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Estafas pandémicas – Negocios jurídicos criminalizados (en aumento y sin remedio)

En estos días llenos de incertidumbre y de inseguridad jurídica, proliferan las estafas pandémicas, al socaire de negocios civiles y mercantiles criminalizados. Resulta curioso, que no se publicite, hable y escriba más sobre esta realidad, al menos como medio preventivo, que está asolando la economía, la confianza contractual y, en muchos casos, el prestigio exterior de España, ya que, muchos de los estafados son contratantes, comerciantes e inversores extranjeros, que confiados en la seguridad jurídica del País están realizando operaciones y transacciones de compraventa y/o financieras en España.

Lo peor aparece, cuando esos negocios civiles y mercantiles que esconden operaciones jurídicas criminalizadas, los perjudicados tienen que proceder a reclamar judicialmente los importes estafados, chocando con una legislación no preparada, una justicia, a veces demasiadas, que no sabe qué camino tomar, si civil o penal, quedando esos perjudicados anclados y sin posibilidades reales de recuperar, -rápido y con el mínimo gasto-, las cantidades defraudadas obtenidas bajo la forma de esos instrumento jurídicos criminalizados, máxime cuando el defraudador, como es normal en estos casos, carece de cobertura aseguradora total o parcial.

Lo expuesto es una realidad, desgraciadamente, en aumento, nacida al influjo nocivo de la pandemia y que parece que nadie quiere atajar, pero que está causando un daño terrible a la economía, a nuestra credibilidad exterior y a las inversiones extranjeras en España.

En nuestro ordenamiento jurídico la estafa existe cuando concurren los elementos del tipo del art. 248 CP, de forma, que se pueden destacar los elementos que deben concurrir en estos casos para apreciar la existencia de ilícito penal:

*  Que exista engaño.

La estafa como elemento esencial requiere la concurrencia del engaño que debe ser suficiente, además de precedente o concurrente con el acto de disposición de la víctima que constituye la consecuencia o efecto de la actuación engañosa, sin la cual no se habría producido el traspaso patrimonial.

* Engaño bastante que produce error en el perjudicado.

El engaño debe ser antecedente, causante y bastante, entendido como suficiente para viciar el consentimiento del sujeto estafado, de forma, que las falsas maquinaciones -sean suficientes e idóneas para engañar a cualquier persona medianamente avispada-.

* Un acto de disposición patrimonial consecuencia del engaño sufrido.

*Ánimo de lucro, ya sea en beneficio propio o de un tercero, deducible del complejo de los actos realizados.

*Nexo causal entre el engaño provocado y el perjuicio experimentado.

 ***  En la variedad de estafa conocida como -negocio jurídico criminalizado-, el engaño surge,cuando el autor simula un propósito serio de contratar, cuando, en realidad, solo pretende aprovecharse del cumplimiento de las prestaciones a que se obliga la otra parte, ocultando a ésta su decidida intención de incumplir sus propias obligaciones contractuales, aprovechándose el defraudador de la confianza y la buena fe del perjudicado con claro y terminante animo inicial de incumplir lo convenido.

Es decir, todo aparece como normal, pero uno de los contratantes sabe que no va a cumplir, y, no cumple y se descubre después, quedando consumada la estafa al realizarse el acto dispositivo por parte del engañado. En el delito de estafa a través de los llamados negocios jurídicos criminalizadlos, el sujeto activo defraudador sabe desde el momento de la contratación, que no cumplirá o que no podrá cumplir la contraprestación a la que se comprometió.

N.B. Ahora, -al rebufo del covid-19- están proliferando las estafas pandémicas sin remedio legal proporcionado, a través de los llamados negocios jurídicos criminalizados, porque, además, la incertidumbre y la inseguridad jurídica dominante, hacen que se extiendan como una plaga los negocios civiles y mercantiles fraudulentos.

La confianza y la reputación comercial y económica de un país es algo difícil de conseguir, aunque facilísimo de destruir con normas que producen incertidumbre e inseguridad jurídica y con un aumento de las contrataciones civiles y comerciales criminalizadas, de forma, que toda protección legal común resultará escasa. En España esa modalidad de estafa está asolando la economía, la confianza contractual y, en muchos casos, el prestigio exterior, ya que, muchos de los estafados son contratantes, comerciantes e inversores extranjeros, qué confiando en la seguridad jurídica del País, están realizando operaciones y transacciones de compraventa y/o financieras.

Estas operaciones fraudulentas están en aumento, pues solo tienen como muro de contención los jueces y tribunales de justicia, que se rigen por la jurisprudencia del Tribunal Supremo en una aplicación desigual, donde predomina una casuística llena de incertidumbre, excesivamente lenta y unos costos casi inasumibles por los perjudicados, realidad que solo beneficia a los estafadores.

Córdoba, a 23 de agosto de 2021

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Ley Riders II – Deliveroo se va – los demás al regate (trampas – autónomos – subcontratas – precariedad – Ley que falla)

La ley de los repartidores vendida como un gran triunfo del M. de Trabajo y del Gobierno deviene como inaplicable al nacer de una ideología autoritaria, que, además, impone sus criterios unilateralmente sin consenso, destacando, también, su rigidez normativa, que coadyuva a que su implementación práctica sea un despropósito destructor de empleo.

Desde mañana 12 de agosto las empresas deberán utilizar trabajadores asalariados para el reparto a domicilio.

Todo el dislate normativo se pretende justificar con una sentencia del T. S. (09-20) que recoge: que Glovo no es una mera -intermediaria- en la contratación de servicios entre comercios y repartidores, pues esos repartidores no tenían organización empresarial propia, ni autónoma, al prestar sus servicios formando parte de la empresa.

Todo se basa para Ley en una interpretación a “fortiori” de la sentencia, aceptando como un todo lo que solo es una parte, pues habrá casos de dependencia y ajenidad y otros en que ni de lejos concurran esas dos cualidades, situándose fuera del trabajo por cuenta ajena.

Así mismo, la Ley Riders desconoce conceptos determinantes del empleo llamado independiente, basado en la contratación individualizada trabajador – empresa, adoleciendo de una necesaria libertad, ya que, solo se sostiene en una ideología colectivista rígida desde postulados autoritarios, que solo admiten una dirección de pensamiento y una actuación unilateral alejada del consenso necesario para implantar una ley aplicable a la realidad del mercado de trabajo existente, partiendo de una contradicción contra natura.   

Por todo lo dicho la Ley produce y producirá efectos perversos, que la harán inaplicable, así:

* Solo con carácter previo señalar, que una Ley dirigida a regular solo una actividad del mercado laboral, como los repartidores, es un dislate inmenso, ya que, por la misma razón habría que regular otras actividades con su propia Ley, como por ejemplo: construcción, hostelería, agricultura, confección de calzado, textil, banca, etc.; lo que sin duda daría lugar a un inmenso piélago de leyes, que sería inmanejable para cualquier jurista y no digamos para las empresas.  

* La inseguridad jurídica manifiesta, que ya padecemos, se incrementará, dando lugar a la destrucción de empleo que eliminará trabajo productivo e impedirá la creación de puestos de trabajo independientes.

*   La productividad de las empresas caerá, lo que hará imposible su mantenimiento y desarrollo viable.

* Otras empresas no nacerán o, simplemente, se irán como Deliveroo. Calculando prudentemente, la marcha de Deliveroo dejará sin trabajo una cifra cercana a los 3.900 trabajadores, que difícilmente recuperarán su empleo.

* Otras empresas intentarán trolear la Ley creando figuras de trabajadores con autonomía e independencia, que podrán tener razón jurídica más o menos sólida, pero que, sin duda, darán lugar a un incremento del trabajo de la Inspección de Trabajo y a innumerables pleitos sociales.

* Aumentará la precariedad y de posibles –falsos autónomos- podrían pasar a mileuristas reales con contratos temporales mínimos, pero eso sí, siendo laborales por cuenta ajena, lo que, sin duda, será para ellos un gran avance en sus derechos como trabajadores riders, tal y cómo !!! –cualquier persona sensata puede comprender y compartir– ¡¡¡ .

*  Lo más extraordinario es, -que otras soluciones son posibles con un poco de menos rigidez y más flexibilidad, estando erradicadas de raíz incomprensiblemente-, ya que, lo que se trata no es de legislar unilateralmente, sino de hacer leyes que mejoren las condiciones de los trabajadores en todos los aspectos (retribuciones, situaciones de trabajo, igualdad, seguridad y salud laboral, descansos, cualificación profesional y su mejora, etc.), eliminando toda precariedad.

* La subcontratación aumentará, de manera que los repartidores no sabrán siquiera de quien dependen y sus retribuciones bajarán, así como el resto de sus condiciones laborales.

*Desconocer la realidad distinta de los riders, que constituye una producción independiente, fuera del concepto tradicional de las relaciones productivas de la empresa, dondeprevalecen la libertad y la productividad, caminando a un mundo de resultados.

La Ley Riders ignora, que ha nacido un modelo productivo más contractualganando en agilidad, posibilidades de cambio en su estructura y organización, tanto de personal como de medios materiales, de forma, que la empresa y el productor construyen día a día con la mejora de todos sus procesos, consiguiendo elevar la productividad.

Finalmente, señalar, que hay una serie de conceptos que son definitorios esta nueva actividad productiva, como la: * Confianza. * Productividad. * Flexibilidad. * Libertad. * Acuerdo. * Descentralización.

La cuestión esencial reside, en que es una nueva realidad ineludible en las relaciones laborales-, donde el trabajador gana en flexibilidad, en autonomía y mejora su salario con su rendimiento, ya que, lo importante para la empresa es el resultado del trabajo de su empleado, sea autónomo o por cuenta ajena, que lo que elimina la Ley Riders nacida sin consenso.

N.B.  Deliveroo se va – los demás al regate con -trampas-,-nuevos autónomos-, -subcontratas-, y, -precariedad-,  porque la Ley Riders falla. La Ley de Repartidores aprobada de urgencia será inaplicable, al ser totalmente inviable y contraria a la realidad económica y social, estando, además, cargada de ideología colectivista, y, naciendo de una unilateralidad excluyente.

No se puede olvidar, que ninguna actividad puede existir en la incompetencia y sin adaptarse a la realidad social, llevando, además, a la desesperanza, y, la tarea de los repartidores es una de ellas.

Córdoba, a 11 de agosto de 2021

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Contratos temporales III – productividad – absentismo – precariedad (flexibilidad – confianza – seguridad jurídica)

El Ministerio de Trabajo quiere acabar con la contratación temporal, con una reforma laboral diseñada desde la ideología extrema de la Sñrª. Díaz, lo que no implica, que esté equivocada en todo, sino que su reforma así construida, basada en la rigidez normativa y en el trágala unilateral esta condenada a ser inaplicable, ya que, un asunto de esta importancia para el empleo (o mejor para el desempleo) debe nacer de un consenso de todos y de una ley flexible que permita la adecuación del mercado de trabajo legal a la realidad.

La norma de la reforma laboral no puede ser una imposición nacida de una visión colectivista del mercado de trabajo, dominada a la vez solo por una ideología extrema y excluyente de los demás, pues una ley aplicable no puede paralizar la contratación y el empleo, aumentando el paro endémico que padecemos, sobre todo en algunas zonas de España como Andalucía, así:

a). – La ley que reforme el mercado de trabajo en España,  tiene que ser flexible e insertada en la realidad laboral, de forma, que, si no es así, la norma resultará inservible para sus propios fines, llevando a situaciones límites de inaplicación y a consecuencias perversas.

b). – La norma que soslaye el gravísimo problema del desempleo en España, partirá de un imposible, conllevando un crecimiento del paro y/o impidiendo su reducción, porque penalizará la creación de empleo.

c). – Las normas que afecten al mercado laboral, deben ser de desarrollo sostenido progresivo por sectores productivos y consensuadas, ya que, toda medida radical unilateral llevará al fracaso de la norma en algunos sectores, que destacan por la especialidad y modalidad de sus tiempos productivos muy aleatorios.

d). – La Ley que se está publicitando desde el Gobierno se basa en una apuesta unidireccional, que disparará la litigiosidad colapsando los juzgados de lo social.

e). – La ley exige un plan adecuado a la estructura real del tejido productivo, y, además, un estudio económico adjunto a la misma,   que ha posible su realización concreta. Es decir, es necesaria una inversión cuantificada y adecuada a la realidad de nuestro mercado de trabajo sin inmersiones en posturas ideológicas excluyentes.

f). – La Ley no puede olvidar, que los defectos que provocan desequilibrios en la contratación residen en la baja productividad, en el alto absentismo, en la baja cualificación profesional de los trabajadores y en la falta de un modelo consensuado de incentivos laborales (económicos y sociales).

g). – La ley debe devolver la confianza en el respeto a la norma y la seguridad jurídica, ya que, sin ellas será imposible crear empleo estable y de calidad, pues el problema de la temporalidad no está solo en la duración de los contratos, sino en algo tan evidente como la calidad del puesto de trabajo y las retribuciones del mismo.

*** Sin mejora de la productividad no habrá empresas competitivas, que creen puestos de trabajo estables y de calidad; de igual manera, que sin trabajadores cualificados no existirá mejora productiva.

Se quiera ver o no, solo hay una manera de salir del bucle destructivo del desempleo crónico y enquistado que soportamos, que reside no en eliminar la temporalidad al grito de basta ya sin tener una solución al problema, sino en crear las condiciones económicas y productivas que permitan empresas competitivas, y, ello solo será posible con una legislación ágil y flexible, que devuelva la confianza y la seguridad jurídica.

Que hay que mejorar la temporalidad, por supuesto que sí, pero antes hay que fabricar el cesto, que admita crear empleo estable y sólido, y, donde las diferencias entre trabajadores indefinidos y temporales sea solo la duración del contrato, de forma, que hay que empezar, por eliminar las diferencias entre ambas modalidades de contratación en retribuciones y calidad en el trabajo en todos los sentidos.

Finalmente, la lucha contra la precariedad laboral debe ser un objetivo prioritario de la ley y de la reforma laboral.

N.B. Los contratos temporales precarios se sostienen por la baja productividad y el absentismo generalizado, de ahí, que la reforma laboral solo puede descansar en la flexibilidad, la confianza y la seguridad jurídica.

El que piense, que este asunto de la temporalidad se puede llevar a cabo en una sola dirección, se equivoca de principio a fin, ya que,  es necesaria una actuación consensuada de todos los poderes públicos y de la sociedad civil, en defensa de un sistema abierto de contratación justa, lo contrario, sería abjurar de nuestro Estado social y democrático de Derecho, que consagra como valores superiores la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.

Contraponer desde la unilateralidad ideológica -contratos temporales- y -trabajadores indefinidos-, distinguiendo entre lo malo y lo bueno supone implantar la nada.

La finalidad debe ser igualar en sus condiciones a trabajadores indefinidos y temporales, cosa que solo es posible con un sistema flexible de contratación, equitativo y justo, que respete la igualdad que proclama el art. 14 de la C. E., sin necesidad de cargarse incluso lo que funciona.

Córdoba, a 14 de julio de 2021

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Recuperación – seguridad jurídica (confianza – igualdad – legalidad = libertad)

Dejando a un lado otras cuestiones políticas, económicas y sociales, como pueden ser:-la recepción y distribución justa de los Fondos de Recuperación, Transformación y Resiliencia U. E.-, -los desequilibrios entre CC. AA.-, -la división de poderes del Estado-, -la independencia efectiva del poder judicial-, y, otros asuntos de enorme interés para los españoles; sin duda, la recuperación económica y social exige un ordenamiento jurídico estable y trasparente, que proteja a las empresas, inversores y ciudadanos contra cualquier despropósito legal o desafuero del poder político.

La ruptura de la seguridad jurídica origina incertidumbre y promueve inestabilidad. Sin embargo, no hay que confundirse, ya que, existen una serie de principios que nunca se deben superar buscando seguridad, porque cualquier sociedad que renuncie a una libertad esencial para ganar un poco de seguridad, no merece ni libertad ni seguridad -B. Franklin-.

En España la seguridad jurídica debe partir de la C. E., que en su artículo 9.3 garantiza la misma, significando la unión de certeza y legalidad, jerarquía normativa, irretroactividad de lo no favorable e interdicción de la arbitrariedad, sumando equilibradamente todos estos principios.

La superioridad de la seguridad jurídica es la base de nuestro Estado de Derecho, alcanzando a todos los poderes del Estado, incluido el poder legislativo, lo que implica, si o si, que, -el legislador debe perseguir la claridad, debe procurar que todos los ciudadanos sepan sin error, que ley es aplicable, y, debe eliminar cualquier posible embrollo y/o ambigüedad en las leyes.

Dicho lo anterior, es evidente, que ninguna recuperación será posible sin que exista seguridad jurídica, que confiera confianza a los españoles y a todas aquellas personas físicas o jurídicas que quieran intervenir o instalarse en España.

Desgraciadamente en España, actualmente, reinan la desconfianza y la incertidumbre provocadas por la falta de seguridad jurídica, hecho que se está extendiendo como una mancha siniestra por el interior del País, y, por la esfera exterior, sin barreras de contención de tipo alguno. (Lo que está ocurriendo ahora en Europa con España y su justicia, es un ejemplo claro de lo que no debe ser)

Las políticas del Gobierno de España son el paradigma de la incertidumbre jurídica y de la inestabilidad normativa, de manera, que, si se quiere una recuperación social y económica sostenida, lo primero debe ser restaurar la seguridad jurídica, erradicando la arbitrariedad y la inestabilidad de la ley, sin olvidar, que hay que eliminar cualquier acto de los poderes públicos, que suponga una falta del respeto a la ley,

Si los poderes públicos no cumplen la Ley, empezando por el Gobierno de la Nación, de forma, que –se ataca al poder judicial-, –se legisla a golpe de R. D. L.-, –se hacen normas de hoy para mañana- (véase el asunto de las mascarillas), –se adoptan resoluciones contra ley y contra el poder judicial- (como los R. D. sobre los indultos a los independentistas catalanes, basados en una utilidad pública unilateral casi incomprensible); es evidente, que la desconfianza nacida de la incertidumbre derivada de una inseguridad jurídica manifiesta, se expandirá como una plaga maligna por el interior y por el exterior de España, llevándonos a una situación límite, que impedirá una recuperación acertada.

Es un hecho cierto, que en España los inversores -propios o ajenos- asisten: *a un estruendo político con elevación exponencial, *a unas noticias de cambios normativos inexplicadas, *a variaciones impositivas inconcretas pero ciertas, *a desequilibrios fiscales por territorios, *etc., y, sin duda, lo último que quiere un inversor o una empresa son sorpresas e inseguridades normativas, ya que, su planificación no es política sino económica; lo último para todos ellos, por ejemplo, es una sorpresa fiscal o una reforma laboral a la contra.

Sin seguridad jurídica no será posible una recuperación sostenida y viable en España.

N.B.  La seguridad jurídica genera confianza, que es la base de cualquier recuperación en libertad y armonía dentro de la Ley, que debe ser respetada por todos, especialmente, por los poderes públicos.

Todos los españoles queremos mayor libertad e independencia, pero para todos igual como dice la C. E. en su art. 14, porque, lo que es inadmisible, es que un andaluz tenga menos derechos y libertades que un catalán, por el simple hecho del uso de la fuerza contra la ley, de manera, que, si ese argumento perverso funciona a favor de los que infringen la norma de todos, el desajuste acabará en desastre.

La arbitrariedad en el ejercicio del poder es lo contrario al estado de derecho en una democracia plena, ya que, en ella solo cabe exigir el cumplimiento de la Ley.

Cuando el poder gobernante viola el principio de legalidad, la seguridad jurídica desaparece, y, se producen efectos malévolos en nuestras libertades fundamentales, de forma, que el orden político y la paz social consagrados en la C. E. de deshacen.

Córdoba, a 25 de junio de 2021

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Una cuestión de libertad (economía – recuperación – prohibir)

Se habla en todos sitios sobre las mascarillas obligatorias al aire libre, de manera, que los expertos gubernamentales como el Sr. Simón nos informan, como siempre, llevándonos a la incertidumbre más absoluta, diciendo –sí pero no, aunque acaso si para después-.

Es un hecho constatado, que nada satisface más a los políticos liberticidas que prohibir, de forma, que les da igual, siempre encuentran una posibilidad de secuestrar la libertad.

Parece, que “el prohibir” tiene algo que ver con el respeto de las naciones a los derechos y libertades fundamentales, ya que,  en Europa la mascarilla en países como Alemania, Noruega, Finlandia o Suecia nunca ha sido obligatoria en el exterior (Bélgica también ha eliminado el uso obligatorio), en cambio, Portugal, Italia, Grecia y España son de las únicas naciones europeas que exigen mascarilla al aire libre, que debe ser por -nuestra seguridad- y, porque una parte decisiva de nuestro PIB depende del sector servicios, de manera, que hay que aprovecharse para prohibir.

En España se publicó en el BOE la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, ya en vigor, que dispone en su artículo 6. el uso obligatorio de mascarillas, así dice:

 << Las personas de seis años en adelante quedan obligadas al uso de mascarillas en los siguientes supuestos:

a). En la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público.>>

El desafuero legal se implementó por una enmienda del PSOE en el Senado, que fue aceptada por todos los senadores, pues, es lo cierto, que ninguno puso objeción a la exorbitante prohibición. El Senado está compuesto por 265 miembros, de los que 208 son electos y 57 designados por los Parlamentos autonómicos, pues bien, ninguno se opuso ni manifestó nada en contra, razón por la que debemos admitir, que todos estaban de acuerdo con el desafuero contenido en la Ley, así que, todos con mascarillas, y, sin que nadie haya explicado nada, tal y como viene siendo la forma autoritaria de gobernarnos a los españoles silentes y cautivos.

Lo único cierto, es que la Ley está en vigor y obliga a todos a su cumplimiento, aunque resulte un disparate prohibitivo.

Hay un dicho popular, que, a la Ley impagable precitada le -viene que ni pintado-, que dice: lo que no puede ser, no puede ser y además es imposible.

La frase es una manifestación del llamado principio de contradicción, que se podría formular, más o menos, así: es claro, que la misma cosa no dispondrá a la vez para hacer cosas contrarias en lo mismo y en relación al mismo objetivo. ​

Por otro lado, una ley que no es aceptada por el pueblo es de imposible cumplimiento, de forma, que se pide una información veraz en el asunto de las mascarillas, porque reina la incertidumbre más opaca, quizás, porque lo que se quiere,  es que no se cumpla su propia ley, pero con la estaca preparada para golpear en la protesta. A esto se le llama -seguridad jurídica-.

Es evidente, que ha quedado olvidado el eslogan pacifista de <<prohibido prohibir>>, que en estos tiempos de inseguridad jurídica y de falta de respeto a la ley por los poderes públicos, se formula a la inversa: <<prohibido no prohibir>>, aunque ahora, todo queda, además, en un silencio humillante para el pueblo soberano.

El secreto de las mascarillas obligatorias o -no- es una cuestión de libertad, que afecta a la economía, a la recuperación resiliente y a nuestros derechos y libertades constitucionales.

N. B.   El asunto de las mascarillas por ley siempre o -no-, con olvido del principio de contradicción expuesto y del prohibido prohibir, demuestra, que el dicho popular de que, lo que no puede ser, no puede ser y además es imposible, es una realidad incuestionable, del que los poderes públicos podrían tomar nota, mientras tanto, la recuperación económica y social -en espera- para salir de la ruina, porque la obligación legal de los españoles mayores de seis años de llevar mascarillas no es importante, al ser solo -una cuestión de libertad-.

Lo más alarmante de todo es la incertidumbre, la inseguridad jurídica, la falta de respeto a la ley por los poderes públicos y la pérdida de libertades, que se han enquistado en España.

Córdoba, a 17 de junio de 2021

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.