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La trampa del voto útil – El despertar del votante exigente – (Coherencia en los mítines y pactos en los despachos)

De la ruptura del «Contrato con España» al refugio institucional en la Cámara Alta

La reciente configuración de las candidaturas electorales de cara a la próxima cita con las urnas del 29 de noviembre ha vuelto a poner de manifiesto una de las mayores patologías de la política contemporánea en España:

“El abismo insondable que separa los grandes discursos sobre el rigor, la regeneración y el mérito de la cruda realidad del tacticismo orgánico en los territorios”.

Cuando el Partido Popular concurre a unas elecciones generales exigiendo la aplicación estricta de un «Contrato con España» basado en la verdad, la contención fiscal y la batalla cultural contra la izquierda, el contraste con decisiones concretas en provincias como Córdoba resulta desconcertante. La designación de Salvador Fuentes Lopera -presidente de la Diputación Provincial de Córdoba- como cabeza de lista al Senado destapa una anomalía estructural demoledora:

“La profesionalización exclusiva en el aparato de partido y la consiguiente desconexión entre la gestión técnica y la representación institucional, dinamitando por el camino los principios de igualdad, mérito y capacidad”.

I. El perfil de “aparato puro” y la ausencia de gestión en la economía real.

La trayectoria biográfica de Salvador Fuentes se circunscribe de manera ininterrumpida al ecosistema de la política orgánica e institucional (concejal, diputado provincial, diputado autonómico y teniente de alcalde). Este perfil de “aparato puro” -que comparte similitudes estructurales con figuras del ala contraria como el ministro Óscar Puente- evidencia una peligrosa desconexión con la realidad productiva del ciudadano de a pie.

Quien jamás ha gestionado una empresa privada, no ha arriesgado un patrimonio personal ni se ha enfrentado a las tensiones del mercado laboral, tiende a concebir la administración pública no como un servicio austero y eficiente, sino como un recurso de asignación de poder y cuotas orgánicas.

***Lo anterior explica con absoluta claridad por qué en la Diputación de Córdoba se ha asumido un pragmatismo de trinchera que ha pulverizado los principios ideológicos del Partido Popular:

**Pactos presupuestarios contra natura con Izquierda Unida para comprar “paz de despacho”.

**Financiación de la agenda del adversario mediante partidas dedicadas a la memoria democrática, apertura de fosas, aumento del gasto público y subvenciones a fondo perdido para empresas públicas ruinosas.

**Opacidad y falta de auditorías de eficiencia en entes públicos deficitarios como EMPROACSA (agua) y EPREMASA (basuras), acompañadas del consiguiente incremento de tasas e impuestos al contribuyente.

II. La contradicción institucional – (De la gestión provincial al Senado).

Si el Sr. Fuentes no gestiona con rigor en la Diputación, difícilmente podrá defender a Córdoba en el Senado. La contradicción lógica es de una enorme gravedad. El Senado es, por definición constitucional, la Cámara de representación territorial donde deben defenderse con solvencia los intereses económicos, fiscales e infraestructurales de la provincia.

Si como gestor público se aplica en el Palacio de la Merced una “doble contabilidad” -plegándose a las exigencias de la izquierda a cambio de estabilidad orgánica-, malamente podrá erigirse en Madrid como el adalid de la ortodoxia fiscal y la defensa intransigente del centro-derecha. El aparato del Partido Popular está utilizando la Cámara Alta como un destino de blindaje político o refugio institucional para cargos orgánicos provinciales, alejándolos del desgaste de la gestión municipal en lugar de reservarlo para perfiles con acreditada autoridad moral y solvencia profesional fuera de la política.

III. El mito del «voto cautivo» y el desmantelamiento del voto útil.

Uno de los mayores errores de cálculo de los aparatos orgánicos en periodo electoral es dar por sentado que el elector de centro-derecha es un activo cautivo; es decir, asumir que por miedo a la izquierda o por inercia ideológica aceptará cualquier decisión de despacho y votará disciplinadamente lo que le impongan desde la cúpula.

Esa soberbia ignora una realidad incontestable: “El electorado actual está hiperinformado, es profundamente exigente y ya no concede cheques en blanco”.

***La designación de Fuentes como número uno al Senado actúa como un acelerador de la crisis de confianza por tres vías:

1.- La quiebra de la ejemplaridad: El ciudadano exige coherencia entre lo que se predica en los mítines nacionales y lo que se ejecuta en los presupuestos provinciales.

¿Cómo se puede exigir rigor presupuestario y batalla de ideas mientras en el ámbito local se pacta con la izquierda y se financia su agenda ideológica?

2.- Indefensión de los intereses cordobeses: Un representante cuya lealtad histórica ha sido la disciplina de aparato difícilmente levantará la voz en Madrid contra las directrices de su dirección nacional ni priorizará las necesidades reales de Córdoba frente a la consigna orgánica.

3.- La falacia del “voto útil sin garantías”: Se nos repite machaconamente que hay que cerrar filas y votar a ciegas, sin embargo, el verdadero voto útil no es el que blanquea el clientelismo orgánico, sino el que exige coherencia. Premiar con un puesto en las Cortes Generales a quien ha devaluado el mensaje doctrinal convierte el voto en una patente de corso, desactiva la movilización y acelera tanto la abstención reflexiva como el trasvase directo de votos hacia formaciones como VOX.

Una candidatura con estas características equivale a hacerle el trabajo al adversario, ya que, revela una prepotencia que explica por qué el Partido Popular no crece cuando debería arrasar, por qué VOX se fortalece día a día y por qué la izquierda logra mantenerse en pie cuando debería estar hundida.

Conclusión.

El caso de Córdoba pone al descubierto la peor anomalía de nuestro sistema:

“la sustitución del mérito, la capacidad y la fidelidad al ciudadano por la sumisión ciega a las estructuras orgánicas”.

Un político cuya única escuela ha sido el aparato y cuyo principal logro ha sido el apaciguamiento presupuestario a costa de mercadear con sus principios trasladará a la Cámara Alta la misma lógica de supervivencia táctica que ha demostrado en la Diputación.

Frente a quienes confunden las siglas con un salvoconducto para hacer lo contrario de lo que prometen, la verdad, el rigor y los principios se demuestran en cada tasa, en cada subvención y en cada presupuesto. Desmontar esta doble contabilidad con hechos probados es una tarea cívica indispensable.

El próximo 29N, el votante de centro-derecha tiene la palabra para recordar que la confianza ni se regala ni se negocia en los despachos.

N.B. Imágenes.La trampa del voto útil – El despertar del votante exigente – (Coherencia en los mítines y pactos en los despachos)

1ª. Imagen.

2ª. Imagen.

Córdoba, 1 de noviembre de 2026

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado. Inspector de Trabajo y S.S.

Exconcejal del Ayuntamiento de Córdoba, exdiputado provincial y exdiputado del Parlamento de Andalucía.

La invasión de los partidos – (Cuando el carné político expulsa al mérito profesional)

El artículo 103 de nuestra Constitución no es una sugerencia, sino que es un mandato imperativo constitucional, que dice, que la Administración debe servir con objetividad y que el acceso a ella se rige por el mérito y la capacidad. Sin embargo, hoy vemos diariamente una realidad paralela, que se materializa en una “colonización” silenciosa donde la lealtad al partido ha sustituido a la competencia técnica.

1.- El triunfo de la “confianza” sobre la “capacidad”.

En España hemos pasado de una Administración profesional a una de “cargos de confianza política”, de manera, que el abuso de la libre designación y la hipertrofia de asesores (personal eventual) están arrinconando a los funcionarios de carrera.

*El dato: Según la OCDE, España es uno de los países con mayor politización en su alta dirección pública.

*La consecuencia: Las decisiones estratégicas ya no las toman los mejores preparados, sino los más fieles a la sigla de turno.

2. El “fraude de la accidentalidad” en los Ayuntamientos.

Si hay un lugar donde esta invasión política es crítica, es en la Administración Local, porque los secretarias/os e interventoras/es (FHN) son los garantes de la legalidad y el control del dinero público.

Ocurre  a la vista de todos, sin embargo, que se está utilizando una “patología sistémica” para sortear su independencia, que es su nombramiento accidental.

<-Plazas vacantes: Se dejan plazas sin convocar a propósito para colocar a personas sin la titulación o la oposición requerida.

<-Interventores “prisioneros”: Un interventor accidental no tiene la inamovilidad del funcionario de carrera, ya que, si se le ocurre poner un reparo incómodo para el Alcalde, será  ser cesado a la mañana siguiente, lo que implica que este sistema arbitrario aniquila el control de legalidad y abre la puerta a la corrupción.

3.- La erosión del Estado de Derecho.

Esta sustitución de la tecnocracia por el partidismo no es solo mala gestión, sino que supone un cambio de modelo muy caro para el ciudadano y para nuestro estado de derecho, porque conlleva:

*Inseguridad Jurídica: Directivos sin formación generan actos administrativos deficientes que terminan en los juzgados, colapsando el sistema.

*Desviación de Poder: Se utiliza la facultad de organizar la administración no para mejorar el servicio, sino para “colocar” a afines.

*Controles tardíos: Al eliminar al “perro de guardia” interno (el funcionario independiente), el control solo llega a través de los jueces, años después de que el daño (o el desfalco) se haya producido.

<<Resumen del impacto por niveles>>

Nivel de PoderHerramienta de ControlEfecto Real
Estado / CC.AA.Abuso de libre designación.Políticas basadas en intereses electorales, no generales.
AyuntamientosSecretarios/Interventores a “dedo”.Debilitamiento del control del gasto y riesgo de corrupción.
DiputacionesMacro-estructuras de asesores.Fuga de dinero público hacia redes clientelares.

Conclusión. (Un aviso a navegantes).

La defensa del mérito y la capacidad no es una cuestión corporativa de los funcionarios, sino que la única garantía que tiene el ciudadano contra la arbitrariedad del poder.

Como bien advierten organismos internacionales, la “invasión” de los partidos en la esfera pública supone la extinción soterrada del Estado de Derecho. Si la administración deja de ser neutral, deja de ser de todos para ser solo de “ellos”.

N.B. La invasión de los partidos se está produciendo en España, cuando el carné político expulsa al mérito profesional, de forma, que los controles y equilibrios legales desaparecen y surge la arbitrariedad contraria a nuestro Estado de Derecho.

Córdoba, 22 de febrero de 2026.

Enrique García Montoya.

 Abogado, ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Presidente, Córdoba Abierta -ACOA-.