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Bajo la bota o sobre la bota (Euro Europa y los ingleses – Reino Unido)

La diferencias son abismales, (I) la Europa de Merkel (UE) prefirió escoger el gas barato de Putin, renunciando a la auto defensa energética y las consecuencias están a la vista; (II) los ingleses (R. U.) se exiliaron de la U.E. alemana – francesa, llena de presuntas bicocas falsas y ahora viven con más energía propia de todo tipo y color.

Todo se pone de relieve, aun más, con el Funeral de Estado Cristiano, que han ofrecido a su amada Reina a la vista de todo el mundo, cosa que a algunos (muchos) nos llena de envidia, a la vez, que nos sonroja con lo que estamos permitiendo y consintiendo en España.

La CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA – Aprobada por Las Cortes en sesiones plenarias del  Congreso de los Diputados y del Senado celebradas el 31 de octubre de 1978 – Ratificada por el pueblo español en referéndum de 6 de diciembre de 1978 – Sancionada por S. M. el Rey ante Las Cortes  el 27 de diciembre de 1978 – fue y es un ejemplo para el mundo y donde una gran mayoría de españoles, dirigidos por un grupo amplio de personas de todos los colores e ideas, nos dimos una Norma Suprema que no ha dado más de 40 años de convivencia, y prosperidad, aunque, curiosamente, un grupo muy reducido de españoles negacionistas han decido que hay que cargarse el Régimen de 1978.

La C. E. toda es una Norma Constitucional ejemplar, de forma, que solo con reproducir su Preámbulo se comprende su grandeza y el esfuerzo conciliador que hicimos los españoles, así:

PREÁMBULO

“La Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de:

Garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo.

Consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular.

Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones.

Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida.

Establecer una sociedad democrática avanzada, y

Colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la Tierra”.

Está claro, clarísimo, que cuando los españoles unidos nos ponemos a hacer algo, lo hacemos bien, quizás, sería más apropiado para acercarnos a la verdad decir que “lo hacemos mejor”, aunque eso no impide, que ante el Funeral de Estado de la Reina Isabel de Inglaterra la envidia a muchos nos corroe, especialmente, porque sabemos que España es una Gran Nación llena de gestas de valor universal y de grandes personajes, que es innecesario citar, aunque, ahora, estemos metidos en un bucle de espiral autodestructiva.

N.B. Ha  llegado el momento de decidir, si los españoles estamos bajo la bota o sobre la bota, de forma, que hay que escoger entre la Constitución y todos sus derechos y libertades o la bota de Putin y todos los autócratas del mundo mundial.

Creo firmemente que la gran mayoría de españoles estamos con la libertad y la justicia dentro de un Estado Social y Democrático de Derecho.

Córdoba, a 20 de septiembre de 2022

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Inconstitucionalidad del art. 848 de la L. E Crim. – Autos de sobreseimiento libre del Juzgado de Instrucción (Denuncia del exceso de poder legal del Juez Instructor)

Casi a diario ocurre, que un Juez de Instrucción dicta un Auto de sobreseimiento libre al considerar que los hechos no son constitutivos de delito y la causa penal termina sin posibilidad de recurso alguno.

La casación es, difícilmente, planteable, ya que, el art. 848 de la L. de E. Crim. dice literalmente:

“Podrán ser recurridos en casación únicamente por infracción de ley, los autos para los que la ley autorice dicho recurso de modo expreso y los autos definitivos dictados en primera instancia y en apelación por las Audiencias Provinciales o por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional cuando supongan la finalización del proceso por falta de jurisdicción o sobreseimiento libre y la causa se haya dirigido contra el encausado mediante una resolución judicial que suponga una imputación fundada“.

*El R. de Queja intentado ante el T. S. naufragará por Ley.

*El Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950, ratificado por España en 1977, es una norma supranacional, que no se puede obviar.

Por otro lado, se puede decir lo que quiera, pero el Auto de Sobreseimiento Libre confirmado en apelación (con más o menos razón) es la prueba fehaciente de un poder que se puede considerar omnímodo e inexpugnable, cuando se fundamenta en la falta de imputación fundada.

Es cierto, que las Audiencias Provinciales, a veces, aunque pocas, revocan el auto de sobreseimiento libre ordenando seguir el procedimiento o la apertura del juicio oral.

También es cierto, que las revocaciones de esos autos son infrecuentes, máxime, cuando se utilizan por el Juez de Instrucción todos los lugares comunes inhabilitantes para cualquier defensa, como pueden ser, *la apelación al principio de la intervención mínima del derecho penal, *la aplicación desmesurada del principio de presunción del inocencia basada en la intervención directa del Juez Instructor en las diligencias de investigación, sobre todo, las de carácter personal o pericial, sin excluir documentales sujetas, si o si, a varias interpretaciones, que haberlas ahílas, solo por citar los escollos más comunes, aunque la relación en la práctica judicial puede ser inacabable.

Por lo dicho, no cabe duda, que el art. 848 de la L. E. Crim. reproducido puede ser inconstitucional y/o contrario al Convenio Europeo de Derechos Humanos por falta de un recurso “efectivo” aceptable y, sin duda, legítimo en estos casos.

{Incluso, la simple duda del Juzgador de Instrucción carente de un fundamente fáctico y/o jurídico suficiente no puede ser bastante, ya que, como ha dicho el T. S. en varias sentencias: “El Juzgado de Instrucción incumple su deber de explicitar las razones de lo decidido, porque al tratarse de un Auto de sobreseimiento y archivo, resulta imprescindible, un discurso justificativo en el que se precisen las razones fácticas y jurídicas que descartan la hipótesis de la pretensión penal de la parte”.

Dicho de otra forma, los jueces no disponen de una libertad sin reglas para descartar los hechos de la acusación. En resumen, el fallo del Auto recurrido no puede descansar exclusivamente en razonamientos jurídicos, que se basan  exclusivamente en la simple convicción personal del Juez Instructor sin otro fundamento probatorio que su voluntad, un valor basado en la arbitrariedad, incluso aunque se esté en fase de instrucción o investigación, teniendo por todo ello, el auto recurrido en apelación falta de motivación, vulnerando los arts. 9 (prohibición de la arbitrariedad), 24  y 120 (exigencia de motivación y tutela judicial efectiva) de la C. E.}

Especial importancia y significación tiene el asunto, cuando se trata de un ciudadano de a pie, que litiga contra una Administración Pública en la que se dictan por sus autoridades y funcionarios resoluciones posiblemente prevaricadoras, y, donde el Juez Instructor dicta auto de sobreseimiento libre sin más, al entender con más o menos razones (fácticas y/o jurídicas) o sin ninguna de ellas, basándose solo en su convicción personal, que no existen indicios de ilícito penal.

Es cierto, así mismo, que se puede acudir en amparo ante el Tribunal Constitucional, aunque, dado su funcionamiento extremadamente lento y de criterios restrictivos, el ciudadano está en malísima posición para ejercitar una defensa eficaz.

CONCLUSIÓN:

Por todo lo expuesto, el artículo 848 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal exige una revisión legal acorde a nuestra Constitución y a nuestro Estado Social y de Derecho que la misma consagra, pues, se vea como se vea, es una norma restrictiva de derechos y libertades fundamentales del ciudadano español.

N.B. La posible inconstitucionalidad del art. 848 de la L. E. Crim., cuando se trata de Autos de sobreseimiento libre de los Juzgados de Instrucción no es algo sin importancia, ya que, evidencia la existencia de un exceso de poder legal del Juez Instructor.

Es un hecho patente y ocurre casi a diario, que un Juez de Instrucción dicta un Auto de sobreseimiento libre al considerar que los hechos no son constitutivos de delito y la causa penal termina sin posibilidad de recurso “efectivo” alguno.

La cuestión planteada no es menor, sino que tiene un componente esencial en la aplicación justa de la ley y de la confianza en la justicia, de manera, que el español que acude al poder judicial, debe tener siempre un derecho legítimo a disponer de un “recurso efectivo”, que siempre debería quedar en manos del Tribunal Supremo, ya que, aunque sea objeto de críticas de excesiva e injustificada dureza, lo cierto es, que en Él están los mejores jueces, aunque desgraciadamente por su numero cerrado no sean todos, y, para los ciudadanos particulares, españoles de a pie, sería una garantía inestimable, haciéndose realidad la eficacia suprema de la Constitución, que dice que los tres poderes del estado proceden del Pueblo.

Córdoba, a 20 de junio de 2022

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Resoluciones judiciales – Hechos probados (Motivación fáctica y jurídica)

Se observa, cada vez más, que algunas resoluciones judiciales, quizás, demasiadas, pasan de ofrecer una justificación fáctica de su contenido, careciendo de hechos probados, por lo que se limitan en la fundamentación jurídica a ofrecer una suerte de conclusión más normativa que fáctica y completamente subjetiva, por la que descartan las pretensiones de alguna de las partes, pero no precisan ni las premisas internas ni externas de las mismas, careciendo de un relato fáctico determinante de su contenido jurídico. En resumen, no se sabe cuales son los hechos probados, que han llevado al juzgador a dictar su resolución, siendo todo una conclusión subjetiva injustificada sin hechos que le sirvan de soporte.

Los jueces no pueden disponer de una libertad sin reglas, ya que, toda resolución, sea favorable o adversa a las partes, exige un deber de análisis de todos los elementos aportados al proceso, de racionalidad sustancial valorativa y normativa y de exteriorización.

El deber de justificación de las razones fácticas y jurídicas de cualquier resolución judicial es ineludible siempre, de forma, que su omisión constituye una corruptela judicial, que impide a la parte interesada interponer un recurso fundado y al tribunal superior realizar un examen completo y riguroso de dichas resoluciones.

Ocurre, sin embargo, que en ocasiones algunas-demasiadas resoluciones carecen de fundamente fáctico, realizándose después en los fundamentos de derecho razonamientos fácticos infundados y de carácter subjetivo.

Lo único cierto es que los hechos clara y precisamente determinados constituyen el punto de partida de todo razonamiento decisorio, siendo el primer y fundamental elemento de la pre -comprensión necesaria para la identificación e interpretación de la norma aplicable al caso.

De ahí, la trascendencia de la claridad y de la precisión en el relato fáctico, pues es la única fuente de la que el juez o tribunal puede suministrarse información para la construcción de su inferencia normativa.

Sin embargo, ocurre en la práctica diaria judicial, que el fundamento fáctico de las resoluciones es prácticamente inexistente, tal como sucede, por ejemplo, abierto, con autos penales de sobreseimiento y con sentencias no recurribles (por la cuantía o cualquier otra causa) en los órdenes social y/o contencioso administrativo.

Es verdad, que el exceso de asuntos a resolver constituye un obstáculo a veces insalvable, pero, es más cierto, que los ciudadanos que acuden a la justicia, en muchas ocasiones obligados por resoluciones administrativas injustas, si o si, deben ser resarcidos en su objetivo de pedir justicia ante el poder judicial y, sin duda, uno de esos resarcimientos es el derecho a obtener una resolución judicial bien fundada en sus hechos y fundamentos de derecho, de forma, que aunque la resolución del juez o tribunal no se pueda recurrir, el ciudadano tiene un derecho legítimo a conocer los fundamentos fácticos y jurídicos por los que su pretensión ha sido desestimada, no siendo esta  una cuestión menor, pues lo que está en juego es la confianza del pueblo en su justicia y la seguridad y fe de que nuestro Estado Social y Democrático de Derecho  funciona.

N.B. Es cierto, que ocurre, que algunas resoluciones judiciales carecen de hechos probados y de motivación fáctica, siendo en los fundamentos de derecho donde el juez o tribunal realiza una inferencia fáctica, que necesariamente es subjetiva y solo jurídica, pareciendo que los mismos disponen de una libertad sin reglas, lo que, desde luego, no es conforme con el respeto a la Ley, que  consagran los arts. 9, 10, 24,103 y cc. de la Constitución vigente de 1978, que ha establecido en España un Estado Social y Democrático de Derecho.

La cuestión planteada no es menor, sino que tiene un componente esencial en la aplicación justa de la ley y de la confianza en la justicia, de manera, que el español que acude al poder judicial, tiene un derecho legítimo a conocer los fundamentos fácticos y jurídicos por los que su pretensión ha sido desestimada, pues la Constitución dice que los tres poderes del estado proceden del Pueblo.

Córdoba, a 25 de mayo de 2022

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Verdades y mentiras (Andalucía – Estado de Derecho)

Hoy es el día de Andalucía y para muchos andaluces una ilusión compartida, que hace falta, que fructifique en realidades y en esperanzas verdaderas y donde las mentiras queden escombradas.

**Empezaré con ciertas verdades, así:

1ª.- Antes que después habrá elecciones en Andalucía y por lo que se ve esto a va a ser cosa de dos entre los votantes andaluces: De un lado, el Sr. Moreno Bonilla y de otro, la Sr.ª. Olona. La verdad  es que tienen el mismo nicho de votantes y los dos son mucho más que sus partidos, además, se quiera admitir o no son las opciones de libertad, frente a las que estarán todos los demás.

Es simple, pero es verdad.

2ª.- En Europa hay una guerra declarada matónamente por un liberticida, mientras la U.E. y Europa defendían valientemente el Estado de Derecho contra Polonia y Hungría, y, en cambio, ahora se retraen cobardonamente olvidando sus valores y su Estado de Derecho, aunque, es algo patente, que el agresor de Europa y del mundo libre no solo los ignora, sino que le importan una higa.

La verdad es muy simple, si la U. E., Europa y el llamado mundo libre occidental no dan la cara en Ucrania, poniendo en su apoyo todos sus medios disponibles, no solo sanciones financieras y cosas parecidas, -como pueden ser envío masivo de medios de combate materiales y humanos-, el Estado de Derecho, que garantiza la libertad, estará pronto bajo la bota de un autócrata de ambición interminable.

La esperanza de acciones verdaderas de defensa se diluye en Eurovisión, aunque los resultados serán peligrosísimos para las libertades y derechos fundamentales del mundo occidental, por ahora libre, aunque en situación de emergencia.

España en la actual situación y con el Gobierno que detenta el poder está fuera de juego, por mucho que el Presidente Sr. Sánchez presuma de la OTAN, pues la verdad es que nada de nada, al estar los amigos del genocida de Ucrania sosteniéndolo desde su poder gubernamental.

3ª.- La economía en España se encuentra en situación de emergencia en completa y declarada estanflación, ya que, la recuperación se ha detenido en seco, a la vez, que la inflación, el empleo y el paro ofrecen datos negativos, que llevan a la desesperanza.

La verdad es la que es, aunque, además, siguen engordando: *el gasto público improductivo y *la recaudación fiscal dopada sin remedio por la inflación, mientras *aumenta la pobreza de los españoles día a día.

4ª.- La situación política en España está bajo mínimos con su estado de derecho eliminado en su división de poderes, mientras unos partidos políticos cerrados y antidemocráticos en su funcionamiento se deshacen en la mediocridad de sus dirigentes, mientras olvidan al Pueblo llano, que según la Constitución tiene la soberanía de la que emanan los poderes del Estado.

De nuevo, la verdad es la que es, esperando los españoles que les dejen votar cuanto antes en libertad, a ser posible con listas abiertas y por distritos.

**Seguiré con ciertas mentiras, así:

1ª.- La U. E., Europa y el mundo libre occidental están apoyando a Ucrania frente el sátrapa ruso.

La negativa eurovisiva ha llenado de miedo a Putin, de forma, que está ordenando a sus huestes genocidas la retirada inmediata .

2ª.- En la U. E. rige el Estado de Derecho y todos sus miembros está dispuestos a defenderlo capa y espada con convicción y hasta donde haga falta, pues más vale morir de pie que vivir de rodillas.

Que es mentira, por supuesto, pero es lo que hay.

3ª.- Que la OTAN es el escudo de Europa y del mundo libre.

Parece, que es otra mentira más, de manera, que como se dice ahora en España: Pues, ESO.

El que suscribe es andaluz confeso y militante, todo lo demás, me parece de segunda fila, aunque Andalucía necesita elecciones con urgencia y si es posible en completa libertad.

N.B. Las verdades y mentiras expuestas exigen un Estado de Derecho efectivo, razón que conlleva, que en Andalucía habrá pronto elecciones y será cosa de dos en uno:  De un lado, el Sr. Moreno Bonilla y de otro, la Sr.ª. Olona.

Los partidos de ambos dos estarán en segundo plano, así que sus personalidades políticas serán determinantes en las elecciones andaluzas.

La verdad es Andalucía, de forma, que todo lo que no beneficie a los andaluces, sin discriminaciones ni desigualdes, será rechazado, así que, ya veremos por donde va cada uno de estos dos, que son realmente solo uno.

Córdoba, a 28 de febrero de 2022

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Estanflación – maldades – seguridad y silencio (rebelión contra la injusticia -sea cual sea-)

La votación del Congreso de la convalidación del R. D. L. de la Reforma Laboral es último ejemplo de una maldad a la vista pública de todos los españoles y sálvese quien pueda.

Las maldades públicas, está visto, que existen en muchas formas, pero si se ocultan en el silencio se convierten en algo peligroso en extremo, ya que, la incapacidad de cualquier sociedad civil de decir no y de sublevarse cuando es necesario, puede llevar a que la injusticia, si se opta por la  comodidad, la seguridad y el silencio, anide de forma permanente en esa sociedad que lo acepta todo, de manera, que, si se da el supuesto opresor consentido una y otra vez, quizás, entonces,  sea demasiado tarde y no se pueda ni protestar.

El caso del Modelo 720 de Hacienda, otro caso más, de una serie interminable de abusos del poder, con la Sentencia TJUE de 27-01-2022. Asunto C-788/19, ha dejado claro,  que la legislación nacional que obliga a los residentes fiscales en España a declarar sus bienes o derechos situados en el extranjero es contraria al Derecho de la Unión; constituyendo un ejemplo de que la lucha contra la injusticia, aunque sea desigual, es completamente necesaria en cualquier sociedad, que quiera ser regida por un estado de derecho, de forma, que el silencio cautivo nunca es una buena solución y que siempre es necesario sublevarse ante cualquier abuso, máxime, si procede de los poderes públicos.

Desgraciadamente, el caso de Modelo 720 de Hacienda o la votación de la Reforma Laboral no son los únicos en España, sino que se vienen produciendo demasiados supuestos donde peligra seriamente nuestro estado de derecho, sin que la sociedad adocenada se mueva como las circunstancias exigen, no solo ahora, sino desde hace varios años, de forma, que casos como, la amnistía fiscal vergonzosa declarada inconstitucional, el estado de alarma confinatorio declarado contrario a la Constitución por el T. C., y otros casos más vidriosos e ilegítimos, parece, que se han apoderado de nuestros derechos y libertades constitucionales, sin que nadie responsa de nada y bajo un halo perverso de impunidad, porque, además, los interesados perjudicados se quedan solos en sus reclamaciones (patrimoniales o de otro signo) frente a la situación de privilegio de los poderes públicos, responsables de los desaguisados contra el estado de derecho.  

Por otro lado, agrava la situación en España, el hecho  cierto de que los gastos del Estado han crecido de forma desmedida y, desgraciadamente, en una parte muy importante en gasto improductivo e innecesario (aunque debo aclarar, que el gasto social elemental lo considero gasto necesario y productivo, aunque siempre dentro de la realidad económica de España), mientras reina la oscuridad en asunto trascendentales para los españoles, como los Fondos Europeos y su reparto, el funcionamiento del poder judicial y su renovación, la política fiscal que se avecina y un larguísimo etc. de ejemplos de que, lo que no podía pasar está al borde de pasar.

La recuperación política, social, económica y sanitaria solo será posible, si se diseñan y aplican políticas razonables y equitativas en la aplicación de todos los recursos disponible, no de los que no hay, de forma, que, además, las medidas de reforma deben ser rápidas, eficaces y posibles, permitiendo que aumente la creación de riqueza y la productividad para superar esa barrera negativa, si o si, de que la mitad de la población de España  mantenga y sostenga a la otra mitad, pues esa situación social y económica es insostenible y perversa.

Seguimos con unas cifras de paro tremendas, que nos sitúan en una doble cabeza de la U. E.-.

Por otro lado, es evidente, que la inflación está enseñando sus patas rasposas con un encarecimiento del nivel de vida descontrolado, que, la subida tremenda de la luz, el aumento de impuestos, el gasto público desnortado, etc.  están poniendo a la vista de todos.

El IPC interanual adelantado en el primer mes de 2022 se sitúa en el 6%.

El problema se acentúa, cuando, aunque suben los salarios, los precios aumentan más para los consumidores,  estancándose la recuperación o parándose en seco, produciéndose un efecto perverso de estanflación, con riego claro de que se convierta en algo permanente.

Así mismo, lo que hay está claro, los recursos se saben cuáles son, de forma, que la demora y los errores en el arreglo rápido de la situación económica y social entra de lleno en el abismo de lo perverso, aunque, siempre hay que actuar dentro de la Constitución y del respeto a la Ley, porque aquí no valen los atajos con sacrificios de derechos y libertades.

Hechas las anteriores aclaraciones, entiendo, que lo primero que hay que hacer, es proporcionar a los españoles su derecho efectivo a una información veraz, completa e inmediata (art. 20 CE), de manera, que una vez conocida la realidad por todos los ciudadanos (hombres, mujeres, mayores y menores, etc.), conociendo la verdad económica del País, se puedan adoptar medidas racionales y justas, que necesariamente, deben ser consensuadas por todos o la gran mayoría y aceptadas por la sociedad civil.

Dicho lo dicho, lo único inadmisible, es que los españoles aguanten vulneraciones del estado de derecho constitucional en silencio cautivo, pues si callamos una y otra vez, al final prematuro quedaremos sin libertades y derechos, presos del autoritarismo de unos poderes públicos que se exceden sin mesura en el uso indebido del poder, que el pueblo al que oprimen les ha delegado.

N.B. La estanflación y demás maldades sin rebelión a cambio de seguridad y silencio contra la injusticia -sea cual sea-, es, sin duda, el peor de los negocios de una sociedad civil o de un pueblo.

La unilateralidad excluyente ya no es un valor, que consuele a nadie, los españoles, a pesar de la falta casi completa de información veraz,  saben lo que se juegan si admiten el silencio cautivo, de forma, que conocen lo que se puede hacer de verdad y lo que son brindis al sol, pues ya han superado el miedo propio y/o ajeno. Solo quieren realidades y que no les engañe nadiesea quien sea.

Conocen, que tienen que desaparecer,  *los desequilibrios, como el que está creciendo entre el sector público privilegiado y el sector privado sometido a un desguace constante, así como, *las diferencias profundas entre CC. AA. y territorios; lo mismo que saben, que más allá de los recursos reales existentes solo está la quiebra del Estado.

Córdoba, a 6 de febrero de 2022

Fdo. Enrique García Montoyafebrero

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.