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Estado de alarma – – C. E. E. (doble vara de medir – respeto a la Ley)

El T. C. ha declarado inconstitucional el Estado de Alarma, como siempre tarde, aunque sin la menor duda es una buena noticia para “el respeto a la ley”, pues la Constitución (art. 10.1. C. E. – Derechos de la persona-) dice, que la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social”.

Sin embargo, han sido muchas las voces que han defendido que el respeto a la Ley no es lo esencial, sino el contenido político de su ideología optando por la seguridad sin libertad, razonando que la sentencia sobre la inconstitucionalidad del estado de alarma, debería haberse adoptado con base a un fin político, admitiendo como deseable y aceptable el principio: –De que el fin justifica los medios-.

Si admitimos ese proceder político ideológico, simplemente, nos hemos cargado la Constitución y el Estado social y democrático de Derecho que consagra.

Que conste, que ese desafuero legal lo sostienen enjundiosos juristas, ministras, y, voceros varios del poder, así:

* La Ministra de Defensa Sñrª. Robles ha dicho, que la sentencia contiene –elucubraciones doctrinales sin sentido de estado-.

*   El Sr. Cándido Conde-Pumpido, miembro del T. C., en su voto particular publicitado a los cuatro vientos, ha hecho uso de su ideología política, diciendo “que no se ha producido ninguna suspensión de derechos”, “que la sentencia no responde en absoluto a verdaderos criterios jurídicos, pues utiliza un mero atajo argumental para estimar la inconstitucionalidad de una medida sanitaria solicitada por un partido político”, y, -otras muchas cosas más-, denigrando la sentencia y a sus propios compañeros que la han apoyado y aprobado por mayoría.

La formulación es demoledora: “Hay que hacer legal lo que nos conviene”.

La elección del estado de alarma consciente y premeditada es la prueba del nueve.

Esta muy claro, que eso es lo que hay, aunque la sentencia dictada por mayoría, dice lo que dice, de forma, que es una resolución válida según la Constitución y nuestro ordenamiento jurídico.

Aquí solo decir, que, si no lo quieres para ti, tampoco lo quieras para los demás, ya que, la doble vara de medir implica hipocresía y falsa moral en función de intereses políticos espurios llenos de ideología excluyente, siendo, además, más reprobable cuando esa doble vara se aplica insidiosamente en un entorno institucional.

Queda trasparente lo que hay, pero, también, es evidente, que no engañan a nadie, de manera, que van a lo que van sin disimulos ni caretas, concretamente, van a imponer si o si su ideología autoritaria y excluyente, razón por la que no queda otra que defender el estado de derecho y nuestras libertades, pues ni uno ni otras se defienden solas.

Siguiendo el hilo, hay que poner sobre la mesa, también, que la Conferencia Episcopal Española (C. E. E.) apoyó los indultos del Gobierno a los condenados del -Proces- contra el criterio del T. S., y, curiosamente, ahora el Obispado de Córdoba presenta  alegaciones al anteproyecto de la Ley de Patrimonio del Gobierno, que considera -propia de países dictatoriales-, diciendo el Sr. Obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, que considera, que la norma que prepara el Gobierno -no tiene en cuenta la libertad religiosa-, y, que -se trata de una ley invasiva-, con la mentalidad del Estado soy yo, y, legislo sobre todo lo humano y lo divino.

Es lo malo de estar en misa y repicando, de la doble vara de medir, que impide, se quiera reconocer o no, que no se puede estar en dos sitios a la vez,  de manera, que los Obispos con su Presidente Mons. Omella y Omella deben aclarar a los españoles, si están con la Ley o escorados hacia una aplicación excluyente y unilateral de la misma, según convenga en cada momento a sus intereses.

La verdad es, que en los dos sitios a vez no se puede estar, la diga Agamenón o su porquero.

La C. E. de 1978 dice (art. 9), que “los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico”.

Ocurre, que, en España están en desuso el respeto a la ley y el principio de legalidad, además, unos pocos demasiados políticos y sus corifeos quieren demoler la Constitución.

El cumplimiento por todos (poderes públicos y ciudadanos) del “respeto a la ley” es una necesidad y/o finalidad permanente e inderogable.

N.B.  La inconstitucionalidad del estado de alarma y la postura de la C. E. E. son ejemplos de falta de respeto a la Ley, porque, se quiera admitir o no, la legalidad para todos es la única forma de democracia plena, lo que impide aplicar una doble vara de medir, porque -el fin nunca justifica los medios-, y, siempre es preferible la libertad que la seguridad que la sacrifica.

Si el poder político y los representantes de la sociedad civil se separan de la ley, aunque sea creando una mera apariencia de legalidad con el pretexto de una pretendida seguridad sin libertad, la democracia deriva hacia un régimen autoritario, despareciendo los principios que sostienen el Estado de Derecho, y, con ellos nuestros derechos y libertades fundamentales.

Córdoba, a 18 de julio de 2021

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Tribunal Constitucional – alarma confinada – tarde, demasiado tarde (los daños ya están hechos y la reparación imposible)

Que el Tribunal Constitucional haya declarado, que el Estado de Alarma (02/20) vulneró derechos fundamentales y que por ello fue inconstitucional es “una buena noticia”.

Así mismo, es una verdad indiscutible, que el T. C. ha fallado tarde, cuando el daño ya estaba hecho y la reparación resulta imposible.

También es indudable, que ha existido abuso de poder por parte del Gobierno del Presidente Sánchez, y, que las libertades públicas de los españoles se han visto duramente afectadas.

Ahora se habla de multas nulas y otras cosas menores, pero lo realmente importante es saber, que va a hacer el Gobierno para desfacer parte del siniestro cometido sobre los españoles, aunque parece por las declaraciones de los portavoces del Ejecutivo (aunque vaya en dirección contraria por la autopista), que solo ellos llevan la razón y que todos los demás estamos equivocados. Lo dicho, en dirección contraria y gritando a los que van en la dirección correcta.

El Gobierno dice, que no están de acuerdo con el fallo del T. C., y, que han salvado 450.000 vidas para justificar su actuación inconstitucional, cosa aceptable como derecho que tiene a la libertad de expresión, pero resulta penoso defender algo así, cuando los españoles carecemos de -información veraz-, al no saber, por ejemplo, aún el número real de fallecidos, el número de contagiados, etc. etc. etc., y, ellos tienen la certeza del número de vidas salvadas por su actuación inconstitucional.

Cuando el Presidente Pedro Sánchez anunció el estado de alarma el 14 de febrero de 2020, se pasó de frenada y traspasó varios pueblos, anulando derechos fundamentales de los españoles, que de alguna forma deberían ser indemnizados, reparándose el daño causado, que no solo es cuestión de dinero, sino sobre todo de dignidad, de libertad y de respeto a la ley.

El Gobierno del Sr. Sánchez debería empezar por asumir responsabilidades, -reconociendo públicamente su error o lo que sea-, -comprometiéndose a dar ejemplo de respeto a la ley-, -mostrando arrepentimiento por haber vulnerado derechos fundamentales de los españoles- y -solicitando a los mismos “un indulto”-, que los ciudadanos deberían conceder o no mediante la celebración de un referéndum al efecto.

Es cierto, que soy un optimista irredento, pues todos dirán que lo que pido es un imposible, cosa que puede ser verdad, pero lo que es indiscutible, es que se han eliminado nuestras libertades durante muchos días mediante un abuso de poder del Gobierno de la Nación, que el T. C. ha declarado inconstitucional, digan lo que digan los voceros oficiales del Ejecutivo.

Con independencia de lo dicho, es también cierto, que otras posibilidades y otras soluciones eran posibles sin vulnerar derechos fundamentales de los españoles, que países como Suecia o Noruega han puesto de manifiesto, que se pueden hacer. A todo ello, hay que añadir la profusión de noticias distorsionadas gubernamentales y la absoluta opacidad con carencia absoluta de información veraz, de manera, que la solución inconstitucional ha sido el confinamiento de los españoles sin derechos y libertades y en total oscuridad informativa, solo aplausos con acoso y derribo.

Oficialmente la culpa de todo la tiene el Tribunal Constitucional que ha adoptado una resolución atrabiliaria contra el Gobierno de España.

La suyas son (ha dicho la Sñr.ª Robles) –elucubraciones doctrinales– sin –sentido de Estado-, aunque, sin duda, su deslegitimación del T. C. comporta desprecio a la división de poderes.

*** Finalmente, dejando todo lo anterior al pairo, lo mejor es lo que se quiere hacer en Andalucía para dar ejemplo, que consiste en aprobar –que haya sueldos vitalicios para los expresidentes de la Junta-, que es algo, que todos los andaluces estamos esperando como agua de mayo para olvidar la vulneración de nuestros derechos fundamentales; es decir, una especie de bálsamo de Fierabras, que lo curará todo, incluidas las presiones reconocidas del Gobierno a miembros de Tribunal Constitucional.

N.B. El Tribunal Constitucional ha fallado contra el Estado de Alarma tarde, demasiado tarde (17 meses), cuando los daños ya están hechos y la reparación resulta imposible, aunque, más vale tarde que nunca.

La reacción del Gobierno un dislate fuera del sentido común, que, de nuevo, pone en peligro la seguridad jurídica y el estado de derecho.

El que piense, que este asunto ha terminado con la sentencia del T. C., se equivoca de principio a fin, ya que,  ante la reacción airada del Gobierno y sus corifeos, es más necesaria que nunca una actuación de todos los poderes públicos y de la sociedad civil en defensa de la Constitución y del Estado de Derecho.

Resulta evidente la intención del Gobierno de seguir demoliendo nuestro Estado social y democrático de Derecho, que consagra como los valores superiores de nuestra democracia: la -libertad-, la -justicia-, la -igualdad-, el -respeto a la ley-, la -división de poderes- y el -pluralismo político.

Diga lo que diga el Gobierno y sus voceros: El fin nunca justifica los medios”.

Córdoba, a 16 de julio de 2021

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Lloros – aplausos – política de poder (Presidente CEOE – Gonzalo y Boabdil -)

Se dice, que la uniformidad es la muerte y que la diversidad es la vida, lo que quiere decir, que en una democracia en libertad plena caben todas las opiniones, y, todas las actuaciones imaginables dentro de Estado de Derecho y de la Ley aceptada por casi todos, es decir, la Constitución de cada Nación.

Valen los llantos y los lloros, como los del Presidente de la CEOE Sr. Garamendi aplaudido sin más por sus compañeros de artificios, aunque, si cabe una aseveración, como dicen que la Sultana Aixa le dijo a su hijo Boabdil en el llamado Suspiro del Moro en Granada: Llora como mujer, lo que no has sabido defender como un hombre.

Hemos visto al Sr. Garamendi llorando en los aplausos, pero no lo hemos visto llorando por la Constitución Española, por nuestro Estado de Derecho, por el respeto a la ley y la división de poderes; es decir, como se suele decir con rudeza, –aquí se viene ya llorado y con el daño reparado-. Lo cierto es, que, al Presidente de la Patronal, parece que se le ha olvidado algo, concretamente, que es el Presidente de la Patronal de España, no del Gobierno ni de los empresarios catalanes afines al mismo.

Ahora podrían valer las escusas, los llantos y los lamentos, pero el daño a las libertades y derechos de todos los españoles ya está hecho, diga lo que diga el Sr. Garamendi, pues no solo es el contenido de sus palabras sino el momento y el lugar.

Si lo que dijo el Sr. Garamendi, lo hubiera dicho en Granada el día de Andalucía sería una cosa incluso brillante, pero dicho en las actuales circunstancias políticas, lo que dijo y donde lo dijo, no deja de ser un apoyo explícito al Gobierno por los indultos y una patada a la Constitución Española, que consagra -el estado de derecho-, -la división de poderes- y -todas nuestras libertades-, con principios irrenunciables, con contexto o fuera de contexto, como la igualdad, la legalidad y la libertad de los españoles (arts. 1., 9., 14., 20. y cc. C. E.).

{Aunque su dimisión sería una trolería fullera por su imposible realidad, ya que, como se suele decir por el pueblo soberano: -renunciar al cargo ni muerto-}

*** Las comparaciones suelen ser odiosas, aunque, a veces, convenientes para no caer en la desesperanza, de manera, que,

¿alguien se imagina a Gonzalo Fernández de Córdoba (-al Gran Capitán-) renunciando a España, cuando el rey Fernando El Católico lo defenestró a Loja después de ganar un reino?

Ese hecho sería tan inverosímil, como que el Rey Nazarí Boabdil dijera, lo que dicen que dijo en el Suspiro del Moro, pues su amistad con el Gran Capitán y su hombría de bien hacen increíble la frase, y, además, no necesita aplausos.

N.B. Los lloros y los aplausos para cuando alguien se los crea, porque el Presidente de la CEOE cantó la gallina frente al poder del Gobiernoporque dijo lo que dijo sobre los indultos en una circunstancia concreta, en un momento concreto y en un lugar concreto, así que, como se ha dicho -se viene llorado y con explicaciones veraces-.

Los indultos que apoya el Presidente de la CEOE son contra el criterio del Tribunal Supremo, y, su Informe de Indulto de 26/05/2021 que los rechazaal no apreciar razones de justicia, equidad y utilidad pública (que justificarían la concesión de la medida de gracia), diciendo, que, la Sala INFORMA NEGATIVAMENTE la concesión de cualquier forma de indulto total o parcial a los condenados en la sentencia 459/2019, 14 de octubre, dictada en la causa especial núm. 20907/2017.

Es un hecho cierto, que el Presidente de la CEOE está contra el Tribunal Supremo, -contra la división de poderes-, contra nuestro Estado de Derecho- y -contra la Constitución-, y, sin duda, -contra una gran mayoría de españoles-, aunque está muy claro porque lo dijo, sin olvidar, que todo daño exige reparación sin excusas ni llantos.

El indulto del Gobierno a los políticos catalanes condenados por varios delitos, -supone poner en grave peligro nuestro Estado de Derecho y la separación de poderes en España-, a pesar de ello, el Presidente de la CEOE ha tomado partido. -Pues eso-.

Córdoba, a 28 de junio de 2021

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Obispos – C.E.E. – política – el poder es el poder (en misa y repicando – un lobby)

Recapitulando: La Conferencia Episcopal Española (CEE) está al servicio de la Iglesia y de nuestro pueblo, recordaron los obispos en el Mensaje con motivo del 50 Aniversario de la CEE.

La Iglesia en España, ahora, aparece haciendo política, ya que, el poder espiritual y sus valores morales no son de este mundo, de manera, que sus obispos en bloque están como con el poder, que es el poder del Gobierno, así:

*Primero fueron los obispos catalanes en perfecta unión a favor de las tesis independentistas en Cataluña.

* Al día siguiente de los indultos a los presos golpistas, el portavoz de los obispos, Luis Argüello, ha fijado públicamente la postura de la Conferencia Episcopal Española respecto a Cataluña y de los obispos catalanes.

* M. Argüello ha dicho, entre otras cosas:

Nosotros estamos, como los obispos catalanes, por el diálogo, por la aplicación de la ley, por que se respete la justicia -lo que supone el respeto a la división de poderes-, porque no haya actitudes inamovibles y porque se genere un clima de amistad civil y de fraternidad.

Como se dice ahora en España y que todo el mundo comprende: “Pues eso”.

Que conste, que no me parece ni bien ni mal, ya que, simplemente, constato un hecho: {La Conferencia Episcopal Española está haciendo política y, por ello, debe estar sometida a la crítica como cualquier político, al dejar de ser -un poder espiritual- por voluntad propia}.

Aunque otra cosa, debe quedar clara, -que no se puede estar en misa y repicando-, que traducido significa, que todo los que haga la Iglesia y su Conferencia Episcopal es ya política, de forma, que ya no puede parapetarse en valores intemporales para el resto de sus actividades:

{Se está en el plano político temporal o el plano intemporal de los valores cristianos o como se les quiera llamar}.

Lo único cierto, es que -la Conferencia Episcopal Española ha bajado al terreno de la política-, y, aquí hay que juzgarla en todo con criterios políticos, pues, estar en dos sitios a la vez es imposible (los arts. 9., 14. y 20. y cc. de la C. E. con sus derechos y obligaciones nos vinculan a todos, -a los Obispos también-).

En un Estado de Derecho, en una democracia, la autoridad máxima del Estado se encuentra distribuida en tres poderes, que emanan del Pueblo soberano: el poder legislativo conformado por diputados y senadores, el poder ejecutivo compuesto por el presidente el resto de sus ministros y el poder judicial conformado por jueces y tribunales.

Ahora, parece que en España tenemos otro poder que es la Iglesia Católica, que ha abandonado su plano moral y ha bajado a la arena política, razón por la que deberá decidir, ¿dónde está en política?, pues ya se ha posicionado en un asunto, lo que implica, lo quiera reconocer o no, que ha entrado de lleno en política, abandonando su plano intemporal y tomando partido.

Los Obispos Españoles se han convertido en un lobby político más, con todas sus consecuencias positivas y negativas; es decir, según el Diccionario de la RAE, la Conferencia Episcopal Española se ha transformado por su propia voluntad declarada en -un grupo de presión-, * que es un conjunto de personas que, en beneficio de sus propios intereses, influye en una organización, esfera o actividad social, por tanto, –en España.

-Lo de los Obispos Españoles y su CEE es política de mucho calado, porque se han pasado muchos pueblos -.

N.B.  A nadie le puede sorprender una certezaaunque la claridad de los Obispos es de agradecer, ya que, por fin -cantan la gallina-, aunque estaba claro desde el principio donde estaban en el asunto de los indultos, a pesar, de que, –un poco al acecho si estaban-.

La Constitución y sus derechos fundamentales consagradoscomo la igualdad de los españoles (art. 14 C. E.), son el armazón de nuestra libertad y de nuestro Estado de Derecho, y, contra los abusos y las actuaciones contra ley de cualquiera, solo cabe exigir por todos los medios posibles e imaginables el máximo respeto a la misma, dejando claroque ninguna actuación de cualquiera, sea quien sea, que afecte a derechos fundamentales, debe estar fuera de la crítica pública.

Los indultos que apoyan los Obispos Españoles y su CEE  son contra el criterio del Tribunal Supremo-Sala de lo Penal-, y su Informe de Indulto de 26/05/2021 que los rechazaal no apreciar razones de justicia, equidad y utilidad pública (que justificarían la concesión de la medida de gracia), diciendo, que, “-la Sala INFORMA NEGATIVAMENTE la concesión de cualquier forma de indulto -total o parcial- a los condenados en la sentencia 459/2019, 14 de octubre, dictada en la causa especial núm. 20907/2017”-.

Es un hecho cierto, que los Obispos españoles están contra el Tribunal Supremo, -contra la división de poderes-, contra nuestro Estado de Derecho y contra la Constitución-, y, sin duda, contra una gran mayoría de españoles, aunque está muy claro que les da igual.

El indulto del Gobierno a los políticos catalanes condenados por varios delitos -supone poner en grave peligro nuestro Estado de Derecho y la separación de poderes en España-, a pesar de ello, los Obispos han tomado partido. -Pues eso-.

Córdoba, a 26 de junio de 2021

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Recuperación – seguridad jurídica (confianza – igualdad – legalidad = libertad)

Dejando a un lado otras cuestiones políticas, económicas y sociales, como pueden ser:-la recepción y distribución justa de los Fondos de Recuperación, Transformación y Resiliencia U. E.-, -los desequilibrios entre CC. AA.-, -la división de poderes del Estado-, -la independencia efectiva del poder judicial-, y, otros asuntos de enorme interés para los españoles; sin duda, la recuperación económica y social exige un ordenamiento jurídico estable y trasparente, que proteja a las empresas, inversores y ciudadanos contra cualquier despropósito legal o desafuero del poder político.

La ruptura de la seguridad jurídica origina incertidumbre y promueve inestabilidad. Sin embargo, no hay que confundirse, ya que, existen una serie de principios que nunca se deben superar buscando seguridad, porque cualquier sociedad que renuncie a una libertad esencial para ganar un poco de seguridad, no merece ni libertad ni seguridad -B. Franklin-.

En España la seguridad jurídica debe partir de la C. E., que en su artículo 9.3 garantiza la misma, significando la unión de certeza y legalidad, jerarquía normativa, irretroactividad de lo no favorable e interdicción de la arbitrariedad, sumando equilibradamente todos estos principios.

La superioridad de la seguridad jurídica es la base de nuestro Estado de Derecho, alcanzando a todos los poderes del Estado, incluido el poder legislativo, lo que implica, si o si, que, -el legislador debe perseguir la claridad, debe procurar que todos los ciudadanos sepan sin error, que ley es aplicable, y, debe eliminar cualquier posible embrollo y/o ambigüedad en las leyes.

Dicho lo anterior, es evidente, que ninguna recuperación será posible sin que exista seguridad jurídica, que confiera confianza a los españoles y a todas aquellas personas físicas o jurídicas que quieran intervenir o instalarse en España.

Desgraciadamente en España, actualmente, reinan la desconfianza y la incertidumbre provocadas por la falta de seguridad jurídica, hecho que se está extendiendo como una mancha siniestra por el interior del País, y, por la esfera exterior, sin barreras de contención de tipo alguno. (Lo que está ocurriendo ahora en Europa con España y su justicia, es un ejemplo claro de lo que no debe ser)

Las políticas del Gobierno de España son el paradigma de la incertidumbre jurídica y de la inestabilidad normativa, de manera, que, si se quiere una recuperación social y económica sostenida, lo primero debe ser restaurar la seguridad jurídica, erradicando la arbitrariedad y la inestabilidad de la ley, sin olvidar, que hay que eliminar cualquier acto de los poderes públicos, que suponga una falta del respeto a la ley,

Si los poderes públicos no cumplen la Ley, empezando por el Gobierno de la Nación, de forma, que –se ataca al poder judicial-, –se legisla a golpe de R. D. L.-, –se hacen normas de hoy para mañana- (véase el asunto de las mascarillas), –se adoptan resoluciones contra ley y contra el poder judicial- (como los R. D. sobre los indultos a los independentistas catalanes, basados en una utilidad pública unilateral casi incomprensible); es evidente, que la desconfianza nacida de la incertidumbre derivada de una inseguridad jurídica manifiesta, se expandirá como una plaga maligna por el interior y por el exterior de España, llevándonos a una situación límite, que impedirá una recuperación acertada.

Es un hecho cierto, que en España los inversores -propios o ajenos- asisten: *a un estruendo político con elevación exponencial, *a unas noticias de cambios normativos inexplicadas, *a variaciones impositivas inconcretas pero ciertas, *a desequilibrios fiscales por territorios, *etc., y, sin duda, lo último que quiere un inversor o una empresa son sorpresas e inseguridades normativas, ya que, su planificación no es política sino económica; lo último para todos ellos, por ejemplo, es una sorpresa fiscal o una reforma laboral a la contra.

Sin seguridad jurídica no será posible una recuperación sostenida y viable en España.

N.B.  La seguridad jurídica genera confianza, que es la base de cualquier recuperación en libertad y armonía dentro de la Ley, que debe ser respetada por todos, especialmente, por los poderes públicos.

Todos los españoles queremos mayor libertad e independencia, pero para todos igual como dice la C. E. en su art. 14, porque, lo que es inadmisible, es que un andaluz tenga menos derechos y libertades que un catalán, por el simple hecho del uso de la fuerza contra la ley, de manera, que, si ese argumento perverso funciona a favor de los que infringen la norma de todos, el desajuste acabará en desastre.

La arbitrariedad en el ejercicio del poder es lo contrario al estado de derecho en una democracia plena, ya que, en ella solo cabe exigir el cumplimiento de la Ley.

Cuando el poder gobernante viola el principio de legalidad, la seguridad jurídica desaparece, y, se producen efectos malévolos en nuestras libertades fundamentales, de forma, que el orden político y la paz social consagrados en la C. E. de deshacen.

Córdoba, a 25 de junio de 2021

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.