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El “doble sombrero” en Córdoba y la ruptura del contrato de ejemplaridad – (La incompatibilidad práctica del candidato al Senado ante el 29N)

I. Planteamiento de la cuestión – (La ilusión del político omnipresente).

El anuncio y consolidación de la candidatura de Salvador Fuentes Lopera al Senado como cabeza de lista del P.P. por Córdoba -compaginando la Presidencia de la Diputación Provincial de Córdoba y su acta de concejal en el Ayuntamiento de la capital con la aspiración a un escaño en la Cámara Alta- plantea un severo debate sobre la calidad institucional y el respeto al votante de centro-derecha.

Aunque la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) no contemple una incompatibilidad de derecho estricta para simultanear la presidencia de un gobierno provincial con la condición de senador, **se genera una incompatibilidad de hecho, técnica y operativa insalvable**.

Pretender abarcar la jefatura del ejecutivo provincial (con más de 70 municipios bajo su tutela, entes en situación crítica como EMPROACSA y EPREMASA, y la red viaria provincial necesitada de gestión real) mientras se atiende la actividad parlamentaria, presupuestaria y de comisiones en Madrid representa una ficción operativa que aboca inevitablemente a la ineficacia institucional en ambos frentes.

II. Radiografía del perfil – (La quiebra de los principios de mérito, capacidad e igualdad).

El artículo 103.3 de la Constitución Española consagra los principios de mérito y capacidad para el acceso a la función pública, principios que el electorado conservador y liberal exige trasladar por extensión ética a la representación política superior.

***Al examinar la trayectoria de Salvador Fuentes Lopera, la evidencia del currículum público es indiscutible:

1.- Inexistencia de ejercicio profesional externo: Salvo por el paso por estudios universitarios no culminados con titulación superior o ejercicio profesional continuado en el sector privado, **la totalidad de su trayectoria laboral desde la década de 1990 hasta la actualidad se ha desarrollado ininterrumpidamente en el seno del aparato de partido e instituciones públicas** (concejalías en Palma del Río y Córdoba, diputación autonómica en el Parlamento de Andalucía, vicepresidencia y presidencia de la Diputación Provincial).

2.- El “político de plantilla” sin alternativa de retorno: Esta dependencia exclusiva de la política como único modus vivendi distorsiona la toma de decisiones, ya que, quien carece de un ejercicio profesional o de una plaza técnica a la que retornar en la economía real *queda sometido a la disciplina de aparato y a la necesidad de blindaje o acumulación de cargos institucionales como garantía de supervivencia personal*.

3.- La quiebra del principio de solvencia: Frente a un electorado de centro-derecha compuesto por autónomos, profesionales liberales, juristas, agricultores y empresarios que arriesgan diariamente su patrimonio en el mercado, **se ofrece como representante en la Cámara Alta un perfil de “aparato puro” que carece de la formación técnica y la especialización requeridas para fiscalizar leyes complejas o defender con rigor los presupuestos del Estado**.

III. La imposibilidad material de la duplicidad institucional.

***Compaginar la gestión diaria de la provincia con la representación en el Senado choca frontalmente con la exigencia de una administración eficaz:

<-La asfixia de la gestión provincial: La Diputación de Córdoba atraviesa un momento crítico que exige dedicación del 100% de la jornada: “La crisis del agua en la zona norte, el saneamiento de las empresas provinciales deficitarias mediante subidas de tasas a las familias y los pactos de gobernabilidad firmados con la izquierda (Izquierda Unida) para salvar los presupuestos”.

Un presidente “a tiempo parcial” que divide su semana laboral entre los Plenos del Senado en Madrid y los despachos del Palacio de la Merced delegará necesariamente el gobierno en la fontanería orgánica.

<-El uso del Senado como refugio y blindaje: La Cámara Alta se concibe constitucionalmente como una cámara de representación territorial y debate legislativo de alta altura, de forma, que convertirla en un “seguro de vida” o en una retribución suplementaria para cargos provinciales vulnera el espíritu de la institución y confirma la percepción de que el aparato utiliza las listas electorales como un reparto interno de prebendas y no como una selección de los mejores perfiles de la sociedad civil.

IV. Conclusión.  (Dictamen doctrinal).

1.- Incompatibilidad ética y funcional: La acumulación de la Presidencia de la Diputación de Córdoba y el escaño de senador por Córdoba vulnera el principio de dedicación plena a los asuntos públicos de la provincia. Nadie puede servir con la máxima exigencia a dos instituciones de primer nivel simultáneamente.

2.- El “voto nominal” como corrector democrático: La papeleta del Senado otorga al ciudadano de Córdoba la herramienta legal precisa para sancionar esta acumulación de cargos. El elector exigente de centro-derecha tiene la potestad de desmarcar las casillas de los candidatos que encarnan la inercia de aparato, reservando su apoyo a candidaturas que acrediten verdadera capacidad, rigor técnico y trayectoria profesional fuera de la política.

3.- Juicio sobre el modelo: Apoyar conscientemente este tipo de candidaturas dobles basadas en la inercia de siglas representa una complicidad voluntaria con la devaluación del mérito en la vida pública, **consolidando la política como una estructura endogámica alejada de las necesidades reales de los ciudadanos de Córdoba**.

N. B. Imagen.La incompatibilidad práctica del candidato al Senado ante el 29N.

(La imagen muestra una escena dividida: En una mitad, un político con un “doble sombrero” sostiene el peso excesivo de la Diputación de Córdoba, mientras que en la otra mitad, su figura como senador por Córdoba en Madrid aparece vacía y desconectada. Un gran reloj central muestra la imposibilidad temporal, y las balanzas institucionales están desequilibradas).

Córdoba, 5 de noviembre de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

(Abogado, Inspector de Trabajo y S.S., exconcejal, exdiputado provincial y andaluz)

La claridad – (El necesario pacto proporcional entre PP y Vox en Andalucía)

Un Grupo de los lectores del blog, me preguntan, qué haría en las actuales circunstancias derivadas del resultado de las elecciones andaluzas.

Aunque dados los precedentes, la respuesta se presenta difusa, creo que la cosa está muy clara, así;

El mapa político andaluz ha dejado un mensaje nítido tras las urnas del 17 de mayo. Los ciudadanos han retirado la mayoría absoluta al Partido Popular, pero han revalidado una indiscutible mayoría de centroderecha y derecha en el Parlamento de las Cinco Llagas. Con los resultados sobre la mesa -el PP con 53 escaños y Vox consolidado como fuerza decisiva con 15-, el mandato de estabilidad pasa obligatoriamente por el entendimiento.

Sin embargo, los andaluces no demandan un cheque en blanco ni componendas de despacho a puerta cerrada, sino que exigen un pacto claro, transparente y estrictamente proporcional al peso que cada formación ha obtenido en las urnas.

1. La transparencia como base del respeto al electorado.

El principal error de los gobiernos de coalición o de los pactos de legislatura suele ser la ambigüedad, de forma, que para que la sociedad andaluza asimile y confíe en la gobernabilidad de los próximos cuatro años, el acuerdo entre la formación de P. P. de Juanma Moreno y la de VOX de Manuel Gavira debe basarse en la máxima luz y transparencia, así:

<-Evitar las líneas difusas: Un acuerdo programático debe ser legible, público y medible. Los andaluces tienen derecho a saber con precisión qué cesiones se hacen, en qué materias y bajo qué plazos.

<-Certidumbre económica y social: Las prioridades de la comunidad (como la gestión del agua, la sanidad pública y las políticas de empleo) no pueden quedar paralizadas por un tira y afloja constante. Un documento nítido disipa cualquier incertidumbre de gestión y transmite madurez institucional.

2. El principio de proporcionalidad justa.

La justicia democrática dicta que la composición y la influencia en el nuevo ciclo político deben ser el reflejo fiel del porcentaje de voto y escaños. Ni más, ni menos.

<-El peso del Partido Popular (53 escaños): El PP sigue siendo la fuerza mayoritaria y el eje sobre el que debe pivotar la acción de gobierno. Su peso específico legítima el liderazgo de las políticas generales y la presidencia de la Junta.

<-El peso de Vox (15 escaños): Vox ha demostrado tener un suelo electoral sólido que lo convierte en la llave del Palacio de San Telmo. Su representación no puede ser ignorada ni diluida en un mero apoyo de investidura sin contrapartidas proporcionales en la fiscalización o el rumbo de las consejerías.

Un reparto proporcional equitativo evita los dos grandes peligros de estas negociaciones: “Que una fuerza minoritaria intente imponer la totalidad de su agenda maximalista, o que la fuerza mayoritaria pretenda absorber los votos de su socio tratándolo como un actor secundario sin voz ni voto”.

<<Un acuerdo andaluz para los andaluces>>

Andalucía no puede permitirse el lujo de una parálisis política ni de un bloqueo institucional que empañe el arranque de la legislatura. La madurez democrática de la comunidad se medirá en la capacidad de ambos partidos para sentarse a negociar con realismo aritmético y altura de miras.

Un pacto proporcional, tasado y, sobre todo, explicado con total franqueza y pedagogía a los andaluces, no solo garantizará la estabilidad que la región necesita para seguir avanzando, sino que dignificará el valor real de cada voto depositado en las urnas.

N. B. Siguiendo con lo que se ha dicho, Juanma Moreno advierte a Vox de que pretende gobernar en solitario, y VOX dice que impondrá sus políticas, así que por ahora empezamos mal.

Córdoba, a 22 de mayo de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Llamamiento de la Presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ en defensa de los jueces (Un grito necesario contra la erosión del Estado de Derecho) – Artículo (I)

El pasado 11 de junio de 2025, la presidenta del Tribunal Supremo (TS) y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, lanzó un contundente llamamiento a las autoridades públicas y a la ciudadanía en general para recuperar el respeto hacia los tribunales y sus jueces. En un contexto de creciente polarización, sus palabras no solo reflejan una preocupación institucional, sino que señalan una amenaza real al pilar fundamental de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho: la independencia judicial. Perelló denunció con firmeza las “descalificaciones constantes” que sufren los jueces por parte de quienes discrepan de sus resoluciones y calificó de “impropias de un Estado democrático avanzado” las manifestaciones que cuestionan directamente a jueces concretos. Este mensaje, que resuena con una claridad innegable, merece no solo nuestra atención, sino una acción inmediata y colectiva para frenar esta deriva.

<<Una realidad alarmante: ataques al poder judicial en todos los niveles>>

La advertencia de la presidenta no es una mera declaración retórica; es un reflejo de una realidad que se extiende desde los más altos tribunales hasta los juzgados de los pequeños municipios. Las descalificaciones a los jueces no son exclusivas de debates nacionales o de casos mediáticos. Es un hecho evidente, que esta actitud se ha normalizado incluso en el ámbito local. Es común escuchar a alcaldes o autoridades municipales cuestionar públicamente resoluciones judiciales, sin argumentos jurídicos, con el único propósito de deslegitimar al juez o jueza que las dicta. Estas críticas, a menudo vertidas con una arrogancia que ignora los principios de separación de poderes, no solo atentan contra la independencia judicial, sino que erosionan la confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia.

Lo más grave es que estas actitudes provienen en muchos casos de figuras políticas cuya legitimidad no siempre se basa en méritos profesionales o capacidades demostradas, sino en lealtades partidistas. Este fenómeno, que vulnera los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, agrava aún más el problema. Un alcalde que, amparado en una mayoría absoluta, se siente por encima de la ley y ataca a un juez local, no solo comete un abuso de poder, sino que envía un mensaje devastador: que las resoluciones judiciales pueden ser ignoradas o ridiculizadas sin consecuencias.

<<La vulnerabilidad de los jueces locales: un problema estructural>>

El llamamiento de Perelló adquiere una dimensión aún más urgente cuando se analiza la situación de los jueces que ejercen en pequeños municipios. Estos profesionales, que a menudo trabajan en soledad y con recursos limitados, son especialmente vulnerables a las presiones políticas y sociales. Cuando un alcalde o cualquier autoridad local critica públicamente una resolución judicial, no solo pone en entredicho la autoridad del juez, sino que lo expone a un escrutinio injusto por parte de la comunidad. Esta situación, es “insidiosa” y “cobarde”, pues el juez no tiene medios efectivos para defenderse públicamente sin comprometer su imparcialidad.

La impunidad con la que actúan estas autoridades locales es, sin duda, la raíz del problema. La falta de consecuencias legales o políticas para quienes atacan a los jueces fomenta una cultura de desprecio hacia el poder judicial. Si no se actúa con firmeza para proteger a los jueces locales, el mensaje que se envía es que el Estado de Derecho es frágil y que la justicia puede ser doblegada por el poder político. Si no empezamos defendiendo y apoyando siempre a ese poder judicial pequeño, la conclusión es que estamos perdidos”.

<<La responsabilidad del CGPJ y de la sociedad>>

El llamamiento de Isabel Perelló no puede quedar en palabras. Es imprescindible que el CGPJ, como garante de la independencia judicial, tome medidas concretas para proteger a los jueces frente a estos ataques. Esto incluye actuaciones inmediatas contra cualquier político que incurra en descalificaciones públicas hacia jueces concretos. El Consejo debe enviar un mensaje claro: cualquier intento de socavar la autoridad judicial tendrá consecuencias, independientemente de si el ataque proviene de un alto cargo o de un edil de un pequeño municipio.

Sin embargo, la responsabilidad no recae únicamente en las instituciones. La sociedad civil tiene un papel crucial en la defensa del Estado de Derecho. En este sentido, la Asociación Córdoba Abierta (ACOA), en respuesta al llamamiento de Perelló, ha hecho un llamamiento a sus asociados y simpatizantes para rechazar las descalificaciones a los jueces y promover el respeto hacia los tribunales. Esta iniciativa es un ejemplo de cómo la ciudadanía puede contribuir activamente a fortalecer la democracia, recordando que la justicia independiente es un pilar irrenunciable de nuestra convivencia.

<<Conclusión: un compromiso colectivo para salvar la democracia>>

El llamamiento de la presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ es una advertencia y, al mismo tiempo, una oportunidad para reflexionar sobre el estado de nuestra democracia. Las descalificaciones a los jueces, especialmente cuando se dirigen a profesionales en contextos vulnerables, no son un problema menor; son un ataque directo al fundamento del Estado de Derecho. Como sociedad, debemos rechazar estas actitudes y exigir que las instituciones actúen con contundencia para proteger la independencia judicial.

Hacemos nuestro el mensaje de Isabel Perelló y de la Asociación Córdoba Abierta -ACOA-: Recuperar el respeto hacia los jueces y tribunales es una tarea urgente y colectiva. Solo a través de un compromiso real, que defienda tanto a los magistrados del Tribunal Supremo como a los jueces de los pequeños pueblos, podremos garantizar que la justicia siga siendo el pilar que sostiene nuestra democracia.

N. B. Hacemos nuestro el llamamiento Presidenta T. S. y CGPJ y rechazamos las descalificaciones a jueces concretos, porque lo contrario es destruir nuestro Estado de Derecho y el fundamento de la democracia.

Córdoba, 17 de junio de 2025

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S.S.

ABUSOS DE PODER – LA CARCOMA AVANZA EN TODO LOS NIVELES DE LO PÚBLICO (aforamientos, contratos jésicos, hermanos y parientes)

La realidad al día de hoy es, que en España una gran parte de los poderes públicos en cualquiera de sus niveles han perdido el respeto a la ley, de forma, que una carcoma perversa está devorando, sin pausa ni control, la aplicación del valor justicia que la C. E. consagra en su art. 1.1., y, los abusos de poder como el aforamiento exprés en Badajoz, las colocaciones y contratos arbitrarios porque “me da la gana y puedo”, a lo largo y ancho de la piel de toro se ha convertido en el pan de cada día para los partidos políticos.

Ya no cuenta la capacidad, el mérito o la preparación, las colocaciones públicas se hacen a dedo entre amigos políticos, parientes, amigos y señoritas, da igual que sea el Estado Central y todas sus empresas, entes y demás, chiringuitos, pues a todos los niveles de los poderes públicos (CC. AA., Ayuntamientos, Provincias y con todas sus empresa y  entes) está pasando, de forma, que no hay más que mirar alrededor para verlo. Solo la Justicia, a duras penas, resiste y trata de poner las cosas a nivel de la ley, pero siempre los juzgados de se atreven a imponer la ley son maltratados, denunciados y vilipendiados.

Por si faltara algo para que la injustica sea impuesta sin responsabilidad, están los aforamientos, las amenazas veladas de los palmeros, los letrados y abogados pagados por el poder abusón, y, los ataques a cualquiera que denuncie una situación de abuso del poder público.

¿ Quién no conoce algún caso de nombramiento, colocaciones y contratos a nivel público comilitones, parientes amigos, señoritas, etc. donde el abuso de poder y la discriminación  han asentado sus reales a vista de todo el mundo, en la creencia real de son inimputables y que están por encima de la ley ?

(Nota. Se puede discutir los que digo, pero lo único cierto es que el abuso de poder saltándose la ley a la torera se ha instalado en todos los niveles de los poderes públicos (Estado, CC. AA., Provincias y Ayuntamientos).

La C. E. de 1978 parece que es de otro mundo, ya que, es un hecho, que parece que nadie hace lo que ella consagra, como la igualdad ante la ley, aunque fue aprobada por una mayoría abrumadora de españoles.

Conclusión.

*El respeto a la ley por parte de los poderes públicos en España está respaldado por un marco constitucional sólido y un sistema democrático funcional, pero una cosa es la teoría y otra la práctica diaria que se ve y se siente.

*La politización de la mayoría de las instituciones, la percepción de corrupción y las tensiones entre poderes generan dudas sobre la plena efectividad del Estado de derecho, porque España cada día parece más una autocracia. Aunque constitucionalmente España sigue siendo un país con un nivel elevado de garantías legales, la confianza ciudadana y la ejemplaridad de los poderes públicos son áreas que requieren atención para fortalecer el respeto a la ley.

N.B.  Si no controlamos todos los abusos de poder, la carcoma que se come nuestras libertades y la igualdad de los españoles con aforamientos exprés, contratos jésicos, hermanos y parientes al lema de todos colocados, acabarán con la democracia, la libertad y la igualdad.

Que nadie se engañe y esconda la cabeza, lo que hay es lo que se ve y lo que se siente, concretamente, que el respeto a la Ley en España está bajo mínimos, de manera, que nuestro estado de derecho y nuestra democracia están en serio peligro.

El silencio y la sumisión ante la injusticia es complicidad con los que abusan del poder público en su beneficio desviándolo del interés general.

Córdoba, a 26 de mayo de 2025

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.