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Huelga de Letrados II (Reforma Integral de la Justicia)

Todos ya contra la huelga de Letrados de la Administración de Justicia, cosa que es normal, porque a alguien hay que echarle la culpa de cómo está la “Justicia en España” y porque ha puesto de manifiesto a nivel de calle que la Justicia que hay es un muerto viviente, algo así, como la Seguridad Social del Ministro Escrivá.

Todos los españoles saben y sienten que la Justicia en España es un desastre, dicho de otro modo “una injusticia manifiesta”.

Sólo es viable, si se quiere arreglar el estropicio, “llevar a cabo una reforma integral de la misma partiendo de cero”, porque lo que hay, salvo algunas o muchas personas, es poco o nada aprovechable.

Los españoles pueblo puede decir lo que piensan, partiendo de algunos ejemplos sin ánimo cerrado porque los casos lo desbordan todo, así, decir que opinan de:

*Tribunal Constitucional.

*Consejo General del Poder Judicial.

*Fiscalía General del estado.

*Tribunal Supremo con funcionamiento excluyente de los ciudadanos, lleno de reglas de inadmisión de todo, especialmente, si lo que el español de a pie lo que pretende es defender sus derechos frente a cualquier Administración.

*Un sistema de recursos contra las resoluciones judiciales injusto y cautivo de las administraciones, de forma, que si quieres un recurso de reposición a pagar 25 euros, y, salvo milagro, las costas, un recurso de apelación 50 euros y las costas, un recurso de queja 30 euros y posiblemente las costas, de manera que aunque se puede seguir, pararemos aquí por prudencia.

*En la misma senda contra los ciudadanos españoles es lo cierto, que cuando un particular recurre contra la Administración, todo son cortapisas en los órganos judiciales, que se me dirá, que no en todos, pero lo cierto y verdad es que los órganos judiciales casi siempre se posicionan en favor de las administraciones, en cualquier sentido que fastidie al español de a pie. A título de simple ejemplo:

*Si la Ley dice que la Administración debe remitir un expediente completo de acuerdo con el art. 48 de la LJCA y la requerida se salta la ley y envía el expediente Adminsitrativo que quiere arbitrariamente y sin ningún pudor, de forma, que al ciudadano pagano solo le queda recurrir, por supuesto, pagando su recurso y probablemente las costas del mismo.

*Enfrente se encuentra el ciudadano una legión de letrados y abogados, que curiosamente el paga con sus impuestos, que le hacen la vida imposible con todo tipo de triquiñuelas legales, que curiosamente los órganos judiciales suelen permitir porque siempre se admite de defienden el interés general. (A veces está claro que no es así ni mucho menos, pero da lo mismo). La legión de Abogados del Estado, Fiscales también, letrados de las CC. AA., letrados y abogados de las Corporaciones Locales (Ayuntamientos y Diputaciones), abogados de las empresas y fundaciones, etc. que son innumerables y que repito, paga el recurrente ciudadano, no contribuyen casi nunca al respeto a la Ley y al cumplimiento del principio de legalidad, porque no se comportan como servidores públicos, sino como mercenarios al servicio de la causa de quien le paga, sea justa o injusta.

*Se podría seguir hasta un infinito casi cómico, pero con lo dicho todos los españoles lo entienden.

La huelga de Letrados ha servido como he dicho para poner de relieve el estado caótico de la justicia en España y la necesidad de su reforma integral. Tal y como están las cosas, solucionar la huelga legal de los letrados, no servirá para nada, pues queda toda la malicia del sistema, que muchos no quieren ni oír hablar de arreglarlo en aras de la justicia y del pueblo soberano.

Finalmente, hago algunas propuestas para la Reforma Integral de la Justicia, con ánimo abierto, en favor del pueblo soberano, así:

1.- Crear un Cuerpo de Letrados independiente dedicados al servicio del Pueblo y de sus ciudadanos de a pie, con la finalidad única de defender gratuitamente al ciudadano español frente a los desafueros de las Administraciones Públicas y de la Fiscalía y de los propios órgano judiciales y para todos los casos que se le planteen de falta de respeto a ley y de desprecio al principio de legalidad por los mismos.

2.- Que desaparezcan los cobros y pagos por los recursos contra las administraciones para el español de a pie, así como, las costas por recurrir actos administrativos, salvo casos de evidente temeridad y/o mala fe, que deberán ser debidamente motivadas.

3.- Crear una justicia independiente en todos los órdenes y planos, bien dotada económicamente y que, en la medida de lo posible, sea rápida en todas sus instancias.

N.B. Reforma Integral de la Justicia.

Decir, como ahora, que todos los males son derivados de unos Letrados en huelga y todos contra ellos, es un disparate como la reforma de la S. S. del M. Escrivá.

Pronto habrá que escoger y votar, y, para empezar , no estaría nada mal que los ciudadanos tuviéramos información veraz,  seguridad y propuestas serias y claras, es decir, saber lo que es posible y lo que es imposible, y, por lo tanto, conocer cuando es verdad o cuando un engaño.

Córdoba, a 19 de marzo de 2023

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

ANDALUCÍA -Elecciones (asuntos olvidados)

En unos meses habrá elecciones en Andalucía, de manera, que existen algunos asuntos de enorme trascendencia ignorados por los políticos y que, sin duda, parece que están fuera al día de hoy de la CC. AA. andaluza y del quehacer político diario; dicho de otra forma, los políticos no hablan de ellos, así:

** Gasto público.  Al día de la fecha conocer cuál es el verdadero gasto público en Andalucía es una quimera, pues siguen siendo tantos los chiriguitos (empresas públicas, sociedades, agencias, fundaciones, asociaciones, etc.) en la Junta de Andalucía, en las ocho Diputaciones provinciales y en los Ayuntamientos andaluces, que resulta imposible saber la verdad sobre el gasto público en nuestra tierra.

No se sabe a ciencia cierta:

– ¿Cuantos empleados públicos hay en Andalucía? ¿Cuál es su costo? ¿En que trabajan realmente? ¿Cuántos empleados públicos se necesitan realmente en Andalucía?, y, así, se podría seguir preguntando, aunque si se contestaran a estas preguntas algo quedaría más claro.

La información veraz sobre esos temas no es que escasee, sino que, simplemente, no existe ni ningún poder público andaluz quiere darla a conocer.

– Pero no es solo la cuestión de personal, sino que hay que aclarar el resto del gasto público andaluz, pero de verdad, como puede ser, por ejemplo, conocer:

< ¿Cuánto se invierte en el mercado de trabajo y en la lucha contra el desempleo?

< ¿Cuánto se dedica a combatir los desequilibrios territoriales?

<¿Cuánto de invierte para la reconstrucción del mercado productivo, de forma, que dejemos de estar en manos del turismo y del sector servicios?

<¿Cuánto del gasto público andaluz se dedica sectores e iniciativas productivas y cuanto se está dedicando a cosas, a empresas y finalidades improductivas?

< ¿Cuál es la verdadera capacidad de ahorro en el gasto público si se prescinde de todos los gastos superfluos e improductivos?

<¿Cuál sería el aumento de la inversión productiva si se eliminaran todos los gastos innecesarios?

Es cierto, que son muchas preguntas, pero no hay otra que intentar contestarlas, porque una cosa es clara, que sin información veraz no existen soluciones y, sin duda, esa obligación de transparencia es obligación de todos.

** Empleo y paro. En este desgraciado asunto los andaluces somos punteros, tenemos más paro y empleo precario que nadie y, además, carecemos de información fiable, ya que, si a las “cifras dopadas” oficiales de empleo y paro, le sumamos todos los inactivos forzosos y desesperanzados, junto con los incapacitados permanentes sociales, añadiendo los desequilibrios territoriales y sociales, el resultado es un desastre de magnitudes desconocidas y perversas.

** Seguridad Social. La CC. AA. – Andalucía es la que más pensionistas tiene de España, aunque las cantidades que perciben (sus cuantías) en su mayoría están por debajo de País Vasco, Madrid o Cataluña, razón por la que la Junta de Andalucía debería realizar un estudio a fondo de la realidad de sus pensionistas y completar su asistencia social en los casos que fuere necesario; a la vez, que se debe exigir al Gobierno Central una regularización de sus aportaciones equivalente a la diferencia del cómputo de pensionistas con otras autonomías, con especial incidencia en aquellos pensionistas de otras regiones instalados permanentemente en Andalucía.

Es un hecho indiscutible, que los pensionistas de otras autonomías no solo están y viven en Andalucía, también, usan todos los servicios públicos andaluces con todo el derecho que la libertad constitucional les permite, razón por la que ese gasto público elevado debe ser compartido e igualado con los fondos de equiparación autonómicos: “Algo así como el cupo vasco, pero fluyendo hacia Andalucía”.

** Desequilibrios territoriales. En Andalucía existen grandes desequilibrios estructurales en su territorio (-políticos-, -económicos- y -sociales-), que han sido olvidados o ignorados por los distintos gobiernos de la Junta de Andalucía. Por ejemplo, (1) el desempleo marca tremendas diferencias en las distintas provincias andaluzas y en sus municipios; (2) la estructura productiva presenta diferencias territoriales inasumibles con focos de riqueza y pobreza desequilibrados en su territorio; (3) etc.

** Población. La demografía andaluza precisa de una planificación a largo plazo, ya que, actualmente presenta una población muy envejecida, a la vez, que los nacimientos caen y caen, de forma, que no podemos seguir siendo un territorio solo de personas mayores, donde los jóvenes emigran buscando mejorar sus condiciones de vida y sus trabajos.

Actualmente, ¿se está haciendo algo?. Pues, ESO.

** Sector Público y Sector Privado. En Andalucía las diferencias entre ambos sectores son cada vez mayores, de forma, que aumenta el empleo público y disminuye el empleo  privado, no solo en su número de trabajadores ocupados,  sino, también, en sus condiciones de trabajo, como pueden ser las salariales, las seguridad y salud laboral, etc. Es un hecho patente, que los empleados públicos andaluces están mejor pagados que los trabajadores del sector privado y cada vez son más, mientras disminuye la ocupación en las empresas privadas.

¿Se está haciendo algo al respecto?

Parece que no, pues, ESO.

Conclusión: Lo que se ha señalado es puramente la verdad, pero resultará imposible abordar una solución eficaz sin tener una información veraz, que al día de hoy es inexistente en Andalucía.

Por ejemplo: Es necesaria una información veraz sobre la situación real del paro en Andalucía y de las medidas que se están aplicando por la Junta de Andalucía. La información veraz, que garantiza como derecho la Constitución Española (art. 20. 1. d)., en este asunto del empleo y del paro es esencial, si se quiere encontrar solución a nuestro mercado de trabajo.

N.B.  En Andalucía hay elecciones, pero sus asuntos olvidados son numerosos y por lo que se ve, están fuera de la política al día de hoy en la CC. AA. andaluza. En otra expresión, los políticos ignoran esos asuntos y pasan de ellos como si no existieran.

Así mismo, la falta de -información veraz- al respecto es algo preocupante en extremo, de forma, que es imposible sin conocer realmente la realidad reformar y tomar medidas, que solucionen los temas enunciados y señalados.

La cifra de inactivos en crecimiento continuo en Andalucía es un indicador siniestro, que la Junta de Andalucía parece que ha olvidado, cuando se trata de un colectivo que precisa de toda clase de atenciones y políticas asistenciales.

La igualdad entre los andaluces, que garantiza el artículo 14 de la Constitución, no existe en Andalucía al día de hoy, así que algo habrán de hacer los políticos en activo, especialmente, los que están o estén en el poder en la CC. AA. andaluza.

Córdoba, a 19 de abril de 2022

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Prohibir el Paro (ni ocultar ni esconder)

Según me dicen unos lectores, dado lo que hay en España, lo mejor para acabar con el paro sería prohibirlo directamente y, sin más, hacer que desaparezca, y, asunto arreglado.

Esconder o camuflar el tremendo paro estructural de España, como se viene haciendo desde hace demasiado tiempo con todo tipo de trampas, lejos de toda -información veraz- como consagra la Constitución, es una simpleza tontuna, ya que, lo que hay que hacer, es “negar su existencia” y asunto terminado.

La solución del problema está en eliminar de raíz el perverso asunto del paro negando su existencia.

En esta postura negacionista hacia la que nos dirigimos, es un hecho sostenible, que en España no existen “parados”, solamente personas fuera del mercado de trabajo, así que, no es necesario tomar medida alguna, ni ocultar o disfrazar el desempleo, tal como se está haciendo troleramente por el Gobierno, tratando de bajar el número de parados utilizando técnicas de camuflaje de todo tipo y color, así, con ánimo abierto citaré algunas de ellas absolutamente prescindibles, al aceptarse la negación de la realidad del desempleo estructural:

* Los inactivos no son oficialmente desempleados.

* Los empleados públicos contratados innecesariamente no son falsos parados.

* Los que cobran el paro no se cuentan como desempleados, igual que los trabajadores del Per y el resto de subsidiados varios.

* Los trabajadores en Ertes no son parados, simplemente están a la espera -en stand by-.

* Los miles de colocados políticamente, como asesores en el Gobierno, en las CC. AA., en las Diputaciones, en los Ayuntamientos, en Instituciones Públicas varias, en las Empresas Públicas y demás chiringuitos, no son parados, sino personal esencial para el funcionamiento de la Nación.

* Los trabajadores contratados una hora o media (o algo parecido), pero dados de alta en la S. S., no son parados.

* Los autónomos pasados a la insolvencia no son parados.

* Los miles de prejubilados de Bancos, Entidades Financieras y Grandes Empresas no son parados.          

A la vista de lo expuesto, cobra sentida la propuesta negacionista, de forma, que la mejor manera de acabar con el desempleo en España (estructural o coyuntural) es negar su existencia, ya que, “muerto el perro se acabó la rabia”.     

Se podrá no estar de acuerdo con la propuesta, pero pregúntense:

¿Qué diferencia hay entre esta propuesta y la oferta oficial que nos están colocando sobre el paro?

En el tema del paro la desinformación publicada por el Gobierno, no es más que una negación fraudulenta de la existencia del paro real, así:

1º.- Es un hecho patente, que los números del Gobierno sobre el empleo y paro no son veraces.

Así mismo, las cifras de personas sin empleo real en España son desconocidas; de forma, que, si añadimos a los datos oficiales publicitados, los –inactivos-, las -cifras engañosas del empleo público que disfrazan el problema-, el -trabajo por horas-, la -verdad del trabajo indefinido parcial-, los -trabajadores en ertes-, las -personas que no se computan como desempleados-, etc., ¿Alguien es capaz de concretar la cifra real de parados?

2º.- La información veraz que consagra la Constitución en su artículo 20. es inexistente.

3º.- Oficialmente crece el empleo, pero curiosamente baja el PIB, razón por la que, la única conclusión razonable es, que los datos de empleo oficiales están trufados con engaños y falsas realidades.  Algo está fallando o algo no es verdad.

Si lo dicho es la verdad oficial, y, todas las propagandas oficiales están en reformas del mercado laboral ideologizadas con olvido de todo lo demás, la solución negacionista del desempleo es la más eficaz para acabar con nuestro paro estructural.

N.B. La solución definitiva es prohibir el paro por R. D. L. (ni ocultar ni esconder, pues eso es un error), tal y como se hace en las -democracias populares-, hacia las que nos vamos inclinando.

La única verdad debe ser, que en España no existen personas en paro, solo que se vienen haciendo mal las cuentas, pero eso va a cambiar, tezanizándose la EPA y lo que sea necesario hasta el objetivo final.

¿Quién maneja los datos? Pues -ESO-.

Córdoba, a 11 de diciembre de 2021

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Semejanzas perversas – Polonia – la Comisión Europea – U. E. – España – P.P. (desigualdad – tiros en los pies – disenso)

Por un lado, la U. E., comandada por la Presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, ha decido que Polonia y los polacos son fáciles de someter a sus dictados de desigualdad, tratando de imponer las normas de un estado de derecho donde sus leyes se imponen según quien, además, con una prepotencia insultante para Polonia. No existe la menor duda, que la C. E. de D.ª. Úrsula se ha metido un tiro en los dos pies, ya que, la U. E. es consenso e igualdad no desigualdad y disenso.

Por otro lado, en España el Presidente de un Partido, que quiere reinar, ha decidido para ello, pegarse dos tiros uno en cada pie, tratando de imponer por la fuerza (que, por cierto, no tiene) la desigualdad y la discrepancia entre las CC. AA. en las que gobierna, además, desde una postura misógina inaceptable; de forma, que todas las presidencias del partido en esas CC. AA. las ostentan sin discusión el Presidente del Gobierno de cada una de ellas, sin embargo, la única mujer que gobierna una Comunidad Autónoma, además, con gran acierto y apoyo unánime de sus votantes, se le impide con toda clase de tretas, zancadillas y maniobras obscenas de todo tipo y color ser la Presidenta del Partido en su C. C. A.A., que, a mayor inri, está, también, marcando el camino hacia la Presidencia del Gobierno de la Nación al Presidente del Partido, que quiere reinar.

Las semejanzas en los dos casos son evidentes por su ceguera, su maldad y su estulticia, ya que, en los dos supuestos descritos con holgura clarividente, “los tiros en ambos pies de cada uno de ellos son idénticos y perversos para ellos mismos”.

Seguramente, se puede ser más negado, pero, sin duda, es imposible ser más necio.

Desde una posición de poder inane y autodestructiva, se ha sustituido -la igualdad por la desigualdad-, -el acuerdo por el disenso- y -la unidad ganadora por la división y el desacuerdo inútiles y perversos-.

Finalmente, poner de manifiesto: “Que la responsabilidad siempre es de la persona que tiene el poder”; dicho de otra forma: “Del que manda“.

N.B. Las semejanzas, entre el caso de Polonia y la Comisión Europea – U. E., y, entre el caso de España -CC. AA. Madrid- y el Presidente del Partido, que quiere reinar, son perversas y dañinas, suponiendo desigualdad, disenso y un auto tiro en los dos pies por los propios mandamases del desaguisado.

La igualdad ante la ley y el respeto a la misma por todos son las bases del Estado de Derecho de la U. E. y de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho consagrado en la Constitución Española, de forma, que la desigualdad perversa puesta de relieve en ambos casos, supera cualquier comparación y comentario, que se quiera hacer, entrando en el disparate de la autodestrucción.

En los dos casos expuestos es posible, sin mucho esfuerzo, llegar a un acuerdo, aunque ello exige menos prepotencia del que cree que tiene el poder, concediendo un atisbo de confianza a la parte que se considera más débil, ya que, un acuerdo siempre supone rebajar un poco las posiciones, partiendo de la base, que destruir a la otra parte nunca es una solución beneficiosa para nadie y, además, nunca da resultado.

Córdoba, a 31 de octubre de 2021

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S. 

Igualdad ante la ley (un mundo lejano)

Leo en un periódico digital de Córdoba (EL DÍA – 04 Octubre, 2021), que un Juzgado de lo Penal ha condenado a una persona por agredir a un agente de la Guardia Civil, según ha informado la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), recordando que lleva años denunciando las agresiones, amenazas e insultos que soportan los guardias civiles en todo el país.

Simplemente es un hecho cierto, que está a la vista de todos, lo que lo hace, si cabe más repudiable. Sin embargo, no es algo extraño en España que se produzca esa notoria y publica falta de respeto a la ley, curiosamente, además, no solo con las fuerzas del orden, sino en toda la piel de toro y para todos, es decir, está diluyéndose la vigencia del principio de legalidad constitucional con un reflejo perverso en –la igualdad ante la ley-, que ha desaparecido en nuestro país.

La Constitución Española de 1978 ya en su PREÁMBULO habla de “consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular y de proteger a todos los españoles y pueblos de España”.

En sus arts. 9 y 10 la C. E. se consagra -el principio de legalidad- y -el respeto a la ley-, culminando su declaración con el art. 14, que dice, “que los españoles son iguales ante la ley”.

Lo expuesto es la teoría que fundamenta nuestro Estado Social y Democrático de Derechos, pero es evidente que en España los hechos no suceden así, sino que, por el contrario -el respeto a la ley- y -la igualdad real de todos los españoles- están en almoneda y periclitados.

¿Alguien cree, de verdad, que en España ahora mismo se respeta la ley y que todos los españoles son iguales ante ella?

Como en todo cabe o debe caber cualquier opinión en libertad, es posible, que algunas personas piensen realmente que es así, y, que el imperio de la ley y la igualdad están implantadas en España, aunque, sin la menor dudad, una gran mayoría dirá que no es así, que la Constitución no se cumple.

Si examinamos cualquier esfera donde debería estar implantadas la ley y la igualdad, veremos que vamos de fiasco en fiasco, así, por poner algún ejemplo:

* En política. ¿Rige el imperio de la ley y la igualdad entre los españoles?   –  Parece que -NO-.

El maremágnum existente en España es casi incomprensible para cualquiera de nosotros, ya que, por ejemplo, ¿la ley es la misma y se aplica de la misma forma en Madrid, Cataluña, País Vasco, Andalucía, Navarra, etc.?

Pues -eso-.

* En economía. ¿La ley que se aplica es la misma? – Parece que -NO-.

El reparto de los fondos del estado en las distintas CC. AA., los impuestos que se pagan y como se distribuyen, etc. ¿son todos realizados con la misma ley y de forma igual para todos los españoles vivan donde vivan?

Pues -eso-.

* En materia justicia y orden público.  ¿La ley se aplica de igual forma para todos los españoles en el territorio nacional? – Parece que -NO-.

En Cataluña se están agrediendo a guardias civiles a diario y no pasa nada, en cambio, en Andalucía con toda la razón se sanciona a la persona que golpea o arremete contra un guardia civil. ¿Qué la ley es igual para todos los españoles?

Pues -eso-.

* En libertades y derechos. ¿La ley es igual para todos los españoles? – Parece que -NO-.

Es una realidad penosa, que la ley no es igual para todos los españoles, ni se les aplica la misma de igual forma, de manera, que está establecida una desigualdad según donde vivas y como vivas, existiendo derechos y libertades de distintas categorías entre los mismos.

Pues -eso-.

Las consecuencias son y serán autodestructivas para España, aunque a los representantes políticos cuyo poder emana del pueblo soberano, eso no parce importarles, de forma, que hasta donde -se llegue llegó-, porque es nociva la igualdad ante la ley que los españoles estamos soportando, admitida sin más por los poderes públicos (por todos), y, desgraciadamente, eso no hay cuerpo que lo aguante.

N.B.  La igualdad ante la ley en España es un mundo lejano, porque actualmente es un mero espejismo, que se diluye en la nada, sobre todo, cuando el principio de legalidad y respeto a la Ley por todos los poderes públicos y los ciudadanos consagrados por la Constitución Española han pasado a mejor vida, quedando a merced del polvo del camino.

La Constitución de 1978 fue un esfuerzo conjunto de unidad y de renuncias de todos en beneficio de todos los españoles, pero parece que esa idea ha caído en el olvido de muchos, quizás demasiados, lo que nos lleva a la desconfianza, a la incertidumbre y a la pérdida de libertades y derechos, incluso para aquellos que creen que no les afectará, imbuidos de un egoísmo feroz y excluyente.

Córdoba, a 5 de octubre de 2021

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.