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TRANSPARENCIA Y RESPONSABILIDAD EN LA GESTIÓN PÚBLICA (EMPRESAS PÚBLICAS DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA)

<<El coste de la ineficacia pública en la Diputación de Córdoba>>

La gestión de la Diputación de Córdoba, bajo la presidencia de Salvador Fuentes, gobernada por el P. P., sea ha instalado en una crisis permanente derivada de su aceptación de las políticas socialistas,  que ha pasado de lo técnico a lo estructural, de manera que los cordobeses sufren una paradoja inaceptable:

“Pagan más impuestos que nunca para recibir menos servicios que siempre”.

A la vista de lo dicho, analizamos ¿por qué? el modelo actual de las empresas públicas de la Diputación de Córdoba, actualmente gobernada por el P. P. y su Presidente Salvador Fuentes Lopera está agotado, de forma, que hay pasos urgentes que se deberían dar, así:

1.- Radiografía de una ruina (Pagar por la insolvencia).

El deterioro de EMPROACSA (agua) y EPREMASA (residuos) no es un accidente, sino el resultado de varias capas de disfunción:

<-Existencia de una insolvencia operativa: “El incremento del 40% en la tasa del agua no es para mejorar tuberías, sino un -impuesto a la insolvencia-”.

El dinero se quema o calcina en cubrir déficits de personal y deuda, mientras las obras necesarias en la Zona Norte siguen paralizadas.

<-Existencia de parálisis ejecutiva: “De los 30 millones anunciados para inversiones, la ejecución real es mínima”. Se puede decir, por ejemplo, que la Diputación actúa como un hospital que dedica más personal a salvar sus finanzas que a curar a los pacientes.

<-Existencia de escapismo político, de forma, que el Gobierno de la Diputación elude responsabilidades y se evade de los problemas de la realidad, utilizando la excusa del Gobierno de España o la crisis energética como <pararrayos> para evitar asumir su responsabilidad local sobre la eficiencia, los costes y la mala planificación.

<-Existencia de una realidad inasumida por su incómodidad: “La Zona Norte de Córdoba no tiene sed solo por la sequía, sino por una negligencia de gestión local que no puede ocultarse tras causas externas”.

2.- La Paradoja Fiscal (Narrativa Oficial vs. Realidad).

ConceptoVersión OficialRealidad Material
Recibo del agua“Ajuste necesario”Subida del 40% para tapar una gestión ineficiente.
Infraestructuras“Cirugía profunda”Proyectos eternos y parches que no garantizan el suministro.
Culpabilidad“Culpa del Estado”Uso del contexto nacional para ocultar la incapacidad local.

3.- Propuesta de Córdoba Abierta -ACOA- para recuperar el valor público.

**Creemos, que no basta con criticar, ya que, necesitamos un marco operativo que devuelva la eficiencia a la Diputación, así que, proponemos cinco ejes de regeneración:

1.- Practicar una Auditoría Externa Independiente, que identifique la “grasa administrativa” y los gastos superfluos con el objetivo de detectar un ahorro potencial de al menos un 20%.

2.- Contratar y construir Gerencias por -mérito-, no por carnet del partido y/o amiguismo político, con la finalidad de eliminar el uso de empresas públicas como agencias de colocación: “Los gerentes deben ser profesionales con objetivos medibles y cese automático si no cumplen resultados”.

3.- Creación de un Observatorio Ciudadano del Agua, con el objetivo inmediato de realizar una fiscalización semanal y real de las obras en Sierra Boyera y la Zona Norte, formado por parte de técnicos independientes y plataformas vecinales.

4.- Vincular la tasa a la calidad,  de forma, que si el agua no es apta o hay cortes de suministro, el usuario debe quedar exento del pago de forma automática: “Si no hay servicio, no hay cobro”.

5.- Elaborar un Plan de “Cero Despilfarro” para reducir un 80% en publicidad institucional y un 70% en protocolo, y, conseguir, que cada euro ahorrado en “lujo político” vaya directamente a las tuberías.

<<Conclusión (La decisión)>>

El presidente de la Diputación se enfrenta a una disyuntiva inmediata: *O sigue con la política socialista de rescatar empresas ineficientes con el bolsillo de los ciudadanos, *o se atreve a limpiar y profesionalizar la Diputación y todas sus empresas y entes dependientes.

La crisis del agua en el norte de Córdoba ya no es una fatalidad, es una negligencia estructural. Los cordobeses saben que no pueden pedir milagros, solo exigen respeto por su dinero y una gestión profesional que garantice un derecho tan básico como abrir el grifo y que salga agua potable siempre.

N.B. La crisis del agua en el norte de Córdoba es ya una negligencia de una administración y gestión manirrotas. Salvador Fuentes debe decidir entre subir recibos o por limpiar unas empresas públicas que hoy son un lastre para la provincia.

Los cordobeses han sufrido un engaño masivo, ya que, la mayoría votó un política de regeneración de unas políticas socialistas ruinosas e ineficientes, y, se han encontrado con un gobierno provincial de P. P. que está haciendo más de lo mismo despilfarrando el dinero público, lo que llevará a que otros partidos políticos ocupen el espacio que el Partido Popular ha abandonado, no solo en Córdoba, sino que la postura de subirse al muro socialista haciéndolo suyo, ejecutada por un Presidente de la Diputación que acepta una negligencia política estructural, tendrá efectos negativos a nivel de Andalucía para el P. P., que perdería la mayoría obsoluta.

Córdoba, 4 de enero de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado e Inspector de Trabajo y S. S.

Presidente de Córdoba Abierta (ACOA)

Deterioro del Estado de Derecho (La Realidad en las Corporaciones Locales)

El deterioro de la calidad institucional en España es una realidad palpable que afecta a todos los niveles de la administración, pero resulta especialmente preocupante en el ámbito más cercano al ciudadano: las Corporaciones Locales (Ayuntamientos y Diputaciones).

Desde la Asociación Córdoba Abierta (ACOA), analizamos cómo la corrupción, la falta de controles y el clientelismo están socavando el Estado de Derecho.

1.- Un contexto de alerta institucional.

La percepción ciudadana y los datos de organismos internacionales (como la OCDE y la Comisión Europea) coinciden: la calidad institucional en España está por debajo de la media europea. Los puntos críticos son claros:

<-Alto riesgo en la contratación pública: Es el terreno más fértil para la corrupción.

<-Politización de las instituciones: La falta de independencia en los órganos reguladores debilita los contrapesos democráticos.

<-Sensación de impunidad: La lentitud de la justicia y estrategias procesales —como el cargo público que se acoge a su derecho a no declarar en lugar de colaborar— alimentan la desconfianza social.

2.- El foco del problema: Ayuntamientos y Diputaciones.

Es en la administración local donde el deterioro se manifiesta de forma más cruda a través de dos vicios heredados que han mutado para sobrevivir en democracia:

<-El abuso de la “Libre Designación”: Lo que debería ser excepcional se ha convertido en norma. Se utiliza para nombrar a dedo a amigos, parientes o miembros del partido (“amiguismo” y “clientelismo”), desplazando los principios constitucionales de mérito y capacidad.

<-Contratación laboral irregular: Muchos Ayuntamientos han recurrido a contratos temporales ilegales o “a dedo”, bordeando la prevaricación continuada para tejer redes de favores.

<-Monopolio de decisiones: El exceso de discrecionalidad de alcaldes y equipos de gobierno, sumado a una fiscalización interna a menudo limitada, facilita la corrupción urbanística y la “captura” de la política local por intereses privados.

3.- Fallan los controles.

Sobre el papel, existen mecanismos de control como la Intervención Municipal (Secretarios e Interventores). Sin embargo, su independencia real se ve comprometida en entornos locales altamente politizados o mediante el uso de fiscalizaciones limitadas.

4.- Una esperanza legal vs. La realidad.

La reciente Ley 2/2023 obliga a las entidades locales a implantar un Sistema Interno de Información (Canal de Denuncias) para proteger a quienes destapan la corrupción.

Sin embargo, a día de hoy, estos sistemas son más formales que reales. El reto es pasar de la teoría a la práctica para erradicar ese “caciquismo moderno” que disfraza de legalidad el nepotismo y el favor político.

N.B. En España es una realidad preocupante el aumento del deterioro del Estado de Derecho, especialmente, son muy inquietantes las irregularidades  y casos de corrupción, que se dan en las Corporaciones Locales (Diputaciones y Ayuntamientos), porque su número es difícil de calcular al ser muchos y que los casos crecen en número con sus empresas y entes locales, siendo un hecho patente que la corrupción en sus distintas clases ha calado en los Ayuntamientos, a pesar de todos los mecanismos de control y del establecimiento por ley de un Sistema Interno de Información, que desgraciadamente es más formal que real.

Córdoba, 4 de diciembre de 2025

Fdo. Enrique García Montoya

 Abogado. ICA-Córdoba Inspector de Trabajo y S.S.

Presidente de Córdoba Abierta -ACOA-.

Enchufados PSOE sin titulación (Faffe)- Junta Andalucía – Despedidos – Políticos con Curriculums falseados (La Vara de Medir)

Según leo en Libertad Digital un artículo de Paco Cobos – 30/7/2025 – 15:02:

 << “La Junta de Andalucía prepara el despido de los enchufados del PSOE que han trabajado 14 años sin titulación, aunque la Junta de Andalucía había cedido a la presión sindical manteniendo a 23 empleados sin méritos para el puesto, pero encargó un informe judicial que le ha dado la razón”.

“La Junta de Andalucía ha iniciado finalmente los trámites para despedir a los empleados que el Gobierno regional socialista enchufó en la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe),personas afines al PSOE y familiares de sus dirigentes sin tener la titulación necesaria para ejercer el cargo ni pasar el proceso de selección”.

“Estos han permanecido en su puesto de trabajo incluso después de la extinción de la Faffe, que se dio en 2011, cuando los empleados investigados por haber sido enchufados pasaron a formar parte del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), donde han trabajado los últimos 14 años”.

“Los 23 empleados corresponden a 12 administrativos y 11 técnicos, que verán extinguido su contratodespués de que los letrados de la Junta de Andalucía hayan determinado, que estas personas no pueden continuar a sueldo del erario público andaluz por medio de una resolución publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) emitida por la Consejería de Empleo. Una decisión que ha avalado el Consejo Consultivo de Andalucía”.>>

La Vara de Medir.

Cito el anterior artículo, porque en Andalucía hay políticos del P. P., partido que gobierna la Junta de Andalucía por mayoría absoluta, que han falseado sus curriculums públicos (como se puede comprobar en Diputaciones, Ayuntamientos y Empresas y Entes Públicos), apuntándose méritos  académicos inexistentes.

La reciente controversia en torno a la falsificación del currículum de una diputada del P.P. ha encendido un debate necesario sobre la relación entre mérito académico, integridad personal y legitimidad institucional. Desgraciadamente, no se trata únicamente de un caso aislado de vanidad o ambición desmedida, se trata, se quiera ver o no, de un agravio o insulto  al pactosocial implícito que otorga valor al esfuerzo, a la formación rigurosa y a la acreditación profesional como pilares de la vida pública.

A la vista de lo dicho, el Partido Popular debería revisar con urgencia si en los curriculums de sus cargos públicos en Andalucía existen casos de méritos académicos falseados, y, si es cierto, “que se han apuntado en sus curriculums  publicitados en las Instituciones o Empresas que gobiernan méritos académicos falsos por acción u omisión por alguno de ellos”, obrar con urgencia en el saneamiento de la vida pública andaluza, obligando a los falsarios a abandonar sus cargos públicos a los que han llegado atribuyéndose méritos académicos falsos.

La confianza de los ciudadanos que pagan sus impuestos, no permite, que los cargos públicos sean del partido que sea, mientan públicamente, apuntándose méritos académicos que no les pertenecen, pues si engañan o mienten por eso, es claro suponer, que mentirán también cuando les interese personalmente en el ejercicio de sus cargos indebidamente conseguidos.

La vara de medir no puede ser doble y servir solo en una dirección, la ejemplaridad de los cargos públicos exige la igualdad de todos los representantes de los ciudadanos, ya que, cuando fueron votados lo fueron por la confianza de los ciudadanos en ellos, de forma, que si mienten deben ser apartados de los cargos públicos que han usurpado con engaño.

Solo es posible una cosa, concretamente, aplicar a todos los casos la misma vara de medir.

N.B. Los Enchufados PSOE sin titulación van a ser despedidos por la Junta de Andalucía, de manera, que ahora solo cabe esperar, que el P. P. aplique la misma norma con los cargos políticos con curriculums falseados de su partido, ya que, la Vara de Medir debe ser la misma ante la mentira y el engaño para devolver a la sociedad civil la confianza en las Instituciones Públicas.

Los políticos con currículums falsificados (por acción o por omisión) deben aplicarse la misma la vara de medir, que la dimitida del P. P. Noelia Núñez, sean del partido que sea, pero, especialmente, no pueden dejarlo pasar los políticos del P. P. en Andalucía, siendo una realidad, que ya sin ética, sin confianza pública y sin credibilidad en las instituciones no es posible, que ninguno de sus cargos pueden seguir gobernando si han cometido falsedad en sus méritos académicos.

“La impunidad política ante la falta de ética y honestidad es algo inadmisible e inaceptable”.

Córdoba, 4 de agosto de 2025.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S.S

Funcionarios y empleados en Corporaciones Locales (¿Cuántos son?)

Se acercan elecciones municipales y un grupo de mis lectores, me hace una pregunta que, desgraciadamente, soy incapaz de contestar.

¿Cuántas personas están empleadas en las Corporaciones locales – Ayuntamientos, Diputaciones, etc. etc.-

La información veraz es un derecho que la C. E. garantiza en su art. 20. cuando  dice: “A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión”.

Así que, a ello.

Para empezar una declaración sobre la pregunta: “NO TENGO NI LA MENOR IDEA DE CUANTOS SON”.

Se habla de que son  800.000 empleados de todo tipo, aunque, creo que una cifra más real puede ser sobre 1.500.000 personas las que están en las nóminas de las Corporaciones Locales.

Quizás, la Seguridad Social y la AEAT con sus bases de datos lo pueden saber, pero, es evidente, que están mudos en este asunto, porque, es algo que afecta a todos los partidos políticos.

¿Alguien sabe cuántos chiriguitos, empresas, asociaciones, fundaciones, entidades con ánimo y sin ánimo de lucro, institutos, etc. etc. hay en las corporaciones locales?

Se que la pregunta tiene trampa, porque nadie pude ser capaz de contestarla por razones evidentes y, además, a los poderes públicos locales ni se les ocurre.

La reforma laboral puesta en marcha por la Ministra Srª. Díaz ha sido el remate al descontrol de empleados públicos de las corporaciones locales y sus aledaños, porque ha conseguido aumentar de forma incalculable esos empleados públicos, a la vez, que ha sembrado de contratos precarios indefinidos el sector privado.

Cualquier ayuntamiento o diputación tiene contratados en sus entidades paralelas casi el doble de sus funcionarios, de manera, que además, a estas cifras de empleados hay que sumar los cargos políticos de confianza de todos los partidos, que suelen figurar como asesores, secretarios, personal contratado externo, etc.

El acceso a esos puestos de trabajo, siendo benevolente, suele ser todo lo contrario a lo que la Constitución contempla de igualdad, mérito y capacidad, ya que, lo primero de todo es la relación directa o indirecta con el partido que gobierna la institución municipal o provincial.

Si alguien lo duda, que compruebe puesto de trabajo por puesto de trabajo, ¿quién ocupa esos puestos de trabajo público?

Que esos trabajos públicos sean de carácter permanente o temporal estimo que ya es demasiado demoledor, pues, vuelvo a decir lo mismo, que alguien compruebe.

¿cuántos de esos empleados públicos se convierten en fijos y por descontado a tiempo completo?

Creo, que por lo dicho,  mis lectores comprenderán porque soy incapaz de contestar a su pregunta.

Lo único que es verdad, es que las corporaciones locales, máxime, en tiempos de elecciones municipales son agencias de colocación sin mesura ni control.

N.B. A la pregunta de los funcionarios y empleados en Corporaciones Locales, ¿cuántos son?

Solo puedo responder con la verdad, {que no tengo ni idea}.

La Constitución Española dice, que es un derecho de los españoles “la información veraz”, y, aquí y ahora, -la única verdad en este asunto, es la existencia de un desconocimiento casi absoluto-, lo que es una verdad de valor indiscutible.

Igualdad, merito y capacidad.

Córdoba, a 20 de febrero de 2023

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.