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Menores – Dinero de Juventud e Infancia – Presupuesto – Análisis – (Córdoba entre la opacidad y la burocracia)

El Ministerio de Juventud e Infancia maneja cifras millonarias, pero

¿dónde termina realmente ese dinero y qué impacto tiene en nuestro entorno más cercano?

Analizado los la ejecución presupuestaria del ministerio y cruzando los datos con la realidad de la provincia de Córdoba, nos encontramos con un panorama desgajado entre prioridades concentradas, una ejecución a medio gas y un laberinto burocrático que dificulta el rastreo del euro público.

1.- El mapa del gasto estatal – (Análisis del Ministerio).juventud, presupuesto, análisis,

De un crédito definitivo de 125,2 millones de euros analizado en el presupuesto del Ministerio, solo se han ejecutado 61,3 millones de euros (apenas un 49 %), lo que implica que más de la mitad del presupuesto se queda sin ejecutar en el camino.

<-Si analizamos los 61,3 millones de euros efectivamente ejecutados, la distribución revela una clara prioridad en el gasto:

57,1 % (35,0 M€): Atención a menores extranjeros No acompañados (MENA).
20,4 % (12,5 M€): Instituto de la Juventud (INJUVE).
17,9 % (11,0 M€): Estructura, gastos corrientes y personal.
3,6 % (2,21 M€): Complementos de productividad de personal.
0,4 % (0,25 M€): Proyectos de lucha contra la pobreza infantil (EAPN).

<<Una brecha>>

Mientras más del 57 % del gasto ejecutado se concentra en la tutela y protección obligatoria de menores extranjeros no acompañados, **las políticas transversales destinadas a la emancipación juvenil, vivienda y empleo para la juventud general quedan relegadas o fragmentadas entre otros ministerios y autonomías**.

**Todo ello en un contexto donde:

1.- La tasa de emancipación juvenil en España está en mínimos históricos (14,5 % en 2025).

2.- La tasa de riesgo de pobreza infantil alcanza al 33,9 % de los menores de 16 años (INE).

2.- Radiografía local – (Córdoba vs. gestión).

***Para entender cómo aterrizan estas cifras en la provincia de Córdoba, es imprescindible diferenciar los niveles de competencia:

A.- Protección e infancia tutelada.

<-Competencia autonómica: La gestión directa de los centros de menores en Córdoba recae en la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía.

<-Financiación estatal: Los 35 millones de euros estatales se reparten mediante Conferencia Sectorial entre las CC. AA. para sostener la red de acogida (gestión directa y concertada con entidades como Cruz Roja, Fundación Diagrama o SAMU).

<-Datos en la provincia: En Córdoba hay entre 476 y 500 menores bajo medidas de protección:

*60 % – 65 % (aprox. 260-280 menores) en acogimiento familiar (extensa o ajena).

*130-150 menores en acogimiento residencial en centros de la provincia.

B.-Juventud cordobesa – (Un reto).

<-Emancipación y vivienda: La escasez de alquiler asequible y la precariedad laboral retrasan la emancipación en Córdoba por encima de la media nacional.

<-Pobreza urbana: Barrios como Las Palmeras o el Distrito Sur continúan figurando entre los de menor renta per cápita de España (indicador Urban Audit del INE).

<-Fuga de talento: La falta de diversificación económica genera una emigración interna constante de jóvenes hacia otras provincias, acentuando la despoblación en comarcas como el Valle del Guadiato o Los Pedroches.

3.- Radiografía de las ayudas – (Del nivel estatal al municipal).

¿Qué ayudas reciben concretamente las familias y jóvenes en Córdoba?

1.- Ingreso Mínimo Vital (IMV) e Infancia.

<-Hogares perceptores: Alrededor de 26.645 hogares en la provincia (casi 83.000 beneficiarios totales).

<-Menores alcanzados: 34.033 menores integrados en familias con IMV o Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI):

*0 a 2 años: 3.938 menores (CAPI: 115 €/mes).

*3 a 5 años: 6.048 menores (CAPI: 80,50 €/mes).

*6 a 17 años: 24.047 menores (CAPI: 57,50 €/mes).

2.- Cheques y programas para la juventud.

**Bono Cultural Joven: Más de 3.800 jóvenes cordobeses de 18 años reciben anualmente la ayuda directa de 400 € para consumo cultural.

**Sector Agrario: Cerca de 19 millones de euros destinados recientemente a 362 jóvenes agricultores y ganaderos para favorecer el relevo generacional en la provincia.

**Ámbito Local (Ayuntamiento y Diputación):

**Ayuntamiento de Córdoba: Mantiene el Cheque-Bebé (500 € por nacimiento/adopción, partida de 1 M€) y ayudas de urgencia social gestionadas por Servicios Sociales Comunitarios.

**Diputación de Córdoba: Centra sus partidas en ayudas a la natalidad/adopción en municipios menores (aprox. 600 €) y apoyo a los servicios sociales comunitarios.

4.- La gran asignatura pendiente – (Opacidad y falta de datos consolidados).

Una de las principales barreras para evaluar la eficiencia del gasto público es la *dificultad para acceder a datos desglosados y comparables*.

<<¿Por qué no conocemos el coste unitario por menor o plaza en Córdoba?>>

1.- Falta de datos agregados en origen: Las partidas estatales no detallan la asignación geográfica exacta por municipio ni el coste nominal por perfil de menor (nacional vs. extranjero) a nivel provincial.

2.- Fragmentación administrativa: La financiación pasa del Estado a la Comunidad Autónoma y, de ahí, a convenios con ONG y entidades privadas, lo que diluye la trazabilidad presupuestaria.

3.- Filtros automatizados vs. Criterios discrecionales:

**Mientras el IMV se gestiona mediante un filtro algorítmico y fiscal del INSS (con tasas históricas de denegación del 60 %-70 % por trabas formales), **las ayudas de urgencia social municipales dependen de informes de vulnerabilidad técnica**.

4.- Protección de datos: La normativa de protección del menor y de datos personales impide publicar listados nominativos o desgloses hiperlocales cuando las muestras son reducidas.

<<Conclusión>>

El análisis presupuestario pone de manifiesto dos realidades paralelas: “Por un lado, una notable concentración del gasto ejecutado en la protección de la infancia tutelada; por otro, un margen amplio de mejora en la ejecución global (donde más de la mitad de los fondos quedan sin aplicar) y en la transparencia de la información.

Para que los recursos públicos generen un impacto real en la juventud cordobesa -tanto en la protección de los colectivos más vulnerables como en la creación de oportunidades de emancipación, empleo y vivienda- es indispensable avanzar hacia una gestión más ágil, coordinada entre Administraciones y con un acceso transparente a los datos de ejecución.

N.B. Imagen. Distribución presupuestaria del Ministerio de Juventud e Infancia – Impacto Territorial – Menores extranjeros – (Caso Córdoba) – Opacidad y falta de datos – Arbitrariedad administrativa.

Córdoba, 16 de octubre de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado. ICA-Córdoba. – Inspector de Trabajo y Seguridad Social.

Exconcejal Ayuntamiento y Exdiputado provincial de Córdoba.

Exdiputado del Parlamento de Andalucía.

Empleo Público vs. Privado en Córdoba y Provincia – (brecha salarial y estructural)

Un grupo de lectores numeroso del blog me pregunta, ¿si es cierto que existe una brecha entre el empleo público y el privado en Córdoba y Provincia?

Por todo lo que vengo observando y viendo día a día no es que exista una brecha, sino que lo que realmente hay es un barranco profundo y estructural entre ambos empleos, así que para examinar lo que existe, intentaré realizar un análisis detallado, breve y fundado llevando a cabo un análisis claro y preciso de la situación.

<<Análisis general>>

El análisis del mercado laboral en la provincia de Córdoba revela una marcada dualidad entre el sector público y el sector privado, ya que, mientras que el sector privado constituye el motor de la actividad económica en términos de volumen de ocupación, el sector público destaca por presentar *niveles salariales significativamente superiores, *mayor estabilidad laboral y *una menor incidencia de la parcialidad y la estacionalidad.

Oficialmente, a partir de los datos integrados de la Encuesta de Población Activa (EPA), la Seguridad Social y el Registro Central de Personal de las Administraciones Públicas, este informe analizará la estructura, distribución, masas salariales y factores desencadenantes de la brecha existente entre ambos sectores.

(Nota. Poner de relieve, que la realidad pasando por encima de los datos oficiales es mucho más preocupante que esas cifras que se manejan por los organismos públicos.)

1.- El Empleo Público en Córdoba y Provincia.

El sector público en la provincia cuenta con más de 51.000 empleados (a los que hay que sumar un número de trabajadores contratados externamente, que suponen un tercio más de personal contratado por la LCSP),cifra abarca al personal funcionario de carrera, laboral e interino, así como al personal adscrito a entes instrumentales, empresas públicas, consorcios y organismos autónomos.

DISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO EN CÓRDOBA

┌─────────────────────────────────────────┬──────────────────────┬───────────┐

│ Administración / Ente │ Nº de Trabajadores │ % Público │

├─────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤

│ Junta de Andalucía (Autonómica) │ ~31.700 │ ~60 – 62% │

│ Administración Local (Ayunt. / Dip.) │ ~10.000 – 11.000 │ ~20 – 21% │

│ Administración General del Estado (AGE) │ ~5.500 – 6.000 │ ~11 – 12% │

│ Universidad de Córdoba (UCO) │ ~3.000 – 3.500 │ ~6 – 7% │

└─────────────────────────────────────────┴──────────────────────┴───────────┘

<<Desglose por estructura y entes instrumentales>>

<-Junta de Andalucía: Constituye el núcleo principal del empleo público provincial, siendo sus áreas con mayor peso Sanidad (Servicio Andaluz de Salud – SAS) y Educación Pública. Incluye además el llamado “sector público instrumental” u organismos descentralizados:

*Agencias Administrativas y de Régimen Especial (p. ej., Agencia Tributaria de Andalucía, Agencia de Servicios Sociales y Dependencia).

*Agencias Públicas Empresariales y Sociedades Mercantiles (como la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía – AVRA, la Agencia de Obra Pública o entidades del ciclo del agua/medio ambiente como GIASA/AMAYA).

<-Administración Local:

*Ayuntamiento de Córdoba: Compuesto por la plantilla municipal centralizada y su entramado empresarial público (SADECO, AUCORSA, EMACSA, VIMCORSA) y organismos autónomos (IMDEEC, IMDAC, IMDECO).

*Ayuntamientos de toda la Provincia.

*Diputación Provincial: Integra personal propio, empresas y consorcios provinciales (EMPROACSA, EPREMASA, PRODECO, Consorcio de Bomberos, entre otros).

<-Administración General del Estado (AGE): Comprende las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Policía Nacional y Guardia Civil), las Fuerzas Armadas (incluida la Base Logística del Ejército de Tierra – BLET), la Administración de Justicia, la Agencia Tributaria y la Seguridad Social.

<-Universidad de Córdoba (UCO): Agrupa tanto al Personal Docente e Investigador (PDI) como al Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios (PTGAS).

2.- El Empleo Privado en Córdoba y Provincia.

La masa global de ocupación provincial en la Seguridad Social se sitúa por encima de los 314.000 afiliados, de forma, que al descontar al personal dependiente del sector público, el sector privado representa aproximadamente el 83,7% de la actividad laboral total, agrupando a unos 263.000 trabajadores (entre autónomos y asalariados).

<-Estratificación sectorial del sector privado:

*Sector Servicios: Representa el motor cuantitativo de la contratación privada (más del 65%). Se centra en hostelería, restauración y comercio, con especial fuerza en la capital gracias al turismo cultural e interior.

*Sector agrario y agroindustria: Pieza clave en la provincia (comarcas de Montilla-Moriles, Subbética, Valle del Guadiato y Los Pedroches). Presenta una elevada estacionalidad asociada a las campañas agrícolas (olivar, cítricos, recolección).

*Sector industrial: Concentrado en polos específicos como la joyería en la capital (Parque Joyero), la transformación agroalimentaria (cárnicas, aceite, vino) y el sector del frío y la refrigeración comercial (destacando el núcleo de Lucena).

*Construcción: Mantiene un volumen estable de entre el 7% y el 9% del empleo privado provincial.

3.- Balance comparativo de retribuciones y masa salarial.

El análisis de los ingresos revela diferencias notables entre las retribuciones del sector público y las del sector privado en la provincia.

Concepto	Sector Público	Sector Privado	Brecha / Diferencia
Nº de Trabajadores	~51.000 (16,3%)	~263.000 (83,7%)	El sector privado emplea a 5 veces más personas.
Salario Medio Bruto Anual	~33.200 €	~18.800 €	+76,6% en el sector público.
Salario Medio Bruto Mensual (14 p.)	~2.370 €	~1.340 €	+1.030 €/mes en el sector público.
Masa Salarial Anual Estimada	~1.693 Millones €	~4.944 Millones €	El sector privado genera el 74,5% de la masa salarial total.

<-Niveles salariales específicos.

**En el Sector Público:

*Puestos técnicos / Titulados superiores (Grupo A1/A2 y Agencias): 36.000 € – 50.000+ €/año.

*Personal administrativo y auxiliar (Grupo C1/C2 y empresas públicas): 22.000 € – 28.000 €/año.

*Altos cargos y directivos de entes instrumentales: 55.000 € – 85.000 €/año.

**En el Sector Privado:

*Trabajo agrario y campo: Promedio afectado por estacionalidad (14.000 € – 17.000 €/año).

*Comercio y Hostelería: 16.000 € – 21.000 €/año.

*Industria y Construcción: Salarios de mayor rango dentro del sector privado (23.000 € – 30.000 €/año).

Nota sobre la jornada: Para asalariados a jornada completa continua en el sector privado, el promedio asciende a unos 24.500 €/año, viéndose el promedio global reducido por la elevada parcialidad y temporalidad.

4.- Análisis de la brecha existente.

La diferencia del 76,6% en la retribución media bruta anual a favor del empleo público obedece a factores estructurales del mercado de trabajo en Córdoba:

1.- Nivel de cualificación y composición de puestos: El sector público concentra un alto porcentaje de titulados superiores (médicos, docentes, facultativos, técnicos de la administración). En contraste, la estructura productiva privada cordobesa presenta una fuerte ponderación de sectores como el agrario y los servicios no cualificados, donde el valor añadido por puesto es menor.

2.- Parcialidad, temporalidad y estacionalidad: Mientras que el sector público opera predominantemente bajo esquemas de jornada completa continua, el sector privado provincial está condicionado por contrataciones a tiempo parcial y picos estacionales de actividad (turismo y campañas agrícolas), lo que reduce la remuneración bruta percibida al cabo del año.

3.- Antigüedad y complementos: La acumulación de trienios y complementos de antigüedad en el sector público eleva la masa salarial global, una dinámica con menor impacto directo en los convenios colectivos habituales del sector privado.

4.- Diferencia real y entorno económico: Aunque los datos oficiales señalan una brecha del 76,6%, en la práctica la diferencia perceptible en estabilidad, coberturas y salario neto efectivo resulta superior, generando un contraste directo entre la seguridad laboral del ámbito público y las condiciones del mercado privado provincial.

4.- Zonas rurales y los barrios con menor nivel de ingresos de la capital.

Al contrastar las cifras del informe con los datos de renta e ingresos de las zonas rurales y los barrios con menor nivel de ingresos de la capital (según las métricas del Atlas de Distribución de Renta de los Hogares del INE), la brecha laboral cobra una dimensión socioeconómica aún más profunda:

1.- Salario medio público vs. Barrios con menor renta en Córdoba capital.

En los barrios con menor nivel de ingresos de Córdoba capital (como Guadalquivir, Las Palmeras o Sector Sur), *la renta media anual por habitante se sitúa en torno a los 8.500 € – 9.200 €, y *el ingreso medio bruto por declarante/hogar con empleo difícilmente supera los 12.000 € – 14.000 € anuales, debido a la altísima incidencia de la economía informal, el desempleo estructural y los contratos por días o semanas.

**Brecha en ingresos: El empleo público medio en Córdoba (~33.200 € brutos/año) multiplica por casi 3 (~230% – 280% más) los ingresos asalariados medios percibidos en estos barrios.

**Contraste social: Mientras que en un grupo laboral del sector público (por ejemplo, titulados A1/A2 con ingresos de 36.000 € a 50.000 €) un solo sueldo sostiene con holgura a una familia, en estos barrios el ingreso equivalente exige la suma de 3 a 4 empleos precarios o a tiempo parcial del sector privado.

2.- Salario medio público vs. Zonas rurales y agrícolas.

En los municipios eminentemente rurales de la provincia (comarcas del Valle del Guadiato, Los Pedroches o la Subbética rural), *la renta por habitante fluctúa en torno a los 8.600 € – 10.000 € anuales, y *el ingreso por trabajo agrario/jornalero ronda los 14.000 € – 17.000 €/año condicionado por las campañas.

**Brecha respecto al sueldo público: El salario público medio (~33.200 €) es un 100% a 135% superior (más del doble) al ingreso medio de un trabajador del sector agrario o agroindustrial rural.

**Impacto en la masa salarial local: En muchas comarcas rurales de Córdoba, la principal masa salarial estable y de alto poder adquisitivo la aportan precisamente los empleados públicos destinados en la zona (docentes, personal sanitario de centros de salud, Guardia Civil, personal municipal o de mancomunidades), actuando como el auténtico soporte del comercio y los servicios locales frente a la volatilidad de las campañas agrícolas.

3.- Síntesis.

Al comparar estos tres planos, la estructura laboral de Córdoba refleja tres realidades superpuestas:

Entorno / Colectivo	Ingreso / Salario Medio Anual Estimado	Diferencia con el Sector Público (~33.200 €)
Sector Público Provincial	~33.200 €	Base de comparación
Sector Privado Promedio	~18.800 €	+76,6% a favor del sector público
Trabajo Agrario / Rural	~14.000 € – 17.000 €	+95% a +137% a favor del sector público
Barrios con menor renta (Capital)	~12.000 € – 14.000 € (por declarante)	+137% a +176% a favor del sector público

<-Conclusión: La brecha del 76,6% registrada en las cifras globales del informe es solo una “fotografía promedio”. Cuando se desciende al detalle territorial, la brecha salarial actúa como una frontera estamental:

“El sector público garantiza la clase media y alta en la provincia, mientras que las zonas rurales y los barrios periféricos urbanos quedan relegados a rentas del trabajo que no alcanzan la mitad del promedio público, acentuando la polarización social en Córdoba.

N.B. Imagen. Informe Consolidado – El Empleo Público y Privado en Córdoba y Provincia

(Análisis crítico de la Brecha Salarial y Estructural)

(Nota. Masa salarial total del sector público en Córdoba: Aproximadamente 1.693 millones de euros anuales (para unos 51.000 trabajadores).

**Importe total de los salarios privados en Córdoba: Aproximadamente 4.944 millones de euros anuales (generados por unos 263.000 trabajadores, lo que representa el 74,5% de la masa salarial total de la provincia).

Visto lo visto, el gasto (o retribución) medio bruto anual por empleado en cada sector se calcula dividiendo la masa salarial total entre el número de trabajadores de cada ámbito:

1.- Sector Público:

Masa salarial total: ~1.693.000.000 €
Número de trabajadores: ~51.000
Gasto medio por empleado: ~33.196 € brutos al año (~2.371 €/mes en 14 pagas)

2.- Sector Privado:

Masa salarial total: ~4.944.000.000 €
Número de trabajadores: ~263.000 (entre autónomos y asalariados)
Gasto medio por empleado: ~18.798 € brutos al año (~1.343 €/mes en 14 pagas)

<-Análisis de la diferencia:

Diferencia absoluta: El sector público invierte 14.398 € más al año por empleado que el sector privado.
Diferencia relativa: El gasto por empleado en el sector público es un 76,6% superior al del sector privado.

Cabe destacar, tal como señala el informe, que esta cifra refleja el promedio retributivo bruto global y está marcada por factores estructurales: “La mayor concentración de titulados superiores en el sector público frente a la elevada temporalidad, parcialidad y estacionalidad del sector privado provincial”.)

**Sobran más comentarios-No existe una brecha, sino que lo que realmente hay es un barranco profundo y estructural entre ambos empleos **

Córdoba, 11 de octubre de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado. ICA-Córdoba. – Inspector de Trabajo y Seguridad Social.

Exconcejal Ayuntamiento y Exdiputado provincial de Córdoba.

Exdiputado del Parlamento de Andalucía.

II. Tasa Turística – (La coartada de la incompetencia fiscal y la vía del valor)

Existe un síntoma inequívoco de impotencia y fracaso en la gestión pública:

“Cuando una administración es incapaz de resolver un problema estructural, crea un nuevo impuesto”.

La creciente presión de diversas corporaciones locales para implantar la llamada “tasa turística” en destinos como Córdoba o el conjunto de Andalucía no responde a una visión estratégica de futuro, sino a un atajo recaudatorio. Pretender amortiguar la saturación urbana o financiar servicios básicos castigando la estancia del visitante es un error estratégico de calado y un peaje al desarrollo económico.

El problema de fondo no reside en el turista ni en el volumen de llegadas, ya que, **la clave** está en la incapacidad institucional para capturar e internalizar el valor real que genera la actividad turística, prefiriendo el castigo fiscal antes que la gestión inteligente del territorio.

1.- El mito tributario – (Anatomía de una mala solución).

La narrativa oficial disfraza el canon municipal bajo el principio de «quien contamina, paga», prometiendo ingresos finalistas para limpiar calles o restaurar el patrimonio; sin embargo, el análisis jurídico y económico desmonta esta falacia en tres frentes:

*Erosión de la renta y desplazamiento del gasto: El presupuesto del viajero en destino es finito. La fricción impositiva en la recepción del hotel no desincentiva el viaje, pero sí cercena la capacidad de consumo local. El dinero pagado como tasa municipal es liquidez que se resta directamente del comercio de cercanía, las tabernas tradicionales, la artesanía y los guías oficiales.

*El sumidero del gasto corriente: La experiencia en fiscalidad municipal demuestra que los tributos teóricamente “finalistas” terminan diluyéndose en las tesorerías generales para cubrir agujeros de gasto corriente estructural. Sumar este gravamen al incremento desmedido en las tasas de basuras, agua y revisiones catastrales configura una asfixia fiscal injustificada para el sector y el ciudadano.

*Incentivo a la economía informal: La recaudación recae de forma exclusiva sobre el alojamiento reglado, hiperregulado y transparente, de forma, que esta asimetría penaliza al empresario comprometido y actúa como un subsidio indirecto para la vivienda turística no regulada y la economía sumergida, inmunes al control fiscal de los ayuntamientos.

2.- Matriz de impacto – (Enfoque recaudatorio vs. Estrategia de alto valor).

Dimensión	Enfoque Recaudatorio Tradicional (Tasa)	Estrategia de Alto Valor y Competitividad
Financiación Pública	Gravamen finalista que termina absorbido por el gasto corriente municipal.	Reasignación participativa de tributos existentes (IVA/IAE) vinculada a KPIs de calidad.
Comportamiento del Mercado	Pérdida de competitividad frente a destinos exentos y penalización del turismo regional.	Estímulo al consumo directo en la cadena de valor y aumento del gasto medio por estancia.
Estructura del Sector	Castigo asimétrico al sector reglado (hoteles) y fomento de la oferta informal opaca.	Incentivos fiscales al alojamiento de excelencia, empleo estable y proveedores locales.

3.- Sustituir el volumen por el criterio del valor añadido.

Medir el éxito turístico contando cabezas es un parámetro obsoleto. España, Andalucía y Córdoba no deben caer en la trampa del rancio discurso turismofóbico ni en la autocomplacencia de los récords cuantitativos, ya que, el verdadero reto exige transformar la gestión:

1.- Desconcentración y desestacionalización real: Conectar los flujos del núcleo urbano con la provincia y la oferta cultural, gastronómica y de naturaleza fuera de los meses punta.

2.- Medición del impacto retenido: Celebrar la subida de la tarifa media por habitación, la extensión de la estancia media y el crecimiento del gasto en destino por encima del mero número de llegadas.

3.- Seguridad jurídica y regulación eficaz: Quienes generan riqueza y empleo de calidad necesitan certidumbre y simplificación administrativa, no nuevos boletines oficiales cargados de voracidad fiscal.

4.- Propuesta innovadora – El “sello de circularidad y retorno turístico” (Mecanismo CRT).

En lugar de imponer un peaje punitivo que penaliza al viajero y alimenta la burocracia municipal, se propone sustituir la tasa turística por un Modelo de Circularidad y Retorno Turístico (CRT) articulado en tres ejes:

<-El bono de reversión en comercio local (Net Tax Zero): Si una corporación municipal exige una aportación al visitante, el 100% de ese importe debe ser devuelto al turista de forma digital en un documento o ticket de consumo local. Este bono solo podrá ser redimido en establecimientos adheridos de la ciudad (comercio tradicional, museos, artesanía y restauración). De este modo, la carga fiscal neta para el visitante comprometido es cero, y se garantiza que el recurso financiero vaya directamente al tejido productivo local, nunca a la caja única municipal.

<-Incentivo por calidad y empleo estable: Transfórmese el debate tributario en una exención para los alojamientos que acrediten convenios colectivos de calidad, contratos indefinidos y compras de cercanía superiores al 60%.

La fiscalidad debe utilizarse para premiar la excelencia, no para igualar por abajo.

<-Reclamación del IVA turístico municipal: Exigir a la administración autonómica y estatal la cesión de una fracción del IVA e IAE que la actividad turística ya genera en la ciudad.

Los ayuntamientos deben financiarse mediante la participación en los impuestos existentes que produce el sector, condicionado a objetivos de regeneración urbana, en lugar de duplicar la presión fiscal sobre el usuario final.

Penalizar al sector turístico con nuevas figuras impositivas es declarar la quiebra de la gestión pública. La auténtica ambición de un destino de primer nivel no consiste en cobrar un peaje por entrar, sino en desplegar la inteligencia estratégica necesaria para que cada visitante incremente el valor de lo que encuentra y multiplique el bienestar de la comunidad que lo acoge.

N. B. Imagen. Tasa Turística- Otro impuesto más.

(Nota. La Tasa Turística es un gravamen contrario a la prosperidad, que solo imponen regímenes radicales de izquierda, de forma, que si el Ayuntamiento de Córdoba crea esa Tasa se estará pegando un tiro en el pie.).

Córdoba, 2 de septiembre de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba – Inspector de Trabajo y S. S.

Exconcejal del Ayuntamiento de Córdoba – Exdiputado del Parlamento de Andalucía

Empleo Público en Córdoba – Sector público sombra (SPS).

(Nota preliminar. En Cordoba existe junto al empleo público declarado una sombra de empleo, que constituye una administración paralela indirecta, razón por la que la masa laboral dependiente del presupuesto público en Córdoba es sustancialmente mayor de lo que reflejan las estadísticas oficiales del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.)

1.- Resumen y diagnóstico.

El análisis tradicional del empleo público basado exclusivamente en el Boletín del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas ofrece una imagen sesgada e incompleta de la verdadera dimensión del aparato público en la provincia de Córdoba.

Aunque las cifras oficiales señalan un récord de 50.661 empleados públicos directos a enero de 2026 (+1,9% interanual y +15,9% en la última década), este indicador omite sistemáticamente el volumen de empleo generado mediante contratas externas de servicios, asistencias técnicas, personal encubierto y encomiendas a empresas públicas.

Consolidamos los datos oficiales conceptualizando la existencia del denominado “Sector Público Sombra” (SPS) o “Administración Paralela Indirecta”, estimando que la masa laboral dependiente del presupuesto público en Córdoba es sustancialmente mayor de lo que reflejan las estadísticas oficiales del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

**Por otro lado,el crecimiento oficial del empleo directo (+15,9% en 10 años) se ha complementado de forma intensiva con una externalización estructural, de manera, que esta dualidad genera *una “falsa externalidad” presupuestaria, *precariedad del empleo en la cadena de subcontratación y *un notable desplazamiento de recursos humanos frente al tejido empresarial privado cordobés.

2.- Consolidación de datos oficiales – (Enero 2026 vs. Histórico).

**Para entender el asunto descrito, se detallan los datos estadísticos oficiales consolidados según la distribución por administración rectora:

*Junta de Andalucía: 25.183 – 30.960 – 31.490 +1,7% +25,0% 62,1%

*Administración Local (Ayuntamientos + Diputación): 10.330 – 10.374 -10.406 – +0,3% +0,7% 20,5%

*Gobierno Central (AGE): 8.196 – 8.385 – 8.765 – +4,5% +6,9% 17,3%.

TOTAL MUNICIPAL / PROVINCIAL: 43.709 – 49.719 – 50.661 – +1,9% +15,9% 100,0%.

<-Aclaración metodológica crítica: Parte del salto registrado en los últimos años (especialmente en 2023, con un repunte del +8,1%) responde a un cambio metodológico del Ministerio, que comenzó a computar contratos temporales inferiores a seis meses y personal en formación/prácticas, por lo que la subida real en horas-trabajo / equivalentes a tiempo completo es sensiblemente inferior al incremento nominal reflejado en la estadística.

3.- El “Sector Público Sombra” – (Externalizaciones y personal oculto).

El punto ciego más profundo y llamativo del informe oficial radica en la invisibilización del personal que presta servicios esenciales para las Administraciones Públicas, pero cuya relación jurídica formal es contractual con empresas privadas o entidades instrumentales.

***En Córdoba, este fenómeno se estructura en tres capas principales:

A.- Licitación de servicios esenciales y mantenimiento urbana.

<-En el ámbito municipal y provincial (Ayuntamientos y Diputación de Córdoba), áreas enteras operan mediante concesiones administrativas y contratos de servicios:

*Servicios sociosanitarios y ayuda a domicilio (SAD):Representa el mayor volumen de ocupación externalizada. Miles de trabajadoras prestan servicio público financiado por la Ley de Dependencia bajo la gestión de empresas privadas contratistas. Este colectivo no computa como empleado público a pesar de que el 100% de su salario proviene de transferencias presupuestarias públicas.

*Limpieza de edificios públicos, jardinería y recogida de residuos:A excepción de empresas públicas concretas (como Sadeco en la capital), múltiples municipios canalizan estos servicios mediante contratas privadas donde el personal figura como sector privado servicios.

*Seguridad privada y mantenimiento de infraestructuras:Vigilancia de sedes judiciales, centros de salud, dependencias administrativas y conservación de carreteras provinciales y autonómicas.

B.- Asistencias técnicas e ingeniería de software – (Personal encubierto).

Tanto en la Junta de Andalucía como en la Administración General del Estado, la digitalización y la gestión de fondos europeos (Next Generation EU) se ha articulado mediante contratos de “Asistencia Técnica”.

<-Cesión ilegal de trabajadores de facto:Decenas de consultores, informáticos, ingenieros y administrativamente cualificados trabajan de facto integrados en los equipos directivos de las consejerías y ministerios en Córdoba, con horarios y directrices públicas, pero formalmente contratados por consultoras privadas (las llamadas “EITTs” o consultoras tecnológicas).

C.- Encargos a medios propios y empresas públicas – (TRAGSA, FAISEM, etc.).

El recurso continuado a encomiendas de gestión a entidades como TRAGSA o agencias públicas empresariales permite contratar personal laboral temporal por obra y servicio público sin incrementar las plantillas funcionariales en el registro oficial del Ministerio.

4.- Análisis crítico socio-jurídico y económico.

4.1. Precarización laboral y dualidad de salarios.La externalización crea una Administración a dos velocidades. Mientras que el empleado público directo (funcionario o laboral fijo) goza de rigidez contractual, salarios regulados por convenio público y complementos de antigüedad, el trabajador del “Sector Público Sombra” (ej. personal de Ayuda a Domicilio o Limpieza subcontratada) sufre salarios ajustados al SMI o convenios sectoriales sensiblemente inferiores, mayor temporalidad y elevadas tasas de sobrecarga laboral.

4.2. Ineficiencia presupuestaria y “falsa externalidad”.El argumento tradicional para externalizar ha sido la eficiencia y el ahorro de costes. Sin embargo, en la práctica, la Administración cordobesa asume el coste directo del salario del trabajador, sumado al margen de beneficio empresarial de la contratista (6% – 15%) y el IVA correspondiente.

**Se genera así una paradoja**: “La Administración paga más por un servicio que precariza a sus prestadores directos”.

4.3. Riesgo jurídico – (Cesión ilegal y cesión de plantillas).La proliferación de asistencias técnicas continuadas genera un riesgo persistente de litigiosidad por cesión ilegal de trabajadores (Art. 43 del Estatuto de los Trabajadores).

Centenares de sentencias judiciales en Andalucía han obligado a la reconversión de personal subcontratado en “personal laboral indefinido no fijo”, engordando la plantilla pública por la vía judicial debido a malas prácticas de gestión de personal.

5.- Comparativa Sector Público vs. Sector Privado Cordobés.

La estructura económica de Córdoba presenta un desequilibrio estructural preocupante cuando se contrapone el dinamismo del empleo público con la realidad del tejido productivo privado. (Sector Privado).

–Volumen de empleo: 50.661 directos (~65.000 si se suma el SPS estimativo). ~245.000 afiliados a la Seguridad Social (Régimen General + RETA).

–Peso sobre el empleo total:Representa entre el 17% y el 21% de la población ocupada.

Representa 79% – 83% de la fuerza laboral.

–Estructura del tejido:Gran concentración en la Junta de Andalucía (62,1%). Servicios de Salud y Educación. Atomización extrema: Micropymes (<5 empleados) y autónomos (RETA 54.000).

–Nivel salarial medio: *Estimado en 2.200 – 2.500 €/mes brutos (mayor peso de titulados superiores). SECTOR PRIVADO (CÓRDOBA)

*Estimado en 1.550 – 1.750 €/mes brutos (lastrado por agricultura y servicios no cualificados).

–Estabilidad y fricción:Inamovilidad laboral (funcionarios) y muy baja rotación voluntaria. Alta estacionalidad (campañas agrícolas, hostelería, comercio).

–Efecto “estructura”:Atracción del talento cualificado (oposiciones como principal vía de ascenso social). Fuga de talento profesional/tecnológico hacia otras provincias/regiones.

<-Efectos distorsionadores o falseadores sobre la economía local:

*Efecto expulsión del talento:La brecha salarial y de condiciones de trabajo entre el empleo público y el privado cordobés (caracterizado por servicios de bajo valor añadido, comercio y agricultura) incentiva a los jóvenes universitarios y cualificados a opositar masivamente en lugar de emprender o incorporarse a pymes locales.

*Dependencia del presupuesto público:La economía cordobesa depende en exceso de las nóminas públicas y las pensiones para sostener el consumo interno y el comercio minorista, reduciendo la capacidad de innovación y exportación de la provincia.

*Sostenibilidad fiscal local:Con más de 50.000 empleados directos y una población envejecida, la ratio entre cotizantes puros del sector privado y perceptores/empleados públicos se sitúa en niveles de alta vulnerabilidad financiera. (Nota. Existe una situación de extrema fragilidad económica en el sector privado, que carece de recursos, ahorros o capacidad de ingresos suficientes para afrontar imprevistos económicos, deudas o cubrir sus necesidades básicas.)

6.- Propuestas e innovaciones en la gestión del empleo público.

***Para superar la miopía estadística y la ineficiencia del modelo actual en Córdoba, se proponen las siguientes líneas de actuación innovadoras:

1.- Implantación de la “RPT consolidada” – (Registro Único de Personal Externo).Crear una plataforma de auditoría obligatoria en la que las Administraciones públicas cordobesas deban registrar no solo sus plazas funcionales, sino cada contrato de servicio externalizado expresado en Horas/Hombre e Indicadores de Ocupación Efectiva. Solo así se conocerá la huella laboral real del Estado en la provincia.

2.- Auditoría de valor por dinero en concesiones y subcontratas.Someter los contratos de externalización a evaluaciones transparentes. Si la contratación externa resulta más costosa que la provisión directa (al sumar el IVA y el margen comercial) y además degrada las condiciones laborales de los prestadores del servicio, se debe proceder a la internalización o gestión directa eficiente.

3. Modernización opositores-pyme – (Bolsas de empleo híbridas).Articular mecanismos para que el enorme contingente de profesionales cualificados que preparan oposiciones en Córdoba y no obtienen plaza puedan conectar dinámicamente con el sector privado local, incentivando su contratación mediante bonificaciones en sectores estratégicos (logística, agroindustria avanzada, tecnología).

N.B. Imagen. El empleo público y su sector público sombra en Córdoba – (SPS).

(Nota. Análisis consolidado, evaluación crítica del empleo directo vs. externalizado y comparativa con el mercado privado cordobés.)

Córdoba, 27 de agosto de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Exconcejal del Ayuntamiento de Córdoba.

Exdiputado del Parlamento de Andalucía.

La Colada – Agua ya y ahora – (Parálisis de la Diputación de Córdoba)

El problema del agua en el norte de Córdoba sigue exactamente igual: “Encallado en la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) y agravado por la alarmante inacción de la Diputación de Córdoba y de su presidente, Salvador Fuentes”. Tras meses de fotos y abrazos institucionales con el Director General del Ministerio, la realidad es que la Institución Provincial parece no saber qué hacer, o peor aún, ni siquiera lo intenta.

No podemos supeditar el día a día de 80.000 ciudadanos de Los Pedroches y el Guadiato a un hipotético cambio de Gobierno en Madrid. La crisis es acuciante, ocurre ya y ahora. Por ello, presentamos este informe detallado de las acciones que la Diputación de Córdoba puede -y debe- ejecutar de manera autónoma, demostrando que la parálisis competencial es solo una excusa política.

<<El margen de maniobra de la Diputación – (Sin la CHG)>>

Aunque la CHG ostente las competencias sobre el dominio público hidráulico, la Diputación Provincial dispone de competencias propias (Art. 36 de la Ley de Bases del Régimen Local) y de un músculo financiero considerable para actuar de forma inmediata.

1.- Reparación de redes y digitalización – (Baja y Alta Municipal).

La CHG tiene competencia en el embalse, pero no en las tuberías que llevan el agua a los grifos, cuya gestión está delegada en la empresa provincial Emproacsa.

<-Plan de choque contra fugas: Financiar de inmediato la reparación de redes locales para evitar la pérdida de agua en el subsuelo.

<-Modernización de la ETAP de Sierra Boyera: Optimizar la tecnología de filtrado (carbón activo y sistemas DAF) para ser capaces de potabilizar el agua compleja de La Colada es competencia directa de la gestión provincial.

2.- Infraestructuras de Emergencia Local.

<-Sondeos y pozos locales: Identificar y poner en marcha acuíferos locales dentro de los términos municipales. La obra civil y su conexión a la red no dependen de la CHG.

<-Plantas potabilizadoras portátiles: Instalar sistemas móviles de ósmosis inversa para dar servicio inmediato a los municipios más afectados.

3.- Auxilio directo al sector ganadero y productivo.

***El motor económico del norte de Córdoba no puede esperar a la burocracia estatal.

<-Ayudas directas para cisternas y depósitos: Subvencionar el transporte de agua y la compra de tanques de almacenamiento para el ganado.

<-Eficiencia hídrica: Financiar sistemas de reutilización de aguas pluviales en las propias fincas e industrias lácteas y cárnicas.

4.- Presión jurídica activa.

En lugar de limitarse a la negociación de “salón”, la Diputación debe utilizar sus servicios jurídicos para personarse formalmente ante la Junta de Andalucía y el Ministerio, exigiendo el cumplimiento de los convenios firmados mediante requerimientos previos a la vía judicial.

<<Viabilidad Técnica y Presupuestaria – (Plan de Choque).

Para pasar de la teoría a la práctica en este año 2026, hemos estimado un presupuesto detallado basado en costes actuales de obra civil e ingeniería hidráulica. El montante total asciende a 14.850.000 €, una cifra perfectamente asumible para una institución que maneja un presupuesto anual consolidado superior a los 500 millones de euros.

<<Desglose del Presupuesto estimado>>

Bloque de Actuación	Descripción Básica	Coste Estimado	% del Total
Bloque 1: Redes y Fugas	Auditorías acústicas, sustitución de 20 km de tuberías obsoletas e instalación de contadores inteligentes.	3.200.000 €	21,5%
Bloque 2: Mejora ETAP	Sistema de flotación (DAF), renovación de filtros de carbón activo y 2 plantas portátiles de ósmosis.	4.050.000 €	27,3%
Bloque 3: Sondeos de Emergencia	Estudios geofísicos, perforación de 10 pozos de emergencia, equipamiento electromecánico y conexión.	1.540.000 €	10,4%
Bloque 4: Ayudas Ganadería	Fondo de contingencia para camiones cisterna y ayudas a 1.200 explotaciones para depósitos de agua.	4.940.000 €	33,3%
Imprevistos y Dirección	Margen de seguridad del 5% para la ejecución de las obras.	1.120.000 €	7,5%
TOTAL	Plan de Emergencia Provincial	14.850.000 €	100%

<<¿Cómo puede la Diputación poner este dinero mañana sobre la mesa?>>

El marco legal actual (Ley de Contratos del Sector Público) y la normativa financiera local ofrecen tres vías jurídicas automáticas:

1.- Uso del remanente de Tesorería: Utilizar el superávit del ejercicio anterior para inversiones financieramente sostenibles o de emergencia.

2.- Baja por anulación: Detener temporalmente partidas no prioritarias de la Diputación (asfalto de vías secundarias, gastos de protocolo o cultura) y transferir el crédito a Emproacsa.

3.- Tramitación de emergencia (Art. 120 LCSP): Al declarar la Emergencia Hídrica Provincial, la ley permite adjudicar las obras de reparación y los sondeos sin concurso público previo, ordenando la ejecución inmediata en un plazo máximo de un mes.

El blindaje jurídico frente a la CHG: Si la Diputación ejecuta un pozo local para que la población beba en mitad de una crisis sanitaria y humanitaria, la Ley de Aguas la ampara. Si la CHG se opusiera o demorara la autorización por razones burocráticas, incurriría en una flagrante desviación de poder y responsabilidad patrimonial. La salud pública prevalece.

<<Conclusión – (Una inacción inexplicable).

Desde una perspectiva puramente técnica, jurídica y presupuestaria, la parálisis de la Diputación de Córdoba no se sostiene. Cuando una administración cuenta con la competencia legal de auxilio municipal, tiene la capacidad económica en sus remanentes y dispone de los mecanismos de contratación exprés que otorga la ley, la falta de acción se reduce a un único factor: <-falta de voluntad política e iniciativa ejecutiva->.

Utilizar el problema del agua como una estrategia de desgaste hacia el Gobierno central o como un escudo competencial es profundamente irresponsable. En derecho público, la inacción ante una competencia obligatoria en mitad de una emergencia social y económica es, sencillamente, inexplicable.

N. B. Imagen – La Colada, ya y ahora. Agua.

Córdoba, a 22 de junio de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.