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Córdoba y la paradoja del bienestar – (La trampa del dinero público)

Quien visita Córdoba durante su mayo festivo asiste a un espectáculo desconcertante. Ver las casetas de la feria llenas, los patios desbordantes y un ambiente de celebración absoluta choca frontalmente con los fríos datos macroeconómicos: Nos encontramos ante una de las provincias con mayor despoblación de la región y, simultáneamente, la segunda con más paro de toda España.

¿Cómo es posible que este equilibrio se sostenga sin que la provincia, su capital y sus pueblos no salten socialmente por los aires?

La respuesta a esta paradoja no se reduce a un solo factor, sino a una compleja red de contrapesos económicos, dinámicas de resistencia social y, fundamentalmente, a un modelo de dependencia pública tan profundo que define tanto nuestra estabilidad diaria como nuestro estancamiento estructural.

<<Los amortiguadores – Por qué no explota Córdoba>>

El aparente bienestar que se respira en las calles durante las épocas de esplendor responde a mecanismos muy arraigados en la sociedad cordobesa:

1.- La economía sumergida y la estacionalidad: Una parte sustancial de la actividad económica no computa en las estadísticas oficiales. El sector agrícola (olivar, dehesa, campiña) funciona mediante campañas que los trabajadores alternan con periodos de subsidio por desempleo (como el PER). En paralelo, la hostelería vive su temporada de oro en primavera, ya que, el mayo cordobés inyecta una liquidez inmediata a través de contratos temporales y peonadas extras que las familias, que en gran medida, reinvierten en la propia fiesta.

2.- La red familiar como institución económica: Los lazos familiares actúan como el verdadero colchón de la provincia. La solidaridad intergeneracional permite que las pensiones de los mayores o los sueldos fijos de los funcionarios sostengan a hijos y nietos desempleados, a lo que, sin duda, hay que sumar a un alto índice de vivienda en propiedad (heredada o compartida), lo que reduce drásticamente el coste de la supervivencia básica en comparación con las grandes metrópolis.

3.- La cultura del ahorro para el disfrute: El mayo festivo no se percibe en Córdoba como un lujo superfluo, sino como una válvula de escape psicológica y un derecho cultural. Se dice, no sé si con razón, que muchas familias economizan al máximo durante el invierno con el único fin de reservar un fondo para estas fechas  a lo que se añade, el acceso democrático a la fiesta (patios gratuitos y casetas de feria mayoritariamente públicas) lo que permite la participación colectiva sin necesidad de desembolsos prohibitivos.

4.- La ilusión de la concentración demográfica: Aunque el norte de la provincia (Los Pedroches, el Guadiato) y las áreas rurales sufren una despoblación sangrienta, la capital y los municipios mayores (Lucena, Puente Genil, Montilla) retienen su dinamismo. Es por eso, que en mayo, la convergencia de toda la provincia en la capital genera la falsa sensación de que allí no falta nadie.

<<La radiografía real – (Una provincia subsidiada).

Sin embargo, es un hecho patente, que más allá de la resiliencia social y la informalidad laboral, el verdadero pilar que sostiene la economía cordobesa es el flujo de dinero público, . Si ampliamos el concepto de sector público más allá de los funcionarios tradicionales e incluimos a toda la población cuyos ingresos principales provienen de las arcas del Estado, las cifras desvelan un escenario perturbador.

Oficialmente, sobre una población total de unos 770.000 habitantes, la radiografía de la dependencia pública en Córdoba se distribuye de la siguiente manera:

*Pensionistas (contributivas y no contributivas): La cifra se puede fijar prudentemente en  185.300 personas., lo que implica que el envejecimiento demográfico hace que casi una de cada cuatro personas en la provincia sea pensionista.

*Empleados públicos: Unos 51.500 trabajadores repartidos entre la administración local, autonómica y estatal. (Un cálculo más realista se situaría la cifra por encima de las 200.000 personas).

*Parados con prestación y subsidios (incluido PER/PROFEA): Unas 53.800 personas con cobertura de desempleo o ayudas asistenciales.

*Ingreso Mínimo Vital (IMV) y rentas de integración: Unos 25.500 beneficiarios.

**El indicador definitivo es demoledor: Una cifra superior a 350.500 cordobeses reciben su principal ingreso mensual directamente de los presupuestos públicos. Esto equivale aproximadamente al 42,5% de la población total, una proporción que se dispara y roza las dos terceras partes si filtramos el análisis únicamente hacia la población adulta que se encuentra en edad o disposición de percibir ingresos.

<<Las consecuencias de la trampa pública – (A la cola)>>

Esta colosal dependencia presupuestaria funciona como un excelente escudo contra la miseria extrema, pero actúa al mismo tiempo como un cepo para el desarrollo, ya que, este modelo condena a Córdoba a estar persistentemente en el vagón de cola debido a varias debilidades estructurales:

*Una ratio de sostenibilidad al límite: En una economía equilibrada se requiere una base sólida de cotizantes privados. En Córdoba, la relación es crítica: <Apenas existen 1,9 trabajadores ocupados por cada pensionista, una cifra notablemente inferior a la media nacional>.

*El dinero público como “suelo” y no como “motor”: “Las pensiones, subsidios y rentas mínimas se destinan casi íntegramente al consumo básico diario y al comercio local”. Es un capital que estabiliza el día a día, pero que no genera valor añadido, no patenta, no innova ni se reinvierte en la creación de tejido industrial autónomo.

*El “efecto imán” – Debilidad privada: Al carecer de grandes industrias y corporaciones multinacionales que ofrezcan salarios competitivos, el talento cordobés se canaliza de forma masiva hacia el sector  público (oposiciones, contratos públicos, etc.), siendo un hecho perverso que los mejor preparados emigran y/o dedican su tiempo y sus mejores años productivos al estudio de temarios públicos en lugar de emprender, lo que conlleva  que el sector privado queda sin innovación, hipertrofiado en sectores de baja productividad (hostelería y agricultura estacional) y compuesto casi exclusivamente por microempresas y autónomos sin posibilidades financieras.

La comparación con provincias vecinas evidencia la brecha: “Mientras que en territorios como Málaga la dependencia del dinero público cae al 29% gracias al empuje de la inversión extranjera, el turismo tecnológico y la iniciativa privada, Córdoba ha convertido al trabajo público en su única estructura sólida.

<<El horizonte de cambio>>

Existe, no obstante, un punto de inflexión en el futuro cercano, concretamente, la implantación de la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET) General de Ejército Javier Varela, ya que, aunque se trata de una inversión de origen público, su verdadero valor estratégico radica en su capacidad para actuar como un imán para empresas privadas de alta tecnología, inteligencia artificial, robótica y mantenimiento industrial. Representa, posiblemente, la oportunidad histórica más clara que ha tenido Córdoba para diversificar su tejido productivo.

Mientras esa posible transición se consolida, la realidad de la provincia sigue atrapada en una dolorosa contradicción. *Una tierra que fía su estabilidad económica al Boletín Oficial del Estado y al de la Junta de Andalucía, a la Diputación y a los Ayuntamientos estará siempre blindada contra el colapso absoluto, pero permanecerá presa bajo un techo de cristal que le impide competir con economías dinámicas*.

Mientras la principal fuente de sustento de casi la mitad de sus habitantes dependa de las transferencias del Estado y del dinero público, y, no de la riqueza que produce su propia población, revertir la despoblación y el desempleo estructural seguirá siendo una tarea de enorme envergadura, que hasta la fecha nadie ha querido transformar, por lo que seguiremos a la cola y paralizados.

N. B. Imagen. Córdoba dual.

Córdoba, 24 de mayo de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado. ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

CCAA ricas y pobres en España (diferencias en aumento)

Pregunta: ¿Cuál es la CCAA más rica, cuál la más pobre, están aumentando o disminuyendo las diferencias, y, en qué posición está Andalucía?

Respuesta: Las diferencias económicas y sociales entre las comunidades autónomas (CCAA) de España están creciendo debido a factores históricos, estructurales y socioeconómicos. A continuación, se resumen las causas principales, la situación de Andalucía y las posiciones de las CCAA más rica y más pobre, basándonos en datos disponibles hasta 2021-2025.

<<Causas de la creciente desigualdad>>

**Diferencias históricas: Desde el siglo XIX, regiones como País Vasco, Cataluña y Madrid se industrializaron, mientras que Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha dependían de la agricultura, con menor desarrollo económico. Este patrón norte-sur persiste, con el norte manteniendo economías más diversificadas y de mayor valor añadido.

**Productividad y empleo: Las regiones ricas (Madrid, País Vasco) tienen mayor productividad, tasas de empleo más altas (70-71%) y salarios elevados. Las regiones pobres (Andalucía, Extremadura) enfrentan alto desempleo, empleo precario y estacional, y salarios bajos, lo que limita su renta per cápita.

**Crisis de 2008: La convergencia económica entre regiones (1960-1980) se detuvo tras la crisis, afectando más al sur (dependiente de construcción y turismo). La recuperación post-2017 fue más débil en regiones pobres.

**Capital y tecnología: Madrid y Cataluña concentran hubs tecnológicos y financieros, mientras que Andalucía y Extremadura tienen menos acceso a inversiones y avances tecnológicos.

**Demografía y migración: Las regiones ricas atraen población joven y cualificada, mientras que Andalucía y Extremadura sufren emigración juvenil y envejecimiento, lo que reduce su capacidad productiva. En Andalucía, la llegada de mayores y el turismo masivo sobrecargan los servicios públicos.

**Financiación autonómica: Regiones como País Vasco y Navarra se benefician de regímenes fiscales forales, mientras que el sistema de financiación no equilibra suficientemente las disparidades. Políticas como el “cupo catalán” agravarán la brecha.

**Dependencia sectorial: Andalucía, Canarias y Baleares dependen del turismo estacional, con empleos de bajo valor, frente a la diversificación de Madrid o Cataluña (finanzas, tecnología).

**Pobreza estructural: Andalucía y Extremadura tienen altas tasas de pobreza (30,5% y 37,6%, respectivamente) y exclusión social, reforzando un círculo vicioso de baja productividad y desempleo.

<<CCAA más rica: Comunidad de Madrid>>

  • PIB per cápita (2021): 34.821 euros (36,6% por encima de la media nacional de 25.498 euros).
  • Patrimonio neto (2025): 686.988 euros por habitante (EsadeEcPol).
  • Fortalezas: Alta tasa de empleo (71,2% en 2019), sectores de alto valor añadido (tecnología, servicios).

<<CCAA más pobre: Andalucía y Extremadura>>

**Andalucía:

  • PIB per cápita (2021): 18.906 euros (25,9% por debajo de la media nacional).
  • Patrimonio neto (2025): 258.378 euros, solo por encima de Extremadura.
  • Tasa de pobreza (2023): 30,5%, la más alta de España y la UE (EAPN-ES).
  • Tasa AROPE (2023): 37,5% (riesgo de pobreza o exclusión social).

**Indicadores clave:

  • Renta bruta media (2021): 24.169 euros (media nacional: 29.014 euros).
  • Tasa de empleo (2019): 55%, similar a Extremadura.
  • Tasa de temporalidad (2018): 35%, de las más altas.
  • Crecimiento PIB (2023): 3,1% (media nacional: 5,5%).
  • Renta disponible (2020): 12.844 euros (media nacional: 15.817 euros).

**Contexto: Dependencia de agricultura (5,9% del VAB) y turismo, alta temporalidad laboral, sobrecarga de servicios públicos por envejecimiento y turismo masivo.

**Extremadura:

  • PIB per cápita (2021): 19.072 euros.
  • Patrimonio neto (2025): 228.869 euros.
  • Tasa de pobreza: 37,6%, de las más altas.

<<Posición de Andalucía>>

Andalucía es la CCAA con el PIB per cápita más bajo (18.906 euros) o penúltima, según indicadores, y, la región con mayor pobreza (30,5%) y exclusión social (37,5%).

Aunque muestra mejoras económicas lentas, factores como la emigración juvenil, el envejecimiento, el turismo masivo y la financiación limitada lastran su desarrollo.

<<Conclusión>>

La brecha entre CCAA ricas (Madrid, País Vasco, Navarra, Cataluña) y pobres (Andalucía, Extremadura, Canarias) está aumentando debido a desigualdades históricas, diferencias en empleo, productividad, capital, y políticas públicas insuficientes. La crisis de 2008 frenó la convergencia, y, factores como el “cupo catalán” podrían ampliar aún más las disparidades. Andalucía, última o penúltima en riqueza, enfrenta retos estructurales agravados por dinámicas demográficas y turísticas.

Nota final: Los datos reflejan tendencias hasta 2025, con limitaciones por falta de información actualizada.

Andalucía mejora lentamente, pero su economía y servicios públicos están saturados, necesitando soluciones que eviten subidas fiscales insostenibles.

N.B. La diferencias entre CCAA ricas y pobres en España siguen en aumento.

Dicho de otra forma, las diferencias económicas y sociales entre las comunidades autónomas (CCAA) de España están creciendo debido a factores históricos, estructurales y socioeconómicos.

Andalucía está infra-financiada y la singularidad fiscal de Cataluña -el cupo catalán- hará un agujero más grande aún, de manera, que esperemos que sea inaplicable por ser algo inviable.

Córdoba, 22 de julio de 2025.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S.S.

Aranceles 30% de Trump (sí o no) – Córdoba (Efectos y soluciones)

Un grupo de lectores pregunta,

¿Qué impacto tendrán los posibles aranceles del 30% anunciados por el Presidente Trump para la U. E. en Córdoba?

A pesar de ser un asunto vidrioso y complicado en la Asociación Córdoba Abierta -ACOA- hemos puesto a trabajar a nuestros asociados y colaboradores, ya que, creemos que el asunto se merece un artículo lo más completo posible y que sirva de orientación a los lectores, pero siempre buscando la claridad dentro de la brevedad.

<<Impacto de los aranceles en Córdoba>>

En abril de 2025, el presidente Donald Trump anunció aranceles del 10% para todos los países, 20% para la Unión Europea y 25% para el sector automotriz, afectando las exportaciones españolas a EE. UU., que en 2024 alcanzaron 18.179 millones de euros (5% del total). En Córdoba, el sector agroalimentario, pilar económico, es el más vulnerable, especialmente el aceite de oliva, el vino de Montilla-Moriles y otros productos agrícolas, junto con ciertos segmentos industriales y automotrices.

**Sectores afectados.

*Agroalimentario:

-Aceite de oliva: España exportó 113.416 toneladas a EE. UU. en 2024 (1.000 millones de euros). Los aranceles del 20% podrían reducir las exportaciones entre un 10% y un 25%, afectando a cooperativas cordobesas como Dcoop. Esto podría generar excedentes en Europa, abaratando precios y reduciendo ingresos.

-Vino: Los vinos de Montilla-Moriles, con exportaciones de 335 millones de euros a EE. UU., enfrentan pérdidas por los aranceles del 20% y posibles incrementos al 200%.

-Otros productos agrícolas: Frutas, hortalizas y lácteos perderán competitividad.

*Industrial y automotriz:

-Maquinaria mecánica y componentes (2.510,9 millones de euros en exportaciones nacionales) y aceites industriales (1.004 millones) enfrentarán sobrecostes. En Córdoba, la fabricación de maquinaria agrícola y componentes automotrices podría reducir su actividad y empleo.

*Impacto económico.

-Pérdida de competitividad: Los productos cordobeses serán más caros en EE. UU., cediendo cuota de mercado a países con aranceles menores (Reino Unido, Brasil).

-Empleo: La caída de exportaciones podría reducir la actividad económica y generar pérdidas de empleo.

-Efectos indirectos: Menor demanda de bienes y servicios en la cadena productiva local.

*Medidas de disminución de efectos negativos.

-Gobierno español: Un plan de 14.100 millones de euros incluye 5.000 millones del ICO para créditos, apoyo a la diversificación de mercados (Asia, América Latina) y negociaciones con EE. UU. para reducir aranceles.

-Andalucía: Como región afectada, busca medidas recíprocas contra productos estadounidenses, aunque esto podría escalar tensiones.

*Conclusiones.

Los aranceles de Trump amenazan la economía cordobesa, especialmente el sector agroalimentario, con caídas en exportaciones, competitividad y empleo. Aunque el impacto en el PIB español es limitado (0,11%-0,3%), Córdoba debe diversificar mercados y aprovechar ayudas gubernamentales para mitigar efectos. La incertidumbre global exige una respuesta coordinada.

*Propuestas de Córdoba Abierta ACOA.

  • Diversificación: Explorar mercados alternativos para aceite y vino.
  • Ayudas: Acceder a fondos del gobierno español.
  • Innovación: Invertir en certificaciones ecológicas y marcas premium.
  • Colaboración: Coordinar con asociaciones como FIAB para estrategias conjuntas.

<<Respuesta a la pregunta de los lectores>>

¿Qué impacto tendrán los posibles aranceles del 30% de Trump para la UE en Córdoba?

*El impacto en Córdoba será significativo:

-Agroalimentario: El aceite de oliva y el vino, claves en la economía cordobesa, enfrentarán una caída de exportaciones (10%-25%) y pérdida de competitividad en EE. UU., afectando cooperativas y empleos.

-Industrial y automotriz: Maquinaria y componentes sufrirán sobrecostes, reduciendo ingresos y actividad.

-Efectos económicos: Menor demanda, excedentes en Europa y posible impacto en el empleo local.

-Soluciones: Diversificar mercados, aprovechar ayudas del gobierno (14.100 millones de euros) y negociar con EE. UU. para reducir aranceles.

Córdoba debe actuar rápido para mitigar estos efectos mediante innovación y apertura de nuevos mercados.

N.B. A pesar de ser un asunto con mucha incertidumbre en la Asociación Córdoba Abierta -ACOA- hemos puesto a trabajar a nuestros asociados y colaboradores, ya que, creemos que el asunto se merece un artículo lo más completo posible y que sirva de orientación a los lectores, que nos preguntan.

A destacar, que el Banco Central Europeo estimaba que un arancel del 25% reduciría el PIB comunitario en 0,3 puntos porcentuales. Con el arancel del 30%, el impacto podría ser ligeramente mayor, aunque para España, con un peso relativo menor en las exportaciones a EE. UU. (5%), el efecto directo en el PIB sería limitado, estimado entre 0,11% y 0,3%. Sin embargo, en Córdoba, la dependencia del sector agroalimentario amplifica el impacto local.

(Nota final: Como opinión personal para expresar mi disconformidad por esta forma de actuar en la incertidumbre permanente del Presidente Trump, solo se me ocurre decir: “Malhaya”.

Me explico: La política de aranceles de Trump genera inestabilidad e incertidumbre, produciendo a nivel global recesión y donde los costes superarán cualquier beneficio potencial, dañando tanto a la economía estadounidense como a la del resto del mundo y perjudicando directamente a la clases medias y bajas.

Los aranceles de Trump perjudican a las clases medias porque incrementan los precios de bienes esenciales, generan inflación, afectan el empleo en sectores clave, actúan como un impuesto regresivo y crean incertidumbre económica. ).

Córdoba, 15 de julio de 2025.

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S.S.

Llamamiento de la Presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ en defensa de los jueces (Ataques políticos a jueces en municipios). Artículo (II)

<<Ejemplos concretos y la necesidad de proteger la independencia judicial>>

El llamamiento de la presidenta del Tribunal Supremo (TS) y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, el 11 de junio de 2025, pone de manifiesto una preocupante realidad: los ataques y descalificaciones a jueces, especialmente en el ámbito local, se han convertido en una práctica recurrente que amenaza la independencia del poder judicial. Estas agresiones no solo ocurren en los grandes tribunales, sino que afectan de manera particularmente grave a los jueces de municipios pequeños, donde la presión política y social es más directa y la impunidad de los agresores parece estar garantizada. A continuación, se presentan ejemplos concretos de casos recientes que ilustran esta problemática, basados en información disponible y en el contexto del llamamiento de Perelló, junto con un análisis de su impacto en el Estado de Derecho.

**Ejemplos locales de ataques políticos a jueces:

  • Badajoz: Caso de la jueza Beatriz Biedma (2025)
    En Badajoz, la magistrada Beatriz Biedma Rojano, titular del Juzgado de Instrucción número 3, ha sido objeto de críticas y presiones públicas por parte de actores políticos locales en relación con sus decisiones judiciales. Según publicaciones en X, las asociaciones judiciales de Extremadura emitieron un comunicado conjunto en respaldo a Biedma, destacando la necesidad de proteger su independencia frente a lo que consideraron un ataque injustificado. Este caso, que también fue apoyado por concentraciones de jueces y fiscales en Badajoz el 11 de junio de 2025, refleja cómo las decisiones judiciales en un municipio pueden generar reacciones políticas que buscan deslegitimar al juez. En particular, se menciona que la Audiencia de Badajoz respaldó a Biedma en un caso relacionado con acusaciones de fraude de ley, lo que evidencia el intento de ciertos actores políticos de interferir en su labor.
  • Puerto Lumbreras, Murcia: Presiones sobre jueces locales (2014-2017)
    Aunque no es un caso reciente, el episodio de Puerto Lumbreras ilustra una dinámica que persiste en muchos municipios. En 2014, una investigación sobre irregularidades en la construcción de un auditorio, liderada por el entonces alcalde Pedro Antonio Sánchez, fue trasladada al Tribunal Superior de Justicia de Murcia debido a su condición de aforado. Según informes, ciertos jueces locales que intentaron avanzar en la investigación sufrieron presiones indirectas por parte de figuras políticas vinculadas al Partido Popular (PP), quienes buscaban evitar la imputación de Sánchez. Esta situación, que se prolongó hasta 2017, demuestra cómo las autoridades locales pueden ejercer influencia para proteger sus intereses, afectando la imparcialidad de los jueces locales.
  • Casos genéricos en pequeños municipios españoles.

Aunque no siempre se documentan con nombres específicos debido a la falta de cobertura mediática, se trata de un fenómeno extendido: alcaldes de pequeños municipios que critican públicamente resoluciones judiciales sin fundamentos jurídicos, aprovechando su posición de poder local. Un ejemplo hipotético, pero representativo, sería el de un alcalde que, tras una sentencia que anula una decisión municipal (como la concesión irregular de una licencia urbanística), sale a los medios locales acusando al juez de “actuar contra los intereses del pueblo” o de “no entender la realidad local”. Estas declaraciones, que suelen hacerse sin pruebas y con fines populistas, buscan presionar al juez y deslegitimar su autoridad, dejando al magistrado en una posición de indefensión, especialmente en comunidades pequeñas donde la opinión pública puede ser fácilmente influenciada.

<<La gravedad de los ataques en el ámbito local>>

Los ejemplos anteriores ilustran varios puntos clave:

  • Vulnerabilidad de los jueces locales: En los municipios, los jueces suelen trabajar solos, sin el respaldo mediático o institucional que tienen los magistrados de instancias superiores. Esto los hace más susceptibles a las presiones de autoridades locales, como alcaldes o concejales, que pueden usar su influencia para generar un clima de hostilidad.
  • Impunidad de los agresores: Los responsables de estas descalificaciones rara vez enfrentan consecuencias. En el caso de Badajoz, por ejemplo, el respaldo a la jueza Biedma vino de sus colegas y asociaciones judiciales, pero no hay evidencia de sanciones efectivas contra los actores políticos implicados. Esta impunidad refuerza la percepción de que el poder político está por encima de la ley.
  • Impacto en la confianza ciudadana: Los ataques públicos a jueces locales no solo afectan a los magistrados, sino que erosionan la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial. Cuando un alcalde cuestiona abiertamente una resolución, sin fundamentos, envía el mensaje de que las decisiones judiciales son arbitrarias o susceptibles de manipulación.

<<La necesidad de actuar: Propuestas para proteger a los jueces locales>>

El llamamiento de Isabel Perelló debe traducirse en medidas concretas para proteger a los jueces, especialmente en los municipios. Algunas propuestas inspiradas  en el contexto actual, incluyen:

  • Fortalecer los mecanismos de defensa del CGPJ: Como señala un artículo de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, la Ley Orgánica del Poder Judicial carece de herramientas efectivas para proteger a los jueces frente a injerencias externas. El CGPJ debe establecer protocolos claros para sancionar a quienes ataquen la independencia judicial, incluyendo declaraciones públicas de condena y, en casos graves, la remisión a la vía penal.
  • Sanciones a autoridades locales: Los alcaldes o cargos públicos que critiquen resoluciones judiciales sin fundamento deben enfrentar consecuencias, ya sea a través de sanciones administrativas o de procedimientos disciplinarios. Esto requiere una mayor coordinación entre el CGPJ y los poderes locales.
  • Apoyo institucional a jueces locales: Crear un sistema de apoyo específico para jueces en municipios pequeños, incluyendo asesoramiento legal y psicológico, así como campañas de sensibilización para educar a la ciudadanía sobre la importancia de la independencia judicial.
  • Respuesta de la sociedad civil: Como propone la Asociación Córdoba Abierta (ACOA), las organizaciones ciudadanas deben desempeñar un papel activo en la defensa de los jueces, promoviendo el respeto a sus decisiones y denunciando cualquier intento de presión política.

<<Conclusión>>

Los ataques políticos a jueces en el ámbito local, como los casos de Badajoz, Puerto Lumbreras o los ejemplos genéricos descritos, son una manifestación clara de la “carcoma perversa” denunciada por Isabel Perelló. Estos episodios, que a menudo pasan desapercibidos en el panorama nacional, tienen un impacto devastador en la independencia judicial y en la confianza ciudadana en el Estado de Derecho. Proteger a los jueces locales no es solo una cuestión de justicia, sino una necesidad urgente para preservar los fundamentos de nuestra democracia. El CGPJ, las asociaciones judiciales y la sociedad civil deben unirse en un esfuerzo colectivo para garantizar que ningún juez, especialmente en los pequeños municipios, se sienta solo frente a las presiones políticas. Como bien se dice en ACOA “si no empezamos defendiendo y apoyando siempre a ese poder judicial pequeño, la conclusión es que estamos perdidos”.

N. B. Hacemos nuestro el llamamiento de la Presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ en defensa de los jueces, con especial referencia a los ataques políticos a jueces en municipios, porque son la base de nuestro Estado de Derecho y el fundamento de la democracia. Están en la primera línea de defensa y hay que protegerlos  y servirles de salvaguardia.

Córdoba, 17 de junio de 2025

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S.S.