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Amnistía – Estado de Derecho (Sin recovecos en ningún sitio)

Hoy es día para denunciar una Ley de Amnistía, que se carga de una patada la Constitución de 1978, deshaciendo la división de poderes y permitiendo que Magistrados del Tribunal Supremo (y, otros Jueces y Magistrados más) vayan a ser investigados y acusados de prevaricación y de todo lo que caiga.

Soy uno de los muchos españoles, que se consideran violentados en todos sus derechos y libertades fundamentales, de forma, que sirva lo que digo como manifestación absoluta de lo que creo y defiendo hasta el final sea el que sea.

He vivido media vida bajo una dictadura y ahora cuando creía, que entre todos habíamos acabado con cualquier tipo de autocracia dictatorial, vienen “unos pocos muchos, quizás demasiados* y me quieren meter de nuevo en otra dictadura privándome de mis libertades y derechos fundamentales.

Pase lo que pase, no lo aceptaré sublevándome desde ya en favor de la libertad y de la igualdad de todos los españoles.

Dicho lo dicho, nadie puede tener duda de donde estoy y ¿por qué?

Aclaro lo que digo, porque creo que la libertad y la Ley no admiten recovecos, de forma, que no se puede estar contra *la ley de amnistía del Presidente Sánchez, sus socios y demás comparsas, si admitimos excepciones o eximentes a cualquier tipo de amnistía, aunque se disfrace di cualquier cosa de apariencia buenista, realizando un salto mortal al vacío de la nada, creando recovecos opacos a la negación de toda amnistía.

Con ánimo abierto, fijaré algunos puntos libres, de cosas que ocurren, incluso a diario, que podrían servir de justificación a la ley de amnistía, que nos intentan colar por la puerta de atrás del Congreso y encima ciscándose en todos los españoles, así:

1.- Se dice, con verdad, que la ley de amnistía autoriza el llamado lawfare contra los jueces, señalándolos y acusándolos de prevaricar, cosa que repito es un disparate aprobado en una Comisión de Justicia del Congreso.

Sin embargo, hay jueces y magistrados que de una y mil formas comenten “lawfare” contra sus justiciables, sirvan de ejemplo abierto, casos donde jueces y/o magistrados dictan resoluciones contra ley, aunque las disfracen de sentencias y/o autos llenos de justicia, cuando, precisamente, se algo les falta a esas resoluciones es ”el valor justicia constitucional” del art. 1.1. de la C. E.

Es un hecho patente, que, en algunos muchos casos, quizás demasiados, se dictan resoluciones judiciales que, sin ninguna duda, están fuera de la ley y, encima, en muchos casos, esas resoluciones son irrecurribles, de forma, que solo queda el T. C con su ya estratosférico Recurso de Amparo y/o acudir al TJUE o al T.E.DD.HH.

En estos casos irrecurribles por ley judicial aplicada a fortiori en perjuicio directo del justiciable, la razón de las mismas es una libertad absoluta sin reglas del órgano judicial que las dicta, y, además, como son resoluciones irrecurribles el contenido de las mismas es puro y duro lawfare contra el ciudadano sufridor de las mismas.

DICHO DE OTRA FORMA, LA NEGACIÓN DEL *LAWFARE* DEBE OPERAR EN TODAS DIRECCIONES, PORQUE LO QUE NO PUEDE SER, ES QUE LOS JUECES NO PUEDAN SUFRIR “GUERRA SUCIA JUDICIAL” Y LOS CIUDADANOS JUSTICIALES LO SUFRAN CASI A DIARIO.

2.- Ahora, que todos estamos contra la Ley de Amnistía, hay cosas que no son de recibo, cuando algunos, muchos o pocos, que realizan declaraciones y se manifiestan contra la amnistía y la corrupción,  resulta que en sus centros de poder autonómico y local, vienen realizando “amnistías pequeñitas” a políticos y gestores políticos que malgastan dinero público en empresas públicas que llevan a la quiebra técnica o en proyectos faraónicos fallidos al 100 por 100, porque, por ejemplo, cuando las nuevas corporaciones locales salidas de las elecciones municipales pasadas, lejos de pedir responsabilidades a los dirigentes políticos de las anteriores corporaciones, exigiendo la devolución del dinero de todos derrochado sin mesura y sin producir ningún beneficio público, se limitan a decir, que quieren salvar a esas empresas públicas y a todos sus puestos de trabajo, poniendo dinero público a esos fines espurios, sin reclamar el dinero de todos tirado en gastos superfluos, y, corriendo un velo traslúcido de impunidad en favor de esos políticos manirrotos, olvidándose de exigir cualquier tipo de responsabilidad y de que ese dinero público dilapidado debería ser devuelto a los ciudadanos de a pie, es decir, al pueblo.

Solo por poner un ejemplo: En la Diputación Provincial de Córdoba, ahora gobernada por el P. P., los casos de las empresas públicas Emproacsa  (agua) y Epremasa (basura) son un paradigma de lo que digo, de forma, que si o si, el gobierno pepero ha concedido una amnistía “pequeñita” a los políticos y a sus gestores de la anterior Corporación Provincial del PSOE. Se habla de 50.000.000 de euros entre ambas dos empresas citadas, aunque, como, además, no hay auditorias independientes la cifra es un arcano perverso.

En resumen, el respeto a la ley y el estado de derecho solo obran en una dirección, de forma, que no valen los cambios de sentido y las dobles direcciones según quien sea y por la razón que sea, porque un Presupuesto Borrón para 2024 no merece la pena.

El PP en su “Declaración de Córdoba” se ha pronunciado con rotundidad y con toda la razón contra la amnistía y la corrupción política del PSOE, de manera, que en ello estamos en todos los sentidos, ya que, lo contrario es una simulación contradictoria y rayana en la mentira.

Lo que he expuesto, sin ánimo cerrado, exime de más explicaciones sobre lo que digo, porque no se puede estar con Ley y contra la amnistía del Presidente Sánchez y todos sus comilitones y, a la vez, aplicar amnistías, aunque puedan parecer “pequeñitas”, porque no se puede estar con Dios y con el diablo, ya que. la C. E. y sus derechos y libertades para todos los españoles sin igual y la verdadera división de poderes base de toda democracia no admite caminos paralelos, donde el valor justicia se convierte en una entelequia según de donde sople el viento.

N.BPor una España libre y abierta, donde las libertades y derechos de los españoles sean el pan de cada día para todos, y, donde el valor justicia de la igualdad se encuentre en una ley común de todos nosotros, de forma, que el respeto a la ley por cualquier poder público no tenga recovecos, donde algunos puedan cobijarse con absoluta impunidad.

La negación de la amnistía no puede tener dobles direcciones, que naveguen en favor de viento que sople.

Córdoba, a 10 de marzo de 2024.

Fdo. Enrique García Montoya.

Diputado del Parlamento de Andalucía – II Legislatura – Secretario del Parlamento de Andalucía por Alianza Popular.

Abogado ICA-Córdoba. Cdo. 1316. Inspector de Trabajo y S. S.

Desempleo – Misterios (Nadie sabe nada, aunque los datos fake nos aplastan)

Uno de mis lectores me recrimina el hecho de que ahora, no digo nada sobre el paro, el empleo y/o del mercado laboral, y, la verdad es, que lleva razón, aunque en mi descargo diré, que no lo hago porque la mayoría de las cifras oficiales que se publicitan son noticias distorsionadas, donde la verdad se difumina y la apariencia sustituye a la realidad, así, que, pondré algunos ejemplos con ánimo abierto:

** ¿Alguien sabe realmente cual es la cifra de personas paradas en España, y, en extremis su distribución real por sectores (público, privado, mujeres, hombres, jóvenes, mayores, inactivos, etc.)?

NO SE SABE, ES UN MISTERIO.

**¿Alguien sabe realmente cual es la cifra de trabajadores temporales que hay en España y sus condiciones de trabajo?

NO SE SABE, ES UN MISTERIO.

**¿Alguien sabe realmente cual es la cifra de trabajadores a tiempo parcial y sus condiciones de trabajo?

NO SE SABE, ES UN MISTERIO.

**¿Alguien sabe realmente cual es la cifra de personas que trabajan en el sector público y sus condiciones de trabajo?

NO SE SABE, ES UN MISTERIO.

**¿Alguien sabe realmente cual es la cifra de personas que trabajan en puestos de asesores de confianza en la política en el Estado, Comunidades Autónomas, Corporaciones Locales, Empresas Públicas, Fundaciones e Instituciones Públicas, partidos políticos, etc.?

NO SE SABE, ES UN MISTERIO.

Se publicita, que el número de funcionarios públicos superan los 3.6 millones, pero, la realidad es que nadie puede poner la mano en el fuego por ese dato, al no existir una comprobación fiable sobre el mismo.  *Me inclino a pesar, que esa cifra se podría empoderar en un millón de personas más.

Es un hecho, que todos los españoles saben, que lo que digo es verdad, pues los datos que se ofrecen oficialmente son un dislate, así, por ejemplo, ¿cómo puede ser que se den cifras de parados y de afiliaciones a la seguridad social absolutamente discordantes; y/o, de parados y perceptores de la prestación de desempleo dispares?

La lista de cifras contradictorias sería casi interminable, de manera, que sin información veraz hablar y escribir seriamente sobre el empleo, el desempleo y el mercado de trabajo es imposible, algo así, como un brindis al sol.

Por lo expuesto, un movimiento ciudadano abierto, libre y levantado en armas pacíficas para recuperar el valor justicia de todos los españoles es una necesidad.

N.BDel paro real (de la situación real de nuestro mercado laboral) en España nadie sabe nada, aunque los datos fake nos aplastan, de forma, que se trata de un misterio inducido desde la propaganda oficial.

Si alguien duda de lo que digo, las pruebas están a la vista de todos los españoles, de manera, que aquí reside mi exclusión casi total de opinar sobre el asunto, porque como dice un refrán popular “una aguja en un pajar es difícil de encontrar”, lo que, aplicado a este asunto viciado, significa, que la aguja de la verdad está perdida en un pajar de noticias engañosas y datos fake.

Córdoba, a 12 de febrero de 2024.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Cdo. 1316. Inspector de Trabajo y S. S.

La ley – La carcoma – El ejemplo (lawfare y fachosfera)

En cualquier democracia con un Estado de Derecho en vigor el respeto a la ley y su cumplimiento por todos sus ciudadanos y todos sus poderes (legislativo, ejecutivo y judicial), es lo único que garantiza el “valor justicia” en la misma.

La Constitución Española de 1978 dice en su art. 1.1., que “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”.

Así mismo, en su art. 9. 1. garantiza el respeto a la ley, cuando dice, que “los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico”; diciendo en su número 3., que “la Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía jurídicas normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos”.

También dispone en su art. 14., que “los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.

Ocurre ahora, que una carcoma perversa disfrazada de lawfare y fachosfera está anulando por la puerta de atrás nuestra Carta Magna, porque el estado de derecho está hundido en su línea de flotación, de manera, que el respeto a la ley ha desaparecido arrastrando tras de si la división de poderes.

Un ejemplo de ahora y de ya: “Los Fiscales T. S. -mayoría abrumadora de 12 a 3- se sublevan contra las imposiciones “extrañas” del Fiscal General del Estado, y, aún, así, la imposición tiene todos los indicios de prosperar.

Lo dicho es el ejemplo palpable, que las fuerzas perversas del lawfare y de la fachosfera están dinamitando la C. E., máxime, cuando una Ministra dice públicamente, que el poder “reside en el Congreso” y, curiosamente, permanece en cargo sin dimitir, a la vez, que los Magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo quedan señalados con nombres y apellidos como presuntos prevaricadores.

Así mismo, el ejemplo para todo el mundo de la justicia es demoledor, pues, a partir de ahora,

¿quién puede pedir que se aplique la ley?, y

¿qué Órgano del Poder Judicial se atreverá a aplicarla?

Solo un movimiento ciudadano abierto, libre y levantado en armas pacíficas, puede hacer frente a la carcoma, que está royendo nuestro estado de Derecho y destruyendo el valor justicia de todos los españoles.

Por una Acción X Córdoba Abierta, no queda otra, que la autodefensa y la rebelión pacífica en defensa de nuestra Constitución de 1978.

N.BFrente a la carcoma del lawfare y de la fachosfera solo queda el respeto a la Ley y la defensa del “Estado de Derecho.

El valor justicia es irrenunciable.

Córdoba, a 7 de febrero de 2024.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Cdo. 1316. Inspector de Trabajo y S. S.

Los Tercios Españoles – Gonzalo – Granada – él no va más)

Durante 150 años los “Tercios”, quizás, la mejor infantería del mundo, permanecieron invictos realizando gestas increíbles, de manera, que, recuerdo las historias de mi madre sobre la fuerza militar que fundó y desarrolló Gonzalo Fernández de Córdoba -El Gran Capitán-.

 Ahora, tengo un nieto que se llama Gonzalo, cosa que en Córdoba es uno de los mayores elegios que se pueden hacer y que, como le digo, eso “obliga a mucho”.

Según se dice, el origen de los “Tercios” se produjo en Granada durante su conquista por los Reyes Católicos, allí, el alférez de la Reina Isabel, Gonzalo Fernández de Córdoba, junto con otros, crearon la guerra de guerrillas, que junto con grandes innovaciones guerreras hicieron nacer el ejército moderno, lleno de rapidez y movilidad, y, con un código de honor que fue el primero de los suyos.

Durante muchos años ese ejército fue “lo mejor que podía existir”, tal como decía al inicio “él no va más”, porque no solo tenía valientes y temibles soldados, sino, también, tuvo unos jefes o capitanes de una grandeza, que difícilmente se repite en la historia: Gonzalo Fernández de Córdoba, D. Juan de Austria, el Duque de Alba, etc. etc.

Mi madre me contaba, que en la historia solo habían existido unas unidades de ejercito comparables, que eran, las falanges macedonias de Filipo y Alejando Magno y las legiones romanas, de manera, que sus historias hay que mirarlas al trasluz, porque yo era un niño y ella una enamorada de la Grecia antigua y de la cultura romana.

Todas estas historias se las cuento, como hacía mi madre conmigo,  a mi nieto Gonzalo y a mi nieta Ángela, que son una especie de esponjas, que absorben cualquier conocimiento y siempre quieren más, y, es la manera, que tengo heredada de combatir la leyenda negra de esta gran Nación que es España, que (a pesar de lo que está cayendo ahora) hace unos años fue capaz de redactar y aprobar por una mayoría absoluta nuestra Constitución en 1978, que aún disfrutamos y nos ha dado el período de paz más largo y desconocido de nuestra historia.

El espíritu y la grandeza de leyenda de los Tercios Españoles perduran y siguen presentes en nuestra Nación-España.

N.B. Estoy convencido, que ese espíritu de los Tercios Españoles protege la Constitución de 1978 y recuerdo, a los que ahora quieren romper España, empezando por los que quieren anular por la puerta de atrás la Carta Magna, que nunca fueron vencidos.

Córdoba, a 31 de enero de 2024

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Cdo. 1316. Inspector de Trabajo y S.S. 

Por encima de la Ley (impunidad y desigualdad)

Ahora que solo se habla de lawfare judicial, leo, que la Secretaria General del P. P. Srñª. Gamarra ha dicho públicamente, “que los políticos no están por encima de la ley”, lo que, siendo cierto, solo es una media verdad, ya que, según la Constitución Española de 1978, hasta hora vigente, lo que dice <<es que nadie está por encima de la Ley> (ver art.9. C. E.), salvo lo que establece el art. 56.3 de la misma, al decir que “la persona del Rey es inviolable y no está sujeto a responsabilidad”.

Entiendo, que lo dicho significa, que cualquier ciudadano español puede ser llamado a declarar por el Congreso y el Senado de acuerdo con la ley. Dejando claro, *primero, que las Cámaras mencionadas deben justificar suficientemente el ¿por qué? de su citación para que el ciudadano en cuestión pueda ejercer su derecho a comparecer o no, y/o, -bien declarar o no-, y, *segundo, que todos los diputados y senadores, para que no lo olviden, también, están sometidos a la Ley (C. E.).

El Estado Social y Democrático Constitucional (art. 1. C. E.) impone el sometimiento y cumplimiento de la ley, y, el principio por el que todas las personas, instituciones y entidades, incluido el Estado, están sometidas a leyes, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, leyes que deben ser compatibles con las normas y principios internacionales de derechos humanos.

El Estado de Derecho garantiza la igualdad ante la ley, la separación de poderes, la participación social en la toma de decisiones y la legalidad sin arbitrariedad.

N.B. La C. E. de 1978 deja muy claro que “todos los españoles sin exclusión son iguales ante la ley”, de forma, que por encima de la Ley solo hay impunidad y desigualdad.

Córdoba, a 2 de enero de 2024

Fdo. Enrique García Montoya.

(Concejal y Diputado Provincial en la legislatura local 1983-1987 de Alianza Popular y Portavoz del Grupo Provincial de A. P.).

Abogado ICA-Córdoba. Cdo. 1316. Inspector de Trabajo y S. S. -en excedencia-.