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Servicios Públicos – (Seguir pagando por una gestión ineficiente – el dilema)

Un grupo muy amplio de los lectores pregunta repetidamente, que cuando se implantará el pago por los servicios públicos y que repercusión tendrá en el sistema impositivo español.

Es más que comprensible el escepticismo ciudadano ante la propuesta, repetida en los medios, de cobrar peajes por el uso de autovías para financiar su conservación. Esta idea genera temor, ya que, si seguimos este modelo de “pago por uso” para servicios colectivos que tradicionalmente consideramos cubiertos por impuestos, es más que posible, que pronto nos cobrarán hasta por respirar – (impuesto de aire limpio y verde).

Estamos ante un cambio de paradigma total en la política económica, ya que pasaremos, sin pausa ni tregua, de un modelo financiado por Presupuestos Generales a uno de pago directo por el uso y disfrute de unos servicios públicos, que ya hemos pagado.

***Se analiza por qué ocurre esto y por qué la verdadera crisis no es de recursos, sino de gestión.

1º.- Los peajes y su debate – (Ahora hasta su implantación).

El planteamiento de cobrar por usar las carreteras no es un capricho, sino, que según nos venden los defensores de aumentar el gasto público, responde a realidades innegables, entre ellas:

1.- Déficit de conservación acumulado: El presupuesto estatal no alcanza para cubrir la construcción y el mantenimiento preventivo, acumulando miles de millones de euros de retraso en reparaciones.

2.- Presión europea: Directivas de la U.E. exigen que el coste del transporte refleje su impacto ambiental real y el desgaste que causa en la infraestructura, en base al eslogan colectivista y discriminatorio de que “quien contamina, paga”, aunque  de paso alcanza a todos los ciudadanos por igual.

3.- Pérdida de ingresos por el coche eléctrico porque con el cambio de combustible, el Estado perderá una fuente de ingresos masiva (impuestos a los hidrocarburos), y busca el peaje como el sustituto recaudatorio.

2º.- El agujero negro del Sistema Público – (Falta de transparencia y despilfarro).

La desconfianza del ciudadano no nace de la falta de solidaridad, sino de la percepción de un “agujero negro administrativo” que traga recursos sin que los beneficios lleguen al ciudadano de a pie. Esta sensación es alimentada por el despilfarro y el gasto público descontrolado en todos los niveles del Estado (Central, CC.AA., Diputaciones y Ayuntamientos).

***Los puntos críticos de esta crisis de confianza son:

<-Hipertrofia de la administración paralela, ya que, es un hecho patente, que existe una multitud de empresas públicas, fundaciones y consorcios (“entes instrumentales”) con poco control, presupuestos flexibles y sistemas de contratación dudosos. Estas duplicidades multiplican el gasto en personal directivo, infraestructuras propias y sedes sin mejorar el servicio al ciudadano.

<-Transparencia: Se publican miles de formatos de documento portátil crípticos y técnicos, pero no información “clara y comprensible” que permita saber exactamente qué cuesta cada bache de la calle. Además, los organismos de control (Tribunal de Cuentas) publican informes con años de retraso, cuando la responsabilidad política ya se ha diluido.

<-Desequilibrio fiscal y mala calidad: La presión fiscal sube (o se mantiene con inflación), pero la percepción de los servicios baja: “Listas de espera en sanidad, justicia lenta y trabas burocráticas que obligan al ciudadano a trabajar para la propia administración” – (citas previas imposibles, petición de documentos que la administración ya posee, etc.).

<-Eficiencia vs. gasto corriente: El gasto público útil (inversión a largo plazo) crece menos que el gasto corriente (sueldos de cargos de confianza, alquileres, burocracia interna), que aumenta a un ritmo mayor que el bienestar directo del ciudadano.

3.- La raíz del problema – (Impunidad y un diseño político endogámico).

La solución no es técnica, sino que es política y ética, ya que, el sistema está diseñado para proteger y sostener la mala administración, no para la eficiencia.

***Los pilares de la impunidad:

1.- Invasión política de los órganos de control: Los encargados de vigilar al gestor (tribunales de cuentas, defensores del pueblo) son nombrados por cuotas partidistas. El control se convierte en un pacto de no agresión, de forma, que se vigila el trámite (el papel firmado), pero no la eficiencia (si el gasto era necesario).

2.- La burocracia como escudo: La estructura es tan compleja que la responsabilidad se diluye. Si un gestor firma una compra inútil, se escuda en que el técnico hizo el informe, el interventor no puso pegas y el jurídico avaló la legalidad, lo que conlleva, que al final, nadie es responsable del resultado, solo del cumplimiento formal del trámite.

3.- Incentivos perversos en el presupuesto: El sistema castiga el ahorro. Si un gestor es eficiente y le sobra dinero al final del año, el sistema no le premia, sino todo lo contrario (al revés), le reduce el presupuesto del año siguiente, lo que genera un incentivo para el gasto innecesario cada mes de diciembre.

<<Sistema de eficiencia>>

Un cambio de modelo de “protección” a “servicio” requiere reformas que rompan la impunidad:

<-Profesionalización de la gestión (despolitización): Cargos directivos seleccionados por mérito, no por cargo de confianza, con contratos por objetivos. Si no cumplen, se van.

<-Transparencia de “dato abierto”: Bases de datos en tiempo real. Rastreabilidad total del euro, desde el impuesto hasta la factura concreta.

<-Acción popular y responsabilidad civil: Permitir que ciudadanos o asociaciones demanden directamente a los gestores por malversación o negligencia grave, obligándoles a responder con su seguro de responsabilidad civil o patrimonio.

<<Conclusión>>

Estamos revisando el Contrato Social. El modelo de “todo incluido en los impuestos” está bajo mínimos debido al envejecimiento demográfico y al coste de la tecnología. La tendencia es que lo vital (sanidad, seguridad, etc.) siga siendo prioritario en los presupuestos, y lo discrecional (Carreteras, Gestión de Residuos, etc.) se desplace hacia tasas directas.

La clave no es cuánto se paga, sino la transparencia total: Que el ciudadano perciba que lo que paga por un peaje se traduce realmente en una carretera sin baches, y no en un agujero negro administrativo”, pero quien tiene el poder de cambiar el diseño actual es quien más se beneficia de él.

N.B. Imagen. Sin retorno tangible. La realidad de un agujero negro que se lo traga todo.

Córdoba, 29 de abril de 2026.

Fdo.  Enrique García Montoya.

 Abogado ICA-Córdoba e Inspector de Trabajo y S.S.

II. Una sociedad justa y democrática (seguridad jurídica, proyectos ejecutables y previsibilidad)

Es un hecho esencial comprender que el papel las leyes es buscar el bien común, pero en la práctica, la gestión organizacional eficaz de la libertad y la prosperidad es lo que marca la diferencia para el ciudadano de a pie, de forma, que el proceso de organizar, planificar y controlar los recursos a todos los niveles del Estado persigue alcanzar sus objetivos de manera óptima y eficiente.

Aquí exponemos una reflexión analítica sobre esa “entelequia” del centrismo y la realidad del tablero político en España, porque parece que esa idea de que el centro político existe se sitúa entre un espacio irreal y un espejismo electoral, formando un bucle en movimiento constante y sin salida.

Históricamente, el centro en España ha sido más un refugio de votos indecisos, que un proyecto ideológico sólido de continuidad con proyectos, realidades e ideas concretas de libertades y derechos, porque hasta la fecha desde la UCD hasta Ciudadanos, los proyectos que han intentado ocupar ese espacio imaginario han terminado absorbidos por la polarización o si se quiere ver de otra forma, por proyectos políticos con claridad de ideas realidades de gobierno.

<-La absorción de los bloques es una realidad, porque en el sistema español actual, el “centro” parece haber quedado reducido a un mero terreno de disputa, de forma, que cuando la política se vuelve identitaria o de “bloques”, la tonalidad cambiante e imprecisa se pierde, así que, lo que muchos ciudadanos buscan de verdad, desesperadamente en España es un proyecto políticamente armado de ideología clara y transparente, o lo que es lo mismo,  seguridad jurídica, proyectos ejecutables y previsibilidad, frente a la improvisación que a veces se percibe en las propuestas de la izquierda radical, o ni siquiera se ve realizada, cuando gobierna una derecha vacilante y acomodaticia.

<-La eficacia vs. la utopía: La izquierda radical está produciendo con truenos un sentimiento de fatiga institucional, porque, la diferencia entre garantizar derechos (que requieren una base económica sólida) y prometer deseos (que pueden generar deuda y desigualdad) es la clave del debate sobre la libertad real.

<<El ciudadano – (Resultados vr. promesas)>>

Es España los partidos de listas cerradas y controlados por sus cúpulas de poder están ensimismados en sus propias inquietudes internas, y, para el ciudadano -y especialmente para quienes trabajan día a día respetando la ley-, lo importante no es la retórica política altisonante, sino los resultados tangibles:

1.- Que exista libertad económica, ya que, sin una gestión que genere riqueza, los derechos sociales se convierten en papel mojado. La “pobreza real” que aparece a simple vista en España surge porque el Estado crece a costa de asfixiar la iniciativa privada.

2.- Que exista calidad institucional, ya que, el ciudadano sufre cuando las instituciones se politizan y entran en parálisis. Un proyecto claro de país debería centrarse en despolitizar la justicia y agilizar la administración, algo que a menudo se sacrifica en favor de la agenda ideológica del momento.

3.- Que exista seguridad y respeto a la propiedad, porque son los pilares del bien común,  de manera, que si se debilitan por proyectos <-irrealizables->, afectan directamente a la convivencia y al progreso.

<<El camino>>

Si el centrismo es una entelequia, lo que queda es una pugna de modelos políticos de gestión, de forma, que el reto para cualquier opción garante de los derechos y libertades de los ciudadanos que aspire a gobernar no es solo “no ser la izquierda”, sino demostrar que su defensa de las libertades individuales y la propiedad privada se traduce en una mejora directa de la calidad de vida del “pueblo soberano constitucional.

En España, la sensación de que el político vive en una realidad paralela a la del profesional (como tú, que lidias con la realidad jurídica cada día) es muy real. La verdadera “libertad” no es solo votar cada cuatro años, sino tener un marco legal y económico que te permita desarrollar tu vida sin que el Estado sea un obstáculo constante.

(Nota: La polarización actual ha convertido el “centro” en un campo de batalla vacío, obligando a los ciudadanos a elegir entre modelos de gestión radicalmente opuestos en su concepción de la libertad.)

<<Seguridad jurídica – (La base de las libertades>>

La inseguridad jurídica es, posiblemente, el “impuesto invisible” más caro que paga una sociedad, pero, qué nadie de llame a engaño, ya que, no es solo un concepto teórico, sino que es el barro con el que los profesionales del derecho lidiamos cada día cuando alguien nos pregunta “¿qué va a pasar?”, siendo nuestra respuesta técnica, al día de hoy, más honesta un <-quizás>>, porque dependerá de la interpretación del juez o del decreto-ley que saquen el próximo día.

En estos momentos España se encuentra en una encrucijada, donde la calidad y el ámbito de la norma parece haber sido sacrificadas en el altar de la cantidad y la urgencia política real o impostada.

<<Análisis. – (Las grietas del sistema>>

1.- La hiperregulación, inflación y exigencia legislativa- (Asfixia normativa).

Estamos viviendo lo que muchos juristas definen ya como un escenario de estrés normativo,  porque la producción constante de Reales Decretos-Leyes (herramienta que debería ser excepcional) para regular desde el mercado del alquiler hasta la inteligencia artificial, está generando un ecosistema, donde la norma nace ya con fecha de caducidad o con una redacción ambigua.

La consecuencia nefasta de esa regulación desmedida es que las empresas y ciudadanos no pueden planificar, pues si las reglas del juego cambian a mitad del partido (retroactividad encubierta o cambios fiscales súbitos), el capital huye a otros mercados más seguros y fiables y la iniciativa privada se paraliza.

2.- El colapso institucional y judicial.

La parálisis en la renovación de órganos fundamentales del estado de derecho, como el CGPJ y el colapso de los juzgados (que en 2026 siguen operando bajo una “lógica de resistencia”) dilata la resolución de conflictos, porque, como todo el mundo sabe, una justicia tardía no es justicia, ya que, un sistema donde una sentencia firme tarda años en llegar es, de facto, un sistema que desprotege al ciudadano frente a los abusos, ya sean del Estado, de grandes corporaciones, etc. etc.

3.- Coste social. – (Desigualdad y pérdida de libertad).

**Aquí es donde se conecta con nuestra preocupación por el “pueblo”, ya que, la inseguridad jurídica no afecta a todos por igual, así:

*Existe una brecha de defensa, pues el ciudadano medio o la pequeña empresa no tienen los recursos para sostener litigios eternos o para contratar ejércitos de consultores que les expliquen la última reforma laboral.

*Se acrecienta la vulnerabilidad, ya que, sin reglas claras, la arbitrariedad de la administración crece día a día y en todos sus niveles de poder público, lo que genera una sociedad menos libre, donde los derechos dependen más de la voluntad del gobernante de turno que de un marco legal estable e igualitario.

<<Consecuencias directas en la España de 2026>>

FactorImpacto Real
Inversión ExtranjeraDesvío de capitales hacia países con marcos más estables (Portugal, Grecia o el norte de Europa).
ViviendaLa intervención de precios y la inseguridad en los desahucios reducen la oferta, perjudicando a quien se quería ayudar.
Seguridad JurídicaPercepción de <-riesgo país-> que encarece la financiación y frena la creación de empleo de calidad.

(Nota. La ley debe ser como la muerte, que no exceptúa a nadie, pero esta máxima de Montesquieu se desvanece cuando la norma se vuelve confusa, pues entonces solo protege a quien puede permitirse navegar en su ambigüedad.)

Es un hecho patente, que la verdadera solidaridad no nace de la promesa de derechos sin respaldo, sino de un sistema que garantiza, que nadie -ni siquiera el Estado- está por encima de una ley clara, previsible y justa.

N.B. La defensa de una sociedad justa y democrática se basa en el hecho esencial  de que el papel las leyes es buscar el bien común, pero en la práctica, la gestión de la libertad y la prosperidad es lo que marca la diferencia para el ciudadano de a pie, y, en España al día de hoy las opciones políticas están varadas en mirarse a sí mismas y en colocarse todos sus componentes y comparsas al abrigo del Estado, sea como sea.

La elecciones en Aragón han puesto de manifiesto para el partido, que lo quiera ver, que hacer políticas socialistas desde el poder de unos votos que no se confiaron por el pueblo votante para eso, llevan a la desesperanza de los partidos que incumplen sus promesas electorales en aras de la tranquilidad de sus políticos, de forma, que ya está muy claro, los ciudadanos, como hemos dicho, quieren <-seguridad jurídica, proyectos ejecutables y previsibilidad->, que es lo que ahora no existe en España y que es algo que hay que cambiar de principio a fin, empezando por cumplir promesas electorales a los ciudadanos, que para eso votaron a esos partidos, pues lo contrario genera desconfianza del pueblo en esos partidos políticos con las consecuencias que se han visto en estas elecciones regionales.

Córdoba, 10 de febrero de 2026

Por: Enrique García Montoya,

Abogado del ICA-Córdoba.

Presidente de Córdoba Abierta (ACOA)

Uso Indebido de Recursos Públicos por Políticos (Confusión entre lo Público y lo Privado)

El uso indebido de recursos públicos para fines privados es una forma grave de corrupción que erosiona la confianza ciudadana y agrava desigualdades. En España, entre 2020 y 2025, casos destacados, como los de José Luis Rodríguez Zapatero y Begoña Gómez, reflejan un patrón de confusión entre lo público y lo privado.

Este artículo se basa en fuentes periodísticas, informes judiciales y datos de Transparency International, examina ejemplos concretos y propone soluciones para garantizar que los recursos, financiados por impuestos, sirvan al bien común.

***Ejemplos de Abuso de Recursos Públicos.

1. Escolta Permanente para José Luis Rodríguez Zapatero.

Desde su mudanza en 2025 a una vivienda de 2 millones de euros en Las Rozas (Madrid), el expresidente Zapatero (2004-2011) cuenta con una escolta policial permanente, una garita prefabricada con baño y 12 cámaras de videovigilancia, autorizadas por el Ministerio del Interior. Este despliegue, justificado por “riesgos” ligados a su relación con el régimen de Maduro, cuesta miles de euros mensuales, afectando la seguridad local en Las Rozas.

(Nota. A destacar, que en Lanzarote, donde posee una villa, los agentes denuncian condiciones precarias en garitas, evidenciando un abuso sistémico, lo que implica privilegios privados inaceptables a costa de recursos públicos).

2.- Uso del Falcon para viajes privados.Nadie sabe cuantos viajes ni a donde, pero volar vuela continuamente.

3.- Casos en Córdoba.

3.1.- Rama de Infraestructuras en el Ayuntamiento de Córdoba (2021-2025).

La UCO detectó una red de facturación ficticia, pagos anticipados y favores personales, incluyendo gastos en hoteles y viajes no justificados, financiados con fondos municipales para adjudicaciones amañadas. Se investigan “noches de hotel a cambio de favores” (ej. estancias pagadas a empresarios para reuniones privadas) y desplazamientos de concejales/técnicos justificados como <inspecciones de obra>”, pero usados para fines personales.

3.2.- Subvenciones a eventos con viajes opacos (Diputación, 2022-2024). Facturación inflada, se mencionan -viajes de coordinación- no documentados en programas culturales (50.000 € en un caso de 2022). (Casos denunciados y no judicializados).

(Nota.2.- Estos ejemplos locales refuerzan nuestras llamada a reformas: Auditorías independientes en contratos y protección a denunciantes (como ACOA) evitarían tales abusos.).

***Panorama General (2020-2025).

El abuso trasciende estos casos. Según el CGPJ, en 2024 se procesaron 108 personas por corrupción, con tramas como Gürtel (PP, >120M€), ERE Andalucía (PSOE, 680M€) y Koldo (PSOE, >50M€). Desde 2000, se han desviado más de 12.000M€, con PSOE y PP como principales implicados. La falta de transparencia, el desmantelamiento de agencias antifraude y la politización judicial agravan el problema, mientras el 84% de los españoles cree que los sobornos facilitan el uso y disfrute de servicios públicos (Eurobarómetro 2023).

(Nota.3.- Lo más dañino de todo es que la corrupción sistémica descrita se extiende de forma perversa a todos los niveles de la política en España (Estado, CC.AA., Diputaciones y Ayuntamiento), pues quien no conoce casos parecidos en corporaciones locales, que en muchos casos, equivocadamente, se consideran asuntos menores, y, los ciudadanos aguantan el tirón para no enfrentarse a sus políticos municipales o provinciales por miedo, por que saben que no pasa nada cuando denuncian o porque están acostumbrados a asimilar casos donde la igualdad ha desaparecido y solo reina efectivamente la arbitrariedad marcada por la impunidad).

***Implicaciones y Causas.

*Económicas: El desvío de recursos, como los 10.000 €/hora del Falcon, resta fondos a servicios esenciales como sanidad o educación.

*Éticas y Democráticas: La confusión público-privado fomenta el cinismo ciudadano, debilitando el contrato social.

*Causas Estructurales: Ausencia de una estrategia nacional anticorrupción, politización de la justicia y estancamiento en reformas, según Transparency International.

***Conclusiones y Propuestas.

Los casos analizados reflejan un sistema que confunde poder con propiedad personal.

*Para restaurar la justicia:

a).- Transparencia Total: Publicar costes detallados de escoltas y aviones con auditorías independientes.

b).- Límites Temporales: Reducir protecciones post-mandato a 5 años, salvo amenazas verificadas.

c).- Sanciones Estrictas: Decomiso de bienes e inhabilitación por malversación.

d).- Reforma Institucional: Crear una Agencia Independiente de Integridad Pública y proteger a denunciantes, siendo ya una necesidad, que exista un cuerpo de letrados públicos independiente, sometido a todos los efectos al CGPJ, que asuman la defensa de los ciudadanos que denuncian, sin exigir más requisitos que el hecho de haber interpuesto una denuncia por abuso de poder de lo público por un interés privado.

N.B. Separar lo público de lo privado es un imperativo ético para honrar el mandato ciudadano.

Exigirlo es un deber colectivo.

(Nota Final. Es un hecho perverso, además, que el ciudadano denunciante corre con todos los gastos, enfrentándose a todos los abogados pagados con sus impuestos de la Corporación o Institución Pública denunciada, sufriendo, también, en la mayoría de los casos todas las costas, recargos e interese de demora habidos y por haber, a lo que se suma una persecución inclemente adobada por silencios administrativos reiterados ante cualquier escrito que se presente. Solo queda recurrir judicialmente la resolución por silencio administrativo, lo que visto lo que ocurre, a los ciudadanos les produce desconfianza, hastío y la percepción de una situación de impunidad del político de turno.).

Córdoba, 22 de septiembre de 2025.


Enrique García Montoya.

Abogado ICA Córdoba, Inspector de Trabajo y S. S.

Asociación Córdoba Abierta -ACOA-. Presidente.

Inflación en Córdoba y Provincia (Vista rápida y breve)

Un grupo amplio de lectores me piden una opinión sobre la inflación, porque dicen, que observan subidas de precios excesivas, sobre todo, en alimentación, vivienda y energía, así que, con la colaboración de los asociados de Córdoba Abierta -ACOA- presentamos un artículo breve y ajustado a la realidad de Córdoba, así:

Existe inflación cuándo suben los precios de cosas como comida, gasolina o alquiler.

<<Inflación en Córdoba>>

(Nota: En principio, utilizamos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) hasta agosto de 2025 y explicamos las diferencias entre la capital y los pueblos, la inflación en alimentación y qué pasará en el futuro, finalmente, fijaremos mi opinión personal y de ACOA).

En este año 2025, los precios en España subieron un 2,7% (hasta agosto). En Córdoba (Provincia), un 2,2% (dato de junio). Suben menos que en Andalucía (3,4%) por el sector agrícola y el turismo.

<<Capital vs. Pueblos>>

*Córdoba Capital: Los precios suben 2,2%. Lo más caro: restaurantes (+3,5%), luz/gas (+2,8%), alquileres.

*Pueblos (ej. Pozoblanco, Baena): Suben 2,0-2,3%. Lo más caro: comida fresca (+3,2%), gasolina (+4%). La vida está marcada por la incertidumbre, de forma, qué  la comida pesa cada vez más en el presupuesto familiar.

<<Precios de la comida>>

*La comida subió un 2,5% en Córdoba:

Capital: 2,4%, más en restaurantes.

Pueblos: 2,7%, más en frutas (+4,2%) y verduras (+5%) por sequías.

Ejemplo: Café y huevos, hasta +15% por clima y costes.

<<Previsión>>

* Final 2025: Precios subirán 2,4% (provincia), 2,3% (capital).

* 2026: Bajarán a 1,9%.

* Comida: Subirá 2,4%, menos que en 2024.

**Riesgos: Apuntamos, por ejemplo, que si la gasolina sube, podría llegar a 2,7%. Si baja, al 2,0%.

<<En resumen>>

Según los datos del INE los precios suben poco en Córdoba (2,2%). En la capital, afectan más en restaurantes; en pueblos, en la comida. Para 2026, subirán menos.

<<Opinión personal y de Córdoba Abierta -ACOA->>

Nuestras comprobaciones llevan a una conclusión más pesimista sobre la inflación al final del 2025, teniendo en cuenta que nos basamos en datos cogidos directamente de mercados, super mercados y comercios de la Capital y de la Provincia, sobre todo en la comida, de forma, que nuestra previsión, teniendo en cuenta los precios de la vivienda, de la comida, especialmente, alimentos frescos y fruta, y, de los restaurantes, es que los precios subirán al menos un 3,5% de media; y, que para 2026 la subida se mantendrá en ese nivel de precios.

A todo lo anterior hay que sumar, la incertidumbre política y la inseguridad jurídica que se ha apoderado de la Nación, lo que llevará, sin duda, a que la inflación continue en ascenso, de forma, que los ciudadanos intentan ahorrar lo que pueden, mientras las empresas asegurarán sus precios a la realidad económica aumentando los mismos y asegurando beneficios a corto plazo, pues no tienen ni idea de los pasará mañana en la política, en la seguridad jurídica y en el funcionamiento de las instituciones a todos los niveles.

Lo que está ocurriendo en la justicia con un Presidente del Gobierno atacando directamente a los jueces y la postura extralegal del Tribunal Constitucional ocupando el lugar del Tribunal Supremo, así como, el funcionamiento anormal de las instituciones básicas de la Nación llevará a que la incertidumbre y la desconfianza en el funcionamiento del Estado produzca efectos inflacionarios.

N.B.   La inflación en Córdoba y Provincia en nuestra vista rápida y breve es que los datos oficiales del INE son demasiados optimistas, teniendo en cuenta nuestras comprobaciones directas.

Desde nuestra Asociación Córdoba Abierta -ACOA- lanzamos otro mensaje: La inflación seguirá en ascenso, porque todos los indicadores comprobados (salarios, impuestos, tasas, cotizaciones, etc.) marcan indicios claros de subidas superiores a los datos del INE, a lo que hay que sumar la desconfianza psicológica en el funcionamiento de las instituciones básicas del Estado que se ha apoderado de los españoles.

Córdoba, 14 de septiembre de 2025.

Enrique García Montoya.

Abogado ICA Córdoba, Inspector de Trabajo y S.S.

Presidente de la Asociación Córdoba Abierta (ACOA).

Veneno en la Política Española (Prometer y No Cumplir)

A la vista de mis dos artículo anteriores los lectores en bloque me exigen, que razone sobre lo que pasa con las promesas incumplidas de los políticos y sobre las medidas ciudadanas para hacer que los políticos cumplan.

La verdad es que el asunto se las trae, ya que, si se mira alrededor los incumplimientos políticos resultan abrumadores, de forma, que las frustraciones colectivas de un país harto de palabras vacías están ahogando nuestra democracia y el valor justicia de la C. E. (art. 1.1.) ha caído en desgracia.

Amigos lectores y ciudadanos, estoy convencido que el hartazgo nos une. Las promesas vacías de los políticos han convertido nuestra democracia en un teatro de sombras, donde las palabras sobresalen pero las realidades se desvanecen.

En 2025, con elecciones recientes y un país agotado por la inflación, las emergencias mal gestionadas y la desconfianza, el clamor popular es casi unánime:

¡Basta de mentiras!

El asunto es siempre el mismo. Desde el Gobierno Central hasta el último ayuntamiento, los políticos prometen la luna: “Bajaremos impuestos”, “salvaremos el campo”, “construiremos viviendas asequibles”, “protegeremos a los ciudadanos” y, así, un larguísimo etc.. de promesas incumplidas y, además, con toda impunidad.

Pero, ¿qué queda tras las elecciones? – Nada.

O peor, excusas para tontos, pues eso es lo que creen que somos los ciudadanos votantes de a pie: “Es culpa de Madrid”, “de la Generalitat”, “de Europa”.

Mientras, los españoles vemos cómo la factura de la luz sube, las escuelas rurales cierran, los pueblos se vacían y las tragedias, como las DANA de Valencia en 2024, se repiten en 2025 por la misma desidia en infraestructuras, mientras la inflación incontenida nos empobrece día a día.

¿Por qué pasa esto?

La respuesta es tan cruda como el problema:

1.- Cortoplacismo: Los políticos no gobiernan para nosotros, sino para el próximo titular o el siguiente ciclo electoral. Sus promesas son artificios diseñados para deslumbrar, no para durar.

2.- Clientelismo: Subvenciones que nunca llegan, viviendas que se convierten en burbujas especulativas, chiringuitos municipales llenos de asesores y enchufados. Todo para comprar votos, no para construir futuro.

3.- Desconexión: En el Congreso, un coliseo de ruido y promesas rotas, los partidos levantan muros mientras los ciudadanos pagamos el precio: trenes que fallan, apagones, sanidad recortada y emergencias abandonadas a su suerte.

**El resultado es devastador.

La confianza en nuestra democracia se desmorona. Según encuestas recientes, el 96% de los españoles cree que falsear currículums o incumplir promesas debería costar el cargo.

En Alemania o Francia, un político que miente rectifica o dimite. Aquí, la impunidad reina.

Pedro Sánchez prometió en 2019 una regeneración democrática que hoy suena a chiste: amnistías, pactos opacos y solo un 7% de las 184.000 viviendas prometidas en 2023 construidas.

El PP se mueve en la intrascendencia, por ejemplo: En Castilla y León, claman por el mundo rural, mientras los pueblos se convierten en fantasmas por falta de inversión.

**En las Comunidades Autónomas, el espectáculo sigue.

-En Cataluña, los independentistas venden referendos imposibles o pactos que nadie entiende.

-En Valencia, las promesas de “nunca más” tras las DANA se ahogan en diques rotos.

-Y en los ayuntamientos, alcaldes juran “ciudades verdes” mientras asfaltan parques para parkings VIP o ignoran problemas como el agua contaminada en el Embalse de La Colada, en Córdoba, donde los vecinos no pueden ni bañarse. (La Diputación P. de Córdoba del P. P. es un claro ejemplo de prometer y no cumplir).

***Pero no todo está perdido. La esperanza es nuestra última trinchera. Los ciudadanos podemos cambiar esto, despertando a la Sociedad Civil, a través de Asociaciones como Córdoba Abierta -ACOA-:

*Exijamos cuentas claras: Listas públicas de promesas verificables, auditadas por organismos independientes, como ya hacen otros países europeos. Si no cumplen, que paguen con su cargo.

*Despertemos como sociedad: Basta de caer en el embrujo de los eslóganes. Miremos el historial de los políticos, no sus promesas. Las asociaciones ciudadanas ya están rastreando estas mentiras, apoyémoslas.

*Hagamos que la verdad pese más que la mentira: España merece líderes que pisen el barro, como nuestros Reyes en las tragedias, no políticos que lanzan confeti desde sus despachos.

El 96% de los ciudadanos exige: Que la impunidad deje de ser la norma.

Prometer y no cumplir no es solo un defecto, es el veneno que pudre nuestra democracia.

Es hora de que las dimisiones sean reales, de que las obras prometidas se terminen y de que la verdad vuelva a ser el cimiento de nuestra política.

N.B. El Defecto Nuclear de la Política Española de Prometer y No Cumplir debe caer en el olvido y volver a la verdad con obras bien hechas y terminadas.

Es verdad, estoy muy harto y muy cabreado como esos millones de españoles.

Para acabar, un apunte, señalando que un Juicio Social personal que comencé con una reclamación previa ante la Seguridad Social en enero de 2025, que puse la demanda contra el INSS en abril de 2025,  el Juzgado ha señalado el juicio oral para el día 10 de octubre de 2028. Sin cometarios.

Córdoba, 10 de septiembre de 2025.


Enrique García Montoya.

Abogado ICA Córdoba, Inspector de Trabajo y S.S.

Presidente de la Asociación Córdoba Abierta (ACOA).