El discurso económico oficial sostiene con optimismo que la economía de España “va como un cohete”. Las cifras macroeconómicas a menudo avalan esta narrativa: “El Producto Interior Bruto (PIB) crece por encima de la media europea, el turismo rompe récords históricos y las cifras de exportación muestran una indudable resiliencia”, sin embargo, al descender de las alturas macroeconómicas a la economía doméstica, se revela un abismo insondable frente a la percepción diaria de los ciudadanos.
<<La realidad crítica – (colapso del bienestar básico)>>
Más allá de la incomodidad, nos enfrentamos a una realidad crítica: “El trabajo ha dejado de ser un escudo garantizado contra la pobreza. Históricamente, un salario a jornada completa aseguraba la cobertura de las necesidades básicas y cierta capacidad de ahorro, pero hoy la inflación asimétrica –aquella que se ceba desproporcionadamente con la alimentación, la energía y la vivienda– está desmantelando las bases del bienestar material.
No estamos ante una simple fluctuación del mercado, sino ante una erosión estructural del nivel de vida. Cuando un ciudadano debe elegir entre encender la calefacción, asumir la subida del alquiler o comprar aceite de oliva, el marco normativo y las políticas públicas están fracasando en su deber primordial:
“Garantizar la dignidad de la persona”.
<<Córdoba – (Brecha abisal en crecimiemto)>>
Esta desconexión entre el triunfalismo estadístico y la vulnerabilidad financiera se siente con especial dureza en Córdoba, ya que, a pesar de su innegable atractivo turístico y su motor patrimonial, la provincia arrastra debilidades que amplifican la presión sobre el ciudadano:
*La paradoja agrícola: Mientras la provincia es una potencia en la producción de bienes esenciales como el aceite de oliva, el agricultor cordobés sufre por los altos costes de producción y la sequía, al tiempo que el consumidor local paga precios prohibitivos en el supermercado. La riqueza generada en el campo no se traduce en alivio para la ciudad.
*Estructura laboral y salarial: Córdoba lidia con una fuerte dependencia del sector servicios y la hostelería, áreas donde la temporalidad y los salarios ajustados dejan un margen de maniobra nulo frente a la subida del coste de la vida.
*La presión sobre la vivienda: La transformación del centro histórico para absorber el auge turístico desplaza a la población trabajadora hacia la periferia, donde el encarecimiento de la vida ahoga igualmente los presupuestos familiares.
<<Propuestas – (el parche a la protección estructural)>>
Para cerrar la brecha entre el “cohete” macroeconómico y la asfixia ciudadana, es imperativo abandonar las medidas paliativas temporales y adoptar políticas públicas que ofrezcan una verdadera seguridad jurídica frente a la especulación y la pérdida de poder adquisitivo:
1.- Auditoría y rigor en la Ley de la Cadena Alimentaria: Es urgente una intervención más estricta sobre la formación de precios. La legislación debe garantizar no solo que el productor primario (fundamental en Córdoba) no venda a pérdidas, sino aplicar mecanismos antimonopolio y de transparencia que impidan a los grandes distribuidores engrosar sus márgenes de beneficio a costa del consumidor final.
2.- Blindaje legal del poder adquisitivo: Más allá de las subidas puntuales del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), es necesario fortalecer la negociación colectiva y establecer mecanismos de indexación salarial que respondan al IPC de los productos básicos, impidiendo que la devaluación salarial sea la vía de escape de las crisis.
3.- Intervención estructural en el mercado de la vivienda: La vivienda no puede ser tratada exclusivamente como un bien de inversión. Se requiere un desarrollo urgente y masivo de un parque público de vivienda en alquiler social, acompañado de un marco regulatorio que frene la especulación y limite el impacto de los pisos turísticos en zonas tensionadas.
4.- Fiscalidad quirúrgica y adaptativa: Las bajadas del IVA en alimentos deben consolidarse, pero acompañadas de un sistema fiscal que alivie la carga sobre las rentas del trabajo más bajas y graves los beneficios extraordinarios de aquellos sectores (energético, bancario, grandes superficies) que han capitalizado la crisis inflacionaria.
<<El verdadero indicador del éxito>>
Una economía no puede considerarse un éxito rotundo si una gran parte de la población siente que está perdiendo calidad de vida. El verdadero progreso no se mide en la velocidad del despegue de las cifras macroeconómicas, sino en la solidez del suelo sobre el que pisan los ciudadanos. Si el marco normativo no protege la cesta de la compra, el cohete vuela vacío.
N.B. Imagen. Un espejismo – Un cohete – (La distancia real entre la macroeconomía y la cesta de la compra)
(Nota. Córdoba – Un cohete vs. Una cesta menguante. Desde el año 2021 la explosión del IPC sobre el bolsillo de los ciudadanos alcanza el 24%, según los datos oficiales, aunque los datos reales son una catástrofe al bolsillo de los ciudadanos.
Además existen facturas soterradas de la inflación: **Una es la actualización de las pensiones al IPC; y, otras **todas las partidas presupuestarias que contemplan la inflación para actualizarse (como el sueldo de los funcionarios, el IMV, etc. etc.).
Córdoba, 18de septiembre de 2026.
Fdo. Enrique García Montoya.
Abogado. ICA-Córdoba. – Inspector de Trabajo y Seguridad Social.
Exdiputado provincial de Córdoba. Exdiputado del Parlamento de Andalucía.
La red de carreteras y la vertebración viaria constituyen uno de los problemas más graves y claves para la competitividad, la seguridad vial y el equilibrio territorial de Córdoba. Por ello, abordamos la parálisis administrativa, el déficit inversor, el preocupante estado de conservación del firme y las soluciones innovadoras necesarias para revitalizar el territorio.
1.- Proyectos paralizados – (El bloqueo de los Ejes Nacionales y Autonómicos).
A.- Conversión de la N-432 en Autovía A-81 – (Badajoz – Córdoba – Granada).
Constituye el mayor déficit histórico en infraestructuras del Estado en la provincia, ya que su letargo administrativo frena el desarrollo logístico del Alto Guadiato y la Campiña.
*El problema: Tramos enteros atrapados en bucles de estudios informativos, caducidades periódicas de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y redacciones de proyecto inacabables.
*El impacto: Mantiene a la N-432 como un trágico punto negro de siniestralidad e impide consolidar un eje logístico transversal entre el sur de Portugal y el Corredor Mediterráneo.
B.- Parálisis de la Autovía del Olivar (A-318).
Concebida como el eje autonómico vertebrador entre Jaén, Córdoba y Sevilla, arrastra más de dos décadas de atasco administrativo.
*El problema: Solo están en servicio los 10 km entre Lucena y Cabra (inaugurados en 2009). Tramos vitales como Cabra – N-432 o la conexión Lucena – Puente Genil – Estepa siguen pendientes de actualización.
*El impacto: Soporta un elevadísimo flujo de tráfico pesado agroindustrial, disparando la siniestralidad y mermando la capacidad exportadora del sector.
Arteria clave entre El Carpio (A-4) y Torredonjimeno (A-316) para el tráfico agroalimentario e industrial entre ambas provincias.
*Puntos críticos: Tráfico agrícola intensivo que supera la capacidad de una vía convencional, alta siniestralidad por cruces a nivel y una clara fractura logística regional.
*El bloqueo: Inmersa en un bucle burocrático de licitaciones tradicionales, rigidez contractual y caducidad de evaluaciones ambientales.
D.- Cierre del anillo viario urbano – (La Ronda Norte de Córdoba).
Tras décadas de bloqueo en la vertebración de la capital por disputas presupuestarias y complejas expropiaciones, entre 2025 y 2026 se adjudicó e inició la Fase 1 (>30 M€). El reto crítico es evitar que eventuales hallazgos arqueológicos o sobrecostes vuelvan a dilatar los plazos.
2.- Diagnóstico del estado de conservación de la Red Viaria.
A la parálisis en la construcción de nuevos ejes autovía se suma una degradación continuada del pavimento y de los elementos de seguridad en las vías existentes, derivada de años de inversión en mantenimiento por debajo de los mínimos recomendados por los estándares técnicos internacionales (AEC).
A.- Red de Interés General del Estado (RIGE).
*N-432 (Futura A-81): Muestra un estado de conservación crítico. Presenta agotamiento estructural del firme en los tramos de montaña del Guadiato y en la travesía de la Campiña, con baches recurrentes, piel de cocodrilo y pérdida del coeficiente de rozamiento transversal, agravando el riesgo en condiciones de lluvia.
*Autovía del Sur (A-4): Aunque mantiene la capacidad, acumula roderas en el carril derecho por la elevada intensidad de vehículos pesados en el paso hacia Andalucía Occidental, requiriendo reasfaltados de emergencia periódicos que no corrigen el problema de subbase.
B.- Red Autonómica – (Junta de Andalucía).
*Vías de gran capacidad (A-45, A-316): Presentan conservación aceptable en la capa de rodadura, si bien sufren de degradación puntual en las juntas de dilatación de viaductos y en la señalización vertical envejecida.
*Vías convencionales principales (A-306, A-318, A-339): Padecen deformaciones plásticas provocadas por el transporte masivo en campañas agrícolas (aceituna y cereal). La falta de conservación preventiva ha provocado el agrietamiento longitudinal de los arcenes y el deterioro de los elementos reflectantes de balizamiento.
C.- Red Provincial (Diputación de Córdoba – >2.500 km).
Es la categoría en estado más alarmante. Se encuentra en una situación de “obsolescencia estructural por falta de mantenimiento de ciclo de vida”:
*Pavimento de rodadura: Pérdida generalizada del árido superficial, descarnamiento acelerado, socavones y falta de adherencia neumático-calzada.
*Drenaje longitudinal y transversal: La falta de limpieza y el sobreancho vegetal han colmatado cunetas y tajeas. El agua no evacuada se infiltra bajo el firme, acelerando el colapso de la plataforma.
*Señalización y balizamiento: Inexistencia o degradación total de las marcas viales continuas/discontinuas y señalización vertical caducada o tapada por la maleza en la mayor parte de las carreteras secundarias.
3.- La Red Provincial – (Tejido capilar al borde del colapso).
La red gestionada por la Diputación de Córdoba supera los 2.500 kilómetros y su deterioro estructural trasciende la incomodidad, siendo un freno socioeconómico directo y un acelerador de la sangría demográfica rural.
<-Diagnóstico técnico:
*Agotamiento de firmes: El tráfico masivo de maquinaria agrícola y camiones pesados ha rebasado la capacidad portante del firme, causando roderas y fallos estructurales.
*Geometría obsoleta: Calzadas estrechas (<6 metros), sin arcenes ni cunetas revestidas, imposibilitando el cruce seguro de vehículos pesados.
*Drenaje y riesgo geotécnico: Sistemas de drenaje colmatados y suelos arcillosos expansivos (Campiña) que agrietan el pavimento con los ciclos de sequía y lluvia.
<-Impacto multidimensional y jurídico.
1.- Estrangulamiento agroindustrial: Aumento de costes logísticos, averías en flotas y pérdida de competitividad de las cooperativas localizadas en el primer tramo del transporte.
2.- Aislamiento social y despoblación: Aumento del tiempo de acceso a servicios sanitarios y educativos de emergencia, empujando al despoblamiento de núcleos menores.
3.- Responsabilidad Patrimonial: Riesgo indemnizatorio constante para la Administración bajo el Art. 32 de la LRJSP debido a accidentes causados por deficiencias de conservación y falta de mantenimiento del pavimento.
4.- Análisis presupuestario y desglose comarcal.
Para evitar el fenómeno de la reconstrucción tardía (donde reparar cuesta hasta 5 veces más que mantener de forma preventiva), se establecen, prudentemente, las siguientes estimaciones de inversión anual requerida:
Concepto / Mantenimiento
Coste / km
Presupuesto Total
Estado / Cobertura
Mantenimiento Rutinario (Mínimo)
3.000 € – 5.000 €
7,5 M€ – 12,5 M€
Insuficiente: Bacheo y limpieza. No frena el envejecimiento.
Estándar Integral Aceptable (AEC)
8.000 € – 12.000 €
20 M€ – 30 M€
Óptimo: Reasfaltado periódico, ensanches y seguridad.
Programa Plurianual (2024-2027)
~3.700 €
~9,25 M€ / año
Déficit: Cubre solo lo básico de la red provincial.
Inversión Extraordinaria (2026)
–
25 M€
Emergencia: Reparaciones por borrascas y refuerzos.
<-Diagnóstico específico por comarcas.
Comarca
Tipología de Tráfico
Déficit Principal
Prioridad Estratégica
Los Pedroches
Pesado ganadero y lácteo
Calzadas estrechas (<5,5 m) y firme agotado
Ensanche de plataforma y refuerzo portante
Alto Guadiato
Conexión de aldeas y orografía
Firme envejecido, socavones y filtraciones
Renovación de rodadura y estabilización de taludes
La Subbética
Agrícola de montaña y turismo
Trazados sinuosos y baja visibilidad
Corrección de curvas y firme de alta adherencia
Campiña Sur / Valle
Agrícola intensivo
Deformación por arcillas expansivas
Estabilización del subsuelo con cal/cemento
5.- Propuestas innovadoras y vías de solución.
1.- Licitación por indicadores de rendimiento (KPIs): Contratos plurianuales de concesión o conservación integral basados en estándares garantizados (tiempos de respuesta, índice de fricción) en lugar de unidades de obra ejecutadas.
2.- Digitalización e IA en el firme: Sensorización en vehículos de servicio público y auscultación inteligente para predecir fallos estructurales antes del colapso del firme.
3.- Asfaltos sostenibles y economía circular: Reciclado de firmes in situ con emulsión en frío y uso de caucho reciclado de neumáticos, mejorando la resistencia a la amplitud térmica de Córdoba.
4.- Cofinanciación Europea y red logística agro: Captación de Fondos de Cohesión y Transición Justa creando la figura de ‘Vías Logísticas Rurales’ para unificar caminos agrícolas clave y carreteras provinciales.
N.B. Imágenes. La red de carreteras en Córdoba y Provincia – (un problema olvidado).
1ª. Imagen.
2ª. Imagen.
(Nota. La Diputación de Córdoba, con el mayor presupuesto de su historia, solo tiene dinero para hacer crecer su propia estructura y sus gastos corrientes, subvencionar y cubrir las pérdidas de sus Empresas Públicas, dedicarse a cubrir el costo de la apertura de fosas, etc. etc.)
Córdoba, 10 de septiembre de 2026
Fdo. Enrique García Montoya.
Abogado ICA-Córdoba – Inspector de Trabajo y S.S.
Exdiputado provincial de Córdoba – Exdiputado del Parlamento de Andalucía.
SÍNTESIS EJECUTIVA DE RUPTURA. Frente a la narrativa oficialista que celebra el hito histórico de los 22,3 millones de afiliados, el presente análisis sociojurídico demuestra que el mercado de trabajo español atraviesa una *crisis de fragmentación structural*. La reducción de la temporalidad nominal esconde un fenómeno masivo de precariedad juridificada, donde la duración media del contrato ha caído a mínimos de dos décadas (45,83 días) y la creación neta de empleo responde de forma abrumadora (71%) a la regularización administrativa extraordinaria de mano de obra extranjera, tapando la recesión del empleo nacional.
1.- La deconstrucción de la verdad oficial – (Afiliación récord vs. trabajo efectivo).
El triunfalismo institucional erigido sobre el parámetro cuantitativo de los 22,3 millones de cotizantes omite deliberadamente la métrica clave de la salud laboral:
“El volumen de trabajo efectivo medido en horas trabajadas por cotizante”.
La reforma laboral de 2022 operó un trasvase categorial, pero no una transformación del modelo productivo, de forma, que se ha sustituido la figura del trabajador temporal por la del fijo-discontinuo e indefinido rotatorio, fraccionando la masa salarial y repartiendo la precariedad entre un número mayor de titulares contractuales.
Variable Analizada
Dato Oficial (Agosto 2026)
Lectura Oficial / Convencional
Diagnóstico Crítico / Ruptura
Afiliación Total
22,3 millones de cotizantes
“Máximo histórico de empleo y robustez”
Dopaje estadístico por regularizaciones y reparto de horas entre más contratos.
Duración Media Contractual
45,83 días (Mínimo en 20 años)
“Ajuste estacional coyuntural”
Hiper-rotación institucionalizada. Los contratos indefinidos funcionan operativamente como temporales.
Temporalidad Asalariada
13,6% (+0,4% desestacionalizado)
“Estabilización tras la Reforma 2022”
Repunte sostenido durante 6 meses. Fracaso de la rigidez normativa sin cambio de matriz productiva.
Nacional vs. Extranjero
Nacional: -4.000 / Extranjero: +74.000
“Dinamismo e integración laboral”
Destrucción neta del empleo nacional. El saldo positivo depende en un 68% de regularizaciones.
2.- La ficción del contrato indefinido – (Duración mínima y pluri-firmer fraudulenta.
**El dogma de que la firma de un contrato indefinido garantiza la estabilidad salarial y vital queda completamente desmantelado ante la evidencia empírica del verano de 2026:
*El colapso de la duración media: En julio de 2026, la duración media de la contratación se situó en 45,83 días, con más de un tercio de la totalidad de contratos formalizados por un periodo inferior a 30 días.
*El fenómeno de los “Falsos Indefinidos”: La detección por parte de la consultora Randstad de más de 22.000 trabajadores que firmaron múltiples contratos indefinidos en un único mes (agosto) pone al descubierto un uso abusivo del periodo de prueba y de las bajas voluntarias/despidos pactados.
*El repunte de la temporalidad abierta: Con un incremento desestacionalizado del 0,4% en agosto y picos del 0,7% en mayo, la temporalidad se sitúa en el 13,6%, confirmando que los sectores estacionales han agotado el margen de absorción de la normativa de 2022.
“No estamos ante la erradicación de la precariedad, sino ante su juridificación: *la sustitución del contrato temporal extinto por el contrato indefinido de desecho, donde la estabilidad es puramente nominal y el despido o la inactividad sustituyen al vencimiento de término*.”
3.- Regularización Extraordinaria – (Subvención demográfica a la ineficiencia empresarial).
El proceso extraordinario de regularización de 2026, con 337.917 extranjeros afiliados a 31 de agosto (269.627 en Régimen General y 16.912 en Autónomos), requiere un análisis exento de sesgos partidistas o bienintencionados.
Mientras que el discurso institucional ensalza la medida como un avance social, el análisis económico-jurídico riguroso revela una paradoja estructural:
“La regularización ha actuado como una inyección de mano de obra intensiva que rescata a sectores de muy baja productividad”·Al aportar un contingente de trabajadores en situación de alta vulnerabilidad socioeconómica, el sistema productivo posterga las inversiones necesarias en automatización, digitalización y valor añadido.
Asimismo, la brecha entre la pérdida desestacionalizada de 4.000 afiliados nacionales y el aumento de 74.000 afiliados extranjeros en agosto demuestra que el motor del empleo nacional está apagado, ya que, sin el efecto afloramiento de la regularización administrativa, España estaría registrando cifras de estancamiento o destrucción neta de puestos de trabajo, situación corroborada por el incremento en 44.419 personas del paro registrado en agosto (el peor registro desde 2019).
4.- Los cuatro dogmas oficiales falsos.
Dogma 1: “La Reforma Laboral eliminó la precariedad.” *Realidad: La precariedad ha migrado a la duración real de la relación laboral y a la imprevisibilidad de los llamamientos en los contratos fijos-discontinuos.
Dogma 2: “Los 22,3 millones de afiliados garantizan la sostenibilidad de la Seguridad Social.” *Realidad: Cotizaciones basadas en salarios de bajos ingresos y jornadas parciales divididas generan ingresos marginales insuficientes para equilibrar el déficit del sistema pensional.
Dogma 3: “La regularización crea empleo neto genuino.” *Realidad: Transforma cotizantes informales en informales administrativos sin incrementar la productividad total de los factores (PTF).
Dogma 4: “El desempleo se mantiene contenido.” *Realidad: El repunte de 44.419 desempleados en agosto expone las tensiones de absorción del mercado, exacerbadas por la inscripción masiva de regularizados previa a su contratación formal.
5.- Propuestas de ruptura y reingeniería normativa.
1.- Implantación del índice de volatilidad contractual real (IVCR): Sustitución del indicador estadístico de “modalidad formal de contrato” por una métrica objetiva que audite la estabilidad efectiva por trabajador (días trabajados consecutivos / días del año natural). Aquellas empresas cuyos contratos indefinidos no superen los 180 días continuados sufrirán un recargo automático en las cotizaciones a la Seguridad Social.
2. Auditoría algorítmica preventiva del periodo de prueba: Fiscalización automatizada por la Inspección de Trabajo sobre empresas que utilicen el desistimiento en periodo de prueba de forma recurrente como sustituto del despido improcedente o la contratación temporal.
3. Condicionalidad de las regularizaciones a planes de recualificación: Obligación legal para las empresas empleadoras de trabajadores regularizados de cofinanciar planes de formación técnica que mejoren la productividad y eviten el encasillamiento en nichos de precariedad sistémica.
4. Transparencia estadística integral: Publicación desagregada de la afiliación diferenciando horas trabajadas efectivas, masa salarial cotizada y trayectoria contractual continua de los trabajadores.
1ª. Imagen. La cifra deslumbrante de los 22,3 Millones, representa el triunfo cuantitativo oficial. La estructura de andamios mecánicos que se desmorona en pequeños relojes de arena, simbolizan la drástica caída de la duración media de los contratos a apenas 45 días; y, la cascada de contratos de trabajo rotos y fragmentados que flota en el aire sobre un suelo inestable de piezas de puzle, reflejan la realidad de la rotación indefinida y los falsos indefinidos.
2ª. Imagen. Espejismo y crítica de la precariedad.
Cordoba, 4 de septiembre de 2026.
Fdo. Enrique García Montoya.
Abogado ICA-Córdoba – Inspector de Trabajo y Seguridad Social.
(Nota preliminar. En Cordoba existe junto al empleo público declarado una sombra de empleo, que constituye una administración paralela indirecta, razón por la que la masa laboral dependiente del presupuesto público en Córdoba es sustancialmente mayor de lo que reflejan las estadísticas oficiales del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.)
1.- Resumen y diagnóstico.
El análisis tradicional del empleo público basado exclusivamente en el Boletín del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas ofrece una imagen sesgada e incompleta de la verdadera dimensión del aparato público en la provincia de Córdoba.
Aunque las cifras oficiales señalan un récord de 50.661 empleados públicos directos a enero de 2026 (+1,9% interanual y +15,9% en la última década), este indicador omite sistemáticamente el volumen de empleo generado mediante contratas externas de servicios, asistencias técnicas, personal encubierto y encomiendas a empresas públicas.
Consolidamos los datos oficiales conceptualizando la existencia del denominado “Sector Público Sombra” (SPS) o “Administración Paralela Indirecta”, estimando que la masa laboral dependiente del presupuesto público en Córdoba es sustancialmente mayor de lo que reflejan las estadísticas oficiales del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.
**Por otro lado,el crecimiento oficial del empleo directo (+15,9% en 10 años) se ha complementado de forma intensiva con una externalización estructural, de manera, que esta dualidad genera *una “falsa externalidad” presupuestaria, *precariedad del empleo en la cadena de subcontratación y *un notable desplazamiento de recursos humanos frente al tejido empresarial privado cordobés.
2.- Consolidación de datos oficiales – (Enero 2026 vs. Histórico).
**Para entender el asunto descrito, se detallan los datos estadísticos oficiales consolidados según la distribución por administración rectora:
TOTAL MUNICIPAL / PROVINCIAL: 43.709 – 49.719 – 50.661 – +1,9% +15,9% 100,0%.
<-Aclaración metodológica crítica: Parte del salto registrado en los últimos años (especialmente en 2023, con un repunte del +8,1%) responde a un cambio metodológico del Ministerio, que comenzó a computar contratos temporales inferiores a seis meses y personal en formación/prácticas, por lo que la subida real en horas-trabajo / equivalentes a tiempo completo es sensiblemente inferior al incremento nominal reflejado en la estadística.
3.- El “Sector Público Sombra” – (Externalizaciones y personal oculto).
El punto ciego más profundo y llamativo del informe oficial radica en la invisibilización del personal que presta servicios esenciales para las Administraciones Públicas, pero cuya relación jurídica formal es contractual con empresas privadas o entidades instrumentales.
***En Córdoba, este fenómeno se estructura en tres capas principales:
A.- Licitación de servicios esenciales y mantenimiento urbana.
<-En el ámbito municipal y provincial (Ayuntamientos y Diputación de Córdoba), áreas enteras operan mediante concesiones administrativas y contratos de servicios:
*Servicios sociosanitarios y ayuda a domicilio (SAD):Representa el mayor volumen de ocupación externalizada. Miles de trabajadoras prestan servicio público financiado por la Ley de Dependencia bajo la gestión de empresas privadas contratistas. Este colectivo no computa como empleado público a pesar de que el 100% de su salario proviene de transferencias presupuestarias públicas.
*Limpieza de edificios públicos, jardinería y recogida de residuos:A excepción de empresas públicas concretas (como Sadeco en la capital), múltiples municipios canalizan estos servicios mediante contratas privadas donde el personal figura como sector privado servicios.
*Seguridad privada y mantenimiento de infraestructuras:Vigilancia de sedes judiciales, centros de salud, dependencias administrativas y conservación de carreteras provinciales y autonómicas.
B.- Asistencias técnicas e ingeniería de software – (Personal encubierto).
Tanto en la Junta de Andalucía como en la Administración General del Estado, la digitalización y la gestión de fondos europeos (Next Generation EU) se ha articulado mediante contratos de “Asistencia Técnica”.
<-Cesión ilegal de trabajadores de facto:Decenas de consultores, informáticos, ingenieros y administrativamente cualificados trabajan de facto integrados en los equipos directivos de las consejerías y ministerios en Córdoba, con horarios y directrices públicas, pero formalmente contratados por consultoras privadas (las llamadas “EITTs” o consultoras tecnológicas).
C.- Encargos a medios propios y empresas públicas – (TRAGSA, FAISEM, etc.).
El recurso continuado a encomiendas de gestión a entidades como TRAGSA o agencias públicas empresariales permite contratar personal laboral temporal por obra y servicio público sin incrementar las plantillas funcionariales en el registro oficial del Ministerio.
4.- Análisis crítico socio-jurídico y económico.
4.1. Precarización laboral y dualidad de salarios.La externalización crea una Administración a dos velocidades. Mientras que el empleado público directo (funcionario o laboral fijo) goza de rigidez contractual, salarios regulados por convenio público y complementos de antigüedad, el trabajador del “Sector Público Sombra” (ej. personal de Ayuda a Domicilio o Limpieza subcontratada) sufre salarios ajustados al SMI o convenios sectoriales sensiblemente inferiores, mayor temporalidad y elevadas tasas de sobrecarga laboral.
4.2. Ineficiencia presupuestaria y “falsa externalidad”.El argumento tradicional para externalizar ha sido la eficiencia y el ahorro de costes. Sin embargo, en la práctica, la Administración cordobesa asume el coste directo del salario del trabajador, sumadoal margen de beneficio empresarial de la contratista (6% – 15%) y el IVA correspondiente.
**Se genera así una paradoja**: “La Administración paga más por un servicio que precariza a sus prestadores directos”.
4.3. Riesgo jurídico – (Cesión ilegal y cesión de plantillas).La proliferación de asistencias técnicas continuadas genera un riesgo persistente de litigiosidad por cesión ilegal de trabajadores (Art. 43 del Estatuto de los Trabajadores).
Centenares de sentencias judiciales en Andalucía han obligado a la reconversión de personal subcontratado en “personal laboral indefinido no fijo”, engordando la plantilla pública por la vía judicial debido a malas prácticas de gestión de personal.
5.- Comparativa Sector Público vs. Sector Privado Cordobés.
La estructura económica de Córdoba presenta un desequilibrio estructural preocupante cuando se contrapone el dinamismo del empleo público con la realidad del tejido productivo privado.(Sector Privado).
–Volumen de empleo: 50.661 directos (~65.000 si se suma el SPS estimativo). ~245.000 afiliados a la Seguridad Social (Régimen General + RETA).
–Peso sobre el empleo total:Representa entre el 17% y el 21% de la población ocupada.
Representa 79% – 83% de la fuerza laboral.
–Estructura del tejido:Gran concentración en la Junta de Andalucía (62,1%). Servicios de Salud y Educación. Atomización extrema: Micropymes (<5 empleados) y autónomos (RETA 54.000).
–Nivel salarial medio: *Estimado en 2.200 – 2.500 €/mes brutos (mayor peso de titulados superiores).SECTOR PRIVADO (CÓRDOBA)
*Estimado en 1.550 – 1.750 €/mes brutos (lastrado por agricultura y servicios no cualificados).
–Estabilidad y fricción:Inamovilidad laboral (funcionarios) y muy baja rotación voluntaria. Alta estacionalidad (campañas agrícolas, hostelería, comercio).
–Efecto “estructura”:Atracción del talento cualificado (oposiciones como principal vía de ascenso social). Fuga de talento profesional/tecnológico hacia otras provincias/regiones.
<-Efectos distorsionadores o falseadores sobre la economía local:
*Efecto expulsión del talento:La brecha salarial y de condiciones de trabajo entre el empleo público y el privado cordobés (caracterizado por servicios de bajo valor añadido, comercio y agricultura) incentiva a los jóvenes universitarios y cualificados a opositar masivamente en lugar de emprender o incorporarse a pymes locales.
*Dependencia del presupuesto público:La economía cordobesa depende en exceso de las nóminas públicas y las pensiones para sostener el consumo interno y el comercio minorista, reduciendo la capacidad de innovación y exportación de la provincia.
*Sostenibilidad fiscal local:Con más de 50.000 empleados directos y una población envejecida, la ratio entre cotizantes puros del sector privado y perceptores/empleados públicos se sitúa en niveles de alta vulnerabilidad financiera. (Nota. Existe una situación de extrema fragilidad económica en el sector privado, que carece de recursos, ahorros o capacidad de ingresos suficientes para afrontar imprevistos económicos, deudas o cubrir sus necesidades básicas.)
6.- Propuestas e innovaciones en la gestión del empleo público.
***Para superar la miopía estadística y la ineficiencia del modelo actual en Córdoba, se proponen las siguientes líneas de actuación innovadoras:
1.- Implantación de la “RPT consolidada” – (Registro Único de Personal Externo).Crear una plataforma de auditoría obligatoria en la que las Administraciones públicas cordobesas deban registrar no solo sus plazas funcionales, sino cada contrato de servicio externalizado expresado en Horas/Hombre e Indicadores de Ocupación Efectiva. Solo así se conocerá la huella laboral real del Estado en la provincia.
2.- Auditoría de valor por dinero en concesiones y subcontratas.Someter los contratos de externalización a evaluaciones transparentes. Si la contratación externa resulta más costosa que la provisión directa (al sumar el IVA y el margen comercial) y además degrada las condiciones laborales de los prestadores del servicio, se debe proceder a la internalización o gestión directa eficiente.
3. Modernización opositores-pyme – (Bolsas de empleo híbridas).Articular mecanismos para que el enorme contingente de profesionales cualificados que preparan oposiciones en Córdoba y no obtienen plaza puedan conectar dinámicamente con el sector privado local, incentivando su contratación mediante bonificaciones en sectores estratégicos (logística, agroindustria avanzada, tecnología).
N.B. Imagen. El empleo público y su sector público sombra en Córdoba – (SPS).
(Nota. Análisis consolidado, evaluación crítica del empleo directo vs. externalizado y comparativa con el mercado privado cordobés.)
1.- El Escenario Macroeconómico Nacional – (El “Boom” de las Bajas Laborales).
El absentismo y la Incapacidad Temporal (IT) en España han dejado de ser un asunto puramente de gestión de Recursos Humanos para convertirse en un problema sistémico de sostenibilidad presupuestaria, cohesión social y competitividad.
<-Magnitudes y costes.
*Coste directo absoluto: El coste total del absentismo se cifra en 33.000 millones de euros anuales (un tercio del gasto sanitario total del país), de los cuales 17.000 millones corresponden estrictamente a prestaciones por IT.
*Evolución del gasto (2018 vs. 2026): Se ha pasado de un coste de 14.000 millones de euros en 2018 a los más de 33.000 millones actuales.
*Pérdida de capacidad productiva: El volumen de trabajadores que faltan a su puesto se ha incrementado un 67% desde 2017 (pasando de 959.000 a más de 1,6 millones de personas en el primer trimestre). En términos de PIB, lo que se deja de producir si no se sustituye a estos trabajadores alcanza los 150.000 millones de euros anuales.
<<Asimetría – (Asalariados vs. Autónomos)>>
Los datos de Foment del Treball revelan una brecha sociolaboral profunda:
*Crecimiento (2015-Actualidad): Las bajas crecieron un 102% entre asalariados frente a un modesto 38% en autónomos.
*Predominio: Los asalariados registran 53,73 casos por cada 1.000 trabajadores, duplicando ampliamente los 26,8 casos del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).
*Causa crítica: Esta dualidad evidencia que, a pesar de los avances normativos, el autónomo sigue sufriendo una “desprotección real” donde el cese de actividad amenaza directamente la viabilidad de su negocio, obligándole a una autoexigencia de continuidad laboral que no se da en el régimen general.
2.- La gran grieta sectorial – (Sector Público vs. Sector Privado).
Para entender la raíz del problema, es indispensable analizar la profunda brecha que separa al sector público (Administración del Estado, Autonómica y Local) del sector privado. El absentismo no se comporta igual bajo el paraguas de la estabilidad funcionarial que bajo la presión del mercado.
Indicador
Sector Público
Sector Privado
Tasa de Absentismo
Notablemente más elevada (históricamente entre 2 y 3 puntos por encima).
Más moderada y sujeta al ciclo económico.
Duración de los Procesos
Tendencia a la cronicidad (bajas de larga duración).
Procesos más cortos y mayor agilidad en el retorno.
Garantía Salarial (IT)
Cobertura del 100% de la nómina casi generalizada desde el primer día.
Sujeta a mínimos legales (con mejoras según convenio).
Factor de Estabilidad
Blindaje ante el despido (riesgo percibido de desempleo: nulo).
Correlación procíclica (miedo a la pérdida del empleo en pymes).
<<El Sector Público y el factor de cronicidad>>
La Administración Pública presenta unos índices de absentismo estructurales muy elevados, lo que no responde a un único factor, sino a un ecosistema normativo y laboral específico:
*Garantías de IT y “efecto cobertura”: En la gran mayoría de las administraciones, los pactos internos garantizan el 100% de las retribuciones desde el primer día de la baja.
Al anularse el impacto económico negativo para el empleado, desaparece el incentivo financiero para un retorno prematuro sin una recuperación total.
*Inexistencia de riesgo laboral: El blindaje del puesto de trabajo elimina cualquier factor disuasorio o miedo al despido, un elemento que en el sector privado actúa como moderador del absentismo injustificado.
*Edad media avanzada: La plantilla del sector público en España sufre un envejecimiento agudo. A mayor edad, la frecuencia de patologías crónicas y el tiempo de recuperación de dolencias músculo-esqueléticas aumentan de forma natural.
<<El Sector Privado y la urgencia del retorno>>
En el tejido empresarial privado, el escenario cambia drásticamente.
<-Las bajas son considerablemente menores y, sobre todo, de menor duración:
Impacto en renta: Salvo que el convenio colectivo sectorial obligue a la empresa a complementar el 100% de la nómina, el trabajador ve reducidos sus ingresos drásticamente a partir del cuarto día de baja (60% o 75% de la base reguladora).
*Presión y cultura organizativa: En las empresas privadas existe una mayor cercanía con el impacto que produce la ausencia. El trabajador es consciente de que su baja sobrecarga a sus compañeros o debilita la productividad de su departamento, lo que genera una presión psicológica de retorno que no se percibe en las grandes estructuras burocráticas.
3.- Radiografía Regional – (El caso de Andalucía y la paradoja de Córdoba).
El absentismo no es uniforme, sino que responde directamente a los tejidos productivos, la cultura laboral local y la eficiencia de los servicios de salud de cada territorio.
<<Andalucía – (Datos con aumento IT)>>
*Desmitificación del tópico: Andalucía se sitúa tradicionalmente entre las comunidades autónomas con menores tasas de absentismo general (un 7% de las horas pactadas a inicios de 2026), situándose por debajo de regiones altamente industrializadas y sindicalizadas como el País Vasco (líder histórico del indicador).
*El Repunte: Sin embargo, los procesos de IT por contingencias comunes en el Régimen General se dispararon un 74% entre 2017 y 2024, elevando la incidencia autonómica del 17,42% al 26,31%, concentrándose el grueso del volumen en Sevilla y Málaga.
<<La paradoja de Córdoba- (Cronicidad)>>
Córdoba presenta un comportamiento anómalo y muy preocupante dentro del panorama nacional: “No tiene el mayor número de bajas, pero sí las de mayor duración”.
<-Evolución de la cronicidad: En 2014 la duración media de una baja era de 40,48 días; hoy en día ese indicador se ha incrementado notablemente, situando a la provincia a la cabeza de España en duración media de los procesos.
<-El enfoque sindical (CCOO): De las 1,2 millones de horas laborables semanales que se dejan de realizar en la provincia (sobre un total de 9 millones pactadas), el 75,43% (900.000 horas) se deben a vacaciones y bajas médicas legítimas. El resto (300.000 horas) responde a permisos retribuidos legales.
(Nota. Para los sindicatos, el absentismo “injustificado” o fraudulento es estadísticamente residual).
<-Causas específicas de la cronicidad cordobesa:
*Paralización sanitaria: Parece existir un cuello de botella crítico en las listas de espera de especialistas, pruebas diagnósticas y rehabilitaciones en centros de referencia como el Hospital Reina Sofía, lo que “congela” los procesos de IT, alargando la baja de forma artificial e involuntaria para el trabajador.
*Tejido productivo local: Al predominar el sector servicios de proximidad, el pequeño comercio y el sector agroindustrial, el retorno al puesto exige una recuperación física total (especialmente en dolencias músculo-esqueléticas). En estos sectores es casi imposible realizar adaptaciones progresivas o teletrabajo durante la recuperación.
*Sector público: La prevalencia del sector en el empleo de Córdoba y Provincia explica la superior duración de las bajas laborales, de forma, que es un hecho comprobado que su cronocidad duplica al sector privado.
4.- El Impacto de la “doble factura” en las micro-pymes.
Este es el punto más crítico desde la perspectiva de la gestión empresarial y el empleo. En una provincia como Córdoba, donde más del 90% del tejido empresarial son micro-pymes de menos de 10 trabajadores, la baja prolongada de un empleado del sector privado se convierte en una amenaza de asfixia financiera:
├── Días 4 al 15: 60% salario (Empresa) ├── Estructura < 4 empleados:
├── Cuota Patronal obligatoria (100%) Pérdida automática del 25-33% BR
└── “Efecto Convenio” (Comercio/Metal): └── Sobrecarga de compañeros
Complemento al 100% de la nómina (Riesgo de nuevas bajas por estrés)
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[ + COSTE DEL CONTRATO DE SUSTITUCIÓN ]
<-Pérdida de margen y coste de oportunidad: A diferencia de una gran corporación o de la propia Administración Pública -que puede amortizar temporalmente una vacante-, si una micro-pyme pierde a uno de sus tres empleados, su capacidad productiva cae fulminantemente entre un 25% y un 33%. La sobrecarga de los trabajadores restantes eleva el riesgo de nuevas bajas por estrés o ansiedad, generando un destructivo efecto dominó.
5.- Análisis causal – (Ecosistema AIReF).
Para entender este incremento generalizado del absentismo y su divergencia sectorial, la AIReF identifica un ecosistema de factores interconectados que superan la simplificación del “fraude”:
1.- Factores sanitarios (Gestión Pública): El retraso crónico en atención primaria y especializada dilata los tiempos de curación. El propio gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, apunta directamente a la falta de coordinación entre los servicios de salud autonómicos y el nivel central como un factor de ineficiencia.
2.- Factores normativos y convencionales: La mejora de coberturas en convenios colectivos (complementos al 100%) amortigua el impacto económico para el empleado.
Si bien es un logro social indiscutible, desincentiva económicamente el retorno prematuro si no va acompañado de una supervisión médica ágil.
3.- El factor procíclico: La IT se comporta de forma procíclica, porque en ciclos expansivos y de alta ocupación (como el escenario actual hasta 2026), el miedo al despido disminuye en el sector privado y la incidencia de bajas sube, y, en épocas de crisis, el absentismo en el sector privado cae drásticamente, mientras que el sector público se mantiene imperturbable.
4.- Mutación de patologías (Salud Mental): Las bajas por salud mental (ansiedad, depresión) se han disparado un 66% desde 2018. Al no estar formalmente indexadas en el catálogo de enfermedades profesionales (RD 1299/2006), se canalizan masivamente como enfermedad común, sobrecargando las arcas de la Seguridad Social y eludiendo la acción preventiva de las mutuas de trabajo.
6.- Valoración y Propuestas.
Existe una polarización ideológica evidente: *Por un lado, discursos patronales que califican el absentismo de “cáncer” o sugieren que se traslada el mensaje de que “cumplir es opcional”; *por otro, sindicatos que exigen no estigmatizar ni penalizar la salud de la clase trabajadora.
Sin embargo, los datos técnicos (AIReF y Randstad) exigen soluciones de consenso que abandonen la trinchera. Los datos de acumulación de bajas (el 50% de las jornadas perdidas se concentra en apenas el 10% de los trabajadores, sumado al “efecto lunes”, donde faltan el doble de personas que un viernes) demuestran que el fraude existe y debe ser fiscalizado. No obstante, la ineficiencia del sistema sanitario público y la disparidad de reglas entre el sector público y privado son los verdaderos multiplicadores del coste.
<<Propuestas clave en el debate actual>>
<-Mayor competencia a las Mutuas: Permitirles otorgar altas médicas efectivas y realizar pruebas diagnósticas o tratamientos en contingencias comunes, lo que, aliviaría la Sanidad Pública y recortaría drásticamente los tiempos de espera.
<-Exoneración de cuotas patronales en pymes: Liberar a las micro-pymes del pago de la Seguridad Social del trabajador en IT desde el primer día o, al menos, al formalizar un contrato de sustitución, evitando la quiebra técnica por la duplicidad de costes.
<-Interoperabilidad e incorporación gradual: Implementar las recomendaciones de la AIReF relativas a la historia clínica compartida entre el sistema público y las mutuas, y, habilitar las altas médicas de incorporación paulatina (fórmulas mixtas de reincorporación laboral a tiempo parcial), siguiendo el modelo de los países del norte de Europa.
N. B. Imagen – Realidad y mentira. Córdoba – + Duración.
<<A los que faltan los lunes les llaman luneros>>
(Nota. los ciudadanos defiende las bajas justificadas, pero se reclama más control para evitar abusos y reducir el absentismo laboral.)-
