Tag Archives: institucional

El “doble sombrero” en Córdoba y la ruptura del contrato de ejemplaridad – (La incompatibilidad práctica del candidato al Senado ante el 29N)

I. Planteamiento de la cuestión – (La ilusión del político omnipresente).

El anuncio y consolidación de la candidatura de Salvador Fuentes Lopera al Senado como cabeza de lista del P.P. por Córdoba -compaginando la Presidencia de la Diputación Provincial de Córdoba y su acta de concejal en el Ayuntamiento de la capital con la aspiración a un escaño en la Cámara Alta- plantea un severo debate sobre la calidad institucional y el respeto al votante de centro-derecha.

Aunque la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) no contemple una incompatibilidad de derecho estricta para simultanear la presidencia de un gobierno provincial con la condición de senador, **se genera una incompatibilidad de hecho, técnica y operativa insalvable**.

Pretender abarcar la jefatura del ejecutivo provincial (con más de 70 municipios bajo su tutela, entes en situación crítica como EMPROACSA y EPREMASA, y la red viaria provincial necesitada de gestión real) mientras se atiende la actividad parlamentaria, presupuestaria y de comisiones en Madrid representa una ficción operativa que aboca inevitablemente a la ineficacia institucional en ambos frentes.

II. Radiografía del perfil – (La quiebra de los principios de mérito, capacidad e igualdad).

El artículo 103.3 de la Constitución Española consagra los principios de mérito y capacidad para el acceso a la función pública, principios que el electorado conservador y liberal exige trasladar por extensión ética a la representación política superior.

***Al examinar la trayectoria de Salvador Fuentes Lopera, la evidencia del currículum público es indiscutible:

1.- Inexistencia de ejercicio profesional externo: Salvo por el paso por estudios universitarios no culminados con titulación superior o ejercicio profesional continuado en el sector privado, **la totalidad de su trayectoria laboral desde la década de 1990 hasta la actualidad se ha desarrollado ininterrumpidamente en el seno del aparato de partido e instituciones públicas** (concejalías en Palma del Río y Córdoba, diputación autonómica en el Parlamento de Andalucía, vicepresidencia y presidencia de la Diputación Provincial).

2.- El “político de plantilla” sin alternativa de retorno: Esta dependencia exclusiva de la política como único modus vivendi distorsiona la toma de decisiones, ya que, quien carece de un ejercicio profesional o de una plaza técnica a la que retornar en la economía real *queda sometido a la disciplina de aparato y a la necesidad de blindaje o acumulación de cargos institucionales como garantía de supervivencia personal*.

3.- La quiebra del principio de solvencia: Frente a un electorado de centro-derecha compuesto por autónomos, profesionales liberales, juristas, agricultores y empresarios que arriesgan diariamente su patrimonio en el mercado, **se ofrece como representante en la Cámara Alta un perfil de “aparato puro” que carece de la formación técnica y la especialización requeridas para fiscalizar leyes complejas o defender con rigor los presupuestos del Estado**.

III. La imposibilidad material de la duplicidad institucional.

***Compaginar la gestión diaria de la provincia con la representación en el Senado choca frontalmente con la exigencia de una administración eficaz:

<-La asfixia de la gestión provincial: La Diputación de Córdoba atraviesa un momento crítico que exige dedicación del 100% de la jornada: “La crisis del agua en la zona norte, el saneamiento de las empresas provinciales deficitarias mediante subidas de tasas a las familias y los pactos de gobernabilidad firmados con la izquierda (Izquierda Unida) para salvar los presupuestos”.

Un presidente “a tiempo parcial” que divide su semana laboral entre los Plenos del Senado en Madrid y los despachos del Palacio de la Merced delegará necesariamente el gobierno en la fontanería orgánica.

<-El uso del Senado como refugio y blindaje: La Cámara Alta se concibe constitucionalmente como una cámara de representación territorial y debate legislativo de alta altura, de forma, que convertirla en un “seguro de vida” o en una retribución suplementaria para cargos provinciales vulnera el espíritu de la institución y confirma la percepción de que el aparato utiliza las listas electorales como un reparto interno de prebendas y no como una selección de los mejores perfiles de la sociedad civil.

IV. Conclusión.  (Dictamen doctrinal).

1.- Incompatibilidad ética y funcional: La acumulación de la Presidencia de la Diputación de Córdoba y el escaño de senador por Córdoba vulnera el principio de dedicación plena a los asuntos públicos de la provincia. Nadie puede servir con la máxima exigencia a dos instituciones de primer nivel simultáneamente.

2.- El “voto nominal” como corrector democrático: La papeleta del Senado otorga al ciudadano de Córdoba la herramienta legal precisa para sancionar esta acumulación de cargos. El elector exigente de centro-derecha tiene la potestad de desmarcar las casillas de los candidatos que encarnan la inercia de aparato, reservando su apoyo a candidaturas que acrediten verdadera capacidad, rigor técnico y trayectoria profesional fuera de la política.

3.- Juicio sobre el modelo: Apoyar conscientemente este tipo de candidaturas dobles basadas en la inercia de siglas representa una complicidad voluntaria con la devaluación del mérito en la vida pública, **consolidando la política como una estructura endogámica alejada de las necesidades reales de los ciudadanos de Córdoba**.

N. B. Imagen.La incompatibilidad práctica del candidato al Senado ante el 29N.

(La imagen muestra una escena dividida: En una mitad, un político con un “doble sombrero” sostiene el peso excesivo de la Diputación de Córdoba, mientras que en la otra mitad, su figura como senador por Córdoba en Madrid aparece vacía y desconectada. Un gran reloj central muestra la imposibilidad temporal, y las balanzas institucionales están desequilibradas).

Córdoba, 5 de noviembre de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

(Abogado, Inspector de Trabajo y S.S., exconcejal, exdiputado provincial y andaluz)

El coste de la incoherencia y el riesgo para el centroderecha – (Córdoba ajo y agua)

Del incumplimiento del «Contrato con España» en Córdoba a la amenaza de la abstención y el beneficio de la izquierda

La política sin principios se reduce a mero marketing táctico, razón por la que hoy, el centro-derecha español se enfrenta a una profunda crisis de confianza que no nace de la habilidad de sus adversarios, sino de sus propias contradicciones orgánicas. Poner frente al espejo a quienes confunden las siglas con una patente de corso es el servicio cívico más exigente y necesario para sanear la vida pública.

Lo que se denuncia desde el análisis riguroso coincide exactamente con lo que ve la calle: “El malestar ante la incoherencia y la prepotencia de los aparatos”.

I.- La desconexión orgánica- (cuando los aparatos ignoran la calle).

**El error de cálculo de las cúpulas: Las estructuras de los partidos tienden a premiar la disciplina de aparato, los equilibrios de poder interno y las cuotas de control territorial por encima del mérito ideológico y de la ejemplaridad pública.

**La falsa seguridad del voto cautivo: Asumir que el votante de centro-derecha respaldará las siglas por inercia -bajo la premisa de que “al final nos votarán por miedo a la izquierda”- demuestra una soberbia política incompatible con un electorado hiperinformado, exigente y maduro.

**El agravio comparativo: Exigir en los grandes mítines nacionales rigor, austeridad y combate ideológico, mientras en provincias como Córdoba se financia con dinero público la agenda de la izquierda radical (memoria democrática, fosas, opacidad en EMPROACSA y EPREMASA), dinamita por completo la credibilidad de la marca.

II.- Salvador Fuentes Lopera y el «Premio a la Incoherencia».

El nombramiento del presidente de la Diputación de Córdoba como cabeza de lista al Senado no es un detalle menor; representa la validación explícita, por parte de la dirección nacional, de un modelo de “pragmatismo de despacho“ que contradice frontalmente los compromisos del Contrato con España.

<-El colapso del relato de la alternativa: Cuando se aspira a desalojar al Gobierno central basándose en el rigor y el cumplimiento de la palabra dada, colocar en un puesto de honor nacional al máximo responsable de pactar con IU, financiar la memoria sectaria e incrementar tasas locales destruye la coherencia del mensaje.

El ciudadano se hace una pregunta letal: ¿Si hacen esto en Córdoba a nivel provincial, qué garantías ofrecen para el conjunto de España?

<-La quiebra de la autoridad moral: Un partido que premia con puestos de salida a quien vulnera los compromisos de contención y contabilidad transparente pierde la autoridad moral para fiscalizar la gestión del adversario.

<-El silencio como complicidad: El mutismo de la dirección de Génova ante esta deriva provincial deja de ser prudencia institucional para convertirse en complicidad orgánica, trasladando la sensación de que las promesas de regeneración eran meros eslóganes de campaña.

¿Por qué los dirigentes actúan con esa aparente prepotencia? La respuesta se halla en tres vicios estructurales: *la endogamia del círculo de confort (donde la crítica de la calle se archiva como “ruido”), *el síndrome del voto cautivo y *el miedo a corregir el rumbo, prefiriendo sostener el error antes que admitir una rectificación frente a las baronías territoriales.

Si lo ve la calle con absoluta claridad, arreglarlo conceptualmente no es difícil; el problema es que choca con los intereses particulares de una maquinaria orgánica reacia a renunciar a sus cuotas de poder.

III.- La aritmética del castigo y el beneficio de la izquierda.

**La demoscopia del desencanto: El centro-derecha no se fractura únicamente por la fuga hacia formaciones como VOX, sino sobre todo por la desactivación y la abstención reflexiva. El votante exigente, cansado de contradicciones, no acude a las urnas con ilusión.

**La matemática electoral inexorable: La desmovilización de la base tradicional -provocada por la falta de referentes firmes- actúa como un catalizador directo a favor del PSOE y la izquierda.

**Regalar la iniciativa al adversario: Cuando se percibe que la alternancia política se limita a cambiar de siglas manteniendo idénticas prácticas de despilfarro o cesiones ideológicas, la izquierda recupera terreno no por méritos propios, sino por el desaliento de un electorado huérfano de principios.

IV.- Conclusión estratégica – (la exigencia de un “cheque con garantías”).

Los ciudadanos han dejado de otorgar su confianza bajo la simple amenaza del mal menor.

El voto útil solo es útil si va acompañado de garantías estrictas de cumplimiento.

Si el Partido Popular desea articular una mayoría sólida, estable y creíble para gobernar España, el cambio debe empezar por exigirse rigor y disciplina programática en cada diputación, en cada ayuntamiento y en cada empresa pública provincial.

La verdadera cuestión es si las cúpulas reaccionarán a tiempo para corregir el rumbo antes de que el desgaste sea irreversible. *Poner al descubierto estas dinámicas es el primer paso indispensable para recuperar la decencia institucional*.

N. B.  Imagen. El coste de la incoherencia y el riesgo para el centro-derecha.

(Nota. El coste de una prepotencia política significa hacerle el trabajo al adversario y  que explica por qué el P. P. no crece cuando debería arrasar, que VOX crezca con fuerza día a día y el que la Izquierda – PSOE se mantenga cuando debería estar hundido.)

Córdoba, 31 de octubre de 2026.

Fdo.  Enrique García Montoya.

Abogado. Inspector de Trabajo y S.S.

Exconcejal del Ayuntamiento de Córdoba, exdiputado provincial y exdiputado del Parlamento de Andalucía.

FRACTURA SOCIAL EN ESPAÑA Y CÓRDOBA VS. (FRACTURA DE ÉLITES)

Algunos de los lectores del blog me preguntan, ¿si es cierto que existe en España una factura social?. Así que intentaremos explicar que fractura es la que se ha establecido en España y por qué.

1.- Consideraciones previas y objeto de análisis.

Se trata de analizar, con el máximo rigor procesal y sustantivo, la posible existencia de una “fractura social real” en España, así, que se efectuaremos un triple desglose de líneas de ataque (formales, de fondo y probatorias) evaluando sus riesgos intrínsecos y ponderando su probabilidad de éxito, a la vez, que formulamos una tesis  rompedora e innovadora.

***Tesis central:

“*Los ataques desde el Gobierno al Rey Felipe VI y a la Corona, *el incumplimiento del deber de lealtad constitucional por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez y *la superación de los límites formales mediante “caminos inconstitucionales” están produciendo una fractura social real e irreversible que la Constitución de 1978 logró evitar”.

2.- Estrategia – (Líneas de ataque, evaluación de riesgos y prevalencia).

***Se contrapone *la polarización política con *la articulación democrática, y, se formulan las líneas de ataque en un escenario de impugnación formal o recurso de inconstitucionalidad/amparo institucional.

A.- Categorización de líneas de ataque.

1.- Flanco formal – (ataque procesal y procedimental).

<-Sub-línea F1 – (Falta de legitimación / Indeterminación del acto impugnable): Atacar que la “fractura social” o el “discurso político” no constituyen actos jurídicos manifestados mediante disposiciones, resoluciones o actos definitivos susceptibles de recurso directo de inconstitucionalidad (Art. 27 LOTC).

<-Sub-línea F2 – (Invasión de la reserva de reforma constitucional Art. 168 CE vía mutación constitucional de hecho): Impugnar formalmente el uso reiterado del Real Decreto-Ley y Proposiciones de Ley parlamentarias para eludir los informes preceptivos del Consejo de Estado y del CGPJ en leyes de calado estructural (ej. Amnistía).

2.- Flanco de fondo – (ataque sustantivo y dogmático).

<-Sub-línea S1 – (Vulneración del principio de lealtad institucional y neutralidad del Rey – Art. 56 CE): Sostener que la omisión de defensa del Monarca o el cuestionamiento de la Corona por Ministros del Gobierno vulnera el núcleo dogmático de la Monarquía Parlamentaria y la irresponsabilidad política del Rey.

<-Sub-línea S2 – (Inexistencia de democracia militante y exclusividad del filtro del TC): Argumentar que, bajo la jurisprudencia constitucional firme (STC 42/2014, STC 31/2010), el sistema español permite la crítica radical a cualquier institución si no hay quebrantamiento expreso del ordenamiento normativo sancionado por el TC.

3.- Flanco probatorio – (ataque fáctico).

<-Sub-línea P1 – (Ausencia de indicadores objetivos de quiebra de la paz social): Exhibir datos macroeconómicos, índices de criminalidad, cohesión laboral e integración para demostrar la inexistencia de un colapso del tejido civil.

<-Sub-línea P2 – (Inconsistencia probatoria del sesgo identitario y afección a Córdoba): Demostrar mediante encuestas socio-políticas que la tensión discursiva no se traduce en ruptura de la convivencia vecinal o gremial a nivel local.

B.- Evaluación de riesgos y ordenación de mayor a menor probabilidad de éxito.

*Orden – *Línea de ataque.

1º. Inadmisibilidad por falta de acto objeto de control (F1).

2º. Inexistencia de cláusula de intangibilidad / No democracia militante (S2).

3º. Insuficiencia probatoria de ruptura de paz civil (P1)

4ª. Fraude de ley procedimental / Elusión del art. 168 CE (F2).

5º. Quiebra del principio sustantivo de lealtad a la Corona (S1).

*Tipo.  1º. Formal. 2º. Fondo. 3º. Probatoria. 4º. Formal. 5º. Fondo.

*Viabilidad / éxito. 1º. MUY ALTA (90%). 2º. ALTA (80%). 3º. ALTA (75%). 4º. MEDIA (50%). 5º. BAJA (30%).

*Riesgo procesal / táctico.

1º. Bajo: Imposible fundamentar recurso directo contra meras dinámicas político discursivas o intenciones. 2º. Medio: Doctrina del TC consolidada que ampara debates sobre la forma de Estado si el cauce es parlamentario. 3º. Bajo: Los indicadores de paz social y normalidad operativa institucional contradicen la “ruptura”. 4º. Alto: El TC tiende a validar la libertad de configuración parlamentaria si se respetan las mayorías formales. 5º. Muy Alto: Entra en el terreno de la ‘ética institucional’, difícilmente exigible en sede de estricto ius positivismo.

3.- Tesis original, innovadora y crítica.

(Se fusiona el rigor dogmático, la sociología crítica y la réplica al planteamiento de la tesis)

<-La ilusión de la fractura civil frente al colapso de la ética constitucional.

 El debate sobre la coexistencia en la España contemporánea ha quedado atrapado en una falsa dicotomía: *La complacencia del procedimentalismo vacuo* o *el catastrofismo de la ruptura social.

**Un análisis crítico exige superar la falacia de que existe una lucha cainita en las calles y situar el diagnóstico en su verdadero epicentro:

“La mutación institucional por vaciamiento de la lealtad de las élites”.

Mientras que la sociedad civil opera en un régimen de pragmática normalidad socioeconómica -sostenida por redes de solidaridad familiar y cotorras de interacción cotidiana-, *la clase política dirigente ha inaugurado un modelo de “polarización extractiva”.

*No hay fractura social en el tejido ciudadano, ya que, lo que presenciamos es la ruptura deliberada del pacto no escrito de 1978 por parte del Poder Ejecutivo para garantizar la persistencia del poder formal.

Al desmantelar la función arbitral de la Jefatura del Estado mediante el silencio sistemático o la crítica instrumentalizada de socios de gobierno, no se está permitiendo la “expresión del pluralismo”, sino desgastando la autoritas de la única institución diseñada para amortiguar el choque entre bloques.

La trampa procedimental del presente régimen radica en asumir que todo lo que no esté explícitamente prohibido por una mayoría coyuntural es constitucionalmente legítimo. Esta visión hiperpositivista transforma la Carta Magna en un mero reglamento de juego sustituible, anulando su condición de norma rectora e identidad de concordia.

4.- La fractura social en España con especial consideración de Córdoba.

I. La naturaleza real de la crispación – (Fractura institucional vs. Cohesión social.)

Desde un análisis empírico e institucional se puede aseverar que en España no existe una “fractura social” en términos de secesión civil, segregación comunitaria o violencia política en el espacio público, ya que, lo que experimenta la Nación es una “Fractura de las Élites” – (Crispación de Superestructura).

*La brecha afectiva instrumental:La hostilidad entre bloques no brota espontáneamente de la ciudadanía, sino que es teledirigida desde las plataformas parlamentarias y mediáticas mediante la retórica del “muro”, convirtiendo la discrepancia ideológica en un conflicto moral irreconciliable.

*El vaciamiento de la concordia del 78: La degradación del espíritu constitucional no radica en la presencia de fuerzas independentistas o republicanas en las Cortes -rasgo propio del pluralismo-, sino en *la asunción por parte del Gobierno central de la agenda de impugnación de la Corona como peaje de gobernabilidad*.

II. Córdoba – (Una sociedad amortiguadora).

Quizás, si se analiza el problema de la polarización con la mirada puesta en Córdoba se puede ofrecer  una perspectiva imprescindible para *desmitificar la tesis de la fractura social generalizada y *comprender el verdadero impacto de la crisis de lealtad institucional:

1.- La inmunidad del tejido social y la cultura de concordia: Córdoba, por su poso histórico y estructura sociológica, actúa como un potente amortiguador de la crispación del debate madrileño. Las dinámicas de convivencia en la capital y en la provincia (Vega del Guadalquivir, Subbética, Valle de los Pedroches) muestran una cohesión comunitaria inalterada donde las discrepancias políticas no destruyen la articulación social, familiar ni la asociativa.

2.- Fractura socioeconómica vs. Fractura identitaria: El verdadero reto social en Córdoba no es la división dinástica o constitucional, sino la brecha de desigualdad estructural. La coexistencia de barrios entre los de menor renta de España (como las Zonas necesitadas de transformación social en el Distrito Sur o Las Palmeras) con áreas de alto desarrollo, representa una fractura de oportunidades real que el debate político de bloques invisibiliza.

3.- El ámbito laboral: En el fuero del Derecho del Trabajo y las relaciones laborales cordobesas, la concertación entre patronal y sindicatos ha demostrado una madurez superior a la del ámbito político nacional, porque  *no existe un conflicto de clase asimétrico o polarizado*, *sino una constante búsqueda de acuerdos que garantiza la paz social laboral a pesar de las presiones normativas del Ejecutivo*.

4.- Impacto municipal y lealtad institucional: A nivel municipal y capitular, la política cordobesa mantiene canales de diálogo y respeto institucional entre el Gobierno local y la oposición que contrastan frontalmente con la dialéctica de “muros” del Congreso de los Diputados. La figura del servidor público e inspector en la provincia atestigua que la Administración intenta  funcionar siempre con objetividad (art. 103 CE) al margen de las tormentas retóricas.

III. Conclusiones y propuesta.

1.-  Ilegalidad sustantiva de la tesis de ruptura en Sede Judicial: Cualquier intento procesal de declarar la inconstitucionalidad global de la actuación del Ejecutivo por “fractura social” colapsará por motivos formales (F1) y de ortodoxia garantista (S2).

2.- Ruptura de la ética constitucional: Es un hecho más que razonable y probado, que la denuncia de que *el Ejecutivo está forzando los límites formales*, sustituyendo la “ética del consenso” por un “utilitarismo procedimental” que carcome la Monarquía Parlamentaria, es una certeza.

3.- Análisis de  Córdoba: Córdoba es la prueba fehaciente de que la España real se niega a fracturarse bajo las pautas de la España oficial.

La solución a la crispación pasa por restituir el principio de lealtad constitucional en la cúspide del Estado sin descuidar las verdaderas brechas socioeconómicas del territorio.

N.B. Imagen. Fractura social en España y Córdoba – vs. -(Fractura de élites) – Análisis crítico.

Córdoba, a 30 de agosto de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

 Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S.S.

Exconcejal del Ayuntamiento de Córdoba

En defensa del Rey y de la Corona – (El valor constitucional de la Jefatura del Estado frente a la refriega partidista)

La España actual atraviesa un tiempo político convulso, marcado por una polarización constante y por un desgaste institucional que, en numerosas ocasiones, traspasa las líneas de la prudencia democrática. En este escenario, quienes defendemos la monarquía parlamentaria consagrada en la Constitución de 1978 no podemos instalarnos en la pasividad.

Ha llegado el momento de alzar la voz con firmeza, sin complejos y desde el rigor jurídico, para reivindicar el papel capital que el Rey Felipe VI, la Corona y la Princesa de Asturias desempeñan como garantes de nuestra convivencia.

1.- La Corona – (Pilar de estabilidad y neutralidad).

El Título II de nuestra Carta Magna diseña con precisión quirúrgica el estatus de la Jefatura del Estado. Lejos de ostentar un poder ejecutivo propio -que corresponde enteramente al Gobierno de la Nación y cuyas decisiones quedan sujetas al refrendo preceptivo del artículo 64-, el Rey ejerce una función moderadora y arbitral.

*Símbolo de unidad: El artículo 56 define al monarca como símbolo de la unidad y permanencia de España.

*Neutralidad intachable: Felipe VI ha demostrado un compromiso férreo con la neutralidad política, desvinculándose de la refriega partidista y actuando estrictamente dentro de los márgenes que marca la Constitución.

*Mando Supremo Militar: Como Capitán General de los Ejércitos (artículo 62.h), el Rey encarna el vínculo histórico y la lealtad constitucional de unas Fuerzas Armadas que sirven con profesionalidad y apartidismo a la defensa de todos los españoles.

Frente a los intentos recurrentes de debilitar las instituciones desde sectores gubernamentales o aliados del Ejecutivo que buscan erosionar el modelo de Estado, la Corona se mantiene como el dique de contención más sólido frente a la disgregación territorial y la fractura social.

2.- La indispensable labor del Rey en el presente.

Se extiende a veces el bulo interesado -con un claro sesgo peyorativo- de que el Jefe del Estado “no hace nada” en los momentos críticos de la nación. Nada más lejos de la realidad.

La labor de arbitraje institucional de Felipe VI es constante, silenciosa pero efectiva. Garantiza la normalidad democrática en la propuesta de candidatos a la Presidencia del Gobierno, sanciona y promulga las leyes con puntualidad rigurosa y representa a España en la escena internacional con un prestigio indiscutible, cuidando especialmente los lazos con la comunidad histórica iberoamericana. Sostener la Jefatura del Estado en un Parlamento fragmentado y sometido a tensiones constantes exige una altura de miras, una ejemplaridad y una discreción que el Rey cumple de manera sobresaliente.

3.- El futuro garantizado – (La Princesa Leonor).

El relevo generacional que representa S.A.R. doña Leonor, Princesa de Asturias, aporta una bocanada de aire fresco y esperanza a la monarquía parlamentaria. Su rigurosa formación institucional, universitaria y castrense, unida a la cercanía y naturalidad con la que afronta sus responsabilidades públicas, ha conquistado a la inmensa mayoría de la sociedad española.

Los datos demoscópicos reflejan con claridad esta realidad: “La Princesa de Asturias cuenta con un respaldo ciudadano extraordinario, siendo valorada de forma transversal -incluso entre las generaciones más jóvenes- como una futura Reina preparada, solvente y profundamente comprometida con los valores constitucionales.

<<Conclusión>>

Defender al Rey y a la Corona en este momento no es un ejercicio de nostalgia, sino una necesidad democrática. La monarquía parlamentaria en España no es un obstáculo para el progreso, sino el cimiento sobre el que se sustenta nuestra democracia, nuestros derechos y nuestra convivencia pacífica.

N.B. En defensa del Rey y de la Corona.

Frente al sectarismo y el desgaste institucional interesado, los demócratas y monárquicos constitucionales tenemos el deber cívico de respaldar sin titubeos a nuestro Jefe del Estado.

Córdoba, 25 de agosto de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba.

Inspector de trabajo y S.S.

España – Unidad o diáspora.

Existe una aparente y preocupante paradoja en la España contemporánea:

“Mientras los éxitos deportivos de la Selección Española unen masivamente a la inmensa mayoría del país bajo una misma bandera, el devenir político parece estar condicionado por minorías separatistas que exigen privilegios exclusivos”.

Es ineludible plantear una pregunta:

¿Cómo es posible que una minoría imponga su agenda a toda una nación?

***Para comprender esta quiebra entre la realidad sociocultural y la política institucional, es necesario analizar los engranajes electorales, sociológicos y de poder que han conducido a la situación en la estamos hoy.

1.- La paradoja – (Sentimiento común frente a la realidad política).

El deporte actúa como un espacio neutro donde los símbolos compartidos suscitan una cohesión social espontánea, aunque la representación política en las Cortes Generales opera bajo reglas de ingeniería parlamentaria muy distintas:

<-El sistema de circunscripción provincial: La Ley D’Hondt y la división electoral por provincias priman extraordinariamente a las fuerzas regionalistas y nacionalistas. Al concentrar todo su voto en unas pocas circunscripciones, obtienen una representación en escaños desproporcionadamente alta en comparación con partidos nacionales cuyos votos se dispersan, de forma, que tienen menos votos pero duplican su número de diputados y senadores.

<-La trampa del parlamentarismo fragmentado: Tras la quiebra del bipartidismo, la gobernabilidad exige 176 diputados, de manera, que sin mayorías absolutas, *las minorías territoriales se han convertido en la «llave de gobierno», vendiendo su apoyo a cambio de competencias, financiación singular o concesiones ideológicas.

2.- Hegemonía en el territorio – (La dictadura del silencio).

En regiones como el País Vasco o Cataluña, el predominio político del independentismo no responde únicamente al recuento de urnas, sino a una estrategia sociológica y mediática de dominación del espacio público, así:

<-La espiral del silencio: Teorizada por Elisabeth Noelle-Neumann, explica cómo el ciudadano común, no nacionalista o con identidad dual, opta por recluir su sentimiento en la esfera privada para evitar la estigmatización social, laboral o la confrontación.

<-Inercia de la coacción y control institucional: Décadas de presión política, control de la educación, medios autonómicos subvencionados y, en el caso vasco, la pesada sombra del terrorismo de ETA, han consolidado una asimetría estructural.

El nacionalista está hiper-movilizado y la mayoría no nacionalista suele estar inhibida.

3.- El Gobierno Central y la cesión sistemática.

La percepción de que el Ejecutivo nacional concede todo cuanto piden los partidos separatistas para retener el poder a cualquier precio fractura la igualdad entre españoles. Concesiones como amnistías, amparos fiscales o traspasos exclusivos dinamitan la solidaridad interterritorial consagrada en la Constitución y *crean ciudadanos de primera y de segunda clase.

<-Reflexión crítica: La línea entre la negociación parlamentaria legítima y la desarticulación del Estado de derecho se ha vuelto peligrosamente difusa, ya que,  mantener la gobernabilidad sacrificando la cohesión nacional expone al sistema a un desgaste sin precedentes.

4.- Los límites infranqueables.

Esta dinámica no es infinitamente elástica ni puede durar para siempre, pues existen barreras claras que marcarán el punto de inflexión de este modelo:

1.- El límite constitucional y europeo: El artículo 1.2 (la soberanía nacional reside en todo el pueblo español) y el artículo 2. de la Carta Magna, custodiados por el Tribunal Constitucional y el marco del Derecho Comunitario de la Unión Europea, imponen un muro legal contra pactos que pretendan fragmentar la soberanía.

2.- El límite electoral (El efecto péndulo): Las concesiones continuas provocan un profundo resentimiento en el resto de España. El desgaste acumulativo del partido gobernante terminará por activar un voto masivo de castigo que configure mayorías alternativas no dependientes del separatismo.

3.- La fatiga sociológica: La polarización identitaria agota a la propia ciudadanía local, cuyas prioridades terminan desplazándose hacia problemas reales como la economía, la vivienda o los servicios públicos.

<<Conclusión>>. España se encuentra en una encrucijada entre su cohesión sociocultural y el chantaje institucional, aunque los sistemas políticos son cíclicos: “El tope legal de la Constitución, el desgaste electoral y la fatiga social impondrán, más pronto que tarde, el fin de esta asimetría”.

N. B. Imagen.Unidad o diáspora.

Córdoba, 22 de julio de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.