1,6 M€ invertidos en “digitalización” son un simple parche anti-apagones, porque no aumentan ni un solo kW disponible para nuevos desarrollos. La nueva subestación compartida con Lucena sigue varada en el limbo administrativo por falta de conexión a las líneas de alta tensión de REE.

4.- La contradicción intolerable – (el “atropello” del IBI).

Aquí es donde el cinismo municipal se hace insoportable.

El Ayuntamiento de Cabra (y otros muchos) sigue cobrando IBI Urbano a pleno valor catastral sobre parcelas que, por informe técnico propio, no pueden urbanizarse por falta, básicamente, de suministro eléctrico básico. Es decir:

1.- El propio Ayuntamiento deniega licencias alegando que el suelo no dispone de los servicios básicos que exige el art. 7.2.b del Texto Refundido de la Ley de Suelo (TRLCI).

2.- Al mismo tiempo, exige el IBI como si el suelo ya estuviera urbanizado y servido.

Esta conducta vulnera la jurisprudencia clara del Tribunal Supremo (STS 30/05/2014 y doctrina posterior), ya que, el suelo urbanizable sin servicios reales ni ejecución material debe tributar como rústico.

5. Estrategia de defensa – (tres frentes contra la expropiación fiscal).

A.- Vía Tributaria (frente al Ayuntamiento): Recurso de reposición contra los recibos de 2026, con un argumento central, concretamente, <-la Administración no puede exigir tributación urbana por un suelo al que ella misma niega los servicios básicos que lo convierten en urbano->.

B.- Vía Catastral – (la madre de todas las batallas). Solicitud de subsanación de discrepancias ante la Gerencia del Catastro de Córdoba con base de una prueba de poder, que reside en el propio informe municipal que deniega la potencia en el Sector Belén.

Si el Catastro reclasifica el suelo como rústico, el Ayuntamiento estará obligado a devolver los ingresos indebidos de los últimos cuatro años.

C.- Vía Ejecutiva. Suspensión de embargos (art. 165.1 LGT) por error material manifiesto en la base imponible.

Conclusión – (la expropiación fiscal encubierta y el verdadero culpable).

Lo que está ocurriendo en Cabra -y en otros municipios de la Subbética- no es un “problema técnico”, sino que es una expropiación fiscal encubierta por parte de Ayuntamientos, que han decidido priorizar la recaudación inmediata sobre la defensa real de sus ciudadanos.

En lugar de exigir a la Junta de Andalucía, a Red Eléctrica y a Endesa una planificación seria de infraestructuras, optan por la vía más cómoda, que consiste en seguir cobrando IBI a precio de suelo urbano sobre parcelas, que, según sus propios informes, no tienen luz para encender una bombilla.

Lo expuesto no es “colaboración” con el desarrollo, sino que es esquilmar al contribuyente, mientras se esconde detrás de la inoperancia de terceros. El suelo no tiene valor de solar si no tiene vatios. Y el Ayuntamiento que lo sabe y sigue cobrando actúa con dolo.

N.B. Imagen – Refleja una injusticia y un abuso de poder los Ayuntamientos.

Suelo rústico a precio de suelo urbano – expropiación fiscal, y, el verdadero culpable es el Ayuntamiento de turno, que prefiere esquilmar a sus ciudadanos que hacer justicia, siendo el responsable de una expropiación radical y abusiva.

Córdoba, 30 de marzo de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado. ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Inmigración, SMI y vivienda (Precariedad y su techo)

A menudo se oyen charlas y debates poco profundos sobre la inmigración y la economía, pero los datos nos cuentan una historia mucho más compleja, porque no se trata de “causas únicas”, sino de cómo ciertos factores -como la inmigración de baja cualificación y las subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI)-, actúan como combustible de problemas que España ya arrastraba.

Señalamos las claves para entender ¿por qué?, aunque la economía crece descompasada, la sensación de precariedad se está normalizando.

1.- El “suelo” de la vivienda – (Precios que no bajan).

La inmigración de baja cualificación suele concentrarse en el mercado del alquiler, y, aquí, resulta un dato es preocupante y demoledor, ya que, mientras el 30 % de los españoles vive de alquiler, entre los extracomunitarios la cifra sube al 74 %.

**La necesidad urgente de “techo” crea una demanda que acepta lo que sea por supervivencia, lo que está validando un modelo de negocio preocupante:

*Micro-living e infravivienda: Los propietarios prefieren dividir pisos en minúsculos “estudios” o habitaciones diminutas antes que bajar precios.

*Hacinamiento: El 19 % de los hogares extranjeros vive en condiciones de hacinamiento (frente al 5 % autóctono).

(Nota. La realidad diluye el artículo 47 de nuestra Constitución (el derecho a una vivienda digna), aunque la inmigración no “causa” la falta de casas, pero su llegada masiva a un mercado sin vivienda social (solo un 3,3 % en España vs. 8 % en la UE) acelera la degradación de los estándares de vida.)

2.- La paradoja del SMI y el modelo productivo.

En este 2026, el SMI se sitúa en 1.221 €. y es una herramienta de protección necesaria, pero cuando se combina con una oferta abundante de mano de obra poco cualificada, surgen efectos secundarios negativos:

1.- Freno a la productividad: Las empresas optan por contratar “barato” en lugar de invertir en tecnología o formación.

2.- Riesgo de economía sumergida: En sectores como la hostelería o el servicio doméstico, algunos trabajadores terminan aceptando pagos “en negro” por debajo del SMI para poder competir.

3.- Reduflación: Los hogares con presupuestos ajustados (donde los inmigrantes están sobrerrepresentados) sufren más la “reduflación” (pagar lo mismo por menos cantidad de producto), al tener menos margen para elegir otras marcas.

3.- Sector construcción – (Más trabajadores y casas más pequeñas).

Casi el 26 % de los trabajadores de la construcción en España son extranjeros. En teoría, esto debería abaratar costes y bajar el precio de la vivienda, pero no ocurre así, porque loque estamos viendo es que los ahorros en costes laborales no llegan al comprador. La realidad, es que se quedan en los márgenes de los promotores o se pierden en el alto precio del suelo, mientras que el tamaño de las viviendas nuevas sigue reduciéndose.

<<Solución – (Propuestas)>>

No se trata de caer en discursos xenófobos, sino de aplicar políticas públicas inteligentes que atajen la raíz estructural:

<-Vivienda: Establecer límites estrictos a la “miniaturización” de pisos y aumentar drásticamente el parque de vivienda pública.

<-Mercado Laboral: Fomentar una inmigración basada en perfiles cualificados y facilitar la homologación de títulos para que el talento no se desperdicie en puestos de baja productividad.

<-Consumo: Aplicar con mano firme la nueva Ley de Consumo Sostenible de 2026 para proteger a los consumidores más vulnerables de prácticas abusivas.

<<Conclusión>>

España no se está empobreciendo en términos de crecimiento (la inmigración explica casi la mitad del crecimiento del PIB reciente), pero sí está perdiendo calidad de vida. Para que el crecimiento sea real, debe ser cualitativo: mejores casas, empleos más productivos y el cumplimiento real de los derechos que nuestra ley garantiza.

N. B. Inmigración, SMI y vivienda son solo otros factores que actúan como combustible de problemas que España ya arrastraba, aunque se está perdiendo calidad de vida, así que, reclamamos un crecimiento real para que se cumplan nuestros derechos constitucionales.

Córdoba, 4 de marzo de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogad. ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Presidente. Córdoba Abierta -ACOA-.

Promesa de 30.000 viviendas del Alcalde de Córdoba (Lejos de la realidad)

A la vista del mi artículo anterior sobre fantasmas y viviendas los lectores me requieren para que explique, porque creo que la promesa del Alcalde Bellido es poco realista y una historia llena de fantasmas, considerando que constituye una promesa más que pasará al olvido con más o menos consecuencias, así que vamos a ello:

<<Contexto de la promesa>>

José María Bellido, alcalde de Córdoba (PP) desde 2019, ha prometido construir 30.000 viviendas durante su mandato, en un contexto de crisis habitacional en España, con precios de alquiler y compraventa al alza y escasez de vivienda pública.

Sin embargo, no hay datos recientes (hasta septiembre de 2025) que confirmen explícitamente esta promesa, lo que sugiere que podría estar vinculada a planes urbanísticos locales o al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

A continuación, analizaré su viabilidad y la compararé con las promesas nacionales de vivienda.

<<Promesas nacionales: el caso de Pedro Sánchez>>

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció en 2023 la movilización de 184.000 viviendas asequibles dentro del Plan de Vivienda en Alquiler Asequible (PVAA). Sin embargo, hasta agosto de 2024, solo se han movilizado 80.745 viviendas (43,88%), con apenas 14.000 disponibles y 1.300 finalizadas, lo que representa un cumplimiento del 7%.

Las críticas, lideradas por el PP, señalan un historial de promesas incumplidas (420.000 viviendas desde 2018) y recortes de más de 2.000 millones de euros en el presupuesto de vivienda de 2023.

La opacidad del Ministerio de Vivienda, que no publicará datos definitivos hasta 2026, refuerza el escepticismo sobre estos compromisos.

<<Viabilidad de la promesa de Bellido>>

Construir 30.000 viviendas en Córdoba, con una población de 320.000 habitantes y unas 150.000 viviendas existentes, implica aumentar el parque residencial en un 20%. Esto plantea desafíos:

Capacidad urbanística: Requiere suelos disponibles, infraestructuras y posibles modificaciones al PGOU, un proceso lento ante la histórica escasez de suelo urbanizable en Córdoba.
Financiación: Depende de fondos públicos o alianzas público-privadas, pero los recortes estatales limitan los recursos. Las 30.000 viviendas representan el 17% de las prometidas por Sánchez, lo que sugiere dependencia de fondos externos.
Plazos: Construir tal cantidad podría tomar una década, considerando retrasos burocráticos y la limitada participación del sector privado, como se observa a nivel nacional.

<<Contexto político y financiero>>

-La gestión de Bellido deberá solucionar definitivamente controversias, como el caso de la presunta corrupción en Infraestructuras en 2023, que, sin duda, podría mermar la confianza pública.

-Los ingresos del Gobierno Central, según todas las perspectivas, serán negativos, por lo que esperar ayuda para el Plan de las 30.000 viviendas es una utopía, de forma, que el Ayuntamiento solo tendrá sus propios medios y la ayuda de la inversión privada.

-Así mismo, las Empresas Públicas (Sadeco, Aucorsa y Emacsa) son deficitarias, por lo que el Ayuntamiento deberá cubrir sus resultados negativos con transferencias de capital, lo que a todas luces reducirá los ingresos públicos disponibles para financiar las viviendas.

Además, el PP critica a Sánchez por electoralismo, lo que obliga a Bellido a demostrar compromiso real para no caer en la misma percepción.

<<Comparación con Sánchez>>

-La promesa de Bellido comparte similitudes con la de Sánchez: ambas carecen de planes detallados, plazos claros y transparencia.

-La falta de coordinación entre administraciones y la dependencia de fondos estatales o autonómicos limitan su viabilidad.

-Además, la escala de la promesa parece desproporcionada para una ciudad como Córdoba, menos presionada por la demanda que grandes urbes.

<<Primera Conclusión>>

La promesa de Bellido de construir 30.000 viviendas es ambiciosa, pero las limitaciones urbanísticas, financieras y burocráticas, junto con el bajo cumplimiento de promesas similares a nivel nacional (7% en el caso de Sánchez), justifican mi escepticismo.

Para ser creíble, Bellido debe presentar un plan detallado, coordinarse con el Gobierno Central y la Junta de Andalucía, y garantizar transparencia en el progreso. Sin estos elementos, la promesa corre el riesgo de sumarse a la lista de compromisos incumplidos que frustran a la ciudadanía en un tema tan crucial como la vivienda.

<<Coste y plazo de la Promesa de 30.000 viviendas del Alcalde>>

<<Estimación del coste>>

Construir 30.000 viviendas en Córdoba, combinando un 70% de pisos (900 €/m²) y un 30% de viviendas unifamiliares (1.300 €/m²), con un tamaño medio de 100 m², implica:

Coste de construcción: 3.060 millones de euros (3.000.000 m² × 1.020 €/m²).
Coste del terreno: Aproximadamente 682,5 millones de euros (25% del coste de construcción, a 200 €/m² promedio).
Costes adicionales:
- Licencias y permisos: 122,4 millones de euros (4% del coste de construcción).
- Honorarios profesionales: 306 millones de euros (10% del coste de construcción).
- Conexión a servicios públicos: 300 millones de euros (10.000 €/vivienda).
- Imprevistos: 417,1 millones de euros (10% del total).
Coste total estimado: 4.889 millones de euros, o unos 162.966 € por vivienda.

<<Plazo razonable>>

Construir 30.000 viviendas requiere dividir el proyecto en promociones (100 viviendas cada una). Asumiendo 50-100 promociones anuales, con 24 meses por proyecto (12 meses de trámites + 12-24 meses de construcción):

Plazo estimado: 5 a 7 años, considerando limitaciones de suelo, financiación y capacidad constructiva. Un plan más agresivo (100 promociones simultáneas) podría reducirlo a 3 años, pero es poco realista por restricciones logísticas.

<<Factores clave>>

Suelo: Áreas como Huerta de Santa Isabel o Turruñuelos ofrecen potencial, pero urbanizar nuevos terrenos puede retrasar el proyecto.
Financiación: Dependerá de fondos públicos y privados, con riesgos de cuellos de botella, como en el plan estatal de 184.000 viviendas (solo 7% cumplido).
Capacidad constructiva: La disponibilidad de mano de obra y materiales, junto con la burocracia, limitará la ejecución.

<<Conclusión crítica>>

La promesa de 30.000 viviendas, con un coste de 4.889 millones de euros y un plazo de 5-7 años, enfrenta desafíos significativos: burocracia, financiación incierta y escasez de suelo urbanizable.

Sin un plan detallado, financiación asegurada y transparencia, la viabilidad del proyecto es dudosa, como lo demuestra el escaso cumplimiento de promesas similares.

Aunque ambiciosa, la propuesta del alcalde Bellido parece poco realista sin una estrategia clara.

N.B. La promesa de 30.000 viviendas del Alcalde de Córdoba, siendo práctico, tiene un coste y un plazo fuera de la realidad, y, aunque deseo que fuera verdad, sinceramente, lo veo con mucho escepticismo y fuera de lo posible en las actuales circunstancias políticas y económicas.

La realidad es, que el Ayuntamiento no tienen los fondos necesarios para acometer la construcción de 30.000 viviendas, ni con la ayuda total del Junta de Andalucía, de forma, que la única solución sería una aportación proporcional a las necesidades financieras del sector privado, cosa que se me antoja dificilísimo de conseguir, aunque, quizás, a través de las Empresas que participen en la BLET sea posible conseguir financiación, pero ello supone una operación de gran riesgo y exigirá una gran capacidad de consenso y conciliación, y, en todo caso, el Ayuntamiento deberá endeudarse hasta su tope máximo.

En mi opinión, la promesa del Alcalde Bellido de 30.000 viviendas ha sido un brindis al sol, donde, sin duda, se confunden los deseos con la dura realidad, y, eso, que todos los cálculos realizados en nuestro planteamiento parten de una visión optimista, cuando lo normal es un Proyecto tan complicado es que estará saturado de aspectos negativos incontrolables.

Córdoba, 8 de septiembre de 2025.

Enrique García Montoya.

Abogado ICA Córdoba, Inspector de Trabajo y S.S..

Asociación Córdoba Abierta ACOA – Presidente.