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Metástasis de la doble vara – (Ejemplaridad en Encinas Reales y blindaje en Cabra)

La salud de nuestras instituciones no se mide por la dureza con la que se castiga al adversario, sino por la coherencia con la que se actúa ante los propios. En estos momentos, en la Provincia de Córdoba, esa coherencia brilla por su ausencia en las actuaciones y omisiones del P. P., ya que, en un Ayuntamiento aplica una dureza fulgurante e inmediata y en otro Ayuntamiento con análoga situación la ignora y pasa de largo, estableciendo una desigualdad de trato contraria a la ley.

Hay un refrán popular que dice, que la mancha de una mora con otra verde se quita, que resalta la idea de que los errores o problemas pueden ser superados o compensados por acciones positivas, que es todo lo contrario que el P. P. de Córdoba está haciendo en Encinas Reales y en Cabra, ya que, al mismo problema está aplicando soluciones dispares: Una -(Encinas Reales)- la aplicación dura y fulminante de la ley, y, otra -(Cabra)- un blindaje con olvido de la ley, todo bajo el signo de la desigualdad con una doble vara de medir, que sale del mismo tronco, lo que no es otra cosa, que falta absoluta de coherencia.

Lo que está haciendo el P.P. y su Presidente y Delegado de Gobierno de la Junta de Andalucía, Adolfo Molina, no es un simple error de gestión, sino que es una patología política de manual, que implica una metástasis de la “doble vara de medir”, que exige una disección y un análisis urgentes.

1.- Contexto – (La contundencia tiene código postal).

El Partido Popular de Córdoba, con la intervención directa de Adolfo Molina (Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía y Presidente del P.P. provincial), ha demostrado que sabe actuar con celeridad… cuando quiere.

<-En Encinas Reales: Ante la contratación de familiares en la empresa municipal EnciSocial S.L., la respuesta ha sido fulminante: “Suspensión de militancia y expediente de expulsión”. El mensaje ha sido claro: “El partido no tolera estas actuaciones”.

<-En Cabra: Donde el Sr. Molina fue concejal, se tramitan las Diligencias Previas 82/25, (Tribunal de Instancia, Sección Instrucción, Plaza nº. 1.) por presunta prevaricación y conductas análogas. ¿La respuesta?. Ha sido un silencio sepulcral y el mantenimiento de los investigados e implicados en sus cargos.

MunicipioAcción PolíticaEstatus de los Implicados
Encinas RealesExpulsión y condena públicaSuspendidos
CabraSilencio y pasividadBlindados en el cargo

2.- Análisis – (Cuando el poder se vuelve arbitrario).

Es un hecho conocido y aceptado, que la voluntad del político no puede pasar por encima de la Constitución, por lo que aquí  convergen cuatro quiebras legales manifiestas:

<-Arbitrariedad proscrita (Art. 9.3 CE): Tratar de forma distinta supuestos iguales sin justificación objetiva es, simplemente, inconstitucional, porque  si contratar familiares es intolerable en el municipio A, no puede ser ignorado en el municipio B.

<-Falta de objetividad (Art. 103 CE): La Administración no puede elegir cuándo ser íntegra, de forma, que utilizar el aparato disciplinario según la conveniencia estratégica quiebra el deber de servir con objetividad a los intereses generales.

<-Desviación de poder: Se sacrifica a un edil de un municipio menor para intentar salvar la reputación, mientras se protege a los cargos de plazas políticamente más relevantes. Esto es usar la potestad sancionadora como herramienta de control de daños, no de justicia.

<-Fraude de Ley (Art. 6.4 Código Civil): Invocar el “respeto a los tiempos judiciales” en Cabra -mientras se ignoran en Encinas Reales- es un uso instrumental de la norma para alcanzar un resultado prohibido: “La impunidad selectiva”.

3.- El “efecto bumerán” en los Tribunales.

La actuación en Encinas Reales no es solo un dato político, sino que es material probatorio de primer orden para el Tribunal de Instancia, Plaza n. 1., de Cabra.

Al calificar como intolerables las conductas en un pueblo, el Sr. Molina acredita que conoce perfectamente el reproche jurídico de tales actos y, por tanto, su inacción en Cabra no es un error de apreciación, sino que es una omisión deliberada.

(Nota. Una propuesta: Es necesario que el Tribunal de Cabra solicite el expediente disciplinario de Encinas Reales, de manera, que la comparación entre  ambos expedientes será la prueba directa de una desigualdad contra ley.

<<Reflexión Final>>

La justicia predecible es la base de la democracia, de forma, que una Institución que normaliza la impunidad selectiva no está enferma de corrupción ocasional, sino de algo mucho más peligroso, concretamente, la protección de los poderosos a costa del Estado de Derecho.

Es hora de que la vara de la Ley sea la misma para todos, sin importar el peso político de la plaza.

N. B.  La metástasis de la doble vara de medir y una ejemplaridad selectiva en Encinas Reales con blindaje sistémico en Cabra es pura arbitrariedad y protección de los más poderosos a cuenta del estado de derecho.

Córdoba, 6 de marzo de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado. ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Presidente de Córdoba Abierta -ACOA-.

La Corrupción “Menor” (Un gigante invisible en los Ayuntamientos)

Es un hecho desgraciado, que la “corrupción menor” o de baja intensidad es un problema secundario en España. Sin embargo, estas palabras “de menor intensidad” es una trampa terminológica, ya que, la realidad es, que la acumulación de pequeños abusos de poder (-la llamada “corrupción hormiga”-) tienen un impacto económico y social mucho más devastador que los grandes titulares nacionales, pues ocurre cada día en los miles de ayuntamientos de España.

1. La Ingeniería del “Enchufe” – (Sortear la Ley).

Para que estas prácticas espurias parezcan legales, se utiliza lo que en derecho llamamos fraude de ley, que es usar una norma para conseguir un fin prohibido (favorecer a un amigo, familiar o político).

**Los mecanismos más comunes son:

*El Abuso del Contrato Menor (Art. 118 LCSP): Son contratos “a dedo” (menos de 15.000 euros en servicios). El truco está en el fraccionamiento, así que se trocea un servicio grande en varios pequeños para evitar el concurso público y dárselo a quien el político desee.

*La “Administración Paralela”: Se crean empresas públicas (de aguas, basura o festejos) donde los controles son más laxos. Esto permite contratar personal mediante entrevistas subjetivas, evitando las oposiciones reales.

*Cesión Ilegal de Trabajadores: El Ayuntamiento contrata a una empresa externa “amiga” y esta contrata a los recomendados y, tras un tiempo trabajando en dependencias municipales, el trabajador demanda al consistorio, con el resultado de que entra en la plantilla municipal de forma fija sin haber aprobado jamás un examen.

2.- Radiografía de la Impunidad (Casos concretos).

La teoría se entiende mejor con la práctica. Analizamos dos focos donde la falta de fiscalización independiente es alarmante:

<-El Ayuntamiento de Cabra (El Vigilante que no Vigila).

Un pilar básico del control local es la Secretaría del Ayuntamiento, cuya función es advertir si un acto es ilegal.

-El problema: En Cabra, la figura de la Secretaría Accidental ha pasado de controlar la legalidad a asesorar al alcalde y a su partido político con el que gobierna y donde su independencia es más formal que real.

-Un dato clarificador: “Durante los años 2022 a 2025 no consta que se hayan realizado informes negativos o “reparos” de ilegalidad ante los decretos de alcaldía por la Secretaria Accidental, de forma, que cuando el órgano encargado de fiscalizar se convierte en asesor de confianza del alcalde, el ciudadano pierde su garantía de legalidad.

<-La Diputación de Córdoba (Empresas Públicas como Agencias de Colocación).

Las empresas provinciales, financiadas con el dinero de todos, presentan riesgos sistémicos de clientelismo:

EntidadPráctica DetectadaConsecuencia para el Ciudadano
EMPROACSA (Aguas)Denuncias de sindicatos por crear jefaturas a medida y promociones a dedo sin titulación requerida.Subida de tarifas de agua mientras se gasta en cargos innecesarios.
EPREMASA (Residuos)Externalizaciones a empresas donde terminan trabajando familiares de cargos políticos.Precariedad laboral en el servicio y captura de dinero público por intereses privados.

3.- Que hace tan Peligrosa esta corrupción de baja intensidad.

No son solo favores, sino que, principalmente es un daño estructural que pagamos todos de tres formas:

3.1.- Bloqueo del ascensor social, ya que, si para trabajar en lo público no importa el estudio (mérito y capacidad) sino el carné político, el talento joven huye de nuestros pueblos.

3.2.- Ineficiencia económica, porque el dinero que se va en “chiringuitos” o asesores innecesarios, es dinero que no llega a servicios sociales, educación o sanidad local.

3.3.- Desafección democrática, ya que,  se crea la falsa idea de que todos son iguales, alejando al ciudadano de la participación política y con lo que se erosionan las instituciones públicas.

<<Conclusión – (Silencio como motor del abuso>>

La corrupción menor no es un maletín de dinero en la sombra, sino que es <la erosión constante de los procedimientos>, de forma, que mientras los órganos de control (secretarios e interventores) dependan políticamente de quienes deben ser vigilados, el sistema seguirá fallando.

Como ciudadanos, nuestra mejor herramienta es la exigencia de transparencia y no normalizar el amiguismo como algo inevitable.

N.B. La corrupción menor o de baja intensidad es un mal mayor y un peligro para las instituciones democráticas, que viola derechos fundamentales de los ciudadanos de a pie y erosiona el poder público que nace del pueblo.

Como decimos al inicio de este artículo, la corrupción menor es un peligro mayor para la democracia en España, que desgraciadamente se olvida y pasa a un segundo plano, siendo las Corporaciones Locales (Ayuntamientos y Diputaciones) los centros donde se acumulan la mayor parte de esta llamada corrupción de baja intensidad, pero que en su conjunto forma un cúmulo de casos, que superan las grandes corrupciones que dominan la vida pública y colapsan los juzgados y tribunales, impidiendo que estas corrupciones menores lleguen eficazmente a los mismos.

Córdoba, 7 de enero de 2025.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S.S.

Presidente. Córdoba Abierta -ACOA-.

Son muy listos (los demás somos tontos)

En la calle y en cualquier sitio, en relación con los políticos corruptos en España, se oye algo, que es ofensivo para todos los ciudadanos honestos que son la mayoría, concretamente, “son muy listos”, razón por la que se puede entender, que a la vez se está aceptando que el resto de ciudadanos somos tontos.

Como entiendo, que lo dicho no puede ser verdad, me siento ofendido día a día cada vez que oigo esas palabras, porque la frase, “son muy listos”, encierra una trampa dialéctica que, a menudo, justifica lo injustificable, trasladando la culpa del político corrupto a la víctima, que somos todos los que formamos la sociedad civil.

Conviene analizar lo dicho con lógica y justicia, empezando por desmenuzar el concepto de “listo” y cómo se aplica en la sociedad española.

<<Confusión popular entre astucia y sabiduría>>

En España existe una larga tradición (la cultura de la “picaresca”), que muchas veces confunde la astucia con la inteligencia.

<-El astuto (el “listo”): Es alguien que detecta una debilidad en el sistema y la aprovecha para su beneficio personal, sin importar la ética. No requiere un gran intelecto, sino falta de escrúpulos y una posición de ventaja. Tener el poder.

<-El inteligente: “Es alguien que utiliza su capacidad para resolver problemas complejos, crear valor y mejorar su entorno”, tal como son la gran mayoría de ciudadanos españoles.

Por tanto, decir que un político corrupto es muy listo es, en realidad, un uso negativo y rácano del lenguaje, porque, por ejemplo, robar de una caja fuerte llena de dinero de la empresa confiado a tu custodia no te hace un genio financiero, pues solo te hace un abusador perverso y traidor de la confianza depositada en ti.

<< La equivalencia falsa>>

La idea de que si los políticos corruptos son listos, nosotros somos “tontos”, es una falsa equivalencia y una desventaja de origen.

El ciudadano español no es tonto por ser engañado, porque la mayoría ciudadana es la parte de buena fe en un contrato social.

<-La situación de poder: Un político corrupto maneja información, contactos y mecanismos legales que el ciudadano de a pie no ve. <-La confianza como base social: Una sociedad civilizada funciona bajo la premisa de la confianza. Si para no ser “tontos” tuviéramos que desconfiar de cada semáforo, de cada médico, de cada ley y de la justica en general, la sociedad colapsaría. <-Una analogía: “Si alguien fuerza la cerradura de nuestra casa, no se puede aceptar que el ladrón es un “genio” y nosotros unos <tontos> por tener puerta, porque la verdad es que el ladrón es un criminal que ha roto las reglas de convivencia.

<<La frase como medio de defensa>>

A veces, cuando la gente dice “son muy listos”, no lo hace desde la admiración, sino desde la resignación y la defensa.

Son tan poderosos y el sistema es tan lento, que la única explicación que encuentro es que son más listos que nosotros.

Lo expuesto, es la victoria psicológica del político corrupto, porque ha convencido a toda la sociedad de que su amoralidad (su falta de ética y de honradez) es en realidad una forma de superioridad intelectual.

Aceptar esto es socialmente peligroso porque desincentiva la exigencia de responsabilidades por la sociedad civil.

<<La verdadera inteligencia>>

Desde una perspectiva lógica, un político que corrompe las instituciones de su propio país es profundamente torpe.

<-Degrada el sistema donde viven sus hijos. <-Destruye la economía que sostiene el bienestar general. Y, <-Arriesga su libertad y su legado por un beneficio material inmediato.

La verdadera inteligencia política es la que construye países prósperos, estables y justos, de forma, que lo del político corrupto es simple saqueo.

La verdad es, que no se es tonto por indignarse ante el político corrupto, ni la mayoría social ciudadana es tonta por cumplir la ley. El cumplimiento de las normas es lo que nos hace demócratas y libres, de forma, que calificar de “listo” al político corrupto es un error semántico, que premia la conducta del político delincuente y castiga la integridad del ciudadano honesto.

El silencio o la indiferencia no son neutros, sino que actúan como un fertilizante para la corrupción.

Cuando una sociedad se resigna y deja de reaccionar, el político corrupto siente que tiene permiso social para seguir actuando, validando su idea de que es superior o más hábil, así que, no queda otra, que romper con el círculo de complicidad involuntaria, de forma, que  la conducta ciudadana debe pasar de la queja pasiva a la acción ética.

<<Desterrar el lenguaje de la admiración>>

La primera batalla es cultural y lingüística, de manera, que debemos dejar de usar términos que, aunque parezcan críticos, contienen un matiz de reconocimiento.

<-No son “listos”: Son mediocres que han fallado a su deber.

<-No es “picaresca”: Es robo y traición a la soberanía popular.

<-Conducta a seguir: “Corregir activamente a quien use esos términos en nuestro entorno”.

El lenguaje moldea la realidad, así que, si les quitamos el aura de “astutos”, les dejamos solo el traje de delincuentes.

<<Pasar a la Intolerancia Social>>

La corrupción política florece donde hay impunidad social, y, se puede comprobar como muchas veces aunque el político corrupto es castigado por la ley, sigue siendo aceptado socialmente, en su club social, en su barrio o en eventos públicos.

<-Conducta a seguir: “El aislamiento social es una herramienta poderosa”.

La ciudadanía debe mostrar su rechazo de forma pacífica pero firme. Un político corrupto no debería poder disfrutar de su “éxito” con normalidad en los espacios públicos sin sentir el peso del reproche moral de sus vecinos.

<<El voto de la exigencia>>

La sociedad civil acepta el error de votar “al menos malo” o perdonar la corrupción, porque  se dice que “los otros son peores”, y, esta es la conducta que los corruptos esperan y desean.

<-Conducta a seguir: Establecer una línea roja ética.

Si un partido no limpia sus filas de manera radical, pierde el voto.

El ciudadano debe demostrar que la honestidad es un valor no negociable, por encima de las ideologías.

*Si los políticos ven que la corrupción resta más votos de los que el dinero robado puede comprar, el sistema empezará a cambiar por pura supervivencia*.

<<La transparencia como remedio>>

El “no hacer nada” suele venir de la ignorancia y de la falta de información real, aunque  es un hecho patente que hoy en día existen herramientas ciudadanas para controlar y estar informado.

<-Conducta a seguir: Utilizar los Portales de Transparencia, apoyar a plataformas de periodistas de investigación y asociaciones civiles que denuncian la corrupción.

La conducta ciudadana debe ser la del auditor, de forma, que debemos  preguntar en qué se gasta el dinero en nuestro ayuntamiento, exigir facturas públicas, examinar las contrataciones y seguir los procesos judiciales.

<<Coherencia ética social>>

No se puede exigir un político ejemplar si en nuestra vida diaria validamos corrupciones (pagar sin IVA, saltarse normas por “amiguismo”, etc.).

La integridad de una nación es la suma de las integridades individuales.

<<Educación cívica>>

El político corrupto quiere que pensemos que “todos son iguales” para que nos rindamos silentes y cautivos, de forma, que su cinismo es su mayor aliado porque anula la participación ciudadana.

Hay que empezar a formarnos y a  formar a los más jóvenes en valores cívicos, desterrado lo inaceptable, como el dicho perverso de que el dinero público no es de nadie, porque la única verdad es, que es el fruto del esfuerzo de todos los ciudadanos trabajadores para pagar la sanidad, la educación y el resto de los servicios públicos esenciales.

N.B. No es verdad que sean muy listos y que los demás (la gran mayoría) seamos tontos.

La conducta justa de los ciudadanos honrados es la de la resistencia ética, porque no se trata de ser un héroe, sino de no ser un espectador complaciente, porque para que los malos políticos corruptos triunfen, solo hace falta que los hombres buenos no hagan nada.

Hay que practicar una ética de tolerancia cero en la conducta ciudadana del día a día para tener la autoridad moral de exigirla a nuestros políticos en la administración de lo público.

Córdoba, a 18 de diciembre de 2025.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Presiente de Córdoba Abierta -ACOA-.

La mala administración pública (El otro gran agujero negro de la gestión en España)

En España, el debate sobre corrupción suele centrarse en casos de soborno y enriquecimiento ilícito, pero existe una lacra más silenciosa y destructiva: La mala gestión del dinero público, a todos los niveles de la organización política, especialmente, en empresas e instituciones públicas estatales, autonómicas y locales.

Este fenómeno, que genera pérdidas millonarias recurrentes y socava la confianza ciudadana, además, raramente acarrea consecuencias para quienes diseñan y ejecutan las políticas responsables del despilfarro.

La realidad es que son millonarias pérdidas sin castigo: Un patrón sistemático de impunidad.

Las entidades públicas acumulan déficits operativos colosales desde hace años. Ejemplos como Correos, que prevé perder 1.500 M. eur. en 2025 pese a sucesivos rescates públicos y 19 cambios de dirección en tres años, o empresas de la SEPI que suman más de 1.698 M. eur. de pérdidas desde 2019, reflejan una tendencia nacional, que alcanza también a lo local: “En Córdoba, por ej., las empresas de la Diputación Emproacsa (agua) y Epremasa (basuras) dependen de subsidios para ser viables y no entrar en quiebra  (59 M. eur. puestos por la Diputación para cubrir pérdidas injustificadas a la empresa de aguas en tres años, y, a mayor inri, se planean subidas de tasas abusivas e injustas).

La causa principal de este asunto turbio e irresponsable es <-la politización en los nombramientos y la falta de controles independientes->, ya que, los altos cargos designados por afinidad, no por mérito, perpetúan ineficiencia y políticas cortoplacistas que ignoran la viabilidad económica y el interés común, porque saben que nadie les pedirá responsabilidades y que son impunes de hecho.

*La Pregunta: ¿Dónde están los mecanismos de responsabilidad?

El Código Penal español castiga la malversación y la prevaricación, pero solo cuando hay ánimo de lucro evidente, lo que excluye la negligencia grave y permite que los responsables escapen sin sanción. El Tribunal de Cuentas, mediatizado por la mayoría parlamentaria, ve limitado su alcance real, y la lentitud judicial propicia la prescripción de las causas. El resultado es negativo, pues menos del 20% de denuncias por mala gestión pública acaban en condena.

**Consecuencias sociales y económicas – El coste del inmovilismo.

Este ciclo condona el despilfarro y alimenta el endeudamiento público (120% del PIB en 2025), deteriora servicios esenciales y provoca la quiebra de miles de pymes ligadas al entramado estatal (más de 19.000 desde 2019). La percepción de impunidad refuerza la desconfianza ciudadana y agrava el desinterés político, como ponen de manifiesto las últimas encuestas (70% de los ciudadanos ve corrupción estructural en el sector público).

**Reformas urgentes para romper el bucle de una mala administración.

*Para revertir el deterioro, es imprescindible:

<-Despolitización real de los nombramientos, exigiendo méritos y seleccionar cargos públicos por sorteo entre expertos independientes.

<-Ampliar el concepto de malversación, sancionando también la negligencia grave, no solo el lucro directo.

<-Controles fiscales y auditorías externas anuales, con incentivos y sanciones a las autonomías según su gestión.

<-Transparencia ciudadana, a través de plataformas de datos abiertos con alertas automáticas sobre irregularidades.

<-Integrar herramientas tecnológicas (IA) para controlar el gasto en tiempo real.

*Estas reformas, viables en próximas leyes y en los Presupuestos Generales, requieren consenso y presión social, ya que, sin ambos, el agujero negro de la mala administración seguirá devorando recursos y frenando el progreso necesario.

**Conclusión.

La mala gestión pública en España no es solo un problema financiero, sino que es una cuestión ética y política que hipoteca el futuro de todos.

La solución pasa por exigir responsabilidad individual y colectiva, eliminando el clientelismo y apostando por la eficiencia y la transparencia en todas las instituciones.

El tiempo para actuar es ahora, ya que, si no hay reformas de fondo urgentes, el ciclo de impunidad será irreversible

N.B. La mala administración y la falta de responsabilidad en la gestión de Empresas e Instituciones Públicas es una realidad en España a todos los niveles con pérdidas cuantiosas y ninguna responsabilidad individual o colectiva de los políticos despilfarradores y su gestores de confianza nombrados digitalmente.

Córdoba, 17 de noviembre de 2025.

Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Córdoba Abierta -ACOA-. Presidente.

CALZADA ROMANA CÓRDOBA-MÉRIDA – AUTOVÍA A.45 (Infraestructuras)

Viajando de Málaga a Córdoba en coche por la Autovía A-45, visto su estado de conservación deplorable, me acorde, casi de improviso, de la Calzada Romana Corduba-Emerita y sentí que algo ya no funciona en España, cuando esa misma Hispania (que construyó la vía (autopista) que conectaba las dos capitales de la Hispania romana – Corduba, capital de la provincia Bética, y Emerita Augusta, capital de la provincia Lusitania), era capaz ahora de tener la Autovía A-45 en el estado de deterioro en que se encuentra.

En la España actual el estado de nuestras infraestructuras básicas (vías de comunicación por carreteras y trenes, red eléctrica, agua, etc.) está en un estado de abandono inmisericorde y al borde del colapso, y, ocurre que cuando un País abandona sus infraestructuras esenciales, es un hecho comprobado, que la situación de ruina total está llegando a pasos agigantados.

Lo dicho, es la realidad que se siente y se ve por los ciudadanos, además, lo peor de todo es que nuestro Gobierno y nuestros políticos todos se han situado en un plano de impunidad dontancrediana, ya que, ahora, lo prioritario no son las necesidades del pueblo soberano, sino la implantación de una ideología autodestructiva de la que se deriva el abandono de lo importante para el progreso de la Nación y se le sustituye por políticas de propaganda y por debates inútiles en el Congreso y en el Senado, y, donde, además, las Instituciones Básicas del Estado (ejemplo por todos, caso de la Fiscalía General) se dedican no a defender y sostener un Gobierno enmarcado en la Constitución de 1978 y a sus ciudadanos que las mantienen, sino a la defensa furiosa de ideologías extremas llenas de odio por las libertades y en defensa de la desigualdad de los ciudadanos, que encima, quieren hacer pasar por felicidad en la pobreza, como ocurre, cuando el Gobierno Central presume de pobres, elevando a los altares casos como el Ingreso Mínimo Vital, cuando dicen que ya “disfrutan de él” más de 2.500.000 de personas.

La diferencia entre la Calzada Romana y la Autovía A-45 precitadas son el ejemplo vivo de un País que ha decidido suicidarse en un cadalso público, incluso a nivel internacional, como sucede ahora mismo con Israel, EE.UU., la defensa de Europa, etc., sin olvidar que estamos en la ruina económica y social, comidos a impuestos de todo tipo (ejemplos, agua, basuras, IBI, IRPF, etc.) y donde el gasto público se dilapida en fastos superfluos de propaganda ideológica (Véase TVE como ejemplo del no va más).

No soy pesimista ni partidario de una postura extrema, sino consciente de que si la Sociedad Civil y sus ciudadanos no despiertan y defienden sus derechos y libertades entraremos en el túnel de la autodestrucción completa e irrecuperable, así, que eso es lo que hay, de forma, que, *o luchamos por nuestros derechos y libertades, *o caeremos en la esclavitud dominados por unos pocos llenos de odio y destructores de nuestras libertades.

N. B. LA CALZADA ROMANA CÓRDOBA-MÉRIDA Y LA  AUTOVÍA A.45 son ejemplos claros de infraestructuras contrapuestas, donde la Calzada va hacia el progreso y la riqueza de España y la A-45 representa el deterioro continuo en el que ha caído España.

Desde nuestra Asociación Córdoba Abierta -ACOA- lanzamos un mensaje urgente: La sociedad despierta o ya nunca podremos levantarnos“.

Córdoba, 12 de septiembre de 2025.

Enrique García Montoya.

Abogado ICA Córdoba, Inspector de Trabajo y S.S.

Presidente de la Asociación Córdoba Abierta (ACOA).