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Problemas de Córdoba VIII. Dejación de funciones en la Crisis del Agua (Instituciones Públicas en stand by)

Sigo contestando a mis lectores sobre los problemas y carencias de Córdoba y Provincia, y, dedicaré este artículo a la dejación de funciones de todas las Instituciones Públicas en Córdoba, que ha privado de agua potable a los habitantes de la Zona Norte de Córdoba, que son casi 85.000 personas.

Lo último ha sido, que la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) ha rechazado contra toda ley y justicia la autorización a la Junta de Andalucía para realizar la obra definitiva de conexión del embalse de La Colada con el de Sierra Boyera por la vía de los hechos consumados, la situación descrita es, se mire como se mire, un insulto a los cordobeses, a todos, no solo a los de la Zona Norte, motivo por el que todas las Instituciones con poder de gobierno son responsables de la falta de agua potable en la Zona afectada, de manera, que ha habido una enorme falta de dejación de funciones de todas las Instituciones con responsabilidad en este asunto desgraciado.

Problemas de Córdoba VIII: Dejación de Funciones en la Crisis del Agua.

La falta de agua potable en el norte de Córdoba, que afecta a más de 80.000 personas en 28 municipios, es un escándalo que evidencia la dejación de funciones de las administraciones públicas. Desde abril de 2023, la sequía extrema, la contaminación del embalse de La Colada y la inacción institucional han privado a la población de un derecho humano básico. Este artículo analiza las responsabilidades de las instituciones implicadas, las causas estructurales y las soluciones urgentes necesarias.

<<La Crisis del Agua en el Norte de Córdoba>>

Desde abril de 2023, el colapso del embalse de Sierra Boyera por la sequía y la contaminación del embalse de La Colada, con altos niveles de carbono orgánico total (COT) y vertidos, han dejado sin agua potable a la Zona Norte. La población depende de camiones cisterna y agua embotellada, con graves consecuencias sanitarias, económicas y sociales. El relator de la ONU, Pedro Arrojo, calificó esta situación como una “grave transgresión” del derecho al agua, pero, tras más de dos años, no hay solución definitiva.

<<Dejación de Funciones por las Administraciones Públicas>>

**Junta de Andalucía.

La Junta, responsable de la gestión hídrica y la calidad del agua, ha fallado en:

-Retrasos en soluciones: Las obras para modernizar la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Sierra Boyera, licitadas por 11 millones de euros, avanzan lentamente y no resolverán la crisis a corto plazo.

-Falta de previsión: A pesar de advertencias sobre la sequía en 2023, no se garantizó un suministro alternativo.

-Negligencia en vertidos: La contaminación de La Colada, vinculada a vertidos ganaderos y residuales, no ha sido controlada, ignorando informes previos desde 2013.

-Ausencia de liderazgo: No ha mediado eficazmente entre administraciones ni ha presentado un plan integral.

**Diputación de Córdoba y Emproacsa.

Emproacsa, encargada del abastecimiento provincial, ha mostrado:

-Infraestructuras obsoletas: La ETAP de Sierra Boyera no puede tratar el agua contaminada de La Colada. Las obras de modernización, iniciadas en 2024, no concluirán antes de finales de 2025.

-Mala planificación: La conexión La Colada-Sierra Boyera, propuesta en 2022, no incluyó medidas para garantizar la potabilización.

-Gestión ineficaz: La reducción del suministro por camiones cisterna en 2023 agravó la crisis, y las pérdidas en la red de distribución no se han abordado.

-Despilfarro financiero: Emproacsa, al borde de la quiebra, ha requerido inyecciones de fondos públicos sin resolver el problema.

**Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG).

La CHG, bajo el Ministerio para la Transición Ecológica, es responsable de:

-Bloqueo de proyectos: Ha paralizado la conexión Puente Nuevo-Sierra Boyera, una solución viable con agua de mejor calidad, pese a contar con 9 millones de euros.

-Errores estratégicos: En 2022, priorizó La Colada, cuya agua resultó contaminada, descartando Puente Nuevo.

-Falta de control: No ha evitado la contaminación de La Colada, un problema conocido desde hace años.

**Gobierno Central.

El Ministerio para la Transición Ecológica ha mostrado:

-Inversión insuficiente: Los fondos asignados en 2024 para la ETAP de Sierra Boyera no resuelven la emergencia.

-Falta de coordinación: No ha liderado una respuesta conjunta, ignorando advertencias de la ONU y preguntas parlamentarias.

-Ausencia de urgencia: La conexión Puente Nuevo-Sierra Boyera, clave para una solución definitiva, no estará lista antes de 2027.

<<Causas Estructurales>>

La crisis refleja problemas sistémicos:

*Abandono histórico: La Zona Norte ha sufrido décadas de desinversión en infraestructuras hídricas.

*Gestión ineficaz de la sequía: Las administraciones no han adaptado sus planes al cambio climático, con reservas en la cuenca del Guadiana al 21,1% en 2023.

*Contaminación descontrolada: Vertidos ilegales y ganadería intensiva han dañado La Colada sin sanciones efectivas.

*Descoordinación administrativa: Las competencias compartidas han generado un vacío de responsabilidad.

<<Impacto y Reacción Social>>

+Sanitario: La falta de agua potable causa problemas cutáneos, gastrointestinales y ansiedad, especialmente en niños y ancianos.

+Económico: Ganaderos sacrifican animales por los costes del agua, y la hostelería sufre pérdidas.

+Movilización: La Plataforma Unidos por el Agua ha liderado protestas, marchas y una huelga de hambre en 2023.

+Eco internacional: La crisis ha sido destacada por el Tiempos de Nueva York y el relator de la ONU.

<<Soluciones Urgentes>>

*Conexión Puente Nuevo-Sierra Boyera: La CHG debe autorizar y acelerar esta obra antes de 2027.

*Modernización de la ETAP: Finalizar las mejoras con tecnologías avanzadas (ósmosis inversa, ultrafiltración) en 2025, con financiación conjunta.

*Control de vertidos: Implementar inspecciones y sanciones estrictas para proteger La Colada.

*Plan contra la sequía: Crear un pacto regional con auditorías, interconexiones y medidas climáticas.

*Participación ciudadana: Establecer un foro permanente para garantizar transparencia.

*Compensaciones: Ayudas para ganaderos y negocios afectados.

<<Conclusión>>

La crisis del agua en el norte de Córdoba es una vergüenza colectiva. La Junta de Andalucía, la Diputación, la CHG y el Gobierno Central han fallado en garantizar un derecho fundamental. La desinversión, la descoordinación y la falta de visión han prolongado un drama evitable. Desde Córdoba Abierta (ACOA), exigimos un plan de emergencia con plazos claros, financiación suficiente y acción coordinada. Es hora de acabar con el abandono y garantizar la igualdad para todos los cordobeses. No descansaremos hasta lograrlo.

N. B. Es un hecho patente, que uno de los problemas de Córdoba ha sido y es la grave dejación de funciones en la Crisis del Agua.

El valor justicia constitucional exige que esta situación injusta no dure ni un día más.

Córdoba, 12 de junio de 2025

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S.S.

Amnistía VI – Impunidad política y sus gestores (La Diputación de Córdoba sirve de ejemplo)

Es un hecho patente, que “Quien permite la injusticia. Quien permite la impunidad. Participa en ella”.

Cuando un político malgasta el dinero público, que debe cuidar, ocurre que no pasa nada, sea cual sea el importe del despilfarro, ocurriendo lo mismo cuando comente cualquiera otra ilegalidad, pues bien, eso es impunidad e injusticia, y, cuando los políticos que mandan no hacen nada para recuperar el dinero malgastado ni exigen responsabilidad alguna a esos políticos y gestores, están concediendo una “amnistía”.

El ciudadano de a pie cuando le ponen una multa está obligado a pagarla y si no lo hace se le persigue por tierra, mar y aire, con embargo de cuentas, etc.. Si hablamos de Hacienda y sus métodos coercitivos la situación diaria es demoledora, conque olvides una simple declaración formal multa y recargo.

La Constitución dice que el poder procede el pueblo, pero se ha impuesto un ejercicio de ese poder espurio y perverso contra el ciudadano de a pie y un ejercicio, también, perverso, pero en sentido contrario, cuando son políticos los que realizan actos injustos gastando lo que no deben y/o incumpliendo la ley con plena impunidad.

Los casos de malgasto del dinero público de todos sin consecuencia alguna para el político despilfarrador son incontables, quizás porque, como se dice “perro no muerde a perro”, así que citaré algunos penosos e indignantes, así:

**El tranvía fantasma de Jaén.

**La recogida neumática de basuras en Córdoba.

**Aeropuertos construidos sin aviones.

**Etc. etc. (Sobra citar más casos, pues los ejemplos están a la vista de todos).

Ocurre, qué en la Diputación de Córdoba gobernada por el P. P., su Presidente (digital) Sr. Fuentes se empodera cubriendo irregularidades económicas de todo tipo y color, concediendo amnistía e impunidad a políticos y gestores de la anterior Corporación provincial,, así:

*Convalida con una ordenanza una fiscalidad provincial contra ley, según ha dejado claro la Cámara de Cuentas de Andalucía sobre el ICHL – Diputación en su Informe de 2020 y sobre el Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblo Nuevo de 2019, apoyándose en informes y dictámenes procedentes del muro socialista, sin exigir y decretar la necesidad de una auditoría independiente realizada por profesionales libres e independientes.

*Salva Empresas Públicas con el dinero de todos los cordobeses, eliminando, así mismo, cualquier responsabilidad de políticos y gestores socialistas concediéndoles amnistía del dinero público evaporado en una gestión de malgasto del dinero de todos, sin exigir, además, ninguna devolución.

Ni siquiera ha reclamado la existencia de pólizas de seguro para cubrir responsabilidades de gestión.

*Negación reiterada a una auditoría independiente de las cuentas de la Diputación, basándose en exclusiva en las personas que sostienen el muro socialista, negándose, incluso, a solicitar un Informe a la Cámara de Cuentas de Andalucía y a pedir a las Diputaciones de Málaga, Sevilla o Huelva in informe de cómo se han adaptado en su fiscalidad a la Ley 40/2015- LRSP en su art. 49.

*Aceptar sin un pero el gasto del dinero público de la Diputación en políticas socialistas incumplidas y en promesas contraídas de los anteriores políticos y gestores socialistas, de manera, que paga y paga en aras de su tranquilidad.

A destacar, que mientras El Presidente Sánchez va tomando una a una cualquier institución de la Nación (ahora, ha sido la Agencia EFE), el Presidente Sr. Fuentes concilia sin pudor con los adversarios, a la vez, que lanza Decretos contra los que hemos votado al P. P.

Por todo lo dicho, hay que impulsar un cambio, de forma, que el movimiento cívico contra la amnistía y la gracia del perdón (política, económica, administrativa y legal) hacia los perdedores de las elecciones municipales, debe dar un paso adelante, y más allá de siglas y de deseos personales abandonando todo confort, avanzando en la creación de una asociación o como se la quiera llamar con vocación de cambio en Córdoba y Provincia activa, en defensa de la Constitución y de una España unida de ciudadanos libres e iguales.

La acción cívica organizada y la oposición política responsable tienen el deber de corregir desviaciones de poder y cambios de rumbo de lo que se ha votado, de forma, qué si el que manda, como ocurre en la Diputación de Córdoba ha virado buscando solo su conveniencia personal, olvidando las promeses del P. P., sepa, y, sepan los que le han elegido digitalmente, que la oposición verdadera defensora de la libertad, de la igualdad y del estado de derechos está en la calle organizada y viva.

La dimisión del Presidente digital del P.P. de la Diputación llegara.

N.B. La amnistía y la impunidad política y sus gestores de la anterior Corporación realizada, día a día, por el Sr. Fuentes en la Diputación de Córdoba es un ejemplo de estulticia política.

La acción cívica no callará y reclamará en cualquier frente sus derechos fundamentales, de forma, que ni un paso atrás en defensa de la libertad.

Córdoba, a 11 de diciembre de 2023

Fdo. Enrique García Montoya

(Concejal y Diputado Provincial en la legislatura local 1983-1987 de Alianza Popular y Portavoz del Grupo Provincial de A. P.).

Abogado ICA-Córdoba. Cdo. 1316. Inspector de Trabajo y S. S. -en excedencia-.

Gasto público insensato y/o imprudente (la impunidad como norma)

Se suele decir (con mucha sorna) alegremente, con ánimo de no cumplirlo, en la actividad diaria de algunos políticos, que se creen impunes (aunque quizás, realmente, lo son), que el dinero público hay que cuidarlo más que el propio por la sencilla razón de que pertenece al Pueblo Soberano.

Digo alegremente, porque proliferan en España casos donde se gasta inútilmente y sin control el dinero publico en cosas suntuosas, obscuras o/y sospechosas, que se presentan como llenas de imaginación, pero que en realidad conllevan un despilfarro inútil y con resultado cero para el bien común de los ciudadanos.

Citaré tres casos emblemáticos de gasto público improductivo, inútil y lleno de incógnitas para el bien común:

1.- Tranvía de la Ciudad de Jaén.

2.- Trenes chapuceros (mal-medidos) que sobrepasan los túneles en Cantabria.

3.- Recogida de basuras neumática en Córdoba.

Ante la realidad bochornosa solo existe una solución aceptable, arreglar el desaguisado y reestructurar el gasto público hacia la inversión y la productividad reales, realizando todos los ajustes que sean necesarios, pero siempre con respeto a nuestros derechos y libertades constitucionales, con igualdad social y sin que exista discriminación en ningún ciudadano.

Quedaría una consecuencia lógica, que casi nadie cumple, dimisión inmediata, una vez solucionado el desastre de un gasto desnortado, de todos los responsables.

Lo llamativo en todos estos casos es la impunidad de sus autores y responsables, aunque siempre aparezca un currito de segunda fila que asume las responsabilidades, quedando el que “manda” libre de polvo y paja.

Si el gasto público va dirigido o debe ir dirigido a satisfacer necesidades públicas, es algo patente, que cuando el gasto público supone un despilfarro y de ninguna forma cubre esas necesidades, sino que las pervierte, alguien es responsable, de manera, que los insensatos del gasto perverso y dañino al interés común, cuando menos, deberían ser señalados como irresponsables y asumir su desidia cainita en la administración de los caudales públicos, que se le han confiado dimitiendo, no sin antes reparar el daño causado.

N.B. Cuando el gasto público resulta insensato y/o imprudente, siendo, además, la impunidad de sus responsables la norma, algo malo está pasado al interés general de los ciudadanos.

La Constitución dice en su artículo 1., “que la soberanía reside en el Pueblo”. Pues, ESO.

Córdoba, a 10 de febrero de 2023

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.