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Andalucía y Cataluña (Equilibrio, Respeto y Verdad)

El debate sobre la financiación autonómica y las políticas fiscales en España a menudo se ve empañado por discursos polarizados que enfrentan a comunidades como Andalucía y Cataluña. Las recientes y acertadas declaraciones del Gobierno de Andalucía, liderado por Juanma Moreno (PP), sobre una nueva bajada de impuestos, respondiendo a las palabras desgraciadas de Turull, y, las críticas desde Junts per Catalunya, con Jordi Turull a la cabeza, acusando a Andalucía de “vivir a costa de Cataluña”, han reavivado tensiones llenas de una peligrosa agresividad, teniendo en cuenta, a mayor abundamiento, que los insultos a los andaluces por líderes independentistas vienen de lejos, pues no hay más que recodar a -Jordi Pujol- cuando describía a los inmigrantes andaluces que llegaban a Cataluña como hombres «anárquicos», «cuya ignorancia natural lleva a la miseria mental y espiritual» y que además son «insignificantes, incapaces de dominio, de creación».

Aquí sobra ya cualquier otra explicación, ya que, hasta hoy los líderes independentistas han seguido la senda del insulto y del menosprecio a los andaluces.

Con este artículo desde Córdoba Abierta -ACOA- pretendemos analizar este asunto y su contexto, desmontar relatos y cuentos populistas, proponiendo una perspectiva equitativa basada en datos, respeto mutuo y la necesidad de un sistema de financiación autonómica más justo.

<<Entorno: Políticas fiscales y tensiones regionales>>

Desde 2019, la Junta de Andalucía ha implementado siete rebajas fiscales, incluyendo deducciones en el IRPF para alquiler (hasta 1.200 euros anuales para jóvenes menores de 35 años, mayores de 65 y víctimas de violencia de género o terrorismo) y gastos veterinarios para mascotas (hasta 100 euros, especialmente para animales adoptados o de asistencia).

Estas medidas, que representan un ahorro estimado de 1.000 millones de euros anuales, han contribuido a un crecimiento económico notable:

“Un aumento del 22% en el número de contribuyentes desde 2018, un 50% en recaudación fiscal y la atracción de inversiones que han situado a Andalucía como la segunda comunidad de régimen común con menor carga fiscal”.

Sin embargo, desde Cataluña, Jordi Turull (Junts per Catalunya) ha criticado estas políticas, denunciando que Andalucía se beneficia injustamente del sistema de financiación autonómica a expensas de Cataluña, que no puede financiar adecuadamente servicios como becas de comedor o ayudas a la dependencia.

Sus comentarios, que ridiculizan deducciones como las de “gimnasios y perros”, perpetúan un discurso divisorio que recuerda a declaraciones históricas despectivas, como las de Jordi Pujol en los años 70, que calificaban al <hombre andaluz> como “poco hecho” y en “miseria cultural”.

<<Análisis crítico: Solidaridad, equidad y mitos>>

1.- El sistema de financiación autonómica: Solidaridad, no parasitismo.

El sistema de financiación autonómica, vigente desde 2009, busca equilibrar las desigualdades económicas entre regiones. Comunidades con mayor PIB per cápita, como Cataluña (36.000 euros) o Madrid, aportan más al fondo común (aunque hay que señalar que también han tenido y tienen muchos privilegios), mientras que regiones con menor renta, como Andalucía (20.000 euros per cápita), reciben más para garantizar servicios básicos como sanidad y educación.

(Nota. La regiones forales. Navarra y País Vasco, tienen un sistema donde al final reciben más de lo que aportan al Estado, sirva como ejemplo, “las transferencias que reciben para complementar su déficit en pensiones, que no cubren con sus cotizaciones”.).

El mecanismo de compensación y equilibrio territorial nacional no implica que Andalucía “viva a costa” de Cataluña o de Madrid, sino que se redistribuye recursos para cohesionar el país.

No obstante, el sistema al día de hoy está desfasado y necesita una reforma estructural adecuada, así: *Cataluña calcula una pérdida neta de unos 2.000 millones de euros anuales, mientras *Andalucía reclama 4.000 millones adicionales para cubrir sus necesidades.

Ambas tienen razón en señalar deficiencias, pero la solución no pasa por enfrentar regiones, sino por reformar el modelo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera para premiar el esfuerzo económico y la buena administración sin penalizar a las comunidades más vulnerables ni castigar a las más ricas y productivas.

2.- Las bajadas de impuestos en Andalucía: Competencia autonómica legítima.

Las deducciones fiscales en Andalucía son decisiones legítimas dentro de las competencias autonómicas. Reducir la presión fiscal ha estimulado la economía andaluza, que creció un 3,5% en 2024, superando la media nacional. *Criticar deducciones específicas andaluzas, como las de mascotas o gimnasios, con un tono peyorativo y de forma altiva, ignora su impacto positivo en sectores como el bienestar animal o la salud pública, además de trivializar un esfuerzo real por mejorar la calidad de vida.

*Cataluña, por su parte, prioriza otras áreas, como becas o infraestructuras.

Estas diferencias reflejan la autonomía fiscal de cada comunidad, no un robo de recursos. Si Junts desea más fondos para Cataluña, debería abogar por un nuevo modelo de financiación consensuado, no avivar rivalidades regionales, confrontando Andalucía y Cataluña.

3.- Narrativas populistas: Un obstáculo para la unidad.

*El discurso de Junts, centrado en el victimismo independentista, perpetúa estereotipos y divisiones. Señalando a Andalucía como <culpable> de los problemas catalanes, se ignora el progreso andaluz: <-Que de ser una región de emigrantes->, Andalucía se ha convertido en un hub (punto de conexión) de energías renovables, turismo y agroindustria, aportando el 13,5% al PIB nacional. Este menosprecio histórico, ahora exacerbado, no solo es injusto, sino que desvía la atención de soluciones constructivas, como la colaboración en proyectos conjuntos (ej. el Corredor Mediterráneo).

*Por otro lado, el Gobierno andaluz debe ser más transparente, ya que, aunque las bajadas de impuestos son positivas, presentarlas todas como una reducción general sin mencionar que algunas son deducciones específicas servirá de alimento a percepciones de populismo.

“La claridad fortalece la confianza ciudadana y evita dar argumentos a críticos radicales como Turull”.

<<Propuesta: Hacia un equilibrio basado en el respeto>>

1.- Reforma del sistema de financiación autonómica: Es urgente actualizar el modelo de 2009 para que sea más equitativo, transparente y adaptado a las necesidades actuales. Un sistema que reconozca las aportaciones de regiones como Cataluña sin desatender a las de menor renta, como Andalucía, beneficiaría a ambas.

2.- Diálogo interregional: En lugar de discursos divisivos, las comunidades deben colaborar en proyectos de interés común, como infraestructuras o innovación, que refuercen la cohesión nacional.

3.- Transparencia y responsabilidad: Los gobiernos autonómicos deben comunicar sus políticas con claridad, evitando narrativas populistas que distorsionen la realidad o alimenten enfrentamientos.

<<Conclusión>>

Las políticas fiscales de Andalucía son un acierto para impulsar su economía y mejorar el bienestar de sus ciudadanos, pero requieren una comunicación más transparente para evitar malentendidos. Las críticas de Junts, cargadas de menosprecio, no solo son injustas, sino que perpetúan un ciclo de división que daña a España. Catalanes y andaluces comparten una historia común y un futuro interconectado. Solo a través del respeto mutuo, el diálogo y un sistema de financiación justo se logrará un equilibrio que beneficie a todos.

N.B. Andaluces y catalanes de a pie (el Pueblo) exigen equilibrio y respeto, todo lo demás es injusticia populista basada en el insulto y en la falta de verdad.

Los políticos no pueden ser muros de menosprecio, de odio o de intereses personales desequilibrados, faltos de ética y de equidad, porque Andalucía y Cataluña necesitan equilibrio, respeto y verdad.

Dicho de otra forma, las medidas fiscales que se apartan del principio de igualdad vienen lastradas por vulnerar ese principio constitucional, de forma, que toda rebaja fiscal específica y populista solo aplicable a un grupo de ciudadanos rompe ese principio fiscal elemental y nunca será una bajada general de impuestos para todos, salvo casos de una necesidad extrema como puede ser por ej. la ELA.

Córdoba, 29 de septiembre de 2025.

Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y Seguridad Social.

Presidente de la Asociación Córdoba Abierta (ACOA).

(P.D. Debe quedar claro, que las medidas ficales del Presidente de Andalucía benefician a los andaluces, pero una cosa es eso y otra estar ciego ante las bajadas de impuestos de Gobierno de la Junta de Andalucía, porque no todas sus rebajas impositivas aprobadas son bajada de impuestos general real, sino que hay casos en que se adoptan medidas fiscales populistas específicas aceptables (mascotas y gimnasios), porque la verdad no se debe disfrazar con una pretendida bohonomía, que no se pueda discutir ni debatir. Concretamente el art. 31. de la C. E. dice en su número 1.- “Que todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”.).

Llamamiento de la Presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ en defensa de los jueces (Un grito necesario contra la erosión del Estado de Derecho) – Artículo (I)

El pasado 11 de junio de 2025, la presidenta del Tribunal Supremo (TS) y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, lanzó un contundente llamamiento a las autoridades públicas y a la ciudadanía en general para recuperar el respeto hacia los tribunales y sus jueces. En un contexto de creciente polarización, sus palabras no solo reflejan una preocupación institucional, sino que señalan una amenaza real al pilar fundamental de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho: la independencia judicial. Perelló denunció con firmeza las “descalificaciones constantes” que sufren los jueces por parte de quienes discrepan de sus resoluciones y calificó de “impropias de un Estado democrático avanzado” las manifestaciones que cuestionan directamente a jueces concretos. Este mensaje, que resuena con una claridad innegable, merece no solo nuestra atención, sino una acción inmediata y colectiva para frenar esta deriva.

<<Una realidad alarmante: ataques al poder judicial en todos los niveles>>

La advertencia de la presidenta no es una mera declaración retórica; es un reflejo de una realidad que se extiende desde los más altos tribunales hasta los juzgados de los pequeños municipios. Las descalificaciones a los jueces no son exclusivas de debates nacionales o de casos mediáticos. Es un hecho evidente, que esta actitud se ha normalizado incluso en el ámbito local. Es común escuchar a alcaldes o autoridades municipales cuestionar públicamente resoluciones judiciales, sin argumentos jurídicos, con el único propósito de deslegitimar al juez o jueza que las dicta. Estas críticas, a menudo vertidas con una arrogancia que ignora los principios de separación de poderes, no solo atentan contra la independencia judicial, sino que erosionan la confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia.

Lo más grave es que estas actitudes provienen en muchos casos de figuras políticas cuya legitimidad no siempre se basa en méritos profesionales o capacidades demostradas, sino en lealtades partidistas. Este fenómeno, que vulnera los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, agrava aún más el problema. Un alcalde que, amparado en una mayoría absoluta, se siente por encima de la ley y ataca a un juez local, no solo comete un abuso de poder, sino que envía un mensaje devastador: que las resoluciones judiciales pueden ser ignoradas o ridiculizadas sin consecuencias.

<<La vulnerabilidad de los jueces locales: un problema estructural>>

El llamamiento de Perelló adquiere una dimensión aún más urgente cuando se analiza la situación de los jueces que ejercen en pequeños municipios. Estos profesionales, que a menudo trabajan en soledad y con recursos limitados, son especialmente vulnerables a las presiones políticas y sociales. Cuando un alcalde o cualquier autoridad local critica públicamente una resolución judicial, no solo pone en entredicho la autoridad del juez, sino que lo expone a un escrutinio injusto por parte de la comunidad. Esta situación, es “insidiosa” y “cobarde”, pues el juez no tiene medios efectivos para defenderse públicamente sin comprometer su imparcialidad.

La impunidad con la que actúan estas autoridades locales es, sin duda, la raíz del problema. La falta de consecuencias legales o políticas para quienes atacan a los jueces fomenta una cultura de desprecio hacia el poder judicial. Si no se actúa con firmeza para proteger a los jueces locales, el mensaje que se envía es que el Estado de Derecho es frágil y que la justicia puede ser doblegada por el poder político. Si no empezamos defendiendo y apoyando siempre a ese poder judicial pequeño, la conclusión es que estamos perdidos”.

<<La responsabilidad del CGPJ y de la sociedad>>

El llamamiento de Isabel Perelló no puede quedar en palabras. Es imprescindible que el CGPJ, como garante de la independencia judicial, tome medidas concretas para proteger a los jueces frente a estos ataques. Esto incluye actuaciones inmediatas contra cualquier político que incurra en descalificaciones públicas hacia jueces concretos. El Consejo debe enviar un mensaje claro: cualquier intento de socavar la autoridad judicial tendrá consecuencias, independientemente de si el ataque proviene de un alto cargo o de un edil de un pequeño municipio.

Sin embargo, la responsabilidad no recae únicamente en las instituciones. La sociedad civil tiene un papel crucial en la defensa del Estado de Derecho. En este sentido, la Asociación Córdoba Abierta (ACOA), en respuesta al llamamiento de Perelló, ha hecho un llamamiento a sus asociados y simpatizantes para rechazar las descalificaciones a los jueces y promover el respeto hacia los tribunales. Esta iniciativa es un ejemplo de cómo la ciudadanía puede contribuir activamente a fortalecer la democracia, recordando que la justicia independiente es un pilar irrenunciable de nuestra convivencia.

<<Conclusión: un compromiso colectivo para salvar la democracia>>

El llamamiento de la presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ es una advertencia y, al mismo tiempo, una oportunidad para reflexionar sobre el estado de nuestra democracia. Las descalificaciones a los jueces, especialmente cuando se dirigen a profesionales en contextos vulnerables, no son un problema menor; son un ataque directo al fundamento del Estado de Derecho. Como sociedad, debemos rechazar estas actitudes y exigir que las instituciones actúen con contundencia para proteger la independencia judicial.

Hacemos nuestro el mensaje de Isabel Perelló y de la Asociación Córdoba Abierta -ACOA-: Recuperar el respeto hacia los jueces y tribunales es una tarea urgente y colectiva. Solo a través de un compromiso real, que defienda tanto a los magistrados del Tribunal Supremo como a los jueces de los pequeños pueblos, podremos garantizar que la justicia siga siendo el pilar que sostiene nuestra democracia.

N. B. Hacemos nuestro el llamamiento Presidenta T. S. y CGPJ y rechazamos las descalificaciones a jueces concretos, porque lo contrario es destruir nuestro Estado de Derecho y el fundamento de la democracia.

Córdoba, 17 de junio de 2025

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S.S.

ABUSOS DE PODER – LA CARCOMA AVANZA EN TODO LOS NIVELES DE LO PÚBLICO (aforamientos, contratos jésicos, hermanos y parientes)

La realidad al día de hoy es, que en España una gran parte de los poderes públicos en cualquiera de sus niveles han perdido el respeto a la ley, de forma, que una carcoma perversa está devorando, sin pausa ni control, la aplicación del valor justicia que la C. E. consagra en su art. 1.1., y, los abusos de poder como el aforamiento exprés en Badajoz, las colocaciones y contratos arbitrarios porque “me da la gana y puedo”, a lo largo y ancho de la piel de toro se ha convertido en el pan de cada día para los partidos políticos.

Ya no cuenta la capacidad, el mérito o la preparación, las colocaciones públicas se hacen a dedo entre amigos políticos, parientes, amigos y señoritas, da igual que sea el Estado Central y todas sus empresas, entes y demás, chiringuitos, pues a todos los niveles de los poderes públicos (CC. AA., Ayuntamientos, Provincias y con todas sus empresa y entes) está pasando, de forma, que no hay más que mirar alrededor para verlo. Solo la Justicia, a duras penas, resiste y trata de poner las cosas a nivel de la ley, pero siempre los juzgados de se atreven a imponer la ley son maltratados, denunciados y vilipendiados.

Por si faltara algo para que la injustica sea impuesta sin responsabilidad, están los aforamientos, las amenazas veladas de los palmeros, los letrados y abogados pagados por el poder abusón, y, los ataques a cualquiera que denuncie una situación de abuso del poder público.

¿ Quién no conoce algún caso de nombramiento, colocaciones y contratos a nivel público comilitones, parientes amigos, señoritas, etc. donde el abuso de poder y la discriminación han asentado sus reales a vista de todo el mundo, en la creencia real de son inimputables y que están por encima de la ley ?

(Nota. Se puede discutir los que digo, pero lo único cierto es que el abuso de poder saltándose la ley a la torera se ha instalado en todos los niveles de los poderes públicos (Estado, CC. AA., Provincias y Ayuntamientos).

La C. E. de 1978 parece que es de otro mundo, ya que, es un hecho, que parece que nadie hace lo que ella consagra, como la igualdad ante la ley, aunque fue aprobada por una mayoría abrumadora de españoles.

Conclusión.

*El respeto a la ley por parte de los poderes públicos en España está respaldado por un marco constitucional sólido y un sistema democrático funcional, pero una cosa es la teoría y otra la práctica diaria que se ve y se siente.

*La politización de la mayoría de las instituciones, la percepción de corrupción y las tensiones entre poderes generan dudas sobre la plena efectividad del Estado de derecho, porque España cada día parece más una autocracia. Aunque constitucionalmente España sigue siendo un país con un nivel elevado de garantías legales, la confianza ciudadana y la ejemplaridad de los poderes públicos son áreas que requieren atención para fortalecer el respeto a la ley.

N.B. Si no controlamos todos los abusos de poder, la carcoma que se come nuestras libertades y la igualdad de los españoles con aforamientos exprés, contratos jésicos, hermanos y parientes al lema de todos colocados, acabarán con la democracia, la libertad y la igualdad.

Que nadie se engañe y esconda la cabeza, lo que hay es lo que se ve y lo que se siente, concretamente, que el respeto a la Ley en España está bajo mínimos, de manera, que nuestro estado de derecho y nuestra democracia están en serio peligro.

El silencio y la sumisión ante la injusticia es complicidad con los que abusan del poder público en su beneficio desviándolo del interés general.

Córdoba, a 26 de mayo de 2025

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Respeto a la Ley – España (Democracia bajo mínimos)

La realidad al día de hoy es, que parece que en España todos los poderes públicos han perdido el respeto a la ley en cualquiera de sus niveles, de forma, que una carcoma perversa está devorando, sin pausa ni control, la aplicación del valor justicia que la C. E. consagra en su art. 1.1., y, aquí reside el verdadero problema de la falta del respeto a la Ley, que se está apoderando de todos los poderes públicos (legislativo, ejecutivo y judicial) y a todos sus niveles.

Basta por ahora observar la realidad diaria por comprender, que lo que digo es cierto, así:

a).- Un poder legislativo que está al servicio de un Gobierno Central, que ha decidido pasar del Congreso y del Senado, aprobándolo todo por decretos leyes, o, como ahora, aprobado un gasto militar sorpresivo y superlativo al margen de cualquier control incluso de su propio Gobierno.

b).- Un poder ejecutivo autocrático sometido a un líder político que nadie sabe por dónde va y ni a dónde quiere ir, de manera, que vamos de sorpresa en sorpresa, de Cataluña a Waterloo, de Europa a China, de la OTAN a sin la OTAN y con EE. UU. fuera de juego.

c).- Un poder judicial dividido y diluido en la nada e incapaz de adoptar decisiones tan elementales como las presidencias de las salas del T. S., y, dónde las ideologías incapaces de llegar a acuerdos hacen inoperante el CGPJ.

(Nota. Se puede discutir los que digo, pero lo único cierto es que la falta del respeto a la ley se ha instalado en todos los niveles de los poderes públicos (Estado, CC. AA., Provincias y Ayuntamientos). No se busca ya el interés general y/o el bien común, sino ocupar espacios de poder apartando como sea al adversario político y apoderándose del empleo público sin dejar el mínimo espacio para la igualdad ante la ley.).

La C. E. de 1978 parece que es de otro mundo, ya que, nadie hace lo que ella dice, aunque fue aprobada por una mayoría abrumadora de españoles:

1º.- La C. E. dice en su artículo 10.1 (Dignidad, derechos y respeto a la ley), que “la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social”.

Así lo ha consagrado, por ejemplo, nuestro T. C. en Sentencia de Pleno: “Procedimiento: Recurso de inconstitucionalidad Decisión: Pleno. Sentencia Nº de procedimiento: 1024-2004. Sentencia: 17/2013 [ECLI:ES:TC:2013:17]. Fecha: 31/01/2013. Fecha publicación BOE: 26/02/2013.

2º.- Digamos, que lo que dice la Constitución es la teoría, pues en la práctica diaria en España el respeto a la Ley, especialmente, por los Poderes Públicos ha pasado a la gloría de su casi extinción, así:

** Principios constitucionales:

La Constitución Española de 1978 establece que España es un Estado social y democrático de derecho, donde los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico (artículo 9.1). Este artículo también garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de disposiciones sancionadoras, la seguridad jurídica y la prohibición de arbitrariedad por parte de los poderes públicos.

Los poderes públicos (legislativo, ejecutivo y judicial) están obligados a respetar los derechos fundamentales y las libertades públicas, que vinculan a todas las instituciones (artículo 53). Además, la separación de poderes, consagrada en la Constitución, busca evitar abusos y garantizar un equilibrio institucional.

**Situación actual del respeto a la ley.

*Separación de poderes: Existen realidades perversas sobre la influencia del poder ejecutivo en el judicial, particularmente en la designación de miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), siendo la figura distorsionada de la Fiscalía General de Estado un ejemplo de lo que nunca deber ser una democracia regida por la ley de todos.

*Corrupción y ejemplaridad: Informes recientes, como el de GRECO (Grupo de Estados contra la Corrupción), señalan que España no ha implementado completamente recomendaciones para prevenir la corrupción en altos cargos, jueces, fiscales y cuerpos de seguridad. Esto afecta la confianza ciudadana en los poderes públicos.

*Neutralidad de los poderes públicos: La exhibición de símbolos políticos no oficiales en espacios públicos (como banderas republicanas o lazos amarillos) ha generado debates judiciales. Los tribunales, en vano, han reforzado el principio de neutralidad, exigiendo que los espacios públicos se mantengan libres de símbolos partidistas, según la Ley 39/1981.

*Cumplimiento de la ley en contextos políticos sensibles: Episodios como el referéndum ilegal de Cataluña en 2017 han puesto de manifiesto tensiones entre poderes públicos autonómicos y el Estado central.

*Legislación y participación ciudadana: Hay críticas sobre la falta de debate y participación en la elaboración de leyes, lo que puede debilitar su legitimidad.

**Percepción social.

La confianza de los españoles en las instituciones públicas ha disminuido en los últimos años por múltiples causas, así, casos de corrupción, politización de la justicia y una percepción de falta de ejemplaridad en los líderes políticos.

**Casos relevantes.

*Bloqueo del CGPJ: La parálisis en la renovación del Consejo General del Poder Judicial y en su funcionamiento ha sido objeto de críticas nacionales e internacionales, con el Tribunal Constitucional interviniendo para frenar ciertas reformas.

*Amnistía y procesos judiciales: La ley de amnistía para encausados del procés catalán ha generado controversias sobre su compatibilidad con el principio de igualdad ante la ley y el respeto al ordenamiento jurídico.

*Ciberseguridad y derechos fundamentales: El retraso en la aplicación de la ley de ciberseguridad muestra un intento de equilibrar seguridad y derechos, pero también evidencia desafíos en la implementación de normas.

*En un día el Gobierno ha decidido: (I). No someter al control parlamentario un tremendo gasto de defensa; y, (II) Apoyar el que el Fiscal General del Estado nombre una nueva fiscalía especial para que le investigue a él.

3º.- Conclusión.

N.B. Lo que hay es lo que se ve y lo que se siente, concretamente, que el respeto a la Ley en España está bajo mínimos, de manera, que nuestro estado de derecho y nuestra democracia están en serio peligro.

Córdoba, a 24 de abril de 2025

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

La falta de respeto a la ley está ya en todos los niveles del poder público (Principio de legalidad – Inseguridad jurídica)

Lo que se está viendo publicamente a nivel nacional sobre saltarse la ley por políticos y sus partidos (incluidas las Instituciones del Estado), produce una sensación de desamparo a los españoles de a pie sobre la aplicación de la ley y una completa una falta completa del principio de legalidad en la igualdad de todos los españoles.

Aunque lo verdaderamente preocupante, que da mucho miedo, es que la falta de respeto a la ley alcanza ya todos los niveles del poder público, quedando los ciudadanos de a pie como unas personas abandonadas por la ley y por poderes públicos que la deben de aplicar, que curiosamente deben su poder al Pueblo que someten contra toda ley.

Cualquier ciudadano deja de presentar un modeo obligatorio en Hacienda y/o deja de pagar una multa de tráfico (solo a título de ejemplo) y en horas veinticuatro tiene la la aplicación rigurosa de la ley encima de él, de manera, que no hay excusa ni pretexto alguno, que le libre de la fueza corecitiva de la ley aplicable.

Por el contrario si se trata de un político, sea cual sea su nivel de poder público, si incumple la ley la “amnistía es total”, de forma, que el ciudadano-pueblo solo le queda ir de entrada a un proceso juicial contencioso administrativo, pues si el ciudadano acude a presentar una denuncia penal, porque el político de turno enchido de poder incumple la ley, que prospere su denuncia es algo casi increible y, además, siempre obtiene la misma respuesta: “Lo que denuncia no es delito, pues solo es un posible ilícito administrativo”.

Queda claro, que NO es NO, así que a fastidiarse y a jorobarse toca. (Lo digo con delicadeza).

En España ahora la igualdad de todos los españoles ante la ley ha pasado a un deterioro irreversible del “valor justicia” y a un menosprecio de nuestro estado de Derecho, mientras la democracia real y el poder del pueblo soberano ha pasado a un universo paralelo dominado por un poder político irresponsable, ininimputable y que se cree con toda la razón de que está por encima de la ley (eso es lo que se ve y se siente a diario).

Frente a una situación de injusticia pública atrabiliaria e instaurada en el poder, ha llegado la hora de defender nuestros derechos y libertades con una rebelión pacífica de todos los ciudadanos, y, creo que asociaciones y colectivos como “Córdoba Abierta ACOA” deben comenzar a moverse en defensa de la libertad, de la igualdad y de la justicia.

N.B. Es un hecho que la falta del respeto a la ley está ya istalada en todos los niveles de los poderes publicos, de manera, que si queremos justicia el principio de legalidad se debe imponer a la inseguridad jurídica de los españoles de a pie.

Si seguimos callados, silentes y cautivos unos pocos-muchos destruiran la democracia, haciendo papel mojado la Constitución Española de 1978.

Córdoba, a 25 de noviembre de 2024.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado. ICA – Córdoba. Cd. 1316.