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Andalucía – Elecciones V (Desequilibrios políticos)

Los desequilibrios en las elecciones andaluzas no solo se dan en el territorio, en la economía, en el mercado de trabajo, en el empleo, en el paro, en la población, etc., también, aparecen en la política de los partidos en la confección de sus listas cerradas a cal y canto, de manera, que es la hora de la guadaña y de las venganzas incalificables, que demuestran que los partidos políticos andaluces no son democráticos en su “estructura interna y en su funcionamiento”, según impone la Constitución de 1978.

La Constitución en su artículo 6. dice: “Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos”.

Por lo que se está viendo, el respeto a la Ley constitucional no es precisamente el fuerte de los partidos políticos y sus dirigentes mandamases en la confección de sus listas electorales cerradas y vengativas.

La moderación de la que presumen algunos dirigentes, si no tiene eficacia real en las listas electorales, es un indicador de lo que en el futuro recaerá sobre los andaluces; es decir, las políticas de esos hacedores de listas cerradas vendrán trufadas de “profundos desequilibrios”, ya que, si no son capaces de elegir la libertad y la valía personal de sus propios comilitones políticos, optando por el contrario por la sumisión y el apoyo ciego al mandamás, -aviados vamos-.

El Partido Político, que parece hegemónico en Andalucía, ha revelado su idea sobre las listas electorales, de forma, que diputados andaluces de valía personal y política probada están siendo sacrificados en aras de una falsa lealtad, por la única y sencilla razón de que en su momento no apoyaron al jefe moderado, sino que se inclinaron por una opción de creyeron renovadora, aunque después resultara un fiasco.

Está muy claro, que los que votan esas listas cerradas de los partidos que se dicen -moderados- son los andaluces y, aunque esos dirigentes mayestáticos crean lo contrario, es una verdad evidente, que los andaluces somos conscientes de los desafueros, de las imposiciones y de las injusticias, de manera, que a la hora de votar todas esas cuestiones pesan en nuestro voto libre y responsable.

Está claro, que una cosa es hablar y otra dar trigo.

La defensa de la libertad, de la Ley, del Estado de Derecho y de la igualdad no se puede realizar en departamentos estancos, de este si y de este no, sino que la democracia real debe cubrirlo todo, pues lo demás, son zarandajas y brindis al sol.

Sobre este desequilibrio político cabría pedir explicaciones y preguntar a los candidatos andaluces en tiempo de elecciones: ¿Qué criterios han utilizado para elaborar sus listas cerradas? – ¿Si esos criterios se han aplicado en beneficio de Andalucía eligiendo a los mejores y más capacitados?

Hay elecciones en Andalucía y los andaluces votaremos en libertad y con responsabilidad, pero debe quedar claro, que tenemos memoria y criterio propio.

N.B.  En Andalucía hay elecciones y desequilibrios irresueltos, que se muestran de forma relevante y cruel en la política de los partidos en la confección de sus listas cerradas a cal y canto, de manera, que, si los partidos políticos andaluces no son democráticos en su “estructura interna y en su funcionamiento”, según impone la Constitución de 1978, que nadie venda moderación falsa y perversa, pues los andaluces somos cualquier cosa menos imbéciles frente a la mentira.

Sin igualdad real entre los andaluces en todos los aspectos de la política no existe respeto a la Ley ni Estado Social y Democrático de Derecho, de forma, que como hay elecciones a votar en libertad, pues todos sabemos lo que hay, aunque los hacedores de listas cerradas quieran disfrazar la realidad y ungirse de moderados per se.

Córdoba, a 13 de mayo de 2022

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Andalucía – Elecciones IV (Desequilibrios – II)

La gran noticia es que crecen los contratos indefinidos según publicita el Gobierno y la Ministra de Trabajo, aunque parece que es una falacia, que esconde el desastre del paro y del empleo en España y en Andalucía.

Los contratos indefinidos parece que aumentan, pero la realidad es que las cifras esconden un problema de dimensiones preocupantes, así, en un resumen rápido:

*Una tercera parte de los contratos indefinidos son contratos reales a tiempo completo.

*Otra tercera parte de los contratos indefinidos son contratos por horas o a tiempo parcial

*Otra tercera parte de esos contratos indefinidos son contratos de fijos discontinuos.

{En Andalucía los datos de la EPA del 1T. 2022 son como se ha dicho desalentadores:

La Relación de la Población con la actividad de 16 años y más años en Andalucía: 7.082.400 personas.

Ocupados: 45,4%.- 3.217.800 personas. Inactivos: 43,6%. – 3.088.700 personas. Parados: 11,0%. – 775.900 personas – Tasa de paro: 19,4%.

La tasa de paro de los menores de 25 años se sitúa en el 36,1%  (hombres 35,3% y mujeres 37,1%).}

Se reitera, que uno de los problemas olvidados por la Junta de Andalucía (ahora y antes) son los desequilibrios en la CC. AA. andaluza, que se manifiestan en muchas cuestiones o asuntos, de forma, que, aunque sea evidente, que -el desempleo y el empleo están mejorando en la CC. AA.-, no debemos olvidar, que con la cifras que teníamos empeorar resulta difícil. Sin embargo, aquí aparecen desequilibrios de todo tipo:

*Por un lado, el paro y el empleo en Andalucía se distribuyen de forma irregular por todo su territorio (no solo provincias).

*Por otro, el empleo indefinido, que se ha señalado, en la CC. AA. se convierte en un ejemplo paradigmático de esa realidad negativa de puestos de trabajo temporales, contratos por horas a tiempo parcial y trabajo de fijos discontinuos falseados, solo mirando la hostelería, el sector agrario y la construcción el problema de visualiza de inmediato.  

La única conclusión posible es, que las cifras oficiales en Andalucía, como en el resto de España, no son reales, de ahí, que hace falta -información veraz- (art. 20 C. E.), no solo para que los andaluces sepan lo que pasa, sino también para que se puedan tomar medidas estructurales, que pongan remedio al calvario de paro y empleos temporales de los andaluces.

Lo dicho, es, simplemente, la verdad cruda y desnuda, ya que, como decimos, los desequilibrios en mercado de trabajo en Andalucía son inasumibles, de manera, que lo que se conoce, ejemplo, sobre Cádiz (La Línea de la Concepción), sobre Jaén (Linares) y sobre Almería (El Ejido) significa, que las diferencias en empleo y en paro enormes en toda la CC. AA. andaluza y, sin duda, no pueden quedar aparcadas y olvidadas por las elecciones.

El problema está a flor de piel y hay que intentar solucionarlo ya.

Sobre este desequilibrio existente en los contratos indefinidos cabe preguntar en tiempo de elecciones: ¿Qué piensan los partidos y sus candidatos que se presentan? y ¿Cuáles son sus propuestas y medidas al respecto?

Hay elecciones andaluzas y que cada uno vote lo que quiera, pero que nadie se llame a engaño, pues la realidad del empleo indefinido en Andalucía es la que es.

N.B.  En Andalucía hay elecciones y desequilibrios irresueltos, pero la gran noticia es que crecen los contratos indefinidos (según publicita el Gobierno y la Ministra de Trabajo), aunque parece que se oculta una realidad sumamente penosa: “El desastre del paro y del empleo en España y en Andalucía”.

Los contratos indefinidos aumentan, pero la realidad es, que bajo las cifras oficiales se oculta un problema de dimensiones preocupantes, referido a las condiciones verdaderas de nuestro mercado de trabajo: *Paro con tasas fuera de control y fuera de la media de la eurozona y de la U. E., *contratos temporales precarios en dos terceras partes de esos indefinidos y *falta de medidas concretas y eficaces para estructurar una situación de mercado laboral inasumible.

Sin igualdad real entre los andaluces no existe respeto a la Ley ni Estado Social y Democrático de Derecho, de forma, que como hay elecciones a votar en libertad, pues todos sabemos lo que hay, aunque oficialmente se quiera disfrazar la realidad.

Córdoba, a 7 de mayo de 2022

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Andalucía – Elecciones II (Ética y Legalidad)

*Andalucía es la CC. AA. con más personas desempleadas de  España, así, el número total de parados en Andalucía es de 821,6 miles de personas en el trimestre 4 de 2021 y su tasa de paro es del 20,18. (Ver la Encuesta de Población Activa que elabora el Instituto Nacional de Estadística -INE-). No hablo de inactivos, ni de Ertes, de ni empleo precario, ni de empleo por horas para no agigantar el problema y porque no es necesario por ahora, de forma, que con lo dicho sobra.

*De la renta per cápita de los andaluces más de lo mismo y, así, se podría seguir con otros indicadores.

*Por otro lado, en Andalucía estamos en elecciones

*Así mismo, leo en un artículo del digital Voz Populi de 23/04/22 (JOAQUÍN HERNÁNDEZ), “que la Junta de Andalucía ha firmado con el Presidente de la RFEF contratos por valor de  11,5 millones (trece contratos), poniéndose en primera línea el contrato de la Copa del Rey como ejemplo de los numerosos negocios que ha sellado el presidente de la RFEF con el Ejecutivo andaluz:  La Junta paga a la Federación 1,2 millones de euros (1,45 millones con IVA) por cada final de la Copa del Rey en concepto de diferentes formas de “patrocinio” en favor de la marca de Andalucía.”.

No me parece mal, que se promocione Andalucía a través del deporte, pero como ahora hay elecciones vendría bien informar de forma veraz (art. 20.1.d. C. E) sobre esos gastos, y, sobre cuanto se está invirtiendo, por ejemplo, en Andalucía en medidas estructurales contra el paro y para promocionar el empleo.

Aquí aparece una dicotomía entre Ética y Legalidad inexplicable, pues, a simple vista, parece que en Andalucía esos millones al Presidente RFEF son excesivos con la que esta cayendo sobre los andaluces y sobre el Sr. Rubiales por su forma de actuar, de manera, que una explicación pormenorizada en las elecciones de todos esos gastos sumamente oscuros y vidriosos, no sería exigir mucho a los políticos responsables de la Junta de Andalucía.

**A primera vista, esos gastos descritos pueden ser legales, y, lo serán, pero desde un punto de vista ético, con la situación andaluza como está, parecen poco presentables.

**Por otro lado, la legalidad tiene un componente ético insoslayable, para cualquiera quien sea el que se responsabilice de su implantación, que resulta irrenunciable en su aplicación.

Si nadie da una explicación clara, razonable y completa, como ahora hay elecciones andaluzas, que cada uno vote lo que quiera, pues ya todos los andaluces saben lo que hay.

N.B.  En Andalucía hay elecciones, pero sus asuntos sin explicación clara -como el descrito- son numerosos, así que, -una información veraz- al respectosería necesaria y conveniente por los políticos responsables por meras razones de sanidad pública.

Lo expuesto sobre los millones al Presidente de la RFEF es solo un ejemplo de gasto público perverso, donde la legalidad se antepone a la ética, sirviendo de parapeto excluyente de cualquier responsabilidad, pero, sin duda, los casos de despilfarro público, de gasto superfluo, en Andalucía son numerosos y desconocidos, y, no hablo solo de la Junta de Andalucía, sino también de Diputaciones, Ayuntamientos y de todas sus empresas (chiringuitos varios).

La ética, se considere más o menos importante, nunca puede ser algo ajeno a la legalidad, ya que, toda Ley en su aplicación tiene un contenido ético irrenunciable, de forma, que cuando la legalidad aplicada se aparta totalmente de la misma, se produce una aplicación de la ley contraria al Estado Social y Democrático de Derecho y a los principios esenciales que consagra la Constitución.

No existen los principios de legalidad ni de respeto a la Ley que no tengan un componente ético irrenunciable.

Hay elecciones y a votar en libertad, pero que nadie se llame a  engaño:  “Todos los andaluces sabemos lo que hay y lo que no hay”.

Córdoba, a 24 de abril de 2022

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

ANDALUCÍA -Elecciones (asuntos olvidados)

En unos meses habrá elecciones en Andalucía, de manera, que existen algunos asuntos de enorme trascendencia ignorados por los políticos y que, sin duda, parece que están fuera al día de hoy de la CC. AA. andaluza y del quehacer político diario; dicho de otra forma, los políticos no hablan de ellos, así:

** Gasto público.  Al día de la fecha conocer cuál es el verdadero gasto público en Andalucía es una quimera, pues siguen siendo tantos los chiriguitos (empresas públicas, sociedades, agencias, fundaciones, asociaciones, etc.) en la Junta de Andalucía, en las ocho Diputaciones provinciales y en los Ayuntamientos andaluces, que resulta imposible saber la verdad sobre el gasto público en nuestra tierra.

No se sabe a ciencia cierta:

– ¿Cuantos empleados públicos hay en Andalucía? ¿Cuál es su costo? ¿En que trabajan realmente? ¿Cuántos empleados públicos se necesitan realmente en Andalucía?, y, así, se podría seguir preguntando, aunque si se contestaran a estas preguntas algo quedaría más claro.

La información veraz sobre esos temas no es que escasee, sino que, simplemente, no existe ni ningún poder público andaluz quiere darla a conocer.

– Pero no es solo la cuestión de personal, sino que hay que aclarar el resto del gasto público andaluz, pero de verdad, como puede ser, por ejemplo, conocer:

< ¿Cuánto se invierte en el mercado de trabajo y en la lucha contra el desempleo?

< ¿Cuánto se dedica a combatir los desequilibrios territoriales?

<¿Cuánto de invierte para la reconstrucción del mercado productivo, de forma, que dejemos de estar en manos del turismo y del sector servicios?

<¿Cuánto del gasto público andaluz se dedica sectores e iniciativas productivas y cuanto se está dedicando a cosas, a empresas y finalidades improductivas?

< ¿Cuál es la verdadera capacidad de ahorro en el gasto público si se prescinde de todos los gastos superfluos e improductivos?

<¿Cuál sería el aumento de la inversión productiva si se eliminaran todos los gastos innecesarios?

Es cierto, que son muchas preguntas, pero no hay otra que intentar contestarlas, porque una cosa es clara, que sin información veraz no existen soluciones y, sin duda, esa obligación de transparencia es obligación de todos.

** Empleo y paro. En este desgraciado asunto los andaluces somos punteros, tenemos más paro y empleo precario que nadie y, además, carecemos de información fiable, ya que, si a las “cifras dopadas” oficiales de empleo y paro, le sumamos todos los inactivos forzosos y desesperanzados, junto con los incapacitados permanentes sociales, añadiendo los desequilibrios territoriales y sociales, el resultado es un desastre de magnitudes desconocidas y perversas.

** Seguridad Social. La CC. AA. – Andalucía es la que más pensionistas tiene de España, aunque las cantidades que perciben (sus cuantías) en su mayoría están por debajo de País Vasco, Madrid o Cataluña, razón por la que la Junta de Andalucía debería realizar un estudio a fondo de la realidad de sus pensionistas y completar su asistencia social en los casos que fuere necesario; a la vez, que se debe exigir al Gobierno Central una regularización de sus aportaciones equivalente a la diferencia del cómputo de pensionistas con otras autonomías, con especial incidencia en aquellos pensionistas de otras regiones instalados permanentemente en Andalucía.

Es un hecho indiscutible, que los pensionistas de otras autonomías no solo están y viven en Andalucía, también, usan todos los servicios públicos andaluces con todo el derecho que la libertad constitucional les permite, razón por la que ese gasto público elevado debe ser compartido e igualado con los fondos de equiparación autonómicos: “Algo así como el cupo vasco, pero fluyendo hacia Andalucía”.

** Desequilibrios territoriales. En Andalucía existen grandes desequilibrios estructurales en su territorio (-políticos-, -económicos- y -sociales-), que han sido olvidados o ignorados por los distintos gobiernos de la Junta de Andalucía. Por ejemplo, (1) el desempleo marca tremendas diferencias en las distintas provincias andaluzas y en sus municipios; (2) la estructura productiva presenta diferencias territoriales inasumibles con focos de riqueza y pobreza desequilibrados en su territorio; (3) etc.

** Población. La demografía andaluza precisa de una planificación a largo plazo, ya que, actualmente presenta una población muy envejecida, a la vez, que los nacimientos caen y caen, de forma, que no podemos seguir siendo un territorio solo de personas mayores, donde los jóvenes emigran buscando mejorar sus condiciones de vida y sus trabajos.

Actualmente, ¿se está haciendo algo?. Pues, ESO.

** Sector Público y Sector Privado. En Andalucía las diferencias entre ambos sectores son cada vez mayores, de forma, que aumenta el empleo público y disminuye el empleo  privado, no solo en su número de trabajadores ocupados,  sino, también, en sus condiciones de trabajo, como pueden ser las salariales, las seguridad y salud laboral, etc. Es un hecho patente, que los empleados públicos andaluces están mejor pagados que los trabajadores del sector privado y cada vez son más, mientras disminuye la ocupación en las empresas privadas.

¿Se está haciendo algo al respecto?

Parece que no, pues, ESO.

Conclusión: Lo que se ha señalado es puramente la verdad, pero resultará imposible abordar una solución eficaz sin tener una información veraz, que al día de hoy es inexistente en Andalucía.

Por ejemplo: Es necesaria una información veraz sobre la situación real del paro en Andalucía y de las medidas que se están aplicando por la Junta de Andalucía. La información veraz, que garantiza como derecho la Constitución Española (art. 20. 1. d)., en este asunto del empleo y del paro es esencial, si se quiere encontrar solución a nuestro mercado de trabajo.

N.B.  En Andalucía hay elecciones, pero sus asuntos olvidados son numerosos y por lo que se ve, están fuera de la política al día de hoy en la CC. AA. andaluza. En otra expresión, los políticos ignoran esos asuntos y pasan de ellos como si no existieran.

Así mismo, la falta de -información veraz- al respecto es algo preocupante en extremo, de forma, que es imposible sin conocer realmente la realidad reformar y tomar medidas, que solucionen los temas enunciados y señalados.

La cifra de inactivos en crecimiento continuo en Andalucía es un indicador siniestro, que la Junta de Andalucía parece que ha olvidado, cuando se trata de un colectivo que precisa de toda clase de atenciones y políticas asistenciales.

La igualdad entre los andaluces, que garantiza el artículo 14 de la Constitución, no existe en Andalucía al día de hoy, así que algo habrán de hacer los políticos en activo, especialmente, los que están o estén en el poder en la CC. AA. andaluza.

Córdoba, a 19 de abril de 2022

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Respeto a la ley – Poderes Públicos (Letrados de la Administración de Justicia – Principio de exclusividad jurisdiccional)

(1) La Constitución garantiza los principios de legalidad y de respeto a la Ley por los poderes públicos, así:

[*Artículo 9. Respeto a la ley. 

1.  Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la constitución y al resto del ordenamiento jurídico.

*Artículo 10. Respeto a la Ley.

1.  La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son persona      inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social.

*Artículo 103. Respeto y sometimiento a la Ley.

1. La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.

*Artículo 117. Respeto a la Ley y principio de exclusividad jurisdiccional.

1.  La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del de la justicia     Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley.

3.      El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan.]

***Así mismo, el T. C. ha dicho: “Que el «respeto a la ley» es el  fundamento del orden político y de la paz social”.

{Ver. T.C. Pleno. Sentencia 17/2013, de 31 de enero. Recurso de inconstitucionalidad 1024-2004: El Tribunal Constitucional (FJ 5) se apoya en el «respeto a la ley», como fundamento del orden político y de la paz social (art. 10.1 CE), para avalar la obligación de respetar el ordenamiento jurídico (en este caso, la legislación de extranjería). Así, conforme al art. 10.1 CE, «el respeto a la ley, esto es, el mantenimiento y preservación de una situación preexistente creada por las normas mediante las cuales se regula una determinada actividad o ámbito, es uno de los fundamentos del orden político y de la paz social» (STC 160/1999, de 18 de julio, FJ 11), aunque tan «sólo permite restricciones limitadas, controladas y ciertas sobre otro bien constitucional» (STC 292/2000, FJ 11) de manera proporcional al fin legítimo perseguido y siempre que sea respetuoso con el contenido esencial del derecho fundamental restringido (SSTC 57/1994, de 28 de febrero, FJ 6; 18/1999, de 22 de febrero, FJ 2)”.}

(2)  Ocurre, sin embargo, con demasiada frecuencia, que los Poderes Públicos se saltan el “respeto a la Ley constitucional” con variados pretextos y justificaciones, que en muchos casos son inaceptables, aunque el español de a pie se encuentra indefenso y cuando puede reclamar, encima en la mayoría de las ocasiones tiene que pagar por recurrir, lo que ya deviene en una injusticia manifiesta, siendo abuso sobre abuso, quedando, además, los responsables impunes, pues parece que gozan de inmunidad en sus irresponsables decisiones.

Los casos son innumerables, tanto del Gobierno Central como de las CC. AA. y del resto de las Administraciones Públicas, incluido el Poder Judicial, de forma, que enumerarlas todas resulta imposible, aunque nadie puede olvidar hechos del Gobierno como la llamada “amnistía fiscal” del Presidente Rajoy o el confinamiento del Presidente Sánchez, razón por la que en -todos casos se cuecen habas-, de manera, que este pequeño comentario va dirigido a los Letrados de la Administración de Justicia (antiguos Secretarios) que excediéndose en sus competencias con sus resoluciones invaden la función jurisdiccional (vulneran el principio de exclusividad jurisdiccional), queda lo dicho. Sus Diligencias de Ordenación y Decretos es cierto, que pueden ser recurridas en reposición y/o en revisión, pero lo cierto es, se estime la reclamación o no, que el recurrente particular se ve obligado a realizar el inevitable depósito previo en la cuenta del Juzgado para recurrir.

Dos puntos se cuestionan en este pequeño artículo:

1.- Cuando la resolución del Letrado/a de la Administración de Justicia vulnera el principio de legalidad y se salta el respeto a ley sobrepasando sus competencias e invadiendo la función jurisdiccional, siempre hay que acudir al recurso legal, de forma, que aquí existe una norma claramente mejorable, pues debería bastar, con que la parte interesada presentara un simple escrito denunciando ante el Juzgador el hecho y la mera sospecha de la infracción cometida, posibilitando que el Órgano Judicial competente decidiera según la Ley.

La falta de respeto a Ley constitucional en el caso señalado adolece del imperativo de la falta de igualdad, ya que, cuando el particular recurre, sobre todo si se trata de la Administración Pública, está entablando y luchando a sus expensas contra múltiples resoluciones públicas contrarias a sus intereses, lo que, implica privilegios para las administraciones afectadas (poder ejecutivo y poder judicial), pues no solo hay que recurrir, sino que también hay que pagar previamente.

2.- El pagar previamente por recurrir una resolución del Letrado/a de la Administración de Justicia debería ser eliminado, salvo casos extremos, de temeridad o mala fe, y, siempre, a posteriori, de la decisión judicial.

El actual sistema de recursos contra las resoluciones de los Letrado/as de la Administración de Justicia está ideado contra los ciudadanos de los que emanan los poderes del Estado, por la simple razón, de que, si el poder procede y nace del Pueblo, romper la igualdad y el principio de legalidad, exigiendo condiciones máximas al particular de a pie, mientras los Poderes Públicos quedan eximidos previamente del respeto a la Ley, destruye los principios que fundamentan nuestro Estado Social y Democrático de Derecho.

CONCLUSIÓN: En el respeto a la Ley no puede haber atajos, desigualdades ni privilegios, máxime, cuando se enfrenta el ciudadano de a pie por un poder público, sea el que sea, a la vez, que deben desaparecer las desigualdades y privilegios en favor de los poderes públicos.

N B. El respeto a la Ley por todos los Poderes Públicos es una de las bases de nuestra Democracia y de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho, y, sin duda, los Letrado/as de la Administración de Justicia no pueden ser una excepción, de forma, que cuando sus resoluciones desconocen el principio de exclusividad jurisdiccional, aunque sea solo en mera apariencia, sus decisiones deben ser anuladas por un procedimiento judicial caracterizado por su simpleza y sin necesidad de coste previo para el ciudadano de a pie.

La resoluciones de lo/as Letrado/as de la Administración de Justicia que sobrepasen, aun en mera apariencia, sus atribuciones legales, fijadas en la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial (en adelante, Ley 13/2009), que distingue entre aquellas resoluciones procesales que deben dictarse necesariamente por Jueces o Magistrados, deben ser anuladas de raíz, ya que ello/as no forman parte del poder judicial.

Las resoluciones que deban dictarse por Letrado/as Judiciales, sin excepciones de tipo alguno, estarán en su esfera de competencia, de forma, que nunca sus decisiones procesales a adoptar, puedan afectar a la función estrictamente jurisdiccional (exclusivamente atribuida a los Jueces y Tribunales), invadiendo la función jurisdiccional que solo compete al Juzgador.

La realidad diaria en los Juzgados y Tribunales, en demasiados casos, es que, las resoluciones de los Letrado/as de la Administración de Justicia adolecen de falta de respeto a Ley, ya que, sobrepasan sus competencias, siendo el coste de los recursos contra ellas, además, una injusticia, que consagra una desigualdad contraria a la Constitución Española de 1978.   

Córdoba, a 15 de abril de 2022

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.