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La trampa del voto útil – El despertar del votante exigente – (Coherencia en los mítines y pactos en los despachos)

De la ruptura del «Contrato con España» al refugio institucional en la Cámara Alta

La reciente configuración de las candidaturas electorales de cara a la próxima cita con las urnas del 29 de noviembre ha vuelto a poner de manifiesto una de las mayores patologías de la política contemporánea en España:

“El abismo insondable que separa los grandes discursos sobre el rigor, la regeneración y el mérito de la cruda realidad del tacticismo orgánico en los territorios”.

Cuando el Partido Popular concurre a unas elecciones generales exigiendo la aplicación estricta de un «Contrato con España» basado en la verdad, la contención fiscal y la batalla cultural contra la izquierda, el contraste con decisiones concretas en provincias como Córdoba resulta desconcertante. La designación de Salvador Fuentes Lopera -presidente de la Diputación Provincial de Córdoba- como cabeza de lista al Senado destapa una anomalía estructural demoledora:

“La profesionalización exclusiva en el aparato de partido y la consiguiente desconexión entre la gestión técnica y la representación institucional, dinamitando por el camino los principios de igualdad, mérito y capacidad”.

I. El perfil de “aparato puro” y la ausencia de gestión en la economía real.

La trayectoria biográfica de Salvador Fuentes se circunscribe de manera ininterrumpida al ecosistema de la política orgánica e institucional (concejal, diputado provincial, diputado autonómico y teniente de alcalde). Este perfil de “aparato puro” -que comparte similitudes estructurales con figuras del ala contraria como el ministro Óscar Puente- evidencia una peligrosa desconexión con la realidad productiva del ciudadano de a pie.

Quien jamás ha gestionado una empresa privada, no ha arriesgado un patrimonio personal ni se ha enfrentado a las tensiones del mercado laboral, tiende a concebir la administración pública no como un servicio austero y eficiente, sino como un recurso de asignación de poder y cuotas orgánicas.

***Lo anterior explica con absoluta claridad por qué en la Diputación de Córdoba se ha asumido un pragmatismo de trinchera que ha pulverizado los principios ideológicos del Partido Popular:

**Pactos presupuestarios contra natura con Izquierda Unida para comprar “paz de despacho”.

**Financiación de la agenda del adversario mediante partidas dedicadas a la memoria democrática, apertura de fosas, aumento del gasto público y subvenciones a fondo perdido para empresas públicas ruinosas.

**Opacidad y falta de auditorías de eficiencia en entes públicos deficitarios como EMPROACSA (agua) y EPREMASA (basuras), acompañadas del consiguiente incremento de tasas e impuestos al contribuyente.

II. La contradicción institucional – (De la gestión provincial al Senado).

Si el Sr. Fuentes no gestiona con rigor en la Diputación, difícilmente podrá defender a Córdoba en el Senado. La contradicción lógica es de una enorme gravedad. El Senado es, por definición constitucional, la Cámara de representación territorial donde deben defenderse con solvencia los intereses económicos, fiscales e infraestructurales de la provincia.

Si como gestor público se aplica en el Palacio de la Merced una “doble contabilidad” -plegándose a las exigencias de la izquierda a cambio de estabilidad orgánica-, malamente podrá erigirse en Madrid como el adalid de la ortodoxia fiscal y la defensa intransigente del centro-derecha. El aparato del Partido Popular está utilizando la Cámara Alta como un destino de blindaje político o refugio institucional para cargos orgánicos provinciales, alejándolos del desgaste de la gestión municipal en lugar de reservarlo para perfiles con acreditada autoridad moral y solvencia profesional fuera de la política.

III. El mito del «voto cautivo» y el desmantelamiento del voto útil.

Uno de los mayores errores de cálculo de los aparatos orgánicos en periodo electoral es dar por sentado que el elector de centro-derecha es un activo cautivo; es decir, asumir que por miedo a la izquierda o por inercia ideológica aceptará cualquier decisión de despacho y votará disciplinadamente lo que le impongan desde la cúpula.

Esa soberbia ignora una realidad incontestable: “El electorado actual está hiperinformado, es profundamente exigente y ya no concede cheques en blanco”.

***La designación de Fuentes como número uno al Senado actúa como un acelerador de la crisis de confianza por tres vías:

1.- La quiebra de la ejemplaridad: El ciudadano exige coherencia entre lo que se predica en los mítines nacionales y lo que se ejecuta en los presupuestos provinciales.

¿Cómo se puede exigir rigor presupuestario y batalla de ideas mientras en el ámbito local se pacta con la izquierda y se financia su agenda ideológica?

2.- Indefensión de los intereses cordobeses: Un representante cuya lealtad histórica ha sido la disciplina de aparato difícilmente levantará la voz en Madrid contra las directrices de su dirección nacional ni priorizará las necesidades reales de Córdoba frente a la consigna orgánica.

3.- La falacia del “voto útil sin garantías”: Se nos repite machaconamente que hay que cerrar filas y votar a ciegas, sin embargo, el verdadero voto útil no es el que blanquea el clientelismo orgánico, sino el que exige coherencia. Premiar con un puesto en las Cortes Generales a quien ha devaluado el mensaje doctrinal convierte el voto en una patente de corso, desactiva la movilización y acelera tanto la abstención reflexiva como el trasvase directo de votos hacia formaciones como VOX.

Una candidatura con estas características equivale a hacerle el trabajo al adversario, ya que, revela una prepotencia que explica por qué el Partido Popular no crece cuando debería arrasar, por qué VOX se fortalece día a día y por qué la izquierda logra mantenerse en pie cuando debería estar hundida.

Conclusión.

El caso de Córdoba pone al descubierto la peor anomalía de nuestro sistema:

“la sustitución del mérito, la capacidad y la fidelidad al ciudadano por la sumisión ciega a las estructuras orgánicas”.

Un político cuya única escuela ha sido el aparato y cuyo principal logro ha sido el apaciguamiento presupuestario a costa de mercadear con sus principios trasladará a la Cámara Alta la misma lógica de supervivencia táctica que ha demostrado en la Diputación.

Frente a quienes confunden las siglas con un salvoconducto para hacer lo contrario de lo que prometen, la verdad, el rigor y los principios se demuestran en cada tasa, en cada subvención y en cada presupuesto. Desmontar esta doble contabilidad con hechos probados es una tarea cívica indispensable.

El próximo 29N, el votante de centro-derecha tiene la palabra para recordar que la confianza ni se regala ni se negocia en los despachos.

N.B. Imágenes.La trampa del voto útil – El despertar del votante exigente – (Coherencia en los mítines y pactos en los despachos)

1ª. Imagen.

2ª. Imagen.

Córdoba, 1 de noviembre de 2026

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado. Inspector de Trabajo y S.S.

Exconcejal del Ayuntamiento de Córdoba, exdiputado provincial y exdiputado del Parlamento de Andalucía.

Salario mínimo – Pensiones – Igualdad ente la ley (el trato diferenciado entre iguales es desigualdad)

 En estos días de incertidumbre e inseguridad jurídica hay tantos desajustes sociales y políticos, que se hace difícil escribir sobre algún hecho real, ya que, donde  uno pisa aparece un problema que todos consideran único y agraviante, tal como ahora pasa con el salario mínimo en España.

El Real Decreto 87/2025, de 11 de febrero (BOE 12/02/2025) fija el salario mínimo interprofesional para 2025 en 1.184 euros mensuales en 14 pagas o 1.381 en 12.

Resulta que este salario mínimo está sometido al IRPF, como están sometidas a este impuesto todas las pensiones que alcanzan esa cantidad de 16.576 euros.

Aquí viene lo más atrabiliario, que consiste en que casi todos los partidos políticos en plan gallinero han saltado sobre la Ministra de Hacienda Sñrª. Montero, porque quieren que los perceptores del salario mínimo no paguen IRPF, lo que en principio suena bien y bondadoso, pero olvidan todos los defensores de bonificar el S. M., que en España todos los pensionistas que cobran la cantidad de 16.576 euros Hacienda les retiene el correspondiente IRPF, de forma, que, se mire como se mire, no se pueden defender dos postura contradictorias.

Dicho de otra forma, los pensionistas si pagan y nadie dice nada, pero los perceptores del S. M. no deben pagar IRPF en aras de una justicia social unidireccional.

Me cuesta trabajo decirlo, pero la verdad es, que en este caso la que lleva la razón es la M. de Hacienda, pues la C. E. de 1978 dice en su art. 14 “que todos los españoles somos iguales ante la ley para lo bueno y para lo malo”, aparte de que el “valor justicia constitucional” del art. 1.1 de nuestra Carta Magna así lo exige.

A destacar, además, que en España miles de pensionistas (viudo/as, autónomos, etc.) no alcanzan ni por asomo los 16.576 euros anuales de pensión, de manera, que en un orden de prioridades primero debería ser que todos los pensionistas situados por debajo del S. M. de 1.184 euros deben ser equiparados a esa cantidad y, después, que el Gobierno de España diga,  claramente y por qué quienes están obligados a pagar el IRPF y que todos los Partidos Políticos digan con nitidez cual es su política recaudatoria.

Aunque hay una cosa, que nadie debe olvidar: “Que la C. E. de 1978 dice que todos los españoles somos iguales ante la ley”.

Por todo lo dicho, considero que la batalla política en torno al S. M. y el IRPF, que aparece publicitada por todos lados y donde la mala malísima es la Srª. Montero, M. de Hacienda, es un engaño masivo a todos los españoles.

La verdad solo puede ser una, de manera, que tener una postura dual y diferente ante una misma cosa o problema es decir una mentira masiva, de manera, que en este caso, la postura de la M. de Hacienda de igualdad ante la ley es la correcta, mientras, además, no se arreglen los desequilibrios económicos de las prestaciones de la S. S.

La igualdad ante la ley de los españoles, la democracia, el Estado de Derecho y todos nuestros derechos y libertades apoyan lo que digo, aunque, quizás, la propaganda, el relato y la demagogia parece que se imponen a la verdad y a la justicia social real.

Como conclusión a todo lo dicho, un poco del información veraz del art. 20 de la C. E. no vendría mal, dejando a un lado la demagogia vacía y perversa.

La Asociación Córdoba Abierta -ACOA- ha nacido para defender a los cordobeses, de forma, que, decir la verdad es lo único que puede salvarnos de los políticos populistas y arrieros de la mentira.

En eso estamos en ACOA.

N.B.  El salario mínimo y las pensiones son lo mismo y vienen del mismo fondo de la Nación Española, lo que implica que la igualdad ente la ley es algo irrenunciable, de forma, que cualquier trato diferenciado entre iguales es desigualdad.

Salario mínimo = pensiones, de manera, que no se puede arreglar uno sin aplicar la misma norma al otro.

Córdoba, a 14 de febrero de 2025

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.