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Brecha entre las pensiones de los funcionarios públicos y las del sector privado en España (equidad y sostenibilidad)

Los lectores me siguen preguntando cosas sobre la Seguridad Social, y, esta vez, plantean el problema de la brecha entre las pensiones de los funcionarios públicos y las del sector privado, asunto que es una realidad en aumento, así que trataremos de dar una información breve, clara y detallada.

Es un hecho patente que existe una brecha significativa entre las pensiones de los funcionarios públicos y las del sector privado, de forma,  que señalaremos las causas, las consecuencias y posibles soluciones, así como de un análisis crítico sobre la sostenibilidad y equidad de ambos regímenes.

<<Diagnóstico crítico de la brecha pensional>>

La diferencia media de alrededor de 1.026 euros mensuales (un 62% más para los funcionarios) evidencia un desequilibrio estructural entre los sistemas de Clases Pasivas y Régimen General. Este diferencial no responde únicamente a derechos adquiridos o historiales contributivos diversos, sino a un modelo dual que ha consolidado privilegios históricos y desajustes en la arquitectura de la protección social española.

Mientras el Régimen de Clases Pasivas ofrece estabilidad, criterios de cálculo más favorables y complementos consolidados, el Régimen General se ha reformado de forma recurrente en nombre de la sostenibilidad, afectando principalmente a los trabajadores del sector privado con trayectorias laborales más fragmentadas.

“El resultado es un sistema percibido como inequitativo, regresivo y financieramente vulnerable”.

<<Causas estructurales>>

*Asimetría normativa: la coexistencia de dos sistemas jurídicos y contables distintos perpetúa divergencias en la base reguladora, mecanismos de actualización y derechos pasivos.

*Diferencial de estabilidad laboral: las carreras lineales y estables del empleo público contrastan con la volatilidad contractual del mercado privado, afectando directamente el número de años cotizados y la cuantía final de la pensión.

*Resistencia a la convergencia: las sucesivas reformas han mantenido regímenes privilegiados bajo una lógica de <intangibilidad de derechos>, sin una transición coherente hacia la equiparación progresiva.

*Envejecimiento y demografía: el incremento de jubilaciones públicas en la próxima década tensionará las cuentas estatales si no se adoptan medidas compensatorias.

<<Análisis crítico: un modelo insostenible y socialmente regresivo>>

El sistema actual genera una desigualdad visible tanto intrageneracional (entre trabajadores presentes) como intergeneracional (entre trabajadores actuales y futuros).

La sostenibilidad fiscal se ve comprometida por el peso creciente de las Clases Pasivas, mientras que el principio constitucional de igualdad ante la ley (art. 14 CE) se tensiona por la distinta consideración de esfuerzos contributivos similares.

Además, esta situación erosiona la confianza ciudadana en la justicia del sistema y contribuye a una percepción de dualidad social, donde el Estado protector se convierte en agente de desigualdad.

(Nota. En este caso examinado de diferencias injustas entre pensiones, se vulnera de forma clamorosa la Constitución Española de 1978 en sus art. 1.1., (valor justicia), 9., (legalidad y principios constitucionales), 14 (igualdad entre los españoles), 39., (protección social), 41., (Seguridad Social), 103., (administración pública), y, cc.).

<<Medidas correctoras y propuestas innovadoras>>

1.- Convergencia normativa y fiscal de regímenes: Iniciar un proceso gradual de integración de Clases Pasivas en el Régimen General, con un calendario claro y mecanismos de compensación transitoria. Este proceso debe garantizar la proporcionalidad entre aportaciones, años cotizados y derechos reconocidos.

2.- Creación de un Fondo de Equidad Pensional: Establecer un instrumento financiero que module las diferencias entre pensiones públicas y privadas mediante aportaciones estatales y sociales, con transparencia en su gobernanza.

Su objetivo sería igualar las tasas de sustitución y mejorar las pensiones bajas del sector privado.

3.-  Nuevo modelo de cálculo mixto: Incorporar un sistema basado parcialmente en puntos o cuentas nocionales que asocien directamente la pensión a la trayectoria contributiva, evitando inflaciones de última hora derivadas de los complementos del sector público.

4.- Vinculación de revalorización y sostenibilidad: Fusionar el principio de poder adquisitivo con el Factor de Equidad Intergeneracional, garantizando pensiones dignas pero sostenibles, evaluadas por una autoridad actuarial independiente.

5.- Profesionalización y movilidad intersectorial: Favorecer una mayor movilidad entre empleo público y privado, unificando tramos de cotización y facilitando la portabilidad plena de los derechos adquiridos. Esto fomentaría la cohesión del sistema y reduciría la segmentación laboral.

6.- Participación ciudadana y transparencia: Implantar un Consejo Social de Pensiones que supervise el equilibrio entre equidad y sostenibilidad. Incluya representantes de trabajadores, pensionistas, expertos y Administración.

<<Enfoque innovador: hacia la “Cuenta Pensional Única Española”>>

Proponer la creación de una Cuenta Pensional Única (CPU), unificada y digital, que acumule todas las cotizaciones del ciudadano (públicas y privadas) a lo largo de su vida laboral.
**Esta herramienta permitiría:

-Integrar regímenes en una lógica de justicia contributiva.

-Facilitar la trazabilidad y transparencia de las aportaciones.

-Evitar duplicidades y desigualdades entre regímenes.

-Modernizar el sistema con proyecciones personalizadas y educación previsional.

<<Conclusión>>

La brecha pensional entre funcionarios y empleados privados no es una anomalía coyuntural, sino una consecuencia sistémica de la dualidad institucional del régimen español. Mantener ese diseño supone perpetuar una desigualdad contraria a los principios de equidad y sostenibilidad financiera.

La integración progresiva, la innovación institucional y la transparencia pública son esenciales para asegurar un sistema de pensiones único, justo y viable, capaz de sostener la cohesión social en una España que envejece y demanda justicia intergeneracional.

N.B. La brecha entre las pensiones de los funcionarios públicos y las del sector privado está marcada por la falta de equidad y la estructura de la sostenibilidad en ambos sistemas.

La diferencia señalada que se sitúa en 1.026 euros mensuales y con un 62% más para los funcionarios, se explica por dinámicas históricas y estructurales, aunque, la evolución demográfica y los retos económicos obligan a una reflexión crítica y a repensar el sistema para asegurar su equidad y sostenibilidad en el futuro.

Córdoba, 8 de octubre de 2025.

Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Asociación Córdoba Abierta -ACOA-. Presidente.

CCAA ricas y pobres en España (diferencias en aumento)

Pregunta: ¿Cuál es la CCAA más rica, cuál la más pobre, están aumentando o disminuyendo las diferencias, y, en qué posición está Andalucía?

Respuesta: Las diferencias económicas y sociales entre las comunidades autónomas (CCAA) de España están creciendo debido a factores históricos, estructurales y socioeconómicos. A continuación, se resumen las causas principales, la situación de Andalucía y las posiciones de las CCAA más rica y más pobre, basándonos en datos disponibles hasta 2021-2025.

<<Causas de la creciente desigualdad>>

**Diferencias históricas: Desde el siglo XIX, regiones como País Vasco, Cataluña y Madrid se industrializaron, mientras que Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha dependían de la agricultura, con menor desarrollo económico. Este patrón norte-sur persiste, con el norte manteniendo economías más diversificadas y de mayor valor añadido.

**Productividad y empleo: Las regiones ricas (Madrid, País Vasco) tienen mayor productividad, tasas de empleo más altas (70-71%) y salarios elevados. Las regiones pobres (Andalucía, Extremadura) enfrentan alto desempleo, empleo precario y estacional, y salarios bajos, lo que limita su renta per cápita.

**Crisis de 2008: La convergencia económica entre regiones (1960-1980) se detuvo tras la crisis, afectando más al sur (dependiente de construcción y turismo). La recuperación post-2017 fue más débil en regiones pobres.

**Capital y tecnología: Madrid y Cataluña concentran hubs tecnológicos y financieros, mientras que Andalucía y Extremadura tienen menos acceso a inversiones y avances tecnológicos.

**Demografía y migración: Las regiones ricas atraen población joven y cualificada, mientras que Andalucía y Extremadura sufren emigración juvenil y envejecimiento, lo que reduce su capacidad productiva. En Andalucía, la llegada de mayores y el turismo masivo sobrecargan los servicios públicos.

**Financiación autonómica: Regiones como País Vasco y Navarra se benefician de regímenes fiscales forales, mientras que el sistema de financiación no equilibra suficientemente las disparidades. Políticas como el “cupo catalán” agravarán la brecha.

**Dependencia sectorial: Andalucía, Canarias y Baleares dependen del turismo estacional, con empleos de bajo valor, frente a la diversificación de Madrid o Cataluña (finanzas, tecnología).

**Pobreza estructural: Andalucía y Extremadura tienen altas tasas de pobreza (30,5% y 37,6%, respectivamente) y exclusión social, reforzando un círculo vicioso de baja productividad y desempleo.

<<CCAA más rica: Comunidad de Madrid>>

  • PIB per cápita (2021): 34.821 euros (36,6% por encima de la media nacional de 25.498 euros).
  • Patrimonio neto (2025): 686.988 euros por habitante (EsadeEcPol).
  • Fortalezas: Alta tasa de empleo (71,2% en 2019), sectores de alto valor añadido (tecnología, servicios).

<<CCAA más pobre: Andalucía y Extremadura>>

**Andalucía:

  • PIB per cápita (2021): 18.906 euros (25,9% por debajo de la media nacional).
  • Patrimonio neto (2025): 258.378 euros, solo por encima de Extremadura.
  • Tasa de pobreza (2023): 30,5%, la más alta de España y la UE (EAPN-ES).
  • Tasa AROPE (2023): 37,5% (riesgo de pobreza o exclusión social).

**Indicadores clave:

  • Renta bruta media (2021): 24.169 euros (media nacional: 29.014 euros).
  • Tasa de empleo (2019): 55%, similar a Extremadura.
  • Tasa de temporalidad (2018): 35%, de las más altas.
  • Crecimiento PIB (2023): 3,1% (media nacional: 5,5%).
  • Renta disponible (2020): 12.844 euros (media nacional: 15.817 euros).

**Contexto: Dependencia de agricultura (5,9% del VAB) y turismo, alta temporalidad laboral, sobrecarga de servicios públicos por envejecimiento y turismo masivo.

**Extremadura:

  • PIB per cápita (2021): 19.072 euros.
  • Patrimonio neto (2025): 228.869 euros.
  • Tasa de pobreza: 37,6%, de las más altas.

<<Posición de Andalucía>>

Andalucía es la CCAA con el PIB per cápita más bajo (18.906 euros) o penúltima, según indicadores, y, la región con mayor pobreza (30,5%) y exclusión social (37,5%).

Aunque muestra mejoras económicas lentas, factores como la emigración juvenil, el envejecimiento, el turismo masivo y la financiación limitada lastran su desarrollo.

<<Conclusión>>

La brecha entre CCAA ricas (Madrid, País Vasco, Navarra, Cataluña) y pobres (Andalucía, Extremadura, Canarias) está aumentando debido a desigualdades históricas, diferencias en empleo, productividad, capital, y políticas públicas insuficientes. La crisis de 2008 frenó la convergencia, y, factores como el “cupo catalán” podrían ampliar aún más las disparidades. Andalucía, última o penúltima en riqueza, enfrenta retos estructurales agravados por dinámicas demográficas y turísticas.

Nota final: Los datos reflejan tendencias hasta 2025, con limitaciones por falta de información actualizada.

Andalucía mejora lentamente, pero su economía y servicios públicos están saturados, necesitando soluciones que eviten subidas fiscales insostenibles.

N.B. La diferencias entre CCAA ricas y pobres en España siguen en aumento.

Dicho de otra forma, las diferencias económicas y sociales entre las comunidades autónomas (CCAA) de España están creciendo debido a factores históricos, estructurales y socioeconómicos.

Andalucía está infra-financiada y la singularidad fiscal de Cataluña -el cupo catalán- hará un agujero más grande aún, de manera, que esperemos que sea inaplicable por ser algo inviable.

Córdoba, 22 de julio de 2025.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S.S.

Problemas de Córdoba IV – Despoblación (Municipios de la Provincia – Pérdida continuada de habitantes)

Sigo contestando a mis lectores sobre los problemas y carencias de Córdoba y Provincia, y, dedicaré este artículo a la Despoblación en Córdoba y Provincia, porque parece que las Instituciones Públicas (Estado, Junta de Andalucía, Diputaciones y los propios Ayuntamientos) pasan de largo, mientras los cordobeses siguen despoblando toda la Provincia y la Capital buscándose la vida donde pueden.

Cuarto Artículo. Despoblación en Córdoba.

La despoblación es una desgraciada realidad demográfica que afecta a un número demasiado elevado de zonas en España, especialmente en las regiones rurales. La provincia de Córdoba se ha convertido en uno de los territorios más afectados por este problema en los últimos años.

<<Situación actual de la despoblación en la provincia de Córdoba>>

Según los datos más actuales del Instituto Nacional de Estadística (INE), la provincia de Córdoba ha experimentado una pérdida muy relevante de población en los últimos años, situándose como una de las provincias españolas con mayor descenso demográfico.

Unos datos significativos:

-Pérdida de población actual: Entre abril de 2023 y abril de 2024, la provincia perdió 3.711 habitantes, lo que representa un descenso del 0,48% en un año, situando la población total en 770.867 habitantes. En el primer trimestre de 2024, se registraron 2.264 habitantes menos, con una caída tanto en población nacional (-1.766) como extranjera (-498).

-Evolución histórica: Desde su pico máximo en 2012, con 802.717 habitantes, la provincia ha perdido aproximadamente 33.319 personas hasta 2025, un descenso del 4,2% en trece años. Esto supone un retroceso demográfico equivalente a los niveles de población de 2003 (769.398 habitantes).

-Distribución geográfica: La despoblación afecta especialmente a las zonas rurales, con mayor incidencia en el norte de la provincia (comarcas como Los Pedroches y Alto Guadiato). Por ejemplo, municipios como Valsequillo han perdido hasta un 80% de su población desde los años 50, pasando de más de 2.000 habitantes a 361 en 2024. Córdoba capital ha empezado ya a mostrar  signos de descenso (-2.300 habitantes en el primer trimestre de 2024).

-Municipios afectados: Según la Junta de Andalucía, 37 municipios de la provincia (48%) tienen menos de 3.000 habitantes, lo que los clasifica como zonas con “problemas de despoblación”. Localidades como Alcaracejos, Zuheros, Santa Eufemia, Pedroche, La Granjuela y Conquista destacan por sus pérdidas de población relevantes.

<<Causas de la despoblación>>

La despoblación en Córdoba es el resultado de múltiples factores interrelacionados:

*Baja natalidad: La provincia presenta un crecimiento vegetativo nulo o negativo, con más defunciones que nacimientos. El índice de envejecimiento ha pasado de 42,3 en 1980 a 138,9 en 2020, reflejando una población cada vez más envejecida.

*Expulsión de población joven: La falta de oportunidades laborales, especialmente para jóvenes formados, impulsa la migración hacia grandes ciudades como Madrid, Barcelona o el extranjero.

*Crisis del sector agrario: El campo, base económica de muchos municipios cordobeses, enfrenta dificultades palpables, como la falta de relevo generacional, los efectos de la sequía y la baja rentabilidad, lo que empuja a los habitantes a abandonar las zonas rurales.

*Falta de atractivos profesionales: La provincia no ha logrado desarrollar polos industriales o tecnológicos que retengan o atraigan población, a diferencia de otras regiones andaluzas como Almería. Quizás, la Base Logística del Ejército de Tierra sea la rampa de despegue de un desarrollo industrial en toda la provincia.

*Envejecimiento  de la población: El aumento de la población mayor de 60 años, junto con la disminución de los grupos etarios de 0 a 59 años, agrava el problema. Por ejemplo, el 31,92% de la población cordobesa tiene más de 55 años, y la provincia es la segunda andaluza con mayor proporción de mayores.

<<Consecuencias de la despoblación>>

La pérdida de población tiene efectos negativos importantes en la provincia:

^Económicos: La reducción de la población activa limita el crecimiento económico y la generación de empleo. La tasa de paro en Córdoba es un dato preocupante, pero, quizás, lo más significativo sea el desequilibrio territorial dentro de la provincia.

^Sociales: El envejecimiento y la expulsión de la población joven generan un desequilibrio demográfico, con menos recursos para sostener servicios como escuelas, centros de salud o comercios en zonas rurales.

^Culturales: La despoblación pone en riesgo el patrimonio cultural y las tradiciones de los municipios pequeños, al disminuir la población que las mantiene en vigor y en desarrollo.

^Infraestructuras y servicios: La falta de población dificulta el mantenimiento de servicios básicos, como el transporte público o la conectividad digital, lo que a su vez refuerza el éxodo.

<<Conclusiones>>

La despoblación en la provincia de Córdoba es un problema estructural que se ha agudizado en los últimos años, con una pérdida de más de 33.000 habitantes desde 2012 y un impacto especialmente severo en las zonas rurales del norte. Factores como la baja natalidad, el envejecimiento, la emigración de jóvenes y la crisis del sector agrario son las principales causas. Aunque la capital ha mostrado cierta resiliencia, también comienza a registrar descensos poblacionales. Las medidas propuestas por la Junta, la Diputación y otras instituciones son un paso adelante, pero se requiere un enfoque integral que combine incentivos económicos, mejora de infraestructuras y oportunidades laborales para revertir esta tendencia.

 <<Propuestas a adoptar>>

-Fomentar el empleo juvenil: Crear incentivos para que las empresas se instalen en zonas rurales y promover sectores como el turismo sostenible o las energías renovables.

-Mejorar la conectividad: Invertir en infraestructuras digitales y de transporte para reducir el aislamiento de los municipios pequeños.

-Apoyar la natalidad y el retorno: Ampliar las ayudas a familias y establecer programas para repatriar a jóvenes emigrados.

-Revitalizar el sector agrario: Implementar políticas que faciliten el relevo generacional y la modernización del campo.

-Promoción cultural y turística: Aprovechar el patrimonio cultural y natural de la provincia para atraer población y visitantes.

(Nota. Vuelvo a señalar un cuestión previa de vital importancia, que es el dinero para realizar las inversiones necesarias, de forma, que lo digo claro, precisamos el dinero suficiente y no pararemos de decirlo hasta conseguirlo, advirtiendo que desde Córdoba Abierta -ACOA- lucharemos ante cualquier desigualdad discriminatoria para Córdoba.).

N.B.  El Problema de la Despoblación por la  pérdida continuada de habitantes, es quizás, uno de los asuntos más olvidados, de forma, que parece que las Instituciones Públicas (Estado, Junta de Andalucía, Diputaciones y los Ayuntamientos) pasan de largo, cuando el futuro no se debe buscar fuera, sino dentro de Córdoba y su Provincia.

Es urgente solucionar este problema y eso solo es posible con la existencia inmediata de inversiones para desarrollar todo nuestro potencial económico y social, de manera, que desde Córdoba Abierta -ACOA- lanzamos otro mensaje urgente.

Córdoba, a 4 de junio de 2025

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

ANDALUCÍA -Elecciones (asuntos olvidados)

En unos meses habrá elecciones en Andalucía, de manera, que existen algunos asuntos de enorme trascendencia ignorados por los políticos y que, sin duda, parece que están fuera al día de hoy de la CC. AA. andaluza y del quehacer político diario; dicho de otra forma, los políticos no hablan de ellos, así:

** Gasto público.  Al día de la fecha conocer cuál es el verdadero gasto público en Andalucía es una quimera, pues siguen siendo tantos los chiriguitos (empresas públicas, sociedades, agencias, fundaciones, asociaciones, etc.) en la Junta de Andalucía, en las ocho Diputaciones provinciales y en los Ayuntamientos andaluces, que resulta imposible saber la verdad sobre el gasto público en nuestra tierra.

No se sabe a ciencia cierta:

– ¿Cuantos empleados públicos hay en Andalucía? ¿Cuál es su costo? ¿En que trabajan realmente? ¿Cuántos empleados públicos se necesitan realmente en Andalucía?, y, así, se podría seguir preguntando, aunque si se contestaran a estas preguntas algo quedaría más claro.

La información veraz sobre esos temas no es que escasee, sino que, simplemente, no existe ni ningún poder público andaluz quiere darla a conocer.

– Pero no es solo la cuestión de personal, sino que hay que aclarar el resto del gasto público andaluz, pero de verdad, como puede ser, por ejemplo, conocer:

< ¿Cuánto se invierte en el mercado de trabajo y en la lucha contra el desempleo?

< ¿Cuánto se dedica a combatir los desequilibrios territoriales?

<¿Cuánto de invierte para la reconstrucción del mercado productivo, de forma, que dejemos de estar en manos del turismo y del sector servicios?

<¿Cuánto del gasto público andaluz se dedica sectores e iniciativas productivas y cuanto se está dedicando a cosas, a empresas y finalidades improductivas?

< ¿Cuál es la verdadera capacidad de ahorro en el gasto público si se prescinde de todos los gastos superfluos e improductivos?

<¿Cuál sería el aumento de la inversión productiva si se eliminaran todos los gastos innecesarios?

Es cierto, que son muchas preguntas, pero no hay otra que intentar contestarlas, porque una cosa es clara, que sin información veraz no existen soluciones y, sin duda, esa obligación de transparencia es obligación de todos.

** Empleo y paro. En este desgraciado asunto los andaluces somos punteros, tenemos más paro y empleo precario que nadie y, además, carecemos de información fiable, ya que, si a las “cifras dopadas” oficiales de empleo y paro, le sumamos todos los inactivos forzosos y desesperanzados, junto con los incapacitados permanentes sociales, añadiendo los desequilibrios territoriales y sociales, el resultado es un desastre de magnitudes desconocidas y perversas.

** Seguridad Social. La CC. AA. – Andalucía es la que más pensionistas tiene de España, aunque las cantidades que perciben (sus cuantías) en su mayoría están por debajo de País Vasco, Madrid o Cataluña, razón por la que la Junta de Andalucía debería realizar un estudio a fondo de la realidad de sus pensionistas y completar su asistencia social en los casos que fuere necesario; a la vez, que se debe exigir al Gobierno Central una regularización de sus aportaciones equivalente a la diferencia del cómputo de pensionistas con otras autonomías, con especial incidencia en aquellos pensionistas de otras regiones instalados permanentemente en Andalucía.

Es un hecho indiscutible, que los pensionistas de otras autonomías no solo están y viven en Andalucía, también, usan todos los servicios públicos andaluces con todo el derecho que la libertad constitucional les permite, razón por la que ese gasto público elevado debe ser compartido e igualado con los fondos de equiparación autonómicos: “Algo así como el cupo vasco, pero fluyendo hacia Andalucía”.

** Desequilibrios territoriales. En Andalucía existen grandes desequilibrios estructurales en su territorio (-políticos-, -económicos- y -sociales-), que han sido olvidados o ignorados por los distintos gobiernos de la Junta de Andalucía. Por ejemplo, (1) el desempleo marca tremendas diferencias en las distintas provincias andaluzas y en sus municipios; (2) la estructura productiva presenta diferencias territoriales inasumibles con focos de riqueza y pobreza desequilibrados en su territorio; (3) etc.

** Población. La demografía andaluza precisa de una planificación a largo plazo, ya que, actualmente presenta una población muy envejecida, a la vez, que los nacimientos caen y caen, de forma, que no podemos seguir siendo un territorio solo de personas mayores, donde los jóvenes emigran buscando mejorar sus condiciones de vida y sus trabajos.

Actualmente, ¿se está haciendo algo?. Pues, ESO.

** Sector Público y Sector Privado. En Andalucía las diferencias entre ambos sectores son cada vez mayores, de forma, que aumenta el empleo público y disminuye el empleo  privado, no solo en su número de trabajadores ocupados,  sino, también, en sus condiciones de trabajo, como pueden ser las salariales, las seguridad y salud laboral, etc. Es un hecho patente, que los empleados públicos andaluces están mejor pagados que los trabajadores del sector privado y cada vez son más, mientras disminuye la ocupación en las empresas privadas.

¿Se está haciendo algo al respecto?

Parece que no, pues, ESO.

Conclusión: Lo que se ha señalado es puramente la verdad, pero resultará imposible abordar una solución eficaz sin tener una información veraz, que al día de hoy es inexistente en Andalucía.

Por ejemplo: Es necesaria una información veraz sobre la situación real del paro en Andalucía y de las medidas que se están aplicando por la Junta de Andalucía. La información veraz, que garantiza como derecho la Constitución Española (art. 20. 1. d)., en este asunto del empleo y del paro es esencial, si se quiere encontrar solución a nuestro mercado de trabajo.

N.B.  En Andalucía hay elecciones, pero sus asuntos olvidados son numerosos y por lo que se ve, están fuera de la política al día de hoy en la CC. AA. andaluza. En otra expresión, los políticos ignoran esos asuntos y pasan de ellos como si no existieran.

Así mismo, la falta de -información veraz- al respecto es algo preocupante en extremo, de forma, que es imposible sin conocer realmente la realidad reformar y tomar medidas, que solucionen los temas enunciados y señalados.

La cifra de inactivos en crecimiento continuo en Andalucía es un indicador siniestro, que la Junta de Andalucía parece que ha olvidado, cuando se trata de un colectivo que precisa de toda clase de atenciones y políticas asistenciales.

La igualdad entre los andaluces, que garantiza el artículo 14 de la Constitución, no existe en Andalucía al día de hoy, así que algo habrán de hacer los políticos en activo, especialmente, los que están o estén en el poder en la CC. AA. andaluza.

Córdoba, a 19 de abril de 2022

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.