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Rebelión – Deber y derecho (sociedad civil libre y abierta)

La democracia es lo opuesto a un gobierno absoluto, que incumple la ley, de forma, que eso define un sistema político injusto y corrupto.

Después del día de los inocentes con la toma de Pamplona, es algo que se palpa, concretamente, que España es ya una tiranía parlamentaria dirigida por un poder ejecutivo excluyente, que con la compra obscena de votos instalada deroga de facto la Constitución, porque el Gobierno de la Nación, a través del Congreso, no puede, por lógica constitucional, arrogarse, al amparo de mayorías ocasionales que no son titulares de la soberanía nacional, recayendo una y otra vez en la destrucción de nuestro Estado de Derecho, dinamitando la Ley en su provecho.

Estamos y aguantamos un Poder Ejecutivo totalitario que invade las instituciones o ataca las que no puede controlar, a un Legislativo secuestrado que ni siquiera hace un control formal del Gobierno, y, con un Poder Judicial acosado y sentenciado de “prevaricador” por una diputada de  Junts sin que pase nada.

Por otro lado, no podemos conformarnos con la existencia de una oposición meramente funcional cautiva del poder establecido, así que, hay que recordar la Declaración Universal de Derechos Humanos, que considera la rebelión como el recurso extremo contra cualquier poder tirano y cualquier opresión.

(Por si alguien lo duda, un gran pacto constitucional de P.P. y PSOE cambiar la palabra *disminuidos por *discapacitados. Según el diccionario de la RAE es sinónimo de disminuido = discapacitado.

Aquí sobra cualquier comentario más).

Por todo lo expuesto, hay que articular un movimiento ciudadano libre y abierto, con el propósito de una sublevación y/o una rebelión democrática hasta la restauración plena de la Constitución. Una democracia sin Estado de derecho no es otra cosa, que el vacío de la nada, es decir, una colección de formalidades sin consecuencias ni valor práctico alguno

La tiranía impone el deber de rebelión democrática, ya que, lo que hay en España es Sánchez y PSOE o democracia. Por eso debemos llevara a término todas las posibilidades legítimas para librarnos de ese poder antidemocrático, desde movilizaciones pacíficas en la calle a declaraciones e iniciativas institucionales, sociales y políticas, llegando si fuera necesario a la no colaboración y a la huelga pacífica.

John Locke estableció que, si el gobierno incumple sistemáticamente la legalidad, rompe el pacto social con los gobernados y obliga a regresar al punto de partida: la instauración o la restauración de un poder constitucional que garantice las libertades básicas y el Estado de derecho.

El *respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales es el primer elemento esencial de la democracia*, de forma, que el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho, junto con la -separación e independencia de los poderes públicos-, y, el régimen plural de partidos y organizaciones sociales y políticas son los únicos que hacen posible unas -elecciones periódicas libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía popular-.

El Estado Social y Democrático Constitucional impone el sometimiento y cumplimiento de la ley, y, el principio por el que todas las personas, instituciones y entidades, incluido el Estado, están sometidas a leyes que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, leyes que deben ser compatibles con las normas y principios internacionales de derechos humanos.

El Estado de Derecho garantiza la “primacía e igualdad ante la ley, la separación de poderes, la participación social en la toma de decisiones y la legalidad no trufada de arbitrariedad.

En España lo que hay ahora, es la simulación de una democracia, que es la característica definitoria de todos los socialismos no democráticos, que, sin duda, son dictaduras electoralistas en las que el ciudadano <<puede votar, pero no elegir>>, siendo manifiesto que las listas cerradas contribuyen a ello.

N.B. La rebelión es un deber y un derecho en cualquier nación que quiera seguir siendo una sociedad civil libre y abierta.

Seguir callados y resignados asumiendo una situación cautiva, ya no puede, ser una opción aceptable, de manera, que es urgente iniciar un movimiento ciudadano libre y abierto a todos los cordobeses.

Córdoba, a 31 de diciembre de 2023

Fdo. Enrique García Montoya.

(Concejal y Diputado Provincial en la legislatura local 1983-1987 de Alianza Popular y Portavoz del Grupo Provincial de A. P.).

Abogado ICA-Córdoba. Cdo. 1316. Inspector de Trabajo y S. S. -en excedencia-.

Presidente del P. P. de Córdoba (Memoria y compromiso)

He vuelto a leer unas declaraciones de Adolfo Molina, Presidente del P. P. en Córdoba, recogidas en la Voz de Córdoba – El Debate, que reproduzco literalmente, porque son fundamentales, en relación con la políticas socialistas que vine practicando el Presidente de la Diputación del P. P., Salvador Fuentes Lopera, así:

{ Molina (PP) pide a los socialistas cordobeses «sensatos» que se opongan a la derogación de la sedición

Por La Voz -15 de noviembre de 2022

«Estamos viviendo uno de los episodios más tristes de la historia democrática de España; nunca pensamos que un presidente del Gobierno pudiera llegar tan lejos».

El presidente del Partido Popular de Córdoba, Adolfo Molina, ha hecho un llamamiento «a los socialistas cordobeses sensatos» para que se opongan a la derogación del delito de sedición y a la modificación del delito de malversación que está impulsado el Gobierno de Pedro Sánchez.

Molina ha pedido a los cargos públicos del Partido Socialista de Córdoba, en concreto a los diputados y senadores en las Cortes Generales que «se rebelen y voten en contra de esta barbaridad política«. «Estamos viviendo uno de los episodios más tristes de la historia democrática de España; nunca pensamos que un presidente del Gobierno pudiera llegar tan lejos arrastrando el nombre de España».

«Con esto Sánchez pretende reescribir la sentencia del Tribunal Supremo. La reforma del Código Penal supone la derogación de un delito porque lo piden los delincuentes, es una reforma escrita en las sedes de los partidos cuyos dirigentes han sido juzgados y condenados, o están pendientes de rendir cuentas ante la Justicia», ha lamentado Adolfo Molina, quien ha advertido que «los independentistas no se conforman solo con esto, van más allá y los siguiente será volver a hablar del referéndum. «El presidente del Gobierno de España no se puede arrodillar ante quienes quieren romper España», ha sentenciado.

Por ello, el presidente del Partido Popular de Córdoba ha preguntado al socialismo cordobés «si están dispuestos a permitir esto y que el sanchismo devore al socialismo. Si los diputados, senadores y responsables del Partido Socialista de Córdoba no van a hacer nada y van a permitir que esto siga adelante serán tan responsables y cómplices como Pedro Sánchez; es el momento de pasar de las palabras a los hechos, y tienen en su mano votar no a esta barbaridad política», ha afirmado.

Molina ha recordado «el compromiso moral que tenemos todos los políticos para defender la unidad de España, el respeto y el sometimiento a la Ley. No podemos callar cuando nos plantean someter la Ley a unos políticos que quieren cambiarla a cualquier premio solo por permanecer en el poder».

El presidente del PP cordobés ha lamentado «la gravedad de la deriva en la que ha caído el sanchismo arrastrando a España. Estamos ante una afrenta al Estado español, que sale debilitado para que Sánchez pueda estar más fuerte y por más tiempo en La Moncloa». }

**.- Contrastan estas declaraciones de Adolfo Molina con la aceptación reiterada del Presidente de la Diputación de Córdoba del P. P. de casi todas las políticas socialistas de la anterior Corporación Provincial del Presidente Sr. Ruiz, a las que vengo realizando un seguimiento con varios artículos diarios, cada vez, más sorprendido por la insensatez política de lo que el P. P. está realizando en la Diputación de Córdoba.

La verdad es solo la verdad Sñres. dirigentes cordobeses del Partido Popular, porque pedir sensatez a los políticos socialistas es un derecho del Presidente Provincial del Partido Popular, pero lo mismo que tiene derecho a ello, tiene el deber de pedir sensatez a los suyos, concretamente, en este caso a su Presidente de la Diputación:

1º.- Aceptar políticas socialistas de la Diputación de Córdoba, como está haciendo el Sr. Fuentes Lopera sin mesura es una insensatez política perversa para el P. P., siendo pura complacencia y complicidad con la amnistía del Presidente Sánchez, por una razón evidente, porque los socialistas del PSOE de Córdoba estarán o no equivocados, pero sin la menor duda son claros, están con el Presidente del Gobierno Sr. Sánchez a partir un piñón.

2º.- El Presidente de la Diputación (designado por el Partido Popular digitalmente)  ha hecho suyas las políticas socialistas heredadas del anterior Gobierno de la Diputación, amnistiando, además, a los responsables políticos y gestores socialistas nombrados por ellos, de manera, Sr. Molina que, como vendo diciendo, estoy en desacuerdo con la postura de “ande yo caliente, ríase la gente”, que el Sr. Fuentes Lopera viene practicando a troche y moche, porque entre otros, no he votado al P. P. para que se hagan políticas socialistas.

Es un hecho, se mire como se mire, que los políticos socialistas de Córdoba en su defensa cerrada de la amnistía del Presidente Sr. Sánchez son más coherentes, que el Presidente de la Diputación de Córdoba del P. P. que consolida políticas socialistas de la anterior Corporación Provincial.

3º.- Sr. Molina sus declaraciones precitadas casan muy mal con la actuación reiterada del Sr. Fuentes Lopera, porque la aquiescencia y la quietud ante políticas contra la ley y la Constitución, asumiendo políticas socialistas, es todo lo contrario a la que Ud. declaró en “La Voz de Córdoba”, porque, así mismo,  callar, asentir y claudicar ante la injusticia es aceptar una amnistía.

*** Sr. Presidente del P. P. Molina si cree que callaremos y aceptaremos  cualquier cosa, pero está muy equivocado, eso era antes de la magna amnistía y otros desafueros del Presidente Sr. Sánchez; ahora, ya sabemos, que si callamos y no nos defendemos frente a la injusticia todos somos culpables y rehenes  de nosotros  mismos, porque  está demostrado que nadie que acudirá en nuestra defensa.

Reitero, una vez más, que el Sr. Fuentes Lopera debe ser dimitido de su puesto por Ud. y sus compañeros dirigentes del P. P. que lo impusieron por su sola voluntad, porque, le aviso, los tiempos de la Alcaldesa Rita Babera y garrote vil para los nuestros han pasado a la historia, ahora exigimos una defensa cerrada de nuestras ideas sin excepciones de clase alguna.

Los socialistas, con razón o sin ella, están demostrando que el Sr. Fuentes Lopera está equivocado.

Arrinconar nuestras ideas y las ideas que votamos del Partido Popular para contentar al adversario, puede poner calentitos un rato y a unos pocos, pero, sin la menor duda, la mayoría de nosotros estamos más que cabreados.

N.B. El Presidente de la Diputación de Córdoba del P. P., con base a sus propias declaraciones citadas, debe y puede ser dimitido por Uds.

“El dame pan, pero dime tonto”, ya es inaceptable para casi todos nosotros.

Córdoba, a 18 de noviembre de 2023

Fdo. Enrique García Montoya.

(Concejal y Diputado Provincial en la legislatura local 1983-1987 de Alianza Popular y Portavoz del Grupo Provincial de A. P.).

Abogado ICA-Córdoba. Cdo. 1316. Inspector de Trabajo y S. S. – en excedencia-.

Deber de abstención – autoridades y personal AA. PP. (motivos – legalidad – respeto a la ley)

La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público dice en su artículo 23 sobre la abstención, lo siguiente: 

<< 1. Las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones, en quienes se den algunas de las circunstancias señaladas en el apartado siguiente, se abstendrán de intervenir en el procedimiento y lo comunicarán a su superior inmediato, quien resolverá lo procedente.

2. Son motivos de abstención los siguientes:

a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado.

b) Tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la representación o el mandato.

c) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en el apartado anterior.

d) Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate.

e) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar.

3. Los órganos jerárquicamente superiores a quien se encuentre en alguna de las circunstancias señaladas en el punto anterior, podrán ordenarle, que se abstengan de toda intervención en el expediente.

4. La actuación de autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas en los que concurran motivos de abstención no implicará, necesariamente, y en todo caso, la invalidez de los actos en que hayan intervenido.

5. La no abstención en los casos en que concurra alguna de esas circunstancias dará lugar a la responsabilidad que proceda. >>

*** La Ley de R. J. S. P., según se puede comprobar, es clara y terminante en relación con la abstención de las autoridades y personal de las administraciones públicas, pero, curiosamente, es una norma que prácticamente resulta raramente aplicable, aunque la Constitución Española establece en su artículo 9, que los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, y, que se garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos; añadiendo en su artículo 10, que …   … el respeto a la ley es uno de los fundamentos del orden político y de la paz social, y, en su artículo 103, que la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.

Así mismo, la Ley R. J. S. P. en su artículo 3.  sobre Principios Generales dice:

<< 1. Las Administraciones Públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho.

Deberán respetar en su actuación y relaciones los siguientes principios:

a) Servicio efectivo a los ciudadanos.

b) Simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos.

c) Participación, objetividad y transparencia de la actuación administrativa.

d) Racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos y de las actividades materiales de gestión.

e) Buena fe, confianza legítima y lealtad institucional.

f) Responsabilidad por la gestión pública. >>

Por otro lado, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas establece en su artículo 13. sobre los derechos de las personas en sus relaciones con las administraciones públicas,  que quienes tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas, son titulares, en sus relaciones con ellas, de los siguientes derechos:

f) A exigir las responsabilidades de las Administraciones Públicas y autoridades, cuando así corresponda legalmente.

h) A la protección de datos de carácter personal, y en particular a la seguridad y confidencialidad de los datos que figuren en los ficheros, sistemas y aplicaciones de las Administraciones Públicas.

i) Cualesquiera otros que les reconozcan la Constitución y las leyes.

*** La Ley, en relación con la obligación de abstenerse las autoridades y personal de las AA. PP., es clara y terminante, de forma, que sobra cualquier duda en la aplicación de la misma en los casos en que procede la abstención, sin embargo, como se ha dicho, resulta extraño, que se produzcan abstenciones en las administraciones por parte de sus autoridades y personal, hecho que es frecuente en los órganos de la administración de justicia, aunque, lo verdaderamente sorprendente es, que cuando se incumple de forma patente el deber de abstención en la Administración,  nunca ocurre nada, y, ni la autoridad o personal administrativo es objeto del preceptivo expediente sancionador, quedando todo en una flagrante impunidad.

Es cierto, que siempre habrá quién se escude en el derecho de recusación del ciudadano, pero esa no es la cuestión, ya que, cuando el interesado particular ejercita su derecho a la recusación, siempre cabe la posibilidad, de que el órgano administrativo en quien recae el trabajo del recusado actúe de forma irregular contra el ciudadano, hecho que se puede discutir, sobre si ocurre así o no, pero de lo que no hay duda, es que el interesado recusador, siente sobre sí una espada invisible, que le anima a desistir de su reclamación contra la autoridad o funcionario recusado, por lo que le pueda caer encima.

Se insistirá por los defensores de la validez de las recusaciones, en que lo expuesto no sucede, pero lo cierto es, que como dice el refrán -“donde las dan las toman”-, que como todo el mundo sabe, se emplea para advertir, <<a quien ha hecho alguna faena que seguramente recibirá la réplica correspondiente>>.

Por lo dicho, el derecho a la recusación en forma alguna justifica, la falta de la debida abstención por la autoridad o funcionario público, pues el primer derecho de ninguna manera anula el deber de abstención, sino que, simplemente, lo complementa, siendo, dicho mal y pronto, el último recurso.

Es verdad, que la Ley dice, que “la no abstención en los casos en que concurra alguna de esas circunstancias dará lugar a la responsabilidad que proceda”, pero claro ocurre, que eso no hay quien se lo crea entre los ciudadanos de -a pie-.

La cosa es muy simple, no hay más que examinar los casos de responsabilidades efectivas de autoridades y personal administrativo en casos reales en que se haya procedido y/o sancionado a esos responsables administrativos a abstenerse y que no lo hayan hecho: Su número, con bastante certeza, será cero o casi cero.

También, es cierto, que se puede acudir a la justicia pidiendo amparo, pero esto ya supone entrar en un laberinto de costas y gastos impredecibles y de resultados aleatorios (con todos los sinónimos que se quieran: ambiguos, arriesgados, azarosos,  improbables, inseguros, oscuros, problemáticos y remotos).

La única conclusión razonable para el ciudadano es, -que la Administración está obligada a realizar un ejercicio de vigilancia rigurosa de los derechos de los interesados en esta cuestión-, llevando a cabo una protección real de los mismos, que garantice la realidad de su derecho y el deber de la autoridad o funcionario público de abstenerse.

*** Completando lo expuesto, constatar que los poderes públicos, entre ellos la Administración, tienen un deber positivo de cumplir la Ley, mientras los ciudadanos tienen la obligación de respetar la Ley, pero no el mandato de hacer que se cumpla, tal y como ocurre con la Administración y el resto de poderes públicos. 

Como se ha señalado, la C. E. en sus artículos 9. y 10. consagra el principio de legalidad y el respeto a la ley. El principio de legalidad constitucional supone, que todos los poderes públicos se encuentran sujetos a la ley. El Preámbulo de la Carta Magna lo señala como finalidad de la misma: Consolidar un Estado de Derecho que asegura el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular.  Y según el Tribunal Constitucional (STC 108/1986, de 26 de julio) estamos ante un dogma básico de todo sistema democrático. Por todo ello, este principio cobra un especial significado en el ámbito de la Administración, que se concreta en la sumisión a la ley de la actividad administrativa -artículo 103.1 CE-.

N.B.  El deber legal de abstención de las autoridades y personal AA. PP. es algo indiscutible, cuando concurren los motivos normativos de la abstención señalados, de manera, que, -si la autoridad o personal de la administración obligados legalmente a abstenerse no lo hacen-, debería siempre iniciarse de oficio el procedimiento sancionador correspondiente, exigiéndose a los mismos la responsabilidad que proceda, pues el principio de legalidad y el respeto a la ley así lo imponen.

Toda desviación de poder, como puede ser el incumplimiento del deber de abstención en los casos previstos, es lo contrario al respeto a la Ley, siendo sinónimo de arbitrariedad, significando todo lo contrario al mundo del derecho, agravándose todo cuando, además, media la injerencia política.

La realidad es, que sin aplicación efectiva del principio de legalidad y del respeto a la ley no puede existir el estado de derecho.

Córdoba, a 23 de mayo de 2021

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.