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Ayuntamiento de Córdoba – III – Una propuesta para las elecciones (quitar el Impuesto de Plusvalía)

El impuesto municipal que grava el incremento del valor de los terrenos, también conocido como Plusvalía Municipal, es un gravamen injusto y discriminatorio, de manera, que hay que reducirlo a la nada o eliminarlo de raíz.

Saldrán, sin duda, los defensores de los ciudadanos de a pie (esos que pagan la Plusvalía) saldrán desde sus tribunas públicas diciendo que hay que defender los servicios públicos sin dar jamás un paso atrás, pues no hay nada más sagrado que el pago de impuestos aunque sea a costa de machacar al Pueblo Soberano, pues hay que costear esos servicios sean los que sean y cuesten lo que cuesten.

La premisa inicial señalada, en si misma, es un sin sentido, si no se ponen límites y condiciones a ese gasto público, por la simple razón de que todo gasto realizado por una Administración Pública, sea la que sea, debe ser dirigido a servir al Pueblo, de forma, que el gasto público innecesario, dilapidador e improductivo debe quedar erradicado, máxime, cuando, además, nadie explica a los ciudadanos el origen del dinero que se destina a ese gasto público superfluo y suntuario, especialmente, ahora, que la inflación descontrolada y el crecimiento de la pobreza se están apoderando del ciudadano de a pie.

Como hablamos del Impuesto de Plusvalía Municipal, pondré sobre la mesa de la discusión un caso conocido por todos y paradigma de todo los malo de un gasto público: “El tranvía de Jaén”.

Que hay muchos más casos, por supuesto, pero con el señalado es más que suficiente para explicar a pie de calle, lo que es un gasto inadmisible, mientras los ciudadanos pagan a sus ayuntamientos impuestos duplicados y discriminatorios, que rompen la igualdad y penalizan a los ahorradores.

Solo con las viviendas poner de relieve que se pagan impuestos sin cesar y sin explicación alguna, así se grava al ciudadano:

*Cuando compra.

*Cuando mantiene su propiedad con el IBI, el acceso a su cochera, el Impuesto de Patrimonio.

*El valor catastral base del impuesto de fija arbitrariamente por el Catastro Urbano en un alarde de trilerismo político, económico y financiero, que nace de una imposición dura e inapelable.

Dicho de otra forma, hay que pagar el correspondiente IBI en base a un valor catastral que pertenece al mundo de la materia oscura del universo, hay que pagar después por aparcar el coche en el garaje, pues hay que pagar el derecho de acceso a la plaza de cochera, sufre continuas subidas del valor de su vivienda o local al albur de unos criterios desconocidos por el Catastro, pero siempre en aumento, además, sin explicaciones de los gobernantes sobre cómo se gastan el dinero público.

*Cuando vende paga de nuevo por duplicado: Plusvalía Municipal e incremento del valor de la vivienda en el IRPF.

(Tanto en un caso como en otro, además, el sistema de cálculo es arbitrario y se basa en pretendidos aumentos de valor nacidos de la ficción y de un afán recaudador discriminatorio e injusto).

Es solidario contribuir al coste de los servicios públicos necesarios, pero una cosa es eso y otra esquilmar al ciudadano que se esfuerza y ahorra para sufragar gasto público superfluo e innecesario, que gobernantes irresponsables dilapidan sin control y total impunidad, pues en último caso siempre está el indulto, al aceptarse por los justificantes de cualquier gasto público, “que en sí mismo todo él es pura justicia distributiva”, que nadie puede discutir.

Aceptado sin discusión alguna, que es necesario en una sociedad civilizada y democrática nacida de un Estado Social y Democrático de Derecho, que es justo pagar impuestos para crear y mantener servicios públicos necesarios, en base a la Constitución, se puede defender, que los impuestos deben ser justos y deben ir dirigidos a mantener servicios públicos necesarios dignos y de la máxima calidad posible, de manera, que nunca los gobernantes acometan gastos superfluos, innecesarios e injustificados.

**Hablando de la plusvalía municipal la realidad es que se trata de un impuesto injusto, confiscatorio y discriminatorio, que borra de un plumazo el art. 14 de la C. E. que garantiza la igualdad de todos los españoles.

La traca final viene cuando venden la finca y el ciudadano pagador se ve abocado a abonar una doble plusvalía a la Hacienda Nacional y Local.

Lo peor de todo, es que no se puede discutir con la Administración Tributaria la existencia del impuesto, sino todo lo más su cálculo la mayoría de las veces fijado de forma arbitraria, pues la regla es simple: “paga y después recurre contra las Haciendas Públicas preñadas de abogados, que pagamos todos los ciudadanos y que nunca jamás dan razón ni clemencia algún a al ciudadano recurrente”. En resumen, una alegría enorme, que seguramente conllevará, además, costas judiciales.

El Tribunal Constitucional en una conocida Sentencia de Pleno ha declarado inconstitucionales y nulos determinados artículos de la L. H.H. Locales que regulan la forma de cálculo de las plusvalías municipales, sin embargo, el Pueblo Soberano del que emanan los poderes del Estado se ha llevado una alegría efímera e irreal, la realidad injusta es tan disparatada, que todos los poderes públicos sin exclusión han llegado a la conclusión de que no se devuelva nada, admitiéndose que una ley nula de pleno derecho (contra todo respeto a la ley conocida y principios aceptados por cualquier Estado de Derecho) sigua produciendo efectos, que según la C. E. no ha tenido nunca.

N.B. Propongo eliminar completamente el impuesto de plusvalía municipal por injusto y discriminatorio, procediendo a la vez, a eliminar todo tipo de gasto innecesario y prescindible para cuadrar las cuentas municipales, como pueden los siguientes gastos: Subvenciones a los Grupos Políticos del Ayuntamiento, salarios y sueldos de asesores, gastos y dietas de viajes que no sean absolutamente necesarios, eliminar cualquier contratación que pueda ser realizada por el personal del Ayuntamiento sea laboral o funcionario, reducir la estructura de espacios y tiempos a lo estrictamente necesario, aumentar la productividad personal y material del Ayuntamiento, etc. etc. y, así, hasta conseguir una Corporación Local con el mínimo coste personal y material.

Hay que defender los impuestos justos y que van dirigidos a mantener servicios públicos necesarios dignos y de la máxima calidad posible, sin embargo, nunca los gobernantes deben acometer con esos impuestos gastos superfluos, innecesarios e injustificados, ya que, cualquier gasto público perteneciente a la ficción y alejado de la realidad del pueblo que lo paga es una tropelía.

Córdoba, a 13 de septiembre de 2022

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Andalucía – Elecciones VI (Desequilibrios políticos II)

El super coordinador nacional de un Partido Político que quiere gobernar con moderación por bandera y haciendo todo lo que hay suyo, aunque aun no sabemos que es ni a donde va, ha dicho, que España es un País Plurinacional, razón por la que ahora sabemos algo del contenido moderado de su oferta política.

Se podrá estar o no de acuerdo, pero eso es lo que ha dicho el coordinador áulico de ese Partido, que presume de moderado y que es capaz de pactar cualquier cosa en aras de su buenismo moderado hasta el extremo.

Es cierto, que claridad no le ha faltado al Coordinador mencionado, aunque parece que todo ha sido un desequilibrio político territorial: No es lo mismo, lo que se declara públicamente en un territorio-nación según él y lo que se dice fuera de allí.

Los desequilibrios en las elecciones andaluzas aparecen, como se ha visto, según los territorios de España donde se realizan declaraciones buenistas y para contentar a todos, aunque, en casos como este, se echa de menos una declaración del mandamás moderado en Andalucía, más que nada para saber donde está y que piensa sobre un asunto tan prioritario para la CC. AA. andaluza.

El Presidente Nacional ha hechos sus declaraciones para terminar el asunto, pero la duda existe entre los andaluces que votamos, máxime, si el vocero descoordinado Coordinador Nacional sigue en su puesto impune e irresponsable, sabiendo como saben muchos andaluces, que está donde está porque el Presidente de la Junta en funciones así lo ha querido.

En resumen, que el moderado Presidente de ese Partido Político, que en la confección de sus listas cerradas dedo gráficas, ha pasado la guadaña de una venganza incalificable (si alguien lo duda que pregunte en Córdoba), al menos, debería decir algo en aras de una “información veraz a los andaluces” y obrando, en consecuencia, exigir a su comilitón vocinglero que asuma responsabilidades inmediatas.

Seguramente, no será sí, pero como estamos en elecciones los andaluces, ya sabemos lo que hay, de forma, que con absoluta libertad que cada uno vote lo que quiera, aunque si seguimos con las discriminaciones en razón del territorio, en base al hecho plurinacional privilegiado de algunas CC. AA., que Andalucía se coja los machos y sepan todos los andaluces que tenemos que pelear, no solo por la igualdad sino, también, contra algunos partidos políticos instalados en la moderación excluyente de los andaluces, en confluencia con la aceptación política callada de desigualdades en derechos y libertades con esas CC. AA. que solo aspiran a someternos, situándonos como ciudadanos de segunda en una España plurinacional.

Por lo que se está viendo, el respeto a la Ley constitucional no es precisamente el fuerte de los partidos políticos y sus dirigentes mandamases en la configuración de la Nación española, porque, algunos dirigentes, como el Coordinador Nacional de ese Partido Político, ya lo han dicho claro y alto, se acepta la plurinacionalidad excluyente según donde se esté.

La moderación, al parecer vacía, de la que presumen algunos dirigentes, si no tiene eficacia real en la igualdad de derechos y libertades de los andaluces y de los ciudadanos de otras CC. AA., es un indicador de lo que en el futuro recaerá sobre los andaluces; es decir, “profundos desequilibrios excluyentes para los andaluces”, ya que, si no son capaces de elegir la igualdad y controlar los desmanes vocingleros de sus propios comilitones políticos, optando por el silencio y el apoyo ciego del mandamás a esas declaraciones escandalosas, -aviados vamos-.

Los andaluces somos conscientes de los desafueros, de las imposiciones y de las injusticias, de manera, que a la hora de votar todas esas cuestiones pesan en nuestro voto libre y responsable.

La defensa de la libertad, de la Ley, del Estado de Derecho y de la igualdad no se puede realizar en departamentos territoriales estancos, pues la democracia real debe cubrirlo todo, pues lo demás, son milongas y engaños para andaluces de segunda y, eso parece, que se vende mal en Andalucía, si no al tiempo.

El 19J hay elecciones en Andalucía y los andaluces votaremos en libertad y con responsabilidad, pero debe quedar claro, que tenemos memoria y criterio propio.

N.B.  En Andalucía hay elecciones y desequilibrios irresueltos, que, sin  duda, se agravan con declaraciones de plurinacionalidad públicas y sonoras, como las del Coordinador Nacional, que, curiosamente, aún lo es,

Sin igualdad real entre los andaluces con toda España, sin excepciones de cualquier tipo, en todos los aspectos de la política, no existe respeto a la Ley ni al Estado Social y Democrático de Derecho, de forma, que como hay elecciones a votar en libertad, pues todos sabemos lo que hay: Plurinacionalidad excluyente o completa igualdad en derechos y libertades.

Córdoba, a 18 de mayo de 2022

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Plusvalía – III- Ayuntamiento Córdoba (más de lo mismo)

Leo en el Diario Córdoba de ayer en papel (07-11-21- Domingo – págs. 4 y 5) una entrevista a Salvador Fuentes -Teniente de alcalde de Hacienda y Urbanismo del Ayuntamiento de Córdoba-, firmada por Irina Marzo, donde se dice, entre otras cosas:

<< ** “Yo no puedo prescindir en una semana de 15 millones”.

**  Tras la sentencia del Tribunal Constitucional ha cifrado en 15 millones lo que supondrá la eliminación del impuesto de plusvalías en Córdoba. ¿Cómo les afectará a los cordobeses?

De forma cautelar, a partir del 26 de octubre suspendimos la liquidación de este impuesto, lo que sí está obligado todo el mundo es a declarar

** Por lo que sabemos a través de la FEMP, el Ministerio de Hacienda se ha comprometido a buscar una solución. Tenemos la esperanza de que antes de que acabe el año el Gobierno de España o bien saque una nueva norma que permita restablecer el impuesto con justicia de recaudación vía real decreto, o si no tendrán que poner encima de la mesa una cuantía suficiente. En cualquier caso, exigimos al Gobierno que acabe con el limbo legal al que nos ha llevado por su inacción con las plusvalías. >>

Lo dicho por el Teniente Alcalde de Hacienda y Urbanismo del Ayuntamiento de Córdoba, Salvador Fuentes, es la expresión manifiesta del dislate, que repiten los políticos todos, cuando hablan del Impuesto de Plusvalía declarado inconstitucional y nulo por la Sentencia del Tribunal Constitucional -Pleno- de fecha 26-10-2021.

Está muy claro, que el problema-asunto del Impuesto de Plusvalía no es de ahora, sino que viene de muy lejos en el tiempo, porque para todos los políticos lo que sienten los ciudadanos ante un impuesto tan injusto y tan abusivo es lo de “menos”, lo esencial para ellos es exprimir al español de a pie a cualquier precio, aunque siempre ha existido un grupo de políticos que han manifestado su desacuerdo ante un impuesto tan falto de equidad.

El nefasto Presidente Sr. Rajoy con su mayoría absoluta no solo no bajó el rigor impositivo, sino que subió los impuestos en contra de lo que había prometido, y, además, por si alguien tenía duda de su actuación mendaz, aprobó una “ley de amnistía”, declarada inconstitucional después, para favorecer a la mayoría de los españoles defraudadores. Aquí solo decir, que la actual situación del impuesto de plusvalía es la historia de un disparate impositivo permitido y auspiciado por casi todos los políticos, enfrascados en el gasto público al precio que sea, dejando a los ciudadanos a los pies de los de los caballos. 

De lo que se trata ahora, no es de buscar recursos públicos con una figura impositiva justa, proporcional y equitativa, sino de imponer, sí o sí, otra trapisonda contra el criterio del T. C. en su sentencia sobre la plusvalía. Se quiera ver de una u otra forma, la plusvalía impositiva es un impuesto abusivo e injusto, ya que, entre otras cosas realiza una triple imposición, en origen gravando la adquisición, y, a continuación, con las plusvalías municipales y las que recaen sobre el IRPF, de manera, que es un hecho probado, que todos los políticos están de acuerdo en saquear al ciudadano, además, realizando una actuación que destierra la ética tributaria, ya que, deslegitima el sistema y anula la Constitución:

Todos los políticos corren, con la Ministra de Hacienda a la cabeza,  a ver quien hace renacer el impuesto de plusvalía con más rapidez e inquina impositiva.

Finalmente, es curioso y significativo, que todos los grupos y políticos que reclaman más y más recursos públicos a través de más impuestos, raramente se ocupan del gasto público, de explicar al ciudadano como se gastan sus impuestos y de eliminar gastos innecesarios, conllevando, dicha actitud generalizada entre la clase política, a destruir la responsabilidad social e impositiva de los contribuyentes, poniendo, se quiera reconocer o no, en peligro el sistema tributario, al desaparecer su legitimación y su fundamento ético.

N.B. Reitero una verdad absoluta: [Que todos los políticos en activo están de acuerdo en restituir, cuanto antes mejor, el impuesto de plusvalía, que llamaran como quieran , pero que en esencia es lo mismo: -injusticia-, -desproporción- y -falta de equidad-].

Que el Tribunal Constitucional haya declarado inconstitucional y nulo el Impuesto de Plusvalía es lo de menos, se le da la vuelta y se obvia al Tribunal, y, los ciudadanos de nuevo a pagar, pues ya se ha visto la reacción pública de todos los poderes elegidos por el pueblo, de manera, que nada de alegrías.

El principio de legalidad y el respeto a la Ley por todos los poderes públicos consagrados en la C. E. en sus artículos 9 y 10 al cajón del olvido, además, sin anestesia.

Los españoles contemplamos atónitos a las declaraciones del Gobierno, de los Partidos Políticos, de los representantes populares elegidos por el Pueblo soberano, que solo se plantean renacer el impuesto de plusvalía municipal de mil formas diferentes (incluso con efectos retroactivos), por descontado, sin reducción del gasto público innecesario.

Si los poderes públicos continúan su camino esquilmando a los ciudadanos en su patrimonio, los españoles seguiremos presos de la injusticia y de la inseguridad jurídica, derivadas del nulo respeto a la ley demostrado por esos poderes, consiguiendo deslegitimar el sistema tributario, al despojarlo de su base ética y de los principios de equidad que lo sostienen.

Córdoba, a 8 de noviembre de 2021

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Córdoba – paro – ertes dopados (medidas – reformas – cualificación profesional)

Se habla sin más de política y -no está mal-, pero con la que está cayendo en la economía, en la sanidad y en la salud, así como, en el Estado Social y Democrático de Derecho (en la democracia española), creo, que seguimos teniendo un problema social tremendo, que es el desempleo.

No queda otra, que afrontar el delicado asunto del paro tomando medidas reales de creación de empleo, dejando a un lado los ertes dopados y fracasados, como medida esencial para regular el mercado de trabajo, así:

* Hay que adoptar medidas estructurales de reforma profunda del tejido productivo y del mercado de trabajo, dirigiéndolos a la creación de empleo.

* No hay otra dirección, que aumentar la productividad, llevando al máximo la cualificación de los trabajadores y la competitividad.

* La industrialización abandonada debe renacer, tal y como se ha demostrado con la pandemia.

* Durante tres años, al menos, hay que reducir la presión fiscal y aumentar las ayudas directas de todo tipo a las empresas viables.

* Hay que reducir hasta eliminarlo el desequilibrio entre el sector público y el sector privado, reduciendo el gasto público, especialmente, el improductivo e innecesario sin reducir la protección social.

* Hay que armonizar todas las medidas de reforma unificando las políticas en los distintos niveles administrativos y territoriales, construyendo una política de estado trabajando en la misma dirección.     

*** Hablando de Córdoba, cuando tenemos una oportunidad de crear empleo estable y cualificado, de industrializar toda la provincia y sus alrededores, y, de modernizar nuestro tejido productivo con la creación de la Base Logística del Ejercito de Tierra, hay que afrontar con determinación y eficacia el problema del paro.

Según los datos del Ministerio de Seguridad Social y otras cosas, abril se ha cerrado en la provincia de Córdoba con 96 desempleados, siendo el total de parados de 83.673 y, destacando que en la provincia hay 293.466 personas dadas de alta a la Seguridad Social.

Según el patrón la provincia de Córdoba tiene 781.451 habitantes (398.565 mujeres y 382.886 hombres).

Córdoba Capital tiene 326.039 habitantes, destacando los siguientes pueblos: Lucena con 42.733, Puente Genil con 29.943, Montilla con 22.739, Priego de Córdoba con 22.367, Palma del Río con 20.928, Cabra con 20.347, Baena con 19.045, Pozoblanco con 17.204, La Carlota con 14.079, Aguilar de la Frontera con 13.382 y Peñarroya-Pueblonuevo con 10.561.

*** Los datos de desempleo del Ministerio de S. S. son cifras dopadas, por responder a una realidad puramente contable de registros oficiales, así, que habría que contabilizar los inactivos, los incapacitados permanentes sociales, los ertes y todo el paro oculto derivado de subcontrataciones y empleo parcial.

Por supuesto, los datos del Ministerio ni siquiera hacen referencia a lo que viene con los eres previstos, las empresas zombis y los despidos de las grandes empresas, especialmente, Bancos y Entidades Financieras que afectarán a toda la Provincia de Córdoba.

La recuperación económica, laboral y sanitaria, en definitiva social, es tarea de todos (Gobierno Central, Junta de Andalucía, Diputación, Ayuntamiento de Córdoba y del resto de municipios, Universidad, empresas, colectivos sociales y de todos los ciudadanos), de forma, que si no se trabaja unidos y en una misma dirección de esfuerzo, estaremos pegándonos un tiro en el pie y desaprovechado una ocasión única para modernizar nuestra estructura productiva, adaptándola a los cambios tecnológicos y digitales, mejorando la cualificación profesional de los trabajadores, creando industrias nuevas y transformando las existentes; es decir, que el empleo, la productividad en todos los aspectos, la formación profesional continua y la competitividad deben ser un fin unificado, dirigido a una reforma continua de un ciclo productivo moderno sincronizado con la U. E., Europa y las sociedades nacionales mejor estructuradas y productivas a escala internacional: “Si lo hacemos, el paro dejará de ser un problema endémico en Andalucía y en Córdoba”.

N.B.  Como decía al inicio, en Córdoba el paro es un problema endémico y ahora tenemos una oportunidad valiosísima de pararlo, controlarlo y acabar con su endemicidad, aunque los ertes dopados ya no sirven, de manera, que hay que ir a medidas y reformas estructural del mercado de trabajo y del tejido productivo, mejorando la cualificación profesional, la productividad y la competitividad.

Es una realidad, que los ertes están siendo sustituidos por los eres, ya que, todos admiten ya, que esos instrumentos de dopaje laboral son una trampa mortal en las actuales circunstancias, de forma, que si no se adoptan con urgencia medidas estructurales profundas, las quiebras y la desaparición de empresas y de nuestro tejido productivo aumentarán, y, también, muchos trabajadores quedarán  abandonados a su suerte sin las indemnizaciones de sus empresas, porque es una realidad, que el Fogasa carece de fondos suficientes para cubrir todas las indemnizaciones de las empresas insolventes.

El paro en Andalucía y en Córdoba es una historia interminable de fracasos, problemas y falta de reformas, con una participación social anulada y desconocida, de forma, que tenemos un problema tremendo, que el Gobierno de la Junta y el Gobierno Central siempre han ignorado.

Así mismo, es un hecho, que en Andalucía y en Córdoba estamos desinformados y arruinadosamenazándonos el Gobierno Central con que habrá subidas de impuestos nacionales y otros nuevos de la U. E., de forma, que es hora de que alguien nos explique, qué está pasando realmente, en qué situación nos encontramos, qué medidas se van a aplicar y cuando, y, qué ajustes tendremos que afrontar para salir adelante.

Sin duda, habrá que tomar ya medidas estructurales de reforma, adecuándolas a la realidad de nuestra tierra, y, de recomposición profunda de nuestra economía, aplicándose un plan eficaz de formación y cualificación de los trabajadores hacia la nueva realidad del sector productivo, controlando, además, la pandemia,  aunque todo ello, solo puede ser fruto de un trabajo colectivo de todos los andaluces.

Si seguimos en la inoperancia autodestructiva inane, en Andalucía y en Córdoba el paro aumentará de forma insostenible y sus consecuencias ruinosas llegarán a todos, no solo al sector privado como hasta ahora.

Córdoba, a 6 de mayo de 2021

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Córdoba, a 26 de abril de 2021

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

II. Sector Público y Sector Privado (desigualdad y discriminación – 4 millones de paro registrado)

El muro que ya hay levantado entre el sector público y el sector privado se acrecienta, existiendo dos mundos paralelos desiguales, donde las diferencias son cada vez mayores en todos los sentidos, de manera, que se están produciendo faltas de equidad entre los dos mundos, de los que nacen dos sociedades desiguales: donde unala pública, no nota la crisis y mantiene su nivel de vida e incluso lo acrecienta, mientras, la otra, la privada, se va hundiendo en la pobreza y la ruina, sin que se vean, al menos, indicios de que se intenta reconstruir la igualdad.

La nota discriminatoria más importante, resideen que los poderes públicos forman parte de una de esas sociedades, y, de ninguna forma, por lo que se ve, están dispuestos a bajarse sus privilegios y sus retribuciones sagradas para favorecer a la otra parte camino de la ruina y, además, la privadasi seguimos este camino en dirección contrariaestá en riesgo de desaparecer, al menos, tal y como ha venido siendo hasta ahora, que ha proporcionado muchos años de prosperidad, libertad y bienestar a sus ciudadanos.

*** España ya ha superado la cifra de empleados públicos de la democracia, mientras el sector privado decrece en todos los sentidos, siendo cada vez más pobre y de menor entidad económica y social. A título de ejemplo, un dato, el número de asalariados del sector público ha alcanzado en el cuarto trimestre 2020, la cifra de 3.379.100 de personas con nómina a cargo del contribuyente.

Por lo dicho, veamos otros datos significativos de la EPA-4T-2020que pueden llevar a comprender la magnitud de problema y la necesidad imperiosa de hacer frente al asuntoque se quiera admitir o no, es de todos, así:

** INE – 4T – 2020.  En un añoel número total de empleados públicos ha crecido en 125.800 personasfrente al descenso del número de asalariados privados de 730.400 personas.

En un solo ejercicio oficialmenteel número de trabajadores al servicio de las administraciones (tanto funcionarios como personal laboral o temporales) ha crecido casi un 4%. Concretamente un 3,86%. Esto contrastacon el desplome en el número de asalariados del sector privadoque se ha hundido un 5,37%, según las cifras que pone de relieve el INE.

** Encuesta de Población Activa – Trimestre 4/2020. (miles)

Ocupados:             19.344,3.

Parados:                 13.719,8.

Tasa de actividad:  58,19%.

Tasa de paro:         16,13%.

Inactivos:              16.571.4.

Empleados públicos:  3.379.1

* En el último año la población activa se ha reducido en 94.700 personas.

* España finalizó el año con una subida del paro de 527.900 personas, un 16,5% más que en 2019, hasta alcanzar la cifra de los 3.719.800 desempleados

*  Así las cosas, si a los 3.719.800 parados oficiales les sumamos los inactivos y los sometidos a ERTE, la destrucción real del mercado de trabajo (solo sector privado), queda reflejado en una cifra ruinosa. (Paro, además, dopado con 125.000 empleados públicos más).

* El Gobierno (con gasto descontrolado) cerró el año con 3.379.100 individuos, con nómina a cargo del contribuyente.

– La Administración central tiene 554.800 empleados en la actualidad. Es decir, ha crecido en 20.000 personas.

– Las comunidades autónomas han aumentado su plantilla en casi 100.000 personas en 2020, llegando en el cuarto trimestre de 2020 a 1,94 millones de personas. Han crecido en 92.000 trabajadores más.

– En las entidades locales han llegado a 667.200 empleados, creciendo en 2.500 trabajadores más.

– Las empresas públicas han aumentado la plantilla en 11.200 personas, de forma, que ahora tienen a 172.700 empleados.

***   Paro registrado y paro real.

El paro registrado ha superado al cierre de febrero la cifra de los cuatro millones de personas. En concreto, 4.008.789 trabajadores están registrados en las oficinas públicas de empleo, 44.436 más que en enero.

A finales de febrero, los afectados ERTEs se fueron hasta 900.000 personas, frente a los 740.000 trabajadores registrados un mes antes.

Es un hecho no discutido, que todo el paro, los ertes, el subempleo, los inactivos, etc. afectan exclusivamente al sector privado, lo que significa, que la desigualdad aumenta sin barreras de control. (Desgraciadamente, estamos ya en cifra real de paro de los 7 millones de personas).

Además, el sector productivo privado español es cada vez más pequeño y sostiene a un Estado cada vez más grande, que sólo sabe gastar, subvencionar y aniquilar la riqueza, por ciertocada vez más difícil de generar y en descenso, como lo prueba la caída del PIB al 11%.

*** Desde otra perspectiva, la IGAE (Intervención General Administración del Estado – Ministerio de Hacienda), en su Inventario de unidades públicas clasificadas dentro del sector Administraciones Públicas (S.13), dice lo siguiente:

Subsector Administración Central (S.1311): recoge la totalidad de las unidades públicas no de mercado controladas por el Estado, incluyendo la propia Administración General del Estado.

Subsector Administración Regional (S.1312): comprende las unidades públicas no de mercado controladas por la Administración General de cada una de las diecisiete Comunidades Autónomas, identificando para cada unidad la Comunidad Autónoma que ejerce el control.

Subsector Administración Local (S.1313): incluye las corporaciones locales propiamente dichas (identificadas como Administración General) así como, en su caso, las unidades públicas no de mercado controladas por aquéllas.

Subsector Fondos de la Seguridad Social (S.1314), incluye las unidades públicas que gestionan cotizaciones y prestaciones sociales.

Datos por subsector:

Subsector Administración Central (S.1311): 317 unidades.

Subsector Administración Regional (S.1312): 1.314 unidades.

Subsector Administración Local (S.1313): 15.191 unidades.

Subsector Fondos de la Seguridad Social (S.1314): 29 unidades.

Total, de unidades públicas: 16.851.

*** Lo dicho, pone de manifiesto y reflejaque el Sector Público aumenta día a díavampirizando sin tregua al Sector Privado, razón por la que, las diferencias y los desequilibrios están creando sociedades desiguales, donde la equidad está desapareciendo.

Para terminar, es un imposibleque menos de un tercio de la población de un País sostenga y mantenga a los otros dos tercios y que el gasto público esté descontrolado, de forma, que cuando se agoten las posibilidades de la deuda, los fondos de recuperación de la U. E. se gasten (si llegan) y la recaudación del Estado decrezca, si no se recupera la productividad y se igualan las dos sociedades resultantes deshaciendo la desigualdad y recuperando las diferencias entre ellas, España entrará en fase de quiebra sin remedio.

N.B.  Es una realidad, que España no puede recuperarse y progresar sin que el Sector Público y el Sector Privado estén embridados, de manera, que no existan mundos paralelos y sociedades desiguales, existiendo desigualdad y discriminación por pertenecer a uno u otro sector, como desgraciadamente está ocurriendo, donde lo público se convierte en la sociedad hegemónica postergando y sometiendo al sector privado.

Los datos expuestos, los razonamientos realizados y las conclusiones obtenidas, son realidades incuestionables, se miren como se miren, ya que, frente a la evidencia no caben interpretaciones oscurasque siempre apuntan a intereses privativos ideologizadosopuestos al bien común y general de las sociedades democráticas.

Sin control del gasto público solo puede existir desigualdad y discriminación entre los españoles, de forma, que, además, el Estado puede entrar en quiebra y las consecuencias serán desastrosas para la sociedad española.

Destacar, que Andalucía desafortunadamente tiene uno de los niveles más elevados de paro y subempleo (36,3%), aunque si miramos las tasas de desempleo de jóvenes, mayores de 50 años y mujeres la situación es terrible, ya que superamos todo lo imaginable (42%).

En Córdoba en febrero subió el paro en 1.754 personas, en la provincia había el mes pasado 83.265 desempleados (11.482 más que hace un año), un 2,15% más que en enero, de forma, que si se mira la comparativa anual hay una subida del desempleo de un 16%.

Córdoba, a 2 de marzo de 2021

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.