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Nacionalismo fiscal – mito de la solidaridad en el Sistema de Pensiones

Análisis sobre la fractura de la Caja Única de la Seguridad Social y sus asimetrías territoriales

1.- RESUMEN – (EL PROBLEMA).

El debate fiscal en la España descentralizada se centra en las aportaciones tributarias directas de las Comunidades Autónomas más prósperas al fondo común de financiación territorial, sin embargo, se ignora de manera sistemática la **asimetría estructural del sistema de Seguridad Social**.

Mientras que regiones con mayor nivel de renta o regímenes fiscales singulares defienden la «ordinalidad» o la retención de sus ingresos tributarios bajo premisas de soberanía iscal, *externalizan o silencian los déficits contributivos del sistema público de pensiones de sus propios territorios.

Este fenómeno constituye una paradoja socioeconómica: **Un “nacionalismo fiscal a la carta”** que reclama la gestión exclusiva o prioritaria de los ingresos tributarios con superávit, pero mantiene la mutualización ilimitada del déficit contributivo en el Fondo de Reserva o en la financiación estatal de la Seguridad Social.

**Tesis central de injusticia institucional.

Permitir que las regiones prósperas limiten su contribución a la solidaridad tributaria común mientras dependen del esfuerzo fiscal nacional para cubrir sus brechas o garantizar pensiones proporcionalmente más altas (debido a sueldos promedio superiores), *vulnera la equidad interpersonal y genera un modelo de interdependencia asimétrica e insolidaria.

2.- CONTEXTO ECONÓMICO Y ESTRUCTURA DEL DÉFICIT DE PENSIONES.

Para comprender la dinámica de esta fractura, es necesario desgajar el flujo de ingresos y gastos de la Seguridad Social por magnitudes territoriales y sociodemográficas:

Dimensión de análisis Comunidades de renta alta/ Comunidades Renta Media

Regímenes Singulares. /Resto del estado

Base Cotizable

Promedio Elevada (Salarios medianos más altos, menor

desempleo estruct.)

Media / Baja (Sectores intensivos en

mano de obra básica)

Pensión Promedio

Generada Alta (Próxima o en el tope máximo del sistema) Media / Moderada

Tasa de Reemplazo

Demográfico Severamente envejecida en regiones Variable; envejecimiento rural

industriales; dependiente de inmigración acentuado

Tratamiento Fiscal

Pretendido Soberanía o balanzas fiscales neutras/ Financiación autonómica

favorables (Cupo / Ordinalidad) redistribución común

Asunción del Déficit

Contributivo Transferido a la «Caja Única» estatal

(Mutualizado) Mutualizado en el conjunto

nacional

Cuando las regiones prósperas exigen que lo recaudado en sus territorios se quede en ellos (vía concertación, cupos o agencias tributarias propias), se rompe el principio de progresividad del Estado social.

El salario de un trabajador en una CC.AA. desarrollada y sus cotizaciones y base tributaria dentro de ese territorio son superiores y más elevadas, pero la infraestructura social y la masa laboral de soporte a menudo proviene o interactúa con el resto del país.

3.- LA PARADOJA FISCAL DE LA RECÍPROCIDAD.

Existe una distorsión narrativa en el concepto de *”comunidades ricas pagadoras”*. La narrativa tradicional argumenta una falacia, concretamente, que las regiones de mayor PIB sufren una *”expoliación fiscal”* al transferir recursos a regiones menos prósperas, pero esta afirmación omite intencionadamente tres vectores económicos clave:

-El Efecto sede y la captación de rentas: Las regiones prósperas concentran las sedes corporativas de empresas que facturan en todo el Estado, atribuyéndose artificialmente una capacidad recaudatoria que se nutre del mercado nacional conjunto.

-El retorno implícito de las pensiones: Al gozar de salarios más altos, los jubilados de las regiones ricas perciben prestaciones públicas sensiblemente superiores a la media nacional. El coste por pensionista es significativamente más elevado en estas regiones.

-La exención implícita del riesgo de sostenibilidad:Si el sistema de pensiones se territorializara de forma estricta (calculando los ingresos por cotizaciones locales frente al pago real de pensiones asignadas a esa región), *varias de las regiones partidarias de la soberanía fiscal se enfrentarían a severos ajustes o quiebras presupuestarias debido a la pirámide poblacional y la tasa de dependencia*.

4.- CRÍTICA – (EL PRINCIPIO DE “PROPORCIONALIDAD INTEGRAL CONTRIBUTIVA”).

Para abordar esta insolidaridad de forma analítica y superando los clichés del debate tradicional, introducimos una perspectiva crítica innovadora: **La falacia de la desconexión fiscal selectiva**.

*El Concepto de “asimetría de riesgo seleccionado” (ARS).

El nacionalismo fiscal actúa bajo un patrón de “Privatización de Beneficios Tributarios y Socialización de Costes Prestacionales”. Se exige la gestión autonómica de los impuestos directos (IRPF, Patrimonio, Sucesiones, IVA local) alegando que pertenecer al territorio otorga derecho exclusivo sobre sus rentas, *pero se califica el sistema de pensiones como una “competencia inalienable del Estado” para que la deuda del sistema de la Seguridad Social sea financiada por la deuda pública global estatal.

***Frente a esta distorsión, una crítica innovadora plantea los siguientes puntos de ruptura:

A.- El mantenimiento de la “Caja Única” como refugio de conveniencia. El principio de Caja Única es constitucionalmente solidario e interpersonal (los individuos pagan, no los territorios). Sin embargo, cuando los actores políticos regionales utilizan el argumento del territorio para congelar la aportación a los servicios públicos generales, pero apelan al individuo universal cuando el gasto en pensiones autonómico es deficitario, incurren en una **falsificación del pacto federal/autonómico**.

B.- La deuda oculta por pensiones no contabilizada en la financiación autonómica. Si una Comunidad Autónoma rica reduce sus impuestos propios (ej. deducciones masivas o bonificaciones al Patrimonio e Sucesiones), mientras la Administración General del Estado tiene que inyectar decenas de miles de millones de euros vía Presupuestos Generales para cubrir el déficit de la Seguridad Social, *la comunidad rica está transfiriendo indirectamente su gasto público al endeudamiento común del Estado*.

Su “bonanza presupuestaria” es una ilusión generada porque no asume el verdadero coste del capital social y reproductivo de sus trabajadores senior.

C.- Propuesta político-económica disruptiva: El índice de solidaridad netodeterminada (ISN).

Para destapar la insolidaridad del nacionalismo fiscal, se propone la creación del **Índice de Solidaridad Netodeterminada (ISN)**. Este índice no mide la balanza fiscal de manera aislada (Impuestos Pagados vs. Inversión Estatal), sino que incorpora la **Masa Neta de Transferencias de Previsión Social**:

Balance Fiscal Real = (Aportación Tributaria Efectiva) − [Gasto Estatal en Región + Suplemento Estatal a Pensiones Regionales]

Al aplicar este cálculo, la pretendida condición de “donantes netas” de muchas comunidades ricas se reduce sustancialmente o se revierte, poniendo en evidencia que la prosperidad regional está intrínsecamente blindada por la red de seguridad del Estado global.

5.- CONCLUSIONES.

El nacionalismo fiscal que pretende desligar la aportación tributaria rica del sostén común, mientras utiliza la caja común para cubrir el déficit de sus pensiones o el coste de sus pensionistas de alta renta, atenta contra el principio de equidad vertical y horizontal.

<-Consolidación de balanzas de protección social: Transparencia total sobre el coste real de las pensiones en cada CCAA en comparación con las cotizaciones sociales ingresadas en ese mismo territorio. <-Vinculación de la autonomía fiscal a la sostenibilidad social: Ninguna Comunidad Autónoma debería poder exigir la cesión total de impuestos o ventajas de cupo sin asumir la responsabilidad proporcional en la liquidación o corresponsabilidad del déficit de pensiones generado en su ámbito. <-Defensa del principio interpersonal sobre el territorial: Recordar que los impuestos y las cotizaciones las pagan las personas según su capacidad económica, y las pensiones las reciben las personas según sus derechos adquiridos, erradicando la instrumentalización del territorio para el privilegio fiscal.

N.B. Imágenes. Fractura de la Caja Única de la Seguridad Social y sus asimetrías territoriales.

1ª. Imagen. Renta alta y aportación 0.

2ª. Imagen. Andalucía postergada.

Córdoba, 21 de agosto de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Exconcejal del Ayuntamiento de Córdoba.

Exdiputado del Parlamento de Andalucía.

Reparto forzoso de menores – Ceuta – Pulso – Análisis.

1.- Resumen y diagnóstico operativo.

La reciente escalada de presión migratoria sobre la Ciudad Autónoma de Ceuta ha desatado una de las crisis institucionales y normativas más complejas en el mapa territorial español. Ceuta se halla en una situación declarada de “límite operativo y situacional”, al acoger provisionalmente a más de 1.100 menores no acompañados (según el Ejecutivo ceutí), sobrepasando de forma crítica sus capacidades asistenciales.

Frente a la exigencia de auxilio del gobierno local y la respuesta central basada en la obligatoriedad del reparto territorial derivado de la reforma de la Ley de Extranjería, se ha generado un choque frontal de legitimidades. El Ejecutivo central recurre a la advertencia del cumplimiento normativo y la intervención de la Fiscalía de Menores de oficio, mientras, *que un amplio bloque de Comunidades Autónomas denuncian saturación del 160% en sus propios sistemas de protección, opacidad en la filiación/conteo real de los menores y vulneración del principio de autonomía funcional*.

2.- Un baile de cifras – (Asimetría de información y desconfianza).

Uno de los vectores de mayor fricción institucional radica en la divergencia métrica entre las administraciones implicadas, lo que mina la base para un reparto racional sustentado en datos fehacientes.

Fuente Informativa	Cifra Reportada	Lectura Política e Institucional
Delegación del Gobierno / CNP	528 Menores	Sujetos formalmente identificados mediante expediente de Extranjería. Muestra el sesgo burocrático inicial.
Gobierno de Ceuta (Juan Vivas)	1.100 Menores	Población asistida en recursos asistenciales y provisionales tras la avalancha migratoria. Refleja el colapso operativo de la ciudad.
Comunidades Autónomas (PP / Vox)	Auditoría Exigida	Desconfianza activa: se exige verificar la minoría de edad exacta y la determinación de vulnerabilidad antes de aceptar cuotas.

***Riesgo sistémico de gestión:

La brecha entre los 528 expedientes policiales y los 2.000 acogidos evidencia que el 50% de la población infantil no tiene cerrada la fase probatoria de edad e filiación.

Derivar expedientes de oficio sin resolver la edad legal puede desencadenar una cascada de impugnaciones contencioso-administrativas en las CC.AA. receptoras.

3.- Cartografía política – (Posicionamientos y alianzas estratégicas).

El reparto de menores trasciende la solidaridad interterritorial para convertirse en un tablero de confrontación partidista y legislativa a nivel nacional.

Actor Político / Región	Posición Oficial	Argumentario Clave	Nivel de Resistencia
Gobierno Central (PSOE / Sumar)	Cumplimiento normativo forzoso y reparto vinculante.	Invocación a la Ley de Extranjería. Inyección extraordinaria de 30,5 M€ (25 M€ + 5,5 M€). Intervención de la Fiscalía si hay negativa.	Ejecutor
Oposición Central / CC.AA. PP (Díaz Ayuso, Tellado)	Repatriación y rigor procedimental.	La responsabilidad matriz es del Estado (“quien entra por la frontera debe ser gestionado en origen”). Exigen agotar la reagrupación familiar.	Moderada / Legalista
Socios del Gobierno (Junts per Catalunya)	Oposición frontal al traslado a Cataluña.	Exención explícita de la región en la distribución. Amenaza con retirar el apoyo parlamentario al Ejecutivo si se impone la cuota.	Crítica / Votante
Ejecutivos Autonómicos con Vox (Extremadura, Aragón, CyL, etc.)	Rechazo absoluto y ruptura de pactos.	“Oposición por tierra, mar y aire”. Priorización del gasto interno (“recursos de los españoles para los españoles”) y repatriación inmediata.	Máxima / Absoluta
Gobierno Vasco / C. Valenciana (PNV / PP-Vox)	Agotamiento de vías / Saturación (160%).	Prioridad a la reagrupación familiar en origen. Los centros locales no pueden asumir mayor carga sin colapsar el sistema de bienestar.	Alta

4.- Análisis jurídico-constitucional y vectores de conflicto.

Desde la perspectiva del Derecho Público, la pretensión del Gobierno de transferir menores “de oficio” a través de la Fiscalía sitúa al sistema en una paradoja competencial:

Tensión Jurisdiccional: Supremacía Estatal vs. Competencia Autonómica Exclusiva
El Estado ostenta la competencia exclusiva en materia de Inmigración, Extranjería y Fronteras (Art. 149.1.2ª CE), pero las Comunidades Autónomas tienen la competencia exclusiva en Asistencia Social y Protección de Menores (Art. 148.1.20ª CE).

Obligar al acogimiento material sin previo acuerdo bilateral desborda la frontera de la cooperación leal entre administraciones.

<-Vías de choque jurisdiccional previstas:

*Conflicto positivo de competencias (Tribunal Constitucional): Las CC.AA. pueden plantear la inconstitucionalidad de los mecanismos de imposición unilateral si entienden que vacían de contenido sus competencias de tutela efectiva.

*Procedimientos contencioso-administrativos: Impugnación individualizada de las resoluciones de la Fiscalía o del Ministerio del Interior que ordenen los traslados sin la debida determinación formal de la minoría de edad de cada expediente.

*Población transfronteriza y principio de interés superior del menor: Cuestionamiento de si la redistribución forzosa garantiza el interés superior del menor o si constituye una medida meramente administrativa para desgestionar un punto fronterizo.

5.- Conclusiones y escenarios operativos futuros.

El reparto de menores desde Ceuta no es un simple problema de cupos ni de suficiencia presupuestaria. Se ha consolidado como un catalizador de la reconfiguración del mapa político español.-

Escenario 1: Bloqueo Institucional y Judicialización Extrema. Las Comunidades recurren sistemáticamente los traslados ante los juzgados, paralizando cautelarmente los repartos mientras Ceuta permanece atascada operativamente.

<-Escenario 2: Quiebra de alianzas parlamentarias. La postura de veto de Junts y la oposición inflexible de Vox colocan al Gobierno central en un dilema de gobernabilidad: forzar el reparto implica riesgo de fractura en sus apoyos en Madrid y escalada de ruptura de coaliciones autonómicas.

<-Escenario 3: Reagrupación e involucración Internacional. Giro hacia la diplomacia bilateral para la reactivación real de las cláusulas de repatriación y reagrupación familiar en el país de origen, como solicitan tanto Madrid como el País Vasco y los sectores conservadores.

N.B. Imagen. ANÁLISIS JURÍDICO Y POLÍTICO – (REPARTO FORZOSO DE MENORES).

Córdoba, 7 de agosto de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Exdiputado del Parlamento de Andalucía.

ANDALUCÍA – (ASIMETRÍA COMO PROBLEMA ESTRUCTURAL)(Desequilibrios territoriales, déficits estructurales y agenda de reequilibrio)

Hablar de un único “problema principal” en una comunidad autónoma tan extensa, heterogénea y compleja como Andalucía conduce inevitablemente a una simplificación estéril. Sin embargo, del análisis conjunto de sus indicadores económicos y de las demandas sociales emerge con nitidez una cuestión vertebradora:

-“la persistencia de una asimetría estructural interna”.

Andalucía presenta en la actualidad un dinamismo económico apreciable, con tasas de crecimiento superiores a la media nacional en determinados periodos. No obstante, este avance macroeconómico convive con desequilibrios históricos que limitan la traslación efectiva del progreso a amplias capas de la población. En consecuencia, el verdadero criterio de evaluación de la acción pública no debe centrarse en magnitudes agregadas como el PIB, sino en la capacidad de reducir dichas brechas internas.

I. Retos estructurales prioritarios.

La realidad cotidiana de la ciudadanía andaluza se articula en torno a tres grandes ámbitos de tensión que requieren intervención pública sostenida:

1.- Empleo: entre la cantidad y la calidad.

Pese a la mejora relativa de las cifras de paro, Andalucía mantiene niveles de desempleo estructural significativamente superiores a la media nacional. A ello se añade un patrón productivo fuertemente condicionado por la estacionalidad (turismo y campañas agrícolas), así como por niveles salariales inferiores. El problema, por tanto, no es exclusivamente la creación de empleo, sino su estabilidad, cualificación y capacidad de generar movilidad social.

2.- Vivienda y coste de vida.

El acceso a la vivienda se ha consolidado como el principal factor de preocupación social, especialmente en áreas metropolitanas como Málaga y Sevilla. El desacoplamiento entre la evolución de los precios inmobiliarios y los salarios ha generado una barrera de entrada prácticamente insalvable para amplios sectores, en particular para la población joven, intensificando procesos de desplazamiento residencial y presión sobre la periferia urbana.

3.- Agua, energía y sector primario.

La vulnerabilidad del sistema productivo andaluz frente a la sequía y al cambio climático pone de manifiesto la necesidad de una modernización profunda de las infraestructuras hídricas y energéticas. El sector primario, pilar económico y social, requiere no solo inversiones estructurales, sino también instrumentos fiscales que mitiguen la volatilidad productiva. A ello se suma un déficit en infraestructuras energéticas que condiciona el desarrollo industrial y urbanístico.

II. La fractura territorial – (una Andalucía a dos velocidades).

La idea de una Andalucía homogénea carece de base empírica. La comunidad se configura, en realidad, como un espacio profundamente dual, donde coexisten dinámicas divergentes:

1,. Litoral dinámico frente a interior rezagado.

El eje litoral y metropolitano (especialmente Málaga-Sevilla, con nodos en Cádiz, Huelva y Almería) concentra inversión, innovación y actividad económica. En contraste, amplias zonas del interior -Jaén, Córdoba o el interior granadino- presentan una dependencia excesiva del sector primario y una insuficiente diversificación productiva, lo que favorece la fuga de talento.

2.- Desequilibrio demográfico.

Aunque Andalucía no experimenta un declive poblacional global, sí existe una distribución profundamente desigual. Las áreas costeras y urbanas sufren sobrecarga demográfica, mientras que los municipios del interior entran en dinámicas de despoblación progresiva. La pérdida de servicios esenciales (sanidad, educación, banca, etc.) actúa como factor acelerador de este proceso.

3. Brecha de renta y desigualdad urbana.

Las desigualdades territoriales se reproducen a escala intraurbana. Andalucía alberga algunos de los barrios con menor renta per cápita del país, evidenciando una fractura social persistente entre áreas dinámicas y periferias vulnerables, donde el desempleo estructural y el fracaso escolar tienden a cronificarse.

III.- Limitaciones del enfoque político actual.

La persistencia de estos desequilibrios no puede entenderse sin atender a los incentivos del propio sistema institucional:

<-La concentración del peso electoral en áreas urbanas y litorales favorece decisiones de inversión con retorno político inmediato.

<-Existe una tendencia a reforzar territorios ya dinámicos frente a intervenir en zonas estructuralmente rezagadas, donde los resultados son más inciertos y a largo plazo.

<-La planificación estratégica adolece, con frecuencia, de falta de ejecución efectiva:

“Diagnósticos rigurosos sin dotación presupuestaria suficiente, sin calendarios vinculantes y sin mecanismos de evaluación”.

IV.- Hacia una agenda de reequilibrio territorial.

Superar la asimetría andaluza exige una estrategia sostenida, coherente y evaluable, articulada, al menos, en torno a cuatro ejes:

1.- Diversificación económica del interior.

Implantar incentivos fiscales diferenciados y estables que favorezcan la implantación empresarial en zonas con declive demográfico, acompañados de la creación de suelo industrial y de infraestructuras adecuadas.

2.- Descentralización institucional.

Redistribuir organismos públicos, centros de decisión y estructuras administrativas fuera de los principales núcleos urbanos, favoreciendo la fijación de población cualificada en el territorio.

3.- Red de transporte integrada.

Priorizar un modelo de conectividad interna que permita la movilidad funcional sin necesidad de desplazamientos definitivos, mediante el refuerzo del transporte de media distancia y cercanías.

4.- Garantía de servicios públicos y políticas de vivienda.

Asegurar la igualdad efectiva en el acceso a sanidad y educación con independencia del lugar de residencia, junto con políticas de vivienda que incluyan promoción pública, mecanismos de acceso y regulación del impacto de usos turísticos.

<<Conclusión>>

La cohesión territorial no constituye un objetivo accesorio, sino un requisito esencial para la efectividad del principio de igualdad. Mientras la acción pública continúe guiándose por indicadores agregados y resultados inmediatos, los desequilibrios internos tenderán a perpetuarse.

El verdadero reto para Andalucía no es únicamente crecer, sino crecer de manera equilibrada. Ello exige una transición desde políticas reactivas o asistenciales hacia una estrategia estructural orientada a la equidad territorial y la sostenibilidad a largo plazo.

N.B. Imagen. Asimetría.

Córdoba, 15 de junio de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba.

Inspector de Trabajo y S.S.

Polarización y radicalismo en las democracias (España en el centro del problema)

<<Análisis y recuperación del espacio cívico>>

1.- El hecho – (El silenciamiento como técnica de control).

Las democracias contemporáneas sufren una paradoja: “La hiper-conectividad no ha generado un ágora más libre, sino un ecosistema de censura descentralizada”.

El silenciamiento ya no es una prerrogativa exclusiva del Estado, sino un producto de la intimidación social y de la presión grupal.

<-Proceso: El uso de etiquetas estigmatizantes (“fascista”, “woke”, “negacionista”, etc.) no busca el debate, sino la muerte civil del interlocutor.

En la realidad social existe <-asimetría y descompensación->, ya que, <<mientras las mayorías moderadas están ocupadas en la producción y la vida familiar, las minorías radicales operan con dedicación exclusiva a la agitación, capturando las instituciones por agotamiento del rival>>.

(Nota. Unos ejemplos: (I). En España el Mensaje de Navidad el Rey Felipe VI dónde ha reclamado “ejemplaridad” a la clase política y ha defendido con firmeza la Constitución y el legado de la Transición, bases de la “convivencia”, por el que los partidos que sostienen al Gobierno le han llamado “radical”, “heredero franquista”, que “hace apología de la violencia y que su mensaje ha sido decepcionante”, así que eso es lo que hay. (II). El concierto de HAKUNA en la Puerta del Sol donde sus componentes son calificados de “fachas”, “pijos”, “ultras” y más.). Y, (III). Los ejemplos serían interminables, pero desgraciadamente este es el ambiente polarizado y radical que se ve en España.).

2.- El bucle del silencio.

La espiral del silencio de Neumann es una teoría del área de la comunicación política, que estudia la opinión pública como una forma de control social, en la que las personas adaptan su comportamiento a las actitudes predominantes sobre lo que es aceptable y lo que no.

3.- Vacío institucional – Neutralidad gallina).

El radicalismo no triunfa por su fuerza, sino por la vacuidad de las instituciones, ya que, cuando una universidad o un organismo público se “pone de perfil”, está validando la coacción.

<-Caso UPV (Octubre 2025): “La cancelación de charlas por amenazas de boicot digital es una rendición de la autoridad académica ante la turba”. <-El Precedente Sussex: La multa de 585.000 libras impuesta en el Reino Unido marca el camino: “La libertad de expresión no es un deseo, es una obligación prestacional de todas las instituciones”.

Si el ambiente es hostil y la institución lo tolera silente, esta incurre en responsabilidad.

<-Perspectiva Innovadora: “En España, debemos transitar de la queja política a la Responsabilidad Patrimonial del Estado”.

Por ejemplo: Si una universidad no garantiza el derecho de un alumno o ponente a expresarse, debe pagar por el daño causado (Sentencia TJUE C-278/20).

4.- Cinco frentes para la mayoría silenciosa.

Para recuperar el espacio cívico, la moderación debe dejar de ser pasiva y volverse estratégica.

Frente	Acción Concreta	Objetivo
1. Acción Colectiva	Creación de “Nodos de Sensatez” (grupos de 15-30 personas).	Romper la ilusión de mayoría de los radicales mediante presencia coordinada.
2. Fiscalización	Registro sistemático de quejas ante Defensores del Pueblo y Universitarios.	Generar la prueba documental para futuras demandas judiciales.
3. Asertividad	Técnica de “Devolución de Etiqueta”: Hay que cuestionar el método de silenciamiento del otro en lugar de defenderse del insulto.	Desactivar el ataque personal y reenfocar el debate.
4. Espacios Seguros	Creación de redes de pensamiento alternativo con protocolos de respeto mutuo.	Evitar el aislamiento social de los disidentes y fomentar la resiliencia mental.
5. Ofensiva Legal	Uso de la Responsabilidad Patrimonial. “Tocar el presupuesto” de la institución inerte.	Cambiar el incentivo: Que sea más caro permitir el boicot que proteger la libertad.

5.- Conclusión. (Neutralidad activa como deber).

La polarización no es un hecho irreversible e inevitable, sino que es el resultado de un desequilibrio de incentivos. La democracia española no se salvará con más gritos, sino con más institucionalidad.

Las administraciones públicas deben recuperar su neutralidad política no para ser mudas, sino para garantizar que todas las voces racionales puedan ser escuchadas.

La transición de la “queja pasiva” a la <-influencia activa-> es el único camino para evitar que el centro de gravedad democrático sea la ruina del sistema.

N.B. La polarización y radicalismo en la democracia española y en las demás es una realidad, de forma, que dejarlos pasar es un error y una cobardía social e institucional.

En definitiva, hay que pasar a la <-influencia activa->para que el centro de gravedad democrático sea el centro del sistema.

Córdoba, 30 de diciembre de 2025

Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Presidente de Córdoba Abierta (ACOA)

Brecha entre las pensiones de los funcionarios públicos y las del sector privado en España (equidad y sostenibilidad)

Los lectores me siguen preguntando cosas sobre la Seguridad Social, y, esta vez, plantean el problema de la brecha entre las pensiones de los funcionarios públicos y las del sector privado, asunto que es una realidad en aumento, así que trataremos de dar una información breve, clara y detallada.

Es un hecho patente que existe una brecha significativa entre las pensiones de los funcionarios públicos y las del sector privado, de forma, que señalaremos las causas, las consecuencias y posibles soluciones, así como de un análisis crítico sobre la sostenibilidad y equidad de ambos regímenes.

<<Diagnóstico crítico de la brecha pensional>>

La diferencia media de alrededor de 1.026 euros mensuales (un 62% más para los funcionarios) evidencia un desequilibrio estructural entre los sistemas de Clases Pasivas y Régimen General. Este diferencial no responde únicamente a derechos adquiridos o historiales contributivos diversos, sino a un modelo dual que ha consolidado privilegios históricos y desajustes en la arquitectura de la protección social española.

Mientras el Régimen de Clases Pasivas ofrece estabilidad, criterios de cálculo más favorables y complementos consolidados, el Régimen General se ha reformado de forma recurrente en nombre de la sostenibilidad, afectando principalmente a los trabajadores del sector privado con trayectorias laborales más fragmentadas.

“El resultado es un sistema percibido como inequitativo, regresivo y financieramente vulnerable”.

<<Causas estructurales>>

*Asimetría normativa: la coexistencia de dos sistemas jurídicos y contables distintos perpetúa divergencias en la base reguladora, mecanismos de actualización y derechos pasivos.

*Diferencial de estabilidad laboral: las carreras lineales y estables del empleo público contrastan con la volatilidad contractual del mercado privado, afectando directamente el número de años cotizados y la cuantía final de la pensión.

*Resistencia a la convergencia: las sucesivas reformas han mantenido regímenes privilegiados bajo una lógica de <intangibilidad de derechos>, sin una transición coherente hacia la equiparación progresiva.

*Envejecimiento y demografía: el incremento de jubilaciones públicas en la próxima década tensionará las cuentas estatales si no se adoptan medidas compensatorias.

<<Análisis crítico: un modelo insostenible y socialmente regresivo>>

El sistema actual genera una desigualdad visible tanto intrageneracional (entre trabajadores presentes) como intergeneracional (entre trabajadores actuales y futuros).

La sostenibilidad fiscal se ve comprometida por el peso creciente de las Clases Pasivas, mientras que el principio constitucional de igualdad ante la ley (art. 14 CE) se tensiona por la distinta consideración de esfuerzos contributivos similares.

Además, esta situación erosiona la confianza ciudadana en la justicia del sistema y contribuye a una percepción de dualidad social, donde el Estado protector se convierte en agente de desigualdad.

(Nota. En este caso examinado de diferencias injustas entre pensiones, se vulnera de forma clamorosa la Constitución Española de 1978 en sus art. 1.1., (valor justicia), 9., (legalidad y principios constitucionales), 14 (igualdad entre los españoles), 39., (protección social), 41., (Seguridad Social), 103., (administración pública), y, cc.).

<<Medidas correctoras y propuestas innovadoras>>

1.- Convergencia normativa y fiscal de regímenes: Iniciar un proceso gradual de integración de Clases Pasivas en el Régimen General, con un calendario claro y mecanismos de compensación transitoria. Este proceso debe garantizar la proporcionalidad entre aportaciones, años cotizados y derechos reconocidos.

2.- Creación de un Fondo de Equidad Pensional: Establecer un instrumento financiero que module las diferencias entre pensiones públicas y privadas mediante aportaciones estatales y sociales, con transparencia en su gobernanza.

Su objetivo sería igualar las tasas de sustitución y mejorar las pensiones bajas del sector privado.

3.- Nuevo modelo de cálculo mixto: Incorporar un sistema basado parcialmente en puntos o cuentas nocionales que asocien directamente la pensión a la trayectoria contributiva, evitando inflaciones de última hora derivadas de los complementos del sector público.

4.- Vinculación de revalorización y sostenibilidad: Fusionar el principio de poder adquisitivo con el Factor de Equidad Intergeneracional, garantizando pensiones dignas pero sostenibles, evaluadas por una autoridad actuarial independiente.

5.- Profesionalización y movilidad intersectorial: Favorecer una mayor movilidad entre empleo público y privado, unificando tramos de cotización y facilitando la portabilidad plena de los derechos adquiridos. Esto fomentaría la cohesión del sistema y reduciría la segmentación laboral.

6.- Participación ciudadana y transparencia: Implantar un Consejo Social de Pensiones que supervise el equilibrio entre equidad y sostenibilidad. Incluya representantes de trabajadores, pensionistas, expertos y Administración.

<<Enfoque innovador: hacia la “Cuenta Pensional Única Española”>>

Proponer la creación de una Cuenta Pensional Única (CPU), unificada y digital, que acumule todas las cotizaciones del ciudadano (públicas y privadas) a lo largo de su vida laboral.
**Esta herramienta permitiría:

-Integrar regímenes en una lógica de justicia contributiva.

-Facilitar la trazabilidad y transparencia de las aportaciones.

-Evitar duplicidades y desigualdades entre regímenes.

-Modernizar el sistema con proyecciones personalizadas y educación previsional.

<<Conclusión>>

La brecha pensional entre funcionarios y empleados privados no es una anomalía coyuntural, sino una consecuencia sistémica de la dualidad institucional del régimen español. Mantener ese diseño supone perpetuar una desigualdad contraria a los principios de equidad y sostenibilidad financiera.

La integración progresiva, la innovación institucional y la transparencia pública son esenciales para asegurar un sistema de pensiones único, justo y viable, capaz de sostener la cohesión social en una España que envejece y demanda justicia intergeneracional.

N.B. La brecha entre las pensiones de los funcionarios públicos y las del sector privado está marcada por la falta de equidad y la estructura de la sostenibilidad en ambos sistemas.

La diferencia señalada que se sitúa en 1.026 euros mensuales y con un 62% más para los funcionarios, se explica por dinámicas históricas y estructurales, aunque, la evolución demográfica y los retos económicos obligan a una reflexión crítica y a repensar el sistema para asegurar su equidad y sostenibilidad en el futuro.

Córdoba, 8 de octubre de 2025.

Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Asociación Córdoba Abierta -ACOA-. Presidente.