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Reparto forzoso de menores – Ceuta – Pulso – Análisis.

1.- Resumen y diagnóstico operativo.

La reciente escalada de presión migratoria sobre la Ciudad Autónoma de Ceuta ha desatado una de las crisis institucionales y normativas más complejas en el mapa territorial español. Ceuta se halla en una situación declarada de “límite operativo y situacional”, al acoger provisionalmente a más de 1.100 menores no acompañados (según el Ejecutivo ceutí), sobrepasando de forma crítica sus capacidades asistenciales.

Frente a la exigencia de auxilio del gobierno local y la respuesta central basada en la obligatoriedad del reparto territorial derivado de la reforma de la Ley de Extranjería, se ha generado un choque frontal de legitimidades. El Ejecutivo central recurre a la advertencia del cumplimiento normativo y la intervención de la Fiscalía de Menores de oficio, mientras, *que un amplio bloque de Comunidades Autónomas denuncian saturación del 160% en sus propios sistemas de protección, opacidad en la filiación/conteo real de los menores y vulneración del principio de autonomía funcional*.

2.- Un baile de cifras – (Asimetría de información y desconfianza).

Uno de los vectores de mayor fricción institucional radica en la divergencia métrica entre las administraciones implicadas, lo que mina la base para un reparto racional sustentado en datos fehacientes.

Fuente Informativa	Cifra Reportada	Lectura Política e Institucional
Delegación del Gobierno / CNP	528 Menores	Sujetos formalmente identificados mediante expediente de Extranjería. Muestra el sesgo burocrático inicial.
Gobierno de Ceuta (Juan Vivas)	1.100 Menores	Población asistida en recursos asistenciales y provisionales tras la avalancha migratoria. Refleja el colapso operativo de la ciudad.
Comunidades Autónomas (PP / Vox)	Auditoría Exigida	Desconfianza activa: se exige verificar la minoría de edad exacta y la determinación de vulnerabilidad antes de aceptar cuotas.

***Riesgo sistémico de gestión:

La brecha entre los 528 expedientes policiales y los 2.000 acogidos evidencia que el 50% de la población infantil no tiene cerrada la fase probatoria de edad e filiación.

Derivar expedientes de oficio sin resolver la edad legal puede desencadenar una cascada de impugnaciones contencioso-administrativas en las CC.AA. receptoras.

3.- Cartografía política – (Posicionamientos y alianzas estratégicas).

El reparto de menores trasciende la solidaridad interterritorial para convertirse en un tablero de confrontación partidista y legislativa a nivel nacional.

Actor Político / Región	Posición Oficial	Argumentario Clave	Nivel de Resistencia
Gobierno Central (PSOE / Sumar)	Cumplimiento normativo forzoso y reparto vinculante.	Invocación a la Ley de Extranjería. Inyección extraordinaria de 30,5 M€ (25 M€ + 5,5 M€). Intervención de la Fiscalía si hay negativa.	Ejecutor
Oposición Central / CC.AA. PP (Díaz Ayuso, Tellado)	Repatriación y rigor procedimental.	La responsabilidad matriz es del Estado (“quien entra por la frontera debe ser gestionado en origen”). Exigen agotar la reagrupación familiar.	Moderada / Legalista
Socios del Gobierno (Junts per Catalunya)	Oposición frontal al traslado a Cataluña.	Exención explícita de la región en la distribución. Amenaza con retirar el apoyo parlamentario al Ejecutivo si se impone la cuota.	Crítica / Votante
Ejecutivos Autonómicos con Vox (Extremadura, Aragón, CyL, etc.)	Rechazo absoluto y ruptura de pactos.	“Oposición por tierra, mar y aire”. Priorización del gasto interno (“recursos de los españoles para los españoles”) y repatriación inmediata.	Máxima / Absoluta
Gobierno Vasco / C. Valenciana (PNV / PP-Vox)	Agotamiento de vías / Saturación (160%).	Prioridad a la reagrupación familiar en origen. Los centros locales no pueden asumir mayor carga sin colapsar el sistema de bienestar.	Alta

4.- Análisis jurídico-constitucional y vectores de conflicto.

Desde la perspectiva del Derecho Público, la pretensión del Gobierno de transferir menores “de oficio” a través de la Fiscalía sitúa al sistema en una paradoja competencial:

Tensión Jurisdiccional: Supremacía Estatal vs. Competencia Autonómica Exclusiva
El Estado ostenta la competencia exclusiva en materia de Inmigración, Extranjería y Fronteras (Art. 149.1.2ª CE), pero las Comunidades Autónomas tienen la competencia exclusiva en Asistencia Social y Protección de Menores (Art. 148.1.20ª CE).

Obligar al acogimiento material sin previo acuerdo bilateral desborda la frontera de la cooperación leal entre administraciones.

<-Vías de choque jurisdiccional previstas:

*Conflicto positivo de competencias (Tribunal Constitucional): Las CC.AA. pueden plantear la inconstitucionalidad de los mecanismos de imposición unilateral si entienden que vacían de contenido sus competencias de tutela efectiva.

*Procedimientos contencioso-administrativos: Impugnación individualizada de las resoluciones de la Fiscalía o del Ministerio del Interior que ordenen los traslados sin la debida determinación formal de la minoría de edad de cada expediente.

*Población transfronteriza y principio de interés superior del menor: Cuestionamiento de si la redistribución forzosa garantiza el interés superior del menor o si constituye una medida meramente administrativa para desgestionar un punto fronterizo.

5.- Conclusiones y escenarios operativos futuros.

El reparto de menores desde Ceuta no es un simple problema de cupos ni de suficiencia presupuestaria. Se ha consolidado como un catalizador de la reconfiguración del mapa político español.-

Escenario 1: Bloqueo Institucional y Judicialización Extrema. Las Comunidades recurren sistemáticamente los traslados ante los juzgados, paralizando cautelarmente los repartos mientras Ceuta permanece atascada operativamente.

<-Escenario 2: Quiebra de alianzas parlamentarias. La postura de veto de Junts y la oposición inflexible de Vox colocan al Gobierno central en un dilema de gobernabilidad: forzar el reparto implica riesgo de fractura en sus apoyos en Madrid y escalada de ruptura de coaliciones autonómicas.

<-Escenario 3: Reagrupación e involucración Internacional. Giro hacia la diplomacia bilateral para la reactivación real de las cláusulas de repatriación y reagrupación familiar en el país de origen, como solicitan tanto Madrid como el País Vasco y los sectores conservadores.

N.B. Imagen. ANÁLISIS JURÍDICO Y POLÍTICO – (REPARTO FORZOSO DE MENORES).

Córdoba, 7 de agosto de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Exdiputado del Parlamento de Andalucía.

Servicios Públicos – (Seguir pagando por una gestión ineficiente – el dilema)

Un grupo muy amplio de los lectores pregunta repetidamente, que cuando se implantará el pago por los servicios públicos y que repercusión tendrá en el sistema impositivo español.

Es más que comprensible el escepticismo ciudadano ante la propuesta, repetida en los medios, de cobrar peajes por el uso de autovías para financiar su conservación. Esta idea genera temor, ya que, si seguimos este modelo de “pago por uso” para servicios colectivos que tradicionalmente consideramos cubiertos por impuestos, es más que posible, que pronto nos cobrarán hasta por respirar – (impuesto de aire limpio y verde).

Estamos ante un cambio de paradigma total en la política económica, ya que pasaremos, sin pausa ni tregua, de un modelo financiado por Presupuestos Generales a uno de pago directo por el uso y disfrute de unos servicios públicos, que ya hemos pagado.

***Se analiza por qué ocurre esto y por qué la verdadera crisis no es de recursos, sino de gestión.

1º.- Los peajes y su debate – (Ahora hasta su implantación).

El planteamiento de cobrar por usar las carreteras no es un capricho, sino, que según nos venden los defensores de aumentar el gasto público, responde a realidades innegables, entre ellas:

1.- Déficit de conservación acumulado: El presupuesto estatal no alcanza para cubrir la construcción y el mantenimiento preventivo, acumulando miles de millones de euros de retraso en reparaciones.

2.- Presión europea: Directivas de la U.E. exigen que el coste del transporte refleje su impacto ambiental real y el desgaste que causa en la infraestructura, en base al eslogan colectivista y discriminatorio de que “quien contamina, paga”, aunque de paso alcanza a todos los ciudadanos por igual.

3.- Pérdida de ingresos por el coche eléctrico porque con el cambio de combustible, el Estado perderá una fuente de ingresos masiva (impuestos a los hidrocarburos), y busca el peaje como el sustituto recaudatorio.

2º.- El agujero negro del Sistema Público – (Falta de transparencia y despilfarro).

La desconfianza del ciudadano no nace de la falta de solidaridad, sino de la percepción de un “agujero negro administrativo” que traga recursos sin que los beneficios lleguen al ciudadano de a pie. Esta sensación es alimentada por el despilfarro y el gasto público descontrolado en todos los niveles del Estado (Central, CC.AA., Diputaciones y Ayuntamientos).

***Los puntos críticos de esta crisis de confianza son:

<-Hipertrofia de la administración paralela, ya que, es un hecho patente, que existe una multitud de empresas públicas, fundaciones y consorcios (“entes instrumentales”) con poco control, presupuestos flexibles y sistemas de contratación dudosos. Estas duplicidades multiplican el gasto en personal directivo, infraestructuras propias y sedes sin mejorar el servicio al ciudadano.

<-Transparencia: Se publican miles de formatos de documento portátil crípticos y técnicos, pero no información “clara y comprensible” que permita saber exactamente qué cuesta cada bache de la calle. Además, los organismos de control (Tribunal de Cuentas) publican informes con años de retraso, cuando la responsabilidad política ya se ha diluido.

<-Desequilibrio fiscal y mala calidad: La presión fiscal sube (o se mantiene con inflación), pero la percepción de los servicios baja: “Listas de espera en sanidad, justicia lenta y trabas burocráticas que obligan al ciudadano a trabajar para la propia administración” – (citas previas imposibles, petición de documentos que la administración ya posee, etc.).

<-Eficiencia vs. gasto corriente: El gasto público útil (inversión a largo plazo) crece menos que el gasto corriente (sueldos de cargos de confianza, alquileres, burocracia interna), que aumenta a un ritmo mayor que el bienestar directo del ciudadano.

3.- La raíz del problema – (Impunidad y un diseño político endogámico).

La solución no es técnica, sino que es política y ética, ya que, el sistema está diseñado para proteger y sostener la mala administración, no para la eficiencia.

***Los pilares de la impunidad:

1.- Invasión política de los órganos de control: Los encargados de vigilar al gestor (tribunales de cuentas, defensores del pueblo) son nombrados por cuotas partidistas. El control se convierte en un pacto de no agresión, de forma, que se vigila el trámite (el papel firmado), pero no la eficiencia (si el gasto era necesario).

2.- La burocracia como escudo: La estructura es tan compleja que la responsabilidad se diluye. Si un gestor firma una compra inútil, se escuda en que el técnico hizo el informe, el interventor no puso pegas y el jurídico avaló la legalidad, lo que conlleva, que al final, nadie es responsable del resultado, solo del cumplimiento formal del trámite.

3.- Incentivos perversos en el presupuesto: “El sistema castiga el ahorro”. Si un gestor es eficiente y le sobra dinero al final del año, el sistema no le premia, sino todo lo contrario (al revés), le reduce el presupuesto del año siguiente, lo que genera un incentivo para el gasto innecesario cada mes de diciembre.

<<Sistema de eficiencia>>

Un cambio de modelo de “protección” a “servicio” requiere reformas que rompan la impunidad:

<-Profesionalización de la gestión (despolitización): Cargos directivos seleccionados por mérito, no por cargo de confianza, con contratos por objetivos. Si no cumplen, se van.

<-Transparencia de “dato abierto”: Bases de datos en tiempo real. Rastreabilidad total del euro, desde el impuesto hasta la factura concreta.

<-Acción popular y responsabilidad civil: Permitir que ciudadanos o asociaciones demanden directamente a los gestores por malversación o negligencia grave, obligándoles a responder con su seguro de responsabilidad civil o patrimonio.

<<Conclusión>>

Estamos revisando el Contrato Social. El modelo de “todo incluido en los impuestos” está bajo mínimos debido al envejecimiento demográfico y al coste de la tecnología. La tendencia es que lo vital (sanidad, seguridad, etc.) siga siendo prioritario en los presupuestos, y lo discrecional (Carreteras, Gestión de Residuos, etc.) se desplace hacia tasas directas.

La clave no es cuánto se paga, sino la transparencia total: “Que el ciudadano perciba que lo que paga por un peaje se traduce realmente en una carretera sin baches, y no en un agujero negro administrativo”, pero quien tiene el poder de cambiar el diseño actual es quien más se beneficia de él.

N.B. Imagen. Sin retorno tangible. La realidad de un agujero negro que se lo traga todo.

Córdoba, 29 de abril de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba e Inspector de Trabajo y S.S.

II. Una sociedad justa y democrática (seguridad jurídica, proyectos ejecutables y previsibilidad)

Es un hecho esencial comprender que el papel las leyes es buscar el bien común, pero en la práctica, la gestión organizacional eficaz de la libertad y la prosperidad es lo que marca la diferencia para el ciudadano de a pie, de forma, que el proceso de organizar, planificar y controlar los recursos a todos los niveles del Estado persigue alcanzar sus objetivos de manera óptima y eficiente.

Aquí exponemos una reflexión analítica sobre esa “entelequia” del centrismo y la realidad del tablero político en España, porque parece que esa idea de que el centro político existe se sitúa entre un espacio irreal y un espejismo electoral, formando un bucle en movimiento constante y sin salida.

Históricamente, el centro en España ha sido más un refugio de votos indecisos, que un proyecto ideológico sólido de continuidad con proyectos, realidades e ideas concretas de libertades y derechos, porque hasta la fecha desde la UCD hasta Ciudadanos, los proyectos que han intentado ocupar ese espacio imaginario han terminado absorbidos por la polarización o si se quiere ver de otra forma, por proyectos políticos con claridad de ideas realidades de gobierno.

<-La absorción de los bloques es una realidad, porque en el sistema español actual, el “centro” parece haber quedado reducido a un mero terreno de disputa, de forma, que cuando la política se vuelve identitaria o de “bloques”, la tonalidad cambiante e imprecisa se pierde, así que, lo que muchos ciudadanos buscan de verdad, desesperadamente en España es un “proyecto políticamente armado de ideología clara y transparente”, o lo que es lo mismo, “seguridad jurídica, proyectos ejecutables y previsibilidad”, frente a la improvisación que a veces se percibe en las propuestas de la izquierda radical”, o ni siquiera se ve realizada, cuando gobierna una derecha vacilante y acomodaticia.

<-La eficacia vs. la utopía: La izquierda radical está produciendo con truenos un sentimiento de fatiga institucional, porque, la diferencia entre garantizar derechos (que requieren una base económica sólida) y prometer deseos (que pueden generar deuda y desigualdad) es la clave del debate sobre la libertad real.

<<El ciudadano – (Resultados vr. promesas)>>

Es España los partidos de listas cerradas y controlados por sus cúpulas de poder están ensimismados en sus propias inquietudes internas, y, para el ciudadano -y especialmente para quienes trabajan día a día respetando la ley-, lo importante no es la retórica política altisonante, sino los resultados tangibles:

1.- Que exista libertad económica, ya que, sin una gestión que genere riqueza, los derechos sociales se convierten en papel mojado. La “pobreza real” que aparece a simple vista en España surge porque el Estado crece a costa de asfixiar la iniciativa privada.

2.- Que exista calidad institucional, ya que, el ciudadano sufre cuando las instituciones se politizan y entran en parálisis. Un proyecto claro de país debería centrarse en despolitizar la justicia y agilizar la administración, algo que a menudo se sacrifica en favor de la agenda ideológica del momento.

3.- Que exista seguridad y respeto a la propiedad, porque son los pilares del bien común, de manera, que si se debilitan por proyectos <-irrealizables->, afectan directamente a la convivencia y al progreso.

<<El camino>>

Si el centrismo es una entelequia, lo que queda es una pugna de modelos políticos de gestión, de forma, que el reto para cualquier opción garante de los derechos y libertades de los ciudadanos que aspire a gobernar no es solo “no ser la izquierda”, sino demostrar que su defensa de las libertades individuales y la propiedad privada se traduce en una mejora directa de la calidad de vida del “pueblo soberano constitucional”.

En España, la sensación de que el político vive en una realidad paralela a la del profesional (como tú, que lidias con la realidad jurídica cada día) es muy real. La verdadera “libertad” no es solo votar cada cuatro años, sino tener un marco legal y económico que te permita desarrollar tu vida sin que el Estado sea un obstáculo constante.

(Nota: La polarización actual ha convertido el “centro” en un campo de batalla vacío, obligando a los ciudadanos a elegir entre modelos de gestión radicalmente opuestos en su concepción de la libertad.)

<<Seguridad jurídica – (La base de las libertades>>

La inseguridad jurídica es, posiblemente, el “impuesto invisible” más caro que paga una sociedad, pero, qué nadie de llame a engaño, ya que, no es solo un concepto teórico, sino que es el barro con el que los profesionales del derecho lidiamos cada día cuando alguien nos pregunta “¿qué va a pasar?”, siendo nuestra respuesta técnica, al día de hoy, más honesta un <-quizás>>, porque dependerá de la interpretación del juez o del decreto-ley que saquen el próximo día.

En estos momentos España se encuentra en una encrucijada, donde la calidad y el ámbito de la norma parece haber sido sacrificadas en el altar de la cantidad y la urgencia política real o impostada.

<<Análisis. – (Las grietas del sistema>>

1.- La hiperregulación, inflación y exigencia legislativa- (Asfixia normativa).

Estamos viviendo lo que muchos juristas definen ya como un escenario de estrés normativo, porque la producción constante de Reales Decretos-Leyes (herramienta que debería ser excepcional) para regular desde el mercado del alquiler hasta la inteligencia artificial, está generando un ecosistema, donde la norma nace ya con fecha de caducidad o con una redacción ambigua.

La consecuencia nefasta de esa regulación desmedida es que las empresas y ciudadanos no pueden planificar, pues si las reglas del juego cambian a mitad del partido (retroactividad encubierta o cambios fiscales súbitos), el capital huye a otros mercados más seguros y fiables y la iniciativa privada se paraliza.

2.- El colapso institucional y judicial.

La parálisis en la renovación de órganos fundamentales del estado de derecho, como el CGPJ y el colapso de los juzgados (que en 2026 siguen operando bajo una “lógica de resistencia”) dilata la resolución de conflictos, porque, como todo el mundo sabe, una justicia tardía no es justicia, ya que, un sistema donde una sentencia firme tarda años en llegar es, de facto, un sistema que desprotege al ciudadano frente a los abusos, ya sean del Estado, de grandes corporaciones, etc. etc.

3.- Coste social. – (Desigualdad y pérdida de libertad).

**Aquí es donde se conecta con nuestra preocupación por el “pueblo”, ya que, la inseguridad jurídica no afecta a todos por igual, así:

*Existe una brecha de defensa, pues el ciudadano medio o la pequeña empresa no tienen los recursos para sostener litigios eternos o para contratar ejércitos de consultores que les expliquen la última reforma laboral.

*Se acrecienta la vulnerabilidad, ya que, sin reglas claras, la arbitrariedad de la administración crece día a día y en todos sus niveles de poder público, lo que genera una sociedad menos libre, donde los derechos dependen más de la voluntad del gobernante de turno que de un marco legal estable e igualitario.

<<Consecuencias directas en la España de 2026>>

Factor	Impacto Real
Inversión Extranjera	Desvío de capitales hacia países con marcos más estables (Portugal, Grecia o el norte de Europa).
Vivienda	La intervención de precios y la inseguridad en los desahucios reducen la oferta, perjudicando a quien se quería ayudar.
Seguridad Jurídica	Percepción de <-riesgo país-> que encarece la financiación y frena la creación de empleo de calidad.

(Nota. “La ley debe ser como la muerte, que no exceptúa a nadie”, pero esta máxima de Montesquieu se desvanece cuando la norma se vuelve confusa, pues entonces solo protege a quien puede permitirse navegar en su ambigüedad.)

Es un hecho patente, que la verdadera solidaridad no nace de la promesa de derechos sin respaldo, sino de un sistema que garantiza, que nadie -ni siquiera el Estado- está por encima de una ley clara, previsible y justa.

N.B. La defensa de una sociedad justa y democrática se basa en el hecho esencial de que el papel las leyes es buscar el bien común, pero en la práctica, la gestión de la libertad y la prosperidad es lo que marca la diferencia para el ciudadano de a pie, y, en España al día de hoy las opciones políticas están varadas en mirarse a sí mismas y en colocarse todos sus componentes y comparsas al abrigo del Estado, sea como sea.

La elecciones en Aragón han puesto de manifiesto para el partido, que lo quiera ver, que hacer “políticas socialistas” desde el poder de unos votos que no se confiaron por el pueblo votante para eso, llevan a la desesperanza de los partidos que incumplen sus promesas electorales en aras de la tranquilidad de sus políticos, de forma, que ya está muy claro, los ciudadanos, como hemos dicho, quieren <-seguridad jurídica, proyectos ejecutables y previsibilidad->, que es lo que ahora no existe en España y que es algo que hay que cambiar de principio a fin, empezando por cumplir promesas electorales a los ciudadanos, que para eso votaron a esos partidos, pues lo contrario genera desconfianza del pueblo en esos partidos políticos con las consecuencias que se han visto en estas elecciones regionales.

Córdoba, 10 de febrero de 2026

Por: Enrique García Montoya,

Abogado del ICA-Córdoba.

Presidente de Córdoba Abierta (ACOA)

Uso Indebido de Recursos Públicos por Políticos (Confusión entre lo Público y lo Privado)

El uso indebido de recursos públicos para fines privados es una forma grave de corrupción que erosiona la confianza ciudadana y agrava desigualdades. En España, entre 2020 y 2025, casos destacados, como los de José Luis Rodríguez Zapatero y Begoña Gómez, reflejan un patrón de confusión entre lo público y lo privado.

Este artículo se basa en fuentes periodísticas, informes judiciales y datos de Transparency International, examina ejemplos concretos y propone soluciones para garantizar que los recursos, financiados por impuestos, sirvan al bien común.

***Ejemplos de Abuso de Recursos Públicos.

1. Escolta Permanente para José Luis Rodríguez Zapatero.

Desde su mudanza en 2025 a una vivienda de 2 millones de euros en Las Rozas (Madrid), el expresidente Zapatero (2004-2011) cuenta con una escolta policial permanente, una garita prefabricada con baño y 12 cámaras de videovigilancia, autorizadas por el Ministerio del Interior. Este despliegue, justificado por “riesgos” ligados a su relación con el régimen de Maduro, cuesta miles de euros mensuales, afectando la seguridad local en Las Rozas.

(Nota. A destacar, que en Lanzarote, donde posee una villa, los agentes denuncian condiciones precarias en garitas, evidenciando un abuso sistémico, lo que implica privilegios privados inaceptables a costa de recursos públicos).

2.- Uso del Falcon para viajes privados.Nadie sabe cuantos viajes ni a donde, pero volar vuela continuamente.

3.- Casos en Córdoba.

3.1.- Rama de Infraestructuras en el Ayuntamiento de Córdoba (2021-2025).

La UCO detectó una red de facturación ficticia, pagos anticipados y favores personales, incluyendo gastos en hoteles y viajes no justificados, financiados con fondos municipales para adjudicaciones amañadas. Se investigan “noches de hotel a cambio de favores” (ej. estancias pagadas a empresarios para reuniones privadas) y desplazamientos de concejales/técnicos justificados como <inspecciones de obra>”, pero usados para fines personales.

3.2.- Subvenciones a eventos con viajes opacos (Diputación, 2022-2024). Facturación inflada, se mencionan -viajes de coordinación- no documentados en programas culturales (50.000 € en un caso de 2022). (Casos denunciados y no judicializados).

(Nota.2.- Estos ejemplos locales refuerzan nuestras llamada a reformas: Auditorías independientes en contratos y protección a denunciantes (como ACOA) evitarían tales abusos.).

***Panorama General (2020-2025).

El abuso trasciende estos casos. Según el CGPJ, en 2024 se procesaron 108 personas por corrupción, con tramas como Gürtel (PP, >120M€), ERE Andalucía (PSOE, 680M€) y Koldo (PSOE, >50M€). Desde 2000, se han desviado más de 12.000M€, con PSOE y PP como principales implicados. La falta de transparencia, el desmantelamiento de agencias antifraude y la politización judicial agravan el problema, mientras el 84% de los españoles cree que los sobornos facilitan el uso y disfrute de servicios públicos (Eurobarómetro 2023).

(Nota.3.- Lo más dañino de todo es que la corrupción sistémica descrita se extiende de forma perversa a todos los niveles de la política en España (Estado, CC.AA., Diputaciones y Ayuntamiento), pues quien no conoce casos parecidos en corporaciones locales, que en muchos casos, equivocadamente, se consideran asuntos menores, y, los ciudadanos aguantan el tirón para no enfrentarse a sus políticos municipales o provinciales por miedo, por que saben que no pasa nada cuando denuncian o porque están acostumbrados a asimilar casos donde la igualdad ha desaparecido y solo reina efectivamente la arbitrariedad marcada por la impunidad).

***Implicaciones y Causas.

*Económicas: El desvío de recursos, como los 10.000 €/hora del Falcon, resta fondos a servicios esenciales como sanidad o educación.

*Éticas y Democráticas: La confusión público-privado fomenta el cinismo ciudadano, debilitando el contrato social.

*Causas Estructurales: Ausencia de una estrategia nacional anticorrupción, politización de la justicia y estancamiento en reformas, según Transparency International.

***Conclusiones y Propuestas.

Los casos analizados reflejan un sistema que confunde poder con propiedad personal.

*Para restaurar la justicia:

a).- Transparencia Total: Publicar costes detallados de escoltas y aviones con auditorías independientes.

b).- Límites Temporales: Reducir protecciones post-mandato a 5 años, salvo amenazas verificadas.

c).- Sanciones Estrictas: Decomiso de bienes e inhabilitación por malversación.

d).- Reforma Institucional: Crear una Agencia Independiente de Integridad Pública y proteger a denunciantes, siendo ya una necesidad, que exista un cuerpo de letrados públicos independiente, sometido a todos los efectos al CGPJ, que asuman la defensa de los ciudadanos que denuncian, sin exigir más requisitos que el hecho de haber interpuesto una denuncia por abuso de poder de lo público por un interés privado.

N.B. Separar lo público de lo privado es un imperativo ético para honrar el mandato ciudadano.

Exigirlo es un deber colectivo.

(Nota Final. Es un hecho perverso, además, que el ciudadano denunciante corre con todos los gastos, enfrentándose a todos los abogados pagados con sus impuestos de la Corporación o Institución Pública denunciada, sufriendo, también, en la mayoría de los casos todas las costas, recargos e interese de demora habidos y por haber, a lo que se suma una persecución inclemente adobada por silencios administrativos reiterados ante cualquier escrito que se presente. Solo queda recurrir judicialmente la resolución por silencio administrativo, lo que visto lo que ocurre, a los ciudadanos les produce desconfianza, hastío y la percepción de una situación de impunidad del político de turno.).

Córdoba, 22 de septiembre de 2025.

Enrique García Montoya.

Abogado ICA Córdoba, Inspector de Trabajo y S. S.

Asociación Córdoba Abierta -ACOA-. Presidente.

Inflación en Córdoba y Provincia (Vista rápida y breve)

Un grupo amplio de lectores me piden una opinión sobre la inflación, porque dicen, que observan subidas de precios excesivas, sobre todo, en alimentación, vivienda y energía, así que, con la colaboración de los asociados de Córdoba Abierta -ACOA- presentamos un artículo breve y ajustado a la realidad de Córdoba, así:

Existe inflación cuándo suben los precios de cosas como comida, gasolina o alquiler.

<<Inflación en Córdoba>>

(Nota: En principio, utilizamos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) hasta agosto de 2025 y explicamos las diferencias entre la capital y los pueblos, la inflación en alimentación y qué pasará en el futuro, finalmente, fijaremos mi opinión personal y de ACOA).

En este año 2025, los precios en España subieron un 2,7% (hasta agosto). En Córdoba (Provincia), un 2,2% (dato de junio). Suben menos que en Andalucía (3,4%) por el sector agrícola y el turismo.

<<Capital vs. Pueblos>>

*Córdoba Capital: Los precios suben 2,2%. Lo más caro: restaurantes (+3,5%), luz/gas (+2,8%), alquileres.

*Pueblos (ej. Pozoblanco, Baena): Suben 2,0-2,3%. Lo más caro: comida fresca (+3,2%), gasolina (+4%). La vida está marcada por la incertidumbre, de forma, qué la comida pesa cada vez más en el presupuesto familiar.

<<Precios de la comida>>

*La comida subió un 2,5% en Córdoba:

–Capital: 2,4%, más en restaurantes.

–Pueblos: 2,7%, más en frutas (+4,2%) y verduras (+5%) por sequías.

–Ejemplo: Café y huevos, hasta +15% por clima y costes.

<<Previsión>>

* Final 2025: Precios subirán 2,4% (provincia), 2,3% (capital).

* 2026: Bajarán a 1,9%.

* Comida: Subirá 2,4%, menos que en 2024.

**Riesgos: Apuntamos, por ejemplo, que si la gasolina sube, podría llegar a 2,7%. Si baja, al 2,0%.

<<En resumen>>

Según los datos del INE los precios suben poco en Córdoba (2,2%). En la capital, afectan más en restaurantes; en pueblos, en la comida. Para 2026, subirán menos.

<<Opinión personal y de Córdoba Abierta -ACOA->>

Nuestras comprobaciones llevan a una conclusión más pesimista sobre la inflación al final del 2025, teniendo en cuenta que nos basamos en datos cogidos directamente de mercados, super mercados y comercios de la Capital y de la Provincia, sobre todo en la comida, de forma, que nuestra previsión, teniendo en cuenta los precios de la vivienda, de la comida, especialmente, alimentos frescos y fruta, y, de los restaurantes, es que los precios subirán al menos un 3,5% de media; y, que para 2026 la subida se mantendrá en ese nivel de precios.

A todo lo anterior hay que sumar, la incertidumbre política y la inseguridad jurídica que se ha apoderado de la Nación, lo que llevará, sin duda, a que la inflación continue en ascenso, de forma, que los ciudadanos intentan ahorrar lo que pueden, mientras las empresas asegurarán sus precios a la realidad económica aumentando los mismos y asegurando beneficios a corto plazo, pues no tienen ni idea de los pasará mañana en la política, en la seguridad jurídica y en el funcionamiento de las instituciones a todos los niveles.

Lo que está ocurriendo en la justicia con un Presidente del Gobierno atacando directamente a los jueces y la postura extralegal del Tribunal Constitucional ocupando el lugar del Tribunal Supremo, así como, el funcionamiento anormal de las instituciones básicas de la Nación llevará a que la incertidumbre y la desconfianza en el funcionamiento del Estado produzca efectos inflacionarios.

N.B. La inflación en Córdoba y Provincia en nuestra vista rápida y breve es que los datos oficiales del INE son demasiados optimistas, teniendo en cuenta nuestras comprobaciones directas.

Desde nuestra Asociación Córdoba Abierta -ACOA- lanzamos otro mensaje: “La inflación seguirá en ascenso, porque todos los indicadores comprobados (salarios, impuestos, tasas, cotizaciones, etc.) marcan indicios claros de subidas superiores a los datos del INE, a lo que hay que sumar la desconfianza psicológica en el funcionamiento de las instituciones básicas del Estado que se ha apoderado de los españoles”.

Córdoba, 14 de septiembre de 2025.

Enrique García Montoya.

Abogado ICA Córdoba, Inspector de Trabajo y S.S.

Presidente de la Asociación Córdoba Abierta (ACOA).