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Infraestructura Eléctrica en Córdoba – (Bloqueo energético – atropello del IBI)

El “veto invisible” que paraliza la provincia y la expropiación fiscal encubierta de los Ayuntamientos.veto, invisible

1.- Realidad Provincial – (Un déficit estructural que nadie quiere asumir).

A día de hoy la provincia de Córdoba sufre un bloqueo energético doble que actúa como freno estructural al desarrollo:

Zona	Problema principal	Estado actual (marzo 2026)
Norte (Pedroches)	Ausencia de eje de transporte 400 kV	Inversión de 100 M€ aprobada (Maguilla-Peñarroya-Lancha). Ejecución “a largo plazo” (léase: indefinida).
Sur (Subbética)	Saturación crónica de subestaciones y red de media tensión	Colapso técnico real. Endesa recibe reclamaciones administrativas por denegación sistemática de puntos de acceso.
Capital	Saturación de nudos de conexión (Lancha/Casillas)	Pendiente de ampliación de posiciones por REE para evacuar renovables.

(Nota. Mientras se publicitan “récords” de fotovoltaica, la energía generada no puede evacuarse, de forma, que el resultado es paradójico, ya que, Córdoba produce electricidad que no puede usar y, al mismo tiempo, impide que sus ciudadanos y empresas la consuman.)

2.- El veto eléctrico al desarrollo urbanístico – (la trampa perfecta).

El colapso de la red se ha convertido en un freno fáctico a los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU), y, los Ayuntamientos, lejos de presionar a Red Eléctrica o a la Junta, han encontrado en este bloqueo una cómoda coartada:

<-Inviabilidad de licencias: No pueden otorgar licencias de primera ocupación porque no existe boletín de enganche.

<-Costes inasumibles: Las distribuidoras (Endesa) exigen a promotores particulares que financien subestaciones públicas completas.

<-Paradoja renovable: Se genera energía limpia que se “tira” mientras se bloquea el crecimiento residencial e industrial.

3.- Caso crítico – (Sector “Belén”) – (Cabra) – La prueba de cargo contra el Ayuntamiento.

La Subestación Eléctrica de Cabra (SET Cabra) está saturada nominalmente. Los 1,6 M€ invertidos en “digitalización” son un simple parche anti-apagones, porque no aumentan ni un solo kW disponible para nuevos desarrollos. La nueva subestación compartida con Lucena sigue varada en el limbo administrativo por falta de conexión a las líneas de alta tensión de REE.

4.- La contradicción intolerable – (el “atropello” del IBI).

Aquí es donde el cinismo municipal se hace insoportable.

El Ayuntamiento de Cabra (y otros muchos) sigue cobrando IBI Urbano a pleno valor catastral sobre parcelas que, por informe técnico propio, no pueden urbanizarse por falta, básicamente, de suministro eléctrico básico. Es decir:

1.- El propio Ayuntamiento deniega licencias alegando que el suelo no dispone de los servicios básicos que exige el art. 7.2.b del Texto Refundido de la Ley de Suelo (TRLCI).

2.- Al mismo tiempo, exige el IBI como si el suelo ya estuviera urbanizado y servido.

Esta conducta vulnera la jurisprudencia clara del Tribunal Supremo (STS 30/05/2014 y doctrina posterior), ya que, el suelo urbanizable sin servicios reales ni ejecución material debe tributar como rústico.

5. Estrategia de defensa – (tres frentes contra la expropiación fiscal).

A.- Vía Tributaria (frente al Ayuntamiento): Recurso de reposición contra los recibos de 2026, con un argumento central, concretamente, <-la Administración no puede exigir tributación urbana por un suelo al que ella misma niega los servicios básicos que lo convierten en urbano->.

B.- Vía Catastral – (la madre de todas las batallas). Solicitud de subsanación de discrepancias ante la Gerencia del Catastro de Córdoba con base de una prueba de poder, que reside en el propio informe municipal que deniega la potencia en el Sector Belén.

Si el Catastro reclasifica el suelo como rústico, el Ayuntamiento estará obligado a devolver los ingresos indebidos de los últimos cuatro años.

C.- Vía Ejecutiva. Suspensión de embargos (art. 165.1 LGT) por error material manifiesto en la base imponible.

Conclusión – (la expropiación fiscal encubierta y el verdadero culpable).

Lo que está ocurriendo en Cabra -y en otros municipios de la Subbética- no es un “problema técnico”, sino que es una expropiación fiscal encubierta por parte de Ayuntamientos, que han decidido priorizar la recaudación inmediata sobre la defensa real de sus ciudadanos.

En lugar de exigir a la Junta de Andalucía, a Red Eléctrica y a Endesa una planificación seria de infraestructuras, optan por la vía más cómoda, que consiste en seguir cobrando IBI a precio de suelo urbano sobre parcelas, que, según sus propios informes, no tienen luz para encender una bombilla.

Lo expuesto no es “colaboración” con el desarrollo, sino que es esquilmar al contribuyente, mientras se esconde detrás de la inoperancia de terceros. El suelo no tiene valor de solar si no tiene vatios. Y el Ayuntamiento que lo sabe y sigue cobrando actúa con dolo.

N.B. Imagen – Refleja una injusticia y un abuso de poder los Ayuntamientos.

Suelo rústico a precio de suelo urbano – expropiación fiscal, y, el verdadero culpable es el Ayuntamiento de turno, que prefiere esquilmar a sus ciudadanos que hacer justicia, siendo el responsable de una expropiación radical y abusiva.

Córdoba, 30 de marzo de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado. ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Córdoba Rural – (Invierno demográfico vs. Renacimiento internacional)

El fenómeno de la despoblación en la Provincia de Córdoba, a menudo etiquetado bajo el paraguas de la “España Vaciada“, es una realidad de contrastes, ya que, mientras la capital resiste, nuestras comarcas rurales libran una batalla silenciosa por su sostenibilidad.

Las claves y las luces de esperanza que surgen en algunos rincones de nuestra tierra cordobesa, así:

1.- Análisis – (Siempre invierno).

La zona rural cordobesa enfrenta lo que los expertos llaman un saldo vegetativo negativo, porque mueren más personas de las que nacen, aunque el problema va más allá de los simples números, así:

<-Pirámide invertida: En zonas como el Alto Guadiato o Los Pedroches, el envejecimiento es extremo, ya que, hay muchos mayores y muy pocos niños.

<-Natalidad en “cero“: En los años más críticos, algunos municipios pequeños han registrado cero nacimientos.

<-La brecha de género: Existe una “masculinización” del campo porque las mujeres jóvenes emigran más hacia las ciudades buscando oportunidades, lo que frena el relevo generacional.

2.- Dos Córdobas – (El Norte vs. El Sur).

No toda la provincia sufre el problema por igual, aunque en este año 2026, la brecha entre comarcas es más evidente que nunca:

**El Norte – (Situación crítica).

En los Pedroches y el Guadiato hablamos de “desierto humano”, pues con densidades de apenas 16 hab./km², pueblos como Torrecampo ya han bajado de los 1.000 habitantes, y otros como Conquista apenas llegan a los 400.

**El Sur y la Subbética – Resilientes – (Zonas capaces de afrontar situaciones difíciles, adaptarse a ellas y salir fortalecidas de la experiencia.)

Aquí la historia es distinta, ya que, ciudades medias como Puente Genil (casi 30.000 hab.) o Lucena (43.410 hab.) actúan como diques de contención gracias a su potente industria del vino, el aceite y el frío industrial.

Característica	Zona Norte (Pedroches/Guadiato)	Campiña Sur / Subbética
Densidad	Muy Baja (16 hab/km²)	Alta (>90 hab/km²)
Modelo Económico	Ganadería y minería residual	Agroindustria y servicios
Población Joven	Escasa (emigración alta)	Retención moderada

3.- Un “Oasis” Internacional – (Iznájar y Rute).

Frente al abandono del norte, la Subbética ha encontrado un salvavidas inesperado: “El turismo residencial extranjero”.

**Municipios como Iznájar han logrado que el 10% de su población sea internacional (británicos, holandeses, alemanes).

**Puntos de atracción:

1.- El “Lago de Andalucía” (Pantano de Iznajar): Un imán visual y recreativo único.

2.- El diseminado: La rehabilitación de antiguos cortijos y lagares en las aldeas ha evitado que el paisaje se degrade.

3.- Autenticidad: No buscan una “burbuja”, sino integrarse en la recogida de aceituna y en las tradiciones locales.

4.- Soluciones y Programas de Acogida.

**El futuro no está escrito de forma, que en el año 2026 varias iniciativas buscan cambiar la narrativa rural:

<-Fibra Óptica al 100%: Un plan ambicioso para que en 2027 hasta el último rincón de Córdoba tenga conexión de alta velocidad, facilitando el teletrabajo.

<-Beneficios Fiscales: Municipios como Almedinilla, Carcabuey o Belmez ofrecen deducciones en el IRPF por nacimiento o compra de vivienda.

<-El Modelo OFRI (Iznájar): Una oficina específica para ayudar a los nuevos residentes extranjeros con trámites y burocracia.

<-Puntos Vuela: Centros de competencia digital en pueblos como Villanueva del Duque para asesorar a nuevos pobladores.

<<Conclusión>>

El mundo rural de Córdoba no es uniforme, ya que, mientras el Norte lucha por su propia existencia, el Sur gestiona su crecimiento. La llegada de la fibra óptica y el interés internacional demuestran que vivir en un pueblo es hoy una opción moderna y viable, siempre que existan los servicios básicos (médicos, colegios) para sostenerla.

N. B. IMAGEN – MUNDO RURAL – CÓRDOBA

La situación de Córdoba es el reflejo de un problema global que requiere inversión, pero sobre todo, un cambio de mentalidad sobre lo que significa la vida rural hoy.

Córdoba, 20 de marzo de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado. ICA-Córdoba – Inspector de Trabajo y S. S.

Presidente. Córdoba Abierta -ACOA-.

TRANSPARENCIA Y RESPONSABILIDAD EN LA GESTIÓN PÚBLICA (EMPRESAS PÚBLICAS DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA)

<<El coste de la ineficacia pública en la Diputación de Córdoba>>

La gestión de la Diputación de Córdoba, bajo la presidencia de Salvador Fuentes, gobernada por el P. P., sea ha instalado en una crisis permanente derivada de su aceptación de las políticas socialistas, que ha pasado de lo técnico a lo estructural, de manera que los cordobeses sufren una paradoja inaceptable:

“Pagan más impuestos que nunca para recibir menos servicios que siempre”.

A la vista de lo dicho, analizamos ¿por qué? el modelo actual de las empresas públicas de la Diputación de Córdoba, actualmente gobernada por el P. P. y su Presidente Salvador Fuentes Lopera está agotado, de forma, que hay pasos urgentes que se deberían dar, así:

1.- Radiografía de una ruina (Pagar por la insolvencia).

El deterioro de EMPROACSA (agua) y EPREMASA (residuos) no es un accidente, sino el resultado de varias capas de disfunción:

<-Existencia de una insolvencia operativa: “El incremento del 40% en la tasa del agua no es para mejorar tuberías, sino un -impuesto a la insolvencia-”.

El dinero se quema o calcina en cubrir déficits de personal y deuda, mientras las obras necesarias en la Zona Norte siguen paralizadas.

<-Existencia de parálisis ejecutiva: “De los 30 millones anunciados para inversiones, la ejecución real es mínima”. Se puede decir, por ejemplo, que la Diputación actúa como un hospital que dedica más personal a salvar sus finanzas que a curar a los pacientes.

<-Existencia de escapismo político, de forma, que el Gobierno de la Diputación elude responsabilidades y se evade de los problemas de la realidad, utilizando la excusa del Gobierno de España o la crisis energética como <pararrayos> para evitar asumir su responsabilidad local sobre la eficiencia, los costes y la mala planificación.

<-Existencia de una realidad inasumida por su incómodidad: “La Zona Norte de Córdoba no tiene sed solo por la sequía, sino por una negligencia de gestión local que no puede ocultarse tras causas externas”.

2.- La Paradoja Fiscal (Narrativa Oficial vs. Realidad).

Concepto	Versión Oficial	Realidad Material
Recibo del agua	“Ajuste necesario”	Subida del 40% para tapar una gestión ineficiente.
Infraestructuras	“Cirugía profunda”	Proyectos eternos y parches que no garantizan el suministro.
Culpabilidad	“Culpa del Estado”	Uso del contexto nacional para ocultar la incapacidad local.

3.- Propuesta de Córdoba Abierta -ACOA- para recuperar el valor público.

**Creemos, que no basta con criticar, ya que, necesitamos un marco operativo que devuelva la eficiencia a la Diputación, así que, proponemos cinco ejes de regeneración:

1.- Practicar una Auditoría Externa Independiente, que identifique la “grasa administrativa” y los gastos superfluos con el objetivo de detectar un ahorro potencial de al menos un 20%.

2.- Contratar y construir Gerencias por -mérito-, no por carnet del partido y/o amiguismo político, con la finalidad de eliminar el uso de empresas públicas como agencias de colocación: “Los gerentes deben ser profesionales con objetivos medibles y cese automático si no cumplen resultados”.

3.- Creación de un Observatorio Ciudadano del Agua, con el objetivo inmediato de realizar una fiscalización semanal y real de las obras en Sierra Boyera y la Zona Norte, formado por parte de técnicos independientes y plataformas vecinales.

4.- Vincular la tasa a la calidad, de forma, que si el agua no es apta o hay cortes de suministro, el usuario debe quedar exento del pago de forma automática: “Si no hay servicio, no hay cobro”.

5.- Elaborar un Plan de “Cero Despilfarro” para reducir un 80% en publicidad institucional y un 70% en protocolo, y, conseguir, que cada euro ahorrado en “lujo político” vaya directamente a las tuberías.

<<Conclusión (La decisión)>>

El presidente de la Diputación se enfrenta a una disyuntiva inmediata: *O sigue con la política socialista de rescatar empresas ineficientes con el bolsillo de los ciudadanos, *o se atreve a limpiar y profesionalizar la Diputación y todas sus empresas y entes dependientes.

La crisis del agua en el norte de Córdoba ya no es una fatalidad, es una negligencia estructural. Los cordobeses saben que no pueden pedir milagros, solo exigen respeto por su dinero y una gestión profesional que garantice un derecho tan básico como abrir el grifo y que salga agua potable siempre.

N.B. La crisis del agua en el norte de Córdoba es ya una negligencia de una administración y gestión manirrotas. Salvador Fuentes debe decidir entre subir recibos o por limpiar unas empresas públicas que hoy son un lastre para la provincia.

Los cordobeses han sufrido un engaño masivo, ya que, la mayoría votó un política de regeneración de unas políticas socialistas ruinosas e ineficientes, y, se han encontrado con un gobierno provincial de P. P. que está haciendo más de lo mismo despilfarrando el dinero público, lo que llevará a que otros partidos políticos ocupen el espacio que el Partido Popular ha abandonado, no solo en Córdoba, sino que la postura de subirse al muro socialista haciéndolo suyo, ejecutada por un Presidente de la Diputación que acepta una negligencia política estructural, tendrá efectos negativos a nivel de Andalucía para el P. P., que perdería la mayoría obsoluta.

Córdoba, 4 de enero de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado e Inspector de Trabajo y S. S.

Presidente de Córdoba Abierta (ACOA)

El Viraje III: El Conflicto del Agua en el Norte de Córdoba (Inacción del Presidente – Urgencia de una respuesta)

El suministro de agua en las comarcas del Guadiato y Los Pedroches, en la zona norte de la Provincia de Córdoba, se ha convertido en un problema crónico que afecta a más de 80.000 habitantes.

La controversia en torno a la conexión definitiva entre los embalses de La Colada y Sierra Boyera ha destapado una compleja red de conflictos técnicos, burocráticos y políticos.

En el centro de esta crisis se encuentra la inacción del Presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, del Partido Popular (PP), quien viene adoptando una postura pasiva frente a la resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG), calificada como injusta por una gran mayoría de cordobeses.

Este artículo analiza en profundidad el conflicto, evaluando de manera equitativa las posturas de las partes involucradas, las implicaciones de la inacción provincial y las posibles soluciones, en línea con la necesidad de un cambio estratégico en la gestión del PP en la región.

**Contexto del Conflicto.

La crisis hídrica en el norte de Córdoba tiene su origen en la sequía extrema de 2023, que dejó el embalse de Sierra Boyera completamente seco, obligando a los municipios de Los Pedroches y el Guadiato a depender de camiones cisterna para el suministro de agua potable durante un año.

Esta situación de emergencia puso de manifiesto la necesidad de una solución estructural para garantizar el abastecimiento a largo plazo.

La Junta de Andalucía, liderada por el PP, propuso un proyecto de conexión definitiva entre los embalses de La Colada y Sierra Boyera, con un presupuesto de 9,3 millones de euros y ya adjudicado a la empresa Jicar. Este proyecto incluye una nueva toma de agua a diferentes profundidades en La Colada, una estación de bombeo con capacidad de 600 litros por segundo (frente a los 400 actuales) y la finalización de las conducciones pendientes desde 2009.

Sin embargo, la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG), organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y controlado por el PSOE, ha rechazado autorizar esta obra, argumentando que la solución de emergencia implementada en 2023, con un coste de más de 4 millones de euros, es suficiente y definitiva. Esta actuación provisional incluyó una toma flotante en La Colada y un sistema de bombeo con grupos electrógenos, pero ha sido criticada por su fragilidad, evidenciada por averías como la rotura de un generador en 2023, que dejó a la región sin agua durante días.

El núcleo del conflicto radica en la negativa de la CHG a aplicar el artículo 123 de la Ley de Aguas, que permite autorizar obras hidráulicas en un plazo de seis meses en casos de emergencia o situaciones hidrológicas excepcionales, como la sequía de 2023.

La CHG aplicó este artículo para la obra de emergencia del Gobierno central, pero no para el proyecto definitivo de la Junta, lo que ha generado acusaciones de incoherencia y una “doble vara de medir” por parte del presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, que, sin embargo, ha adoptado una política complaciente y tancredista frente a la postura radical de enfrentamiento total de la CHG y su Presidente en un claro abuso de poder.

**La Inacción de Salvador Fuentes y la Diputación.

Salvador Fuentes, presidente de la Diputación de Córdoba, ha calificado la decisión de la CHG de “muy grave” y ha denunciado que el organismo intenta “dar carpetazo” al problema sin esperar las observaciones que la Diputación y la Junta pueden presentar hasta el 21 de julio de 2025.

El Sr. Fuentes Lopera ha criticado la actitud del presidente de la CHG, Samuel Moraleda, por considerar la obra de emergencia de 2023 como una solución definitiva, a pesar de que el trámite de alegaciones sigue abierto, lo que vulnera principios de transparencia y participación administrativa. Sin embargo, más allá de estas declaraciones, Fuentes no ha anunciado medidas concretas, ya sean administrativas o judiciales, para contrarrestar la resolución de la CHG, lo que ha sido interpretado como una postura de “tolerancia absoluta” o “inmovilismo” por parte de muchos sectores y de una mayoría de cordobeses.

Están rotos todos los posibles puentes de diálogo entre el P.P. y el Gobierno de la Nación para arreglar el problema del agua en Córdoba, de manera, que seguir repartiendo abrazos diputacionales, tal como hace el Presiente Sr. Fuentes, a quien los rechaza sin ningún rubor, no es una equivocación, es someterse cautivo y sumiso a una esclavitud sin precedentes.

Esta inacción contrasta con la urgencia expresada por la Junta de Andalucía, cuyo consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha instado a la CHG a “enterrar el hacha de guerra” y colaborar en el desbloqueo del proyecto.

La Diputación, en coordinación con la Junta, está preparando observaciones finales para presentar antes del plazo del 21 de julio, en un último intento por vía administrativa para salvar el proyecto. No obstante, la falta de liderazgo de Fuentes en la adopción de medidas más contundentes, como una acción judicial inmediata, ha generado críticas incluso dentro de su propio partido, donde se señala que su postura parece alinearse con una complacencia hacia el Gobierno Central del PSOE.

**Tensiones Políticas.

PP vs. PSOE. El conflicto trasciende lo técnico y se enmarca en una clara pugna política entre el PP, que controla la Junta de Andalucía y la Diputación de Córdoba, y el PSOE, que gestiona la CHG a través del Gobierno Central.

La negativa de la CHG a autorizar la obra de la Junta es de hecho dictar una resolución injusta y contra ley para frenar una iniciativa del PP, mientras que la solución provisional del Gobierno Central, menos robusta y más costosa a largo plazo, ha sido defendida como suficiente por el presidente de la CHG, Samuel Moraleda. Esta situación ha exacerbado las tensiones entre las administraciones, con acusaciones cruzadas de falta de voluntad política y responsabilidad.

Por su parte, el consejero Fernández-Pacheco ha destacado que la Junta está dispuesta a ajustar el proyecto para cumplir con los criterios técnicos de la CHG, incluyendo modificaciones para mejorar la calidad del agua captada en La Colada.

Sin embargo, Moraleda ha mantenido un “no rotundo” a la autorización, argumentando que la decisión es técnica y respaldada por funcionarios independientes, aunque no ha respondido a las críticas sobre la no aplicación del artículo 123 de la Ley de Aguas.

En este contexto, la postura de Salvador Fuentes con abrazos y pasividad ha sido percibida como una entrega cautiva a la parte que abusa de su poder, especialmente en comparación con la defensa más enérgica de la Junta.

La falta de una respuesta contundente por parte de la Diputación, como la exigencia de responsabilidades legales o una acción judicial penal contra la CHG en la persona de su Presidente, ha alimentado la percepción de que Fuentes está voluntariamente cautivo, evitando un enfrentamiento directo con el Gobierno Central (CHG), que le deniega todo y lo somete sin pudor, lo que podría deberse a sus cálculos políticos personales o a una estrategia pasiva de no enfrentase al conflicto, esperando que escampe.

Esta actitud contrasta con la línea más combativa promovida por el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien ha abogado por un cambio de rumbo en la estrategia territorial del partido.

**Implicaciones de la Crisis.

La crisis del agua en el norte de Córdoba no solo afecta el suministro de un recurso básico, sino que tiene profundas repercusiones sociales, económicas y políticas:

-Impacto Social: Los 80.000 habitantes de Los Pedroches y el Guadiato han sufrido restricciones severas, incluyendo un año de dependencia de camiones cisterna en 2023, lo que pone en riesgo el derecho fundamental al acceso al agua potable. La incertidumbre sobre la calidad y continuidad del suministro, especialmente en un contexto de cambio climático y sequías recurrentes, genera malestar y desconfianza hacia las instituciones.

-Impacto Económico: La falta de un sistema de abastecimiento fiable afecta a sectores clave como la ganadería y la agricultura, fundamentales en estas comarcas. La solución provisional de la CHG, que depende de grupos electrógenos y no garantiza la calidad del agua, ha generado costes adicionales, como los 5 millones de euros gastados en camiones cisterna durante 2023.

-Impacto Político: El conflicto pone en evidencia las tensiones entre administraciones de distintos signos políticos, así como la necesidad de una mayor coordinación y liderazgo dentro del PP a nivel provincial.

La inacción de Fuentes debilita la posición del partido en la región, especialmente, si no se logra desbloquear el proyecto antes de que expire el plazo de alegaciones.

**Propuestas para una Solución.

Para superar el bloqueo actual, se requiere una acción coordinada y decidida por parte de todas las administraciones involucradas.

Algunas medidas concretas incluyen:

*Acción Judicial Inmediata: Si la CHG mantiene su negativa tras el plazo de alegaciones del 21 de julio, la Diputación, en apoyo a la Junta, debería presentar un recurso contencioso-administrativo contra la resolución de la CHG, argumentando la vulneración del artículo 123 de la Ley de Aguas y la falta de transparencia en el proceso, incluida una acción penal si fuere preciso contra una resolución injusta del Presidente de la CHG.

*Presión Institucional: La Diputación debería liderar una campaña de presión pública y política, involucrando a los ayuntamientos afectados, asociaciones de vecinos y sectores económicos, para exigir una solución definitiva al Gobierno central. Esta estrategia podría incluir movilizaciones ciudadanas y una mayor presencia mediática.

*Colaboración Técnica: La Junta y la Diputación deben trabajar conjuntamente para ajustar el proyecto a los requerimientos técnicos de la CHG, como ya se está haciendo con la inclusión de nuevas tomas de agua en La Colada. Sin embargo, esto no debe implicar aceptar una solución provisional como definitiva.

*Liderazgo del PP: Salvador Fuentes debe alinearse con la estrategia de firmeza promovida por Alberto Núñez Feijóo, abandonando cualquier postura de complacencia hacia el Gobierno central. Esto incluye exigir responsabilidades al presidente de la CHG, Samuel Moraleda, por su gestión del conflicto.

**Conclusión.

La crisis del agua en el norte de Córdoba es un problema de primera magnitud que pone a prueba la capacidad de las instituciones para garantizar un derecho fundamental.

La inacción del presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, frente a la resolución de la CHG, percibida como injusta, ha generado críticas justificadas por su falta de liderazgo y compromiso. Aunque Fuentes ha denunciado la actitud de la CHG, sus palabras no han ido acompañadas de medidas concretas, lo que agrava la percepción de una gestión pasiva que no responde a las necesidades de los 80.000 habitantes afectados.

El conflicto trasciende lo técnico y refleja las tensiones políticas entre el PP y el PSOE, así como la necesidad de un viraje estratégico en la gestión del PP en Córdoba.

La conexión definitiva entre La Colada y Sierra Boyera no solo es una obra esencial, sino un símbolo de la capacidad de las instituciones para priorizar el interés general.

La Diputación debe abandonar su postura tancredista y liderar, junto a la Junta, una respuesta contundente que incluya acciones legales y presión política. Solo así se podrá superar el bloqueo burocrático y garantizar el suministro de agua en el norte de Córdoba, poniendo fin a una crisis que no admite más demoras.

N.B. El Viraje político del P. P. y de su Presidente Nacional debe tener un reflejo inmediato en el Conflicto del Agua en el Norte de Córdoba, de forma, que la inacción del Presidente Fuentes Lopera exige una respuesta concreta y rápida en favor de los 80.000 cordobeses afectados.

La ciudadanía de Los Pedroches y el Guadiato espera acción, no palabras.

La resolución del conflicto requiere un compromiso firme y coordinado entre todas las administraciones, dejando atrás las ambigüedades y las rivalidades políticas. El derecho al agua está en juego, y con él, la dignidad y el futuro de una región que no puede seguir esperando.

Este conflicto orquestado políticamente, no es sino otra cara de lo mismo, como el cupo catalán y el reparto excluyente de menas al País Vasco y a Cataluña, razón por la que la inacción frente a la injusticia por un poder territorial es complicidad.

Córdoba, 20 de julio de 2025.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S.S.

El viraje II: La sinrazón del conflicto por el agua en Córdoba.

En mi anterior artículo sobre el viraje de 12/07/25, titulado “El viraje (La hipérbole)”, señalé la necesidad de un cambio total en la estrategia del PP, liderada por el presidente Núñez Feijóo, tomando como ejemplo de lo que no puede ser el conflicto por la conexión de agua entre los embalses de La Colada y Sierra Boyera, en el norte de Córdoba. Este desacuerdo contra los ciudadanos usados como rehenes entre el PP (Junta de Andalucía y Diputación de Córdoba) y el PSOE (Confederación Hidrográfica del Guadiana, CHG) afecta a 80.000 habitantes de Guadiato y Los Pedroches, evidenciando una disputa política que requiere un viraje urgente.

**La situación espuria.

La CHG, dirigida por Samuel Moraleda, rechaza el proyecto de la Junta y la Diputación para una conexión permanente entre La Colada y Sierra Boyera, con un coste de 9,3 millones de euros. Argumenta que las obras de emergencia de 2022-2023 (4,3 millones de euros) ya resuelven el problema de suministro, con infraestructura capaz de transferir 400 litros por segundo, suficiente incluso en sequía. Además, limita la extracción a 3 hm³ frente a los 10 hm³ solicitados, considerando el proyecto redundante e innecesario.

Por su parte, la Junta y la Diputación defienden una solución permanente con múltiples tomas de agua para mejorar la calidad, afectada por contaminación en La Colada (por ejemplo, carbono orgánico elevado, que llevó a una prohibición de agua potable en 2023). Acusan a la CHG de obstruccionismo y cuestionan la falta de transparencia, especialmente por un supuesto informe favorable de la Abogacía del Estado que no se ha compartido.

**Nuestra opinión.

Este conflicto refleja tensiones técnicas, jurisdiccionales y políticas que obstaculizan una solución para los 80.000 habitantes de la zona, que por si mismo es una sinrazón.

**Méritos técnicos.

La CHG tiene razón al destacar el éxito de las obras de emergencia: entre 2023 y 2024 se transfirieron 7.000 millones de litros, evitando el colapso de Sierra Boyera. Sin embargo, su rechazo al proyecto de la Junta parece rígido, ya que las tomas múltiples propuestas podrían mejorar la calidad del agua y la resiliencia a largo plazo, especialmente ante problemas de contaminación en La Colada.

**Tensiones administrativas y políticas.

La autoridad de la CHG sobre la cuenca del Guadiana le da ventaja, pero su cambio de postura tras la cooperación inicial genera desconfianza. La falta de acceso al informe de la Abogacía del Estado refuerza esta percepción. Por otro lado, la insistencia de la Junta en un proyecto costoso podría responder a motivaciones políticas para ganar visibilidad en una región con inseguridad hídrica. Ambas partes, PP y PSOE, parecen priorizar sus intereses sobre el bien común.

**Consideraciones ambientales y económicas.

La CHG critica el impacto ambiental y el coste del proyecto, pero ignora los beneficios a largo plazo de mejorar la calidad del agua. La contaminación de La Colada, reconocida por la CHG, requiere medidas urgentes, no aplazadas hasta 2027.

**Interés público.

Los 80.000 residentes han sufrido restricciones severas, como la prohibición de agua potable en 2023. Aunque las lluvias recientes han aliviado la crisis, la región necesita una solución definitiva para garantizar agua segura frente a sequías y contaminación.

**Propuestas.

Negociación y transparencia: La CHG debe compartir el informe de la Abogacía del Estado y negociar de buena fe con la Junta para ajustar el proyecto.
Calidad del agua: Priorizar la contaminación de La Colada, evaluando las tomas múltiples como solución complementaria y acelerando las medidas previstas por la CHG.
Mediación independiente: Si persisten las tensiones, un panel técnico imparcial debería evaluar las propuestas.
Planificación a largo plazo: Colaborar en un plan regional que integre ambos embalses, considerando sequías y cambio climático.

**Conclusión.

La infraestructura actual de la CHG es funcional a corto plazo, pero la propuesta de la Junta aborda mejor los riesgos futuros, especialmente en calidad del agua. La disputa, marcada por tensiones políticas, retrasa mejoras esenciales para el norte de Córdoba.

Urge una colaboración transparente que priorice a los ciudadanos.

N.B. Este conflicto evidencia la necesidad del viraje en la política del PP, uniendo a todos sus poderes territoriales bajo el liderazgo de Núñez Feijóo para resolver problemas reales como este.

Completo mi anterior artículo sobre el viraje de 12/07/25, titulado “El viraje (La hipérbole)”, donde señalé la necesidad de un cambio total en la estrategia del PP, liderada por el presidente Núñez Feijóo en todos poderes territoriales.

Solo la unidad sin exclusiones hará que tenga éxito el cambio de timón realizado por el Presidente Popular.

Córdoba, 19 de julio de 2025.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S.S.