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II. Una sociedad justa y democrática (seguridad jurídica, proyectos ejecutables y previsibilidad)

Es un hecho esencial comprender que el papel las leyes es buscar el bien común, pero en la práctica, la gestión organizacional eficaz de la libertad y la prosperidad es lo que marca la diferencia para el ciudadano de a pie, de forma, que el proceso de organizar, planificar y controlar los recursos a todos los niveles del Estado persigue alcanzar sus objetivos de manera óptima y eficiente.

Aquí exponemos una reflexión analítica sobre esa “entelequia” del centrismo y la realidad del tablero político en España, porque parece que esa idea de que el centro político existe se sitúa entre un espacio irreal y un espejismo electoral, formando un bucle en movimiento constante y sin salida.

Históricamente, el centro en España ha sido más un refugio de votos indecisos, que un proyecto ideológico sólido de continuidad con proyectos, realidades e ideas concretas de libertades y derechos, porque hasta la fecha desde la UCD hasta Ciudadanos, los proyectos que han intentado ocupar ese espacio imaginario han terminado absorbidos por la polarización o si se quiere ver de otra forma, por proyectos políticos con claridad de ideas realidades de gobierno.

<-La absorción de los bloques es una realidad, porque en el sistema español actual, el “centro” parece haber quedado reducido a un mero terreno de disputa, de forma, que cuando la política se vuelve identitaria o de “bloques”, la tonalidad cambiante e imprecisa se pierde, así que, lo que muchos ciudadanos buscan de verdad, desesperadamente en España es un “proyecto políticamente armado de ideología clara y transparente”, o lo que es lo mismo, “seguridad jurídica, proyectos ejecutables y previsibilidad”, frente a la improvisación que a veces se percibe en las propuestas de la izquierda radical”, o ni siquiera se ve realizada, cuando gobierna una derecha vacilante y acomodaticia.

<-La eficacia vs. la utopía: La izquierda radical está produciendo con truenos un sentimiento de fatiga institucional, porque, la diferencia entre garantizar derechos (que requieren una base económica sólida) y prometer deseos (que pueden generar deuda y desigualdad) es la clave del debate sobre la libertad real.

<<El ciudadano – (Resultados vr. promesas)>>

Es España los partidos de listas cerradas y controlados por sus cúpulas de poder están ensimismados en sus propias inquietudes internas, y, para el ciudadano -y especialmente para quienes trabajan día a día respetando la ley-, lo importante no es la retórica política altisonante, sino los resultados tangibles:

1.- Que exista libertad económica, ya que, sin una gestión que genere riqueza, los derechos sociales se convierten en papel mojado. La “pobreza real” que aparece a simple vista en España surge porque el Estado crece a costa de asfixiar la iniciativa privada.

2.- Que exista calidad institucional, ya que, el ciudadano sufre cuando las instituciones se politizan y entran en parálisis. Un proyecto claro de país debería centrarse en despolitizar la justicia y agilizar la administración, algo que a menudo se sacrifica en favor de la agenda ideológica del momento.

3.- Que exista seguridad y respeto a la propiedad, porque son los pilares del bien común, de manera, que si se debilitan por proyectos <-irrealizables->, afectan directamente a la convivencia y al progreso.

<<El camino>>

Si el centrismo es una entelequia, lo que queda es una pugna de modelos políticos de gestión, de forma, que el reto para cualquier opción garante de los derechos y libertades de los ciudadanos que aspire a gobernar no es solo “no ser la izquierda”, sino demostrar que su defensa de las libertades individuales y la propiedad privada se traduce en una mejora directa de la calidad de vida del “pueblo soberano constitucional”.

En España, la sensación de que el político vive en una realidad paralela a la del profesional (como tú, que lidias con la realidad jurídica cada día) es muy real. La verdadera “libertad” no es solo votar cada cuatro años, sino tener un marco legal y económico que te permita desarrollar tu vida sin que el Estado sea un obstáculo constante.

(Nota: La polarización actual ha convertido el “centro” en un campo de batalla vacío, obligando a los ciudadanos a elegir entre modelos de gestión radicalmente opuestos en su concepción de la libertad.)

<<Seguridad jurídica – (La base de las libertades>>

La inseguridad jurídica es, posiblemente, el “impuesto invisible” más caro que paga una sociedad, pero, qué nadie de llame a engaño, ya que, no es solo un concepto teórico, sino que es el barro con el que los profesionales del derecho lidiamos cada día cuando alguien nos pregunta “¿qué va a pasar?”, siendo nuestra respuesta técnica, al día de hoy, más honesta un <-quizás>>, porque dependerá de la interpretación del juez o del decreto-ley que saquen el próximo día.

En estos momentos España se encuentra en una encrucijada, donde la calidad y el ámbito de la norma parece haber sido sacrificadas en el altar de la cantidad y la urgencia política real o impostada.

<<Análisis. – (Las grietas del sistema>>

1.- La hiperregulación, inflación y exigencia legislativa- (Asfixia normativa).

Estamos viviendo lo que muchos juristas definen ya como un escenario de estrés normativo, porque la producción constante de Reales Decretos-Leyes (herramienta que debería ser excepcional) para regular desde el mercado del alquiler hasta la inteligencia artificial, está generando un ecosistema, donde la norma nace ya con fecha de caducidad o con una redacción ambigua.

La consecuencia nefasta de esa regulación desmedida es que las empresas y ciudadanos no pueden planificar, pues si las reglas del juego cambian a mitad del partido (retroactividad encubierta o cambios fiscales súbitos), el capital huye a otros mercados más seguros y fiables y la iniciativa privada se paraliza.

2.- El colapso institucional y judicial.

La parálisis en la renovación de órganos fundamentales del estado de derecho, como el CGPJ y el colapso de los juzgados (que en 2026 siguen operando bajo una “lógica de resistencia”) dilata la resolución de conflictos, porque, como todo el mundo sabe, una justicia tardía no es justicia, ya que, un sistema donde una sentencia firme tarda años en llegar es, de facto, un sistema que desprotege al ciudadano frente a los abusos, ya sean del Estado, de grandes corporaciones, etc. etc.

3.- Coste social. – (Desigualdad y pérdida de libertad).

**Aquí es donde se conecta con nuestra preocupación por el “pueblo”, ya que, la inseguridad jurídica no afecta a todos por igual, así:

*Existe una brecha de defensa, pues el ciudadano medio o la pequeña empresa no tienen los recursos para sostener litigios eternos o para contratar ejércitos de consultores que les expliquen la última reforma laboral.

*Se acrecienta la vulnerabilidad, ya que, sin reglas claras, la arbitrariedad de la administración crece día a día y en todos sus niveles de poder público, lo que genera una sociedad menos libre, donde los derechos dependen más de la voluntad del gobernante de turno que de un marco legal estable e igualitario.

<<Consecuencias directas en la España de 2026>>

Factor	Impacto Real
Inversión Extranjera	Desvío de capitales hacia países con marcos más estables (Portugal, Grecia o el norte de Europa).
Vivienda	La intervención de precios y la inseguridad en los desahucios reducen la oferta, perjudicando a quien se quería ayudar.
Seguridad Jurídica	Percepción de <-riesgo país-> que encarece la financiación y frena la creación de empleo de calidad.

(Nota. “La ley debe ser como la muerte, que no exceptúa a nadie”, pero esta máxima de Montesquieu se desvanece cuando la norma se vuelve confusa, pues entonces solo protege a quien puede permitirse navegar en su ambigüedad.)

Es un hecho patente, que la verdadera solidaridad no nace de la promesa de derechos sin respaldo, sino de un sistema que garantiza, que nadie -ni siquiera el Estado- está por encima de una ley clara, previsible y justa.

N.B. La defensa de una sociedad justa y democrática se basa en el hecho esencial de que el papel las leyes es buscar el bien común, pero en la práctica, la gestión de la libertad y la prosperidad es lo que marca la diferencia para el ciudadano de a pie, y, en España al día de hoy las opciones políticas están varadas en mirarse a sí mismas y en colocarse todos sus componentes y comparsas al abrigo del Estado, sea como sea.

La elecciones en Aragón han puesto de manifiesto para el partido, que lo quiera ver, que hacer “políticas socialistas” desde el poder de unos votos que no se confiaron por el pueblo votante para eso, llevan a la desesperanza de los partidos que incumplen sus promesas electorales en aras de la tranquilidad de sus políticos, de forma, que ya está muy claro, los ciudadanos, como hemos dicho, quieren <-seguridad jurídica, proyectos ejecutables y previsibilidad->, que es lo que ahora no existe en España y que es algo que hay que cambiar de principio a fin, empezando por cumplir promesas electorales a los ciudadanos, que para eso votaron a esos partidos, pues lo contrario genera desconfianza del pueblo en esos partidos políticos con las consecuencias que se han visto en estas elecciones regionales.

Córdoba, 10 de febrero de 2026

Por: Enrique García Montoya,

Abogado del ICA-Córdoba.

Presidente de Córdoba Abierta (ACOA)

Crónica de una paradoja – (El dinero público no se ve)

Es la pregunta que escucho a diario en los juzgados, en las reuniones de compañeros, expertos y en las calles de Córdoba: <-Si recaudamos más que nunca, ¿por qué? los servicios funcionan peor que siempre->.

Conociendo la Administración por dentro y por fuera, sé que las cuentas deben cuadrar o, al menos, tener una trazabilidad judicialmente defendible, sin embargo, la realidad de 2026 nos muestra un Estado, que, aunque ingresa cifras récord, se encuentra con las manos atadas por una estructura de gasto extremadamente rígida, de forma, que el dinero no se ha “evaporado”, pero, sin la menor duda, está atrapado en un bucle sin salida.

**Abriremos la “caja negra” del gasto público en España:

1.- Un “elefante” que no para de crecer – (Las Pensiones).

Es un hecho patente, que las pensiones son el sostén de nuestra paz social, pero también nuestro mayor desafío financiero, porque en 2026, su importe de gasto ha escalado hasta los 230.000 millones de euros.

<-Por un lado, un efecto automático, ya que, al estar indexadas al IPC (un incremento del 2,7% este año), cada décima de inflación dispara el gasto sin que se cree un solo servicio público nuevo, como puede ser un hospital o el arreglo integral de la una carretera.

<-Por otro lado, una cifra astronómica, de forma, que hoy gastamos un 62% más que hace una década, de manera, que ahora el Estado dedica más dinero a las pensiones, que a todos los sueldos de sus funcionarios y empleados públicos juntos.

2.- El “impuesto silencioso y revolucionario” de los mercados – (La Deuda).

Hubo un tiempo en que el dinero era “gratis” (tipos al 0%), pero esos días terminaron y ahora con una deuda que roza el 100% del PIB, los intereses son un gasto muerto, ya que, en este concepto 44.000 millones de euros se van directamente a los mercados financieros, de manera, que es dinero que sale de nuestros impuestos y no llega un servicio público, como una comisaría ni un aula.

Para que nos entendamos: “Pagamos en intereses casi lo mismo que cuesta toda la nómina de la Administración General del Estado”.

3.- El laberinto sin salida de las 17 Administraciones.

Aquí reside el centro de nuestras desgracias, pues el Estado Central recauda cada vez más, pero son las Comunidades Autónomas (CC.AA.) quienes ejecutan, por ejemplo, la sanidad y la educación, y, en 2026, las transferencias a las regiones han marcado un récord de 158.000 millones.

Afinando lo dicho, aquí tenemos un problema de gestión, pues “la saturación de los hospitales a menudo no es por falta de presupuesto <-en origen->, sino de una gestión autonómica ineficiente o un sistema de financiación obsoleto, que genera ciudadanos de primera y de segunda según su código postal”.

4.- La <-trampa-> de los Fondos Europeos.

Los españoles en mayoría nos preguntamos ¿por qué? hay dinero para poner paneles solares o digitalizar una PYME, pero no para arreglar las vías del tren, y, la respuesta es que esos fondos europeos tienen un uso finalista, de forma, que los fondos NextGenerationEU son para transformar, no para mantener, así que, no se pueden usar para pagar nóminas de médicos o baches en la calzada. Se trata de dinero “etiquetado” que, si no se gasta en lo que dice Bruselas, hay que devolverlo.

<<La radiografía de una dependencia pública>>

A día de hoy, España presenta una cifra que debería hacernos reflexionar, porque 17,3 millones de personas reciben su ingreso principal de un “cheque público” (pensionistas, funcionarios y beneficiarios de prestaciones).

<<Desglose del Censo de Empleados Públicos (Proyección 2026)>>

Administración	Empleados (Aprox.)	Competencias Clave
CC.AA.	1.862.000	Sanidad, Educación, Dependencia
Adm. Local	577.000	Servicios básicos, Urbanismo
Estado (AGE)	533.000	Ministerios, AEAT, Seguridad Social
Seguridad/Justicia	150.000	Policía, Jueces, Fiscales
TOTAL	3.640.000	Coste: 190.000 M.eur.

(Nota. Lo expuesto son datos oficiales, ya que, la cifra real es un misterio insondable, ya que, por ejemplo, la cifra real de empleados públicos en ayuntamientos, diputaciones y CC.AA. es un misterio profundo, de forma, que si alguien lo duda, no tiene más que mirar a su ayuntamiento para ver que su personal crece día a día, y, eso sin contar las contrataciones externas a través de empresas subcontratistas y personal de contratación externa.

<< La Paradoja. – (El dinero no se ve).

1.- Existe un evidente rigidez presupuestaria, porque el 60% del presupuesto está comprometido en nóminas, pensiones e intereses antes de que se levante la persiana cada 1 de enero.

2.- La inflación tiene un doble sentido, porque siendo cierto que el Estado recauda más por el IVA (precios caros), también es verdad que, por ejemplo, compra más caro el material sanitario y la energía.

3.- Por otro lado, en España tenemos una burocracia de hierro, dónde lahiperregulación frena la ejecución, de forma, que tenemos dinero, pero nos falta la agilidad administrativa para que llegue al ciudadano de a pie.

<<Propuestas innovadoras – (Superando un parche)>>

No basta con diagnosticar, ya que, como sociedad civil activa, debemos exigir cambios estructurales, así:

<-Presupuestos de <-base cero->, de forma, que hay que dejar de prorrogar cuentas y debemos exigir que cada ministerio justifique cada euro desde cero cada año, eliminando todos los gastos superfluos que se arrastran por inercia.

<-Hay que exigir una auditoría de eficiencia a la AIReF, ya que, no se trata, solo fiscalizar si el dinero se gastó legalmente, sino si logró su objetivo (Ej. ¿Bajó la lista de espera con el aumento del presupuesto?).

<-Hay que digitalizar la trazabilidad, través, de un portal de transparencia real donde el ciudadano pueda ver, en tiempo real, en qué fase de ejecución se encuentra cada partida de los Fondos Europeos.

<-Es imprescindible llevar a cabo una reforma del Estatuto del Empleado Público, incentivando la productividad y la movilidad funcional para que los recursos humanos estén donde realmente se necesitan (menos ventanilla, más atención directa, porque tanta cita previa por ejemplo es un disparate).

**En conclusión: “Es un hecho patente y comprobado, que el dinero público en España no se pierde en un limbo, sino que se consume en sostener un sistema pesado, envejecido y con una deuda heredada. Si queremos que el dinero “se vea”, hay que pasar de una administración de “trámite” a una de <-resultados->.

N.B. El dinero público parece desaparecido, pero sobre todo está inexplicado.

Es un hecho patente, que en España tenemos una burocracia de hierro, de manera, que la endogamia de la administración a todos los niveles frena cualquier ejecución efectiva y, por supuesto, cualquier inversión en mantenimiento de las infraestructuras.

Córdoba, 8 de febrero de 2026,

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Presidente. Córdoba Abierta -ACOA-.

Finanzas del Ayuntamiento de Córdoba II – Opacidad.

El análisis de Córdoba Abierta (ACOA) sobre las finanzas del Ayuntamiento de Córdoba para 2024-2025 destaca la deuda, el superávit, las pérdidas de empresas municipales y oportunidades de ahorro. Sin embargo, se denuncia que la falta de transparencia en los datos financieros limita la evaluación ciudadana de la gestión municipal.

A continuación, se presenta un comentario crítico centrado en esta opacidad.

1. Deuda e Intereses: Contratos Bancarios Opacos

La deuda municipal asciende a 172 millones de euros en 2024 (38,57% de los ingresos), pero no se detallan los acreedores, plazos, tipos de interés ni cláusulas de los préstamos. El aumento del 14% en intereses en 2023 no se cuantifica para 2024, y los nuevos préstamos previstos (15 millones en 2025 y 22 millones en 2026) carecen de información sobre condiciones y finalidad.

Comentario: La opacidad en los contratos bancarios genera desconfianza. El Ayuntamiento debe publicar íntegramente los contratos y un análisis de impacto financiero para garantizar la sostenibilidad de la deuda.

2. Superávit: Origen y Uso Poco Claros.

El superávit de 38,3 millones de euros en 2024 no especifica si proviene de ahorros reales o de inversiones no ejecutadas. Aunque 37 millones se destinaron a amortizar deuda, no se detalla el uso del resto ni los criterios de priorización. Las proyecciones para 2025 no aclaran cómo se financiarán las inversiones previstas.

Comentario: La falta de un desglose detallado del superávit dificulta evaluar la gestión financiera. Se requiere un informe claro sobre su origen y destino, priorizando necesidades sociales.

3. Empresas Municipales: Pérdidas y Transferencias Injustificadas.

Las empresas municipales (Sadeco, Aucorsa, Emacsa, Cecosam, Vimcorsa) registran pérdidas de 6,7 millones de euros en 2024, cubiertas por transferencias municipales (25 millones). No se explican las causas de estas pérdidas ni la sostenibilidad de las ganancias previstas para 2025.

Comentario: La falta de informes financieros detallados por empresa impide identificar ineficiencias. El Ayuntamiento debe publicar balances, cuentas de resultados y planes de viabilidad, junto con auditorías externas.

4. Propuestas de Mejora: Auditorías y Participación.

Se proponen auditorías externas y foros ciudadanos, pero su efectividad depende de datos completos. Sin información accesible sobre deuda, superávit y empresas municipales, estas iniciativas pueden ser meramente simbólicas.

Comentario: Es esencial crear un portal de transparencia con contratos, auditorías y balances, y establecer un calendario de foros ciudadanos que incorpore aportaciones reales.

5. Conclusión

El análisis de Córdoba Abierta -ACOA- evidencia una opacidad estructural en las finanzas del Ayuntamiento, especialmente en contratos bancarios, origen del superávit y pérdidas de empresas municipales. Para garantizar claridad y rendición de cuentas, el Ayuntamiento debe:

Publicar contratos de deuda con detalles completos.
Detallar el origen y destino del superávit.
Presentar informes financieros de empresas municipales.
Implementar un portal de transparencia y auditorías externas.
Garantizar foros ciudadanos con datos accesibles.

Sin estas medidas, la percepción de estabilidad financiera se ve empañada, erosionando la confianza ciudadana. La participación ciudadana es clave para una gestión transparente y responsable.

N.B. Nuestro Comentario crítico sobre la falta de transparencia en las finanzas del Ayuntamiento de Córdoba, por todo lo dicho, es una realidad que demuestra un opacidad recalcitrante, lo que llevará a los cordobeses a la desconfianza en las cuentas del Ayuntamiento.

La participación ciudadana es una necesidad, de forma, que es la base fundamental de la transparencia y de la claridad de las cuentas públicas de la Corporación Municipal.

Córdoba, 20 de septiembre de 2025.

Enrique García Montoya.

Abogado ICA Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Presidente de Córdoba Abierta -ACOA-.

Problemas de Córdoba – Artículo XV – II – La crisis del agua en la Zona Norte – El Político del Agua (Retos y soluciones)

En este artículo, visto que todos mis lectores han acertado la adivinanza sobre el político del agua, que esta subido al muro socialista asumiendo todas sus políticas y aceptando y garantizando el gasto superfluo e irresponsable que ha heredado, dejando a los votantes de su partido a los pies de los caballos, detallaré porque el problema del agua sigue irresuelto, señalando sus causas y por qué el Presidente de la Diputación de Córdoba Salvador Fuentes Lopera del P.P. ha abandonado a los habitantes de la Zona Norte de la Provincia, limitándose a lanzar proclamas vacías de contenido y de soluciones reales.

Es un hecho patente, que el Presidente Sr. Fuentes Lopera ha aceptado todas las políticas socialistas, de forma, que ha asimilado el concepto socialista de la dependencia de fondos públicos para cubrir déficits, sin abordar las causas de fondo, de modo, que ha traspasado a los cordobeses los despilfarros de una gestión del agua confiscatoria y donde el precio del agua alcanza niveles desproporcionados, mientras los políticos responsables gozan de impunidad por gracia y gloria de nuestro maestro del agua, cuando es un hecho evidente, que les ha hecho una amnistía al no reclamarles nada por arruinar a una empresa pública como Emproacsa, y, olvidando que el agua potable para beber es un derecho humano que debe siempre ser gratuito.

La crisis del agua en la Zona Norte y el Político del Agua

La crisis del agua en la Zona Norte de Córdoba, que afecta a las comarcas de Los Pedroches y el Guadiato, ha dejado a casi 85.000 habitantes sin acceso a agua potable desde abril de 2023, debido a los elevados niveles de carbono orgánico total (COT) en el embalse de La Colada. Esta situación, agravada por la sequía, la contaminación y la falta de infraestructuras adecuadas, ha generado malestar social y económico.

La gestión de Salvador Fuentes Lopera, Presidente de la Diputación de Córdoba desde junio de 2023, no ha sido capaz de llevar a cabo soluciones efectivas y, además, ha implantado una subida de tasas del agua confiscatorias. Este artículo analiza las causas de la crisis, evalúa la gestión de la Diputación con el Político del Agua al frente y presenta propuestas de la Asociación Córdoba Abierta (ACOA) para garantizar un suministro sostenible y equitativo.

<<Contexto de la crisis hídrica>>

Desde abril de 2023, la Junta de Andalucía declaró no apta para el consumo humano el agua del embalse de La Colada, que abastece a la Zona Norte tras el agotamiento del embalse de Sierra Boyera. Los habitantes dependen de camiones cisterna y agua embotellada para beber y cocinar, lo que afecta especialmente a sectores vulnerables, la restauración y la ganadería. La Diputación, a través de Emproacsa, es responsable de la potabilización, pero las soluciones propuestas no han resuelto el problema de manera inmediata. Además, la subida de tasas del agua del 22.49%, aprobada en febrero de 2024, ha generado críticas por su impacto en un contexto de crisis.

<<Causas de la persistencia de la crisis>>

La crisis hídrica en la Zona Norte es el resultado de múltiples factores:

-Factores ambientales:

+La sequía severa, agravada por el cambio climático, ha reducido los niveles de los embalses y acuíferos. El embalse de Sierra Boyera se secó en 2023, forzando el uso de La Colada, cuya agua presenta altos niveles de COT debido a vertidos agrícolas y ganaderos.

+La contaminación de ríos como el Guadarramilla, que alimenta La Colada, complica los esfuerzos de potabilización.

-Limitaciones técnicas:

+La Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Sierra Boyera, de 1975, no está equipada para tratar los niveles actuales de contaminación. Métodos como la ozonización han sido ineficaces, y tecnologías como la ósmosis inversa requieren inversiones costosas y generan residuos.

+Fugas en la red de distribución entre La Colada y Sierra Boyera han reducido la eficiencia del suministro.

-Retrasos en soluciones estructurales:

+La conexión entre los embalses de La Colada, Sierra Boyera y Puente Nuevo, propuesta hace más de una década, sigue sin ejecutarse debido a conflictos de competencias entre la Diputación, la Junta y el Gobierno central.

+La dependencia de camiones cisterna, reducida a días alternos, no es una solución sostenible.

-Falta de coordinación institucional:

+La responsabilidad compartida entre la Diputación (Emproacsa), la Junta (calidad del agua) y el Gobierno central (infraestructuras hidráulicas) ha generado retrasos. Por ejemplo, la Confederación Hidrográfica no ha avanzado en la conexión con Puente Nuevo.

+La falta de transparencia en las negociaciones ha alimentado la desconfianza ciudadana.

<<Evaluación de la gestión de Salvador Fuentes>>

Desde que asumió la presidencia de la Diputación, Salvador Fuentes ha anunciado medidas como la modernización de la ETAP de Sierra Boyera, la instalación de equipos de ultrasonido para tratar algas en La Colada y la conexión con Puente Nuevo, con un horizonte de mayo de 2025.

*Sin embargo, estas iniciativas enfrentan críticas:

-Tiempo de implementación: Las soluciones requieren meses o años, lo que no aborda las necesidades inmediatas de la población.

-Falta de resultados concretos: A pesar de promesas de agua potable para abril de 2024, los análisis recientes muestran que el agua sigue sin ser apta, y los camiones cisterna continúan siendo la principal fuente de suministro.

-Gestión financiera cuestionada: La subida de tasas del 22.49%, justificada por la quiebra técnica de Emproacsa (pérdidas de 7.5 millones en 2023), ha sido criticada por no priorizar el acceso al agua potable antes de aumentar los costos para los usuarios.

-Coordinación insuficiente: Aunque Fuentes ha promovido reuniones con la Junta y los alcaldes, no ha logrado un consenso con la Confederación Hidrográfica del Guadiana ni avances significativos en las obras.

<<Causas de la subida de tasas>>

La subida del 22.49% en las tasas del agua, aprobada en febrero de 2024, responde a la necesidad de rescatar a Emproacsa de una deuda acumulada de 14.5 millones de euros y financiar inversiones hidráulicas (9 millones de euros, parcialmente cubiertos por la Junta).

*Percepción de la subida negativa:

-Críticas por desproporción: La medida se considera injusta en la Zona Norte, donde el agua no es potable. Aunque Fuentes eximió temporalmente a estos municipios del incremento, la subida afectará al resto de la provincia, generando desigualdades.

-Falta de transparencia: Todos (ciudadanos, asociaciones, instituciones públicas) exigen claridad sobre el uso de los fondos recaudados.

-Impacto social y económico: El aumento de la factura media incrementará los costos para sectores vulnerables y la ganadería ya afectada por la crisis hídrica.

<<Propuestas de Córdoba Abierta (ACOA)>>

Para abordar la crisis hídrica y garantizar un suministro equitativo, ACOA propone:

*Aceleración de obras estructurales: Declarar de urgencia la conexión de los embalses de La Colada, Sierra Boyera y Puente Nuevo, reduciendo los plazos de ejecución a través de financiación conjunta entre la Diputación, la Junta y el Gobierno central.

*Inversión en tecnologías sostenibles: Explorar métodos de potabilización rápidos y eficientes, como sistemas de flotación avanzada, y, aprender de experiencias exitosas, como los sistemas de captación de lluvia en Argentina (cisternas de 16.000 litros).

*Mesa de trabajo institucional: Crear un espacio permanente con representantes de todas las administraciones y plataformas ciudadanas para garantizar transparencia y coordinación.

*Moratoria en la subida de tasas: Suspender el incremento hasta que el agua sea potable en toda la provincia, acompañado de un plan claro sobre el uso de los fondos.

*Apoyo al sector ganadero: Implementar subvenciones para mitigar el impacto económico en las explotaciones ganaderas, afectadas por el alto costo del agua y la sequía.

*Gestión sostenible del agua: Promover la captación de agua de lluvia, la recarga de acuíferos y programas educativos para un uso responsable del agua, en línea con estrategias globales contra el cambio climático.

<<Conclusión>>

La crisis del agua en la Zona Norte de Córdoba es un reto complejo que combina factores ambientales, técnicos y administrativos. La gestión de Salvador Fuentes ha mostrado avances en la planificación, pero la falta de resultados inmediatos y la subida de tasas han generado frustración. Desde Córdoba Abierta (ACOA), urgimos a las administraciones a priorizar soluciones estructurales, coordinar esfuerzos y garantizar el acceso al agua potable como un derecho humano esencial.

La colaboración entre la Diputación, la Junta, el Gobierno Central y la ciudadanía es clave para construir una gestión hídrica sostenible que asegure el bienestar de los cordobeses.

N.B. Uno de los problemas de Córdoba es el propio Político del Agua que se revelado incapaz de dar soluciones reales inmediatas.

Desde Córdoba Abierta – ACOA: Urgimos la adopción de nuestras propuestas para conseguir una gestión del agua responsable y con tarifas reducidas al simple coste del suministro. El agua es un bien básico, que bajo ninguna circunstancia debe venderse a precio de oro líquido por el responsable político, que debe garantizar el bienestar de los cordobeses.

Nuestro Político del Agua vende el agua a precios prohibitivos, cuando es un hecho evidente, que el agua potable para beber debe ser un derecho gratuito para todos los cordobeses.

Córdoba, 2 de julio de 2025.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S.S.

Ley Repartidores (Riders) – lo que no puede ser no puede ser (realidad – ideología – unilateralidad)

Se ha publicado (12/05/2021) la Ley conocida como Riders por el Real Decreto-ley 9/2021, de 11 de mayo, por el que se modifica el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, para garantizar los derechos laborales de las personas dedicadas al reparto en el ámbito de plataformas digitales. (Fecha Entrada en Vigor: 12/08/2021. (BOE) – N. Boletín: 113)

En Andalucía se utiliza una frase preñada de sorna, ingenio y sentido del humor, que la hace divertida, atribuida por algunos a uno de los maestros del toreo Rafael Guerra o Rafael Gómez Ortega “El Gallo”: “Lo que no puede ser, no puede ser, y además es imposible”.

Se suele utilizar, cuando algo es totalmente inviable, cuando se pide algo, que no puede conseguir, aquel al que se le pide.

Eso es lo que he sentido al leer la urgente Ley de Repartidores, ya que, entiendo que R. D. L. será muy difícil de adaptar al mercado laboral, al presentar una serie de rigideces que lo apartan de la realidad, y, que, harán imposible su aplicación efectiva, no hay más que ver su contenido y, especialmente, su Exposición de Motivos, así:

1º.- “ — — los métodos de cálculo matemáticos o algoritmos se han aplicado a las relaciones de trabajo revolucionando la forma en que se prestan los servicios, optimizando recursos y resultados. Un mercado de trabajo con derechos es garantía de una sociedad moderna, asentada en la cohesión social, que avanza democráticamente; un mercado centrado en las personas, que convierte a su tejido productivo en menos volátil y más resiliente ante los cambios”.

2º.- “Este real decreto-ley, por tanto, es fruto del Acuerdo adoptado , el pasado 10 de marzo de 2021, entre el Gobierno, CC. OO., UGT, CEOE y CEPYME, tras tras el trabajo desarrollado por la Mesa de Diálogo constituida, a tal efecto, el 28 de octubre de 2020.

3º.- “La nueva disposición adicional incorpora los criterios y parámetros establecidos por el Tribunal Supremo en dicha sentencia, primera dictada en unificación de doctrina, valiéndose para ello de la prevalencia del principio de realidad en el sentido señalado por sentencias precedentes, como la STS 263/1986, de 26 de febrero de 1986, o STS de 20 de enero de 2015, recurso 587/2014, y en la que se destaca, asimismo, la necesidad de adaptar los requisitos de dependencia y ajenidad al contexto actual”.

4º.- “Los algoritmos merecen nuestra atención y análisis, por los cambios que están introduciendo en la gestión de los servicios y actividades empresariales, en todos los aspectos de las condiciones de trabajo y, sobre todo, porque dichas alteraciones se están dando de manera ajena al esquema tradicional de participación de las personas trabajadoras en la empresa”.

5º.- “todo lo anterior pone de manifiesto la urgencia de garantizar condiciones de trabajo justas en la economía de las plataformas digitales de reparto, a través de una presunción de laboralidad de las personas que prestan servicios en dicho ámbito, que asegura la igualdad de trato de las empresas, ya operen con formas de trabajo estándar o no estándar.

*** La Exposición de Motivos reseñada, da una idea clara de que se trata de una norma, que funciona en una sola dirección producto de una ideología colectivizada y unilateral, que se separa de una parte de la realidad, ubicándose en un mundo paralelo donde solo existe su propia verdad.

Habrá que ver su desarrollo en la práctica, pero de entrada su regulación forzada impedirá su implantación efectiva, así:

* Se dice, que es fruto del Acuerdo adoptado, el pasado 10 de marzo de 2021, entre el Gobierno, CC. OO., UGT, CEOE y CEPYME, tras el trabajo desarrollado por la Mesa de Diálogo constituida, a tal efecto, el 28 de octubre de 2020, lo que indica de entrada, que se ha excluido a una parte importante del colectivo afectado, como sin duda, son las empresas implicadas, las organizaciones de autónomos y los propios repartidores. El Acuerdo citado tiene toda la apariencia de estar dopado y subvencionado.

* Así mismo, solo será posible su efectividad a través de flexibilidad, adaptada a la realidad de esas relaciones laborales y con una gran libertad en su implantación, donde sin pérdidas de derechos por el trabajador y la empresa, su aplicación sea consensuada a la práctica del tejido productivo, suponiendo agilidad, rapidez y productividad.

* En relación con su urgencia es más que discutible la misma, así como, que se haya acudido al mecanismo del R. D. L., que es un procedimiento alejado de la concordia y de la sensatez política, de manera, que el argumento de que su aprobación y publicación otorgará seguridad jurídica a los operadores, se asemeja a una falacia alejada de la realidad.

La fórmula del Real Decreto Ley a la que se ha adherido con determinación persistente el Gobierno del Presidente Sánchez, sin duda, es la más artera y la menos participativa para imponer una norma del poder ejecutivo, ya que, reduce al mínimo el debate y la enmienda de los parlamentarios, anulando la transparencia y la libertad, cosa, que es la que ha ocurrido con esta Ley Riders, máxime, cuando saltándose toda prudencia, se convierte en un ariete duradero contra los principios de la democracia, haciéndose recurrente una y otra vez.

* Finalmente, se acude como fundamento del R. D. L. a la doctrina del Tribunal Supremo, lo que es algo impreciso, cuando el propio Gobierno discute casi a diario las resoluciones del Alto Tribunal, cuando el T. S. ha dejado de ser un lugar de cobijo y amparo convirtiéndose en una barrera cortante de arrecifes, preñado de causas de inadmisión de los recursos por causas procedimentales, obviando en demasiados casos las cuestiones de fondo que quedan olvidadas, y, máxime, cuando las decisiones de la justicia pueden y deben entrar en el marco de la crítica y de la libertad de expresión según nuestra Constitución.

*** En estos meses de pandemia son hechos indiscutibles, que las relaciones de trabajo han evolucionado hacia un nuevo concepto de la naturaleza de la unidad productiva, y, que han aparecido nuevas realidades en las relaciones laborales, entre ellas los repartidores que es un trabajo completamente nuevo y diferente, con características propias, que ha nacido para quedarse, de forma, que no queda más remedio que intentar comprender esta nueva realidad del trabajo nacida de una nueva necesidad, regulándola con lógica y prudencia sin apresuramientos.

Hay que reconocer la otra realidad distinta de los riders, que podríamos llamar, “producción independiente”, que se incardina fuera del concepto tradicional de las relaciones productivas de la empresa, que el mercado laboral actual ha dejado obsoletas, ya que, ahora, prevalecen la libertad y la productividad, es decir, estamos en un mundo de resultados.

Es lo cierto, que ha nacido un modelo productivo más contractual, ganando en agilidad, posibilidades de cambio en su estructura y organización, tanto de personal como de medios materiales, de forma, que la empresa y el productor ganan en la mejora de todos sus procesos, posibilitando, además, la mejora de la productividad.

** De igual modo, destacar, que hay una serie de conceptos que son definitorios esta nueva actividad productiva, si se quiere comprender su naturaleza:

* Confianza. * Productividad. * Flexibilidad. * Libertad. * Acuerdo. * Descentralización.

Cada uno de esos conceptos configuran la naturaleza del nuevo trabajo, nacido, sin duda, de la necesidad de las unidades productivas y de los propios trabajadores de adaptarse a una realidad nueva y en cambio permanente, apoyado por la transformación digital en constante desarrollo.

*** A su vez, hay que poner de relieve, que el trabajo de los riders no puede estar dominado por la unilateralidad ni de la empresa ni del trabajador, ni del Gobierno, como tampoco por la rigidez normativa de los poderes públicos, de forma, que en este asunto regirán los principios del acuerdo y de los contrapoderes mutuos, ya que, por mucho que se quiera intervenir por las distintas fuerzas sociales y el poder público, será imposible de regular con éxito sin libertad y flexibilidad, ya que, por sí mismo, su naturaleza y realidad actual, implican una transformación del régimen contractual nueva y desconocida, que afecta a la esfera personal del trabajador y a la capacidad de organización y dirección de la empresa.

En el mismo sentido, para hacer posible una ley exitosa del trabajo de los repartidores, es imprescindible señalar, que la productividad es un elemento esencial de la prevalencia de esta forma de trabajo, ya que, si el trabajador resulta improductivo, la empresa abandonara esa actividad, porque pierde la confianza en la rentabilidad del productor, que solo puede ser controlado por los resultados concretos de su trabajo, y, a su vez, el trabajador quiere una retribución acompasada a su rendimiento.

La cuestión esencial reside, –en que es una nueva realidad ineludible en las relaciones laborales-, donde el trabajador gana en flexibilidad, en autonomía y mejora su salario con su rendimiento, ya que, lo importante para la empresa es el resultado del trabajo de su empleado, sea autónomo o por cuenta ajena.

Es evidente, qué si se quiere, que el trabajo de los repartidores funcione, solo puede ser a través del equilibrio de contrapoderes, flexibilidad dentro de un marco de libertad y acuerdo, regido todo por la confianza mutua de las dos partes implicadas. Quedando claro, qué con un exceso de regulación exhaustiva y rígida, como se quiere por los poderes públicos, sindicatos y afines, será muy complicado que esta norma funcione. Sin embargo, que nadie lo ponga en duda, los riders han llegado y se quedarán con ley o contra ley.

N.B. La Ley de Repartidores (Riders) aprobada de urgencia será inaplicable, ya que, como dice la frase popular, que todo el mundo entiende, “lo que no puede ser no puede ser y, además, es imposible”, al ser totalmente inviable y contraria a la realidad económica y social, estando cargada y llena de ideología colectivista, naciendo, además, de una unilateralidad excluyente.

Es una realidad, que la mejor manera de que el trabajo de los riders funcione, es con flexibilidad y con contrapoderes mutuos empresa – productor, de forma, que siempre primará el consenso y nunca triunfara la unilateralidad. Así mismo, esta modalidad de trabajo exige que la corresponsabilidad empresa – productor sea mutua, lo que implica necesariamente, que tenemos que eliminar cualquier legislación rígida, y, establecer reglas basadas en la confianza, la libertad, los acuerdos, la productividad y la flexibilidad, dentro de un clima de equidad y justicia.

Finalmente, no se debe olvidar, que ninguna actividad puede existir en los nuevos mercados extremadamente competitivos, si no se adapta a la realidad social, y, sin duda, la tarea de los repartidores es una de ellas.

Córdoba, a 14 de mayo de 2021

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.