Tag Archives: confianza

Productividad – empleo (flexibilidad – recualificación permanente – innovación)

A modo de introducción un comentario: El paro en España (en Andalucía es aterrador), aunque se intenta disfrazar, es un asunto sin resolver, pero que lo más extraño es que a los poderes públicos parece que no les afecta.

Cuando se publican datos sobre el desempleo, simplemente, se eliminan colectivos parados del conteo, a la vez, que se crea empleo público innecesario por improductivo para minorar las cifras de parados, de manera, que los datos publicitados oficialmente no reflejan la realidad, sino que son una fantasía montada para aparentar una situación paralela alejada del problema. Así, se han hechos públicos datos sobre el desempleo, que minoran el número de personas en esa situación, pero indudablemente es una realidad distorsionada, ya que, si a las cifras publicitadas oficialmente le sumamos el empleo público innecesario y los parados reales no contabilizados, cualquier cifra publicada se debería incrementar, al menos, en un millón de personas.

En España sin incrementar la productividad en todos los sentidos será imposible crear empleo estable y de calidad, ya que, sin una producción eficiente y rentable cualquier unidad productiva está abocada a la desaparición o a una situación de parálisis económica.

Según la Real Academia Española (RAE) -la productividad-: Es un concepto que describe la capacidad o el nivel de producción por unidad de superficies de tierras cultivadas, de trabajo o de equipos industriales.

Para la economía de la unidad productiva se entiende, que es el vínculo que existe entre lo que se ha producido y los medios que se han empleado para conseguirlo (mano de obra, materiales, energía, etc.), de forma, que la productividad está unida a la eficiencia y al tiempo, ya que, cuanto menor sea el tiempo invertido en conseguir el producto deseado, mayor será la cualidad y la calidad productiva del sistema.

Algunos de los aspectos necesarios que no deben olvidarse, si se quiere construir una empresa rentable son: <<-la calidad-, -la producción-, -la eficiencia-, -la innovación-, -la tecnología- y -los nuevos métodos de trabajo-, a los que hoy día hay que unir sin remedio la cualificación permanente de los trabajadores>>.

La crisis pandémica está demostrando, que está cambiando la forma de trabajar, dirigiéndose la actividad de la unidad productiva hacia una realidad diferente, regida por normas de actuación indispensables, así:

* Flexibilidad.

* Certidumbre, confianza y seguridad jurídica. 

* Acuerdos crecientes entre empresa y trabajador y donde los empleos independientes se imponen tanto para la unidad productiva como para el productor.

* Las normativas rígidas impuestas unilateralmente están abocadas a su inaplicación, pues la norma real es la productividad y la competitividad.

* El teletrabajo se impone progresivamente, pero se está demostrando que es necesaria una interrelación dentro de la empresa, de forma, que las situaciones de presencia y de trabajo a distancia de mesclen buscando la excelencia.

Sin embargo, es algo evidente, que no todos los trabajos son adecuados para el teletrabajo o el trabajo más flexible, pues hay que contar con las preferencias de los trabajadores y la interdependencia de tareas. En entornos de trabajo muy híbridos habrá que cuestionarse muchas cosas para alcanzar la coordinación de tareas, la gestión de equipos y sin que nadie de la empresa se quede atrás, ofreciendo a todos igualdad de oportunidades.  

* La cualificación permanente de los trabajadores se presenta, como algo ineludible e imprescindible para la creación de empleo estable y a jornada completa, ya que, solo saldrán adelante los puestos de trabajo realmente productivos, lo que exige formación permanente tanto para la empresa como para el trabajador.   

* La adopción de la tecnología digital y la automatización se muestran como algo imprescindible para aumentar la agilidad general de la unidad productiva.

*  Hay que luchar contra los embates del proteccionismo y de los sistemas impositivos impeditivos, pues esos procesos aumentarán los costes globales y reducirán la competitividad.

*** En definitiva, impulsar la productividad es el objetivo, de forma, que el aumento de esta variable en estos años será una necesidad para cualquier empresa, lo que conlleva a la necesidad de permitir mayor flexibilidad, sin olvidar, que hay sectores que han salido fortalecidos, pero otros, como pueden ser la hostelería, el turismo y también la energía, se han paralizado en parte e incluso han desaparecido, lo que implica, que hay que combatir todos los extremos que impidan la innovación y la productividad en el futuro, ya que, por ejemplo, las grandes concentraciones de sectores emergentes pueden dañarlas; a la vez, que determinadas implicaciones sociales y políticas, como pueden ser *la disminución del nivel educacional, *la imposición de políticas fiscales equivocadas y excesivas, y, *los escándalos como los del Congreso y el Tribunal Supremo enfrentados, pueden presionar la productividad laboral dañándola.

N.B. Es un hecho patente, que la productividad y el empleo conllevan -flexibilidad-, -recualificación permanente- e -innovación-, a la vez, que exigen +información veraz, +respeto a la ley, +confianza y +que desaparezcan la incertidumbre y la inseguridad jurídica.

La verdad y la información permanente son las bases de una productividad continua, que lleve a España a la senda de la recuperación social y económica, que permita avanzar hacia soluciones eficaces, ya que, nada sólido puede nacer del engaño que siempre impedirá prosperar.

En resumen, si continuamos sumidos en la incertidumbre y en la inseguridad jurídica, derivadas de la falta de igualdad, de libertad informada en la verdad y del escaso o nulo respeto a la ley por los poderes públicos, la productividad será imposible de lograr y con ella desaparecerá la única solución que tenemos para mitigar el desempleo, porque, además, si no es así, perderemos los cimientos de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho consagrado en la Constitución.

¿Algún español de a pie sabe lo que está pasando en España?

Pues, -eso-.

Córdoba, a 20 de octubre de 2021

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Igualdad ante la ley – II – (un mundo lejano y sin remedio)

Como decía en el anterior artículo, hace unos días leía en un periódico digital de Córdoba (EL DÍA – 04 Octubre, 2021), que un Juzgado de lo Penal había condenado a una persona por agredir a un agente de la Guardia Civil en la Feria de Dos Torres a seis meses de prisión, según información de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), recordando que llevaban años denunciando las agresiones, amenazas e insultos que soportan los guardias civiles en todo el país.

Así mismo, hoy 07-10-2021 leo el Comunicado del Poder Judicial que recoge la siguiente noticia:

“La Sala II del Tribunal Supremo ha condenado a un Diputado —   —   — como autor de un delito de atentado a agentes de la autoridad, con la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas, a la pena de 1 mes y 15 días de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. La pena de prisión se sustituye por la pena de multa de 90 días con cuota diaria de 6 euros (en total, 540 euros).

Decía, también,  que no es algo extraño en España, que se produzca esa publica falta de respeto a la ley, curiosamente, además, no solo con las fuerzas del orden, sino en toda la piel de toro y para todos, es decir, está diluyéndose la vigencia del principio de legalidad constitucional con un reflejo perverso en –la igualdad ante la ley-, que ha desaparecido en nuestro país.

En sus arts. 9 y 10 la C. E. consagra -el principio de legalidad- y -el respeto a la ley-, culminando su declaración con el art. 14, que dice, que los españoles son iguales ante la ley.

Se diga lo que se diga, es un hecho cierto y doloroso, que en nuestro Estado Social y Democrático de Derecho regido por la ley y la igualdad de los españoles los hechos no suceden así, sino que, por el contrario -el respeto a la ley- y -la igualdad real de todos- en la práctica diaria son -cosas- que están en trance de desparecer.

Los dos hechos descritos de condenas y juicios pueden tener variables, pero curiosamente siempre la inclinación se produce contra el Pueblo Soberano, razón por la que se repite la misma pregunta:

¿los españoles son iguales ante la ley?

Según la Constitución en cualquier asunto cabe o debe caber todas las opiniones en libertad, es posible, incluso, que algunas personas piensen, que la igualdad es de todos y que como la ley las dos están implantadas en España, aunque, sin la menor dudad, una gran mayoría de españoles dirá que no es asíque la Constitución no se cumple: “ley no es igual para todos”.

La confianza en la justicia igual para todos está bajo mínimos.

Las consecuencias de esa desigualdad son y serán nocivas para España, aunque a los representantes políticos (cuyo poder emana del pueblo soberano según la C. E.) eso parece importarles una higa, aunque sea perversa y pública esa realidad inconstitucional; por otro lado, admitida sin más, al parecer, por los poderes públicos (por todos), siendo, desgraciadamente, eso una injusticia palpable y, sin duda, llegará un día donde algo dejará de funcionar en el apoyo popular.

Aunque, que nadie se confunda, no es solo de ahora, porque, por ejemplo: ¿Qué, ocurrió con la última amnistía fiscal?

N.B.  La igualdad ante la ley de los españoles es por lo que se ve un mundo lejano y sin remedio.

La igualdad en España se está diluyendo en la nada (en el polvo del camino), de forma, que la Constitución de 1978 nacida de la unidad y de las renuncias de todos parece olvidada, lo que arrastra a una gran mayoría de españoles a la desconfianza, a la incertidumbre y a la pérdida de libertades y derechos.

Córdoba, a 7 de octubre de 2021

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Faltan trabajadores – escasez de mano de obra – salario de reserva (oportunidades – confianza – libertad de contratación)

¿Faltan trabajadores?Si.

Me comentan unos lectores empresarios, que no encuentran trabajadores cualificados con las condiciones económicas y laborales que ofrecen, y, nuestra comprobación nos abre paso hacía una situación inédita para nuestro mercado de trabajo, así vemos:

Que es un hecho, que por primera vez después de muchos años al revés,  los trabajadores, si no todos, muchos pueden elegir si trabajar o no, o en que quieren trabajar,  según ven,  tienen posibilidades reales de obtener mejores condiciones de trabajo en todos los sentidos, empezando por un aumento de sus retribuciones; dicho de otra forma, están aumentado las ofertas de trabajo, pero siempre -unidas a compromisos de empleo individuales según cualificación profesional- y -la posible rentabilidad para la empresa que los contrata-”.

Lo dicho se explica ¿por qué? faltan trabajadores en determinados sectores y puestos de trabajo.

Por una vez, parece que la oferta de trabajo supera con claridad a la demanda de trabajadores, porque, los trabajadores han visto, que pueden superar en su contratación el “salario de reserva” y encontrar un empleo mejor en todas sus condiciones, así, que no están dispuestos a ocupar cualquier empleo que se les ofrezca si no completa sus aspiraciones.

Esta es una realidad impuesta por la nueva economía, los nuevos mercados laborales, el auge de los trabajos independientes y la libertad de contratación que se está imponiendo, pese a las tendencias regresivas de colectivizar los mercados de trabajo -y- acabar con la libertad de contratar como se quiera y con quien se quiera.

Hay ya una población importante de personas activas que no está dispuestas a trabajar en las condiciones actuales de precariedad, de manera, que la masa de trabajadores dispuesta entrar en cualquier empresa y en cualesquiera condiciones, se ha reducido a un mínimo negativo y escasea la mano de obra, porque los trabajadores ven que pueden exigir mejores condiciones de trabajo.  

Aquí es, donde esta fallando estrepitosamente el Gobierno, porque solo mira en una dirección, habiendo abandonado unilateralmente toda posibilidad contraria, que no sea la suya. Los trabajadores, cualificados, rentables y competitivos que son muchos, no están dispuestos a desaparecer como individuos en una orgía colectiva de condiciones, que no son las suyas ni las que quieren, y, que, además, saben, que les perjudican a ellos en beneficio de algunas empresas y de otros trabajadores no productivos para la economía.

En otras palabras, los trabajadores han visto la oportunidad de mejorar sus condiciones generales de trabajo, y, no están dispuestos a abandonar el camino que saben que le conviene, lo diga el Gobierno coercitivo o las empresas abusivas, ya que, para ellos los dos son la misma cosa:-un enemigo a batir-.

Los rechazos y las renuncias a ciertos puestos de trabajo antes infrecuentes van en aumento, no siendo esas manifestaciones sino una muestra de la confianza en que el mercado de trabajo está renaciendo por una dirección insospechada para casi todos (Gobierno, sindicatos, empresas, patronales y demás instituciones implicadas).

Curiosamente, fuera del sistema tradicional siempre intervenido por el Gobierno de turno ha nacido una nueva realidad, que tiene sus propias reglas y normas de conducta, y, donde la iniciativa individual es la que se impone, lo que no implica que haya que cargarse todo lo demás, sino dejarlo que se desarrolle con libertad, evitando las legislaciones rígidas y faltas de flexibilidad. Las dos direcciones opuestas pueden coexistir en armonía, pero lo que no puede ser es que la colectivización impuesta acabe con la otra oportunidad de mejora de las condiciones de trabajo; es decir, con la iniciativa, la libertad y la productividad competitiva en cualquier mercado, que crea empleos de calidad y permanentes, haciendo que nazcan contratos indefinidos a jornada completa.

Solo una advertencia, lo expuesto no significa que el tremendo problema del paro esté remitiendo, sino que ha aparecido, casi por sorpresa, una nueva realidad que está señalando otro camino para reestructurar nuestro mercado de trabajo, que tiene plantadas sus raíces en conceptos orientados siempre hacia la uniformidad, la negociación colectiva y a una productividad en almoneda, que ni come ni deja comer, y, donde la permanencia en el puesto de trabajo no es un premio a la productividad, sino un embozo que impide, bajo una capa falsa de protección, al trabajador mejorar sus condiciones y a la empresa protegerse frente a un despido imposible por su cuantía, que viene esclerotizando las relaciones laborales en una espiral autodestructiva.

La realidad del mercado de trabajo en España era y es perversa, de forma, que no queda otra que adaptarse a las nuevas realidades del mercado de trabajo, así que, veamos algunas notas de nuestro mercado encajonado y contraído, que los nuevos mercados de trabajo tendrán que corregir o eliminar, así:

* El contrato laboral temporal y precario ha campado a sus respetos sin control normativo ni económico, de manera, que abundan los contratos de trabajo por horas, tanto en sector privado como en el sector público. (Si alguien duda de lo que digo, por ejemplo, que pregunten a los médicos sobre sus contrataciones en Hospitales Públicos en fines de semana, guardias, festivos y vacaciones).

La incertidumbre y la inseguridad jurídica dominan el mercado de trabajo con todas sus consecuencias perversas, con una legislación intrincada generadora de pleitos continuos, y, con Juzgados de lo Social sobrecargados y en colapso permanente.

*  El trabajo indefinido a jornada completa es un espejismo en las actuales condiciones.

* La precariedad es la moneda corriente, y, muchas condiciones de trabajo se sostienen en desequilibrio permanente, siendo menores los salarios y menores cotizaciones a la S. S. en proporción al PIB, con lo que todos perdemos y el sistema de la S. S. languidece, esperando inanes solo más impuestos para sufragar necesidades propias e impropias en un bucle interminable.

Las empresas desconfían por miedo a los costes de las extinciones de los contratos y por temor a la híper-regulación, y, en vez de crear empleo, dividen el que hay entre varios trabajadores, simulando una bonanza inexistente.

En resumen, no queda otra, que adaptarse a una realidad competitiva, lo que implica que la normativa del Gobierno debe ser flexible, sin rigideces y adaptada a los nuevos mercados, mejorando todo lo que sea posible, pero sin ser un obstáculo a la competitividad, a la productividad y a la flexibilidad de los nuevos mercados y a sus tendencias productivas, posibilitando la creación de puestos de trabajo permanentes dentro de las empresas.

N.B. Se está viendo ya que faltan trabajadores cualificados, y, el llamado salario de reserva ya no es un blindaje útil ante la precariedad, porque hay nuevas oportunidades, esta resurgiendo la confianza y la libertad de contratación. En definitiva, esta naciendo un nuevo mundo laboral regido por la productividad, la competitividad y la libertad de contratación, donde las nuevas figuras de trabajo más libre están ocupado un lugar preponderante, lugar donde, además, se sitúan los trabajadores más productivos.

Parece que la oferta de trabajo puede superar a la demanda de trabajadores, porque, los trabajadores han comprendido, que pueden superar en su contratación el salario de reserva y encontrar un empleo mejor en todas sus condiciones, así, que no están dispuestos a ocupar cualquier empleo que se les ofrezca si no completa sus aspiraciones-

Lo anterior, no significa que disminuya el desempleo, sino que ha aparecido otro camino nuevo paralelo al anterior, aunque no opuesto sino complementario, donde será posible crear empleo estable y de calidad.  

Córdoba, a 22 de septiembre de 2021

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Estafas pandémicas – Negocios jurídicos criminalizados (en aumento y sin remedio)

En estos días llenos de incertidumbre y de inseguridad jurídica, proliferan las estafas pandémicas, al socaire de negocios civiles y mercantiles criminalizados. Resulta curioso, que no se publicite, hable y escriba más sobre esta realidad, al menos como medio preventivo, que está asolando la economía, la confianza contractual y, en muchos casos, el prestigio exterior de España, ya que, muchos de los estafados son contratantes, comerciantes e inversores extranjeros, que confiados en la seguridad jurídica del País están realizando operaciones y transacciones de compraventa y/o financieras en España.

Lo peor aparece, cuando esos negocios civiles y mercantiles que esconden operaciones jurídicas criminalizadas, los perjudicados tienen que proceder a reclamar judicialmente los importes estafados, chocando con una legislación no preparada, una justicia, a veces demasiadas, que no sabe qué camino tomar, si civil o penal, quedando esos perjudicados anclados y sin posibilidades reales de recuperar, -rápido y con el mínimo gasto-, las cantidades defraudadas obtenidas bajo la forma de esos instrumento jurídicos criminalizados, máxime cuando el defraudador, como es normal en estos casos, carece de cobertura aseguradora total o parcial.

Lo expuesto es una realidad, desgraciadamente, en aumento, nacida al influjo nocivo de la pandemia y que parece que nadie quiere atajar, pero que está causando un daño terrible a la economía, a nuestra credibilidad exterior y a las inversiones extranjeras en España.

En nuestro ordenamiento jurídico la estafa existe cuando concurren los elementos del tipo del art. 248 CP, de forma, que se pueden destacar los elementos que deben concurrir en estos casos para apreciar la existencia de ilícito penal:

*  Que exista engaño.

La estafa como elemento esencial requiere la concurrencia del engaño que debe ser suficiente, además de precedente o concurrente con el acto de disposición de la víctima que constituye la consecuencia o efecto de la actuación engañosa, sin la cual no se habría producido el traspaso patrimonial.

* Engaño bastante que produce error en el perjudicado.

El engaño debe ser antecedente, causante y bastante, entendido como suficiente para viciar el consentimiento del sujeto estafado, de forma, que las falsas maquinaciones -sean suficientes e idóneas para engañar a cualquier persona medianamente avispada-.

* Un acto de disposición patrimonial consecuencia del engaño sufrido.

*Ánimo de lucro, ya sea en beneficio propio o de un tercero, deducible del complejo de los actos realizados.

*Nexo causal entre el engaño provocado y el perjuicio experimentado.

 ***  En la variedad de estafa conocida como -negocio jurídico criminalizado-, el engaño surge,cuando el autor simula un propósito serio de contratar, cuando, en realidad, solo pretende aprovecharse del cumplimiento de las prestaciones a que se obliga la otra parte, ocultando a ésta su decidida intención de incumplir sus propias obligaciones contractuales, aprovechándose el defraudador de la confianza y la buena fe del perjudicado con claro y terminante animo inicial de incumplir lo convenido.

Es decir, todo aparece como normal, pero uno de los contratantes sabe que no va a cumplir, y, no cumple y se descubre después, quedando consumada la estafa al realizarse el acto dispositivo por parte del engañado. En el delito de estafa a través de los llamados negocios jurídicos criminalizadlos, el sujeto activo defraudador sabe desde el momento de la contratación, que no cumplirá o que no podrá cumplir la contraprestación a la que se comprometió.

N.B. Ahora, -al rebufo del covid-19- están proliferando las estafas pandémicas sin remedio legal proporcionado, a través de los llamados negocios jurídicos criminalizados, porque, además, la incertidumbre y la inseguridad jurídica dominante, hacen que se extiendan como una plaga los negocios civiles y mercantiles fraudulentos.

La confianza y la reputación comercial y económica de un país es algo difícil de conseguir, aunque facilísimo de destruir con normas que producen incertidumbre e inseguridad jurídica y con un aumento de las contrataciones civiles y comerciales criminalizadas, de forma, que toda protección legal común resultará escasa. En España esa modalidad de estafa está asolando la economía, la confianza contractual y, en muchos casos, el prestigio exterior, ya que, muchos de los estafados son contratantes, comerciantes e inversores extranjeros, qué confiando en la seguridad jurídica del País, están realizando operaciones y transacciones de compraventa y/o financieras.

Estas operaciones fraudulentas están en aumento, pues solo tienen como muro de contención los jueces y tribunales de justicia, que se rigen por la jurisprudencia del Tribunal Supremo en una aplicación desigual, donde predomina una casuística llena de incertidumbre, excesivamente lenta y unos costos casi inasumibles por los perjudicados, realidad que solo beneficia a los estafadores.

Córdoba, a 23 de agosto de 2021

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Estado de Derecho – división de poderes- imparcialidad (independencia del poder judicial – asociaciones – soberanía del Pueblo)

Quizás, en estos días de eliminación paulatina de la división de poderes en España se olvida, que según la Constitución (art. 117.1) la justicia emana del pueblo y que la independencia judicial es un derecho de todo ciudadano y ciudadana y no un privilegio personal de los jueces.

Es cierto, que en España el Estado de Derecho y su división de poderes están diluyéndose y desapareciendo sin pausa ni control, también, es verdad, que sin un poder judicial independiente real y efectivo no existe la democracia ni los derechos y libertades, que la distinguen de los regímenes autoritarios; sin embargo, observo desde hace tiempo, que se está confundiendo la idea de la independencia judicial, al llegarse, al parecer, a la conclusión de que este principio pertenece a los jueces y no al pueblo que detenta la soberanía.

La conclusión anterior viene al examinar una serie de hechos patentes con motivo del debate sobre la independencia judicial, así:

* En España los jueces, en gran parte, están agrupados en asociaciones propias que tienen nombres significativos (Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente y Juezas y Jueces para la Democracia) que ya las definen, aunque sus miembros nieguen cualquier dependencia ideológica; a pesar de ello, los ciudadanos españoles las distinguen claramente por sus inclinaciones ideológicas, así: una conservadora, otra progresista, otra centrista y otra que se dice independiente, todo, además, impulsado por los medios de comunicación que no dudan al realizar sus calificativos de las mismas según su supuesta ideología.

Siempre he entendido, que todos los jueces son independientes, libres, democráticos e imparciales (aunque, ahora, algunos de ellos directa o indirectamente se empeñen en ubicarse ideológicamente por sus resoluciones y/o sus declaraciones), según dispone la Constitución cuando dice (art. 117.1), que la justicia se administra por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley.

* El Código de Ética Judicial dice recoger los PRINCIPIOS DE ÉTICA JUDICIAL (Texto final acordado en la sesión celebrada el día 16 de diciembre de 2016), así, dice:

Preámbulo. Estos “Principios de Ética Judicial” aspiran a recoger los valores y reglas de conducta compartidos por la judicatura española. Pretenden servir de guía en el desempeño de la jurisdicción y promover el diálogo colectivo y la reflexión personal sobre los retos a los que se enfrentan quienes la ejercen, en un marco legal y social complejo y cambiante. Se proponen, ademásfortalecer la confianza de la ciudadanía en la justicia al hacer explícitos los modelos de comportamiento con arreglo a los cuales jueces y juezas se comprometen a cumplir sus funciones.

La ética judicial es la promesa de una justicia buena en cuanto incorpora las cualidades necesarias para lograr el fin que le asigna la Constitución: la tutela de los derechos de la ciudadanía.

Principios. 

Independencia. La independencia judicial es un derecho de todo ciudadano y ciudadana cuya protección y defensa forma parte inexcusable de los deberes profesionales del juez y de la jueza, y no un privilegio personal de su estatuto.

Imparcialidad. La imparcialidad judicial es la ajenidad del juez y de la jueza respecto de las partes, para con las que han de guardar una igual distancia, y respecto del objeto del proceso, con relación al cual han de carecer de interés alguno.

El juez y la jueza no pueden mantener vinculación alguna con las partes ni mostrar favoritismo o trato preferencial que ponga en cuestión su objetividad ni al dirigir el proceso ni en la toma de decisión.

 La imparcialidad impone una especial vigilancia en el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades de las partes y demás intervinientes en el proceso.

La imparcialidad impone también el deber de evitar conductas que, dentro o fuera del proceso, puedan ponerla en entredicho y perjudicar la confianza pública en la justicia

El juez y la jueza han de velar por el mantenimiento de la apariencia de imparcialidad en coherencia con el carácter esencial que la imparcialidad material tiene para el ejercicio de la jurisdicción. 

*  Se publica, que los jueces piden a la UE que actúe contra España por estar en riesgo el Estado de Derecho, ya que, tres asociaciones judiciales han remitido un escrito, denunciando lo que consideran un “riesgo de violación grave” del Estado de Derecho por las últimas reformas del Gobierno, que, a su juicio, afectan a la independencia judicial, concretamente, son la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la asociación de jueces y magistrados Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI), remitiendo un escrito a la vicepresidenta de la Unión Europea para Valores y Transparencia, Vêra Jourová, y al comisario europeo de Justicia Didier Reynders.

*** Por lo expuesto, entiendo, como decía antes, que se está confundiendo la idea de la independencia judicial, al llegarse, al parecer, a la conclusión de que este principio-derecho pertenece a los jueces y no al pueblo que detenta la soberanía.

Puede ser que esté equivocado y espero, además, que sea así, y, que unos jueces independientes, libres e imparciales administren justicia en nombre del pueblo español del que nace toda soberanía y la división de poderes, entre ellos, el poder judicial independiente.

La independencia de poder judicial no es ni puede ser un privilegio de los jueces, sino algo que pertenece a los ciudadanos españoles, y, supone una garantía absoluta de su derecho a la justicia.

En la U. E. la independencia del poder judicial no se entiende de otra forma, y, es algo, que forma parte indiscutida de la condicionalidad de su estado de derecho, teniendo una gran influencia en Europa, de manera, que cuando un Estado miembro viola esa norma fundamental del derecho de la Unión, las Instituciones europeas se ponen en marcha, tratando de eliminar las injerencias de cualquier otro poder del estado en la justicia, que puedan poner en riesgo su división de poderes real y efectiva

*** El español de a pie está más que harto, quemado por la pandemia, se siente en la ruina, está lleno de incertidumbre y de desconfianza en la justicia y tiene poca o ninguna confianza en su futuro, y, si ello, además, lo vironizamos con la política de ideologizada del odio, que nadie se llame a engaño, cuando se produzca una desgracia, y, una situación permanente de violencia social, que tiene muchos voceros, como ha demostrado el propio Gobierno de la Nación en el Congreso.  

Se podrá discutir el estado actual de la independencia del poder judicial en España, pero es innegable, que motivos de preocupación sobre la división de poderes real y efectiva en nuestro país existen sin la menor duda.

Sin un poder judicial independiente de verdad no existe la democracia y el estado de derecho que la sustenta, máxime, si como ocurre ahora en España estamos sometidos por un estado de alarma inconstitucional con nuestros derechos y libertades sometidos, restringidos, si no eliminados de raíz. (art. 116 C. E.).

Por si faltara algo, ya se ha puesto en marcha la maquinaria de propaganda, dirigida a imponer una prórroga del estado alarmante, para que al Presiente Sánchez se le pida de rodillas por los políticos, las CC. AA. y por todo el mundo mundial, por la razón perversa repetida hasta la verdad, de que no existe otra posibilidad.

En estos días aciagos en todos los sentidos, ya hay voces de poderes públicos liberticidas, que aceptan el envite oficial convertido en “mantra verdadero” de más prórrogas del estado de alarma, que imagino, debe ser porque no han tenido bastante con lo que ha caído sobre nuestras libertades, como pueden ser, la anulación del Congreso, el abuso de legislar por Decretos Leyes (creo que van 35), la falta de transparencia del Gobierno en muchos asuntos, la invasión y toma  de las instituciones del Estado (CIS, TVE, el abuso policial de la fuerza vulnerando derechos fundamentales, etc.), cuando lo que realmente hace falta es una vacunación urgente para todos cuanto antes, realizando los poderes públicos, sin excepción, una información veraz inmediata y completa sobre la pandemia, de forma, que, la  participación de la sociedad civil en la lucha y control de la enfermedad sea una realidad, pues otro modelo es posible y absolutamente necesario en defensa de nuestros derechos y libertades constitucionales.

*** En España actualmente no hay independencia efectiva de poderes, pero, esa independencia debe ser la consagrada en el art. 117.1 de la Constitución de 1978, que dice: 

La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley.

La justicia es de los españoles y su independencia, también, es de ellos, de manera, que nadie crea ni defienda que es un privilegio de los jueces, sino que es un derecho de los ciudadanos.

Así mismo, es un hecho patente, que la confianza de los ciudadanos en la justicia y su independencia en España está bajo mínimos, por el control ideológico y político a que está sometido el poder judicial (interior y exterior), de manera, que muchas veces, según el juez o tribunal que te toque, ya se sabe por dónde caerá la resolución, sobre todo, cuando entran en juego intereses políticos en los temas enjuiciados.

En España, se quiera admitir o no, se ven casos, donde la garantía constitucional del derecho al juez imparcial se vulnera a la vista de todos por jueces ideologizados, aunque siempre hay alguien, que dice creer, que a ese juez de turno se le puede recusar, lo que supone, que ese alguien vive en el mundo de la fantasía. Lo dicho implica, que los ataques a la independencia e imparcialidad del juez o tribunal no se lleva solo a cabo por los poderes políticos, sino que, también, en ocasiones, los propios jueces debilitan con sus actuaciones impregnadas de ideología al poder judicial, pues destruyen la confianza de los ciudadanos en la justicia (todos somos conscientes de esa realidad negativa).

La garantía de la imparcialidad objetiva exige, en todo caso, que con su iniciativa el juzgador no emprenda una actividad inquisitiva encubierta, de manera, que lo que debe evitarse, es que el juez asuma el mismo rol indagatorio que la acusación y la defensa; dicho de otra forma, que no sea juez y parte, adentrándose en los caminos ignotos de una posible prevaricación.

Un ejemplo palpable y reciente de lo dicho -control político y resolución ideologizada-, es la del Tribunal Constitucional referida a la candidatura de Toni Cantó; la resolución de apartar a Cantó, apoyada por la Fiscalía, ha salido adelante con el voto de calidad del presidente del Constitucional, Juan José González Rivas y los progresistas Cándido Conde-Pumpido y Asunción Balaguer (ponente); así mismo, los magistrados conservadores Andrés Ollero, Santiago Martínez-Vares y Alfredo Montoya que defendían la inclusión de Cantó en las listas, han anunciado votos particulares.

¿En manos de quien estamos en el Tribunal Constitucional?, vamos como en Alemania.

Es una vergüenza, que da susto y que se adentra dentro del mundo oscuro de la presunta prevaricación. ¿Quién puede confiar en la independencia del Tribunal Constitucional?

Si el pueblo del que emana la autoridad del poder judicial no confía en él, porque ve, que ese mismo poder está controlado por los grupos políticos dominantes o por jueces ideologizados, la opinión de los españoles en la justicia se derrumbará por un precipicio de desconfianza.

N.B.  ElEstado de Derecho, la división de poderes, la imparcialidad y la independencia del poder judicial, como sus asociaciones, nacen de la soberanía del Pueblo, de forma, que la justicia es de los españoles y su independencia, también, es de ellos; que nadie crea ni defienda, que es un privilegio de los jueces, sino que es un derecho de los ciudadanos.

Por otro lado, es algo indiscutible, queel Poder Judicial se diluye en España, estando en serio peligro nuestro Estado de Derecho y la división de poderes, destruyéndose, a la vez, la confianza del pueblo en la justicia:

La única verdad es, que, si hay jueces embridados, hay   ciudadanos desconfiados de la justicia, de manera, que sin división de poderes real y efectiva no existe estado de derecho.

La confianza de los españoles en la justicia está en bajada permanentede manera, que es casi imposible, encontrar a alguien que crea que existe la independencia judicial, máxime, cuando se contemplan, las actuaciones de los partidos políticos para controlar el poder judicial y de algunos jueces pendientes de su ideología y no de la aplicación justa y respetuosa de la Ley, lo que resulta a los ciudadanos algo perverso y peligroso.

Córdoba, a 16 de abril de 2020

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.