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II. Tasa Turística – (La coartada de la incompetencia fiscal y la vía del valor)

Existe un síntoma inequívoco de impotencia y fracaso en la gestión pública:

“Cuando una administración es incapaz de resolver un problema estructural, crea un nuevo impuesto”.

La creciente presión de diversas corporaciones locales para implantar la llamada “tasa turística” en destinos como Córdoba o el conjunto de Andalucía no responde a una visión estratégica de futuro, sino a un atajo recaudatorio. Pretender amortiguar la saturación urbana o financiar servicios básicos castigando la estancia del visitante es un error estratégico de calado y un peaje al desarrollo económico.

El problema de fondo no reside en el turista ni en el volumen de llegadas, ya que, **la clave** está en la incapacidad institucional para capturar e internalizar el valor real que genera la actividad turística, prefiriendo el castigo fiscal antes que la gestión inteligente del territorio.

1.- El mito tributario – (Anatomía de una mala solución).

La narrativa oficial disfraza el canon municipal bajo el principio de «quien contamina, paga», prometiendo ingresos finalistas para limpiar calles o restaurar el patrimonio; sin embargo, el análisis jurídico y económico desmonta esta falacia en tres frentes:

*Erosión de la renta y desplazamiento del gasto: El presupuesto del viajero en destino es finito. La fricción impositiva en la recepción del hotel no desincentiva el viaje, pero sí cercena la capacidad de consumo local. El dinero pagado como tasa municipal es liquidez que se resta directamente del comercio de cercanía, las tabernas tradicionales, la artesanía y los guías oficiales.

*El sumidero del gasto corriente: La experiencia en fiscalidad municipal demuestra que los tributos teóricamente “finalistas” terminan diluyéndose en las tesorerías generales para cubrir agujeros de gasto corriente estructural. Sumar este gravamen al incremento desmedido en las tasas de basuras, agua y revisiones catastrales configura una asfixia fiscal injustificada para el sector y el ciudadano.

*Incentivo a la economía informal: La recaudación recae de forma exclusiva sobre el alojamiento reglado, hiperregulado y transparente, de forma, que esta asimetría penaliza al empresario comprometido y actúa como un subsidio indirecto para la vivienda turística no regulada y la economía sumergida, inmunes al control fiscal de los ayuntamientos.

2.- Matriz de impacto – (Enfoque recaudatorio vs. Estrategia de alto valor).

DimensiónEnfoque Recaudatorio Tradicional (Tasa)Estrategia de Alto Valor y Competitividad
Financiación PúblicaGravamen finalista que termina absorbido por el gasto corriente municipal.Reasignación participativa de tributos existentes (IVA/IAE) vinculada a KPIs de calidad.
Comportamiento del MercadoPérdida de competitividad frente a destinos exentos y penalización del turismo regional.Estímulo al consumo directo en la cadena de valor y aumento del gasto medio por estancia.
Estructura del SectorCastigo asimétrico al sector reglado (hoteles) y fomento de la oferta informal opaca.Incentivos fiscales al alojamiento de excelencia, empleo estable y proveedores locales.

3.- Sustituir el volumen por el criterio del valor añadido.

Medir el éxito turístico contando cabezas es un parámetro obsoleto. España, Andalucía y Córdoba no deben caer en la trampa del rancio discurso turismofóbico ni en la autocomplacencia de los récords cuantitativos, ya que, el verdadero reto exige transformar la gestión:

1.- Desconcentración y desestacionalización real: Conectar los flujos del núcleo urbano con la provincia y la oferta cultural, gastronómica y de naturaleza fuera de los meses punta.

2.- Medición del impacto retenido: Celebrar la subida de la tarifa media por habitación, la extensión de la estancia media y el crecimiento del gasto en destino por encima del mero número de llegadas.

3.- Seguridad jurídica y regulación eficaz: Quienes generan riqueza y empleo de calidad necesitan certidumbre y simplificación administrativa, no nuevos boletines oficiales cargados de voracidad fiscal.

4.- Propuesta innovadora – El “sello de circularidad y retorno turístico” (Mecanismo CRT).

En lugar de imponer un peaje punitivo que penaliza al viajero y alimenta la burocracia municipal, se propone sustituir la tasa turística por un Modelo de Circularidad y Retorno Turístico (CRT) articulado en tres ejes:

<-El bono de reversión en comercio local (Net Tax Zero): Si una corporación municipal exige una aportación al visitante, el 100% de ese importe debe ser devuelto al turista de forma digital en un documento o ticket de consumo local. Este bono solo podrá ser redimido en establecimientos adheridos de la ciudad (comercio tradicional, museos, artesanía y restauración). De este modo, la carga fiscal neta para el visitante comprometido es cero, y se garantiza que el recurso financiero vaya directamente al tejido productivo local, nunca a la caja única municipal.

<-Incentivo por calidad y empleo estable: Transfórmese el debate tributario en una exención para los alojamientos que acrediten convenios colectivos de calidad, contratos indefinidos y compras de cercanía superiores al 60%.

La fiscalidad debe utilizarse para premiar la excelencia, no para igualar por abajo.

<-Reclamación del IVA turístico municipal: Exigir a la administración autonómica y estatal la cesión de una fracción del IVA e IAE que la actividad turística ya genera en la ciudad.

Los ayuntamientos deben financiarse mediante la participación en los impuestos existentes que produce el sector, condicionado a objetivos de regeneración urbana, en lugar de duplicar la presión fiscal sobre el usuario final.

Penalizar al sector turístico con nuevas figuras impositivas es declarar la quiebra de la gestión pública. La auténtica ambición de un destino de primer nivel no consiste en cobrar un peaje por entrar, sino en desplegar la inteligencia estratégica necesaria para que cada visitante incremente el valor de lo que encuentra y multiplique el bienestar de la comunidad que lo acoge.

N. B.  Imagen. Tasa Turística- Otro impuesto más.

(Nota. La Tasa Turística es un gravamen contrario a la prosperidad, que solo imponen regímenes radicales de izquierda, de forma, que si el Ayuntamiento de Córdoba crea esa Tasa se estará pegando un tiro en el pie.).

Córdoba, 2 de septiembre de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba – Inspector de Trabajo y S. S.

Exconcejal del Ayuntamiento de Córdoba – Exdiputado del Parlamento de Andalucía

IBI en agosto – Córdoba – (cuando recaudar importa más que facilitar el cumplimiento)

A las puertas de las vacaciones -o cuando buena parte de la ciudadanía ya se encuentra fuera de su residencia habitual- muchos vecinos de Córdoba reciben la misma comunicación, en el buzón o en su bandeja de entrada:

“El Impuesto sobre Bienes Inmuebles se pone al cobro a principios de agosto.”

La decisión puede ser formalmente conforme con la ordenanza fiscal, pero que algo sea legal no significa necesariamente que sea razonable, oportuno o compatible con los estándares de una buena Administración. Cuando el principal tributo municipal del año se exige de manera recurrente en el mes vacacional por excelencia, el calendario de cobro deja de ser una cuestión puramente técnica y adquiere una evidente dimensión política.

No se trata de cuestionar la obligación de pagar el IBI ni de negar la importancia de los ingresos tributarios para sostener los servicios públicos. Se trata de algo más elemental: 

“De exigir que la Administración orgánica actúe con los parámetros de la buena fe y en favor de los ciudadanos”.

<<Una Administración que cobra en agosto>>

La relación entre el contribuyente y el Ayuntamiento no debería construirse sobre el descuido, la sorpresa o la dificultad de reacción. La buena fe, la confianza legítima y el principio de buena Administración reclaman que los poderes públicos actúen con lealtad, transparencia y consideración hacia las circunstancias reales de las personas a las que sirven.

**Sin embargo, poner el IBI al cobro en agosto coloca al vecino en una posición objetivamente más vulnerable:

*Menor capacidad de reacción. Durante las vacaciones, muchas familias se encuentran fuera de su domicilio, con un acceso más limitado a sus comunicaciones, a la banca electrónica o a la documentación necesaria para comprobar un cargo.

*Más dificultades para resolver incidencias. Un error en la domiciliación, una cuenta cancelada, un cambio de entidad bancaria o cualquier problema relacionado con el pago exige una respuesta rápida. Pero esa respuesta puede verse obstaculizada por los horarios reducidos, los turnos estivales y la menor disponibilidad de los servicios de atención al público.

*Riesgo de consecuencias económicas. Lo que durante el verano puede parecer un simple descuido se transforma, al regresar en septiembre, en un pago fuera de plazo, con los recargos correspondientes y, en su caso, otras consecuencias económicas.

*Desigualdad entre la Administración y el ciudadano. El Ayuntamiento mantiene activa su maquinaria recaudatoria mientras el vecino afronta el periodo del año en el que precisamente dispone de menos tiempo, información y capacidad de gestión.

La cuestión, por tanto, no es si el recibo puede cobrarse en agosto. La cuestión es si resulta aceptable que la Administración elija sistemáticamente un momento en el que aumenta la probabilidad de que el contribuyente no pueda reaccionar a tiempo.

<<La legalidad no basta>>

El artículo 103 de la Constitución obliga a la Administración Pública a servir con objetividad los intereses generales y a actuar de acuerdo con los principios de eficacia, sometimiento pleno a la ley y servicio al ciudadano. Ese mandato no puede interpretarse como una autorización para limitar la actuación administrativa al cumplimiento formal de los trámites.

La Administración también debe preguntarse *si sus decisiones son comprensibles, accesibles y proporcionadas; *si reducen o incrementan innecesariamente las cargas que soportan los ciudadanos; y, *si el modo de ejercer una potestad legal fortalece o deteriora la confianza pública.

La recaudación tributaria no es una operación automática desligada de sus efectos sociales. Detrás de cada recibo hay una familia, una persona mayor, un propietario que no reside habitualmente en Córdoba, una cuenta bancaria modificada o un contribuyente que puede encontrarse temporalmente sin acceso normal a sus comunicaciones.

Por eso, la buena Administración exige algo más que cobrar en plazo:

“Exige hacer posible que el ciudadano pueda pagar en plazo sin tener que superar obstáculos innecesarios”.

<<Existen alternativas>>

No hay ninguna razón que obligue a concentrar el pago del IBI en agosto. El periodo voluntario podría establecerse en otros meses -mayo, junio, septiembre u octubre- o distribuirse de forma que se evite la coincidencia con el periodo vacacional.

**También podrían adoptarse medidas complementarias:

*ampliar los canales de aviso y comunicación;

*reforzar la atención durante las fechas de vencimiento;

*establecer mecanismos ágiles para corregir errores de domiciliación;

*ofrecer sistemas de fraccionamiento más accesibles;

*informar de manera clara sobre las consecuencias de un impago;

Y, *revisar periódicamente el calendario fiscal desde la perspectiva del ciudadano, no solo desde la comodidad de la gestión interna.

La existencia de alternativas demuestra que mantener el cobro en agosto no es una fatalidad administrativa, sino que es una decisión de organización y, en última instancia, una elección política trufada de mala fe.

<<Recaudar con legitimidad>>

Una Administración moderna no debe medir su eficacia únicamente por la cantidad recaudada o por el porcentaje de recibos cobrados. También debe valorar el modo en que obtiene esos ingresos y la relación que establece con la ciudadanía.

La disciplina fiscal es necesaria, pero no puede confundirse con indiferencia hacia las circunstancias del contribuyente. El Ayuntamiento debe recaudar, sí; pero debe hacerlo con transparencia, previsibilidad y respeto. La eficiencia recaudatoria no puede convertirse en una política de desgaste ni en una estrategia basada en que el ciudadano no esté pendiente.

Córdoba merece una Administración tributaria que no vea al vecino como un mero sujeto pasivo, sino como una persona a la que debe facilitar el cumplimiento de sus obligaciones. Cobrar el IBI en agosto podrá ser legal, pero resulta difícilmente compatible con una concepción exigente de la buena Administración y con la sensibilidad que debería presidir la gestión de los asuntos públicos.

Por ello, corresponde a la Corporación Municipal revisar el calendario fiscal antes del próximo ejercicio y abrir un debate transparente sobre la oportunidad de mantener el periodo voluntario en pleno mes de agosto.

La recaudación sostiene los servicios públicos. Pero la confianza ciudadana también. Y una Administración que solo piensa en la caja corre el riesgo de olvidar para quién existe.

N.B. Imagen. El IBI de agosto. Recuadar es lo primero.

Córdoba, 14 de agosto de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Exconcejal del Ayuntamiento de Córdoba.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Nota: Imagen.

Récord de impuestos – Déficit en infraestructuras – (el agujero oculto).

Explico con imágenes a mis nietos preguntones Gonzalo y Ángela donde están nuestros impuestos y porque los trenes no funcionan como debieran y las carreteras están llenas de baches y en mal estado de mantenimiento.

España atraviesa un momento de máximos históricos en recaudación fiscal, pero ese incremento no se traduce en una mejora equivalente de las infraestructuras. El ferrocarril y las carreteras reflejan un problema estructural: “Más ingresos públicos, pero un déficit persistente en inversión y mantenimiento”.

“Los servicios públicos clave, especialmente las infraestructuras, muestran señales de deterioro estructural y el retorno al ciudadano se percibe como ineficiente ”.

N.B. Imágenes. Impuestos todos. Infraestructuras bajo mínimos en mantenimiento y conservación.

(Nota.- Cuando el retorno al ciudadano por parte del Estado es alto y visible, aumenta la moral fiscal (la disposición de la gente a pagar impuestos). Si los ciudadanos perciben que las calles están limpias, los hospitales funcionan y la seguridad es efectiva, entienden el impuesto no como una pérdida, sino como una inversión colectiva.

En cambio, cuando el retorno es pobre o ineficiente, surge la percepción de que el impuesto es una carga injusta, lo que suele alimentar la evasión y el descontento social).

Cada ciudadano debe examinar lo que paga y lo que recibe de sus impuestos por el Estado en su conjunto.

1ª.- Imagen – La realidad – (Lo que hay y lo que se ve).

España nunca había recaudado tanto dinero en impuestos como ahora. En 2025, los ingresos tributarios alcanzaron los 325.356 millones de euros, un 10,4% más que el año anterior, impulsados principalmente por el IRPF (142.466 millones) y el IVA (99.532 millones). Así mismo, se dispara la deuda pública, que alcanza un máximo difícil de imaginar, de forma, que a la vista de lo que hay y lo que se ve existe un agujero oculto, que se traga todo el dinero de los ciudadanos con un destino ignoto.

2ª.- Imagen. Un agujero oculto.

3ª.- Imagen. Ciudadanos asombrados.

4ª.- Imagen. Soluciones. Gestión eficiente, transparencia y justicia tributaria.

(Nota. Es difícil explicar algo tan simple de ver y por lo visto tan difícil de ejecutar, razón por la que prefiero exponerlo en imágenes descriptivas de lo que hay, de lo que no hay, y, de lo que se debe hacer).

Córdoba, 3 de abril de 2026.

Fdo. Enrique Garía Montoya.

Abogado. ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Presidente. Córdoba Abierta -ACOA-.

IV. Inflación – Córdoba rural – (Vivir en el pueblo es más caro – Escudo Fiscal contra la inflación)

Vivir en la Subbética o en Los Pedroches tiene una calidad de vida envidiable, pero en este 2026 nos enfrentamos a una paradoja, porque producir lo que comemos es cada vez más difícil para quienes cuidan la tierra. La inflación no afecta igual a un vecino de la capital que a uno de Alcaracejos o Iznájar.

Es una realidad triste y perversa que el mundo rural cordobés sufre una presión extra y cómo nuevas medidas fiscales pueden ser el “respiro” que muchas familias necesitan.

1.- Un reto – (Cuando las cuentas no salen).

El sector primario en Córdoba está atrapado en lo que llamamos el <-efecto tijera->. Imaginen unas tijeras abriéndose: “La hoja de arriba son los costes (piensos, fertilizantes, gasoil agrícola) que no paran de subir; y, la hoja de abajo es el precio al que el ganadero vende su producto, que sube mucho más despacio o se estanca”.

A esto se suma el “impuesto a la distancia”, ya que, en nuestros pueblos, el coche no es un capricho, sino que es la única forma de ir al médico o al banco, de manera, que cada subida del combustible castiga más al habitante rural que al urbano.

2.- El “Escudo fiscal”- (Oxígeno para los pueblos).

Ante esta situación, la fiscalidad se ha convertido en la herramienta más rápida para equilibrar la balanza. Este año, la Junta de Andalucía ha reforzado deducciones clave para quienes residen en municipios con riesgo de despoblación (actualmente 37 en nuestra provincia).

**Natalidad – Bonus y duplicidad.

Para frenar el invierno demográfico, la deducción por nacimiento o adopción en zonas rurales sube de los 200 € habituales a los 400 €.

<-La novedad: En 2026 se ha eliminado el límite de renta en estos municipios. Es una ayuda universal porque el coste de criar a un hijo en el pueblo es un reto para todos.

**Vivienda – (Facilitar el arraigo).

La inflación ha disparado el precio de los materiales, frenando la reforma de cortijos y casas antiguas, de manera, que para compensarlo:

<-ITP reducido al 3,5%: Para jóvenes menores de 35 años que compren su vivienda habitual en el pueblo. Es un ahorro de miles de euros frente al tipo general.

<-Alquiler rural: Se amplían los límites de deducción hasta los 600 € (900 € en caso de discapacidad).

**Deducciones contra los gastos cotidianos.

Hay ayudas directas en el IRPF para gastos que la inflación ha vuelto críticos:

<-Gastos Veterinarios: Un apoyo vital en el entorno rural, donde los animales son parte esencial del hogar.-

<-Celiaquía y deporte: Se reconoce el sobrecoste de acceder a productos especiales y se fomenta el uso de instalaciones deportivas locales.

3.- Más que un ahorro – (Una economía fuerte).

Estas medidas tienen una “letra pequeña” muy positiva, pues  para aplicarlas es necesario pedir factura, lo que incentiva que los profesionales de nuestros pueblos (veterinarios, albañiles, monitores) operen dentro del sistema, fortaleciendo el tejido económico de Córdoba.

** Municipios beneficiados (37). Localidades como Añora, Belmez, Fuente-Tójar o Zuheros ya pueden aplicar estas ventajas. No es solo una cuestión de ahorro, es una apuesta por que vivir en el pueblo siga siendo una opción viable y atractiva para los jóvenes.

N.B. Imagen. Córdoba rural. Inflación.

La situación de la Córdoba rural es el reflejo de un problema global que requiere inversión, pero sobre todo, una reestructuración de la vida rural.

Córdoba, 23 de marzo de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado. ICA-Córdoba – Inspector de Trabajo y S. S.

Presidente. Córdoba Abierta -ACOA-.

III. Inflación Córdoba – (Engranaje – crisis y llaves)

Para entender la realidad de Córdoba y Provincia es fundamental dejar de ver nuestros problemas como compartimentos estancos, ya que, la inflación, el desempleo y la despoblación no son fenómenos aislados, sino que son piezas de un mismo engranaje donde cada una empuja a la otra, creando un círculo vicioso que condiciona nuestro avance social y económico.

1.- Inflación – (Impuesto invisible).

La inflación golpea con más fuerza en regiones con rentas medias y bajas, concretamente, en Córdoba, nuestro tejido empresarial depende enormemente del sector servicios y el pequeño comercio, razón por la que estamos muy afectados por este evento.  

**Cuando los costes de energía y materias primas suben, el efecto de la inflación es doble:

*Por un lado, existe pérdida de poder adquisitivo por los que las familias recortan su gasto no esencial, lo que conlleva un freno a la economía local.

*Por otro lado, asfixia del comercio de cercanía, de forma, que muchos negocios no pueden repercutir las subidas al cliente por miedo a perderlo, viéndose obligados a reduje sus márgenes con el peligro de verse obligados al cierre.

(Nota. Freno en la economía e inflación disparada. Esto es la antesala de una estanflación, es decir, un momento en el que existe un decrecimiento económico y los precios se incrementan con velocidad.)

2.- La relación inflación-desempleo – (Un equilibrio precario).

Tradicionalmente, la economía analiza la relación entre estos factores, pero en Córdoba el escenario es particular, ya que, al subir los costes y bajar el consumo, las empresas -muchas de ellas familiares o PYMES- dejan de contratar o reducen plantilla para sobrevivir y, por otro lado, nuestra dependencia de la estacionalidad (turismo y agricultura) vuelve al empleo más inestable frente a las oscilaciones de precios.

(Nota. La curva de Phillips representa una relación inversa entre inflación y desempleo en el corto plazo: “Menos paro suele ir acompañado de más inflación y, al revés, más paro de menos inflación”.)

3.- El desempleo como motor de la despoblación.

Quizás, sea este el vínculo más doloroso, porque la falta de oportunidades de calidad genera una conocida “fuga de talento”, así,:

<-Se produce una migración juvenil, ya que, nuestros jóvenes cualificados se marchan a Madrid, Barcelona o Málaga buscando estabilidad prosperidad económica y social.

<-Aparece en el envejecimiento, ya que, al irse la población joven y activa, la natalidad cae, dejando una provincia cada vez más envejecida y con menos -masa crítica- para sostener servicios básicos, haciendo que poco a poco desaparezcan y, con ello, que aumente el abandono poblacional en busca de seguridad y asistencia.

<<Economía de dos velocidades – (Sector público vs. Sector privado)>>

Existe una dicotomía que genera distorsiones profundas en Córdoba, porque el peso del sector público, aunque actúa como muro de contención contra la pobreza, genera efectos secundarios si el sector privado no crece a la par, así:

1.- El “efecto expulsión”: Si la estabilidad y los salarios de la administración son muy superiores a lo que puede ofrecer una PYME, el talento opta por la oposición en lugar de emprender o innovar en la empresa privada.

2.- Dualidad salarial: Se crean precios adaptados a quienes tienen estabilidad (en vivienda u ocio), mientras el trabajador del sector privado, con salarios más bajos, sufre una inflación que lo empobrece de forma proporcional.

3.- El riesgo del <monocultivo> público: Una economía que solo redistribuye dinero pero no crea riqueza nueva es resistente en las crisis, pero incapaz de crecer en tiempos de bonanza.

<<Hoja de ruta – (la salida del pozo)>>

Córdoba no necesita parches, sino un cambio de modelo, una reestructuración profunda, que fortalezca el sector privado para que deje de ser el “hermano pobre”.

**Se señalan las siguientes líneas estratégicas:

*La Base Logística (BLET) como –imán-: No debe ser un enclave aislado, porque lo que necesitamos es que las empresas cordobesas sean las proveedoras de su tecnología, IA y robótica.

* Tecnología aplicada al campo: No basta con exportar materia prima, sino que debemos liderar la creación de patentes y maquinaria agrícola junto a la Universidad de Córdoba (UCO) y empresas innovadoras.

*Alivio burocrático y fiscal: Implementar una “cuota cero” o reducciones fiscales para nuevas empresas tecnológicas e industriales durante sus primeros 5 años.

*Digitalización rural: Combatir la despoblación garantizando conectividad total y centros de trabajo compartido en los pueblos, permitiendo que el talento pueda teletrabajar desde cualquier rincón de la provincia.

<<Conclusión>> El avance real vendrá cuando el sector privado sea el motor que financie unos servicios públicos de calidad y no al revés, pero el reto no es reducir lo público, sino fortalecer lo privado para que el funcionario deje de ser la única aspiración de éxito en nuestra tierra.

N. B. Imagen – Problemas y soluciones.

Córdoba, 18 de marzo de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado. ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.