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Disentir y criticar (derecho a discrepar – libertad de expresión)

La Constitución Española de 1978 está preñada con las palabras libertad y democracia, aunque decirlo puede parecer “una obviedad”, pero con la que está cayendo sobre las libertades y derechos de los españoles, apuntarlo no está de más, máxime, cuando empiezan a peligrar la democracia y su división de poderes, siendo claro ejemplo de ello, la elección politizada del Tribunal Constitucional y de otros Órganos básicos para la libertad real de los españoles, aunque, sin duda, lo peor será lo que se nos viene encima con la renovación del C.G.P.J.

A pesar de lo dicho y de que será una pelea quijotesca contra molinos de viento, conviene recordar solo, por ejemplo, que la C. E. establece, entre otras cosas, en su artículo 20:

<< 1.  Se reconocen y protegen los derechos:

a)      A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.

d)      A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades.

2.      El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa. >>

Constitucionalmente está muy claro, que no ajustarse al sentir o parecer de alguien, es decir, disentir, es un derecho fundamental garantizado por la C. E., aunque ahora parece, por lo que se ve en partidos políticos en España, no ajustarse al parecer fundamentalista de las listas cerradas, no solo no es un derecho, sino un pecado capital, dicho de otra manera, un insulto al mando supremo instalado en la cúpula del partido, lo que supone, sin duda, un insulto imperdonable al líder, que dice ser y se autoproclama  la representación viva del pueblo soberano.

En estos días se celebran congresos donde el líder único es elegido por el 98.98% de los asistentes, de manera, que solo el 1,02% no lo han votado, lo que resulta, se quiera admitir o no, bastante alejado de la realidad al ser una verdad de validez absoluta imposible de ocurrir. Si alguien se cree y pretende hacerlo creer a los demás, que un hecho como ese descrito de unanimidad apesebrada, es posible que suceda en la realidad sin trolas ni engaños, es consciente y sabedor de que se miente así mismo.

Tanto éxito repentino y verdadero en la unidad impostada, aunque tenga tufillos de tongo y excluya a quien disiente, abruma a cualquier líder, pues, ni están todos los que son, ni en el orden que son.

Sin capacidad de disentir y de criticar al poder establecido no existe la libertad, pues la verdad es la verdad, la diga Agamenón o su porquero. Si para conseguir medrar en política es imprescindible, ahogar la crítica válida y disentir solo en ver quien pelotea más y mejor al líder, y, a su cúpula abducida por su poder omnímodo, la libertad está en peligro, pues,

¿quién puede confiar su vida y hacienda a quien no admite disensión ni crítica alguna?

Lo curioso, además, es que todos ellos deben creer, que los ciudadanos votantes no se enteran de nada ni tienen criterio de nada, lo que demuestra, así mismo, su ceguera y su prepotencia, ya que, no hay más que salir a la calle, hablar y preguntar un poco a los ciudadanos votantes para ver, que la desconfianza, la incertidumbre y el deseo de libertad los llevan a votar opciones respetuosas de la libertad de expresión y de crítica, donde no anidan ni las sanciones, ni las amenazas veladas, ni mucho menos la adulación admitida sin más, además, por el líder y sus corifeos.

Así mismo, en el mundo de la Ética la “apariencia” de independencia e imparcialidad es la esencia de la libertad, pues no solo hay que ser defensor del estado de derecho y de las libertades que lo sostienen, sino que, también, hay que parecerlo. En este punto, entiendo, que ya sean superado todas las limitaciones y fronteras, de forma, que ahora, el autoritarismo ya ni se esconde en sus tropelías libertarias, existiendo ejemplos varios por lo es innecesario citarlos.

La unanimidad sometida empobrece y solo lleva al canibalismo autodestructor.

La única conclusión aceptable de lo dicho, es que esos políticos que van impunemente contra la ley y contra la propia democracia que los sostiene, es que están convencidos, que los españoles en su mayoría son necios, olvidadizos y que disfrutan con que les ninguneen sus libertades y derechos; básicamente, que son tontos de remate y que siempre votarán lo que ellos digan, pues no existen otras opciones.

La democracia y el Estado Social y Democrático de Derecho consagrado en la Constitución imponen el derecho a discrepar y disentir, y, a poder decirlo públicamente, sin temor a que no sea el lechero el que llame a tu puerta, por eso, cuando un partido se auto golpea reduciéndose  a un cortijo cerrado, donde nadie puede opinar sin ser un traidor irredento, siendo, en cambio, los que amenazan, coaccionan y diluyen la libertad interna, los que ostentan el poder del colectivo político, la fiesta interna del autoritarismo liberticida acabará con arrasarlo a él mismo el primero (todo), pues mal puede dirigir en libertad y democracia una Nación ese político, si no es capaz de instaurar un régimen de libertades reales en su propio partido.

N.B.  Disentir y criticar, junto con los derechos a discrepar y a la libertad de expresión, son unas de las bases de la libertad y del estado de derecho en cualquier Nación democrática, ya que, el político que cercena los derechos y libertades de sus ciudadanos está actuando claramente contra el Estado de Derecho.

En España hemos entrado en una espiral liberticida, donde los que deberían ser ejemplo de libertad, se está pasando al lado oscuro del autoritarismo excluyente, donde solo se admite la doctrina oficialbajo todo tipo de amenazas y vejaciones, incluso de tipo personal, pues para los enemigos de la libertad todo vale, todo les debe estar permitido en el uso torticero de su poder, aduciendo, además, que son la imagen viva y la representación real del Pueblo soberano.

Sin embargo, olvidan que todos los españoles queremos mayor libertad e independencia, y, para todos igual como dice la C. E. en su art. 14, porque, lo que es inadmisible, es que cualquier español sea quien sea, tenga menos derechos y libertades que otros, aunque esos otros sean los líderes  de un partido político, además,por el simple hecho del uso de la fuerza contra la libertad, de manera, que, si ese argumento liberticida ampara a los que infringen la Norma Básica constitucional, la libertad y el estado de derecho bases de la democracia real desaparecerán.

La falsa unidad nacida de la imposición excluyente con castigo de los que disienten, produce en los votantes un rechazo masivo, pues perciben, que a ellos les puede ocurrir lo mismo, si discrepan limitándose sus libertades y derechos.  

La arbitrariedad en el ejercicio del poder produce efectos demoledores en nuestras libertades fundamentales, la esperanza solo reside, en que el Pueblo Soberano vota libremente y tiene memoria.

Córdoba, a 22 de noviembre de 2021

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Sometimiento – política del miedo – silencio (Estado de Derecho y libertades)

El Estado de Derecho garantiza la libertad para todos, de manera, que cuando alguien, sea quien sea, se salta algunos o todos los principios que fundamentan el mismo, pierde completamente la razón, máxime, si, además, pretende imponer su voluntad sin consenso y solo con el miedo y la fuerza, empujando únicamente en una dirección y olvidando las demás; aunque una cosa es segura, que fracasará, porque se sitúa fuera del Estado de Derecho, que dice respetar y los españoles se darán cuenta.

Así mismo, es un hecho indiscutible, que, si, a mayor inri, ese alguien se somete cautivo hacia los que cree superiores (obviando en este caso el estado derecho, que en el supuesto anterior dice que fundamenta su actuación), está incurriendo no solo en una contradicción, sino también en un despropósito del tamaño de un agujero negro, por ignorar las enormes proporciones del daño que produce y por sostener dos varas de medir, cuando solo existe una verdad, que es la defensa de la libertad y de la igualdad como base de cualquier estado de derecho.

Los casos como los descritos son numerosos, aunque parezca mentira, de forma, que solo veremos algunos clamorosos, así:

1º.- * El caso de Polonia es de libro de miedo, por un lado, la U. E. con todos sus poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) atacando y poniendo contra las cuerdas a los polacos con amenazas de todo tipo, acusándoles de no respetar el estado de derecho, curiosamente, solo a ellos, aplicando una política de desigualdad entre los estados miembros de la U. E.; por otro lado, la democrática Bielorrusia apoyada sin disimulos por el democrático Sr. Putin atacan a Polonia y sus fronteras, que son las de la U. E.

Bruselas en un alarde de inanidad perversa solo realiza declaraciones vacías y melifluas, dejando a Polonia sola y abandonada, repitiendo la historia maldita de Europa, de forma, que solo los británicos, quizás como siempre, aunque fuera de la U. E. siguen siendo Europa, y, han enviado fuerzas militares a Polonia, aunque solo sea una pequeña fuerza.

2º.- * Lo del Partido Popular con la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Diaz Ayuso, no es cosa de miedo, sino de tontuna superior, ya que, sus lideres genoveses con una conducta destructiva en vez de fijar sus fuerzas contra su único adversario real, que es el Sr. Presidente Sánchez y su Gobierno, se dedican a pegarse tiros en los pies uno tras otro.

Todas las conversaciones respetuosas con el Gobierno, como ha demostrado la toma del Tribunal Constitucional, con todo lo que ello implica para la separación de poderes y la libertad consagrada en nuestro Estado Social y Democrático de Derecho, se tornan en lanzas ponzoñosas contra la Sñrª. Diaz Ayuso; por cierto, la única mujer del partido que preside una Comunidad Autónoma y la única presidenta de una Comunidad que no preside su partido; además, todo el proceso trufado de amenazas veladas, seguramente convencidos que los electores son tontos de remate y sin memoria.

3º.- * El caso del Gobierno del Presidente Sr. Sánchez con las pensiones y la reforma laboral es para nota; en Europa (U.E.) dice una cosa, y, en España aprueba lo contrario, además, con amenazas para todos y falta de consenso para todos, pretendiendo hacer creer a los españoles lo que no es, con una absoluta opacidad y falta de información veraz.

La CEOE y el Sr. Garamendi ya han probado la vara de medir del Gobierno, aunque siempre estarán prestos a compartir la alegría de consensuar disuadidos por el miedo y las prebendas. Los ejemplos del consenso a la búlgara de la CEOE con el Gobierno son majestuosos, aunque siempre quedan en el vacío de la nada para los empresarios españoles. De nuevo, aparece la doble vara de medir, el miedo y la fuerza, aunque los españoles quedan a un lado, pues su memoria es frágil y su evaluación intelectual está bajo mínimos, según creen los formadores de creencias e ideas nacidas del menosprecio a la soberanía del pueblo.

El estado de bienestar hay que pagarlo, pero también, explicarlo, consensuarlo y administrarlo bien, rindiendo cuentas.

El sometimiento, la política del miedo y la doble vara de medir destruyen el estado de derecho y las libertades, bien sea en Polonia, en el Partido Popular o en el Gobierno de España, aunque lo verdaderamente perverso es lo que espera a los españoles, visto lo visto, si no se someten mansamente a las dobles varas de medir y al secuestro de sus libertades, de forma, que solo queda una oportunidad, que reside en demostrar a los que abusan del poder que se le ha delegado, que solo están recibiendo un préstamo de la soberanía popular, y, que cuando haya nuevas elecciones, ya no será posible votar el mal menor, pues está claro, que existen otras posibilidades de ejercer el derecho al votar, que sientan sus bases en prescindir de todos ellos.

El Estado de Derecho garantiza la libertad, de manera, que cuando alguien, sea quien sea, se salta algunos o todos los principios que fundamentan el mismo, pierde completamente la razón, máxime, si, además, pretende imponer su voluntad sin consenso y solo con el miedo y la fuerza, porque una cosa es segura, que fracasará, situándose a la vez fuera del Estado de Derecho, que dice respetar y los españoles se darán cuenta.

Sin embargo, lo peor de todo es, que esos que creen que el poder les pertenece, te condenan, además, al silencio con miles de pretextos perversos, como desleal, agitador, traidor, etc. etc.

El PREÁMBULO de la Constitución dice:

<< La Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de:

Garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo.

Consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular.

Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones.

Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida.

Establecer una sociedad democrática avanzada, y

Colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la Tierra.>>

Como se dice ahora en España y todos entienden: “Pues, eso”.

N.B. La hora de la libertad no se puede demorar más, pues el   sometimiento y la política del miedo socaban el estado de derecho y las libertades, de forma, que aceptar la dualidad de buenos y malos al dictado según interesa al que maneja la vara, es una solución perniciosa, que solo favorece la desigualdad y la injusticia.

Se impone, además, el silencio como castigo al que disiente por los que se creen poderosos.

Sostener la libertad real precisa de la participación de todos en su defensa, de manera permanente, fluida y constante, pues, está visto, que los enemigos de la libertad no descansan, siendo los ejemplos reseñados solo una muestra de lo que está ocurriendo a diario y, sin duda, así no podemos seguir:

La elección de los miembros del Tribunal Constitucional es una muestra desgraciada de lo que se nos viene encima, que continuará con el CGPJ.

Córdoba, a 18 de noviembre de 2021

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Libertad – AEAT – el todo y la nada (la mayoría no está de acuerdo)

La libertad es un bien escaso, es más, es un bien extraño, porque se tiende, además, a confundir el todo con la nada, cosa que hoy día sucede con la Agencia Tributaria (AEAT).

Digo lo que digo, porque se tiende generalmente a confundir a todos los funcionarios, a todas las autoridades y a todos los empleados de la AEAT con un pequeño grupo del mismo Organismo administrativo tributario, que actúan por encima de la Ley imponiendo su voluntad como única razón, cosa que sin la menor duda no es cierta.

Por otro lado, los despropósitos que trascienden de la AEAT con los ciudadanos, no son sino un reflejo de la sociedad española, donde, es evidente, que la libertad real de los españoles de a pie está bajo mínimos. Dicho de otra forma, el peligro inminente para la libertad de los españoles es el mismo en la AEAT, que, en resto de las Administraciones Públicas, igual que en el resto de cualquier colectivo que exista en España, da igual, que se trate de políticos, jueces, abogados, ingenieros, curas, obispos,  etc. etc.

Lo esencial ahora y siempre para la libertad real de los ciudadanos es que hay que ser conscientes, de que “la libertad no se defiende sola y, además, siempre está en peligro”, de manera, que siempre hay que estar dispuesto a defenderla de cualquier ataque injusto y contra ley.

Sin la menor duda, la AEAT está en boca de todos por algunas actuaciones torticeras, injustas, inquisitivas y abusivas, pero, también, es algo evidente, que esas conductas inconstitucionales, desproporcionadas y faltas de proporcionalidad y equidad se realizan y se llevan a cabo por unas pocas autoridades y funcionarios de la misma, el resto mayoritario de esos empleados públicos son un ejemplo de respeto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, tal y como ocurre con la gran mayoría de la Administraciones Públicas sin excepciones.

El verdadero problema reside en el abandono de la libertad a nivel de sociedad civil que existe en España, donde es un “mantra” el sometimiento forzoso o voluntario a la iniquidad de esos pocos funcionarios o empleados públicos, que en abuso manifestó de la Ley, creen que están por encima de toda responsabilidad y que gozan de impunidad, pues están convencidos, que el miedo todo lo puede.

A pesar de todo, vengo observando, que la sociedad civil está despertando de un largo letargo y asoman ya personas y colectivos, que están poniendo pies en pared en defensa de la libertad, denunciando a esos pocos muchos autoridades y funcionarios, que se creen impunes y que la legalidad constitucional no va con ellos.

Si algún funcionario o empleado público hace un uso torticero e injusto de la ley, no hay otra cosa que denunciarlo ante las autoridades administrativas y, en su caso, ante los tribunales y jueces.

Es cierto, así mismo, que se trata de una lucha desigual, pues, en principio, el ciudadano aislado se encuentra con todas las trabas del mundo, con un poder casi omnímodo de la Administración, con todos sus recursos, con todos los costes imaginables e inimaginables, con las costas judiciales, etc. etc., aunque está claro, que eso pasa cuando solo es un ciudadano el que se defiende frente al abuso y la injusticia; cuando son una mayoría los que reclaman su libertad por todos los medios, -incluido, por supuesto, su voto-, las cosas cambian radicalmente, empezando por las autoridades agazapadas en su silencio.

Es una realidad, que, si todos los ciudadanos españoles luchamos por la libertad, sin dejar pasar ningún abuso, ningún despropósito legal, ninguna injusticia pública, las cosas empezarán a cambiar, por la sencilla razón, de que los empleados públicos respetuosos de la ley, que están en desacuerdo y rechazan cualquier injusticia en la aplicación de la ley, son una gran mayoría.

En conclusión, el tanto por ciento de empleados públicos que someten el interés general en lugar de servirlo, es el mismo en todos los colectivos de España, de forma, que decir que la AEAT existen más empleados públicos, que actúan y se creen por encima de la ley, es una gran mentira, ya que, en cualquier administración pública o en cualquier otro grupo de profesionales el número de incapaces, negados, aprovechados, etc. es casi idéntico, admitiéndose como máximo la variación en décimas.

Lo esencial en este asunto vidrioso, tenebroso y oscuro es que, si nadie hace nada, los malvados y sus corifeos se imponen, de manera, que un pequeño grupo se confunde con el todo, apareciendo la nada, ya que, se propaga la idea falsa de que todos los empleados públicos solo están al servicio de si mismos, lo que por si mismo es una tremenda injusticia y una mentira:

“Se puede afirmar, sin dudarlo, que la gran mayoría de los empleados públicos están al servicio del bien común y de la Ley, y, que, además, son los primeros interesados en acabar con cualquier abuso en las administraciones públicas”.

Solo la lucha de todos contra los abusos administrativos y los excesos de poder contra ley, conseguirán devolver la libertades y derechos a los españoles, y, que esos grupúsculos que se sitúan por encima de la ley, haciendo solo su voluntad, desaparezcan en beneficio de todos.

N.B. Es una verdad absoluta, que la gran mayoría de los empleados públicos están al servicio del bien común y del cumplimiento de la ley, aunque, también, es cierto, que los grupúsculos de autoridades y funcionarios que se consideran por encima de la ley existen, y, distorsionan para mal el trabajo de la anterior mayoría, ya que, lo que circula son los abusos e injusticias cometidas por unos pocos, embarrándolo todo.

Nace de todo lo dicho, la necesidad de corregir esos desafueros de unos pocos, que exige la partición de toda la sociedad civil y de esa gran mayoría de empleados públicos defensores de la Ley, ya que, sin duda alguna, de la unión nace la fuerza para erradicar un mal que está corrompiéndolo todo.

La libertades y derechos de los españoles precisan de la participación de todos en su defensa, de manera permanente, fluida y constante, pues, está probado, que los enemigos de la libertad no descansan en su afán de someterla y suprimirla.

Si se permite, que algunos poderes públicos, sean quienes sean,  continúen actuando fuera de la Ley con todo tipo de engaños, y, sometiendo a los ciudadanos con abuso de poder coercitivo e intimidatorio, los españoles viviremos atrapados por la injusticia, nacida de la falta real de respeto a la ley demostrada por esos poderes.

Córdoba, a 15 de noviembre de 2021

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Pensiones – Reforma Laboral – S. S. (verdades y mentiras)

Señalo algunos hechos patentes en este vidrioso asunto, opacado y oscuro de principio a fin, así:

* Al parecer, existe un extenso documento firmado por el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, donde figura según la U. E. que, a finales de 2022, España deberá llevar término la reforma de las pensiones, poniendo en vigor –el ajuste del periodo de cómputo, aumentándolo para calcular las pensiones de jubilación-.

* Es una realidad incuestionable la ampliación de periodo de cotización para calcular la cuantía de las pensiones, aunque el Ministro Sr. Escrivá pretende obviarlo y ocultarlo en la  “nube” y “en el lado oscuro de internet”, y, por lo que se ve con poco éxito.

* Así mismo, es verdad, que cualquier aumento del tiempo de cálculo de las pensiones supondrá aminorar la pensión de casi todos los futuros jubilados.

* Es conocido, que ahora para calcular las pensiones se utilizan los últimos 25 años cotizados de la vida laboral del trabajador. Aunque el Acuerdo con la U. E. parece que no concreta, a cuántos años más se va a extender la cotización, todos los tambores anuncian que se llegará a los 35 años.

Dicho lo anterior, los españoles merecemos, que en este asunto se realice por los poderes públicos (por todos, sin exclusión) una información veraz, tal como garantiza el art. 20 de la Constitución de 1978, que establece: << 1.  Se reconocen y protegen los derechos: d). A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión.

2.      El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa >>.

Es algo evidente, que lo dicho no se cumple ni por asomo, de manera, que, si se quiere reformar las pensiones, realizar una reforma laboral, cuadrar las cuentas de la S. S. y, así, un largo etc. de problemas irresueltos, propongo que se adopten de inmediato una serie de medidas:

1ª.- Que se realice una información veraz a los españoles, inmediata, completa y permanente.

2ª.-, Que por los poderes públicos se aclare la situación económica del Estado para sostener el sistema de pensiones y demás, prestaciones de la S. S., dejando a un lado las medias verdades, las mentiras y los engaños. Los españoles tenemos que conocer las posibilidades económicas reales del Estado, para así, poder decidir sobre cualquier reforma del sistema de pensiones. De seguir hablando -de reformas inexplicadas-, -de gastos impropios-, -de las cuentas de la S. S. como algo ajeno a las cuentas del Estado- y -de otras entelequias engañosas., solo conseguiremos alcanzar una ruina estruendosa, antes o después.

3ª.- No queda otra, que presentar un plan serio, cuantificado de principio a fin y con ofertas concretas, sometiéndolo a la aprobación de los españoles, dejando al lado cualquier excusa, pues la Constitución es muy clara cuando dice, que la soberanía reside en el Pueblo.

4ª.- Es necesario un pacto de estado en estos asuntos de las pensiones, de la reforma laboral y de las cuentas públicas, sin descartar, la posibilidad de realizar un referéndum sobre los mismos.

5ª.- Es algo que nadie discute, que las pensiones tal y como están concebidas son imposibles de sostener, aunque es cierto, que se puede seguir como hasta ahora en la ensoñación engañosa y hasta donde se llegue se llegó. Lo único malo es que el final desastroso, si no arreglamos el problema, cada vez está más cerca y con peores soluciones si se alarga la agonía.

Se mire como se mire, la verdad es solo una, la diga Agamenón o su porquero, de forma, que los engaños, la ocultación y las mentiras tienen las patas cortas.

Si hay que hacer sacrificios los españoles deben conocerlo con claridad, entre otras cosas, porque ya han demostrado, que son responsables hasta el máximo extremo.

N.B. Reitero una verdad absoluta, que, en materia de pensiones, reforma Laboral y S. S. las mentiras y los engaños están bajo mínimos, de manera, que solo a través de la verdad y de la información veraz, con la necesaria participación de todos, se puede encontrar y aplicar una solución real, que, además, sea aceptada por una gran mayoría de españoles.

Los españoles vemos declaraciones de la U. E., del Gobierno, del Ministro de S. S., Sr. Escrivá, de los partidos políticos, de los representantes sindicales y patronales, entrando en la incertidumbre y en la desconfianza, pues soluciones se apuntan pocas y la participación social en la toma de decisiones, simplemente, no existe.

Si los poderes públicos solo continúan con todo tipo de engaños y exprimiendo a los ciudadanos en su patrimonio, los españoles viviremos atrapados por la injusticia y de la inseguridad jurídica, derivadas del nulo respeto a la ley demostrado por esos poderes a la Constitución.

Finalmente, poner de manifiesto, que la recuperación en España se estanca contrayéndose el PIB y la economía real no funciona para los ciudadanos de a pie.

Córdoba, a 12 de noviembre de 2021

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Plusvalía – III- Ayuntamiento Córdoba (más de lo mismo)

Leo en el Diario Córdoba de ayer en papel (07-11-21- Domingo – págs. 4 y 5) una entrevista a Salvador Fuentes -Teniente de alcalde de Hacienda y Urbanismo del Ayuntamiento de Córdoba-, firmada por Irina Marzo, donde se dice, entre otras cosas:

<< ** “Yo no puedo prescindir en una semana de 15 millones”.

**  Tras la sentencia del Tribunal Constitucional ha cifrado en 15 millones lo que supondrá la eliminación del impuesto de plusvalías en Córdoba. ¿Cómo les afectará a los cordobeses?

De forma cautelar, a partir del 26 de octubre suspendimos la liquidación de este impuesto, lo que sí está obligado todo el mundo es a declarar

** Por lo que sabemos a través de la FEMP, el Ministerio de Hacienda se ha comprometido a buscar una solución. Tenemos la esperanza de que antes de que acabe el año el Gobierno de España o bien saque una nueva norma que permita restablecer el impuesto con justicia de recaudación vía real decreto, o si no tendrán que poner encima de la mesa una cuantía suficiente. En cualquier caso, exigimos al Gobierno que acabe con el limbo legal al que nos ha llevado por su inacción con las plusvalías. >>

Lo dicho por el Teniente Alcalde de Hacienda y Urbanismo del Ayuntamiento de Córdoba, Salvador Fuentes, es la expresión manifiesta del dislate, que repiten los políticos todos, cuando hablan del Impuesto de Plusvalía declarado inconstitucional y nulo por la Sentencia del Tribunal Constitucional -Pleno- de fecha 26-10-2021.

Está muy claro, que el problema-asunto del Impuesto de Plusvalía no es de ahora, sino que viene de muy lejos en el tiempo, porque para todos los políticos lo que sienten los ciudadanos ante un impuesto tan injusto y tan abusivo es lo de “menos”, lo esencial para ellos es exprimir al español de a pie a cualquier precio, aunque siempre ha existido un grupo de políticos que han manifestado su desacuerdo ante un impuesto tan falto de equidad.

El nefasto Presidente Sr. Rajoy con su mayoría absoluta no solo no bajó el rigor impositivo, sino que subió los impuestos en contra de lo que había prometido, y, además, por si alguien tenía duda de su actuación mendaz, aprobó una “ley de amnistía”, declarada inconstitucional después, para favorecer a la mayoría de los españoles defraudadores. Aquí solo decir, que la actual situación del impuesto de plusvalía es la historia de un disparate impositivo permitido y auspiciado por casi todos los políticos, enfrascados en el gasto público al precio que sea, dejando a los ciudadanos a los pies de los de los caballos. 

De lo que se trata ahora, no es de buscar recursos públicos con una figura impositiva justa, proporcional y equitativa, sino de imponer, sí o sí, otra trapisonda contra el criterio del T. C. en su sentencia sobre la plusvalía. Se quiera ver de una u otra forma, la plusvalía impositiva es un impuesto abusivo e injusto, ya que, entre otras cosas realiza una triple imposición, en origen gravando la adquisición, y, a continuación, con las plusvalías municipales y las que recaen sobre el IRPF, de manera, que es un hecho probado, que todos los políticos están de acuerdo en saquear al ciudadano, además, realizando una actuación que destierra la ética tributaria, ya que, deslegitima el sistema y anula la Constitución:

Todos los políticos corren, con la Ministra de Hacienda a la cabeza,  a ver quien hace renacer el impuesto de plusvalía con más rapidez e inquina impositiva.

Finalmente, es curioso y significativo, que todos los grupos y políticos que reclaman más y más recursos públicos a través de más impuestos, raramente se ocupan del gasto público, de explicar al ciudadano como se gastan sus impuestos y de eliminar gastos innecesarios, conllevando, dicha actitud generalizada entre la clase política, a destruir la responsabilidad social e impositiva de los contribuyentes, poniendo, se quiera reconocer o no, en peligro el sistema tributario, al desaparecer su legitimación y su fundamento ético.

N.B. Reitero una verdad absoluta: [Que todos los políticos en activo están de acuerdo en restituir, cuanto antes mejor, el impuesto de plusvalía, que llamaran como quieran , pero que en esencia es lo mismo: -injusticia-, -desproporción- y -falta de equidad-].

Que el Tribunal Constitucional haya declarado inconstitucional y nulo el Impuesto de Plusvalía es lo de menos, se le da la vuelta y se obvia al Tribunal, y, los ciudadanos de nuevo a pagar, pues ya se ha visto la reacción pública de todos los poderes elegidos por el pueblo, de manera, que nada de alegrías.

El principio de legalidad y el respeto a la Ley por todos los poderes públicos consagrados en la C. E. en sus artículos 9 y 10 al cajón del olvido, además, sin anestesia.

Los españoles contemplamos atónitos a las declaraciones del Gobierno, de los Partidos Políticos, de los representantes populares elegidos por el Pueblo soberano, que solo se plantean renacer el impuesto de plusvalía municipal de mil formas diferentes (incluso con efectos retroactivos), por descontado, sin reducción del gasto público innecesario.

Si los poderes públicos continúan su camino esquilmando a los ciudadanos en su patrimonio, los españoles seguiremos presos de la injusticia y de la inseguridad jurídica, derivadas del nulo respeto a la ley demostrado por esos poderes, consiguiendo deslegitimar el sistema tributario, al despojarlo de su base ética y de los principios de equidad que lo sostienen.

Córdoba, a 8 de noviembre de 2021

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.