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Estado de Derecho – división de poderes- imparcialidad (independencia del poder judicial – asociaciones – soberanía del Pueblo)

Quizás, en estos días de eliminación paulatina de la división de poderes en España se olvida, que según la Constitución (art. 117.1) la justicia emana del pueblo y que la independencia judicial es un derecho de todo ciudadano y ciudadana y no un privilegio personal de los jueces.

Es cierto, que en España el Estado de Derecho y su división de poderes están diluyéndose y desapareciendo sin pausa ni control, también, es verdad, que sin un poder judicial independiente real y efectivo no existe la democracia ni los derechos y libertades, que la distinguen de los regímenes autoritarios; sin embargo, observo desde hace tiempo, que se está confundiendo la idea de la independencia judicial, al llegarse, al parecer, a la conclusión de que este principio pertenece a los jueces y no al pueblo que detenta la soberanía.

La conclusión anterior viene al examinar una serie de hechos patentes con motivo del debate sobre la independencia judicial, así:

* En España los jueces, en gran parte, están agrupados en asociaciones propias que tienen nombres significativos (Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente y Juezas y Jueces para la Democracia) que ya las definen, aunque sus miembros nieguen cualquier dependencia ideológica; a pesar de ello, los ciudadanos españoles las distinguen claramente por sus inclinaciones ideológicas, así: una conservadora, otra progresista, otra centrista y otra que se dice independiente, todo, además, impulsado por los medios de comunicación que no dudan al realizar sus calificativos de las mismas según su supuesta ideología.

Siempre he entendido, que todos los jueces son independientes, libres, democráticos e imparciales (aunque, ahora, algunos de ellos directa o indirectamente se empeñen en ubicarse ideológicamente por sus resoluciones y/o sus declaraciones), según dispone la Constitución cuando dice (art. 117.1), que la justicia se administra por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley.

* El Código de Ética Judicial dice recoger los PRINCIPIOS DE ÉTICA JUDICIAL (Texto final acordado en la sesión celebrada el día 16 de diciembre de 2016), así, dice:

Preámbulo. Estos “Principios de Ética Judicial” aspiran a recoger los valores y reglas de conducta compartidos por la judicatura española. Pretenden servir de guía en el desempeño de la jurisdicción y promover el diálogo colectivo y la reflexión personal sobre los retos a los que se enfrentan quienes la ejercen, en un marco legal y social complejo y cambiante. Se proponen, ademásfortalecer la confianza de la ciudadanía en la justicia al hacer explícitos los modelos de comportamiento con arreglo a los cuales jueces y juezas se comprometen a cumplir sus funciones.

La ética judicial es la promesa de una justicia buena en cuanto incorpora las cualidades necesarias para lograr el fin que le asigna la Constitución: la tutela de los derechos de la ciudadanía.

Principios. 

Independencia. La independencia judicial es un derecho de todo ciudadano y ciudadana cuya protección y defensa forma parte inexcusable de los deberes profesionales del juez y de la jueza, y no un privilegio personal de su estatuto.

Imparcialidad. La imparcialidad judicial es la ajenidad del juez y de la jueza respecto de las partes, para con las que han de guardar una igual distancia, y respecto del objeto del proceso, con relación al cual han de carecer de interés alguno.

El juez y la jueza no pueden mantener vinculación alguna con las partes ni mostrar favoritismo o trato preferencial que ponga en cuestión su objetividad ni al dirigir el proceso ni en la toma de decisión.

 La imparcialidad impone una especial vigilancia en el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades de las partes y demás intervinientes en el proceso.

La imparcialidad impone también el deber de evitar conductas que, dentro o fuera del proceso, puedan ponerla en entredicho y perjudicar la confianza pública en la justicia

El juez y la jueza han de velar por el mantenimiento de la apariencia de imparcialidad en coherencia con el carácter esencial que la imparcialidad material tiene para el ejercicio de la jurisdicción. 

*  Se publica, que los jueces piden a la UE que actúe contra España por estar en riesgo el Estado de Derecho, ya que, tres asociaciones judiciales han remitido un escrito, denunciando lo que consideran un “riesgo de violación grave” del Estado de Derecho por las últimas reformas del Gobierno, que, a su juicio, afectan a la independencia judicial, concretamente, son la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la asociación de jueces y magistrados Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI), remitiendo un escrito a la vicepresidenta de la Unión Europea para Valores y Transparencia, Vêra Jourová, y al comisario europeo de Justicia Didier Reynders.

*** Por lo expuesto, entiendo, como decía antes, que se está confundiendo la idea de la independencia judicial, al llegarse, al parecer, a la conclusión de que este principio-derecho pertenece a los jueces y no al pueblo que detenta la soberanía.

Puede ser que esté equivocado y espero, además, que sea así, y, que unos jueces independientes, libres e imparciales administren justicia en nombre del pueblo español del que nace toda soberanía y la división de poderes, entre ellos, el poder judicial independiente.

La independencia de poder judicial no es ni puede ser un privilegio de los jueces, sino algo que pertenece a los ciudadanos españoles, y, supone una garantía absoluta de su derecho a la justicia.

En la U. E. la independencia del poder judicial no se entiende de otra forma, y, es algo, que forma parte indiscutida de la condicionalidad de su estado de derecho, teniendo una gran influencia en Europa, de manera, que cuando un Estado miembro viola esa norma fundamental del derecho de la Unión, las Instituciones europeas se ponen en marcha, tratando de eliminar las injerencias de cualquier otro poder del estado en la justicia, que puedan poner en riesgo su división de poderes real y efectiva

*** El español de a pie está más que harto, quemado por la pandemia, se siente en la ruina, está lleno de incertidumbre y de desconfianza en la justicia y tiene poca o ninguna confianza en su futuro, y, si ello, además, lo vironizamos con la política de ideologizada del odio, que nadie se llame a engaño, cuando se produzca una desgracia, y, una situación permanente de violencia social, que tiene muchos voceros, como ha demostrado el propio Gobierno de la Nación en el Congreso.  

Se podrá discutir el estado actual de la independencia del poder judicial en España, pero es innegable, que motivos de preocupación sobre la división de poderes real y efectiva en nuestro país existen sin la menor duda.

Sin un poder judicial independiente de verdad no existe la democracia y el estado de derecho que la sustenta, máxime, si como ocurre ahora en España estamos sometidos por un estado de alarma inconstitucional con nuestros derechos y libertades sometidos, restringidos, si no eliminados de raíz. (art. 116 C. E.).

Por si faltara algo, ya se ha puesto en marcha la maquinaria de propaganda, dirigida a imponer una prórroga del estado alarmante, para que al Presiente Sánchez se le pida de rodillas por los políticos, las CC. AA. y por todo el mundo mundial, por la razón perversa repetida hasta la verdad, de que no existe otra posibilidad.

En estos días aciagos en todos los sentidos, ya hay voces de poderes públicos liberticidas, que aceptan el envite oficial convertido en “mantra verdadero” de más prórrogas del estado de alarma, que imagino, debe ser porque no han tenido bastante con lo que ha caído sobre nuestras libertades, como pueden ser, la anulación del Congreso, el abuso de legislar por Decretos Leyes (creo que van 35), la falta de transparencia del Gobierno en muchos asuntos, la invasión y toma  de las instituciones del Estado (CIS, TVE, el abuso policial de la fuerza vulnerando derechos fundamentales, etc.), cuando lo que realmente hace falta es una vacunación urgente para todos cuanto antes, realizando los poderes públicos, sin excepción, una información veraz inmediata y completa sobre la pandemia, de forma, que, la  participación de la sociedad civil en la lucha y control de la enfermedad sea una realidad, pues otro modelo es posible y absolutamente necesario en defensa de nuestros derechos y libertades constitucionales.

*** En España actualmente no hay independencia efectiva de poderes, pero, esa independencia debe ser la consagrada en el art. 117.1 de la Constitución de 1978, que dice: 

La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley.

La justicia es de los españoles y su independencia, también, es de ellos, de manera, que nadie crea ni defienda que es un privilegio de los jueces, sino que es un derecho de los ciudadanos.

Así mismo, es un hecho patente, que la confianza de los ciudadanos en la justicia y su independencia en España está bajo mínimos, por el control ideológico y político a que está sometido el poder judicial (interior y exterior), de manera, que muchas veces, según el juez o tribunal que te toque, ya se sabe por dónde caerá la resolución, sobre todo, cuando entran en juego intereses políticos en los temas enjuiciados.

En España, se quiera admitir o no, se ven casos, donde la garantía constitucional del derecho al juez imparcial se vulnera a la vista de todos por jueces ideologizados, aunque siempre hay alguien, que dice creer, que a ese juez de turno se le puede recusar, lo que supone, que ese alguien vive en el mundo de la fantasía. Lo dicho implica, que los ataques a la independencia e imparcialidad del juez o tribunal no se lleva solo a cabo por los poderes políticos, sino que, también, en ocasiones, los propios jueces debilitan con sus actuaciones impregnadas de ideología al poder judicial, pues destruyen la confianza de los ciudadanos en la justicia (todos somos conscientes de esa realidad negativa).

La garantía de la imparcialidad objetiva exige, en todo caso, que con su iniciativa el juzgador no emprenda una actividad inquisitiva encubierta, de manera, que lo que debe evitarse, es que el juez asuma el mismo rol indagatorio que la acusación y la defensa; dicho de otra forma, que no sea juez y parte, adentrándose en los caminos ignotos de una posible prevaricación.

Un ejemplo palpable y reciente de lo dicho -control político y resolución ideologizada-, es la del Tribunal Constitucional referida a la candidatura de Toni Cantó; la resolución de apartar a Cantó, apoyada por la Fiscalía, ha salido adelante con el voto de calidad del presidente del Constitucional, Juan José González Rivas y los progresistas Cándido Conde-Pumpido y Asunción Balaguer (ponente); así mismo, los magistrados conservadores Andrés Ollero, Santiago Martínez-Vares y Alfredo Montoya que defendían la inclusión de Cantó en las listas, han anunciado votos particulares.

¿En manos de quien estamos en el Tribunal Constitucional?, vamos como en Alemania.

Es una vergüenza, que da susto y que se adentra dentro del mundo oscuro de la presunta prevaricación. ¿Quién puede confiar en la independencia del Tribunal Constitucional?

Si el pueblo del que emana la autoridad del poder judicial no confía en él, porque ve, que ese mismo poder está controlado por los grupos políticos dominantes o por jueces ideologizados, la opinión de los españoles en la justicia se derrumbará por un precipicio de desconfianza.

N.B.  ElEstado de Derecho, la división de poderes, la imparcialidad y la independencia del poder judicial, como sus asociaciones, nacen de la soberanía del Pueblo, de forma, que la justicia es de los españoles y su independencia, también, es de ellos; que nadie crea ni defienda, que es un privilegio de los jueces, sino que es un derecho de los ciudadanos.

Por otro lado, es algo indiscutible, queel Poder Judicial se diluye en España, estando en serio peligro nuestro Estado de Derecho y la división de poderes, destruyéndose, a la vez, la confianza del pueblo en la justicia:

La única verdad es, que, si hay jueces embridados, hay   ciudadanos desconfiados de la justicia, de manera, que sin división de poderes real y efectiva no existe estado de derecho.

La confianza de los españoles en la justicia está en bajada permanentede manera, que es casi imposible, encontrar a alguien que crea que existe la independencia judicial, máxime, cuando se contemplan, las actuaciones de los partidos políticos para controlar el poder judicial y de algunos jueces pendientes de su ideología y no de la aplicación justa y respetuosa de la Ley, lo que resulta a los ciudadanos algo perverso y peligroso.

Córdoba, a 16 de abril de 2020

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

La independencia del Poder Judicial se diluye en España (Estado de Derecho y división de poderes)

Después de ver la resolución del Tribunal Constitucional de Alemania sobre el Fondo de Recuperación de la U. E., la verdad es, que se siente un poco de envidia, al ver que allí existe división de poderes real y efectiva, aunque se lamente el retraso que supondrá para España de esos fondos, que necesitamos con urgencia.

En nuestro País el Estado de Derecho y su división de poderes está diluyéndose como un azucarillo, así, veamos ejemplos claros de esa disolución, que aumenta día a día:

* El PSOE y Podemos han aprobado en el Congreso una Ley que paraliza y maniata el C. G. P. J., de manera, que por si le faltaba algo al poder judicial, ahora no se pueden hacer nombramientos de jueces y magistrados, entre otras muchas limitaciones más acordadas contra el órgano de gobierno de los jueces.

* Desde que se aprobó el estado de alarma el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo están en “stand by” (en espera), de manera, que los particulares han visto como solo se tramitan asuntos políticos, ya que, cuando se trata de ciudadanos que piden cobijo y amparo a esos tribunales, solo encuentran, en general, obstáculos insuperables de inadmisión.

* La fiscalía General del Estado ya se sabe, que solo funciona al mandato del Gobierno, aunque, no hay que confundir a la cúpula de la Fiscalía con el cuerpo de fiscales, que son muchos e independientes.

* Los funcionarios (sindicato CSIF) avisan del atasco judicial que causa el Gobierno, ya que, los casos pendientes se han disparado un 30%, pese a que los asuntos que han entrado en los tribunales han descendido un 12% por el confinamiento.

* La U. E. ya le ha dado a España avisos sobre la independencia del poder judicial, así que, esperemos, que no le pase a España como a Polonia, y, que algunos Estados miembros no utilicen su derecho de veto por esa causa, retrasando la llegada de los fondos de recuperación de Europa, ya que, la condicionalidad del estado de derecho tiene una gran influencia en Europa.

* Las asociaciones de jueces ya han demostrado públicamente su preocupación por la independencia del poder judicial, y, sus efectos nocivos para nuestro Estado Social y Democrático de Derecho, consagrado en la Constitución Española vigente. 

*** Se podrá discutir el estado actual de la independencia del poder judicial en España, pero es innegable, que motivos de preocupación sobre la división de poderes real y efectiva en nuestro país existen sin la menor duda.

Sin un poder judicial independiente de verdad no existe la democracia y el estado de derecho que la sustenta, máxime, si como ocurre ahora en España estamos sometidos por un estado de alarma inconstitucional con nuestros derechos y libertades sometidos, restringidos, si no eliminados de raíz. No hay más que leer el art. 116 de la Constitución sobre los estados de alarma, excepción y de sitio para comprobar, que un estado de alarma no puede afectar a los derechos fundamentales limitándolos o eliminándolos.

En estos días aciagos en todos los sentidos, ya hay voces que piden más prórrogas del estado de alarma, que imagino, debe ser porque no han tenido bastante con lo que ha caído sobre nuestras libertades, como pueden ser, la anulación del Congreso, el abuso de legislar por Decretos Leyes (creo que van 35), la falta de transparencia del Gobierno en muchos asuntos, la invasión y toma  de las instituciones del Estado (CIS, TVE, el abuso policial de la fuerza vulnerando derechos fundamentales, etc.), cuando lo que realmente hace falta y hay que reclamar, es una vacunación urgente para todos cuanto antes, como muchos países están haciendo, y, realizar, a la vez, por todos los poderes públicos, sin excepción, una información veraz inmediata y completa sobre la pandemia, haciendo, que participe la sociedad civil en la lucha y control de la enfermedad.

*** Una gran mayoría de personas en España creen, que no hay independencia efectiva de poderes, y, además, en relación con el Poder Judicial, su falta de independencia ha sido denunciada muchas veces en los últimos años, por personas competentes y autorizadas, ajenas al ámbito político.

A la independencia judicial se refieren el artículo 117.1 de la Constitución de 1978, que dice: La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley; así como, también, en el artículo 1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio del Poder Judicial.

Ya en abril de 2019 según un Eurobarómetro (4/19) más de la mitad de los españoles (55%) calificaba de -mala- la independencia de los jueces y tribunales en España, y, asimismo, una mayoría de empresas españolas (57%) creía, que la independencia del sistema judicial español era -mala-.

Pues bien, después de todo lo expuesto, es una evidencia, que ahora en 4/2021 la opinión de los españoles sobre la independencia del poder judicial no es que sea mayoritariamente mala, sino que está por los suelos, empezando por los propios jueces y sus asociaciones, que se califican de conservadora, progresista, de centro e incluso de Foro Independiente, lo que por sí mismo ya es un indicativo de su control ideológico, ya que, todos pensábamos, que todos los jueces eran independientes.

*** Conviene citar aquí, el Código de Ética Judicial, que sintéticamente es preciso recordar, aunque parece que a muchos se les olvida o bien soslayan sus principios de una u otra manera, así:

PRINCIPIOS DE ÉTICA JUDICIAL (Texto final acordado en la sesión celebrada el día 16 de diciembre de 2016)

Preámbulo. Estos “Principios de Ética Judicial” aspiran a recoger los valores y reglas de conducta compartidos por la judicatura española. Pretenden servir de guía en el desempeño de la jurisdicción y promover el diálogo colectivo y la reflexión personal sobre los retos a los que se enfrentan quienes la ejercen, en un marco legal y social complejo y cambiante. Se proponen, además, fortalecer la confianza de la ciudadanía en la justicia al hacer explícitos los modelos de comportamiento con arreglo a los cuales jueces y juezas se comprometen a cumplir sus funciones.

La ética judicial es la promesa de una justicia buena en cuanto incorpora las cualidades necesarias para lograr el fin que le asigna la Constitución: la tutela de los derechos de la ciudadanía.

Principios. 

Independencia. La independencia judicial es un derecho de todo ciudadano y ciudadana cuya protección y defensa forma parte inexcusable de los deberes profesionales del juez y de la jueza, y no un privilegio personal de su estatuto.

Imparcialidad. La imparcialidad judicial es la ajenidad del juez y de la jueza respecto de las partes, para con las que han de guardar una igual distancia, y respecto del objeto del proceso, con relación al cual han de carecer de interés alguno.

El juez y la jueza no pueden mantener vinculación alguna con las partes ni mostrar favoritismo o trato preferencial que ponga en cuestión su objetividad ni al dirigir el proceso ni en la toma de decisión.

 La imparcialidad impone una especial vigilancia en el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades de las partes y demás intervinientes en el proceso.

La imparcialidad impone también el deber de evitar conductas que, dentro o fuera del proceso, puedan ponerla en entredicho y perjudicar la confianza pública en la justicia

El juez y la jueza han de velar por el mantenimiento de la apariencia de imparcialidad en coherencia con el carácter esencial que la imparcialidad material tiene para el ejercicio de la jurisdicción. 

Integridad. La integridad exige que el juez y la jueza observen una conducta que reafirme la confianza de los ciudadanos en la Administración de Justicia no solo en el ejercicio de la jurisdicción, sino en todas aquellas facetas en las que sea reconocible como juez o jueza o invoque su condición de tal.

El juez y la jueza en sus relaciones personales con los profesionales vinculados a la Administración de Justicia deberán evitar el riesgo de proyectar una apariencia de favoritismo.

*** Finalmente, destacar algo indiscutible, que es el hecho de que la confianza de los ciudadanos en la justicia y su independencia en España está bajo mínimos, y, no por las actuaciones y resoluciones de la mayoría de los jueces, sino por el control ideológico y político a que está sometido el poder judicial, de manera, que muchas veces, según el juez o tribunal que te toque, ya se sabe por donde caerá la resolución, sobre todo, cuando entran en juego intereses políticos en los temas enjuiciados.

Si el pueblo del que emana la autoridad del poder judicial no confía en él, como está ocurriendo ahora, y, si ese mismo poder está controlado por el poder político establecido y dominante, la opinión y la confianza de los españoles sobre la independencia del poder judicial no es que esté bajo mínimos, es que se ha precipitado por un precipicio insoldable.

La paralización de la renovación del CGPJ, la Ley que paraliza y maniata al Consejo, las asociaciones de jueces politizadas, la situación “en espera” del T. C. y, en parte, del T. S. proyectan una imagen de la división de poderes y de la independencia del poder judicial de España muy negativa para los ciudadanos de a pie, que no entienden nada y desconfían de lo que ven, a la vez, que fuera de nuestras fronteras se nos empieza a ver, como un País en el que no se puede confiar en materia de justicia.     

N.B.  Es algo indiscutible, que el Poder Judicial se diluye en España, estando en serio peligro nuestro Estado de Derecho y la división de poderes, de manera, que desaparece día a día la independencia judicial, destruyéndose, a la vez, la confianza del pueblo en la justicia.

La única verdad es, que, si hay jueces embridados, hay   ciudadanos desconfiados de la justicia, de manera, que sin división de poderes no existe estado de derecho.

El autoritarismo a la menor oportunidad limita las libertades, de forma, que si seguimos avanzando en esta carrera de despropósitos inconstitucionales acabaremos mal, ya que, en España, ahora mismo, nuestros derechos y libertades están en peligro, al no existir respeto a la Ley por los poderes públicos, ni libertad, ni justicia, ni igualdad, y, por si faltara algo, se quiere terminar con la división de poderes y con la independencia del Poder Judicial.

La confianza de los españoles en la justicia está en bajada permanente, de manera, que es casi imposible, encontrar a alguien que crea que existe la independencia judicial, máxime, cuando se contemplan las actuaciones de los partidos políticos para apoderarse y controlar el poder judicial, que resulta a los ciudadanos algo perverso y peligroso para ellos.

Córdoba, a 10 de abril de 2020

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Buenas noticias – un pedrusco – Tasa Google – Fondos de Recuperación U. E. (opacidad, pensiones, incertidumbre y desesperanza)

España no deja de producir buenas noticias, que se expanden sin control por la U. E., Europa y el extenso mundo internacional (EE. UU., China, Marruecos, y, un larguísimo etc. de países), a la vez, que en la Nación continúan las broncas del Gobierno, la dispersión territorial, la extensión de la pandemia, la vacunación desigual e insuficiente, las subidas indiscriminadas de impuestos, el descontrol del gasto, a la vez, que crece la ruina y la destrucción de nuestro tejido productivo, aumenta la deuda y el déficit y los fondos europeos se retrasan y peligran, así, veamos algunas de las buenas nuevas:

*  Crece el miedo a que las ayudas europeas se retrasen por culpa de las broncas internas en el Gobierno; a nadie se esconde, que la Vicepresidenta, Sr.ª. Calviño, tuvo que rebajar la apuesta prometida en Bruselas sobre las reformas de pensiones y laboral, a la vez, que el M. de S. S. Escrivá (a pesar de lo dicho al Comisario de Economía) puso la marcha atrás en la reforma publicitada de las pensiones, diciendo, no he dicho eso; quedando claro, que, el Sr. Escrivá tiene o presenta dos caras, una en la U. E. y otra en nuestro País en este asunto clave de la S. S.; mientras, en el ámbito laboral, la M. de Trabajo, Yolanda Díaz, quiere cargarse los aspectos esenciales de la reforma laboral.

* Así mismo, el Reglamento del Fondo de Recuperación y Resiliencia prevé, que su concesión se controle por Bruselas cada seis meses, pudiendo ser vetado e interrumpido por la denuncia de un solo estado miembro en cualquier momento.

Las distorsiones negativas en la vacunación ponen en riesgo grave la recuperación, y, las ayudas europeas vienen advirtiendo de cosas muy perjudiciales para España, ya que su llegada no está asegurada según mentideros oficiales de la U. E.

Por si faltara algo, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, advierte de una doble recesión en la UE por la aceleración, que ha sufrido, el crecimiento de la pandemia.

* EEUU avisa que actuará contra la -discriminatoria- tasa Google, pues, dejando a un lado, los halagos fatuos al Presidente Sr. Biden, la pela es la pela, aunque, sea un hecho cierto, por ejemplo, que, parece, que Inditex paga en España, casi 15 veces más impuestos que Apple, Amazon, Facebook y Google juntas.

* Conocemos, que la contestación de Sanidad, en un alarde de transparencia, a un preguntón, que le pedía conocer el sueldo de Fernando Simón (Director del Centro de Alertas y Emergencias), es que se trata de un asunto de -gran complejidad- y que no puede responder antes de dos meses.

*** Es una realidad, que España está situada en la opacidad, en la incertidumbre y en la desesperanza, y, precipitándose en la ruina política, económica, social y sanitaria, confiándose todo por un Gobierno manirroto en las ayudas europeas, que solo unos pocos elegidos sabrán cuando llegaran si llegan, mientras, los españoles asistimos, presos de un estado alarmante, a la destrucción sistemática de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho constitucional, empezando por la división de poderes y la eliminación progresiva de nuestros derechos y libertades fundamentales, como la libertad de expresión y el derecho a una información veraz, que garantiza el art. 20 de la C. E.

La verdad es, que caben todas las opiniones, pero, para cualquier observador imparcial, es una realidad, que vamos cuesta abajo y sin frenos, siendo lo peor de todo, que no solo dentro del Gobierno de España, sino que, nadie presenta una oferta colectiva de unión, que consiga, el menos, en algún asunto, una fuerza común centrípeta, que inicie el camino de una recuperación verdadera asumida por todos y para todos.

N.B.  Es cierto, tenemos buenas noticias, un pedrusco opaco, una Tasa Google, unos Fondos de Recuperación U. E. en almoneda, un estado alarmante, unas limitaciones de derechos y libertades manifiestas, una división de poderes en regresión (lo dice a gritos el propio CGPJ), etc., de forma, que, todo junto y a la vez, producen opacidad, incertidumbre, desesperanza y pérdida de prestigio y confianza fuera y dentro de España.

Si seguimos perdiendo prestigio internacional (incluso, entre nuestros propios socios y aliados de la U. E., la cosa no pinta bien, pues, la confianza en el funcionamiento de nuestro Estado de Derecho, de nuestras instituciones democráticas, y, de los principios básicos de cualquier democracia que funcione, como la seguridad jurídica, la igualdad, la no discriminación, la libertad, la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos y del resto de ellos), la recuperación política, social, económica y sanitaria solo será una entelequia en España.

En España, se quiera admitir o no, peligran la división de poderes, el estado de derecho, la libertad de expresión y otros derechos y libertades, estando nuestra democracia maltratada por un Gobierno de tintes colectivos, que intenta, una y otra vez, demoler la Constitución de 1978, además, sin que exista un control legal ni judicial independiente.

Se puede negar, pero realmente es así, de forma, que, si seguimos pegándonos tiros en los pies y girando todo sin control verdaderolas consecuencias serán nefastas para la gran mayoría de los ciudadanos españoles.

Córdoba, a 25 de enero de 2021

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

En manos de Europa (prohibición despido – CGPJ – pensiones)

Los jueces de la U. E., al paso que vamos, no van a dar abasto con los problemas que les echan encima desde España, así:

1.- La prohibición del Gobierno de despedir a las empresas acogidas a un erte acabará en manos de los jueces de la UE, ya que, no son pocos los Magistrados de lo Social, que dicen que remitirán este asunto al TJUE, por ser una norma contraria al Tratado de la Unión Europea, (TUE) y a la Carta Europea de Derechos Fundamentales, que establece, entre otros, el principio de libre empresa.

2.- El CGPJ parece, que, si no se retira la tramitación urgente de la proposición de ley del Gobierno, PSOE y U.P. sobre las limitaciones a sus funciones, se va a plantar ante la Instituciones Europeas.

3.- El asunto de las pensiones y su reforma ha entrado en un bucle que gira sin fin y lleva camino de incrustarse en la U. E. con todos sus efectos nocivos.

4.- El tema de los Fondos de Recuperación, con la condicionalidad del estado de derecho, lleva el signo de la discordia y del veto de algún estado miembro a España, sirva solo de ejemplo, además, de lo expuesto, el vidrioso problema del Ministerio de la Desinformación.

Debe ser, que no tenemos en España asuntos prioritarios y urgentes, como, la expansión descontrolada de la pandemia, los planes de vacunación perdidos en el marasmo autonómico, en el M. de Sanidad a tiempo parcial, en la falta de vacunas, incluso para los sanitarios, como está ocurriendo en Madrid, y, en los políticos okupas de vacunas, el paro, la deuda, el déficit, destrucción del tejido productivo, la ruina económica, y, así, un larguísimo etc. de problemas desatinados, al parecer sin solución y sin que nadie intente una solución política consensuada.

Como conclusión, se conoce hoy la noticia, de que Pfizer reducirá en un 17% el envío de la vacuna a España a partir del próximo lunes, de manera, que, si no vamos todos unidos, la pandemia y sus distintas olas, que ya son maremotos, acabará con nuestros problemas por eliminación y destrucción masiva.

N.B.  Es cierto, que al final, estamos en manos de Europa, pero, sin duda, todo tiene un límite, que reside en la confianza de nuestros aliados-socios en España y en sus instituciones democráticas, de forma, que, si al término de la travesía solo vemos frugales, desconfianza e incertidumbre para con nosotros, que nadie se extrañe ni se queje.

Europa, el BCE, las Instituciones de la U. E. están mostrando una paciencia y una generosidad tremenda con España, pero si seguimos el camino de la dispersión, de la división y de independizarnos todos unos de otros, acudiendo todos en tropel a la Justicia de la Unión, ni los fondos de recuperación llegarán ni habrá solución posible a nuestros verdaderos problemas, aunque está claro, que en todos los asuntos existen unos responsables y, salvo otra opinión más justa, la responsabilidad comienza siempre por el que manda de mayor a menor y sin excluir a nadie. Es decir, primero el Gobierno de España y, después, siguiendo el orden de responsabilidad todos los demás, siendo el último el pueblo en el reside la soberanía y el poder.

Córdoba, a 21 de enero de 2020

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

 

Información veraz y participación social (generar confianza con medidas aceptadas por todos)

A parte de la desconfianza de los españoles ante las actuaciones cambiantes, llenas de ocultismo y de ineficacia probada de todas las administraciones públicas (especialmente, Gobierno de España y CC. AA.), el mayor defecto en nuestro País frente a la pandemia ha sido la falta de información veraz a los ciudadanos y la falta de participación social en cualquier toma de decisiones.

Se mire como se mire, no es posible implantar medidas de control, si los poderes públicos no se comprometen con sus ciudadanos, se les informa y educa de forma permanente e inmediata de toda la situación y se genera confianza, poniendo solo en valor las normas que los españoles están de acuerdo en cumplir convencidos de su utilidad y verdad, lo que significa, sin duda, que toda la sociedad civil debe participar en la toma de decisiones en cada momento y lugar, ya que, lo contrario, solo lleva a la desesperanza, a la desconfianza y a una absoluta falta de control, tal y como ha ocurrido y sigue ocurriendo en España.

Solo como recordatorio de la desinformación ciudadana, ¿quién no recuerda frases y hechos desmentidos por sí mismos y que ya forman parte de una histórica información desgraciada?

* Esto es una simple gripe.

* Las mascarillas no son necesarias.

* En España apenas tendrá incidencia.

* El fantasmal “comité de expertos” demostrado inexistente.

* La cifra de fallecidos desconocida.

* El ignoto número de contagiados.

* La vacuna para diciembre, etc. etc.

Sin una información veraz permanente, que permeabilice a toda la población, permitiendo un conocimiento inmediato, claro y permanente de los niveles de infección, es imposible crear un compromiso social contra la pandemia, que lleve a la opinión pública a aceptar un conjunto de medidas concertadas por toda la sociedad civil y los poderes públicos, sin olvidar, que no se trata solo de medidas sanitarias, sino también económicas, que posibiliten conservar nuestro tejido productivo y, a la vez, hacer realidad un fortalecimiento de nuestras estructuras de salud, dotándolas de los medios personales y materiales precisos.

Así mismo, sin una educación sobre la situación con la sociedad civil concertada por los poderes públicos, no será posible realizar una recuperación adecuada en los niveles políticos, sociales y sanitarios, y, siempre, en base a normas creíbles y consensuadas con los ciudadanos.

En resumen, si seguimos así, en la desinformación sin medidas concertadas entre todos, luchando unos contra otros, buscando solo beneficios particulares, sean o no lícitos y legales, es una evidencia, que seguiremos como estamos, a la cola del mundo civilizado en la lucha contra la pandemia y en la recuperación económica, de forma, que ahora, si es verdad, el grito de nos va la vida en ello.

N.B.  Sin información veraz y participación social, generando por todos los poderes públicos confianza con medidas aceptadas por todos, no hay solución posible.

Muchos países de la U.E., de la zona euro, de Europa y del resto del mundo civilizado lo están haciendo, de manera, que nadie se escude en su propia estulticia, creyendo que los españoles somos un atajo de inútiles e indisciplinados incapaces de comprender la grave situación en la que estamos, ya que, o salimos juntos trabajando unidos o nos estrellamos juntos, tal y como está pasando ahora en España.

Finalmente, el espectáculo político diario en nuestro País es, simplemente, una vergüenza, pero que nadie crea, que puede hacer lo que quiera porque nadie nos ve; la realidad demuestra, que en un mundo globalizado todo se sabe por todos y las ayudas exteriores ni son suficientes ni serán para siempre.

Por ahora, somos los primeros en lo malo, pero lo peor, es que estamos escalando día a día y sin pausa a la cumbre de la desconfianza, no solo dentro de España y con nuestros ciudadanos, sino, también, en Europa y en el resto del mundo, y que nadie lo dude, la confianza es un bien difícil de ganar, fácil de destruir y casi imposible de recuperar, especialmente, en un mundo extremadamente competitivo y en continuo cambio.

Córdoba, a 26 de septiembre de 2020

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.